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El papel de la Corte Constitucional en la garant�a del derecho a la reparaci�n integral en Ecuador: Un an�lisis de su jurisprudencia

 

The role of the Constitutional Court in guaranteeing the right to full reparation in Ecuador: An analysis of its jurisprudence

 

O papel do Tribunal Constitucional na garantia do direito � repara��o integral no Equador: uma an�lise de sua jurisprud�ncia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: marymurillod@gmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 16 de mayo de 2025 *Aceptado: 05 de junio de 2025 * Publicado: �07 de julio de 2025

 

        I.            Mag�ster en Derecho con Menci�n en Estudios Judiciales, Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Quito, Ecuador.

      II.            Mag�ster en Derecho Penal y Procesal Penal, Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Quito, Ecuador.

Resumen

Este art�culo considera la contribuci�n de la Corte Constitucional de Ecuador en la protecci�n del derecho a la reparaci�n integral, mediante una revisi�n de su jurisprudencia entre 2008 y 2024. La reparaci�n integral, en el estado constitucional de derechos y justicia, se configura como un derecho de car�cter fundamental, que incluye medidas que van m�s all� de lo meramente econ�mico que el m�todo proporciona para la satisfacci�n a trav�s del pago reprimido, la restituci�n, la recuperaci�n de la salud y otras que mi sentencia de no-rep. El prop�sito de la investigaci�n fue determinar los criterios jurisprudenciales generados por la Corte, y si son consistentes, profundos y aplicables en el contexto ecuatoriano.

La investigaci�n se estructur� bajo un enfoque jur�dico cualitativo, llevando a cabo un an�lisis documental de la jurisprudencia y aproximaciones doctrinales espec�ficas en t�rminos de derechos humanos y justicia constitucional. Los resultados proporcionan evidencia de un movimiento gradual en el trabajo de la Corte hacia un enfoque transformador de la reparaci�n, dando particular �nfasis a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, tambi�n se reconocen problemas relacionados con la coherencia sist�mica de algunas sentencias y el cumplimiento adecuado de las medidas ordenadas. La Corte ha desempe�ado as� un papel importante en el proceso de operacionalizaci�n del derecho a la reparaci�n integral en Ecuador, pero su impacto depender� de los v�nculos con otras instituciones y del fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y ejecuci�n.

Palabras clave: Corte Constitucional; reparaci�n integral; jurisprudencia; derechos humanos.

 

Abstract

This article considers the contribution of the Constitutional Court of Ecuador to the protection of the right to comprehensive reparation through a review of its jurisprudence between 2008 and 2024. Comprehensive reparation, in the constitutional framework of rights and justice, is defined as a fundamental right, which includes measures that go beyond the merely economic, which the method provides for satisfaction through repressed payment, restitution, recovery of health, and others that my non-reparation ruling provides. The purpose of the research was to determine the jurisprudential criteria generated by the Court and whether they are consistent, in-depth, and applicable in the Ecuadorian context.

The research was structured using a qualitative legal approach, carrying out a documentary analysis of jurisprudence and specific doctrinal approaches in terms of human rights and constitutional justice. The results provide evidence of a gradual movement in the Court's work toward a transformative approach to reparation, with particular emphasis on groups in vulnerable situations. However, problems are also recognized related to the systemic consistency of some rulings and the proper implementation of the ordered measures. The Court has thus played an important role in the process of operationalizing the right to comprehensive reparation in Ecuador, but its impact will depend on its links with other institutions and the strengthening of monitoring and enforcement mechanisms.

Keywords: Constitutional Court; comprehensive reparation; jurisprudence; human rights.

 

Resumo

Este artigo considera a contribui��o da Corte Constitucional do Equador para a prote��o do direito � repara��o integral por meio de uma revis�o de sua jurisprud�ncia entre 2008 e 2024. A repara��o integral, no marco constitucional de direitos e justi�a, � definida como um direito fundamental, que inclui medidas que v�o al�m do meramente econ�mico, como a satisfa��o por meio do pagamento reprimido, a restitui��o, a recupera��o da sa�de e outras que minha decis�o de n�o repara��o prev�. O objetivo da pesquisa foi determinar os crit�rios jurisprudenciais gerados pela Corte e se eles s�o consistentes, aprofundados e aplic�veis ​​ao contexto equatoriano.

A pesquisa foi estruturada com uma abordagem jur�dica qualitativa, realizando uma an�lise documental da jurisprud�ncia e de abordagens doutrin�rias espec�ficas em termos de direitos humanos e justi�a constitucional. Os resultados evidenciam um movimento gradual no trabalho da Corte em dire��o a uma abordagem transformadora da repara��o, com �nfase particular em grupos em situa��o de vulnerabilidade. No entanto, tamb�m s�o reconhecidos problemas relacionados � consist�ncia sist�mica de algumas decis�es e � implementa��o adequada das medidas ordenadas. O Tribunal desempenhou, portanto, um papel importante no processo de operacionaliza��o do direito � repara��o integral no Equador, mas seu impacto depender� de sua articula��o com outras institui��es e do fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e execu��o.

Palavras-chave: Tribunal Constitucional; repara��o integral; jurisprud�ncia; direitos humanos.

 

 

Introducci�n

En el contexto del estado de derecho de derechos y justicia que caracteriza a Ecuador, derivado de la Constituci�n de 2008, el derecho a la reparaci�n integral representa uno de los pilares para la protecci�n efectiva de los derechos humanos. Sin embargo, los brazos a�n tiran y el empuje de lo normativo, ya que su forma anterior es mantenida por actores legales, mutando, provocando debate y problemas relacionados con el impacto real de la justicia restaurativa en Brasil. En este sentido, la Corte Constitucional se presenta como un protagonista cr�tico del proceso de elaboraci�n y establecimiento de est�ndares, tanto en lo normativo, en el plan de ex�gesis y jurisprudencia.

El principio de plenitud no se reduce a la reparaci�n financiera, sino que abarca una serie de medidas, que se llevan a cabo desde los est�ndares del derecho internacional de los derechos humanos, como la restituci�n, la rehabilitaci�n, la satisfacci�n y las garant�as de no repetici�n (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021; Salm�n & Blanco, 2021). Sin embargo, su valor operativo depende de c�mo los jueces y tribunales, particularmente los �rganos de control constitucional, lean y apliquen estos principios en su jurisprudencia.

La Corte Constitucional de Ecuador ha desarrollado, de hecho, una serie de sentencias pioneras que han establecido los contenidos sustantivos a aplicar al derecho a la reparaci�n integral, incluyendo normas que son transformadoras, diferenciales e interseccionales. Estas contribuciones no son solo jur�dicas, sino tambi�n sociales y pol�ticas, afectando pol�ticas p�blicas y pr�cticas institucionales destinadas a asegurar una reparaci�n m�s justa, adecuada y efectiva.

Acad�micamente, el examen de la jurisprudencia constitucional sobre reparaci�n integral permite identificar avances, algunas brechas y grandes desaf�os en la defensa de los derechos violados. Concretamente, herramientas interpretativas para actores del sistema de justicia, defensores de derechos humanos y para las v�ctimas.

As�, el objetivo general de esta contribuci�n consiste en examinar la contribuci�n de la Corte Constitucional de Ecuador para la garant�a del derecho a la reparaci�n integral, a trav�s de una revisi�n sistem�tica de su cuerpo de jurisprudencia m�s significativa. Se pretende establecer c�mo este cuerpo ha interpretado y aplicado est�ndares nacionales o internacionales en cuesti�n, as� como cu�les son las consecuencias de las decisiones para el refuerzo de una justicia verdaderamente restaurativa.

El m�todo de investigaci�n utilizado es cualitativo-jur�dico, apoyado en el an�lisis documental de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional entre 2008 y 2024, y por una revisi�n doctrinal especializada en derecho constitucional, derechos humanos y reparaci�n gradual. Tal enfoque metodol�gico permite vincular los desarrollos normativos y jurisprudenciales de los temas con las construcciones te�ricas que sustentan la plena efectividad de los derechos fundamentales.

 

Marco Te�rico y Conceptual

El Derecho a la Reparaci�n Integral: Definici�n, Evoluci�n y Contenido

El derecho a la reparaci�n integral es uno de los pilares del sistema de protecci�n de los derechos humanos. Su fundamento se basa en el criterio de que toda violaci�n de derechos conlleva necesariamente una reacci�n estatal proporcional destinada a reparar plenamente, en la medida de lo posible, la situaci�n previa al da�o o, al menos, hacia medidas que compensen los efectos del mismo y eviten su repetici�n. Este derecho se basa en los mismos fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos sostenido por instituciones como el sistema interamericano, a trav�s de su Corte, y el sistema de protecci�n global que est�n construyendo progresivamente este derecho.

Seg�n los est�ndares del sistema interamericano (CIDH, 2021), la reparaci�n integral se compone de los siguientes cinco elementos:

a.       Restituci�n: Esto incluye la reinstalaci�n y regulaci�n de puestos de trabajo, da�o a la salud y terminaci�n en jurisdicciones basadas en contratos.

b.      Restauraci�n: medidas reparadoras para hacer que las v�ctimas est�n tan "enteras" como en la condici�n previa a la violaci�n.

c.       Da�os: compensaci�n econ�mica por da�os materiales y morales.

d.      Recuperaci�n: el apoyo m�dico, psicol�gico y social requerido por las v�ctimas.

e.       Satisfacci�n: remedios simb�licos o morales, incluyendo disculpas p�blicas y reconocimiento del da�o causado.

f.        Garant�as de no repetici�n: cambios institucionales o normativos para evitar la repetici�n de los actos violatorios.

Esta perspectiva integral no solo pretende reparar lo perdido, sino cambiar las condiciones estructurales que hab�an causado la posibilidad de la violaci�n de derechos, asumiendo una visi�n reparadora que va m�s all� de las acciones punitivas para convertirse tambi�n en una transformadora (P�rez & de Aparicio, 2021; Proner et al., 2024).

En el caso de Ecuador, es incluso la Constituci�n de 2008 la que codifica expl�citamente este derecho a trav�s de los art�culos 10, 11 y 78, y lo vincula con el principio de goce de derechos (Ben�tez, 2022) y abre la puerta para actuar por parte de los jueces de constitucionalidad.

Funci�n de la Corte Constitucional de Ecuador

Como �rgano de control centralizado de la constitucionalidad, la Corte Constitucional de Ecuador tiene la tarea de asegurar la prevalencia de la Constituci�n y la protecci�n efectiva de los derechos humanos. Sus competencias, previstas en el art�culo 436 de la constituci�n, incluyen el control constitucional de las normas, la interpretaci�n vinculante de la Carta Magna, el juicio de acciones extraordinarias de protecci�n, entre otras atribuciones.

Adem�s de tal funci�n normativa, la Corte tambi�n ha establecido el marco para un constitucionalismo tanto garantista como transformador, mediante el uso de est�ndares jurisprudenciales que llenan derechos formalmente especificados constitucionalmente. De esta manera, la protecci�n extraordinaria se ha establecido como un canal fundamental para asegurar derechos, permitiendo a la Corte controlar la conducta de los jueces ordinarios y su compatibilidad con el bloque constitucional (Torres Castillo et al., 2021).

El car�cter garantista de la Corte se materializa mediante su metodolog�a interpretativa basada en elementos progresivos, dignidad humana, interseccionalidad y restituci�n transformadora (�vila Santamar�a, 2023). Esta orientaci�n ha hecho que el organismo integre los est�ndares del derecho internacional de los derechos humanos como parte del par�metro de control constitucional, lo que ha reforzado la relaci�n del sistema de derecho interno con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado ecuatoriano (Ben�tez, 2022; Pereira & Romero, 2021).

La jurisprudencia constitucional opera, entonces, como una herramienta normativa y pedag�gica que convierte los contenidos de los derechos en directrices accionables para el Estado y sus instituciones. El an�lisis que se propone aqu� est� dirigido a permitir la evaluaci�n no solo del alcance de su elaboraci�n doctrinal, sino tambi�n del grado en que se est� llevando a cabo la pr�ctica efectiva de esos mecanismos que garantizan y compensan en ese pa�s.

 

Metodolog�a

Esta investigaci�n se estructur� siguiendo un m�todo jur�dico cualitativo, analizando las fuentes de primer y segundo nivel de interpretaci�n de la ley. El objetivo metodol�gico consisti� en localizar, describir y analizar, de manera cr�tica, la intervenci�n de la Corte Constitucional ecuatoriana con respecto al derecho a la reparaci�n integral, bas�ndose en los avances legales y doctrinales m�s relevantes.

Se seleccion� el an�lisis documental como metodolog�a, guiando la revisi�n de normas y declaraciones dogm�ticas, as� como la sistematizaci�n de una muestra de casos emblem�ticos decididos por la Corte Constitucional (entre 2008 y 2024). Este per�odo fue seleccionado porque corresponde a la vigencia de la actual Constituci�n de Ecuador, que introdujo un modelo garantista y transformador de los derechos fundamentales.

Se establecieron los siguientes criterios para la selecci�n de la jurisprudencia analizada:

1.      Relevancia tem�tica: casos donde se razon� expl�citamente el derecho a la reparaci�n integral, en cualquiera de sus dimensiones (restituci�n, indemnizaci�n, rehabilitaci�n, satisfacci�n o garant�as de no repetici�n).

2.      Impacto en el Derecho y la Sociedad: casos con precedentes de gran alcance, que afectaron pr�cticas institucionales o moldearon pol�ticas p�blicas.

3.      Diversidad de sujetos: integraci�n de decretos sobre derechos humanos, derechos colectivos y derechos de grupos en situaciones vulnerables (ni�os, mujeres, pueblos ind�genas, LGTBIQ+, etc.).

4.      Fecha de promulgaci�n: fallos promulgados y establecidos entre la fecha de promulgaci�n de la Constituci�n, Montecristi (2008) - 2024.

Adem�s, se llev� a cabo una revisi�n doctrinal dedicada de fuentes acad�micas nacionales e internacionales relacionadas con las nociones de reparaci�n integral, jurisdicci�n de funci�n constitucional y est�ndares internacionales en el campo de los derechos humanos. Este panorama facilit� situar las perspectivas jurisprudenciales en un contexto te�rico y normativo m�s amplio.

En cuanto a las limitaciones metodol�gicas del estudio, cabe mencionar que la selecci�n jurisprudencial, tal como se caracteriza aqu�, es ilustrativa y no completamente exhaustiva, mientras que la atenci�n exclusiva a las decisiones de la Corte Constitucional no toma en cuenta el desempe�o de otros tribunales o jurisdicciones administrativas. De igual manera, el cumplimiento efectivo de las reparaciones ordenadas no fue abordado por el an�lisis y esto representa una perspectiva relevante para futuras investigaciones.

 

 

 

An�lisis Jurisprudencial

Evoluci�n de la Jurisprudencia Constitucional sobre el Derecho a la Reparaci�n Integral

Desde la adopci�n de la Constituci�n de 2008, la Corte Constitucional de Ecuador ha desarrollado una l�nea de jurisprudencia que reconoce el derecho a la reparaci�n integral como una piedra angular del estado constitucional. El derecho ha sido gradualmente interpretado no solo en t�rminos compensatorios, sino tambi�n en t�rminos transformadores, simb�licos, diferenciales y estructurales.

Las siguientes son las sentencias m�s importantes que han dado forma a este desarrollo:

�         Sentencia 003-18-PJO-CC (Caso "Hern�n Paredes"): La Corte orden� reparaciones integrales por detenci�n arbitraria: compensaci�n, reconocimiento p�blico y reformas institucionales.

�         Sentencia No. 1149-19-EP/21 (Caso "Familias Desalojadas de Monte Sina�"): Se violaron el derecho a la vivienda, la seguridad jur�dica y el debido proceso. Se prescribi� reparar el da�o estructural con una teor�a informada por la interseccionalidad.

�         Decisi�n No. 1147-18-EP/20 (Caso "Ni�a Violada por Miembro de la Familia"): Se orden� la restituci�n con transformaci�n, teniendo en cuenta el impacto diferenciado sensible al g�nero y la edad, y se dirigi� capacitaci�n para los funcionarios judiciales.

�         Decisi�n No. 005-13-SIN-CC (Caso "La Cocha"): Se refiere al derecho colectivo de los pueblos ind�genas a la indemnizaci�n por falta de consulta previa antes de hacer uso de sus territorios.

Estos casos demuestran c�mo el est�ndar de reparaci�n integral ha evolucionado y se ha desarrollado incorporando medidas de derecho internacional y aplic�ndolas al orden constitucional ecuatoriano.

Est�ndares de Ciber-Arbitraje Extendido Desarrollados por el Tribunal Constitucional

La carga ahora recae en los Tribunales para formular directrices sostenibles y consistentes para garantizar el derecho a la reparaci�n hol�stica con un enfoque restaurador y transformador. Estos ejes o criterios son tres ejes b�sicos:

1.      Reparaci�n Transformadora: No se trata solo de pagar por el da�o sufrido, sino de cambiar las condiciones estructurales que hicieron posible la violaci�n de derechos. La Corte ha reconocido que algunas violaciones, particularmente las que involucran a grupos hist�ricamente discriminados, requieren una respuesta que altere el entorno social, normativo e institucional.

2.      Los Tres �rdenes: Est�ndares de Proporcionalidad, Relevancia y Suficiencia

Los est�ndares de proporcionalidad, relevancia y suficiencia deben caracterizar todas las medidas reparadoras. La Corte ha enfatizado que la reparaci�n debe ser adecuada al da�o causado, apropiada en las circunstancias del caso y suficiente para asegurar el pleno desarrollo del derecho violado y la dignidad de la v�ctima (Sentencia No. 050-17-SEP-CC).

�         Garant�as de no repetici�n y tratamiento diferencial: La Corte ha incluido en varias sentencias mandatos para cambios institucionales, para capacitaci�n a funcionarios p�blicos o para el desarrollo de protocolos especiales. Adem�s, ha planteado la necesidad de una perspectiva diferencial e interseccional, tomando valores basados en la interseccionalidad de que las v�ctimas no son homog�neas, y debido a este perfil, de algunos grupos son necesarias algunas medidas de reparaci�n (Luan Ramos, 2021).

Casos Paradigm�ticos

Se discuten en detalle tres casos clave por su importancia jurisprudencial y consecuencias sociales de la siguiente manera:

a.      Decisi�n No. 1149-19-EP/21 (Monte Sina�)

Esta decisi�n estableci� la violaci�n de los derechos de m�s de 500 familias que hab�an sido desalojadas sin una orden judicial o acceso a vivienda alternativa. Entre otras cosas, la Corte instruy� que se otorgara a los solicitantes una vivienda digna, una disculpa p�blica, una revisi�n de las pr�cticas administrativas seguidas y capacitaci�n para los funcionarios p�blicos. Se notaron las identidades interseccionales de las personas: eran mujeres, ni�as, personas mayores y personas pobres. El caso fue un hito en el uso de reparaciones estructurales.

b.      La decisi�n No. 1147-18-EP/20 (Ni�a V�ctima de Agresi�n Sexual)

En este asunto, la Corte no solo estableci� la culpa judicial del Estado, sino que tambi�n especific� medidas reparadoras emocionales, psicol�gicas y educativas y salvaguardas de no repetici�n. La decisi�n tambi�n dirigi� que se desarrollaran protocolos para un enfoque de los ni�os y el g�nero, se�alando un movimiento hacia la justicia restaurativa basada en derechos.

c.       Sentencia No. 005-13-SIN-CC � Caso La Cocha

Este fue el caso del derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada de los pueblos ind�genas Kichwa afectados por un megaproyecto. La Corte declar� la violaci�n y dictamin� una reparaci�n colectiva y cultural, que comprend�a actos simb�licos, procesos dial�gicos, as� como la moratoria de la acci�n estatal hasta que los est�ndares internacionales fueran apropiadamente adoptados. Esta decisi�n fue altamente significativa para el desarrollo del tratamiento de los derechos colectivos y la reparaci�n desde una perspectiva intercultural.

Estas sentencias ilustran c�mo la Corte ha evolucionado hacia un modelo de jurisprudencia que no solo protege los derechos por decreto, sino que los moviliza con efectos reales a trav�s de �rdenes judiciales que incluyen el lenguaje de las normas internacionales y una comprensi�n de la naturaleza ecuatoriana.

 

Discusi�n

El estudio jur�dico realizado nos permite afirmar que la Corte Constitucional de Ecuador tiene un papel de liderazgo en la consolidaci�n del derecho a la reparaci�n integral como un elemento indispensable del modelo de justicia constitucional. Este organismo, a trav�s de sus decisiones, ha superado una comprensi�n limitada de las reparaciones como confinadas al otorgamiento de dinero, creando un enfoque m�s comprensivo, transformador e individualizado, consistente con los est�ndares internacionales de derechos humanos.

Desde un punto de vista cr�tico, merece destacarse que la Corte ha contribuido a enriquecer el contenido normativo de la reparaci�n, incluyendo un conjunto de principios como proporcionalidad, relevancia, suficiencia y garant�as de no repetici�n. Tambi�n ha elaborado medidas que exceden el caso concreto, afectando la pol�tica p�blica y las pr�cticas institucionales, como se ha visto en los casos Monte Sina� o La Cocha. Estas decisiones revelan que la Corte ha abordado el derecho a la reparaci�n plena como un instrumento para el cambio estructural, particularmente en favor de las v�ctimas en situaciones de vulnerabilidad o discriminaci�n hist�rica.

No obstante, al comparar las decisiones emitidas, tambi�n es posible encontrar cierto nivel de dispersi�n en la creaci�n judicial, es decir, no solo en cuanto a la densidad argumentativa, sino tambi�n en la uniformidad de los criterios aplicados. Por ejemplo, no todos los fallos elaboran los cinco componentes de la reparaci�n con el mismo grado de exhaustividad; en algunos casos, se hace �nfasis en la compensaci�n econ�mica, y el uso sistem�tico de medidas de rehabilitaci�n o garant�as de no repetici�n no es una caracter�stica dominante.

Lo anterior lleva a la imperiosa necesidad de avanzar hacia una mejor coherencia interna de la jurisprudencia constitucional, para promover la seguridad jur�dica y la previsibilidad en beneficio de los agentes dentro del sistema judicial. A pesar de una progresi�n gradual de los est�ndares, el desarrollo de una doctrina �nica que pueda ser f�cilmente seguida por los jueces razonables de la variedad ordinaria a�n est� pendiente.

Con respecto a las contribuciones al movimiento de derechos humanos, la Corte ha contribuido significativamente a definir el principio de justicia restaurativa, la perspectiva de g�nero, la perspectiva interseccional y la protecci�n de grupos hist�ricamente excluidos. Estos fallos han hecho que el derecho a la reparaci�n se entienda no solo como una garant�a formal, sino como un mecanismo para recuperar la dignidad humana.

Sin embargo, uno de los mayores desaf�os que surge a ra�z de esto es la aplicaci�n eficiente de las reparaciones otorgadas. Como se�alan algunos autores (P�rez & de Aparicio, 2021; Ben�tez, 2022), en muchas ocasiones, las medidas impuestas por la Corte se ven obstaculizadas por la resistencia institucional, la falta de presupuesto o la falta de seguimiento, lo que puede limitar sus efectos reales. Esta situaci�n revela la necesidad de proporcionar un aparato m�s efectivo para implementar las decisiones constitucionales y probablemente la alineaci�n entre el poder judicial y las agencias encargadas de implementar las reparaciones.

Hasta la fecha, la Corte Constitucional ha estado avanzando hacia la delineaci�n de un modelo robusto de reparaci�n integral con base en los derechos humanos, pero persisten desaf�os en t�rminos de consistencia, institucionalizaci�n de los criterios y la ejecuci�n material de sus pronunciamientos. Es esencial que estas barreras sean eliminadas para una justicia constitucional que no solo anuncie derechos, sino que los haga constitucionalmente exigibles y completamente operativos en la vida de las personas.

 

Conclusiones

El an�lisis realizado en este documento nos permite concluir que la Corte Constitucional de Ecuador ha tenido hist�ricamente un papel importante en la salvaguarda del derecho a la reparaci�n integral, colaborando en la construcci�n de una justicia constitucional basada en la dignidad humana, la restauraci�n de derechos y la transformaci�n estructural de las condiciones que reproducen la vulnerabilidad.

Lo primero es que la Corte ha trascendido una comprensi�n estrecha de la reparaci�n mediante la inclusi�n de los cinco elementos identificados en el derecho internacional de los derechos humanos: restituci�n, compensaci�n, rehabilitaci�n, satisfacci�n y garant�as de no repetici�n. En muchos casos, esta comprensi�n ha adoptado un enfoque transformador, interseccional y colectivo, especialmente en relaci�n con las violaciones de derechos de mujeres, ni�os, pueblos ind�genas y personas que viven en pobreza.

En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional ha ayudado a preparar todos los est�ndares interpretativos ahora establecidos, incluyendo la proporcionalidad, relevancia y suficiencia de las medidas de reparaci�n. Estos factores han sido fundamentales para dar contenido operativo a la garant�a de reparaci�n y han dirigido a otros �rganos judiciales y administrativos en su deber de cumplirla.

Pero tambi�n se se�alan algunas cr�ticas. Ciertamente, la Corte sigue lidiando con la necesidad de asegurar una coherencia sist�mica en su jurisprudencia, donde algunas sentencias revelan una racionalizaci�n desigual de los componentes de reparaci�n o una d�bil justificaci�n del tratamiento diferencial. Adem�s, la ausencia de un monitoreo y ejecuci�n efectivos de las sentencias socava el impacto real de las reparaciones ordenadas, particularmente en entornos donde el Estado es institucionalmente resistente o operativamente d�bil.

Por lo tanto, se sugiere la necesidad de fortalecer y formalizar el estatus vinculante de las sentencias constitucionales, y la creaci�n de capacidades institucionalizadas de monitoreo y evaluaci�n del cumplimiento de esas sentencias y el tipo de formaci�n especializada de jueces, fiscales y el conjunto de funcionarios del servicio p�blico que contribuir�an a lograr la reparaci�n plena y comprensiva, donde los derechos humanos y la justicia restaurativa deben desempe�ar un papel perfecto.

La Corte Constitucional tiene su importancia en mejorar la reparaci�n integral en Ecuador. Pero su afirmaci�n como garante efectivo de derechos requiere no solo decisiones ultracontempor�neas, sino tambi�n una articulaci�n institucional que haga posible que el derecho a la reparaci�n se traduzca en cambios concretos para las v�ctimas y en la garant�a de no repetici�n en el sistema legal y social.

 

 

 

Referencias

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� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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