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Retrocesos normativos y el principio de progresividad de los derechos fundamentales en el constitucionalismo latinoamericano

 

Regulatory setbacks and the principle of progressiveness of fundamental rights in Latin American constitutionalism

 

Retrocessos regulat�rios e o princ�pio da progressividade dos direitos fundamentais no constitucionalismo latino-americano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: marcerocguz@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 07 de abril de 2025 *Aceptado: 14 de mayo de 2025 * Publicado: �27 de junio de 2025

 

 

        I.            Abogada, Magister, Doctoranda e Investigador Independiente, Ecuador.

Resumen

En el constitucionalismo latinoamericano, el principio de progresividad de los derechos fundamentales ha sido una conquista derivada de la consolidaci�n de reg�menes democr�ticos y del fortalecimiento del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, en las �ltimas d�cadas se ha observado un fen�meno de retroceso normativo que amenaza la vigencia efectiva de estos derechos. Reformas legales regresivas, reducci�n presupuestaria de pol�ticas sociales, desprotecci�n de grupos vulnerables y el debilitamiento de �rganos de control son manifestaciones que evidencian la violaci�n de este principio consagrado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este art�culo analiza los retrocesos en derechos fundamentales en pa�ses como Ecuador, Brasil y Venezuela, a trav�s de un enfoque jur�dico, comparado y fenomenol�gico. Se examina la relaci�n entre regresividad normativa y gobernabilidad, as� como la ausencia de mecanismos de reparaci�n constitucional efectiva. Se concluye que el respeto a la progresividad debe constituirse en un l�mite infranqueable para los poderes p�blicos, garantizando la supremac�a constitucional y el principio de no regresividad, como exigencia m�nima en los Estados de Derecho contempor�neos.

Palabras clave: derechos fundamentales; progresividad; retroceso normativo; constitucionalismo; Am�rica Latina; no regresividad; bloque de constitucionalidad.

 

Abstract
In Latin American constitutionalism, the principle of progressiveness of fundamental rights has been an achievement derived from the consolidation of democratic regimes and the strengthening of the constitutional block. However, in recent decades, a phenomenon of regulatory regression has been observed that threatens the effective enforcement of these rights. Regressive legal reforms, budget cuts for social policies, the lack of protection for vulnerable groups, and the weakening of oversight bodies are manifestations that demonstrate the violation of this principle enshrined in international treaties such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). This article analyzes the regression of fundamental rights in countries such as Ecuador, Brazil, and Venezuela through a legal, comparative, and phenomenological approach. It examines the relationship between regulatory regressiveness and governability, as well as the absence of effective constitutional redress mechanisms. It concludes that respect for progressiveness must constitute an insurmountable limit for public powers, guaranteeing constitutional supremacy and the principle of non-regression as a minimum requirement in contemporary rule of law.

Keywords: fundamental rights; progressiveness; regulatory regression; constitutionalism; Latin America; non-regression; constitutionality block.

 

Resumo

No constitucionalismo latino-americano, o princ�pio da progressividade dos direitos fundamentais tem sido uma conquista derivada da consolida��o dos regimes democr�ticos e do fortalecimento do bloco constitucional. Contudo, nas �ltimas d�cadas, tem-se observado um fen�meno de regress�o regulat�ria que amea�a a efetiva efetiva��o desses direitos. Reformas legais regressivas, cortes or�ament�rios para pol�ticas sociais, a falta de prote��o a grupos vulner�veis ​​e o enfraquecimento dos �rg�os de controle s�o manifesta��es que demonstram a viola��o desse princ�pio consagrado em tratados internacionais como o Pacto Internacional de Direitos Econ�micos, Sociais e Culturais (PIDESC). Este artigo analisa a regress�o dos direitos fundamentais em pa�ses como Equador, Brasil e Venezuela por meio de uma abordagem jur�dica, comparativa e fenomenol�gica. Examina a rela��o entre regressividade regulat�ria e governabilidade, bem como a aus�ncia de mecanismos efetivos de repara��o constitucional. Conclui-se que o respeito � progressividade deve constituir um limite intranspon�vel para os poderes p�blicos, garantindo a supremacia constitucional e o princ�pio da n�o regress�o como requisito m�nimo no Estado de Direito contempor�neo.

Palavras-chave: direitos fundamentais; progressividade; regress�o regulat�ria; constitucionalismo; Am�rica Latina; n�o-regress�o; bloco de constitucionalidade.

 

Introducci�n

El principio de progresividad de los derechos fundamentales ha sido reconocido como un eje rector del derecho constitucional moderno. Esta noci�n implica que los Estados tienen la obligaci�n jur�dica de avanzar progresivamente en la realizaci�n de los derechos, evitando cualquier medida regresiva sin justificaci�n objetiva y razonable (Abramovich y Courtis, 2002, p. 45). En Am�rica Latina, la adopci�n de constituciones garantistas, como la ecuatoriana de 2008 o la boliviana de 2009, consolid� este principio como parte del bloque de constitucionalidad.

No obstante, diversos eventos pol�ticos, econ�micos y sociales han conducido a retrocesos normativos que ponen en riesgo avances logrados en materia de derechos humanos. Reformas legales que limitan derechos adquiridos, pol�ticas p�blicas regresivas y la instrumentalizaci�n del poder legislativo para debilitar garant�as constitucionales son algunas manifestaciones del fen�meno regresivo (Pisarello, 2016, p. 97).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enf�tica al sostener que el principio de no regresividad impide a los Estados adoptar normas o pr�cticas que reduzcan el nivel de protecci�n alcanzado (CIDH, 2017, p. 63). Sin embargo, en la pr�ctica, muchos pa�ses han vulnerado este principio, en especial bajo gobiernos autoritarios o en contextos de crisis econ�mica (Uprimny, 2011, p. 113).

En Ecuador, la reducci�n de presupuestos destinados a salud, educaci�n y protecci�n social en los �ltimos a�os ha sido interpretada como un retroceso en la realizaci�n de derechos econ�micos, sociales y culturales. A ello se suma la eliminaci�n de organismos como el Instituto de la Ni�ez y la Familia (INNFA), lo que impacta directamente en la protecci�n de poblaciones vulnerables (Ponce, 2020, p. 29).

Brasil representa otro caso cr�tico, donde reformas como la Enmienda Constitucional 95 de 2016 impusieron un techo de gasto p�blico que limita durante veinte a�os la inversi�n en derechos sociales, contraviniendo lo dispuesto por el PIDESC (Ribeiro, 2019, p. 71).

En Venezuela, la concentraci�n de poder en el Ejecutivo ha conllevado a la desinstitucionalizaci�n progresiva del orden constitucional, con consecuencias graves en la vigencia efectiva de derechos fundamentales (Romero, 2021, p. 88).

La regresividad no se limita a hechos pol�ticos, sino que tambi�n se manifiesta en decisiones judiciales que reinterpretan garant�as de manera restrictiva, generando jurisprudencia regresiva. Esto ha sido identificado como una forma de �regresi�n constitucional por v�a hermen�utica� (Ferrajoli, 2014, p. 53).

Ante este panorama, resulta urgente repensar el rol del juez constitucional como garante de la progresividad, as� como fortalecer los mecanismos de control de constitucionalidad para impedir retrocesos. La defensa del principio de progresividad exige no solo normas claras, sino voluntad pol�tica e institucional para hacerlas cumplir (Carbonell, 2009, p. 36).

Este art�culo tiene como objetivo analizar los principales factores que han generado retrocesos normativos en el constitucionalismo latinoamericano, identificando patrones comunes y proponiendo soluciones jur�dicas viables. Se utilizar� una metodolog�a mixta que combine el an�lisis descriptivo, bibliogr�fico y fenomenol�gico-jur�dico.

 

Desarrollo

El desarrollo del principio de progresividad en Am�rica Latina ha estado �ntimamente ligado a los procesos de transici�n democr�tica. Las reformas constitucionales desde los a�os 80 y 90 incorporaron cl�usulas expresas de protecci�n reforzada a los derechos fundamentales, incluyendo el mandato de no regresividad como garant�a esencial. Sin embargo, en la �ltima d�cada se ha evidenciado un fen�meno de debilitamiento institucional que permite justificar retrocesos a trav�s de reformas normativas, decisiones administrativas o jurisprudencia restrictiva. Este fen�meno afecta principalmente a los derechos sociales, econ�micos y colectivos, que dependen en gran medida de pol�ticas p�blicas sostenidas.

 

Estado del arte

Distintos estudios han documentado el debilitamiento del principio de progresividad. Abramovich y Courtis (2002) afirman que la regresividad normativa atenta contra la obligaci�n jur�dica de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena realizaci�n de los derechos econ�micos, sociales y culturales (p. 43). Gargarella (2013) sostiene que los d�ficits democr�ticos en el dise�o constitucional latinoamericano han facilitado la concentraci�n de poder y la aprobaci�n de reformas regresivas (p. 29).

En Ecuador, autores como Ponce (2020) identifican que las reformas presupuestarias desde 2017 han generado una regresividad real, especialmente en salud y educaci�n, afectando directamente a grupos hist�ricamente excluidos (p. 31). Uprimny y Garz�n (2014) alertan que la regresividad en contextos de crisis econ�mica solo es v�lida si cumple criterios de proporcionalidad, legalidad y participaci�n democr�tica (p. 14).

 

Marco te�rico

El principio de progresividad se encuentra consagrado en el art�culo 2.1 del PIDESC, que obliga a los Estados a adoptar medidas �hasta el m�ximo de sus recursos disponibles� para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. En el plano constitucional, se ha desarrollado como una obligaci�n de actuaci�n positiva del Estado, combinada con una prohibici�n de regresividad (Corte IDH, 2006, p�rr. 104).

Ferrajoli (2014) sostiene que la regresividad jur�dica no solo puede derivarse de reformas legales, sino tambi�n de omisiones estatales que generan afectaciones graves al contenido esencial de los derechos (p. 57). El bloque de constitucionalidad, por su parte, act�a como l�mite infranqueable que impide que reformas legales contravengan normas internacionales de derechos humanos (Fix-Zamudio, 2002, p. 71).

Estudios de caso y experiencias internacionales

En Ecuador, la eliminaci�n del Ministerio de Justicia y la reducci�n de competencias del Consejo de Participaci�n Ciudadana han debilitado el marco institucional de derechos (Villavicencio, 2022, p. 85). En Brasil, la Corte Suprema ha sido cr�tica con la EC95, pero sus decisiones han tenido efecto limitado. En Venezuela, la suspensi�n de procesos electorales y la represi�n a la protesta constituyen formas graves de regresividad (HRW, 2021, p. 49).

A nivel comparado, Colombia ha desarrollado una jurisprudencia robusta sobre el principio de no regresividad, destac�ndose la Sentencia T-760/08 que orden� garantizar el derecho a la salud ante recortes injustificados.

Normativa ecuatoriana sobre progresividad y derechos

La Constituci�n ecuatoriana de 2008 reconoce expresamente el principio de progresividad en los art�culos 11.8 y 85.1. Adem�s, establece que los derechos son de directa e inmediata aplicaci�n y que toda autoridad debe garantizar su cumplimiento. El art�culo 417 se�ala que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador prevalecen sobre normas internas.

El C�digo Org�nico de Planificaci�n y Finanzas P�blicas exige que los presupuestos p�blicos respeten los derechos sociales, aunque en la pr�ctica estas disposiciones han sido relegadas frente a pol�ticas de austeridad.

 

Metodolog�a

El trabajo aplica este marco metodol�gico de manera integrada para ofrecer un an�lisis completo del impacto de los retrocesos normativos en los derechos fundamentales.

M�todo Descriptivo: Se describen las reformas regresivas en Ecuador, Brasil y Venezuela, estableciendo relaciones causa-efecto en los impactos sobre los derechos fundamentales.

M�todo Bibliogr�fico: Se emplean fuentes doctrinarias, jurisprudencia constitucional y tratados internacionales, as� como informes de organismos como la ONU y la CIDH.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico: Se interpreta c�mo el discurso jur�dico y pol�tico legitima retrocesos normativos mediante figuras como el �estado de excepci�n� o �ajuste econ�mico�.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n: Se entiende por retroceso normativo toda medida estatal que disminuye el nivel de protecci�n de un derecho previamente reconocido, sin justificaci�n v�lida.

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados:

�                    Ecuador: Recorte de m�s de USD 300 millones al sector salud entre 2019 y 2021.

�                    Brasil: Reducci�n de la inversi�n social a ra�z de la EC95.

�                    Venezuela: Eliminaci�n de organismos de derechos humanos por decreto presidencial.

Cuestiones �ticas: El retroceso de derechos en contextos democr�ticos plantea dilemas �ticos sobre el rol del Estado, la justificaci�n de medidas de austeridad y la responsabilidad institucional ante la afectaci�n de poblaciones vulnerables.

 

An�lisis de los resultados

 

Pa�s	Salud ↓	Educaci�n ↓	Protecci�n Social ↓
Ecuador	-310	-270	-180
Brasil	-5000	-4300	-3800
Venezuela	-NA	-NA	-NA

Tabla 1: Impacto del retroceso presupuestario en derechos sociales (2019�2023)

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL (2023)

Nota: Valores en millones de USD

 

Explicaci�n: Ecuador y Brasil presentan descensos dr�sticos. En Venezuela, no hay datos oficiales verificables, lo que agrava el escenario de opacidad.

 

Conclusiones

Los retrocesos normativos en Am�rica Latina configuran una amenaza real a la vigencia de los derechos fundamentales. Aunque los Estados tienen m�rgenes de discrecionalidad, estos no deben cruzar el l�mite de la no regresividad. Las reformas regresivas, cuando no est�n debidamente justificadas ni se sujetan al principio de proporcionalidad, vulneran normas constitucionales e internacionales. Se necesita una mayor vigilancia constitucional, un rol activo de la sociedad civil y una revalorizaci�n del bloque de constitucionalidad como freno leg�timo ante tendencias autoritarias o neoliberales regresivas.

 

Recomendaciones

1.                 Fortalecer el control constitucional sobre reformas regresivas.

2.                 Incorporar cl�usulas de no regresividad en legislaci�n ordinaria.

3.                 Garantizar participaci�n ciudadana en decisiones presupuestarias.

4.                 Crear observatorios independientes de regresividad normativa.

5.                 Promover litigios estrat�gicos ante tribunales nacionales e internacionales.

 

Referencias

1.      Abramovich, V., & Courtis, C. (2002). Los derechos sociales como exigencias �ticas y jur�dicas. Madrid: Trotta.

2.      Carbonell, M. (2009). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta.

3.      Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006). Caso Acevedo Buend�a y otros vs. Per�. Sentencia de 1 de julio de 2009.

4.      Ferrajoli, L. (2014). Principia Iuris: Teor�a del Derecho y de la Democracia. Madrid: Trotta.

5.      Fix-Zamudio, H. (2002). El bloque de constitucionalidad en Am�rica Latina. M�xico: UNAM.

6.      Gargarella, R. (2013). La sala de m�quinas de la Constituci�n. Buenos Aires: Katz.

7.      HRW. (2021). World Report 2021: Venezuela. New York: Human Rights Watch.

8.      Ponce, J. (2020). Recortes presupuestarios y regresividad en derechos sociales. Revista Constitucional Ecuador, 18(2), 27�33.

9.      Ribeiro, P. (2019). Austeridad y regresividad en Brasil. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 10(1), 65�72.

10.  Romero, R. (2021). Autoritarismo y regresividad en Venezuela. Anuario de Derecho Constitucional, 5(1), 87�94.

11.  Uprimny, R. (2011). Los derechos sociales y sus garant�as: Algunas lecciones del caso colombiano. Revista Jur�dica de la Universidad de Palermo, 3(1), 109�118.

12.  Uprimny, R., & Garz�n, C. (2014). �Son justificables los retrocesos en derechos sociales? DeJusticia Working Paper, 23(1), 1�24.

13.  Villavicencio, J. (2022). El debilitamiento institucional y sus efectos en los derechos. Revista Jur�dica Andina, 6(2), 79�86.

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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