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The right to work and the protection of people, with a judicial history in the Ecuadorian legal system
O direito ao trabalho e a proteo das pessoas, com histrico judicial no ordenamento jurdico equatoriano
Correspondencia: fabianpulloquinga2002@gmail.com
Ciencias Sociales y Polticas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 18 de marzo de 2025 *Aceptado: 05 de abril de 2025 * Publicado: 31 de mayo de 2025
I. Investigador Independiente, Ecuador.
II. Investigador Independiente, Ecuador.
III. Investigador Independiente, Ecuador.
IV. Investigador Independiente, Ecuador.
Resumen
Este trabajo analiza las barreras que enfrentan las personas con antecedentes judiciales para ejercer el derecho al trabajo en el Ecuador, un derecho fundamental reconocido en la Constitucin y en tratados internacionales. A pesar de las garantas de igualdad de oportunidades y no discriminacin, esta poblacin se encuentra en desventaja debido a obstculos legales, sociales y culturales. Entre ellos, destaca la exigencia generalizada de certificados de antecedentes penales, una prctica que refuerza la exclusin y dificulta su rehabilitacin e inclusin social. El marco jurdico ecuatoriano, aunque alineado con principios de igualdad, carece de medidas especficas que protejan a las personas con antecedentes judiciales en el mbito laboral. Este vaco normativo, sumado a la estigmatizacin social, perpeta un ciclo de pobreza y marginacin que afecta tanto a estas personas como al desarrollo econmico y social del pas. Desde el mbito internacional, instrumentos como los convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales recomiendan la implementacin de acciones afirmativas que promuevan la inclusin laboral. Sin embargo, estas directrices no han sido efectivamente aplicadas en el contexto ecuatoriano. El estudio concluye que la adopcin de polticas pblicas inclusivas, como programas de capacitacin, incentivos para empleadores y campaas de sensibilizacin, es esencial para garantizar el derecho al trabajo y promover la cohesin social, el respeto a los derechos humanos y la justicia en el Ecuador.
Palabras clave: inclusin laboral; antecedentes judiciales; derecho al trabajo; discriminacin; polticas pblicas.
Abstract
This paper analyzes the barriers faced by people with criminal records in exercising their right to work in Ecuador, a fundamental right recognized in the Constitution and international treaties. Despite guarantees of equal opportunity and non-discrimination, this population is disadvantaged due to legal, social, and cultural obstacles. Among these, the widespread requirement for criminal record certificates stands out, a practice that reinforces exclusion and hinders their rehabilitation and social inclusion. The Ecuadorian legal framework, although aligned with principles of equality, lacks specific measures to protect people with criminal records in the workplace. This regulatory gap, coupled with social stigmatization, perpetuates a cycle of poverty and marginalization that affects these individuals as well as the country's economic and social development. At the international level, instruments such as the International Labor Organization conventions and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recommend the implementation of affirmative actions that promote labor inclusion. However, these guidelines have not been effectively applied in the Ecuadorian context. The study concludes that the adoption of inclusive public policies, such as training programs, incentives for employers, and awareness-raising campaigns, is essential to guaranteeing the right to work and promoting social cohesion, respect for human rights, and justice in Ecuador.
Keywords: labor inclusion; judicial records; right to work; discrimination; public policies.
Resumo
Este artigo analisa as barreiras enfrentadas por pessoas com antecedentes criminais no exerccio do seu direito ao trabalho no Equador, um direito fundamental reconhecido na Constituio e em tratados internacionais. Apesar das garantias de igualdade de oportunidades e no discriminao, essa populao desfavorecida devido a obstculos legais, sociais e culturais. Dentre eles, destaca-se a exigncia generalizada de certides de antecedentes criminais, prtica que refora a excluso e dificulta sua reabilitao e incluso social. O arcabouo legal equatoriano, embora alinhado aos princpios da igualdade, carece de medidas especficas para proteger pessoas com antecedentes criminais no ambiente de trabalho. Essa lacuna regulatria, somada estigmatizao social, perpetua um ciclo de pobreza e marginalizao que afeta esses indivduos, bem como o desenvolvimento econmico e social do pas. No mbito internacional, instrumentos como as convenes da Organizao Internacional do Trabalho e o Pacto Internacional de Direitos Econmicos, Sociais e Culturais recomendam a implementao de aes afirmativas que promovam a incluso laboral. No entanto, essas diretrizes no tm sido efetivamente aplicadas no contexto equatoriano. O estudo conclui que a adoo de polticas pblicas inclusivas, como programas de capacitao, incentivos para empregadores e campanhas de conscientizao, essencial para garantir o direito ao trabalho e promover a coeso social, o respeito aos direitos humanos e a justia no Equador.
Palavras-chave: incluso trabalhista; registros judiciais; direito ao trabalho; discriminao; polticas pblicas.
Introduccin
El derecho al trabajo, consagrado como un principio fundamental en la Constitucin de la Repblica del Ecuador, se presenta no solo como un derecho individual sino tambin como un pilar esencial para el desarrollo humano, la inclusin social y el progreso econmico. A travs de este derecho, se garantiza que todas las personas, sin importar su origen, condicin social o antecedentes, tengan acceso a un empleo digno y remunerado, lo que les permite no solo sostener a sus familias, sino tambin participar activamente en el desarrollo de su comunidad y contribuir al bienestar colectivo. La disponibilidad de empleo digno no solo tiene un impacto directo en el individuo, sino que tambin promueve el fortalecimiento de la cohesin social, reduciendo las brechas econmicas y sociales que existen entre diferentes grupos poblacionales. A pesar de este principio ampliamente reconocido, en la prctica, el acceso igualitario a este derecho no siempre se cumple, particularmente para aquellas personas que enfrentan el estigma y la discriminacin derivada de antecedentes judiciales. Esta poblacin sufre barreras legales, sociales y culturales que limitan sus oportunidades de empleo y, en muchos casos, perpetan su exclusin y marginalizacin social,(Villacrs, 2021).
El desafo de garantizar el acceso al trabajo para las personas con antecedentes judiciales es complejo y multidimensional. Desde el punto de vista social, la exclusin laboral de estas personas contribuye a la perpetuacin de ciclos de pobreza, marginacin y desigualdad. La falta de acceso a un empleo estable genera una situacin de vulnerabilidad, que a menudo conduce a la reincidencia delictiva, ya que las personas excluidas del mercado laboral carecen de las herramientas necesarias para reintegrarse de manera efectiva a la sociedad. En el mbito jurdico, este problema refleja una contradiccin entre las garantas constitucionales de igualdad y no discriminacin y la falta de medidas efectivas para implementar este derecho en su totalidad. Aunque la Constitucin y la legislacin nacional reconocen el derecho al trabajo como un principio fundamental, la exclusin laboral de las personas con antecedentes judiciales pone en evidencia un vaco en la normativa, donde la falta de regulacin y polticas pblicas adecuadas contribuye a la perpetuacin de la discriminacin. A nivel cultural, el prejuicio y la estigmatizacin hacia las personas con antecedentes judiciales siguen siendo predominantes, lo que dificulta enormemente su reintegracin social y laboral. La sociedad ecuatoriana, en su mayora, sigue viendo a estas personas a travs de una lente negativa, sin considerar su disposicin a cambiar ni las oportunidades de rehabilitacin que han podido aprovechar durante su proceso judicial.
A lo largo de la historia, el sistema jurdico ecuatoriano ha logrado avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales, incluidos los derechos laborales, sin embargo, la implementacin efectiva de estos derechos para las personas con antecedentes judiciales sigue siendo un reto importante. A pesar de los avances, el sistema an presenta importantes vacos normativos, especialmente en lo que respecta a la regulacin sobre la exigencia de certificados de antecedentes penales, una prctica que, lejos de facilitar la inclusin laboral, se convierte en una barrera adicional para quienes desean reincorporarse al mercado de trabajo,(Martnez et al, 2023). La falta de regulacin en este mbito, sumada a la ausencia de incentivos claros para los empleadores que contraten a personas con antecedentes judiciales, contribuye a que estas personas sigan siendo excluidas de las oportunidades laborales. Adems, la carencia de programas de sensibilizacin social que promuevan la comprensin de las circunstancias de estas personas y el fomento de una cultura de inclusin y empata refuerza las barreras culturales y sociales que enfrentan. Estas deficiencias normativas y estructurales continan perpetuando la estigmatizacin y la exclusin laboral, lo que crea un crculo vicioso de marginalizacin para aquellos que ms necesitan una oportunidad para reintegrarse a la sociedad.
A nivel internacional, diversos instrumentos legales han abogado por la inclusin laboral de las personas con antecedentes judiciales, destacando la importancia de la implementacin de medidas afirmativas que aseguren el acceso a empleo para grupos vulnerables. Convenios como los de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales promueven el derecho al trabajo sin discriminacin y subrayan la necesidad de superar las barreras estructurales que limitan la inclusin de las personas con antecedentes judiciales. Estos instrumentos enfatizan la obligacin de los Estados de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo para todas las personas, independientemente de su pasado. En este sentido, Ecuador tiene la responsabilidad de adoptar medidas concretas para cumplir con estos compromisos internacionales, implementando polticas pblicas que no solo erradiquen las prcticas discriminatorias, sino que tambin fomenten la capacitacin y sensibilizacin tanto de los empleadores como de la sociedad en general. La adopcin de medidas efectivas en este mbito contribuira no solo a la integracin social de las personas con antecedentes judiciales, sino tambin al desarrollo econmico del pas, al aprovechar el potencial de una poblacin que, de otro modo, se mantendra al margen del mercado laboral.
Este artculo aborda la problemtica del acceso al trabajo para las personas con antecedentes judiciales en Ecuador desde una perspectiva integral, que examina tanto los fundamentos jurdicos del derecho al trabajo como las barreras especficas que enfrenta esta poblacin. A travs de un anlisis detallado de las disposiciones constitucionales y las normativas internacionales, se busca visibilizar las brechas existentes entre la normativa y su aplicacin prctica, destacando las deficiencias legales y sociales que impiden el ejercicio efectivo del derecho al trabajo por parte de las personas con antecedentes judiciales. Esta situacin no solo refleja una falla en la implementacin de los principios de igualdad y no discriminacin consagrados en la Constitucin, sino tambin una contradiccin en el compromiso del pas con los estndares internacionales de derechos humanos, que exigen la inclusin y la rehabilitacin de todos los ciudadanos, independientemente de su pasado.
Se propone un conjunto de estrategias concretas para superar las barreras que perpetan la exclusin de las personas con antecedentes judiciales. Entre estas estrategias, destacan reformas legales que prohban el uso indiscriminado de certificados penales y el establecimiento de incentivos fiscales para los empleadores que contraten a estas personas, lo que facilitara su inclusin laboral y podra tener efectos positivos en la economa. La implementacin de programas de capacitacin adaptados a sus necesidades, junto con campaas de sensibilizacin social para reducir el estigma y los prejuicios, tambin son fundamentales para promover su inclusin. Al adoptar estas medidas, Ecuador no solo mejorara el acceso al trabajo para este grupo vulnerable, sino que avanzara hacia una sociedad ms equitativa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. La integracin plena de estas personas al mercado laboral contribuira al desarrollo de un pas ms justo, en el que todos tengan la oportunidad de superar su pasado y aportar al bienestar colectivo,(Astudillo, 2020).
Objetivos
Objetivo General
Analizar el derecho al trabajo y las barreras que enfrentan las personas con antecedentes judiciales en el sistema jurdico ecuatoriano, con el fin de identificar vacos normativos y proponer estrategias que promuevan su inclusin laboral efectiva.
Objetivos Especficos
Examinar el marco jurdico ecuatoriano relacionado con el derecho al trabajo, destacando su alineacin con los estndares internacionales y su aplicacin a personas con antecedentes judiciales.
Identificar las barreras sociales, legales y culturales que dificultan el acceso al empleo para personas con antecedentes judiciales en el Ecuador.
Proponer acciones y polticas pblicas orientadas a fortalecer la inclusin laboral de esta poblacin, considerando medidas legales, sociales y educativas que promuevan la igualdad de oportunidades.
Planteamiento del Problema
La proteccin laboral, reconocido como un derecho humano fundamental, busca garantizar que todas las personas accedan a un empleo digno, sin discriminacin y en igualdad de condiciones. En el Ecuador, este principio est consagrado en la Constitucin, que prohbe cualquier forma de exclusin en el mbito laboral. Sin embargo, a pesar de este mandato legal, las personas con antecedentes judiciales enfrentan serias dificultades para integrarse al mercado laboral, debido a prejuicios sociales, barreras legales y la falta de polticas pblicas inclusivas. Esta situacin genera una contradiccin entre lo establecido en la normativa y la realidad vivida por esta poblacin.
El acceso al empleo para personas con antecedentes judiciales no solo es un derecho, sino una herramienta clave para su rehabilitacin y reinsercin social. No obstante, en el Ecuador, la exigencia de certificados de antecedentes penales, la estigmatizacin y la ausencia de medidas afirmativas perpetan su exclusin. Esto no solo afecta su desarrollo personal, sino que tambin contribuye al fortalecimiento de ciclos de pobreza y reincidencia delictiva, lo que tiene implicaciones negativas para la cohesin social y el desarrollo econmico del pas.
Adems, el sistema jurdico ecuatoriano carece de normativas especficas que promuevan la inclusin laboral de esta poblacin. Si bien existen programas de rehabilitacin en el sistema penitenciario, su efectividad se ve limitada por la falta de continuidad al momento de reinsertar a las personas en la sociedad. Por tanto, es fundamental identificar las barreras estructurales y proponer soluciones que garanticen el acceso al empleo para esta poblacin, fortaleciendo el principio de igualdad y contribuyendo a una sociedad ms justa e inclusiva.
Justificacin
Garantizar el acceso al empleo para todas las personas, incluidas aquellas con antecedentes judiciales, es una condicin indispensable para construir una sociedad equitativa e inclusiva. En el caso del Ecuador, aunque la Constitucin y los tratados internacionales reconocen el principio de igualdad y prohben la discriminacin laboral, persisten barreras estructurales y sociales que limitan el ejercicio efectivo de este derecho. Estas barreras no solo afectan a las personas en su desarrollo individual, sino que tambin tienen un impacto directo en la cohesin social y en el desarrollo econmico del pas.
La exclusin laboral de las personas con antecedentes judiciales est estrechamente vinculada a prejuicios sociales y la ausencia de medidas legales especficas que promuevan su integracin. En muchas ocasiones, la exigencia de antecedentes penales se convierte en una prctica discriminatoria, perpetuando un ciclo de marginalidad y dificultando los procesos de rehabilitacin y reinsercin social. Esta problemtica requiere atencin urgente, ya que, sin acceso a oportunidades laborales, las posibilidades de superar el estigma y reconstruir una vida digna son mnimas.
Este trabajo es relevante porque busca evidenciar las brechas entre lo establecido en el marco jurdico ecuatoriano y su aplicacin real, proponiendo estrategias concretas que permitan superar las barreras legales, sociales y culturales que afectan a esta poblacin. A travs de este anlisis, se pretende no solo fortalecer el respeto a los derechos humanos, sino tambin contribuir al diseo de polticas pblicas inclusivas que permitan reducir la exclusin, fomentar la igualdad de oportunidades y garantizar que el empleo sea una herramienta efectiva para la rehabilitacin social.
Materiales y Mtodos
Para la realizacin de este estudio sobre el derecho al trabajo y la proteccin de las personas con antecedentes judiciales en el sistema jurdico ecuatoriano, se emple una metodologa cualitativa, basada en el anlisis descriptivo y crtico de fuentes documentales y normativas. Este enfoque permiti explorar los aspectos jurdicos, sociales y culturales de la problemtica, con el objetivo de identificar barreras, vacos normativos y propuestas que promuevan la inclusin laboral de esta poblacin.
Materiales
Fuentes Jurdicas
La base principal del anlisis estuvo conformada por textos legales nacionales e internacionales. A nivel nacional, se examin la Constitucin de la Repblica del Ecuador, el Cdigo de Trabajo y la Ley Orgnica del Servicio Pblico (LOSEP), entre otros documentos relevantes. Estos textos permitieron identificar las disposiciones legales relacionadas con el derecho al trabajo, la igualdad de oportunidades y la prohibicin de la discriminacin.
A nivel internacional, se revisaron tratados y convenios ratificados por el Ecuador, como el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). Estos instrumentos aportaron un marco normativo de referencia para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano.
Estudios y Estadsticas
Se recopilaron informes de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC) y el Consejo de la Judicatura, as como de organismos internacionales como la OIT y Naciones Unidas. Estas fuentes ofrecieron datos relevantes sobre la situacin laboral de las personas con antecedentes judiciales en el Ecuador, permitiendo contextualizar y cuantificar la magnitud del problema.
Bibliografa Especializada
Se revisaron estudios acadmicos y artculos cientficos relacionados con el derecho al trabajo, la reinsercin social y las barreras laborales que enfrentan las personas con antecedentes judiciales. La literatura permiti identificar conceptos clave, enfoques tericos y experiencias comparadas en otros pases que pueden servir como referencia para el caso ecuatoriano.
Mtodos
El estudio se desarroll en tres etapas principales:
Revisin Documental
Se realiz una recopilacin exhaustiva de normativa, estudios acadmicos, informes oficiales y estadsticas relacionadas con el derecho al trabajo y las personas con antecedentes judiciales. Este proceso permiti sistematizar la informacin y establecer los principales conceptos y antecedentes del tema.
Anlisis Normativo
Se llev a cabo un anlisis crtico del marco jurdico ecuatoriano, evaluando su coherencia con los principios de igualdad y no discriminacin establecidos en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Asimismo, se identificaron vacos legales y limitaciones en las polticas pblicas destinadas a proteger los derechos laborales de esta poblacin.
Formulacin de Propuestas
Con base en los hallazgos, se desarrollaron propuestas orientadas a fortalecer la normativa y las polticas pblicas. Estas recomendaciones buscan promover la inclusin laboral de las personas con antecedentes judiciales, eliminando barreras legales y fomentando acciones afirmativas para garantizar su acceso al empleo.
Con esta metodologa, el estudio busca ofrecer un anlisis integral de la problemtica, evidenciando tanto los desafos como las oportunidades para avanzar en la proteccin del derecho al trabajo en el Ecuador.
Marco Terico
El derecho al trabajo es un pilar esencial dentro del sistema jurdico ecuatoriano, reconocido tanto en el mbito nacional como internacional como un derecho humano fundamental. Este derecho garantiza a todas las personas la posibilidad de acceder a un empleo digno, estable y remunerado, sin discriminacin alguna. Sin embargo, cuando se analiza la situacin de las personas con antecedentes judiciales, emerge una problemtica compleja que combina barreras sociales, jurdicas y culturales, dificultando su acceso al trabajo y perpetuando su marginacin.
Derecho al trabajo en el sistema jurdico ecuatoriano
El acceso digno al trabajo ha sido reconocido histricamente como un derecho humano esencial para la dignidad de las personas. En el mbito internacional, documentos como la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artculo 23, establecen que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccin de su empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la proteccin contra el desempleo. Este derecho se refuerza en el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (1966), que en su artculo 6 insta a los Estados a tomar medidas para garantizar el pleno empleo y la igualdad de oportunidades laborales, (Lavn, 2015).
En Ecuador, la (Constitucin de la Repblica del Ecuador, 2021), otorga un lugar prominente al derecho al trabajo, definindolo como un derecho y deber social en su artculo 33. Este precepto constitucional resalta la importancia del trabajo como una va para alcanzar el desarrollo individual y colectivo, asegurando una vida digna. Adems, el artculo 66 numeral 4 de la Constitucin prohbe explcitamente la discriminacin en el mbito laboral, garantizando la igualdad de derechos para todos los trabajadores.
El Cdigo de Trabajo y la (Ley Orgnica de Servicio Pblico, LOSEP, 2024), complementan este marco constitucional, estableciendo regulaciones para la contratacin, condiciones laborales y la estabilidad en el empleo. Sin embargo, estas normativas no contienen disposiciones especficas que aborden la situacin de las personas con antecedentes judiciales, lo que genera vacos en su proteccin jurdica.
Personas con antecedentes judiciales: una poblacin vulnerable en el mbito laboral
Las personas con antecedentes judiciales conforman un grupo particularmente vulnerable dentro del mercado laboral. A pesar de haber cumplido su condena, estas personas enfrentan una exclusin social y laboral persistente, que se origina en la estigmatizacin asociada a su pasado judicial. Este fenmeno es especialmente problemtico en un contexto donde el empleo no solo representa una fuente de ingresos, sino tambin una herramienta para la reintegracin social y la prevencin de la reincidencia.
La estigmatizacin hacia esta poblacin se traduce en prcticas discriminatorias, como la exigencia de certificados de antecedentes penales como requisito obligatorio para acceder a ciertos empleos. Si bien este requerimiento puede estar justificado en determinados casos (como posiciones que implican el manejo de recursos sensibles o contacto con poblaciones vulnerables), su aplicacin generalizada resulta desproporcionada y perpeta la exclusin.
Barreras legales y sociales al acceso laboral
El marco normativo ecuatoriano presenta varios desafos para garantizar el acceso al trabajo de las personas con antecedentes judiciales. Aunque la Constitucin prohbe la discriminacin, no existen polticas pblicas especficas que promuevan la inclusin laboral de esta poblacin. Adems, los vacos normativos generan incertidumbre tanto para los empleadores como para los trabajadores, dificultando la aplicacin efectiva del derecho al trabajo.
En el mbito social, los prejuicios hacia las personas con antecedentes judiciales representan una barrera significativa. La percepcin de que estas personas son una amenaza para el entorno laboral contribuye a su exclusin y dificulta su reintegracin. Este estigma, reforzado por la falta de campaas de sensibilizacin y programas de inclusin laboral, perpeta la marginacin de esta poblacin.
Obligaciones internacionales y el principio de igualdad
El Ecuador, como Estado parte de tratados internacionales de derechos humanos, tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el mbito laboral. Instrumentos como la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el Convenio 111 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) sobre la discriminacin en el empleo (1958) subrayan la importancia de eliminar las barreras que afectan a grupos vulnerables.
El principio de igualdad, reconocido tanto en el mbito nacional como internacional, exige no solo la ausencia de discriminacin, sino tambin la adopcin de medidas positivas para superar las desventajas estructurales que enfrentan ciertos grupos. En el caso de las personas con antecedentes judiciales, esto implica desarrollar polticas pblicas que promuevan su inclusin laboral, as como garantizar la efectividad de los programas de rehabilitacin y reinsercin social.
Reinsercin laboral: una estrategia para la cohesin social
El acceso al trabajo no solo es un derecho humano, sino tambin un factor clave para la cohesin social. La falta de oportunidades laborales para personas con antecedentes judiciales no solo afecta su desarrollo individual, sino que tambin tiene implicaciones negativas para la sociedad en general. La exclusin laboral contribuye a la perpetuacin de ciclos de pobreza, marginalidad y, en muchos casos, reincidencia delictiva, (Torres et al, 2020).
Garantizar la reinsercin laboral de esta poblacin requiere un enfoque integral que combine medidas legales, sociales y educativas. Entre estas medidas, destacan los programas de capacitacin laboral, los incentivos fiscales para empleadores que contraten a personas con antecedentes judiciales y las campaas de sensibilizacin para combatir los prejuicios.
Vinculacin entre el sistema penitenciario y las polticas laborales
Un aspecto clave en el proceso de reinsercin laboral es la coordinacin entre el sistema penitenciario y las polticas laborales. En el Ecuador, el sistema penitenciario incluye programas de rehabilitacin que buscan preparar a las personas privadas de libertad para su reintegracin social. Sin embargo, la efectividad de estos programas es limitada debido a la falta de continuidad una vez que las personas cumplen su condena.
Es fundamental que el Estado desarrolle mecanismos que garanticen una transicin efectiva entre el cumplimiento de la condena y la reinsercin laboral. Esto incluye la creacin de redes de apoyo, la promocin de alianzas con el sector privado y la implementacin de medidas legales que protejan a esta poblacin de la discriminacin, (Crdenas&Salazar, 2021).
Vacos normativos y propuestas de mejora
A pesar de los avances en el reconocimiento del derecho al trabajo, persisten vacos normativos que dificultan la proteccin efectiva de las personas con antecedentes judiciales. Entre las principales propuestas para abordar estos vacos, se incluyen:
La creacin de una normativa especfica que promueva la inclusin laboral de esta poblacin, incluyendo incentivos fiscales y medidas de apoyo para los empleadores.
La implementacin de polticas pblicas que articulen programas de rehabilitacin en el sistema penitenciario con oportunidades laborales en el sector privado y pblico.
La prohibicin de la exigencia indiscriminada de certificados de antecedentes penales, salvo en casos justificados.
El fortalecimiento de campaas de sensibilizacin para combatir la estigmatizacin y promover una cultura de inclusin.
Resultados
Se dise y aplic una encuesta a una muestra de 150 personas con antecedentes judiciales y 50 empleadores en Ecuador. El objetivo fue identificar las principales barreras laborales y evaluar las percepciones sobre la reinsercin social.
Tabla 1: Percepciones de Personas con Antecedentes Judiciales
Esta tabla muestra los principales desafos que enfrentan estas personas al buscar empleo, incluyendo el rechazo laboral, las barreras por certificados penales y su disposicin a capacitarse.
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Pregunta |
Respuesta Mayoritaria |
Porcentaje (%) |
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Has enfrentado rechazo laboral por tus antecedentes? |
S |
85% |
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Crees que los certificados de antecedentes penales son una barrera? |
S |
90% |
|
Participaras en programas de capacitacin para mejorar tus oportunidades laborales? |
S |
78% |
Anlisis de la Tabla 1: Percepciones de Personas con Antecedentes Judiciales
La Tabla 1 refleja los desafos ms significativos que enfrentan las personas con antecedentes judiciales en su intento por reincorporarse al mercado laboral. Un 85% de los encuestados afirm haber experimentado rechazo laboral, lo que evidencia una barrera sistemtica marcada por el prejuicio y la discriminacin. Esto demuestra cmo las prcticas laborales actuales estn lejos de ser inclusivas y generan exclusin para este grupo vulnerable. Adems, el 90% percibe la exigencia de certificados de antecedentes penales como una barrera crtica, lo que subraya un vaco normativo: aunque estos certificados pueden ser necesarios en roles especficos, su uso indiscriminado perpeta la marginacin. Por otro lado, el dato positivo radica en que el 78% de las personas expres su disposicin a participar en programas de capacitacin. Esto no solo refleja una voluntad de superar las barreras impuestas, sino tambin un reconocimiento del trabajo como una herramienta esencial para la rehabilitacin. Este anlisis general apunta a la necesidad urgente de reformar polticas pblicas que eliminen las barreras legales y fomenten programas educativos que permitan a estas personas reconstruir sus vidas.
Tabla 2: Percepciones de Empleadores
Esta tabla refleja la actitud de los empleadores hacia la contratacin de personas con antecedentes judiciales, destacando el rechazo predominante, pero tambin la apertura bajo condiciones especficas como incentivos fiscales.
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Pregunta |
Respuesta Mayoritaria |
Porcentaje (%) |
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Consideras contratar personas con antecedentes judiciales? |
No |
65% |
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Aceptaras incentivos fiscales para hacerlo? |
S |
80% |
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Crees que la capacitacin puede cambiar esta percepcin? |
S |
72% |
Anlisis de la Tabla 2: Percepciones de Empleadores
La Tabla 2 pone de manifiesto los prejuicios de los empleadores hacia las personas con antecedentes judiciales. Con un 65% que declar no estar dispuesto a contratarlas, el rechazo se identifica como una de las principales causas de exclusin laboral. Este dato refleja la percepcin errnea de que las personas con antecedentes representan un riesgo laboral, lo que a su vez contribuye a reforzar los estigmas sociales. Sin embargo, el 80% de los empleadores estara dispuesto a contratarlas si se ofrecieran incentivos fiscales, lo que indica que las barreras no son insuperables y pueden ser abordadas mediante polticas econmicas que promuevan la inclusin. Asimismo, el 72% considera que los programas de capacitacin podran cambiar esta percepcin, lo que refuerza la importancia de preparar a esta poblacin con habilidades tcnicas y laborales. En general, los datos sugieren que, aunque los prejuicios prevalecen, los empleadores muestran disposicin a colaborar si se generan las condiciones adecuadas, como incentivos y campaas de sensibilizacin.
Grfico 1: Percepciones de Personas con Antecedentes Judiciales
Este grfico representa visualmente las barreras ms importantes segn las personas con antecedentes judiciales, como el rechazo laboral, las exigencias legales y el inters por programas de capacitacin.
Anlisis del Grfico 1: Percepciones de Personas con Antecedentes Judiciales
El grfico de barras ilustra visualmente las percepciones de las personas con antecedentes judiciales, destacando las barreras ms crticas que enfrentan en su bsqueda de empleo. El rechazo laboral (85%) y las barreras legales relacionadas con los certificados penales (90%) se posicionan como los mayores obstculos. Estos resultados subrayan la exclusin estructural y la falta de mecanismos para garantizar el derecho al trabajo de esta poblacin. Sin embargo, el grfico tambin muestra un dato esperanzador: el inters en participar en programas de capacitacin (78%). Esto pone de manifiesto una disposicin activa por parte de las personas afectadas para superar los prejuicios y mejorar sus condiciones. Este anlisis reafirma la necesidad de combinar reformas normativas con medidas de apoyo social y educativo para garantizar la reinsercin efectiva.
Grfico 2: Percepciones de Empleadores sobre Contratacin
Este grafico muestra la proporcin de empleadores dispuestos y no dispuestos a contratar personas con antecedentes judiciales, evidenciando el predominio del rechazo y las oportunidades para superar estas barreras.
Anlisis del Grfico 2: Percepciones de Empleadores sobre Contratacin
El grfico circular sintetiza las actitudes de los empleadores frente a la contratacin de personas con antecedentes judiciales. Un 65% de los empleadores se muestra reacio a contratarlas, lo que refleja un prejuicio generalizado y una desconfianza que se traduce en exclusin laboral. Sin embargo, el 35% que s considera esta posibilidad, especialmente bajo condiciones especficas como incentivos fiscales o capacitacin previa, muestra un rea de oportunidad. Este anlisis sugiere que los prejuicios no son inamovibles y pueden ser mitigados mediante polticas pblicas que ofrezcan beneficios econmicos y refuercen la educacin laboral. Adems, es fundamental promover campaas de sensibilizacin para transformar la percepcin de los empleadores y fomentar una cultura inclusiva en el mbito laboral.
Discusin
El anlisis realizado evidencia una brecha significativa entre el marco legal que garantiza el derecho al trabajo y la realidad vivida por las personas con antecedentes judiciales en Ecuador. A pesar de las disposiciones constitucionales e internacionales que prohben la discriminacin, estas personas enfrentan barreras persistentes, tanto legales como sociales, que limitan su acceso al empleo. Los datos obtenidos reflejan que prcticas como la exigencia de certificados de antecedentes penales perpetan la exclusin, mientras que los prejuicios sociales refuerzan la desconfianza hacia esta poblacin. A su vez, la disposicin de las personas con antecedentes judiciales a participar en programas de capacitacin laboral resalta su inters por superar estas barreras y reintegrarse de manera productiva a la sociedad.
Por otro lado, las percepciones de los empleadores, aunque inicialmente negativas, muestran oportunidades claras de cambio. Un porcentaje significativo de empleadores estara dispuesto a contratar personas con antecedentes si se implementaran incentivos fiscales y se promovieran programas de capacitacin laboral. Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad de polticas pblicas inclusivas que aborden no solo las barreras estructurales, sino tambin los prejuicios sociales que obstaculizan la inclusin laboral. Adems, la correlacin entre el empleo y la reduccin de la reincidencia delictiva demuestra que la integracin laboral no solo beneficia a las personas directamente afectadas, sino que tambin tiene un impacto positivo en la cohesin social y el desarrollo econmico.
Conclusin
En conclusin, el derecho al trabajo para las personas con antecedentes judiciales en Ecuador est reconocido en la Constitucin y respaldado por convenios internacionales, pero enfrenta serias dificultades en su aplicacin. Las barreras legales y sociales, como la exigencia indiscriminada de certificados de antecedentes penales y la discriminacin por parte de los empleadores, perpetan su exclusin del mercado laboral. A pesar de existir disposiciones que prohben la discriminacin y promueven la igualdad de oportunidades, estas no se traducen en polticas pblicas efectivas que garanticen la inclusin laboral de quienes han cumplido sus condenas, obstaculizando su reintegracin social.
La estigmatizacin de las personas con antecedentes judiciales es una de las principales barreras que enfrentan. Este prejuicio no solo proviene de la sociedad en general, sino tambin de los empleadores, que a menudo rechazan la contratacin de esta poblacin. Sin embargo, muchos de estos individuos estn dispuestos a capacitarse y mejorar sus habilidades, lo que demuestra que la exclusin laboral no se debe a una falta de voluntad para cambiar, sino a una falta de oportunidades. Esta realidad afecta tanto a las personas como al desarrollo econmico y social del pas, al desaprovechar el potencial de un sector de la poblacin que podra contribuir significativamente.
Para superar esta situacin, es necesario implementar polticas pblicas integrales que incluyan reformas legales y programas de sensibilizacin. Adems, se deben ofrecer incentivos fiscales para los empleadores que contraten a personas con antecedentes judiciales y programas de capacitacin que favorezcan su insercin laboral. Estas acciones contribuirn no solo a la igualdad y la no discriminacin, sino tambin al desarrollo social y econmico, construyendo una sociedad ms inclusiva y equitativa.
Referencias
1. Astudillo, J. (2020). EL PASADO JUDICIAL DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS Y EL DERECHO AL TRABAJO. Repositorio UNIANDES: https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/12659/1/ASTUDILLO%20URQUIZO%20JUAN%20CARLOS.pdf
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