Los derechos de las personas privadas de libertad en referencia a una posible exclusión de los grupos de atención prioritaria en Ecuador

Resumen

Este estudio investiga el marco jurídico-constitucional de los derechos de las personas privadas de libertad en Ecuador, resaltando su reconocimiento constitucional como grupo vulnerable. El análisis se basa en el artículo 35 de la Constitución de la República, que garantiza protección especial a este grupo, y estudia el marco normativo nacional e internacional que respalda esta clasificación. Para tratar este tema, se utilizó una metodología rigorosa organizada en cuatro dimensiones interrelacionadas: primero, una detallada revisión de fuentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas, enfocándose en instrumentos internacionales de derechos humanos; segundo, un análisis jurídico-dogmático que revisa la legislación nacional y los precedentes constitucionales más significativos; tercero, un estudio comparativo entre la normativa ecuatoriana y los estándares internacionales en protección de derechos humanos; y cuarto, una reflexión ético-constitucional sobre las consecuencias de mantener una protección reforzada para este grupo social. La investigación avala que clasificar a las personas privadas de la libertad como grupo prioritario es una garantía constitucional innegable, respaldada por la legislación nacional y los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por el país. Se confirma que la prisión, como acción judicial, solo limita la movilidad del individuo, preservando su dignidad y derechos fundamentales.