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Los derechos de las personas privadas de libertad en referencia a una posible exclusi�n de los grupos de atenci�n prioritaria en Ecuador

 

The rights of persons deprived of liberty in reference to a possible exclusion from priority care groups in Ecuador

 

Os direitos das pessoas privadas de liberdade em refer�ncia a uma poss�vel exclus�o de grupos de aten��o priorit�ria no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: opintob@unemi.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 24 de octubre de 2024 *Aceptado: 10 de noviembre de 2024 * Publicado: �04 de diciembre de 2024

 

        I.            Docente de la Carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Educaci�n Comercial y Derecho, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador.

      II.            Docente de la Carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Educaci�n Comercial y Derecho, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador.

   III.            Investigador, Universidad de Guayaquil, Ecuador.

   IV.            Investigador, Universidad Pablo de Olavide, Espa�a.

Resumen

Este estudio investiga el marco jur�dico-constitucional de los derechos de las personas privadas de libertad en Ecuador, resaltando su reconocimiento constitucional como grupo vulnerable. El an�lisis se basa en el art�culo 35 de la Constituci�n de la Rep�blica, que garantiza protecci�n especial a este grupo, y estudia el marco normativo nacional e internacional que respalda esta clasificaci�n. Para tratar este tema, se utiliz� una metodolog�a rigorosa organizada en cuatro dimensiones interrelacionadas: primero, una detallada revisi�n de fuentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas, enfoc�ndose en instrumentos internacionales de derechos humanos; segundo, un an�lisis jur�dico-dogm�tico que revisa la legislaci�n nacional y los precedentes constitucionales m�s significativos; tercero, un estudio comparativo entre la normativa ecuatoriana y los est�ndares internacionales en protecci�n de derechos humanos; y cuarto, una reflexi�n �tico-constitucional sobre las consecuencias de mantener una protecci�n reforzada para este grupo social. La investigaci�n avala que clasificar a las personas privadas de la libertad como grupo prioritario es una garant�a constitucional innegable, respaldada por la legislaci�n nacional y los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por el pa�s. Se confirma que la prisi�n, como acci�n judicial, solo limita la movilidad del individuo, preservando su dignidad y derechos fundamentales.

Palabras clave: Derechos fundamentales; personas privadas de libertad; garant�as constitucionales; sistema penitenciario; rehabilitaci�n social.

 

Abstract

This study investigates the legal-constitutional framework of the rights of persons deprived of liberty in Ecuador, highlighting their constitutional recognition as a vulnerable group. The analysis is based on Article 35 of the Constitution of the Republic, which guarantees special protection to this group, and studies the national and international regulatory framework that supports this classification. To address this issue, a rigorous methodology organized in four interrelated dimensions was used: first, a detailed review of doctrinal, jurisprudential and normative sources, focusing on international human rights instruments; second, a legal-dogmatic analysis that reviews national legislation and the most significant constitutional precedents; third, a comparative study between Ecuadorian regulations and international standards in human rights protection; and fourth, an ethical-constitutional reflection on the consequences of maintaining enhanced protection for this social group. The research supports that classifying persons deprived of liberty as a priority group is an undeniable constitutional guarantee, backed by national legislation and the international human rights commitments assumed by the country. It is confirmed that imprisonment, as a judicial action, only limits the mobility of the individual, preserving his dignity and fundamental rights.

Keywords: Fundamental rights; persons deprived of liberty; constitutional guarantees; penitentiary system; social rehabilitation.

 

Resumo

Este estudo investiga o quadro jur�dico-constitucional dos direitos das pessoas privadas de liberdade no Equador, destacando o seu reconhecimento constitucional enquanto grupo vulner�vel. A an�lise baseia-se no artigo 35.� da Constitui��o da Rep�blica, que garante uma prote��o especial a este grupo, e estuda o quadro regulamentar nacional e internacional que suporta esta classifica��o. Para abordar esta quest�o, foi utilizada uma metodologia rigorosa organizada em quatro dimens�es inter-relacionadas: em primeiro lugar, uma revis�o detalhada das fontes doutrinais, jurisprudenciais e normativas, com foco nos instrumentos internacionais de direitos humanos; segundo, uma an�lise jur�dico-dogm�tica que reveja a legisla��o nacional e os precedentes constitucionais mais significativos; terceiro, um estudo comparativo entre as regulamenta��es equatorianas e as normas internacionais na prote��o dos direitos humanos; e quarto, uma reflex�o �tico-constitucional sobre as consequ�ncias da manuten��o de uma prote��o refor�ada para este grupo social. A investiga��o sustenta que classificar as pessoas privadas de liberdade como um grupo priorit�rio � uma garantia constitucional ineg�vel, apoiada na legisla��o nacional e nos compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo pa�s. Confirma-se que a pris�o, enquanto a��o judicial, apenas limita a mobilidade do indiv�duo, preservando a sua dignidade e direitos fundamentais.

Palavras-chave: Direitos fundamentais; pessoas privadas de liberdade; garantias constitucionais; sistema prisional; reabilita��o social.

 

Introducci�n

En Ecuador, las personas privadas de libertad (PPL) son consideradas un grupo de atenci�n prioritaria debido a su situaci�n de vulnerabilidad y riesgo, tal como se establece en la Constituci�n de la Rep�blica y en las normativas de derechos humanos. Esta categorizaci�n se fundamenta en la necesidad de proteger y garantizar sus derechos, dadas las condiciones especiales que enfrentan dentro del sistema penitenciario.

El Art�culo 35 de la Constituci�n de Ecuador, en su Cap�tulo tercero, que se refiere a los derechos de las personas y grupos de atenci�n prioritaria, se�ala que las personas privadas de libertad deben recibir atenci�n especial debido a los riesgos a los que est�n expuestas. Esto implica que el Estado debe adoptar medidas adecuadas para proteger sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, educaci�n, alimentaci�n, seguridad y la garant�a de su integridad f�sica y psicol�gica.

Adem�s, este enfoque busca abordar las condiciones de hacinamiento, violencia, y las dificultades para la reinserci�n social de las personas privadas de libertad. En este sentido, las pol�ticas p�blicas y las reformas al sistema penitenciario en Ecuador deben centrarse en mejorar las condiciones de los centros de reclusi�n y promover la rehabilitaci�n de los internos.

El reconocimiento de las PPL como grupo vulnerable subraya la obligaci�n del Estado de asegurar su bienestar y brindarles las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos en un entorno seguro, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal como lo establece la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos.

 

Derecho de las personas privadas de la libertad en su �mbito internacional

En la historia de la lucha por la vigencia de los derechos humanos, el de la libertad personal sin lugar a duda ocupa un lugar especial. Garc�a Morillo resume en pocas palabras algo de esta historia cuando escribe: "La protecci�n de esta frente a las arbitrariedades y los abusos del poder est� en la base de todo el movimiento constitucionalista y de la forja de Declaraciones de Derechos.

As� la Declaraci�n de Derechos del Hombre y del Ciudadano tiene una de sus ra�ces en la reacci�n frente a los lettres de cachet que permit�an la detenci�n arbitraria, por per�odo indefinido de las personas; y la IV Enmienda de la Constituci�n de los Estados Unidos tiene su origen en la intenci�n de evitar los Writs of Assitance que el Parlamento otorgaba a las autoridades coloniales para registrar personas e instalaciones y detener a aquellas" (Garc�a Morillo, 1995).

Como se recordar� la Constituci�n Federal de Estados Unidos de Norteam�rica (1787) no conten�a una tabla de derechos, sino que, debido a las ideas de Jefferson, se a�adieron diez enmiendas, que forman lo que se llama "la declaraci�n de derechos de la Constituci�n Federal de Jos Estados Unidos", las que fueron propuestas por el Congreso en 1789 y se ratificaron el 15 de diciembre de 1791. Este a�o, el derecho a la libertad personal tambi�n es consagrado en la primera Constituci�n francesa de 1791 (Casta�eda Otsu, 2000).

Es a partir de estas dos Constituciones, que se inicia un proceso de incorporaci�n de los derechos en los diversos ordenamientos constitucionales del mundo, en los cuales la libertad personal adquiere el car�cter de derecho fundamental. Sin embargo, los derechos de las personas privadas de su libertad en sede policial, o en c�rceles -sujetos a detenci�n preventiva o en calidad de sentenciados- no son respetados en los ordenamientos internos, motivo por el cual es necesario recurrir a los mecanismos de protecci�n internacional de los derechos humanos.

Los Sistemas Universal y Regional interamericano de Protecci�n de los Derechos Humanos, otorgan a la persona privada de libertad, ya sea en condici�n de detenido, procesado o condenado, derechos fundamentales, tendientes a preservar su integridad f�sica y a lograr que sus procesos judiciales sean tramitados y resueltos en un plazo razonable, todo ello teniendo como fin �ltimo el valor dignidad humana.

Declaraci�n Universal de Derechos Humanos:

Art�culo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Art�culo 5: Nadie ser� sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, 1948).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos:

Art�culo 10: 1.- Toda persona privada de libertad ser� tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2.- a) Los procesados estar�n separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y ser�n sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condici�n de personas no condenadas; b) Los menores procesados estar�n separados de los adultos y deber�n ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.3.- El r�gimen penitenciario consistir� en un tratamiento cuya finalidad esencial ser� la reforma y la readaptaci�n social de los penados. Los menores delincuentes estar�n separados de los adultos y ser�n sometidos a un tratamiento distinto adecuado a su edad y condici�n jur�dica (Naciones Unidas, 1966).

El Art�culo 9 de este Pacto, en el primer inciso consagra el derecho a la libertad personal y en los cuatro incisos siguientes establece derechos para la persona privada de libertad: Ser informada de la acusaci�n formulada en su contra; derecho a ser puesto a disposici�n de la persona autorizada que ejerce funciones judiciales y a ser juzgada dentro de un plazo razonable; derecho a que un tribunal decida sobre la legalidad de su prisi�n y ordene su libertad si la prisi�n fuere ilegal; y derecho a obtener reparaci�n por la detenci�n ilegal.

Por su parte, el art�culo 14 consagra derechos fundamentales para las personas tendientes a garantizar un debido proceso. Estos dos dispositivos son de singular importancia y en el caso de los privados de libertad juegan un rol muy importante, pues adem�s de garantizar el derecho de defensa, consagran el derecho de la persona a ser juzgada sin dilaciones indebidas (Casta�eda Otsu, 2000).

Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

Art�culo 1: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, 1948).

Art�culo XXV tercer apartado: Todo individuo que haya sido privado de la su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilaci�n injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho tambi�n a un tratamiento humano durante la privaci�n de su libertad (Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, 1948).

Art�culo XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser o�da en forma imparcial y p�blica, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas crueles, infames o inusitadas (Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, 1948).

 

 

 

Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos:

Art�culo 5: 1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f�sica, ps�quica y moral. 2.- Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad ser� tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3.- La pena no puede trascender al ser humano. 4.- Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y ser�n sometidos a un tratamiento adecuado a su condici�n de personas no condenadas. 5.- Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6.- Las penas privativas de la libertad tendr�n como finalidad esencial la reforma y la readaptaci�n social de los condenados (Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, 1978).

Al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en el art�culo 7 consagra el derecho a la libertad personal y en forma expl�cita concede derechos a la persona privada de libertad; y el art�culo 8 establece una serie de derechos tendientes a garantizar un debido proceso, llamado tambi�n juicio equitativo o juicio justo. Estas normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son claves en la protecci�n del derecho, ya que las disposiciones de la Parte I de la Convenci�n Americana -art�culos 1 a 32, en las que se consagran los derechos son de aplicaci�n inmediata, es decir, autoejecutables, lo que implica que pueden ser invocados por las personas, sin necesidad de la legislaci�n interna adicional (Casta�eda Otsu, 2000).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, cuando en la Opini�n Consultiva OC- 7/86, sostiene que el hecho de que un art�culo haga referencia a la ley no es suficiente para que pierda auto aplicabilidad, concluyendo que el art�culo 14 inc. 1, es auto aplicable (self- executing) consagrando "un derecho de rectificaci�n o respuesta internacionalmente exigible" (Casta�eda Otsu, 2000).

 

Garant�as constitucionales y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en ecuador: un an�lisis Jur�dico-Constitucional

La protecci�n de los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de libertad es uno de los principales retos para el Estado de derechos y justicia. El sistema de garant�as constitucionales en Ecuador asegura el respeto a la dignidad humana y derechos fundamentales de este grupo vulnerable.� Este an�lisis parte de dos conceptualizaciones doctrinarias fundamentales que permiten comprender el alcance de la protecci�n constitucional.

Ferrajoli, (2004) define los derechos fundamentales, como:

Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a �todos� los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por �derecho subjetivo� cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jur�dica; y por �status� la condici�n de un sujeto, prevista asimismo por una norma jur�dica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jur�dicas y/o autor de los actos que son ejercicio de �stas. (p. 37)

Por su parte Kelsen (1982) en su obra La teor�a pura del derecho, se�ala que:�

Las garant�as constitucionales de los derechos y libertades b�sicos son disposiciones de la constituci�n que determinan, en forma negativa, el contenido de las leyes, y que prev�n un procedimiento mediante el cual las leyes que no se adecuen a esas disposiciones, puedan ser anuladas. (Kelsen, 1982, pp. 153-154).

En el contexto de la legislaci�n ecuatoriana, se presenta una dicotom�a jur�dica en el tratamiento de las personas privadas de libertad. Como expresa Cahue�as (2020) �el Estado por una parte reconoce a las personas privadas de libertad como titulares de los derechos fundamentales, por otra parte, dise�a las �nicas fuentes que restringen el ejercicio de estos derechos fundamentales� (p. 8). Esta perspectiva refleja la complejidad del sistema jur�dico en el manejo de los derechos de este grupo poblacional.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) reconoce a las personas privadas de libertad como un grupo de atenci�n prioritaria, estableciendo un marco de protecci�n especial que va m�s all� de la mera enunciaci�n de derechos. Este reconocimiento constitucional implica una responsabilidad estatal reforzada, que se materializa en la implementaci�n de garant�as jur�dicas espec�ficas y mecanismos de protecci�n adaptados a su particular condici�n de vulnerabilidad.

 

Derechos constitucionales de las personas privadas de libertad

Nuestra Constituci�n (CRE, 2008) establece un marco de protecci�n jur�dica estricta para las personas privadas de libertad, reconoci�ndolas expresamente en su art�culo 35 como parte de los grupos de atenci�n prioritaria. Esta categorizaci�n constitucional no solo garantiza una atenci�n especializada en los �mbitos p�blico y privado, sino que adem�s refleja el compromiso del Estado ecuatoriano con la protecci�n integral de los derechos fundamentales de este colectivo en situaci�n de vulnerabilidad.

Esta protecci�n especial se fundamenta en el reconocimiento de la situaci�n particular de desventaja que enfrentan las personas privadas de libertad, quienes, a pesar de la restricci�n de su libertad ambulatoria, mantienen intacta su dignidad humana y la titularidad de sus derechos fundamentales. El marco constitucional establece as� un sistema de garant�as que busca asegurar condiciones dignas durante el per�odo de privaci�n de libertad y promover su efectiva rehabilitaci�n y reinserci�n social.

La Constituci�n ecuatoriana en su redacci�n, establece un marco legal integral que garantiza derechos y protecci�n para las personas que se encuentran privadas de libertad. En particular, su art�culo 51 presenta un cat�logo detallado y espec�fico de derechos fundamentales, el cual no solo subraya la importancia de la dignidad humana, sino que tambi�n pone de manifiesto la evoluci�n del constitucionalismo contempor�neo. Este enfoque evidencia un desplazamiento hacia un modelo que ofrece una protecci�n m�s robusta y efectiva para aquellos grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, asegurando as� que sus derechos sean respetados y defendidos en todo momento.

El primer derecho reconocido formalmente, establece la prohibici�n del aislamiento como una forma de sanci�n disciplinaria, se presenta como un avance significativo en la defensa y protecci�n de la dignidad inherente al ser humano y de la integridad personal de cada individuo. Este avance se encuentra en total consonancia con los est�ndares internacionales que rigen y protegen los derechos humanos, los cuales categ�ricamente proh�ben cualquier tipo de trato que se considere cruel, inhumano o degradante (CRE, 2008, art�culo 51.1). Esta norma o disposici�n se complementa con lo que establecido en el art�culo 66, espec�ficamente en el numeral 3, inciso c, el cual dispone la prohibici�n expl�cita en contra de la tortura y los tratos inhumanos.

El constituyente ecuatoriano ha establecido el reconocimiento de la trascendental importancia que tiene el v�nculo familiar, as� como del derecho que tienen las personas a recibir una adecuada defensa legal. Este reconocimiento se manifiesta al asegurar que se mantenga abierta la posibilidad de comunicaci�n y visitas entre los familiares de los individuos y los profesionales del derecho que los representan, tal como se estipula en el art�culo correspondiente de la constituci�n de 2008 (CRE, 2008, art. 51.2). Este derecho se encuentra estrechamente vinculado a la protecci�n que ofrece la posibilidad de realizar una declaraci�n ante una autoridad judicial respecto al trato que una persona ha recibido durante el tiempo que ha estado privado de su libertad. Esto establece un mecanismo que tiene como objetivo ejercer un control y proporcionar protecci�n frente a eventuales abusos que puedan ocurrir en este contexto (CRE, 2008, art. 51.3).

La Carta Magna adopta un enfoque integral de la salud al garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para la salud integral en los centros de privaci�n de libertad (CRE, 2008, art. 51.4). Este derecho se complementa con la atenci�n a necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, reconociendo que la privaci�n de libertad no debe implicar la restricci�n de otros derechos fundamentales (CRE, 2008, art. 51.5).

Especial relevancia adquiere la protecci�n reforzada para grupos en situaci�n de doble vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, personas en per�odo de lactancia, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad (CRE, 2008, art. 51.6). Esta disposici�n refleja el principio de igualdad material y la obligaci�n estatal de adoptar medidas de acci�n afirmativa para grupos que requieren atenci�n prioritaria.

As� tambi�n el constituyente extiende la protecci�n a los dependientes de las personas privadas de libertad, estableciendo la obligaci�n de implementar medidas de protecci�n para ni�as, ni�os, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores bajo su cuidado (CRE, 2008, art. 51.7). Esta disposici�n reconoce el impacto social de la privaci�n de libertad y la necesidad de proteger a los n�cleos familiares afectados.

Nuestro sistema de rehabilitaci�n social, desde un enfoque constitucional, va m�s all� de la noci�n tradicional exclusivamente punitiva, adoptando en su lugar un modelo de rehabilitaci�n integral. Este enfoque integral sostiene que el objetivo primordial del sistema no radica en el castigo, sino en la reintegraci�n efectiva del individuo en la sociedad (CRE, 2008, art. 201). La rehabilitaci�n integral se configura como un proceso multidimensional que debe abordar diversas dimensiones, incluyendo los aspectos educativos, laborales, psicol�gicos y sociales del individuo en situaci�n de privaci�n de libertad.

Es importante destacar que estos derechos y garant�as constitucionales se complementan con las disposiciones del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), que en su art�culo 12 reconoce, entre otros, los derechos a la integridad personal, la alimentaci�n adecuada, la comunicaci�n y vinculaci�n familiar, el acceso a servicios de salud, y la prohibici�n del aislamiento como castigo.

La Constituci�n (2008) en su art�culo 203 determina directrices fundamentales que regulan el funcionamiento del sistema de rehabilitaci�n social. En primer lugar, determina que la privaci�n de libertad solo procede mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, prohibiendo expresamente la detenci�n de civiles en instalaciones militares o policiales, lo que constituye una garant�a contra detenciones arbitrarias.

La norma constitucional enfatiza el car�cter integral de la rehabilitaci�n al disponer la implementaci�n obligatoria de programas educativos, laborales, productivos, de salud y recreaci�n, superando as� la concepci�n meramente punitiva del sistema penitenciario. La figura de los jueces de garant�as penitenciarias constituye un pilar fundamental en la protecci�n de los derechos de las personas privadas de libertad durante la ejecuci�n de la pena. Su rol se complementa con la obligaci�n constitucional del Estado de implementar medidas de acci�n afirmativa para los grupos de atenci�n prioritaria

Finalmente, el constituyente reconoce la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones efectivas de reinserci�n social y econ�mica postpenitenciaria, estableciendo as� un sistema integral que abarca desde la privaci�n de libertad hasta la reintegraci�n social (CRE, 2008, art. 203).

 

Derechos Constitucionales de las personas privadas de libertad en la normativa Penal Ecuatoriana

Las personas privadas de libertad (PPL) en Ecuador tienen derechos fundamentales protegidos tanto por la Constituci�n de la Rep�blica como por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el pa�s. Estos derechos est�n dise�ados para garantizar su dignidad, su integridad f�sica y mental, y el respeto por su humanidad, incluso en condiciones de privaci�n de libertad.

En la normativa penal ecuatoriana, se recogen diversos derechos fundamentales para las PPL, garantizando los derechos humanos bajo el marco constitucional y legal. A continuaci�n, se explican los principales derechos:

Derecho a condiciones de vida digna:

Este derecho implica que el Estado debe garantizar a las PPL el acceso a servicios b�sicos, como agua potable, instalaciones sanitarias, ventilaci�n y condiciones de habitabilidad, esto en espacios que cumplan normas de higiene y seguridad, que no atenten contra la salud o la dignidad de estas personas, as� como la alimentaci�n saludable o en condiciones de salubridad. Asimismo, se debe garantizar por parte de los responsables de los centros penitenciarios, la integridad f�sica, ps�quica, moral y sexual, por ello la prohibici�n de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido a nivel internacional.

La norma penal ecuatoriana recoge lo anteriormente mencionado en el Art�culo 4: Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de los derechos y ser�n tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos, con las limitaciones propias de la privaci�n de libertad que establezca la condena y la ley. (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014)

Acceso a la salud:

Las PPL tienen derecho a servicios de salud de igual forma que el resto de los habitantes en el Ecuador, estos deben incluir atenci�n m�dica oportuna y de calidad, medicamentos y tratamientos, as� como programas de prevenci�n de enfermedades. Y si en el caso que dentro de los centros penitenciarios no se garantizara, se puede dar libertad para que tengan atenci�n m�dica especializada, incluidos servicios de prevenci�n y rehabilitaci�n.

Art. 12 N�m. 11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa y de rehabilitaci�n, tanto f�sica como mental, oportuna, especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considerar�n las condiciones espec�ficas de cada grupo de la poblaci�n privada de libertad. (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014)

Educaci�n y reinserci�n social:

La Constituci�n garantiza el derecho a la educaci�n en todos los niveles como una herramienta clave para la rehabilitaci�n y reinserci�n social. Asimismo, los programas de capacitaci�n laboral buscan preparar a las personas privadas de libertad para su reinserci�n en la sociedad. El Estado debe garantizar que las PPL tengan participaci�n en actividades laborales, remuneradas o no, como parte del proceso de rehabilitaci�n social en los centros penitenciarios.

De igual forma, ya existen pol�ticas p�blicas y alianzas con universidades particulares, que facilitan el acceso a estudios universitarios de las PPL, pues se debe garantizar de todas formas el acceso a programas educativos en todos los niveles: inicial, b�sico, bachillerato y superior, o tambi�n el desarrollo de programas de alfabetizaci�n y formaci�n t�cnica.

Art. 12 N�m. 4. Trabajo, educaci�n, cultura y recreaci�n: el Estado reconoce el derecho al trabajo, educaci�n, cultura y recreaci�n de las personas privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo podr� desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y comerciales. (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014)

Comunicaci�n y contacto con el exterior:

Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse con sus familiares y con sus abogados particulares de confianza, a fin de que mantengan v�nculos afectivos y facilitar su reinserci�n social toda vez que hayan cumplido su condena, por ello tienen derecho a recibir visitas de sus familiares, amigos, y profesionales del derecho, y en caso de que esto se dificulte por razones ajenas a la voluntad de las PPL, ellos tienen derecho al uso de medios de comunicaci�n como llamadas telef�nicas, cartas y videollamadas.

Dentro de esta garant�a, se cuenta y se debe cumplir el derecho a la defensa y al debido proceso, por ello las PPL tienen derecho a acceder a su abogado defensor en cualquier etapa del proceso penal, a fin de que por intermedio de ello sea informado sobre los procedimientos y las resoluciones judiciales referente a sus intereses, asimismo podr�n presentar denuncias sobre vulneraciones a sus derechos ante las autoridades competentes, y que estas tengas respuestas oportunas.

Art. 12 N�m. 9. Quejas y peticiones: la persona privada de libertad tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privaci�n de libertad, a la o al juez de garant�as penitenciarias y a recibir respuestas claras y oportunas. (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014)

Protecci�n frente a violencia y abusos:

El Estado tiene la obligaci�n de garantizar la seguridad dentro de los centros penitenciarios y proteger a los internos de cualquier forma de violencia, ya sea por parte de otros internos o de los funcionarios del Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, para as� proteger a las PPL de cualquier forma de discriminaci�n por razones de raza, g�nero, religi�n, orientaci�n sexual, condici�n econ�mica, o cualquier otra.

La autora Gonz�lez manifest� que:

Los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad est�n restringidos con el �nimo de salvaguardar el orden p�blico y la armon�a social. En este sentido, se trata de proteger al convicto y de que conserve sus derechos fundamentales con las limitaciones que expresamente consten en la sentencia condenatoria, en el sentido de la pena y en la norma penitenciaria. (Gonz�lez, 2018).

En conclusi�n, los derechos de las personas privadas de libertad a nivel penal est�n orientados a garantizar su dignidad, integridad y acceso a condiciones adecuadas, incluso en situaci�n de reclusi�n. Aunque no pierden sus derechos fundamentales, la limitaci�n inherente a la privaci�n de libertad debe ser proporcional y respetuosa de su humanidad.

 

Resultados

Las personas privadas de la libertad son un grupo prioritario que requiere protecci�n jur�dica proveniente de la Constituci�n ecuatoriana y normas internacionales de derechos humanos. Esta clasificaci�n no es solo una formalidad, sino que busca asegurar una protecci�n mayor para aquellos que, por estar recluidos, se hallan en un estado de especial vulnerabilidad. 

La detenci�n, como acci�n judicial, solo limita la libertad de movimiento de la persona, preservando su dignidad y los derechos fundamentales. El sistema de rehabilitaci�n social en Ecuador, desde su base constitucional, va m�s all� del enfoque punitivo, adoptando un modelo integral que debe concretarse en programas educativos, laborales, productivos y de salud. 

No obstante, la situaci�n del sistema penitenciario en Ecuador muestra una grave crisis estructural marcada por el hacinamiento, la violencia dentro de las c�rceles y la falta de recursos. Esta circunstancia infringe no solo los mandatos constitucionales, sino tambi�n los compromisos internacionales del Estado en derechos humanos. 

En este contexto, excluir a las personas privadas de libertad de grupos prioritarios ser�a inconstitucional y regresivo en derechos humanos. El Estado, en vez de aceptar esta exclusi�n, debe reforzar las pol�ticas p�blicas y destinar los recursos requeridos para asegurar una rehabilitaci�n social efectiva que respete el mandato constitucional de reinserci�n social. 

La resoluci�n de la crisis carcelaria no est� en reducir garant�as, sino en mejorar el sistema de rehabilitaci�n social con pol�ticas que aborden las causas de la violencia y las barreras a la reinserci�n. 

 

Metodolog�a de la investigaci�n

Revisi�n Bibliogr�fica:

Se llev� a cabo una exhaustiva revisi�n bibliogr�fica de fuentes acad�micas, jur�dicas y cient�ficas relacionadas con las personas privadas de la libertad, los derechos de la libertad, la jurisprudencia nacional e internacional y la legislaci�n constitucional y legal de Ecuador. Esta revisi�n proporcionar� una base te�rica s�lida para el an�lisis y la discusi�n de los hallazgos.

An�lisis Jur�dico:

Se realiz� un an�lisis detallado de la legislaci�n, la jurisprudencia y los precedentes relevantes relacionados con las personas privadas de la libertad en Ecuador. Esto incluir� la revisi�n de leyes, regulaciones y decisiones judiciales pertinentes, as� como la identificaci�n de posibles lagunas, inconsistencias o �reas de mejora en el marco legal existente.

An�lisis Comparativo:

Se llev� a cabo un an�lisis comparativo de la legislaci�n y las pol�ticas relacionadas con las personas privadas de la libertad en Ecuador, en otros pa�ses de la regi�n y a nivel internacional. Esto permitir� identificar buenas pr�cticas, lecciones aprendidas y posibles �reas de mejora para la legislaci�n y la pol�tica en Ecuador.

An�lisis �tico y Constitucional:

Se realiz� un an�lisis �tico y constitucional de las implicaciones de las personas privadas de la libertad en Ecuador, considerando los principios fundamentales de derechos humanos, igualdad, autonom�a y dignidad humana consagrados en la Constituci�n ecuatoriana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Conclusiones

      1.            Estos derechos deben ser cumplidos y respetados dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, los mismos son supervisados por Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, sin embargo, su efectivo cumplimiento enfrenta desaf�os como el hacinamiento carcelario, la violencia carcelaria y la insuficiencia de recursos econ�micos.

      2.            La situaci�n de las personas privadas de libertad en Ecuador es precaria, pues ya fueron conocidas las masacres y crisis carcelarias en los �ltimos tiempos, por lo que se debe existir que se asigne m�s recursos econ�micos para que con ello se puedan superar los desaf�os antes mencionados.

      3.            En referencia a si se podr�a excluir a las personas privadas de libertad de los grupos de atenci�n prioritaria en Ecuador, no es posible por cuanto este pa�s ha reconocido y ratificado tratados internacionales, que respetan y reconocen derechos humanos a estas personas, se habla de una protecci�n a ellos por ser personas que han perdido su libertad, mas no la vida ni su dignidad.

 

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