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La indebida aplicaci�n de la prisi�n preventiva como medida cautelar en los procesos tramitados en el cant�n Ca�ar

 

The improper application of preventive detention as a precautionary measure in the processes processed in the Ca�ar canton

 

A aplica��o indevida da pris�o preventiva como medida cautelar nos processos tramitados no cant�o de Ca�ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: adriana.santacruz.20@est.ucacue.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 23 de abril de 2024 *Aceptado: 11 de mayo de 2024 * Publicado: �19 de junio de 2024

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Resumen

La investigaci�n tuvo como objetivo principal examinar la aplicaci�n indebida de la prisi�n preventiva como medida cautelar en los procesos llevados a cabo en el cant�n Ca�ar durante los a�os 2022 y 2023, con el fin de determinar su impacto en la libertad de los implicados. Se emple� un enfoque exploratorio-descriptivo, utilizando m�todos inductivos, deductivos, proyectivos, anal�ticos y sint�ticos para analizar exhaustivamente los procesos en los que los individuos estuvieron privados injustamente de su libertad bajo prisi�n preventiva. La investigaci�n se centr� en el an�lisis bibliogr�fico, revisi�n documental del marco normativo y doctrinario, y en el an�lisis de casos procesados por los jueces de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cant�n Ca�ar y del Tribunal II de Garant�as Penales del Ca�ar. Los resultados revelan que, si bien el Estado ecuatoriano ha establecido normativas para prevenir el abuso de la prisi�n preventiva, persiste la exigencia del arraigo social, lo que perjudica a los ciudadanos m�s vulnerables. Del an�lisis de los casos en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Ca�ar, se identific� que el 12% del total de casos estudiados involucraban a personas inocentes afectadas por la prisi�n preventiva, lo que sugiere la existencia de individuos injustamente afectados por esta medida cautelar.

Palabras Clave: Prisi�n; Preventiva; Libertad; Derecho; Medida cautelar.

 

Abstract

The main objective of the investigation was to examine the improper application of preventive detention as a precautionary measure in the processes carried out in the Ca�ar canton during the years 2022 and 2023, in order to determine its impact on the freedom of those involved. An exploratory-descriptive approach was used, using inductive, deductive, projective, analytical and synthetic methods to exhaustively analyze the processes in which individuals were unjustly deprived of their liberty under preventive detention. The research focused on bibliographic analysis, documentary review of the regulatory and doctrinal framework, and the analysis of cases processed by the judges of the Multicompetent Criminal Judicial Unit of the Ca�ar Canton and the Court II of Criminal Guarantees of Ca�ar. The results reveal that, although the Ecuadorian State has established regulations to prevent the abuse of preventive detention, the requirement for social roots persists, which harms the most vulnerable citizens. From the analysis of the cases in the Multicompetent Criminal Judicial Unit of Ca�ar, it was identified that 12% of the total cases studied involved innocent people affected by preventive detention, which suggests the existence of individuals unjustly affected by this precautionary measure.

Keywords: Prison; Preventive; Freedom; Right; Caution.

 

Resumo

O objetivo principal da investiga��o foi examinar a aplica��o indevida da pris�o preventiva como medida cautelar nos processos realizados no cant�o de Ca�ar durante os anos de 2022 e 2023, a fim de determinar seu impacto na liberdade dos envolvidos. Utilizou-se uma abordagem explorat�rio-descritiva, utilizando m�todos indutivos, dedutivos, projetivos, anal�ticos e sint�ticos para analisar exaustivamente os processos em que os indiv�duos foram privados injustamente de liberdade sob pris�o preventiva. A pesquisa centrou-se na an�lise bibliogr�fica, na revis�o documental do marco regulat�rio e doutrin�rio e na an�lise dos casos tramitados pelos ju�zes da Unidade Judicial Penal Multicompetente do Cant�o de Ca�ar e do Tribunal II de Garantias Penais de Ca�ar. Os resultados revelam que, embora o Estado equatoriano tenha estabelecido regulamentos para prevenir o abuso da pris�o preventiva, persiste a exig�ncia de ra�zes sociais, o que prejudica os cidad�os mais vulner�veis. A partir da an�lise dos casos da Unidade Judici�ria Penal Multicompetente de Ca�ar, identificou-se que 12% do total de casos estudados envolveram pessoas inocentes afetadas pela pris�o preventiva, o que sugere a exist�ncia de indiv�duos afetados injustamente por esta medida cautelar.

Palavras-chave: Pris�o; Preventivo; Liberdade; Direito; Cuidado.

 

Introducci�n

Entre los principios universalmente aceptados en materia penal y reconocidos en nuestra legislaci�n encontramos la presunci�n de inocencia, que implica que toda persona deber� ser tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia ejecutoriada, por lo tanto, es inocente, el procesado, el acusado y el condenado mientras la sentencia no se encuentre en firme.

Sin embargo, durante la tramitaci�n del proceso penal este estado jur�dico puede entrar en colisi�n con ciertas figuras admitidas por el Derecho Penal, como ocurre con la prisi�n preventiva, medida cautelar que debe ser apreciada como una medida excepcional, ya que al ser el Ecuador un estado de derecho, el trato que merece todo justiciable es de inocente.

Una persona contra quien se dicta prisi�n preventiva y la misma se efectiviza pierde su bien m�s preciado, la libertad, ingresando a un fallido sistema carcelario, gobernado por las mafias que lo controlan, como secreto a voces ante la crisis observada pasivamente por las autoridades, teniendo como consecuencia devastadora las violaciones de sus derechos humanos, incluso de aquellas personas que la ley considera a�n como inocentes.

Por lo tanto, es una medida cautelar de car�cter personal que perturba el derecho a la libertad de la manera m�s insensible, buscando proteger el �xito del proceso penal, se aplica siempre y cuando las medidas alternativas a la prisi�n preventiva no cumplan con la finalidad requerida. En este contexto, nace la siguiente interrogante de investigaci�n �Qu� ocurre con el uso indebido de la prisi�n preventiva? El objetivo de este trabajo acad�mico radica en analizar la indebida aplicaci�n de la prisi�n preventiva como medida cautelar en los procesos tramitados en el cant�n Ca�ar durante los a�os 2022 y 2023, permitiendo conocer que existen procesados que han sido afectados injustamente al perder su libertad individual, por haberse dictado en su contra la medida cautelar de prisi�n preventiva recibiendo al final del proceso sentencia que confirma su inocencia o auto de sobreseimiento, ser�a un dato que nos permitir� determinar su correcta o indebida aplicaci�n, pero debemos necesariamente delimitar un espacio geogr�fico en el que se administre justicia y para ello se tendr� en consideraci�n la jurisdicci�n del cant�n Ca�ar en materia penal.

El tema propuesto busca en primer t�rmino investigar los fundamentos te�ricos, doctrinarios y legales que regulan la instituci�n jur�dica de la prisi�n preventiva en el ordenamiento jur�dico del Ecuador, para conocer a cabalidad los principios y fundamentos que sostienen esta figura de delicada aplicaci�n, con un conocimiento cabal del tema se proceder� posteriormente a analizar los procesos penales tramitados en la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cant�n Ca�ar durante el a�o 2022-2023, a fin de conocer el desenlace de la sentencia en los casos en los que haya dictado la prisi�n preventiva; todo ello para dar a conocer los resultados obtenidos a fin de demostrar la indebida aplicaci�n de la prisi�n preventiva y la afecci�n al derecho de la libertad individual de los procesados.

 

Referencial te�rico

�Qu� es la prisi�n preventiva?:

Es indispensable partir de la premisa que todos los seres humanos nacen libres, que el derecho a la libertad es connatural a la naturaleza humana, y que el mismo otorga un abanico de posibilidades inconmensurables para desarrollar nuestro proyecto de vida, y en efecto la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, (1948) en su art�culo N�1, dispone lo siguiente: �Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como est�n de raz�n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.� (p.2). Al vivir en sociedad esta libertad encuentra l�mites estrictos que deben ser respetados a cabalidad, a fin de que los derechos de los dem�s ciudadanos no ingresen en conflicto alguno, viviendo arm�nicamente en un estado de derecho.

Seg�n Ferrajoli (2018): �El derecho penal es el terreno en el que se construy� el paradigma del estado de derecho y de la democracia liberal como sistema de l�mites a la ley del m�s fuerte� (p.32). Cuando estos l�mites no son respetados, el estado interviene sancionando severamente al infractor y en el �mbito penal, priv�ndole de su libertad por el ataque al bien jur�dico protegido.

Seg�n el Diccionario Jur�dico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres (1993) se entiende por prisi�n y prisi�n preventiva, lo siguiente: �PRISION. En general, acci�n de prender, coger, asir o agarrar.� PREVENTIVA. �La que durante la tramitaci�n de una causa penal se decreta por resoluci�n de juez competente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y por razones de seguridad.� (p.257). Adem�s, la prisi�n preventiva es considerada seg�n Rifa, Gonz�lez y Ria�o (2006) como:

La prisi�n provisional es una medida cautelar de privaci�n de libertad, adoptada durante el curso de un proceso penal, de aplicaci�n subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que constitucionalmente la justifican y delimitan, que en esencia son asegurar la ejecuci�n de la sentencia que se dicte. No tiene finalidad de anticipaci�n de la pena, ni es un medio impulsor de la investigaci�n criminal, ya que ello pugnar�a con la naturaleza cautelar de la medida. (p 234).

Es as� que la prisi�n preventiva puede ser entendida como aquella instituci�n jur�dica que permite que un ser humano sea detenido e ingresado a un centro de rehabilitaci�n social, al estar procesado en una causa penal en la que existen serias presunciones sobre la existencia del delito y de su responsabilidad, antes de recibir una sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada, por orden leg�tima de un juez competente, y por el tiempo determinado. en la norma, seg�n Rodr�guez, (2023):

La prisi�n preventiva, la detenci�n con fines investigativos y cualquier otro tipo de medida cautelar, deber ser considerada una medida excepcional, pues antes y durante el proceso, el Estado debe dar un trato de inocencia o de no culpabilidad al ciudadano como manifestaci�n espec�fica del Estado de Derecho. (p.227).

 

La prisi�n preventiva en la legislaci�n ecuatoriana

El derecho a la libertad permite a los habitantes de la rep�blica del Ecuador a transitar libremente por su territorio, a menos que por orden judicial exista una restricci�n a esta libertad emitida por un Juez de Garant�as Penales, orden que debe estar debidamente motivada y cumplir con las exigencias legales. En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano encontramos regulada a la prisi�n preventiva a partir del Art�culo534 del C�digo Org�nico Integral Penal en adelante y es indispensable analizar como el legislador ha regulado esta instituci�n dentro del C�digo Org�nico Integral Penal (2014), que en su art�culo 534, inciso I, dispone:

La prisi�n preventiva es una medida cautelar personal excepcional, debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, bajo criterio de �ltima ratio, y podr� ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es �til y eficaz.

El texto transcrito dice que la prisi�n preventiva es en primer t�rmino una medida cautelar, al respecto la Revista UNIR (2022), menciona lo siguiente: �Las medidas cautelares son un instrumento al alcance de los jueces y tribunales para garantizar la eficacia de un proceso y la correcta ejecuci�n de una sentencia� (p.1). En este sentido es una herramienta jur�dica que puede ser adoptada por los jueces y tribunales para asegurar y garantizar el normal desarrollo de un proceso y el cumplimiento de una sanci�n.

Tiene como caracter�stica que es de orden personal, por lo tanto, afecta a la libertad de la persona procesada y es una medida excepcional, adoptada bajo el criterio de ultima ratio, como lo ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (1966) en su art�culo N�3:

�Toda persona detenida o presa a causa de una infracci�n penal ser� llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendr� derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisi�n preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podr� estar subordinada a garant�as que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecuci�n del fallo.

Es decir, la misma ser� dictada cuando no sea posible asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el eventual cumplimiento de la pena con otra media cautelar, teniendo presente que ser� impuesta siempre bajo el criterio de ultima ratio.

�Cu�l es la finalidad que persigue la prisi�n preventiva?:

En el inciso II del art�culo 534 del C�digo Org�nico Integral Penal se establece la finalidad de esta instituci�n, que en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano responde solamente a dos criterios:

      1.            Garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y

      2.            El cumplimiento de la pena.

Por ello es menester, mencionar que solamente para lograr estos dos prop�sitos se podr� ordenar la prisi�n preventiva,� por cuanto la finalidad que persigue es vincular al procesado al proceso, porque si bien en la etapa de Instrucci�n y en la etapa de Evaluaci�n y preparatoria de juicio, no es necesaria la presencia del procesado, es suficiente en garant�a de su defensa t�cnica la comparecencia de su abogado de confianza o en su defecto de un abogado de la Defensor�a P�blica, pero en caso de que en el proceso se emita un dictamen acusatorio y el procesado se encuentre pr�fugo es imposible que se inicie la etapa de Juicio hasta su captura o su presentaci�n voluntaria, declar�ndose suspendida dicha etapa.

Otro escenario puede ocurrir ante un Tribunal de Garant�as Penales radica que el acusado no acuda a la audiencia de juicio sin justa causa, ante ello no es posible juzgarle en ausencia, salvo los casos excepcionales estrictamente determinados en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador en su art�culo 233. Seg�n Vaca, Andrade (2006) refiere:

Sea en el plenario de antes, o en la etapa del Juicio de ahora, es indispensable la presencia del encausado para que se respete de manera efectiva la garant�a del debido proceso, principalmente, la posibilidad de que, sobre la base de la contradicci�n, el acusado pueda ejercer su derecho a la defensa.

Todo ello por cuanto la Etapa de Juicio, es la fase m�s importante del proceso penal, en donde los principios de contradicci�n, oralidad, publicidad, inmediaci�n toman vida, el acusado ejercer� todas las potestades permitidas para sustentar su defensa, ya que su libertad es la que est� en juego.

La otra finalidad analizada, esto es el cumplimiento de la pena, se efectuar�a sin contratiempo alguno en caso de que se dicte en contra del procesado una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, por cuanto esta medida cautelar ya afecto la libertad del sentenciado, a la pena privativa de la libertad obviamente se le descontar� el tiempo que estuvo privado de su libertad por la medida cautelar de prisi�n preventiva, y el aparataje estatal no tendr�a que desplegar ning�n esfuerzo para lograr el cumplimiento de la pena.

En efecto, en nuestra legislaci�n son estas las �nicas finalidades que se persiguen al dictar la prisi�n preventiva, por cuanto es la prisi�n de un inocente, mientras no se demuestre lo contrario, por ello ante cualquier alegaci�n hecha por la Fiscal�a en que fundamente su petici�n al mencionar que el procesado podr�a obstaculizar la actividad investigativa, con el ocultamiento o deformaci�n de evidencia, que es necesario procurar por la seguridad de la v�ctima, y en fin otros argumentos, los mismos no podr�n ser un criterio admitido por el juzgador para sustentar el peligro procesal, para esos fines existen los recaudos procesales necesarios, pero la privaci�n de la libertad bajo la prisi�n preventiva no contempla dichas finalidades.

Ahora bien, conocida la finalidad de la prisi�n preventiva la misma podr� ser solicitada exclusivamente por el fiscal de la causa al Juez o Tribunal de Garant�as Penales dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre el proceso, dicha petici�n se sustentar� en audiencia,� procede solamente en los delitos de acci�n penal p�blica, pero dicha petici�n necesariamente deber� estar fundamentada, cuando se conjuguen los requisitos de fondo que determina el art�culo 534, inciso segundo, numerales 1, 2, 3, y 4del C�digo Org�nico Integral Penal, requisitos que son analizados a continuaci�n:�

      1.            Elementos de convicci�n suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio p�blico de la acci�n

�Las evidencias obtenidas y recolectadas, las versiones receptadas, las pericias efectuadas y m�s diligencias investigativas necesariamente deber�n tener capacidad de deducir la existencia de un delito de acci�n penal p�blica por el que se procesa al justiciable, es decir los indicios necesariamente ser�n suficientes para presumir la existencia de un delito de acci�n penal p�blica, deben conducir a la existencia de la infracci�n, no basarse el juez en meros supuestos, sospechas, etc. Seg�n Vaca, Andrade (2015) conceptualiza a los indicios mencionando lo siguiente:

Los indicios �de los cuales se llega mediante un procedimiento l�gico a contar con elementos de convicci�n-, son, entonces, se�ales claras, o fen�menos que permiten conocer o inferir la existencia de un hecho no percibido. Como ya dijimos, la sospecha no es un indicio, pues no tiene el mismo estado de firmeza o duda positiva; el indicio es una de las pruebas indirectas o semiplenas que tiene una calidad m�s determinante y espec�fica que la simple sospecha, que es vaga y difusa, y en todo caso, carente de fundamentos.

�Por ello la simple sospecha no tendr� fundamento alguno al momento que el juez decida

en otorgar o no la medida cautelar analizada, necesariamente debe existir indicios de que la conducta se ha exteriorizado al mundo, que sus efectos han sido percibidos por los sentidos y no se sustente en aspectos subjetivos.

      2.            Elementos de convicci�n claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o c�mplice de la infracci�n. En todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye raz�n suficiente para ordenar la prisi�n preventiva

Este segundo requisito exige que los elementos de convicci�n que sustenten la autor�a o complicidad en la comisi�n del delito sean claros; es decir, que tengan un hilo conductor entre el delito y la responsabilidad del procesado, sin que admita lugar a oscuridades, que estos sean precisos, por lo tanto cabales, exactos no meras sospechas sino una evidencia, peritaje, en fin que vincule al procesado con la comisi�n de la infracci�n; y, por �ltimo que sean justificados, que los elementos de convicci�n tengan la capacidad de que el juzgador los admita, los comprenda y fundamente su resoluci�n, vinculando lo que expresa el elemento de convicci�n y la responsabilidad el procesado, que los mismos tengan necesariamente el potencial de presumir que el procesado ser� llevado a la etapa de juicio.

En este punto analizado los requisitos que demanda la fundamentaci�n de la prisi�n preventiva, es necesario resaltar lo que dispone y recalca en art�culo 534, inciso tercero el C�digo Org�nico Integral Penal (2014): �En los requisitos descritos en los n�meros 1 y 2, el parte policial no constituye ning�n elemento de convicci�n ni ser� fundamento para solicitar o conceder la prisi�n preventiva. El parte policial es exclusivamente referencial.�

Esta precisi�n que hace la norma con referencia al parte policial, impone a mi criterio que no podr� ser el� parte policial el ��nico� elemento de convicci�n con el que cuente la Fiscal�a para formular cargos en los casos de flagrancia, argumentando que por la premura del tiempo se han dispuesto las diligencias de rigor, m�s sin embargo no se tienen a�n los informes respectivos, por ello la norma limita tajantemente que sea considerado el parte policial como elemento de convicci�n para sustentar la petici�n por parte de Fiscal�a y mucho menos que sea un elemento de convicci�n en el que se fundamente el juez en su motivaci�n para conceder la prisi�n preventiva.

 

 

 

      3.            Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la

libertad son insuficientes y que es necesaria la prisi�n preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena

Es necesario que el fiscal fundamente �por qu�? las otras medidas alternativas a la prisi�n preventiva no son suficientes para asegurar la comparecencia a juicio del procesado y un posible cumplimiento de la pena, aqu� se valora el llamado riesgo procesal.

No cabe duda que necesariamente debe existir un riesgo procesal para que el juzgador emita la orden de prisi�n preventiva, caso contrario no se formular�a medida cautelar alguna, pero este riesgo procesal, conocido tambi�n como peligro procesal necesariamente debe ser de tal gravedad que permita emitir la prisi�n preventiva, al efecto el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (2021) menciona:

Es necesario que la jueza o el juez analice razonada y objetivamente, todas y cada una de las circunstancias del caso concreto, que le permitan llegar a la conclusi�n de que prisi�n preventiva es id�nea, necesaria y proporcional, debido a que las dem�s medidas cautelares personales son insuficientes para evitar el riesgo procesal. (p.12).

En este contexto, es importante la siguiente interrogante �Qu� comprende el peligro procesal?, seg�n Krauth, Stefan (2018): �Por ende, el concepto del peligro procesal tiene dos componentes: la probabilidad de la �non-presencia� (peligro de fuga como riesgo procesal en el sentido estricto) y la gravedad de delito�. No obstante, el art�culo 534 del C�digo Org�nico Integral Penal dispone que debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto, por lo que cada caso tendr� sus particularidades que demuestren si existe o no riesgo procesal.

Entonces �c�mo demostrar que en efecto el riesgo procesal existe? esta tarea deber� llevar adelante el fiscal en consideraci�n a que cada caso es peculiar, pero el inconveniente es que el riesgo es un supuesto que puede o no ocurrir en el futuro, lo que no podemos demostrar, pero se debe centrar en la tarea en demostrar las circunstancias de las que se deduce el riesgo y el juzgador debe necesariamente evaluar el riesgo procesal y su predicci�n al disponer la prisi�n preventiva, pero no hay l�gica en presumir que a mayor pena, mayor es el riesgo de fuga, si se admitiera esta premisa el legislador nacional hace muchos a�os atr�s lo hubiera dispuesto en la norma penal, y se tendr�a un faro que iluminaria notablemente a los juzgadores como criterio rector para emitir la prisi�n preventiva.

Como ejemplo podemos mencionar el caso de un campesino, que se encuentra procesado por un delito robo ocurrido en su comunidad, quien se dedicaba a la crianza de ganado menor, aves de corral, en fin, y para mantener su negocio ped�a dinero a los comuneros para el alimento y medicinas de sus animales, sin embargo, al estar procesado ha perdido la confianza de sus coterr�neos, sin dinero para mantener su negocio, no le queda m�s que acudir a la feria de ganado y vender sus animales de crianza, aquello en el caso concreto no podr�a ser considerado un riesgo procesal, porque en su comunidad nadie conf�a en �l para acceder a cr�ditos, no tiene manera de mantener su negocio, no tiene otra opci�n, m�s que vender a estos animales que no soportan el hambre.

Diferente ser�a el caso de un empresario que est� involucrado en un delito de estafa masiva en un proyecto de vivienda popular, en el que las acciones de esta empresa constructora han sido ya vendidas, hay movimientos bancarios fuertes de salidas de divisas y ha adquirido pasajes a�reos a Panam�, para que realiza todos estos movimientos, acaso para huir del pa�s, el juez tiene la ardua tarea de valorar el riesgo procesal.

�Los elementos de convicci�n sobre el riesgo procesal que se presente al juzgador, ser�n valorados por �l, en la medida que estos tengan el potencial de presumir que el riesgo procesal es tan grave que no exista otra medida cautelar que pueda cumplir con este fin y que el mismo no se puede vencer si no solamente con la prisi�n preventiva.

Tradicionalmente por costumbre jur�dica se ha instaurado el llamado arraigo social, familiar, laboral como una obligaci�n que debe justificar el procesado a fin de evitar la prisi�n preventiva, todo ello buscando demostrar que tiene un v�nculo con la sociedad de buena conducta; que es miembro de una familia de la que en muchas ocasiones procura su manutenci�n, protecci�n y cuidado, que laboralmente ejerce una actividad productiva o econ�mica que permite su sustento, y en ocasiones juzgadores han motivado su decisi�n mencionando que el procesado no ha demostrado arraigo social alguno o suficiente, exigiendo un requisito que no es dispuesto por la norma, conociendo que en materia penal rige la interpretaci�n literal.

La Corte Constitucional del Ecuador se ha pronunciado sobre lo discriminatorio que resulta este concepto generalizado de �arraigo social�, expedido en la Sentencia N� 8-20-CN por el Juez Constitucional Ramiro �vila Santamar�a (2021) en su voto concurrente refiere lo siguiente:

Un par�ntesis con el famoso y popular �arraigo�, que es una pr�ctica procesal generalizada y perversa en el Ecuador. El arraigo no est� contemplado en la ley. A alguien se le ocurri� que, si una persona demuestra tener domicilio o trabajo estable, entonces no hay peligro de fuga. Por el contrario, si no tiene domicilio ni trabajo (no tiene arraigo), se presume el peligro de fuga. Si no hay el supuesto arraigo, en la pr�ctica se ha vuelto obligatoria la prisi�n preventiva. Pr�ctica discriminatoria y, por eso, inconstitucional. Resulta que la gran mayor�a de personas pobres, que no tienen domicilio ni trabajo formal, corren el riesgo de ir a la c�rcel sin condena. No es justo. La vida es dif�cil para la gente m�s excluida. No puede ser que las pr�cticas procesales la empeoren cuando se las procesa penalmente (p�rr. 20).

El criterio citado describe la realidad procesal a la que se enfrentan los que viven en la pobreza, quienes d�a a d�a trabajan en muchas ocasiones para sobrevivir junto a su familia, y pedirles que demuestren un trabajo fijo, propiedades a su nombre, certificados de honorabilidad de personas reconocidas, es discriminatorio a todas luces, pr�ctica procesal que afecta a los m�s desamparados, que generalmente son el blanco perfecto de la prisi�n preventiva.

      4.            Que se trate de una infracci�n sancionada con pena privativa de libertad superior a un a�o

En este requisito estrictamente debe observarse la pena privativa de la libertad con la que� se sanciona al tipo penal por el que se le procesa al justiciable, si es inferior a un a�o no puede otorgarse la misma, esto es normado con rigurosidad, estableciendo un l�mite temporal por cuanto dada la gravedad de la medida cautelar no puede afectarse a la libertad del procesado en delitos cuya pena no supere el a�o, es comprensible,� por cuanto un proceso pese a la relativa agilidad que� hoy rige en el sistema de administraci�n de justicia� bajo el sistema penal oral y acusatorio tiene una serie de pasos que necesariamente llevan tiempo y con recursos procesales, rebasar�a el a�o al que se podr�a sentenciar al procesado, por ello el legislador ha determinado un freno procesal en consideraci�n a la pena que enfrenta el delito.

Revocatoria, sustituci�n y cauci�n en la Prisi�n Preventiva:

Esta medida cautelar no es una decisi�n inamovible admite ser revocada, siempre y cuando concurran las causales se�aladas en el art�culo 535 del C�digo Org�nico Integral Penal (2014), que dispone:

      1.            Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicci�n que la motivaron.

      2.            Cuando la persona procesada ha sido sobrese�da o ratificado su estado de inocencia.

      3.            Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podr� ordenar nuevamente la prisi�n preventiva.

      4.            Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida.

Analizando cada una de las causales podemos llegar a la conclusi�n siguiente:

      1.            Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicci�n que la motivaron.

Es una consecuencia l�gica que si el antecedente constituido por los elementos de convicci�n tanto sobre la existencia de la infracci�n y la responsabilidad del procesado, que sirvi� de sustento para su emisi�n desaparece no hay fundamento para que esta medida tan gravosa se mantenga.

      2.            Cuando la persona procesada ha sido sobrese�da o ratificado su estado de inocencia.

Necesariamente en caso de que se dicte a favor del procesado un auto de sobreseimiento o una sentencia que ratifique su inocencia debe recuperar inmediatamente su libertad, porque es inocente y un inocente no puede estar privado de su derecho fundamental de libertad.

      3.            Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podr� ordenar nuevamente la

prisi�n preventiva.

La prisi�n preventiva tiene un l�mite temporal en su duraci�n no puede exceder de seis meses en los delitos sancionados con pena inferior a cinco a�os y de un a�o en delitos sancionados con una pena privativa de la liberad mayor a cinco a�os, por mandato constitucional y legal, cuyos l�mites temporales los encontramos determinados seg�n el art�culo 77, numeral9 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), cuyo texto dispone:

Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisi�n preventiva no podr� exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisi�n, ni de un a�o en los casos de delitos sancionados con reclusi�n. Si se exceden estos plazos, la orden de prisi�n preventiva quedar� sin efecto.

Asimismo, el art�culo541 del C�digo Org�nico Integral Penal (2014) sobre la caducidad contempla lo siguiente:

La caducidad de la prisi�n preventiva se regir� por las siguientes reglas: 1. No podr� exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco a�os. 2. No podr� exceder de un a�o, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco a�os.

Pero en caso que se rebase el tiempo permitido, la prisi�n preventiva caduca, y como sanci�n por no haberle juzgado en el tiempo permitido legalmente el procesado inmediatamente recupera la libertad, enfrentando ser�as sanciones administrativas quien haya ocasionado dicha caducidad. En este punto es necesario resaltar el criterio emitido por Enrique Herrer�a Bonnet, como Juez Ponente de la Corte Constitucional en la sentencia 2583-19-EP/23, (Sentencia 2583-19-EP/23, 2023), quien refiere:

Al respecto, un proceso penal se compone de diversas actuaciones procesales y aun cuando se encuentra dividido por varias etapas, comporta un todo en el que se busca determinar si cierta acci�n u omisi�n constituye delito o no. En este sentido, cuando en un proceso se dictan varias �rdenes de prisi�n preventiva respecto de un mismo procesado, ya sea en la misma etapa o en diferentes etapas de �ste, el plazo de caducidad de la medida cautelar se contabilizar� como una sola, ya que se trata de la misma medida, pero plasmada a trav�s de distintas �rdenes de prisi�n preventiva. Por ende, incluso si es que en determinada etapa se revoc� o sustituy�, aquello no constituye un factor que interrumpa su conteo. (p�rr. 39).

Por ello todos los d�as que este privado de la libertad el procesado, se contabilizar�n para la caducidad de la prisi�n preventiva; sin importar la etapa procesal en la que se haya dictado la orden de detenci�n, o si se ha revocado o sustituido dicha medida, no la interrumpe.

      4.            Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida.

La nulidad seg�n el diccionario Panhisp�nico (2023), es definida como: �Invalidez, declarada por el �rgano competente, de un acto, contrato, resoluci�n o procedimiento, por concurrir alguna de las causas establecidas en las leyes. Puede declararse de oficio, es imprescriptible e insusceptible de convalidaci�n o sanaci�n�

Es sin duda la nulidad un remedio procesal que se aplica siempre que se haya violado el tr�mite de rigor y se haya dejado en indefensi�n a las partes procesales vulnerando el debido proceso, por ello todo lo que nace dentro de este marco de ilegalidad y vulneraci�n de derechos carece de validez, que afecta sin duda alguna a la prisi�n preventiva.

La prisi�n preventiva admite la figura de ser suspendida por una cauci�n� que ser�a fijada por el juez de conformidad con el riesgo procesal del caso que se ventila y tambi�n puede ser sustituida ante lo resuelto por la Corte Constitucional en su Sentencia N� 8-20-CN cuando el procesado enfrenta un proceso cuya pena privativa de la libertad supera los cinco a�os, todo ello gracias a la consulta de inconstitucionalidad del art�culo 536 del C�digo Org�nico Integral Penal, pero ante la reincidencia no se puede sustituir esta medida por una medida alternativa a la prisi�n preventiva y en caso de que se incumpla medida cautelar alternativa a la prisi�n preventiva, se� ordenar� nuevamente la misma en contra del procesado.

 

Casos especiales

La legislaci�n penal contempla casos considerados como especiales en que no resulta factible otorgar la prisi�n preventiva, as� el fiscal fundamente en debida forma todos los requisitos de fondo de la petici�n de prisi�n preventiva, o que dictada la medida de prisi�n preventiva permite su sustituci�n por acontecer alguno de los casos especiales que se mencionan a continuaci�n, esto ocurre eminentemente por el car�cter valorativo del Derecho Penal, siendo los casos especiales los siguientes seg�n el Art. 537 del C�digo Org�nico Integral Penal:

      1.            Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los noventa d�as posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podr� extenderse hasta un m�ximo de noventa d�as m�s.

Es un hecho indiscutible que las prisiones son espacios que no cuentan con la accesibilidad a los servicios p�blicos necesarios para que una mujer en estado de gravidez pueda llevar adelante un embarazo a feliz t�rmino, y adem�s emocionalmente al gestar un nuevo ser en esas condiciones ser�a devastador, menos a�n enfrentar el parto en un centro de privaci�n de libertad, dos grupos de atenci�n prioritaria por mandato constitucional se protege en este caso especial, las mujeres embarazas y por otro lado aquellos ni�os, que a ajenos a la realidad de sus madres deber�n separarse de ellas a los pocos meses de su nacimiento, pero cuando menos no nacer�n en un ambiente desolador como una prisi�n.

      2.            Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco a�os de edad.

En el caso de las personas adultas mayores al ser consideradas como un grupo de atenci�n prioritaria es absolutamente comprensible que se les proteja del sistema de rehabilitaci�n social, al que podr�an acceder mediante la prisi�n preventiva, por cuanto son seres humanos que se encuentran en proceso de envejecimiento y lo que conlleva un deterioro de sus facultades f�sicas y mentales que son un limitante para sobrellevar la privaci�n de la libertad, en las actuales circunstancias de hacinamiento.

      3.            Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastr�fica, de alta complejidad, rara o hu�rfana que no le permita valerse por s� misma, que se justifique mediante la presentaci�n de un certificado m�dico otorgado por la entidad p�blica correspondiente.

Este considerando ser� justificado con el certificado m�dico que informe que el procesado padece alguna de las dolencias determinadas en este numeral, la justificaci�n de este caso especial obedece a consideraciones de humanidad, someter a las personas con estas dolencias a una medida cautelar de prisi�n preventiva, es acelerar un desenlace fatal ante los riesgos expuestos en un sistema carcelario fallido, que no aporta los servicios de salud necesarios para sobre llevar estas dolencias, sobrevivir con estos padecimientos ser�a misi�n imposible en el ambiente tan hostil de las c�rceles del Ecuador.

      4.            Cuando la persona procesada sea miembro activo de la Polic�a Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Segundad y Vigilancia Penitenciaria o personal de otras entidades de seguridad ciudadana y orden p�blico y el hecho investigado tenga relaci�n con una circunstancia suscitada en el cumplimiento de su deber legal, en todos los casos se priorizar� el uso de medidas sustitutivas a fin de que pueda defenderse en libertad.

La raz�n por la que se admiten este caso en particular, a agentes del orden obviamente que no pueden estar en contacto con la poblaci�n carcelaria por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, su vida correr�a un riesgo inminente por represalias de los privados de la libertad ante los eventos tan sanguinarios que han suscitado en los �ltimos a�os.

 

La presunci�n de Inocencia frente a prisi�n preventiva

Ser�a inimaginable que una persona que enfrenta un proceso penal tenga como punto de partida una presunci�n de culpabilidad y que el justiciable durante la tramitaci�n de la causa deba aportar pruebas suficientes que pueden solventar su inocencia a cerca del cargo por el cual es procesado, esta idea por m�s descabellada que nos parezca alguna vez tuvo asidero en el �mbito jur�dico llegando al extremo de incluso someter la vida de personas a las afamadas ordal�as a fin de conocer o no su inocencia, gracias al desarrollo del derecho como ciencia, y sobre todo por su car�cter din�mico y el florecer del Estado de Derecho, surge la presunci�n de inocencia como una garant�a procesal de rango constitucional.

El principio de presunci�n de inocencia marco un hito hist�rico, dejando atr�s aquellas �pocas de la santa inquisici�n para abrir un nuevo horizonte hacia la ilustraci�n, algunos tratadistas sugieren que dicho principio nace con la Revoluci�n Francesa de 1789 con �La Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano�, por cuanto es en esta declaraci�n que por primera vez es considerada como una garant�a de orden procesal para quienes enfrenan un proceso. Ferrajoli, L (1995), menciona:

En consecuencia -si es verdad que los derechos de los ciudadanos est�n amenazados no s�lo por los delitos sino tambi�n por las penas arbitrarias- la presunci�n de inocencia no es s�lo una garant�a de libertad y de verdad, sino tambi�n una garant�a de seguridad o si se quiere de defensa social: de esa. seguridad. espec�fica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la con- fianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa espec�fica. defensa. que se ofrece a �stos frente al arbitrio punitivo. (p.549).

Es un principio reconocido en la normativa jur�dica de casi todos los pa�ses del mundo, y el nuestro lo hace en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) en su art�culo 76, numeral 2 que dispone: �Se presumir� la inocencia de toda persona, y ser� tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resoluci�n firme o sentencia ejecutoriada�. Lo que ilustra este principio es que toda persona que enfrenta un proceso en todas las materias del derecho, ser� tratada como tal mientras no exista en su contra sentencia ejecutoriada o resoluci�n en firme que demuestre lo contrario.

La presunci�n de inocencia se encuentra reconocida como uno de los principios fundamentadas del C�digo Org�nico Integral Penal (2014), es as� que su art�culo 5, numeral 4 dispone: �Inocencia: toda persona mantiene su estatus jur�dico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutor�e una sentencia que determine lo contrario�.

La presunci�n como instituci�n jur�dica en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano puede ser de tres clases seg�n el C�digo Civil en sus art�culos N�032 y N�1729, presunciones: legales, de derecho y judiciales, siendo la presunci�n de inocencia una presunci�n de legal, es decir de hecho que admite prueba en contrario, si bien se considera como cierta sin necesidad de ser probada, pero dura hasta que se demuestre lo contrario.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en torno a la presunci�n de inocencia as� lo refiere en el Caso Tivi vs. Ecuador, (2004):

Esta Corte ha se�alado que el principio de presunci�n de inocencia constituye un fundamento de las garant�as judiciales.� De lo dispuesto en el art�culo 8.2 de la Convenci�n deriva la obligaci�n estatal de no restringir la libertad del detenido m�s all� de los l�mites estrictamente necesarios para asegurar que aqu�l no impedir� el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludir� la acci�n de la justicia.� En este sentido, la prisi�n preventiva es una medida cautelar, no punitiva. (p.163).

En materia penal el estado jur�dico de inocente debe ser enervado por quien alegue lo contrario, la Fiscal�a General del Estado, es quien por mandato constitucional y legal ejerce la titularidad del ejercicio de la acci�n penal p�blica y en representaci�n de la sociedad lleva adelante la acusaci�n oficial o al tratarse de una acci�n penal privada ser� el querellante quien impulse la acusaci�n penal privada, por ello en los casos en menci�n la Fiscal�a o el querellante tienen imperiosamente la ardua tarea de aportar los elementos probatorios necesarios y suficientes para desvirtuar la inocencia de la persona acusada, caso contrario su inocencia ser� confirmada.

�Es una garant�a del debido proceso otorgada a toda persona sea natural o jur�dica, nacional o extranjera en todo proceso que implique sanciones, a criterio de Rodr�guez Moreno (2023):

Cuando se vulnera la presunci�n de inocencia, sea por parte del juez, por parte de los poderes p�blicos, por parte de los medios de comunicaci�n, se est� socavando la confianza en la vindicta p�blica como instituci�n eficaz para la resoluci�n de los conflictos sociales en los sistemas democr�ticos sometidos al Estado de Derecho. (p.227).

El esp�ritu de este principio es otorgar protecci�n a todo justiciable frente a la arbitrariedad

judicial, al abuso policial, a la opini�n p�blica, etc., como una garant�a de honor, como una garant�a de un juicio justo y sobre todo de ser juzgado por un juez imparcial, protege la libertad individual y los derechos fundamentales de la persona.

Ahora bien, en el trajinar del proceso penal encontramos que en un momento dado es necesario que el procesado sea vinculado al proceso porque existe un enorme riesgo procesal, que �l se fugue, no pueda comparecer a juicio y mucho menos cumplir la pena, y que no pueda ser superado este riesgo con una medida alternativa a la prisi�n preventiva, enfrent�ndose la presunci�n de inocencia con la medida cautelar de prisi�n preventiva, seg�n Rodr�guez, (2021):

Privar a alguien de su libertad es per se una privaci�n de un derecho humano: el derecho humano a la libertad. Est� s�lo se legitima si es la consecuencia jur�dica de una conducta que es a su vez lesiva de derechos humanos ajenos. (p.282).

Lo que ha buscado garantizar el legislador nacional al introducir en el ordenamiento jur�dico la figura de la prisi�n preventiva es garantizar un inter�s social y colectivo frente a un derecho individual, por ello en efecto esta figura es compatible con la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, porque responde a un ideal de justicia, que los delitos no permanezcan impunes, tomando en consideraci�n que no destruye la presunci�n de inocencia por cuando la misma se mantiene vigente hasta que la sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada, siendo la medida cautelar de prisi�n preventiva una medida absolutamente necesaria en ciertos casos para la defensa del derecho, porque no existe otra medida cautelar que cumpla el fin de asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el posible cumplimiento de la pena. Seg�n Garc�a, F. (2014) refiere:

Los avances en lo normativo, especialmente con la emisi�n de nuevas Constituciones, no se han visto reflejados en la pr�ctica judicial nacional, en la que la vulneraci�n al principio de inocencia, especialmente en lo que refiere a la arbitrariedad de las medidas restrictivas de libertad entro del proceso, se han convertido en una constante. (p,80).

Si bien la utilidad de la prisi�n preventiva es responder a una necesidad social, a un inter�s colectivo, no se puede desconocer el car�cter insensible de esta medida cautelar y que debe restringirse a casos muy extremos, por la gravedad de sus consecuencias porque no solamente afecta al justiciable sino a todo su c�rculo familiar.

La medida cautelar de prisi�n preventiva es una medida excepcional, de �ltima ratio, y que al motivarla deber�n los juzgadores ponderar los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, que no deja de afectar la libertad individual del procesado, el abuso de la aplicaci�n de la prisi�n preventiva, ha contribuido al hacinamiento y crisis en el sistema carcelario, es necesario que sea limitada a los casos extremadamente necesarios, seg�n Enderica: (2020) �La prisi�n preventiva va mucho m�s all� de afectar factores personales del individuo, tambi�n es un problema socio econ�mico para el Estado debido a la gran cantidad de personas que se encuentran bajo esta medida cautelar.�

Bastar�a imaginar el martirio que ha vivido una persona inocente, cuyo estado jur�dico es confirmado en sentencia ejecutoriada, que sinti� todo el tiempo que ha estado privado de la libertad bajo la medida cautelar de prisi�n preventiva en los mal llamados centros de rehabilitaci�n social, que para Ferrajoli (1995), la descripci�n de una c�rcel se refiere en los siguientes t�rminos:

La c�rcel, en suma, bajo m�ltiples perspectivas, equivale a una contradicci�n institucional. Es una instituci�n creada por la ley, pero que se rige, m�s que por el gobierno de la ley, por el gobierno de los hombres. Es un lugar confiado al control total del Estado, pero en cuyo interior no rigen controles ni reglas, sino, sobre todo, la ley del m�s fuerte: la ley de la fuerza p�blica de los agentes penitenciarios, pero tambi�n la fuerza privada de los presos m�s prepotentes y mejor organizados. Es una instituci�n p�blica dirigida a la custodia de los ciudadanos, pero que no logra garantizar los derechos fundamentales m�s elementales, empezando por el derecho a la vida (p, 165).

Por ello consideramos que en teor�a es factible dar un trato de inocente al procesado, pero la realidad es muy diferente cuando un procesado que todav�a se cobija de dicha presunci�n ingresa a un centro de privaci�n de libertad bajo la medida cautelar de prisi�n preventiva, y enfrenta todas las adversidades del sistema, por ello citando a Merch�n (2022):

En Ecuador, investigaciones realizadas por Garz�n (2009), Bermeo (2013), Krauth (2018) y Esp�n (2021); han demostrado que en el pa�s se mantiene una tendencia al abuso de esta medida cautelar, pese a que, en el marco del Derecho Penal, se reconoce como principio del debido proceso al estado de inocencia (Art. 76, Constituci�n, 2008), de ah� que se considera a la prisi�n preventiva como una medida excepcional dentro del proceso penal.

El motivo principal de la cr�tica a esta figura jur�dica radica en su aplicaci�n abusiva e indebida, en la que no se pondera la restricci�n de la libertad del ser humano con el �xito procesal, es indispensable limitarse a casos extremos pese a la necesidad social, tomando en consideraci�n la dimensi�n que abarca dicha medida cautelar en la que se involucra el procesado y por ende a su familia, y respetando al m�ximo los plazos legales a fin de limitar su privaci�n de la libertad, por ello se busca evidenciar en una muestra sectorial si hay o no la afecci�n a los procesados al tramitarse un proceso penal.

 

Metodolog�a

La investigaci�n se desarroll� con un enfoque exploratorio, descriptivo y explicativo. Se utiliz� un dise�o no experimental y transversal, enfocado en la observaci�n del fen�meno en un solo momento. Los datos se recopilaron de los casos resueltos en la Unidad Multicompetente Penal del cant�n Ca�ar, durante el per�odo de enero de 2022 a diciembre de 2023. Se aplic� un enfoque mixto para el an�lisis, incluyendo elementos num�ricos y t�cnicas como el estudio de casos y la revisi�n bibliogr�fica. Se emplearon m�todos inductivos y deductivos, as� como an�lisis y s�ntesis, junto con t�cnicas bibliogr�ficas y de estudio de casos para recopilar y analizar la informaci�n relevante.

Este enfoque metodol�gico permiti� una comprensi�n profunda de la problem�tica estudiada y sus implicaciones, al tiempo que facilit� la identificaci�n de patrones y relaciones significativas en los datos recopilados. Adem�s, la combinaci�n de m�todos cualitativos y cuantitativos proporcion� una perspectiva hol�stica del fen�meno, enriqueciendo as� la interpretaci�n de los resultados obtenidos. El an�lisis detallado de la literatura existente y el marco normativo relevante complementaron la investigaci�n, brindando un contexto s�lido para la interpretaci�n de los hallazgos y la formulaci�n de conclusiones fundamentadas. En conjunto, esta metodolog�a garantiz� la rigurosidad y la validez de los resultados obtenidos, contribuyendo as� al avance del conocimiento en el campo de la justicia penal y la aplicaci�n de medidas cautelares.

 

Resultados

Lo que motiv� el an�lisis de la aplicaci�n de la prisi�n preventiva en casos en los que se confirme la inocencia o se dicte un auto de sobreseimiento,� es que a partir de una aproximaci�n te�rica y conceptual de la instituci�n jur�dica de la prisi�n preventiva, su aplicaci�n no podr�a afectar a inocentes; por ello se realiz� un estudio de casos ingresados en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar, obteniendo informaci�n real, demostrable sobre la aplicaci�n de la medida cautelar de la prisi�n preventiva� de las casusas ingresadas y en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cant�n Ca�ar. Se realiz� el an�lisis de las decisiones en las que se ha dispuesto la prisi�n preventiva declarando la culpabilidad o ratificado el estado de inocencia de los procesados en un per�odo comprendido entre enero el a�o 2022 hasta diciembre del 2023. Mencionando que para el presente trabajo se tom� en consideraci�n los casos ingresados en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar. Menciono que los datos fueron obtenidos del libro f�sico de ingreso de causas que mantiene la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar del a�o 2022 y 2023, de la p�gina web del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, los que fueron cotejados con la revisi�n individual de los procesos, como se enuncia en la siguiente tabla.

 

Tabla 1: Causas ingresadas en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar en el a�o 2022

A�o	N�mero de proceso	Delito	Medida cautelar	Resoluci�n
2022	03282-2022- 00012	Tr�fico de sustancias sujetas a fiscalizaci�n	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00034	Abuso sexual	Prisi�n preventiva	Sentencia que confirma la inocencia
	03282-2022-00051	Robo	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00058	Incumplimiento de decisiones leg�timas	Prisi�n preventiva	En tr�mite
	03282-2022-00090	Ingreso de art�culos prohibidos	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00112	Tr�fico de sustancias sujetas a fiscalizaci�n	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00129	Estafa	Prisi�n preventiva	Sentencia que confirma la inocencia
	03282-2022-00130	Robo	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00131	Robo	Prisi�n preventiva	sobreseimiento
	03282-2022-00132	Violaci�n	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00160	Robo	Prisi�n preventiva	sobreseimiento
	03282-2022-00164	Hurto	Prisi�n preventiva	Conciliaci�n
	03282-2022-00165	Tr�fico il�cito de sustancias	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00229	Estafa	Prisi�n preventiva	En tr�mite
	03282-2022-00256	Estafa	Prisi�n preventiva	En tr�mite
	03282-2022-00273	Robo	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-00317	Tr�fico de migrantes	Prisi�n preventiva	En tr�mite
	03282-2022-00346	Femicidio	Prisi�n preventiva	Extinci�n de la acci�n por muerte del procesado
	03282-2022-00453	Tr�fico il�cito de sustancias	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2022-0069G	Violaci�n	Prisi�n preventiva	En tr�mite
	03282-2022-0312g	Muerte culposa	Prisi�n preventiva	En tr�mite
	03282-2022-0326g	Tr�fico il�cito de sustancias	Prisi�n preventiva	Sentencia condenatoria
	03282-2023-0611g	Violaci�n	Prisi�n preventiva	En tr�mite

Fuente: Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar

Elaboraci�n propia

 

Tabla 2: Causas ingresadas en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar en el a�o 2023

Fuente: Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar

Elaboraci�n propia

 

Los cuarenta procesos que han sido objeto de estudio, en los que se han dictado la medida cautelar de prisi�n preventiva, fueron procesos sustanciados en la Unidad Multicompetente Penal con sede en el Cant�n Ca�ar y algunos de ellos fueron sentenciados por el Tribunal Segundo de Garant�as Penales de Ca�ar durante los a�os 2022 y 2023,� de los mismos, cinco procesos nos reportan que los procesados privados de su libertad por la medida cautelar de prisi�n preventiva al final recibieron sentencia que confirma su inocencia o se dict� auto de sobreseimiento.

Los datos analizados nos reflejan los resultados obtenidos en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cant�n Ca�ar, en donde nos proporciona una tasa del 12% de sentencias absolutorias y autos de sobreseimiento en los procesos en los que se ha dictado la medida cautelar de prisi�n preventiva. Lo ��� que nos revela que hay personas inocentes afectadas con esta medida cautelar.

 

Conclusiones

La legislaci�n ecuatoriana cuenta con un marco normativo robusto destinado a restringir el uso inapropiado de la prisi�n preventiva como medida cautelar, dada su naturaleza altamente restrictiva. La jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador ha respaldado este enfoque, al igual que los instrumentos internacionales a los que el estado ecuatoriano se ha comprometido.

�Es esencial que los jueces, al decidir sobre la imposici�n de la prisi�n preventiva, examinen minuciosamente si se cumplen los requisitos establecidos y eval�en el riesgo procesal de cada caso individualmente. Esto implica anticipar la probabilidad de que el acusado comparezca al juicio y cumpla con las penas, sin ceder ante presiones medi�ticas. Es crucial recordar que la prisi�n preventiva afecta a personas inocentes y puede exponerlas a peligros en el sistema carcelario, que ha sido objeto de atenci�n mundial por su violencia.

Adem�s, se debe considerar el impacto del arraigo social, que suele afectar desproporcionadamente a los sectores m�s vulnerables de la sociedad, mientras se mantiene el principio de presunci�n de inocencia para todos los acusados. La imposici�n de la prisi�n preventiva debe estar respaldada por una fundamentaci�n s�lida y una evaluaci�n cuidadosa del riesgo procesal de cada caso, evitando as� decisiones basadas en presiones externas o consideraciones medi�ticas.

Por �ltimo, es imperativo que se implementen medidas para proteger a los acusados vulnerables de los peligros inherentes al sistema carcelario, garantizando su seguridad y bienestar mientras se encuentran bajo custodia del Estado. Por �ltimo, se destaca la importancia de promover un sistema de justicia que priorice la protecci�n de los derechos humanos y la presunci�n de inocencia, asegurando que cada individuo sea tratado con dignidad y equidad ante la ley.

 

Referencias

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