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El principio de inclusi�n en el �rea laboral enfocado en los grupos de atenci�n prioritaria

 

The principle of inclusion in the labor area focused on priority attention groups

 

O princ�pio da inclus�o na �rea trabalhista com foco em grupos priorit�rios de aten��o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: anngabriela92@hotmail.com

 

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 13 de noviembre de 2022 *Aceptado: 28 de diciembre de 2022 * Publicado: 10 de enero de 2023

 

        I.            Maestrante en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

      II.            Docente a Tiempo Completo e Investigadora en la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

 

Resumen

Los grupos de atenci�n prioritaria, seg�n dispone la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, componen un conjunto de personas, que presentan condiciones de vulnerabilidad, de all� que, el Estado tenga la obligaci�n de brindarles mayor asistencia para poder garantizar de forma efectiva todos sus derechos, incluido el trabajo digno, mismo que, se constituye en uno de los derechos m�s importantes, que permite satisfacer otras necesidades b�sicas de la persona y su familia. El objetivo planteado para esta investigaci�n es analizar el principio de inclusi�n en el �rea laboral enfocado en los grupos de atenci�n prioritaria. Para lograr el objetivo planteado en la investigaci�n se ha utilizado m�todos como documental, hist�rico l�gico, con un enfoque cualitativo; para desarrollar la tem�tica, bajo los instrumentos internacionales de derechos humanos y la propia Constituci�n determinando una verdadera inclusi�n en materia laboral de los grupos de atenci�n prioritaria; sin embargo, es evidente que en la actualidad todav�a existe una importante brecha para materializar estos derechos, es por ello, la importancia de realizar la investigaci�n.

Palabras clave: Derecho al trabajo; Grupos de atenci�n prioritaria; Principio de inclusi�n.

 

Abstract

Priority attention groups, according to the Constitution of the Republic of Ecuador, make up a group of people who present conditions of vulnerability, hence the State has the obligation to provide them with greater assistance in order to effectively guarantee all their rights. , including decent work, which constitutes one of the most important rights, which allows satisfying other basic needs of the person and their family. The objective set for this research is to analyze the principle of inclusion in the labor area focused on priority attention groups. To achieve the objective set out in the investigation, methods such as documentary, logical history, with a qualitative approach have been used; to develop the theme, under international human rights instruments and the Constitution itself, determining a true inclusion in labor matters of priority attention groups; however, it is evident that currently there is still an important gap to materialize these rights, which is why it is important to carry out the investigation.

Keywords: Right to work; Priority attention groups; Principle of inclusion.

 

Resumo

Os grupos de aten��o priorit�ria, de acordo com a Constitui��o da Rep�blica do Equador, constituem um grupo de pessoas que apresentam condi��es de vulnerabilidade, pelo que o Estado tem a obriga��o de prestar-lhes maior assist�ncia para garantir efetivamente todos os seus direitos. trabalho, que constitui um dos direitos mais importantes, que permite satisfazer outras necessidades b�sicas da pessoa e da sua fam�lia. O objetivo tra�ado para esta pesquisa � analisar o princ�pio da inclus�o na �rea trabalhista com foco em grupos priorit�rios de aten��o. Para atingir o objetivo tra�ado na investiga��o, foram utilizados m�todos como document�rio, hist�ria l�gica, com abordagem qualitativa; desenvolver o tema, no �mbito dos instrumentos internacionais de direitos humanos e da pr�pria Constitui��o, determinando uma verdadeira inclus�o nas quest�es trabalhistas dos grupos priorit�rios de aten��o; no entanto, � evidente que atualmente ainda existe uma lacuna importante para materializar esses direitos, por isso � importante realizar a investiga��o.

Palavras-chave: Direito ao trabalho; Grupos de atendimento priorit�rio; Princ�pio da inclus�o.

 

Introducci�n

El principio de inclusi�n en materia laboral ha sido uno de los m�s cuestionados en la actualidad, orientado sobre todo en las personas que forman parte de los grupos de atenci�n prioritaria en el ecuador. El tratamiento dado a los grupos de atenci�n prioritaria o grupos vulnerables reflej� el enfoque de aislamiento y exclusi�n, con el que, hist�ricamente la sociedad lo trata, �como la segregaci�n de los leprosos narrada en la Biblia y el �desalojo� de las personas con alguna diferencia f�sica en la sociedad ateniense� (Badesa & Cerrillo, 2010, p�g. 28).

Este primer enfoque, plantea una realidad de exclusi�n y discriminaci�n contra las personas que tienen alguna discapacidad, lo que, sin duda, va en contra de los principios de dignidad humana y de igualdad ante la ley, por cuanto, se requiere de un cambio de paradigma a fin de que exista una inclusi�n de todas las personas que, por cualquier situaci�n, forman parte de los grupos de atenci�n prioritaria.

Bajo esta consideraci�n, se puede resaltar que, apenas en el siglo XX se produjo un cambio de paradigma, por el reconocimiento de los grupos de atenci�n prioritaria, d�ndoles la misma importancia y los mismos derechos que a las personas que no sufren ninguna discapacidad, para poder ser incluidas en la sociedad. Esta aceptaci�n que, en un principio, s�lo se produjo con la prohibici�n de determinados actos excluyentes, se fue reforzando por la necesidad de actuaciones positivas por parte de la sociedad y del Estado para eliminar barreras y mecanismos que dificultaban o imposibilitaban su vida normal.

En pleno siglo XXI, se fortaleci� el paradigma de la inclusi�n, con la implementaci�n de diversos instrumentos internacionales como Convenci�n de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2007, reforzando la necesidad del Estado de superar las barreras f�sicas, educativas y culturales para la necesaria igualdad de estos grupos, adem�s de, medidas que se han implementado sobre otros grupos prioritarios, como las de garantizar la estabilidad laboral a las mujeres embarazadas o las prohibiciones contra la discriminaci�n por motivos de etnia, religi�n, pasado judicial, entre otros.

Hay una clara superaci�n de un modelo basado en la aceptaci�n de los grupos de atenci�n prioritaria para su necesaria inclusi�n como seres humanos dotados de dignidad, derechos y deberes en igualdad de condiciones con cualquier otro. Desde el punto de vista jur�dico, las acciones afirmativas a desarrollar por el Estado deben sustentarse en los principios de igualdad material y dignidad humana, y no debe ser, un mero distribuidor de programas asistenciales que no integran al individuo a la sociedad.

Dada su importancia, el derecho al trabajo como instrumento para generar riqueza, fortalecer la individualidad y la ciudadan�a, y alcanzar la dignidad humana, gan� especial atenci�n en los grupos de atenci�n prioritaria, considerado un derecho fundamental, lo que, provoc� que las personas construyeran y fortalecieran las relaciones sociales, desarrollen independencia individual y financiera, prueban su educaci�n y calificaciones profesionales.

El presente estudio busca demostrar la importancia del trabajo para las personas pertenecientes a los grupos de atenci�n prioritaria, analizar los mecanismos creados o condensados ​​por el Estado para la realizaci�n de este derecho fundamental y traer ejemplos utilizados eficientemente en otros pa�ses que adoptan diferentes pol�ticas para promover el trabajo y permitir la inclusi�n conforme se ha garantizado en la Constituci�n y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los modelos de tratamiento que se dan a los grupos de atenci�n prioritaria son definidos por la doctrina, en general, como: �el modelo presidiario, el modelo m�dico (o rehabilitador) y el modelo social. La modificaci�n de dichos modelos conlleva a un cambio de paradigma en el abordaje social y cultural" de los grupos de atenci�n prioritaria: exclusi�n, integraci�n (o adaptaci�n social) e inclusi�n, respectivamente (Velasco, 2017, p�g. 28).

En base al criterio anterior, se considera positivo el avance en el tratamiento que ha existido en los grupos de atenci�n prioritaria, quienes han ido pasando, de un contexto, de casi total invisibilizaci�n de sus derechos, hacia, un modelo en donde se presenta una mayor inclusi�n e integraci�n en las actividades sociales, econ�micas y culturales.

En tal sentido, por ejemplo, en cuanto a temas de discapacidad, �el modelo presidiario considera la discapacidad se trataba de un castigo de car�cter divino, considerando in�tiles a las personas con enfermedades o discapacidades evidentes, por no contribuir a la sociedad; por lo tanto, merec�an el ostracismo o la muerte�, un recordatorio constante del castigo divino para la persona o su familia. Este modelo, muy utilizado hasta principios del siglo XX, puede ejemplificarse con el jure patrio en la Ley de las Duod�cimas Tablas, que establec�a que al ni�o nacido monstruoso se le daba muerte inmediatamente (Traverso & Rocha, 2019, p�g. 11).

Este primer modelo, se construye evidentemente en base a la ignorancia del ser humano respecto de los motivos reales de las enfermedades degenerativas y las discapacidades, raz�n por la cual, se denigr� a las personas con diferencias, una situaci�n que, si bien, se aplic� a contexto hist�rico espec�fico, en la actualidad ser�a imposible de tolerar.�

El modelo m�dico o rehabilitador surgi� a finales de la Primera Guerra Mundial; con la necesidad de atender a los miles de heridos, se consideraron cient�ficas las causas de invalidez; como tales, necesitaban ser estudiados y podr�an entenderse mejor y, a veces, incluso curarse. Se dej� de considerar in�tiles a las personas, pues se empezaron a estudiar v�as de aceptaci�n social e incluso intentos de su rehabilitaci�n y reinserci�n en la sociedad (Traverso & Rocha, 2019).

En este sentido, se empieza a comprender que la situaci�n de la enfermedad y la discapacidad son situaciones que forman parte de la vida de todo ser humano y que responden a diferentes factores; y, que no simplemente deben ser comprendidos como castigos divinos, de all� la sociedad pueda adoptarse a la situaci�n de estas personas y rehabilitarlas, o mejor dicho ayudarlas. Por tales motivos, se considere que, este modelo es un puente indispensable para la transici�n en hacia el modelo de inclusi�n.

El paradigma de la exclusi�n dio paso al paradigma de la integraci�n, en el que, la sociedad aceptaba la existencia y convivencia con personas diferentes, siempre y cuando se adaptaran a las normas comunes ya la vida cotidiana de la sociedad; fueron tratados por igual desde una perspectiva formal, sin considerar diferencias que pudieran justificar un trato desigual (CEPAL, 2016).

Sin lugar a dudas, es una evoluci�n en el tratamiento de estas personas. Ya no se hablaba de purgarlos de la vida social, sino de aceptarlos como miembros de la sociedad. Por otro lado, en las relaciones sociales desarrolladas desde esta perspectiva, pues los grupos vulnerables (denominaci�n con la que tambi�n se los conoci�) siempre �fueron consideradas de identidad reducida, ya que la sociedad, aceptaba a estas personas consider�ndolos como ciudadanos de segunda clase debido a sus limitaciones�, se entend�an en parte como una construcci�n social, arraigando un prejuicio que a�n hoy es visible (Cela, 2016, p�g. 19). En este punto, existe sin duda, formas de integrar a las personas de grupos de atenci�n prioritaria al medio social, aunque con notables limitantes para tal aceptaci�n, lo que, puede ser comprendido como un primer progreso como sociedad.

Finalmente, el modelo social, surgido a mediados de la d�cada de 1960 en el Reino Unido como respuesta a los planteamientos m�dicos, establec�a que los grupos vulnerables no deb�a entenderse como un problema individual, sino, como una cuesti�n eminentemente social, trasladando as� la responsabilidad de las limitaciones y desventajas para la sociedad, que debe asumir la carga de superarlas (Abdala & Jacinto, 2005).

La inclusi�n social trajo consigo la recuperaci�n de la dignidad, que a todo ser humano le debe ser reconocido, sin importar su condici�n; se trata de un logro para la protecci�n de los derechos de las personas en situaci�n de vulnerabilidad, as� como tambi�n, para lograr alcanzar un reconocimiento de la igualdad en el plano social y jur�dico.

Este modelo justifica acciones afirmativas como las pol�ticas de cuotas en el trabajo, temas como la educaci�n inclusiva, la supresi�n de barreras f�sicas y arquitect�nicas, posibilitando el ejercicio de los derechos fundamentales b�sicos para cualquier ciudadano, entre otros. Los principios de dignidad humana, igualdad material y solidaridad orientan el paradigma inclusivo que fundamenta axiol�gicamente los textos normativos sobre grupos inclusivos. La necesaria inclusi�n involucra cuestiones de identidad ciudadana, solidaridad, autonom�a y dignidad humana.

El ordenamiento jur�dico, como conjunto de normas impregnadas de �tica, debe contener mecanismos para promover la convivencia en igualdad de derechos entre todos los individuos, fomentando la inclusi�n con sensibilidad a las diferencias; sin embargo, en la actualidad es todav�a visible que muchas de estas normativas y pol�ticas p�blicas no se han materializado adecuadamente (Badesa & Cerrillo, 2010).

Al respecto, precisamente la Organizaci�n Internacional del Trabajo ha se�alado claramente la existencia de barreras, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, el organismo ha explicado que, �Si bien se ha iniciado el proceso de cambio de paradigma a nivel formal, aun predomina el modelo m�dico favoreciendo la estigmatizaci�n de las personas con discapacidad como personas enfermas y no como sujetos plenos de derecho para participar en el mercado laboral� (Organizaci�n Internacional del Trabajo , 2020, p�g. 23).

Esta reflexi�n realizada por este organismo internacional lleva a comprender que, desde la teor�a se han empezado a construir modelos de inclusi�n laboral para los grupos de atenci�n prioritaria, en la pr�ctica, esto, a�n no se aplica, de all� la necesidad de que se emprendan acciones de cambio. En tal sentido, el objetivo de la presente investigaci�n es analizar la importancia de aplicaci�n del principio de inclusi�n en el �rea laboral desde la perspectiva de los grupos de atenci�n prioritaria.

 

Desarrollo

El derecho al trabajo

El intento de abordar el derecho al trabajo en Ecuador hoy tiene una serie de supuestos, que se resumen a continuaci�n. En un principio, se considera que este derecho forma parte de la lista de derechos humanos, lo que significa que, se asumen algunos de sus atributos, como la indiscutibilidad, la perennidad, la universalidad y la dignidad.

En la l�nea expuesta por Gauchet (1989), esto significa que la realizaci�n del derecho al trabajo es digna de pol�ticas de Estado, necesariamente diversificadas, articuladas entre s�, dotadas de permanencia y dirigidas a toda la poblaci�n. Y, por estar basadas directamente en la dignidad humana, tales pol�ticas deben tener prioridad en el conjunto de iniciativas estatales, adem�s de no ser objeto de reducci�n o retroceso.

El derecho al trabajo debe ser realizado en condiciones de libertad, igualdad y seguridad, as� como, por remuneraci�n justa, capaz de garantizar una existencia digna a los trabajadores y sus familias. Precisamente, seg�n el Comit� de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales:

El trabajo es un derecho humano fundamental, necesario para alcanzar una vida digna, por lo que todas las personas, sin discriminaci�n alguna, tienen derecho a su plena y efectiva realizaci�n. Al mismo tiempo, el trabajo es una actividad �til de las personas que les permite producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades personales y sociales, creando a la vez valores materiales y espirituales (Comit� de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales, 2003, p�g. 2)

El derecho al trabajo es la base de todo ser humano para poder llegar a tener una vida digna, es la forma a trav�s de la cu�l una persona tiene la oportunidad de ganarse la vida, escogiendo libremente una actividad que est� dentro de sus capacidades, realizarla. Esto plantea algunas preguntas dif�ciles de responder sobre el sujeto y el objeto de tal derecho. Por un lado, no debe referirse �nicamente al trabajo asalariado, por importante que sea en la estructura ocupacional, so pena de excluir de su alcance a grupos enteros de trabajadores, como los trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas. Por otro lado, el derecho al trabajo debe referirse al trabajo remunerado, lo que, tiende a excluir de su �mbito a los trabajadores que no reciben una remuneraci�n monetaria por su esfuerzo -aunque se debate si no reciben otro tipo de remuneraci�n, dif�cil de responder, estas cuestiones sobre el car�cter remunerado del derecho al trabajo no deben sobrestimarse. Al fin y al cabo, el objeto de este derecho no s�lo est� relacionado con la supervivencia de los trabajadores y sus familias (�zden, 2008).

En tal sentido, Ang�lica Molina explica que el derecho al trabajo no debe comprenderse �nicamente bajo condici�n de dependencia:

Por consiguiente, resulta pertinente aclarar que el derecho al trabajo no se circunscribe solamente al trabajo a sueldo o a lo que se conoce como empleo, pues abarca todas las actividades humanas que les permiten a las personas �ganarse� la vida. Lo anterior significa que una concepci�n amplia del derecho al trabajo incluye el realizado tanto por los trabajadores independientes o que desarrollan labores por cuenta propia, como el de los trabajadores que prestan sus servicios a un empleador bajo la modalidad de un contrato de trabajo (Molina A. , 2005, p�g. 14).

Cabe se�alar que el derecho al trabajo no consiste en el derecho a ocupar una vacante o un puesto determinado, pues se concibe en abstracto, como el derecho que tiene un trabajador a ser ocupado, si puede, quiere y/o o lo necesita. Esto tiene implicaciones para la discusi�n en torno a la regulaci�n del despido del trabajador por parte de su empleador, cuando ese trabajador es un empleado, por supuesto.

Finalmente, como ocurre con otros derechos humanos, el derecho al trabajo debe fomentarse desde la garant�a de su efectividad (es decir, en la producci�n concreta de sus efectos). Esta perspectiva es la de la implementaci�n progresiva del derecho al trabajo por parte de las pol�ticas estatales, que implica la obligaci�n del Estado por la definici�n de pol�ticas que, en un horizonte determinado y previsible, conduzcan a la eliminaci�n paulatina del desempleo (�zden, 2008). Esto significa que, el trabajo como otros derechos humanos, construye su efectividad a trav�s de caminos que pueden ser por medio de la normativa y las pol�ticas p�blicas, pero que, no admiten retornos, tal y como establece la doctrina internacional y la Constituci�n ecuatoriana en cuanto a los derechos sociales, pues la realizaci�n del derecho al trabajo es progresiva, sin reducci�n ni regresi�n.

 

Derecho al trabajo en la constituci�n los instrumentos internacionales

La valorizaci�n del trabajo es uno de los principios cardinales de la Constituci�n ecuatoriana; ya que, reconoce la esencialidad de la conducta laboral como uno de los instrumentos m�s relevantes para la afirmaci�n del ser humano, tanto, a su propia individualidad, como, a su inserci�n familiar y social.

As� como la democracia consiste en la atribuci�n de poder, tambi�n, para quienes se encuentran privados de riqueza a diferencia de las sociedades estrictamente excluyentes anteriores al siglo XIX, en la Historia el trabajo asume el car�cter de ser el medio m�s relevante para garantizar un m�nimo de poder social a la gran masa de la poblaci�n, que se encuentra privada de riqueza y otros medios l�citos a su alcance.

De esta forma, la Constituci�n de la rep�blica del Ecuador, percibi� sabiamente la falacia de instituir la democracia sin un correspondiente sistema econ�mico-social que valore el trabajo humano. En tal sentido, prescribe el art�culo 33 lo siguiente:

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho econ�mico, fuente de realizaci�n personal y base de la econom�a. El Estado garantizar� a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempe�o de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

En la redacci�n constitucional se ha materializado la importancia del derecho al trabajo como derecho social y econ�mico, pero adem�s su vinculaci�n con otros derechos, ya que, el trabajo permite la materializaci�n de un conjunto amplio de derechos de las personas y de sus familias, siendo indispensable para la vida digna de las personas.

Respecto del contenido constitucional de este art�culo, Galo Blacio comenta que �El Estado garantiza que todo trabajador sea remunerado de manera justa por el trabajo que realice; as� como un trato digno y valorad econ�micamente, colaborando a la realizaci�n personal de cada uno de los trabajadores� (Blacio, 2020, p�g. 58); lo que, reitera las dos dimensiones establecidas en la norma suprema, por un lado, la econ�mica que permite a todo trabajador alcanzar un nivel de vida adecuado; y por otro, la dimensi�n social que implica la posibilidad de autorrealizaci�n de la persona en dignidad.

El derecho al trabajo, dentro del �mbito constitucional establece, por lo tanto, un conjunto de elementos de gran importancia, entre los que, se incluyen el principio de igualdad en sus dimensiones, formal y material y tambi�n la prohibici�n de discriminaci�n, ya que, trat�ndose de un derecho de notable relevancia para la vida de todo ser humano, es l�gico que deba procurarse su acceso y permanencia hacia todas las personas, para lo cual se requiere de la implementaci�n de medidas afirmativas u otras formas de pol�ticas gubernamentales que eliminen las barreras existentes hacia grupos hist�ricamente discriminados.

Por otra parte, en el aporte de la Organizaci�n Internacional del Trabajo antes referenciado tambi�n se hace menci�n respecto de la dimensi�n social del trabajo y su relaci�n con el concepto de vida digna, que es el fundamento mismo de la creaci�n de los Derechos Humanos. Al respecto, Ang�lica Molina explica que:

No es posible separar el derecho al trabajo de la dignidad humana. Por esta raz�n, independientemente de la posici�n pol�tico-econ�mica que se adopte, es claro que este derecho no se refiere a cualquier tipo de trabajo o a la participaci�n en cualquier tipo de actividad econ�mica, sino al trabajo que no se encuentra sometido a condiciones de explotaci�n, de peligro o es impuesto con amenazas y que, por el contrario, cumple con un m�nimo de condiciones que permiten la realizaci�n de todos los derechos de los trabajadores, referidos en los instrumentos internacionales y que incluyen conceptos relacionados con la dignidad del trabajo (Molina A. , 2005, p�gs. 14, 15).

En su dimensi�n actual, el trabajo no comprende �nicamente la posibilidad de que una persona pueda estar ocupada, sino que, dicha actividad debe realizarse en condiciones que garanticen la dignidad de la persona, implicando que debe prevalecer la protecci�n de la vida, integridad y salud del trabajador, alej�ndolo de condiciones de peligro, pero adem�s de explotaci�n, por lo que, en este punto el trabajo se asocia con la libertad de elecci�n y permanencia, pero adem�s con derechos inherentes al trabajo como la seguridad social y el salario digno.

La Asamblea General de las Naciones Unidas se�al� en la Declaraci�n sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social que el progreso y el desarrollo social exigen que se garantice el derecho de toda persona a trabajar y a la participaci�n de todos los miembros de la sociedad en un trabajo productivo y socialmente �til. Esto de conformidad con los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios de justicia, en aras de crear condiciones que lleven a una aut�ntica igualdad entre todos los hombres y mujeres (CEPAL, 2015).

 

Perspectivas te�ricas acerca del principio de inclusi�n

El tema inclusi�n social ha ganado espacio en la sociedad y mucho se ha hablado de �sta en los �ltimos tiempos, aplic�ndole distintos conceptos a partir de la diversidad de situaciones que presentan las sociedades. Despu�s de todo, la definici�n de inclusi�n social, resulta ser un concepto del que mucho se habla, pero poco se entiende, pues resulta un t�rmino extremadamente complejo en relaci�n los m�ltiples contextos en donde puede ser aplicado.

Entre otras acepciones, el t�rmino �incluir� significa: �ser incluido o comprendido, ser parte de algo� Y es por esta �ltima acepci�n que se busca rastrear la importancia de la inclusi�n con la vertiente de los grupos excluidos hist�ricamente (hoy denominados grupos de atenci�n prioritaria), en medio de las pol�ticas p�blicas dirigidas a este sector de la poblaci�n. Sin embargo, este significado sem�ntico del t�rmino �inclusi�n social� resulta ser insuficiente, por lo que, se requiere acudir al origen de esta terminolog�a.

Hern�ndez (2008) considera que la inclusi�n social es la forma en que la sociedad se adapta para poder incluir, en sus sistemas sociales generales, a las personas con necesidades especiales y, a la vez, prepararlas para asumir sus roles en la sociedad. Para el autor, la sociedad necesita ser modificada, entendiendo que necesita poder atender las necesidades de sus miembros, teni�ndolos como socios en la discusi�n de problemas y soluciones.

En base a lo anterior, a diferencia de lo que imaginamos, en la interpretaci�n del autor, inclusi�n e integraci�n no significan lo mismo. La integraci�n para �l, es la inserci�n de una persona con necesidades especiales preparada para vivir en sociedad, es decir, se debe instruir a una persona para que se adapte al movimiento de la sociedad, mientras que la inclusi�n se entiende como la modificaci�n de la sociedad como requisito previo para que estos mismos las personas pueden buscar su desarrollo y ejercer la ciudadan�a.

Sin embargo, establece que esto no sucede de la noche a la ma�ana y, por tanto, la inclusi�n social, seg�n Hern�ndez (2008) es un proceso que contribuye a la construcci�n de un nuevo tipo de sociedad. Esto a trav�s de transformaciones, que pueden ocurrir en los espacios f�sicos de las ciudades, medios de transporte, dentro de las pol�ticas p�blicas y en la mentalidad de todas las personas, sean j�venes, adultas o adultas mayores. Por lo tanto, puede evidenciarse que el tema, aunque tan extendido recientemente, especialmente en los medios, es algo complejo, ya que presenta diferentes caminos en un intento de definirlo.

La Inclusi�n laboral se ha construido sobre la base del paradigma funcional que defiende y acoge a las personas proporcion�ndoles los programas, servicios y tecnolog�as que puedan necesitar en el momento de acceder al puesto de trabajo y, posteriormente, tambi�n en los puestos donde desempe�ar�n sus funciones y en otros �mbitos laborales.

Se concluye que la inclusi�n no es una acci�n que no sea factible por la existencia de barreras arquitect�nicas, actitudinales, comunicacionales, metodol�gicas, instrumentales, naturales, program�ticas. M�s bien, es una actuaci�n que elimina estas barreras, sustituy�ndolas por medidas de accesibilidad para poder recibir a las personas, sean cuales sean sus caracter�sticas o necesidades.

La inclusi�n laboral puede definirse como el proceso de mejora de las condiciones de participaci�n en el mundo laboral de grupos en desventaja, o grupos prioritarios, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades y de forma m�s profunda debe ser comprendida como un proceso de car�cter complejo que no incluye �nicamente el mero acceso:

En primer lugar, la inclusi�n laboral es un proceso. Se refiere a la incorporaci�n y gesti�n constante de la diversidad de colaboradores al interior de la empresa. Es un proceso de mejora continua, el cual requiere de diagn�stico, estrategias y evaluaci�n recurrente. La inclusi�n laboral es un proceso con enfoque de derechos, que busca asegurar la igualdad de oportunidades para todos y todas, reconociendo que hay personas que se encuentran en desventaja para ejercer sus derechos. Mejorar en inclusi�n laboral significa volver m�s accesibles los espacios, procesos, recursos y ambientes del lugar de trabajo, tales como los procesos de reclutamiento, selecci�n, inducci�n, capacitaci�n, desarrollo de carrera y evaluaci�n (entre otros) (Wanderley, 2003, p�g. 138).

Las personas de grupos prioritarios, pueden desarrollarse dentro de una perspectiva colectiva, a trav�s de interacciones en el entorno laboral con sus pares y otros grupos sociales, donde se valore su potencial como sujeto social. La interacci�n social es ampliamente discutida por Vygotsky (1997) como un factor en el desarrollo del sujeto. Seg�n el autor, la dimensi�n social es lo que promueve y define al individuo en el conjunto de relaciones sociales y actividades que configuran estas relaciones, siendo relevante el trabajo, para que este sujeto pueda transformar tanto a la naturaleza como a s� mismo.

 

Grupos de atenci�n prioritaria en la constituci�n de la Rep�blica del Ecuador

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del a�o 2008 mantuvo una evoluci�n conceptual respecto de otros instrumentos normativos, en los cuales se establec�a t�rminos conceptuales como grupos vulnerables, aunque la legislaci�n internacional empez� a introducir un t�rmino m�s inclusivo, que son grupos prioritarios o preferentes, de modo que, dentro de la norma suprema se adopt� este criterio, creando los denominados �grupos de atenci�n prioritaria, en donde se encuentran las ni�as, ni�os y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, entre otros grupos que tambi�n se consideran vulnerables.

En cuanto a la expresi�n que se determina dentro de la Constituci�n ecuatoriana, se puede concluir que los grupos de atenci�n prioritaria mantienen un trato diferenciado para procurar alcanzar la materializaci�n de sus derechos y la vida digna. Este trato se les otorga debido a sus circunstancias, particulares que requieren de una protecci�n primigenia, con prelaci�n a las dem�s personas.

Este mismo criterio tiene la autora Patricia Espinosa, quien define a los grupos de atenci�n prioritaria en los siguientes t�rminos:

Los grupos de atenci�n prioritaria son aquellos que por circunstancias de pobreza, origen �tnico, estado de salud, edad, g�nero o discapacidad se encuentran en una situaci�n de mayor indefensi�n para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades b�sicas Se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, sexo, condici�n econ�mica, caracter�sticas f�sicas, circunstancia cultural o pol�tica, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados (Espinosa, 2000, p�g. 62).

Por lo tanto, los grupos prioritarios, son poblaciones que se consideran como vulnerables, a los cuales se les ha garantizado un tratamiento especializado de parte del Estado, debido a sus condiciones actuales que necesitan de un tratamiento preferencial para alcanzar el desarrollo de sus derechos en dignidad.

En la Constituci�n ecuatoriana los derechos a favor de los grupos de atenci�n prioritaria se encentran en el r�gimen de derechos, mientras que su definici�n amplia se determina dentro del art�culo 35 que prescribe:

Las personas adultas mayores, ni�as, ni�os y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastr�ficas o de alta complejidad, recibir�n atenci�n prioritaria y especializada en los �mbitos p�blico y privado. La misma atenci�n prioritaria recibir�n las personas en situaci�n de riesgo, las v�ctimas de violencia dom�stica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropog�nicos. El Estado prestar� especial protecci�n a las personas en condici�n de doble vulnerabilidad (Constituci�n de la Rep�blica, 2008)

La normativa suprema del Estado incluye un conjunto amplio de personas que considera como vulnerables, esto en el sentido de que, toma factores hist�ricos, sociales y culturales para definir qui�n debe ser incluido en esta categor�a, por lo que adem�s de las personas con discapacidad que ha sido un grupo que siempre ha estado dentro de este concepto se incluyen a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastr�ficas o de alta complejidad.

 

Obligaciones del estado frente a los grupos de atenci�n prioritaria

Es obligaci�n del Estado desarrollar la legislaci�n y pol�ticas p�blicas relacionadas con las personas de atenci�n prioritaria para el acceso al mercado del trabajo, entre las que, se destacan varias estrategias para poder incluir a estas personas, no solamente en los espacios sociales, sino tambi�n, dentro del �mbito laboral, de manera que, tanto las instituciones p�blicas, como las instituciones privadas, deben contar dentro de sus instituciones con personal que tenga alguna discapacidad o que est�n dentro de los grupos de atenci�n prioritaria.

Asimismo, la normativa del Estado debe garantizar el acceso y la permanencia de mujeres embarazadas en el mercado de trabajo por la obligaci�n que les impone la ley y como resultado de la fiscalizaci�n realizada por los organismos como el Ministerio del Trabajo, esto justificando en la dificultad de contrataci�n por falta de educaci�n, calificaci�n profesional y la insuficiencia de las empresas para recibirlos. La ley de cuotas abre posibilidades para que las personas accedan al mercado laboral en reconocimiento de su potencial, lo que favorece su contrataci�n en diferentes categor�as.

En este mismo sentido, es importante recalcar lo que establece Santana, D. (2022):� �el principio de igualdad reconocido constitucionalmente, con respecto a la contrataci�n laboral de los adultos mayores en Ecuador. Y es que, en el pa�s, se observa que existe falta de oportunidades laborales para los adultos mayores, que en muchos casos necesitan incorporarse al mercado laboral��. Es decir, no solamente existen vulnerabilidad de una o dos personas en espec�fico, sino, de un grupo que a diario est� expuesto a la discriminaci�n y falta de oportunidades laborales en la actualidad.

Adem�s, el Estado debe controlar que personas de grupos prioritarios se les garanticen sus derechos, evitando m�s situaciones precarias (sin contrato laboral y trabajo por cuenta propia), sino procurar una mayor participaci�n en el trabajo, as� como garantizar la igualdad en los salarios, pues la literatura ha se�alado que en promedio reciben salarios 33% m�s bajos, 1/3 de esta diferencia est� relacionada con la heterogeneidad de inserci�n laboral y nivel socioecon�mico.

La legislaci�n ecuatoriana tuvo un efecto en la mejora de las oportunidades del mercado laboral para las personas de grupos prioritarios. Por otro lado, Garc�a (2014), al cuestionar por qu�, a pesar de que la legislaci�n ecuatoriana es considerada una de las m�s incluyentes en materias como discapacidad, la participaci�n de las personas de estos grupos es extremadamente baja en el mercado laboral. Se destacan los siguientes aspectos: accesibilidad precaria, permanencia de estereotipos y prejuicios, pasividad escolar y formaci�n profesional, inadecuaci�n e insuficiencia de la legislaci�n (ley de cuotas insuficiente para la demanda de personas con discapacidad), cuestiones culturales relacionadas con la discapacidad. Estos mismos aspectos se repiten en otros grupos prioritarios.

 

Normativa y pol�ticas p�blicas para garantizar el principio de inclusi�n en el �rea laboral

La inclusi�n en el �rea laboral puede ser considerada como procesos ut�picos por algunos autores, pero, por otro lado, tambi�n son consideradas como procesos que, de alguna manera intentan revertir o atenuar los efectos provocados por los procesos de exclusi�n social, que en realidad representan la negaci�n de la ciudadan�a. Y para revertir estos procesos es necesario pensar en la reducci�n de la desigualdad, la realizaci�n de derechos, la justicia social y el acceso a bienes y servicios.

Viabilizar la inclusi�n social es responsabilidad del poder p�blico del Estado. Y esto debe pasar desde acciones de gobierno imprescindibles para el desarrollo de la ciudadan�a. Son acciones que deben compartir no solo los ingresos, sino tambi�n, el acceso a las pol�ticas y servicios sociales. Esta ser�a la funci�n de la inclusi�n social, entendida como la posibilidad de afrontar la situaci�n de exclusi�n a trav�s de la implementaci�n de pol�ticas sociales.

Entre estas pol�ticas podemos mencionar, en particular, la Asistencia Social, como una pol�tica estrat�gica de inclusi�n, su principio es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos, definiendo la garant�a de los derechos de quienes enfrentan procesos de exclusi�n social y ampliaci�n de la ciudadan�a para la clase trabajadora, principalmente a los que no tienen inserci�n formal en el mercado laboral.

La asistencia social se realiza de manera integrada con las pol�ticas sectoriales, con el objetivo de combatir la pobreza, garantizar m�nimos sociales, brindar condiciones para atender las contingencias sociales y universalizar los derechos sociales.

As�, la asistencia fue identificada como una pol�tica de inclusi�n social ya que es en el desarrollo de la misma que los excluidos encuentran apoyo y servicios. La CEPAL (2019) tambi�n considera que hablar de asistencia social es una tarea bastante compleja. Esto se debe a que a�n no se considera una pol�tica de derechos. De hecho, existen prejuicios y distorsiones en cuanto a su concepto. Tal como lo expresa, en general, la asistencia se entiende de manera restringida, como el otorgamiento de ayuda en situaciones consideradas de riesgo o vulnerabilidad.

La literatura que trata el tema muchas veces muestra que es entendido y explicado por las funciones que cumple o por el local institucional donde se implement� la asistencia. Esta imprecisi�n conceptual termina generando errores conceptuales, ya que, no tienen en cuenta el car�cter contradictorio que se da dentro de la asistencia, ya que resulta de una relaci�n existente entre los intereses antag�nicos del capital y el trabajo.

Este antagonismo se manifiesta como asistencial, como pol�tica social, comprende no solo la reproducci�n de la fuerza de trabajo que est� directamente ligada a la producci�n, sino tambi�n de esa capa de la poblaci�n que se encuentra excluida del proceso productivo, como son los discapacitados y los ancianos.

La asistencia social est� asociada a la ciudadan�a y en este punto es fundamental la participaci�n del Estado actuando como regulador o proveedor, ya que se rige por la perspectiva de los derechos sociales, que se relacionan con la equidad y la justicia social, que dependen de la intervenci�n del Estado, porque como dice Bobbio (1992), es �l quien produce y organiza los servicios p�blicos.

La Pol�tica Nacional de Asistencia Social implementada a partir de 2008, se presenta como un avance en el campo de la asistencia social. Se considera como un compromiso del Estado para materializar los lineamientos de la Constituci�n de la Rep�blica, que implica la aplicaci�n de acciones afirmativas para poder combatir la exclusi�n hist�rica de ciertos grupos de atenci�n prioritaria que no han tenido acceso al trabajo.

 

 

Conclusiones

El trabajo constituye, en definitiva, una fuente vital de supervivencia en el sentido m�s amplio de la palabra, incluyendo las dimensiones biopsicosociales del ser humano. Da sentido a la existencia humana, independientemente de que pertenezca a un grupo prioritario. Los procesos hist�ricos de formaci�n de la sociedad ecuatoriana son necesarios para comprender y explicar el origen de tantos grupos excluidos y tantas desigualdades sociales. La falta de igualdad presente en nuestra sociedad tambi�n se basa en factores socioculturales. La distancia que separa a las personas de grupos prioritarios de la vida en sociedad est� formada por prejuicios, estereotipos y estigmas.

La promulgaci�n de leyes que tratan de garantizar el derecho al trabajo de estos grupos forman parte de un enorme conjunto que hace de la legislaci�n ecuatoriano sea una de las mejores en Latinoam�rica y el mundo en t�rminos de garant�a de los derechos humanos. Sin embargo, es insuficiente para asegurar su ejercicio, ya que no explica c�mo ponerlo en pr�ctica, c�mo preparar a las empresas para su inclusi�n, no garantiza programas de calificaci�n y profesionalizaci�n de estas personas. Por tanto, la inclusi�n laboral en el mercado de trabajo formal, la convivencia igualitaria en el espacio p�blico, sin restricciones, est� todav�a muy lejos de la realidad.

La construcci�n de espacios para la inclusi�n, llama a la sociedad a garantizar los derechos de estas personas. La existencia misma de leyes para garantizar los derechos humanos a las minor�as poblacionales revela la dificultad de la sociedad para enfrentarse sola a las diferencias. Por lo tanto, los desaf�os de la inclusi�n est�n presentes y sus pr�cticas no est�n en las leyes y necesitan ser inventadas, elaboradas e implementadas, ese es el desaf�o de la sociedad global.

Finalmente, es importante destacar las ventajas de la inclusi�n social para las empresas, que debe ser vista, principalmente, como un factor que agrega valor a las relaciones laborales. Lo que hay que valorar es b�sicamente el �ngulo que puede determinar una condici�n especial de una persona vulnerable y gracias al cual estas personas tienen una lectura diferente del mundo, que les permite hacer una aportaci�n �nica a la empresa a la que acuden a trabajar. A eso se suma la dedicaci�n, el compromiso, la lealtad, que al fin y al cabo son cualidades personales estos seres humanos tambi�n puede ofrecer.

En base a la investigaci�n se ha llegado a determinar que no se cumple el principio de inclusi�n en el �rea laboral enfocada en los grupos de atenci�n prioritaria, en raz�n de que el estado no ha establecido una legislaci�n y pol�ticas p�blicas efectivas que permitan garantizar el acceso y la permanencia al trabajo de estas personas, de modo que se requiere que se apliquen soluciones efectivas.

 

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