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El excesivo uso de la Acci�n de Protecci�n Constitucional

 

The excessive use of the Constitutional Protection Action

 

O uso excessivo da A��o de Prote��o Constitucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: marco.siguencia.75@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 23 de agosto de 2022 *Aceptado: 28 de septiembre de 2022 * Publicado: 15 de octubre de 2022

 

 

        I.            Estudiante de Posgrado, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.            Docente de Posgrado, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

 

 

Resumen

La acci�n de protecci�n como se la denomina en la Constituci�n del a�o 2008 o acci�n de amparo como dec�a la Constituci�n Pol�tica del a�o 1998, es una importante instituci�n creada para proteger los derechos fundamentales garantizados por la M�xima Ley o por Convenios o Tratados Internacionales de Derechos Humanos, cuando han sido vulnerados o exista el inminente riesgo de que lo sean, por acciones u omisiones de autoridades p�blicas que ejerzan poder o por personas particulares que prestan servicios p�blicos impropios o cuando la persona afectada se encuentra en indefensi�n, as� como contra pol�ticas p�blicas privativas del ejercicio de los derechos constitucionales.

Para prevenir un uso correcto de esta garant�a, es necesario tener claro sus antecedentes, naturaleza jur�dica, caracter�sticas y alcances en relaci�n a otras instituciones jur�dicas y principios procesales que rigen el procedimiento constitucional; pues conocemos que a la anterior acci�n de amparo constitucional, por un uso exagerado, en foros acad�micos se la lleg� a denominar como �amparitis�, significando una especie de fiebre por recurrir a ella, muchas de las veces al no existir realmente vulneraci�n de derechos constitucionales, siendo demandas que en el fondo buscaban la declaraci�n de derechos.

Es por ello que antes de plantear una acci�n de protecci�n, usurarios y abogados deben previamente determinar con absoluta claridad si existe violaci�n a derechos fundamentales, porque de no ser as�, podr�a producirse vulneraci�n al principio de seguridad jur�dica y de celeridad procesal, este �ltimo en perjuicio de otros usuarios de la administraci�n de justicia, ya que debido a la preferencia que tiene la garant�a para su tramitaci�n, se tienen que suspender audiencias previamente agendadas, debiendo por lo mismo esperar m�s tiempo para que sus causas sean resueltas.

Palabras clave: Amparo; Acci�n de protecci�n; Garant�as constitucionales; Seguridad jur�dica; Celeridad procesal.

 

Abstract

The action of protection as it is called in the Constitution of the year 2008 or action of amparo as the Political Constitution of the year 1998 said, is an important institution created to protect the fundamental rights guaranteed by the Maximum Law or by Conventions or International Treaties of Rights Human Rights, when they have been violated or there is an imminent risk that they will be, due to actions or omissions of public authorities exercising power or by private persons who provide improper public services or when the affected person is defenseless, as well as against public policies exclusive of the exercise of constitutional rights. To prevent a correct use of this guarantee, it is necessary to be clear about its background, legal nature, characteristics and scope in relation to other legal institutions and procedural principles that govern the constitutional procedure; because we know that the previous action for constitutional protection, due to an exaggerated use, in academic forums came to be called "amparitis", meaning a kind of fever for resorting to it, many of the times as there was no real violation of rights constitutional, being demands that basically sought the declaration of rights. That is why, before filing a protection action, usurers and lawyers must previously determine with absolute clarity if there is a violation of fundamental rights, because if this is not the case, there could be a violation of the principle of legal certainty and procedural speed, the latter in detriment of other users of the administration of justice, since due to the preference that the guarantee has for its processing, previously scheduled hearings have to be suspended, therefore having to wait longer for their cases to be resolved.

Keywords: Amparo; Protection action; Constitutional guarantees; Legal security; Procedural speed.

 

Resumo

A a��o de prote��o como � chamada na Constitui��o do ano de 2008 ou a��o de amparo como dizia a Constitui��o Pol�tica do ano de 1998, � uma importante institui��o criada para proteger os direitos fundamentais garantidos pela Lei M�xima ou por Conven��es ou Tratados Internacionais Direitos Humanos, quando tenham sido violados ou haja risco iminente de que venham a s�-lo, por a��o ou omiss�o do poder p�blico no exerc�cio do poder ou por particulares que prestem servi�os p�blicos impr�prios ou quando o afetado estiver indefeso, bem como contra as pol�ticas p�blicas exclusivas do exerc�cio dos direitos constitucionais. Para evitar o uso correto dessa garantia, � necess�rio ter clareza sobre seus antecedentes, natureza jur�dica, caracter�sticas e alcance em rela��o a outros institutos jur�dicos e princ�pios processuais que regem o procedimento constitucional; pois sabemos que a a��o anterior de prote��o constitucional, por uso exagerado, nos f�runs acad�micos passou a ser chamada de "amparitis", significando uma esp�cie de febre por recorrer a ela, muitas vezes por n�o haver real viola��o de direitos constitucional, sendo demandas que buscavam basicamente a declara��o de direitos. Por isso, antes de ajuizar uma a��o de prote��o, usur�rios e advogados devem determinar previamente com absoluta clareza se h� viola��o de direitos fundamentais, pois se n�o for o caso, poder� haver viola��o do princ�pio da seguran�a jur�dica e da celeridade processual , este �ltimo em detrimento dos demais usu�rios da administra��o da justi�a, uma vez que pela prefer�ncia que a garantia tem pelo seu processamento, as audi�ncias previamente agendadas t�m que ser suspensas, devendo, portanto, aguardar mais tempo para que seus casos sejam resolvidos.

Palavras-chave: Amparo; A��o protetiva; Garantias constitucionais; Seguran�a jur�dica; Celeridade processual.

 

Introducci�n

De todas las garant�as jurisdiccionales previstas en la vigente Constituci�n de la Rep�blica, junto con la acci�n de h�beas corpus, sin duda alguna la acci�n de protecci�n es la que m�s uso tiene, pues a diario se presentan demandas por personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados, por lo general, por actos u omisiones de autoridades p�blicas, sabiendo que esta garant�a sirve para proteger varios derechos constitucionales como el derecho a la igualdad y no discriminaci�n, derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad jur�dica, etc.

Por la importancia que reviste, en el presente trabajo se realiza un an�lisis desde sus or�genes hasta la actualidad, relacion�ndola con los principios de seguridad jur�dica y de celeridad procesal, mediante la revisi�n doctrinaria y jurisprudencial, identificando las diversas denominaciones que tiene en las diferentes legislaciones y en especial se realiza una breve referencia de las expresiones alusivas a la acci�n de amparo, en las constituciones que ha tenido el Ecuador desde el inicio de la vida republicana hasta la vigente Constituci�n, en la que ciertamente ha merecido un tratamiento preferente.

Una de las principales razones por las que los usuarios y los profesionales del derecho recurren a ella, es debido a que la misma Constituci�n dispone que para las garant�as jurisdiccionales el procedimiento ser� sencillo, r�pido y eficaz, al mismo tiempo las exigencias para su tramitaci�n son menos rigurosas que para los procesos de la jurisdicci�n ordinaria, en raz�n de los principios procesales de formalidad condicionada y de econom�a procesal, todo lo cual permite que se resuelvan con agilidad.

Sin embargo, al recurrir a esta garant�a en casos en los que realmente no exista vulneraci�n de derechos fundamentales, se estar�a dando un uso excesivo de la misma, lo que podr�a afectar a otros principios y derechos como la seguridad jur�dica y la celeridad procesal en perjuicio de los dem�s usuarios de la administraci�n de justicia, por el exagerado congestionamiento de procesos.

Con la finalidad propuesta, este art�culo aborda los siguientes temas: el amparo constitucional, la acci�n de protecci�n, la seguridad jur�dica, la celeridad procesal, la metodolog�a empleada para el desarrollo, los resultados obtenidos, la propuesta y las conclusiones finales.

 

Marco referencial

Descripci�n doctrinaria y jurisprudencial de la acci�n de protecci�n

Con el objeto de comprender de manera correcta a la acci�n de protecci�n � como hoy se la denomina en la vigente Constituci�n del Ecuador � es necesario indagar sus or�genes y desarrollo en la doctrina y la jurisprudencia, para conocer cu�les fueron sus antecedentes, sus instituciones precursoras y finalmente como se fue introduciendo en las legislaciones de los pa�ses latinoamericanos y particularmente en el Derecho Constitucional Ecuatoriano.

 

Or�genes y denominaci�n

Al realizar una revisi�n bibliogr�fica, antes que nada, se encuentra que a este medio creado para la protecci�n de derechos fundamentales, ll�mese recurso, acci�n o juicio de amparo, pr�cticamente en todas las legislaciones se le conoce con la denominaci�n gen�rica de amparo; en el caso de nuestro pa�s la Constituci�n Pol�tica del a�o 1998 le denomin� como acci�n de amparo, siendo la vigente Constituci�n la que le da el nombre de acci�n de protecci�n a la garant�a constitucional objeto del presente an�lisis.

De manera general se podr�a se�alar que la funci�n de amparo tiene sus or�genes en Inglaterra, en la Carta Magna de Juan sin Tierra de 1215, en la que se estableci� el llamado habeas corpus como un mecanismo para proteger la libertad personal, posteriormente entre sus antecedentes europeos encontramos el denominado recurso de queja en la Constituci�n Suiza de 1848.

En M�xico, el juicio de amparo mexicano tiene sus or�genes en la Constituci�n yucateca de 1841, quedando finalmente establecido en la Constituci�n de 1857 (Carbonell, 2014). Podemos apreciar entonces que en dicho pa�s latinoamericano, la protecci�n de los derechos fundamentales lleva ya m�s de siglo y medio de vigencia, aunque no desde el punto de vista de una garant�a constitucional propiamente, sino m�s bien como un mecanismo para proteger los derechos de los gobernados ante los abusos de poder.

Alejandro Maraniello coincide en manifestar que en Am�rica el amparo tuvo su origen en M�xico, que si bien la Constituci�n de 1824 no lo menciona expresamente, en el art�culo 137 si autoriza a reclamar directamente a la Corte Suprema de Justicia por las sanciones a la ley suprema (Maraniello, 2011). Se confirma de esta manera que en Latinoam�rica, este mecanismo de protecci�n de derechos se inici� en la legislaci�n mexicana, siendo luego incorporado en los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n de 1917 de dicho pa�s, de donde posteriormente se expandi� a los otros pa�ses de centro y suram�rica.

Los autores Miguel Carbonell y �dgar Caballero manifiestan que en la actualidad, el amparo mexicano tiene una regulaci�n que lo hace bastante complejo, por ejemplo, que tiene entre sus funciones la protecci�n de la libertad personal a trav�s del llamado �amparo-libertad��(Carbonell, 2014). Consideramos que en este aspecto difiere con el amparo en el derecho ecuatoriano, pues para tal objeto nuestra Constituci�n ha instituido la garant�a del h�beas corpus, que anteriormente se presentaba ante el Alcalde, hasta la vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1998 y, a partir de la Constituci�n actual la competencia para conocer y resolver esta garant�a radica en los operadores de justicia de la Funci�n Judicial.

Por otra parte dicen los mismos autores citados que el amparo mexicano tiene que ver con el control de los actos administrativos, lo cual hace que el amparo se asemeje en parte a un proceso contencioso administrativo que tiene sus ra�ces hist�ricas en el derecho franc�s del siglo XIX (Carbonell, 2014). En este aspecto se observa que existe una marcada diferencia con el derecho ecuatoriano, pues en nuestra legislaci�n la acci�n de amparo no se asemeja en nada a un proceso contencioso administrativo, puesto que este �ltimo ha tenido y lo tiene actualmente su propia ley que lo regula; nos referimos a la anterior Ley de la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa y actualmente al C�digo Org�nico General de Procesos que en el Libro IV, T�tulo I, Cap�tulo II sistematiza los procedimientos contencioso tributario y contencioso administrativo.

El amparo constitucional es una instituci�n procesal producto del tr�nsito del Estado de derecho basado en la ley, hacia un Estado de derecho basado en la Constituci�n (Landa, 2011). Es importante aqu� se�alar entonces que el amparo constitucional, como se le conoce en las diferentes legislaciones o el juicio de amparo como se le denomina en el sistema mexicano surgi� al evolucionar del denominado Estado de derecho puramente legalista, con m�ximo imperio de la ley, de estricta aplicaci�n del llamado principio de legalidad al Estado constitucional de derechos en el que tiene preponderancia el reconocimiento y resguardo de los derechos fundamentales.

 

Expansi�n del amparo en Latinoam�rica

La difusi�n del amparo como instituci�n jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de las personas establecida en sus inicios en M�xico, no tardar�a en alcanzar a las legislaciones de otros pa�ses de Latinoam�rica�(Valle, 2012). Aqu� el autor nos indica que habiendo iniciado el amparo en M�xico, sin embargo, no se qued� ah�, sino que paulatinamente fue adoptado por los dem�s pa�ses latinoamericanos, con concepciones y caracter�sticas particulares en cada uno de ellos, habi�ndose producido dicha expansi�n de la siguiente manera:

Sin embargo, de acuerdo con C�sar Landa, en Am�rica Latina, el amparo entendido como proceso constitucional, no es de larga data. Se incardina dice, en los procesos de modernizaci�n democr�ticos a trav�s de las nuevas constituciones o reformas constitucionales del siglo XX (Landa, 2011). Es decir en el per�odo comprendido entre los a�os 1900 al 2000, concretamente en M�xico se introduce en 1917, en Brasil en 1934, en Per� 1979, en Colombia 1992, en Argentina 1994 y en el Ecuador en 1998; debiendo aclarar que en las diferentes legislaciones esta instituci�n ha tenido as� mismo diversos alcances en cuanto al �mbito de los derechos objeto de tutela.

 

El amparo en los instrumentos internacionales de derechos humanos

En primer lugar lo encontramos en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, cuyo Art. 8 dice: �Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n o por la ley��(Naciones Unidas, 1948). Como se puede observar, si bien la Declaraci�n eufem�sticamente menciona un recurso efectivo, sin embargo, del tenor del art�culo transcrito debemos entender que se refiere al amparo.

De la misma manera la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, en t�rminos similares a los de la Declaraci�n, establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y r�pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n, la ley o la misma Convenci�n�(Estados Americanos, 1969).

En igual sentido, pero algo m�s desarrollado consta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y en el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales, documentos que en definitiva vienen a constituir la traducci�n jur�dica de los principios de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos.

 

El amparo en la legislaci�n ecuatoriana

De acuerdo con el profesor Alex Valle, en nuestro pa�s la instituci�n del amparo ha recorrido un camino largo y tortuoso al ser implementado constitucionalmente en 1967, pero sin desarrollar el procedimiento de su ejercicio para posteriormente ser suprimido hasta las reformas constitucionales de 1996 y 1998�(Valle, 2012). Esto significa que pr�cticamente desde la Constituci�n de 1830 hasta la de 1946 se han incluido preceptos relacionados a reclamaciones que pod�an ser formuladas por cualquier persona por la vulneraci�n a la Constituci�n y las leyes, lo que tendr�a relaci�n con la protecci�n de los derechos de los ciudadanos y que en definitiva ser�an los antecedentes remotos del amparo en nuestra legislaci�n.

La Constituci�n de 1945, cre� el Tribunal de Garant�as Constitucionales estableciendo como una de sus atribuciones, conocer de las quejas que formulare cualquier persona, natural o jur�dica, por quebrantamiento de la Constituci�n y las leyes (Ord��ez, 1995). Es importante tener en cuenta aqu�, que la norma constitucional se refer�a de manera general a quebrantamiento de la Constituci�n y de las leyes, lo cual constituye un concepto amplio y general, pues no toda violaci�n a normas constitucionales o legales implica necesariamente infracci�n a los derechos humanos.

Es la Constituci�n de 1967 la primera en recoger en su texto y otorgar el rango constitucional al amparo, pero no dio origen a la creaci�n de una ley o reglamento que lo efectivice�(Valle, 2012). Es decir, si bien contemplaba el derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra cualquier violaci�n de las garant�as constitucionales; sin embargo, de nada sirvi� constitucionalizar esta garant�a, pues al no contar con la normativa que posibilite su aplicaci�n, no se conoc�a el procedimiento a seguir, ni ante qu� autoridad deb�an recurrir con la demanda solicitando la protecci�n de sus derechos, lo que sin duda determin� que no preste ninguna utilidad pr�ctica en beneficio de la ciudadan�a.

Las reformas constitucionales realizadas por el Congreso Nacional de entonces, en 1996, crea una secci�n: De las Garant�as de los Derechos, donde incorpora un par�grafo: Del Amparo, mismo que consta de un art�culo innumerado en el que se estableci� por primera vez ya un procedimiento para poder aplicar en la pr�ctica esta garant�a ante los �rganos de la funci�n judicial, se�alando que se pod�a solicitar la adopci�n de medidas urgentes para evitar la comisi�n, hacer cesar o remediar de manera inmediata las consecuencias de un acto ileg�timo de autoridad p�blica que vulnere derechos constitucionales y que pueda causar un da�o inminente, a m�s de grave e irreparable.

Pero adem�s estas mismas reformas constitucionales procedieron a cambiar la denominaci�n del que hasta entonces se llamaba Tribunal de Garant�as Constitucionales por la de Tribunal Constitucional, estableciendo las competencias de dicho Organismo, siendo una de ellas la de conocer y resolver las resoluciones que denieguen los recursos previstos en la secci�n de las garant�as de los derechos y los casos de consulta obligatoria o apelaci�n previstos en el Recurso de Amparo.

La efectiva aplicaci�n del amparo se vio favorecida con la expedici�n de la Ley de Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 99, de 02 de julio de 1997, misma que luego mediante Resoluci�n del Congreso Nacional No. 22-058, publicada en el Registro Oficial No. 280, de 08 de marzo de 2001, al igual que a otras varias leyes, se le otorg� el car�cter de Ley Org�nica, misma que del art�culo 46 hasta el art�culo 58 regulaba todo lo concerniente al recurso de amparo constitucional �(Congreso, 1997).

La Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Riobamba en fecha 05 de junio de 1998 aprob� y expidi� la Constituci�n Pol�tica del Ecuador del a�o 1998, misma que en el Cap�tulo VI: De las Garant�as de los Derechos, Secci�n Tercera, art�culo 95 regulaba todo lo referente a la que denomin� como acci�n de amparo en contra de actos u omisiones ileg�timas de una autoridad p�blica que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constituci�n o en un tratado o convenio internacional, inclusive en contra de los particulares en los casos previstos en la misma norma (Asamblea, 1998).

Resulta que con la vigencia de esta Constituci�n, a t�tulo de reclamar la protecci�n de derechos, se planteaban recursos de amparo constitucional absolutamente por todo; evidenciando un abuso en la utilizaci�n de esta instituci�n del amparo, hasta el punto que, el uso excesivo del recurso provoc� que en diferentes foros acad�micos, conferencias, seminarios, etc. diversos expositores se refieran a este acontecimiento con el calificativo de �amparitis�, para advertir el uso desmedido y distorsionado que lamentablemente se le estaba dando a esta garant�a.

 

La acci�n de protecci�n

La Asamblea Nacional Constituyente reunida en esta ocasi�n en el cant�n Montecristi, provincia de Manab�, expidi� la Constituci�n de la Rep�blica del a�o 2008, que rige hasta la actualidad, la que efectivamente consta como ampliamente protectora de derechos de las personas, que en el T�tulo III: Garant�as Constitucionales, Cap�tulo III instituye las siguientes: Acci�n de protecci�n, acci�n de h�beas corpus, acci�n de acceso a la informaci�n p�blica, acci�n de h�beas data, acci�n por incumplimiento y acci�n extraordinaria de protecci�n.

A partir de entonces a esta garant�a se le conoce como acci�n de protecci�n, que difiere del amparo en cuanto a su estructura y alcance, cuya finalidad es tutelar de manera directa y eficaz los derechos constitucionales de las personas y que seg�n lo prescrito en el art�culo 86 de la Constituci�n, al tratarse de una garant�a jurisdiccional, el procedimiento ser� sencillo, r�pido y eficaz, siendo oral en todas sus fases e instancias, pudiendo proponerse sin formalidades, sin necesidad de citar la norma infringida e inclusive sin que sea indispensable el patrocinio de un abogado para plantear la acci�n.

Es la conducta del Estado, a trav�s de cualquier persona que act�e en el ejercicio de la autoridad p�blica, la que puede caracterizarse como una violaci�n de los derechos humanos�(Fe�ndez, 1999). Si bien en la mayor�a de ocasiones quienes realmente con su acci�n u omisi�n violan derechos fundamentales de las personas son los que de cualquier forma ejercen el poder estatal, como autoridades de las diferentes instituciones p�blicas; sin embargo, tambi�n existen muchos casos en que dichas violaciones proceden de personas particulares, en especial de las que act�an como concesionarias del Estado o que por delegaci�n prestan servicio p�blicos y peor a�n si dichas vulneraciones de derechos se realizan en contra de personas que se encuentran en estado de subordinaci�n, indefensi�n o discriminaci�n, por lo que la protecci�n establecida en la Constituci�n constituye un gran avance.

 

Objeto de la acci�n de protecci�n

El Art. 88 de la Constituci�n establece objeto de esta garant�a, que se complementa con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en la que se establecen los requisitos para su procedencia y las causales de improcedencia.

Para que proceda la acci�n de protecci�n, la vulneraci�n del derecho necesariamente debe afectar el �contenido constitucional� del mismo y no a las otras dimensiones del derecho afectado (Monta�a, 2012). La Corte constitucional ha se�alado que el derecho al trabajo tiene dos dimensiones: una social y otra econ�mica; cuando la vulneraci�n afecta a la dimensi�n sociales procedente la acci�n de protecci�n, mientras que cuando la vulneraci�n afecta a la dimensi�n econ�mica, como podr�a ser el reconocimiento de remuneraciones, la v�a adecuada es la jurisdicci�n ordinaria mas no la acci�n de protecci�n, debiendo entender entonces que en este caso el contenido constitucional del derecho estar�a en la dimensi�n social.

Adem�s del objeto de esta garant�a jurisdiccional previsto en la Constituci�n y la LOGJCC, la Corte Constitucional ha manifestado tambi�n que la acci�n de protecci�n tiene dos objetivos primordiales �la tutela de los derechos constitucionales de las personas, as� como la declaraci�n y la consiguiente reparaci�n integral de los da�os causados por su violaci�n� (Sentencia No. 0140-12-SEP-CC, 2012). En cuanto a lo primero, al tratarse de una garant�a de protecci�n de derechos constitucionales de las personas, cuando se ha producido la vulneraci�n de los mismos, el juzgador en sentencia, deber� acoger la demanda y declarar la violaci�n de los mismos y como consecuencia, por mandado del art�culo 18 de la LOGJCC deber� ordenar la reparaci�n integral por el da�o material e inmaterial.

Ramiro �vila concept�a a la acci�n de protecci�n como una acci�n de conocimiento que tiene como objetivo reparar integralmente la violaci�n de derechos proveniente de autoridad p�blica o particulares (�vila, 2011). Criterio del citado autor con el que se confirma que la acci�n de protecci�n constituye una acci�n reparatoria, lo cual le da un car�cter trascendental, puesto que la v�ctima de la violaci�n ciertamente ver�a tutelados sus derechos si alcanza una reparaci�n integral de los da�os ocasionados y la garant�a habr�a cumplido con su objeto de amparo directo y eficaz de tales derechos.

Juan Monta�a Pinto, citado por Ismael Quintana dice que hablar de garant�as no tiene sentido si no se hace referencia a los derechos ya que estos fueron concebidos, desde los inicios de la modernidad como poderes subjetivos constituidos en l�mites al poder y actuaci�n del Estado (Quintana, La Acci�n de Protecci�n , 2020). Es entonces la necesidad imperiosa de proteger a los derechos consagrados en la M�xima Ley o en instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que determina la existencia de las garant�as, en este caso nos referimos a la acci�n de protecci�n, que precisamente est� para afianzar el respeto de esos derechos, cuando han sido inobservados, vulnerados o exista el riesgo inminente de que lo sean, por acciones u omisiones arbitrarias provenientes del ejercicio del poder.

 

Derechos fundamentales

Seg�n Luigi Ferrajoli son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar (Ferrajoli, 2001). En realidad la definici�n propuesta por dicho autor es explicativa, al se�alar en definitiva que los derechos fundamentales no son otros que los derechos subjetivos de los que los seres humanos son titulares por el solo hecho de ser tales, bajo cuya concepci�n podemos encasillar de manera general a todos derechos de la persona y que por supuesto merecen protecci�n del Estado en caso de ser desconocidos o vulnerados.

Seg�n Pedro Cruz Villal�n, se entiende por derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que le son propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes jur�dicos que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ah� que de dicho reconocimiento se derivan consecuencias de tipo jur�dico, tales como la tutela judicial efectiva y el contenido esencial (Cruz, 1989). Se�ala as� mismo que los derechos fundamentales son los derechos subjetivos que pertenecen a los seres humanos, solo por el hecho de ser tales, siendo l�gico de que el Estado est� obligado a la protecci�n de sus derechos.

En este mismo sentido Gregorio Peces-Barba concept�a a los derechos subjetivos como libertades, potestades o inmunidades que el ordenamiento positivo establece, de protecci�n a la persona, en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad y no discriminaci�n, con posibilidad de reclamar su cumplimiento coactivo en caso de desconocimiento o violaci�n (Peces-Barba, 1987).

 

 

 

 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional en sentencias dictadas en varias acciones extraordinarias de protecci�n ha establecido lineamientos respecto del alcance y los derechos que pueden ser reclamados con el uso de dicha garant�a, as� mediante precedente constitucional obligatorio orden�:

��cabe se�alar que las garant�as jurisdiccionales, espec�ficamente la acci�n de protecci�n, proceden cuando del proceso se desprenda la vulneraci�n de derechos constitucionales proveniente de un acto de autoridad p�blica no judicial, vulneraci�n que debe ser declarada por el juez constitucional v�a sentencia��

��la acci�n de protecci�n no procede cuando se refiera a aspectos de mera legalidad, en raz�n de los cuales existan v�as judiciales ordinarias para la reclamaci�n de los derechos, y particularmente la v�a administrativa�� (Sentencia No.001-10-PJO-CC, 2010).

Por tal raz�n los usuarios y abogados, antes de plantear una demanda, deben determinar con total claridad si efectivamente se trata de violaci�n de derechos humanos, derechos fundamentales reconocidos en la Constituci�n y que no exista otra v�a adecuada y eficaz para reclamar, entonces en ese caso es procedente recurrir a la acci�n de protecci�n.

De igual manera en otra sentencia la Corte dispuso:

�La acci�n de protecci�n procede cuando se verifique una real vulneraci�n de derechos constitucionales, con lo cual, le corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no una vulneraci�n de un derecho constitucional. Es a �l a quien le corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infra constitucional su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria�. (Sentencia No. 016-13-SEP-CC, 2013)

Como se puede observar, si bien accionantes y abogados tienen la obligaci�n de previamente determinar si existe la vulneraci�n a un derecho fundamental y por tanto es lo apropiado acudir a la acci�n de protecci�n; sin embargo, la Corte dice que es al juez a quien corresponde analizar y verificar si existe o no vulneraci�n de un derecho constitucional, o por el contrario de no ser as� determinar si el conocimiento del caso corresponde a la justicia ordinaria.

Karla Andrade manifiesta que la responsabilidad recae tanto en el juez como en las partes procesales, pues de ambos depende que la acci�n de protecci�n cumpla con su objeto y que no sea desnaturalizada (Andrade, 2013). Ciertamente por un lado depender� del correcto obrar de los usuarios, pero sobre todo de abogadas y abogados para previo an�lisis del caso acudir con sus demandas a la justicia constitucional despu�s de llegar al convencimiento de que existe violaci�n de derechos constitucionales y por otro lado estar� la valoraci�n y argumentaci�n a cargo del juez para aceptar o no la garant�a puesta a su conocimiento y decisi�n.

 

El principio de Seguridad Jur�dica

El Diccionario de la Real Academia Espa�ola de la Lengua � RAE, da el siguiente significado de seguridad jur�dica: �Cualidad del ordenamiento jur�dico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicaci�n� (Real Academia Espa�ola, 2014). De dicho significado lo que de inmediato aflora en nuestra mente es que nos encontramos en un escenario espec�fico de un ordenamiento jur�dico, en el que el sistema normativo debe ofrecer certidumbre y confianza, de tal manera que las personas sepan de antemano las consecuencias jur�dicas de sus actos u omisiones.

En el �mbito jur�dico, el Diccionario Hispanoamericano de Derecho, sobre la seguridad jur�dica dice: �Principio reconocido en los Estados de Derecho, que tiene como objeto brindar al ciudadano certeza sobre el orden jur�dico, sus alcances y formas de actuaci�n, y un margen suficiente de previsibilidad de los efectos que surtir� al aplicarse para el individuo�� (Grupo Latino Editores, 2008). Este Diccionario de Derecho, m�s o menos en el mismo sentido que el de la RAE, dice lo que se entiende por seguridad jur�dica; debiendo destacar que inicia mencionando que es un principio reconocido en los Estados de Derecho, significando con ello que en los Estados de facto realmente no se lo respetar�a.

Jos� Mezquita del Cacho, se�ala que la seguridad es ciertamente un� af�n de cada hombre enraizado en su instinto de supervivencia y planteado por tanto, sobre todo inicialmente como una necesidad en la que se apoya la propia organizaci�n social; por lo que siendo el Derecho el instrumento de �sta, resulta l�gico se�alarla entre los fines del mismo (Mezquita del Cacho, 1989). El autor inicia refiri�ndose al t�rmino seguridad en general, entendida como el anhelo de los seres humanos de que su existencia misma no corra riesgos en su interrelaci�n con sus cong�neres y para ello, como es obvio, es necesario la existencia de normas que delimiten el accionar de cada uno, el conjunto de las cuales constituye un sistema de Derecho, de donde entonces surge el derecho a la seguridad jur�dica.

Desde los albores de la humanidad han existido grupos sociales que a pesar de la interacci�n entre sus miembros, seguramente al inicio no ten�an ninguna noci�n de la seguridad jur�dica; m�s tarde con la conformaci�n del Estado de Derecho, la concepci�n de la seguridad jur�dica adquiere notable relevancia, convirti�ndose en un valor jur�dico imprescindible para la consecuci�n de otros valores, a consecuencia del establecimiento de la protecci�n de los derechos, como una de las principales obligaciones que debe garantizar el Estado.

Seg�n Antonio P�rez Lu�o, la formaci�n conceptual de la seguridad jur�dica, como la de otras importantes categor�as de la Filosof�a y la Teor�a del Derecho, no ha sido la consecuencia de una elaboraci�n l�gica sino el resultado de las conquistas pol�ticas de la sociedad (P�rez Lu�o, 1994). Es decir, el surgimiento y desarrollo de este principio, no mereci� la preocupaci�n de los gobernantes y en general de quienes han ostentado el poder, sino por el contrario, ha sido el ser humano, quien en las diferentes latitudes, sin duda ante la incertidumbre que rodeaba su existencia, ha reclamado un entorno le que ofrezca tranquilidad y ausencia de dudas para poder desarrollarse de manera integral, en aras de su convivencia pac�fica.

El principio de seguridad jur�dica, si bien ha sido comprendido en su relaci�n con los �rganos judiciales como la posibilidad de prever la respuesta de estos en la resoluci�n de las infracciones al ordenamiento jur�dico, su verdadero contenido no se agota en el �rgano judicial, sino que alcanza a todos los poderes p�blicos (Romero Larco, 2011). Ciertamente en relaci�n a este principio casi en la totalidad de los casos existe la percepci�n generalizada de que solo es aplicable en asuntos legales vinculados con los diversos campos de la administraci�n de justicia; sin embargo, incuestionablemente debe tambi�n ser observado por las autoridades de las instituciones p�blicas en asuntos administrativos, como en la expedici�n de actos administrativos, actos de simple administraci�n, procesos disciplinarios en contra de servidores p�blicos, etc., en definitiva en cualquier manifestaci�n de poder.

Lamentablemente en nuestro pa�s, en este aspecto, podemos afirmar con pena, pero al mismo tiempo con absoluta verdad que casi la totalidad de autoridades de las instituciones p�blicas, con pocas excepciones de algunas que tienen formaci�n en el campo del derecho, las dem�s no tienen la menor idea de lo que significa la seguridad jur�dica, cuando por el contrario, para el desempe�o de sus funciones deber�an estar obligados a su observancia y aplicaci�n para evitar vulnerar derechos de los administrados.

El autor ecuatoriano Jorge Zavala manifiesta que la seguridad jur�dica tiene, pues, su aspecto estructural (objetivo), el que es inherente al sistema jur�dico, a las normas jur�dicas y a sus instituciones y, de ah�, dimana al sujeto que est� obligado por el sistema jur�dico que adquiere al certeza o la certidumbre de las consecuencias de sus actos y las de los dem�s, �sta es la faceta subjetiva (Zavala Egas, 2004). Significa que el car�cter objetivo de la seguridad jur�dica est� presente a partir de la expedici�n y posterior vigencia de los diferentes cuerpos normativos que rigen la vida jur�dica del Estado y como las normas son expedidas precisamente para regular y armonizar la convivencia social de las personas, advirti�ndoles previamente lo que debe y lo que no debe de hacer, criterio fundado en la Constituci�n Pol�tica de 1998.

En el mismo sentido, la referida Constituci�n en el art�culo 23 prescrib�a que sin perjuicio de los derechos establecidos en la misma y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocer� y garantizar� a las personas todos derechos enlistados en dicho art�culo, donde en el numeral 23 constaba la seguridad jur�dica; es decir que esta instituci�n, a m�s de principio, constituye tambi�n un derecho subjetivo de las personas y no uno cualquiera, sino un derecho fundamental.

La vigente Norma Suprema, en el art�culo 82 dice que el derecho a la seguridad jur�dica se fundamenta el respeto a la Constituci�n y en la existencia de normas jur�dicas previas, claras, p�blicas y aplicadas por las autoridades competentes (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Antes que nada, es trascendental tener en cuenta que la Constituci�n identifica a la seguridad jur�dica como un derecho, poniendo de manifiesto su car�cter subjetivo, frente a otras estimaciones doctrinarias que tratan de diferenciarla entre valor y principio, manifestando que el primero est� sobre la normativa, en tanto que el principio tiene una funci�n normativa y como tal es fuente de derecho.

Por su parte el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial en el art�culo 25,� respecto al principio de seguridad jur�dica prescribe que las juezas y jueces tienen la obligaci�n de velar por la constante, uniforme y fiel aplicaci�n de la Constituci�n, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, las leyes y dem�s normas jur�dicas (Asamblea Nacional, 2022).

 

 

 

Sentencias de la Corte Constitucional

Por otra parte, la Corte Constitucional del Ecuador, en varias sentencias se ha pronunciado sobre este principio, como se indica a continuaci�n:

En la sentencia No. 989-11-EP/19, la Corte ha se�alado que del texto constitucional se desprende que el individuo debe contar con un ordenamiento jur�dico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita tener una noci�n razonable de las reglas del juego que se ser�n aplicadas (Acci�n extraordinaria de protecci�n, 2019). Ese es el sentido preciso de este principio, la garant�a de que exista una normativa clara, previa que le confiera la suficiente certeza a la persona, de tal manera que de antemano sepa las consecuencias de su hacer o dejar de hacer, de acuerdo a las condiciones previamente establecidas y que son aplicables para todos de forma igualitaria.

Resolviendo otra garant�a jurisdiccional, la Corte dice que v�a acci�n por incumplimiento se garantiza el principio de seguridad jur�dica, puesto que conforme su objeto, procura la aplicaci�n de normas y su cumplimiento (Acci�n por incumplimiento, 2013). En este caso concreto en el que la Corte Constitucional se�ala de manera contundente que precisamente en la seguridad jur�dica es donde se funda la confianza de las personas, al tener conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias de sus actos y omisiones, as� como respecto de que las acciones del poder p�blico deben respetar y cumplir el sistema normativo, evitando expedir actos que incumplan o vulneren normas de cualquier jerarqu�a, porque con ello al mismo tiempo se vulnera la seguridad jur�dica.

En resumen, de lo analizado se tiene que tanto para la doctrina como para la jurisprudencia la seguridad jur�dica significa la certeza y seguridad que debe ofrecer el sistema de derecho, con normas previas y claras que deben ser observadas y aplicadas en todos los �mbitos de manifestaci�n de poder; por lo mismo, ante un acto u omisi�n que afecte a una persona, es fundamental� que previamente se verifique si efectivamente existe vulneraci�n de derechos garantizados por la Constituci�n, en cuyo caso, al acudir a la v�a constitucional que es la correcta para plantear una acci�n de protecci�n, se est� observando la seguridad jur�dica; todo lo contrario, si los usuarios y abogados patrocinadores luego de analizar el caso llegado a su conocimiento, a pesar de verificar que no existe violaci�n a un derecho constitucional y, sin embargo proponen una acci�n de protecci�n, l�gicamente que se est� vulnerando la seguridad jur�dica.

 

El principio de Celeridad Procesal

De acuerdo con el Diccionario Jur�dico Elemental de Guillermo Cabanellas, el t�rmino celeridad, etimol�gicamente proviene de la expresi�n latina celeritas que significa velocidad, prontitud, agilidad (Cabanellas, 2006). De manera general se debe entender entonces por la agilidad o rapidez en la realizaci�n de alg�n acto o actividad, que en el caso del presente an�lisis, unido al vocablo procesal, que a su vez, est� relacionado con lo judicial, legal, nos remite a la prisa o dinamismo con que deben efectuarse las diligencias y actuaciones en los procedimientos judiciales.

El Diccionario Jur�dico Moderno de Ra�l Chanam� Orbe, en su segunda acepci�n nos da el siguiente significado se celeridad procesal: �Expresi�n que se hace al �rgano jurisdiccional de justicia, para reclamar que el proceso en curso se desarrolle de manera oportuna, sin dilataci�n, respetando el debido proceso� (Chanam� Orbe, 2014). Cuando una persona se ve obligada a acudir a solicitar los servicios de la administraci�n de justicia, lo primero que espera es que un juzgador imparcial, probo y justo luego del procedimiento debido, atienda reclamo, y lo segundo que anhela es que ello ocurra lo m�s pronto posible, sin trabas ni demoras, pero lamentablemente en la pr�ctica esto no ocurre as�.

Hugo Alsina manifiesta que la celeridad es la consecuci�n de la econom�a procesal, la misma que consiste en emplear el menor tiempo, es decir se debe simplificar los procesos judiciales, sin tantos formalismos y admitir �nicamente medios probatorios que est�n relacionados con los hechos controvertidos (Alsina, 1962). En la ventilaci�n de los juicios, las partes procesales y los operadores de justicia, deben evitar a toda costa provocar incidentes que alarguen indefinidamente el desarrollo de los procedimientos, cumpliendo de manera estricta con los t�rminos y plazos previstos por las leyes para las diferentes actuaciones, de tal manera que los procesos se resuelvan de manera oportuna, teniendo presente el axioma de que �justicia que tarda no es justicia�.

En el sistema procesal ecuatoriano, esa fue una de las principales razones para pasar del anterior sistema escrito al oral, primero fue una reforma al C�digo del Trabajo, donde se empez� aplicar en parte la oralidad� mediante audiencias, luego en materia penal con la expedici�n del C�digo Org�nico Integral Penal y para las materias no penales el C�digo Org�nico General de Procesos se estableci� la modalidad de audiencias orales, exactamente con la finalidad de que los procedimientos legales se desarrollen de una manera m�s �gil y eficaz, donde adem�s se garanticen otros importantes principios de la administraci�n de justicia como el dispositivo, de inmediaci�n y concentraci�n, de tutela judicial efectiva, de seguridad jur�dica, de buena fe y lealtad procesal, entre otros.

El art�culo 20 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial dice que la administraci�n de justicia ser� r�pida y oportuna, tanto en la tramitaci�n y resoluci�n de la causa, como en la ejecuci�n de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces est�n obligados a proseguir el tr�mite dentro de los t�rminos legales, sin esperar petici�n de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administraci�n de justicia, imputable a las juezas, jueces y dem�s servidoras y servidores de la Funci�n Judicial y auxiliares de la justicia, ser� sancionado de conformidad con la ley (Asamblea Nacional, 2022).

Llama la atenci�n que la norma legal transcrita disponga que las juezas y jueces est�n obligados a proseguir el tr�mite, sin esperar petici�n de parte, cuando el art�culo 19 del mismo C�digo, al referirse al principio dispositivo dice en cambio que todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada y aunque a continuaci�n diga salvo los casos en que la ley disponga lo contrario, sabemos que en todas las materias no penales, siempre es la parte interesada la que tiene que impulsar el tr�mite, caso contrario, si se deja transcurrir el tiempo previsto en la ley operar�a el abandono, mas los jueces no impulsar�n si no solicita la parte interesada.

En lo que ata�e al presente an�lisis, la vulneraci�n al principio de celeridad, tambi�n estar�a dado por otra causa, y es que actualmente gran cantidad de usuarios con sus abogados patrocinadores plantean acciones de protecci�n sin que se trate de violaci�n de derechos garantizados por la Constituci�n, sino de otros asuntos, como homologaci�n de cargos p�blicos y pago de remuneraciones, donde claramente lo que se persigue es la declaraci�n de derechos que realmente no corresponde a la justicia constitucional, lo que debido a la preferencia de atenci�n que tiene esta garant�a constitucional, conlleva a que los dem�s procesos que se tramitan en la v�a judicial ordinaria se abarroten, se difieran audiencias ya programadas y en definitiva se vulnere el principio de celeridad en perjuicio de otros usuarios de la administraci�n de justicia.

 

 

 

Metodolog�a

La presente investigaci�n se realiz� con un enfoque cuali-cuantitativo, es decir, mixta; cualitativa por cuanto se realiz� la recolecci�n bibliogr�fica que permiti� la realizaci�n del an�lisis exhaustivo del problema, as� como describir la teor�a sobre el tema propuesto; y, cuantitativo porque se incluyen datos estad�sticos del estudio de campo.

Los m�todos utilizados fueron: el hist�rico-l�gico para estudiar la acci�n de protecci�n desde su antecedente inmediato, como acci�n de amparo y sus alcances en el tiempo; el m�todo inductivo-deductivo partiendo del an�lisis de la acci�n de amparo o acci�n de protecci�n en general, para luego pasar al objeto en concreto que tiene esta instituci�n, logrando de esta manera una exploraci�n te�rica del problema; el anal�tico-sint�tico, descomponiendo el problema en partes las que con el an�lisis se unen formando una sintetizaci�n para las recomendaciones propositivas; el descriptivo-explicativo para la descripci�n del tema en base a sus componentes y la explicaci�n del �mbito de la instituci�n; el dogm�tico para la referencia a la normativa constitucional y legal y el an�lisis de sentencias de la Corte Constitucional; y, el sist�mico para la esquematizaci�n de la propuesta en funci�n de las partes recolectadas de la informaci�n bibliogr�fica.

Con respecto a las t�cnicas para la recolecci�n de informaci�n, se emple� la encuesta a las (os) se�oras (es) juezas y jueces de primera instancia de la Funci�n Judicial, con Sede en el cant�n Cuenca, cuyos datos se analizaron en forma cuali-cuantitativa para llegar a establecer las conclusiones con la correspondiente propuesta.

 

Poblaci�n y muestra

El universo de estudio para efectuar esta investigaci�n fueron las (os) juezas y jueces de primera instancia de la Funci�n Judicial, con sede en el cant�n Cuenca, cuyo n�mero total es de ciento treinta y cinco, habiendo establecido una muestra aleatoria simple del 20% del total, que corresponde a veinte y siete juezas y jueces:

 

 

 

Resultados

Realizando la tabulaci�n de los datos obtenidos de la investigaci�n de campo, se logra establecer el criterio que tienen las (os) juezas (es) encuestadas (os) en relaci�n al uso de la acci�n de protecci�n en sus respectivas judicaturas.

Pregunta no. 1

�Actuando como Jueza (es) Constitucional, frecuentemente le corresponde a usted conocer y resolver acciones de protecci�n?

 

Figura 1

 

Fuente: Investigaci�n de campo

Elaborado por el autor

Figura 2

 

Como se puede apreciar, a la pregunta No. 1, absolutamente todas (os) las (os) encuestadas (os) responden que, si les corresponde frecuentemente conocer y resolver acciones de protecci�n, siendo por tanto el 100% la respuesta afirmativa, lo que nos permite verificar el amplio uso que tiene esta garant�a constitucional.

Pregunta no. 2

�Considera usted que la cantidad de acciones de protecci�n que le corresponde resolver, interrumpe la realizaci�n de otras audiencias ya programadas y adem�s se retarda la tramitaci�n de los otros juicios?

 

Figura 3

 

Fuente: Investigaci�n de campo

Elaborado por el autor

Figura 4

 

Esta fue una pregunta clave para el objeto del presente trabajo, de cuyas respuestas se verifica que veinte y seis encuestadas (os) que representa casi la totalidad de la muestra y que equivale al 96,30%, al responder afirmativamente, est�n confirmando que las acciones de protecci�n sorteadas a sus Unidades Judiciales impiden que se realicen otras audiencias que previamente han sido agendadas, lo cual trae como consecuencia el retardo en la tramitaci�n de las dem�s causas de los otros usuarios de la administraci�n de justicia; mientras que tan solo una (o) de las (os) encuestadas (os) responde de manera negativa, lo que representa el 3,70% de la muestra.

Pregunta no. 3

�Considera usted que al recurrir a la acci�n de protecci�n en casos que no exista vulneraci�n a derechos constitucionales, se afecta al principio de seguridad jur�dica?

 

Figura 5

 

Fuente: Investigaci�n de campo

Elaborado por el autor

Figura 6

 

En esta pregunta, del total de encuestadas (os), veinte responden de manera afirmativa, lo que representa el 70%, en tanto que siete dan una respuesta negativa, que a su vez corresponde al 30% de la muestra. Aqu� es importante aclarar en relaci�n al sentido de la pregunta que si al no haber violaci�n de derechos constitucionales se recurre a la acci�n de protecci�n, evidentemente que se vulnerar�a el derecho a la seguridad jur�dica, puesto que no se estar�a aplicando las normas previas, p�blicas y claras de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional; por lo que consideramos que las (os) siete encuestadas (os) que respondieron en forma negativa probablemente no meditaron en esta consecuencia.

Pregunta no. 4

�Estima usted que, al acudir a la v�a constitucional, en casos que no exista vulneraci�n a derechos garantizados por la Constituci�n, se afecta el principio de celeridad procesal en perjuicio de otros usuarios?

 

Figura 7

 

Fuente: Investigaci�n de campo

Elaborado por el autor

Figura 8

 

Como se puede observar, esta pregunta tiene relaci�n directa con la pregunta No. 2 y confidencialmente las (os) encuestadas (os) han respondiendo de manera similar, pues veinte y seis responden de manera afirmativa, que equivale al 96,30%, lo que demuestra que efectivamente al plantear acciones de protecci�n cuando no exista vulneraci�n de derechos constitucionales, se afecta al principio de celeridad procesal� en perjuicio de los dem�s usuarios de la administraci�n de justicia, en tanto que una (o) de las (os) encuestadas (os) dice que no, por lo que probablemente quien respondi� as� a lo mejor no entendi� el contexto de la pregunta.

PREGUNTA No. 5

�Estima que existe un uso excesivo de la acci�n de protecci�n por parte de los usuarios y sus abogados patrocinadores?

 

Figura 9

 

Fuente: Investigaci�n de campo

Elaborado por el autor

Figura 10

 

Esta fue otra pregunta clave en relaci�n al objeto de este trabajo, donde se observa que veinte y tres del total de encuestadas (os) contesta de manera afirmativa, lo que representa el 85,20%, mientras que cuatro encuestadas (os) dan una respuesta negativa, que corresponde al 14,80%; de esta manera, entonces se desprende que la mayor�a considera que si existe un uso excesivo de la acci�n de protecci�n, lo que tiene consonancia con el planteamiento del problema de investigaci�n.

Pregunta no. 6

�Considera usted que ser�a necesario una reforma al C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, introduciendo una prohibici�n a los abogados para plantear acciones de protecci�n cuando no exista violaci�n a derechos constitucionales?

 

Figura 11

 

Fuente: Investigaci�n de campo

Elaborado por el autor

Figura 12

 

En esta pregunta existe una peque�a ventaja de la opci�n negativa, pues quince de las (os) encuestadas (os), que representa el 55,55% responden de manera negativa, en tanto que doce de ellas (os) que equivale al 44,45% dan una respuesta afirmativa; con lo cual vemos que la mayor�a considera que no ser�a necesario plantear una reforma al C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, tendiente a incluir una prohibici�n a las (os) abogadas (os), pues inclusive una (o) de las (os) encuestadas (os) se�alo que ya existe la figura que proh�be el abuso del derecho; a pesar ello, teniendo en cuenta que el 44,45% si est� de acuerdo con plantear la indicada reforma legal, el presente trabajo est� cumpliendo el objetivo propuesto.

 

Propuesta

En funci�n de las respuestas dadas por las autoridades judiciales encuestadas, a todas las preguntas realizadas y en especial al considerable porcentaje equivalente al 44,45 % que al responder a la pregunta referente a la necesidad de una reforma legal planteada, se considera necesario de que se viabilice una reforma al C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, en el T�tulo VII, Cap�tulo II, art�culo 335 que trata de las prohibiciones a los abogados en el patrocinio de las causas, en el que se agregue un numeral, a continuaci�n del numeral 10, estableciendo como otra prohibici�n a los abogados de patrocinar causas referentes a acciones de protecci�n constitucional, en los casos en lo que no exista vulneraci�n de derechos garantizados por la Constituci�n de la Rep�blica o por Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos.

La presente propuesta se justifica en raz�n de que si se alcanza a conseguir que no se recurra a las acciones de protecci�n en los casos que no haya efectivamente violaci�n a derechos fundamentales, por un lado se evitar�a el exagerado congestionamiento de las causas, lo que afecta el principio de celeridad procesal en perjuicio de los dem�s usuarios de la administraci�n de justicia; y, por otro lado, se estar�a precautelando el principio y derecho se seguridad jur�dica, que las juezas y jueces tienen la obligaci�n de velar, conforme lo dispuesto en los art�culos 20 y 25 del mismo C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial.

 

Conclusiones

Seg�n la bibliograf�a revisada, en el Ecuador pr�cticamente desde el inicio de la vida republicana en los distintos textos constitucionales del Ecuador han existido indicios de amparar los derechos, siendo en la Constituci�n de 1978 en la que se establece como recurso de amparo, sin embargo luego desaparece, para volver a ser incluida en la Constituci�n de 1998 con la denominaci�n de acci�n de amparo, hasta que finalmente en la Constituci�n del a�o 2008 es donde alcanza un gran desarrollo, junto con otras garant�as.

Se ha determinado que tanto a los accionantes usuarios, abogados patrocinadores y juezas y jueces les corresponde determinar los casos en los que realmente existe vulneraci�n de derechos garantizados por la Constituci�n que justifique recurrir a la v�a constitucional, caso contrario se podr�a vulnerar los principios de seguridad jur�dica y de celeridad procesal en perjuicio de los dem�s usuarios.

De acuerdo con las respuestas dadas a la encuesta aplicada a las (os) juezas y jueces de primera instancia de la Funci�n Judicial con sede en el cant�n Cuenca, se determina que si ser�a necesario una reforma al C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, para introducir una prohibici�n a las (os) abogadas (os) para plantear demandas en los casos que realmente no exista violaci�n a derechos constitucionales.

 

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