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Habeas Corpus Reparador como Garant�a del Derecho a la Libertad Personal en el Marco Constitucional Ecuatoriano

 

Habeas Corpus Repairman as a Guarantee of the Right to Personal Liberty in the Ecuadorian Constitutional Framework

 

O reparador do habeas corpus como garantia do direito � liberdade pessoal no marco constitucional equatoriano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: ab.naranjogag@hotmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de marzo de 2022 *Aceptado: 14 de abril de 2022 * Publicado: 02 de agosto de 2022

 

 

 

1. Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.
2. Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador.

Resumen

La presente investigaci�n se ha desarrollado con el objetivo general de identificar el alcance y desarrollo de la garant�a de habeas corpus en su tipolog�a reparadora en el sistema constitucional ecuatoriano a partir de la puesta en vigencia de la Constituci�n de la Republica en el a�o 2008. Dentro de la discusi�n se ha identificado los conceptos de las diferentes formas de habeas corpus y su funcionalidad en el caso del estado ecuatoriano, pero sobre todo se ha discutido sobre la efectividad de la garant�a en los casos prisi�n preventiva arbitraria. Durante el an�lisis se ha revisado varios casos en que los juzgadores han expuesto respuestas claras sobre pretensiones de libertad, al cuestionar justamente que la privaci�n a la misma ha sido ilegal, arbitraria o ileg�tima. Esta forma de habeas corpus, tambi�n conocida como restaurador, ha sido muy tradicional, sin embargo, su evoluci�n se ha evidenciado a lo lardo del proceso de recolecci�n de informaci�n y de an�lisis de la misma.

Palabras Clave: Libertad personal; habeas corpus; restaurador; garant�a.

 

Abstract

The present investigation has been developed with the general objective of identifying the scope and development of the guarantee of habeas corpus in its reparative typology in the Ecuadorian constitutional system from the entry into force of the Constitution of the Republic in the year 2008. Within From the discussion, the concepts of the different forms of habeas corpus and their functionality in the case of the Ecuadorian state have been identified, but above all, the effectiveness of the guarantee in cases of arbitrary preventive detention has been discussed. During the analysis, several cases have been reviewed in which the judges have presented clear answers on the pretensions of freedom, precisely by questioning that the deprivation of freedom has been illegal, arbitrary or illegitimate. This form of habeas corpus, also known as restorative, has been very traditional, however, its evolution has been evidenced throughout the process of collecting information and analyzing it.

Keywords: personal freedom; habeas corpus; restorer; warranty.

 

 

 

Resumo

A presente investiga��o foi desenvolvida com o objetivo geral de identificar o alcance e o desenvolvimento da garantia do habeas corpus em sua tipologia reparadora no sistema constitucional equatoriano a partir da entrada em vigor da Constitui��o da Rep�blica no ano de 2008. discuss�o, foram identificados os conceitos das diferentes formas de habeas corpus e sua funcionalidade no caso do Estado equatoriano, mas, sobretudo, discutiu-se a efic�cia da garantia em casos de pris�o preventiva arbitr�ria. Durante a an�lise, foram analisados ​​v�rios casos em que os ju�zes apresentaram respostas claras sobre as pretens�es de liberdade, justamente por questionar que a priva��o de liberdade foi ilegal, arbitr�ria ou ileg�tima. Essa forma de habeas corpus, tamb�m conhecida como restaurativa, tem sido bastante tradicional, por�m, sua evolu��o foi evidenciada ao longo do processo de coleta de informa��es e an�lise das mesmas.

Palavras-chave: liberdade pessoal; habeas corpus; restaurador; garantia.

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Metodolog�a

Esta investigaci�n es esencialmente descriptiva, ya que a trav�s de la misma se expondr� con detalles la estructura de las instituciones involucradas. Se realizar� una investigaci�n de tipo documental, enmarcado en el enfoque cualitativo de investigaci�n sobre la base de expedientes legales; implica tambi�n, un an�lisis hol�stico de la garant�a de habeas corpus y de su funci�n restauradora, a partir de la reflexi�n cr�tica y comparaci�n te�rico - pr�ctica de las distintas fuentes de informaci�n empleadas. El m�todo descriptivo fue utilizado en la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra descripci�n del objeto de estudio. El m�todo de an�lisis-s�ntesis fue indispensable ya que con el mismo pudimos seleccionar la informaci�n m�s importante y darle el uso que correspond�a, haciendo en primer lugar una descomposici�n del universo y luego sintetizando la informaci�n. Finalmente, el m�todo exeg�tico contribuy� abstrayendo la esencia de las normas jur�dicas que legitiman la acci�n de habeas corpus en su tipolog�a reparadora, como mecanismo jur�dico para recuperar la libertad de las personas.

 

Introducci�n

Si la historia de la humanidad tuviera que ser simplificada en una sola palabra, esa ser�a �libertad�; y es que, como se ha escrito en la filosof�a, en la literatura y hasta en los textos de ciencias, no hay nada que el ser humano valore m�s que su libertad.

Para el liberalismo, libertad es hacer lo que queremos, sin que eso implique hacer da�o a los dem�s, pensamiento que establece un concepto amplio, pero con un l�mite muy claro, que es la libertad del resto de personas. Por su parte San Agust�n afirm� que ser libre es elegir todo lo que es bueno, de manera que se revela a la libertad como una actuaci�n pura del ser humano; en esa misma l�nea de idea, el cristianismo expone que la verdad es libertad, concepto algo demag�gico, porque relaciona a la verdad que no es otra cosa que la realidad objetivamente entendida con un concepto m�s axiol�gico como el de libertad. Plat�n, reflexiona en el sentido de que una persona es libre si sus deseos racionales dominan sobre sus deseos irracionales y determinan sus acciones; mientras que por su parte S�crates se da cuenta de que el conocimiento es condici�n de la libertad y que la ignorancia, por el contrario, esclaviza. Estos dos �ltimos exponen verdaderos conceptos filos�ficos de libertad y condicionan a la libertad con el uso de la raz�n y con el conocimiento, que son cualidades del ser humano que lo distinguen del resto de especies conque convive, y limita la idea de libertad al dominio de esas cualidades (Gonz�lez, 2014).

As�, siendo la libertad tan apreciada para el ser humano y necesaria para su desenvolvimiento y progreso, a trav�s de la historia, se ha pugnado por alcanzar una vida en ejercicio pleno de las libertades, aceptando paralelamente los l�mites que impone la estructura social, para mantener la paz, el orden la seguridad, y por supuesto, la justicia. La Convenci�n Americana de Derechos Humanos, en su art�culo 32 numeral 2 se�ala que �los derechos de cada persona est�n limitados por los derechos de los dem�s, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien com�n, en una sociedad democr�tica� (CADH, 1969).

Entre las formas de libertad, la libertad personal es una categor�a que se refiere a la libertad de circulaci�n o libertad para trasladarse de un lugar a otro, la misma que como el resto de libertades, es fundamental para el ser humano, propia de su esencia, y determinante para su desarrollo. Por lo mismo, privar a una persona de la libertad personal en un estado de derechos y justicia como el Ecuador, debe ser siempre algo extraordinario o excepcional, de manera que el sistema jur�dico debe establecer reglas claras para que esto llegue a suceder, tendiendo siempre a esa categor�a de excepcionalidad, que ha reconocido el estado en la Constituci�n, y que se ha ratificado en varios instrumentos internacionales. La privaci�n de la libertad, debe entonces siempre ser legal y estar revestida de legitimidad.

La garant�a jurisdiccional del habeas corpus, que es adem�s una acci�n constitucional, tiene como objeto central de protecci�n a la libertad personal, y es reconocida como la m�s antiqu�sima de las garant�as, mucha m�s que la rep�blica. Con la acci�n de habeas corpus, cl�sicamente se ha buscado recuperar la libertad de quien ha sido privada de la misma de manera ilegal, arbitraria o ilegitima; sin embargo, en la actualidad, la garant�a cumple adem�s otras funciones, dirigidas a proteger los derechos, la vida la integridad f�sica y otros derechos conexos de las personas privadas de la libertad.

En el presente trabajo, buscamos identificar el alcance y desarrollo de la garant�a de habeas corpus en su tipolog�a reparadora en el sistema constitucional ecuatoriano a partir de la puesta en vigencia de la Constituci�n de la Republica en el a�o 2008, as� como su funcionalidad frente a las arbitrarias privaciones de la libertad ejecutadas a trav�s de ordenes de prisi�n preventiva. para ello hemos desarrollado una estructura te�rica que parte de la conceptualizaci�n del modelo de estado y la importancia de la estructura de derechos y garant�as de los mismos, en donde se revisara la doctrina y jurisprudencia actual sobre el habeas corpus en su tipolog�a reparadora o restauradora.

 

Desarrollo

Las garant�as de los derechos en el estado constitucional ecuatoriano

La transformaci�n del Ecuador a partir de la puesta en vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica del 2008 ha sido enorme en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y es que, asumir el modelo neoconstitucional ha permitido a las personas acercarse m�s a la materializaci�n de los derechos fundamentales que le corresponden, a exigir su respeto, y a accionar frente a las afectaciones que hubieren recibido. Las personas conocen m�s sobre sus derechos, y creen mucho m�s en la justicia, que lo que sent�an mientras estaban sometidas al modelo de estado legalista (�vila Santamar�a, 2011).

Desde el nacimiento de la Rep�blica ecuatoriana en el a�o 1982, el pa�s vivi� sumergido en el dominio del texto de la ley sobre los derechos de las personas, sobre el mismo estado incluso. Los modelos de estado constitucional tienen origen en las guerras de independencia de Francia y norteamericana, en 1789 y 1976 respectivamente.

Cuando aparecen los estados constitucionales, dejando a un lado el absolutismo, aparecen 2 modelos constitucionales bien diferenciados, el franc�s legalista y el norteamericano garantista. El modelo franc�s se caracteriz� por someter al estado al parlamento, que a trav�s de la ley superpon�a su voluntad, dejando a la constituci�n como un mero texto que repart�a el poder pol�tico que podr�a ser reformada a voluntad o capricho del legislador. Los derechos de las personas estaban muy por debajo de la voluntad del legislador de otorg�rselos, y la ley y su fiel cumplimiento constitu�a la m�s alta finalidad del estado.

En el modelo de estado norteamericano, la constituci�n es un verdadero texto de derechos, y con esto nos referimos a que el sistema jur�dico empieza por la constituci�n estableciendo un cat�logo de derechos de las personas, y su satisfacci�n o disfrute pleno, constituyen el m�s alto deber del estado. As�, el estado existe para garantizar que las personas vivan sus derechos. Existe la supremac�a constitucional, de manera que la ley est� realmente subordinada a su texto, y la ley no es una finalidad, sino solo un mecanismo que regula el ejercicio de los derechos, pero que carece de fuerza normativa si es que su contenido se leja del esp�ritu constitucional (Campoverde, 2018).

La Constituci�n Pol�tica del Ecuador del a�o 1998, empezaba su texto exponiendo que �El Ecuador es un estado social de derecho�, exponerse como un estado de derecho no de derechos, afirmaba el imperio del modelo legalista, y efectivamente eso es lo que se vivi� hasta el a�o 2008, de hecho, era una realidad propia de todas las constituciones que le anteced�an, 19 en total.

La vig�sima constituci�n, puesta en vigencia en el mes de octubre del a�o 2008 en la ciudad de Montecristi, tierra del General Eloy Alfaro, empieza su texto normativo exponiendo que �El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia�. De la misma manera, resaltamos que se trata de un estado de derechos, no de derecho; es decir, se identifica con el paradigma del modelo neoconstitucional garantista. La constitucional del Ecuador nos ubica como un estado constitucional en sentido material, ya que no es solo un texto de repartici�n de poder, sino que se trata de una verdadera carta de proclamaci�n de derechos y garant�as. Existe un catalogo de derechos muy amplio, que concentra los derechos fundamentales de las personas que ya se hab�an desarrollado en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y otros que se hab�an identificado a lo largo de la historia del estado, as� como otros propios de su esencia.

Los 7 grandes grupos de derechos son: los del buen vivir, los de las personas y grupos de atenci�n prioritaria, los de libertad, los de participaci�n, los pol�ticos, los derechos de la naturaleza, y los derechos de protecci�n. Cada uno desarrolla a su vez ampliamente categor�as muy importantes de derechos, y con mucha seguridad pocos derechos no est�n literalmente consagrados, hasta el momento actual, no se ha identificado ninguno.

Los derechos constitucionales, se pueden promover, ejercer y exigir de manera individual y colectiva, y todas las personas, pueblos y nacionalidades son sujetos de derechos al igual que lo es la naturaleza. Y, frente a cualquier acci�n u omisi�n que pretenda restringir o vulnere estos derechos, existen garant�as para evitar o reparar tales afectaciones.

Las garant�as de los derechos son normativas y jurisdiccionales, las primeras constituyen el imperativo de los �rganos con potestad legislativa, de adaptar las normas a los derechos y la dignidad de las personas, desarrollados en la Constituci�n, tratados sobre derechos humanos, e incluso aquellos que no se hubieren aun desarrollado. Por su parte las garant�as jurisdiccionales, son aquellas que garantizan el ejercicio de acciones en jurisdicci�n constitucional, en donde jueces especializados a trav�s de procedimientos expeditos y eficaces, atiendan los reclamos de los ciudadanos que buscan cesar una afectaci�n o reparar los da�os causados por las mismas (Oyarte Mart�nez, 2018).

Las garant�as jurisdiccionales reconocidas en la Constituci�n de la Rep�blica son la acci�n de protecci�n, el habeas data, la acci�n extraordinaria de protecci�n, la acci�n de acceso a la informaci�n p�blica, la acci�n por incumplimiento, y la acci�n de habeas corpus. Cada una de estas garant�as tiene finalidades propias que legitiman su procedencia y su legitimaci�n activa; constituyen mecanismos de car�cter judicial para la protecci�n de todos los derechos humanos y expresi�n del ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, a las que se recurre cuando las garant�as primarias de los derechos descritos no son eficaces, ni efectivas. Adem�s, en las garant�as jurisdiccionales, que forman un solo cuerpo, se establece, claramente, que el fin es �proteger los derechos y que se haga justicia cuando hayan sido vulnerados�.

A diferencia de otras legislaciones en la regi�n, que cuentan con normas procedimentales de car�cter constitucional, en Ecuador tenemos la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional que es la que determina su procedimiento. Si bien la contextualizaci�n jur�dica de las garant�as jurisdiccionales las encontramos en la Constituci�n, esta debe realizarse, paralelamente, desde un marco jur�dico del derecho internacional.� Los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador la delimitan adecuadamente, �desde la doctrina de la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos, sus obligaciones son las de respetar; proteger (prevenir, investigar, sancionar), asegurar y garantizar el goce derechos humanos y reparar sus violaciones� (Fernandez, 2004).

En virtud de los expuesto, se debe resaltar que La Convenci�n Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, como instrumentos de Derecho internacional p�blico, reconocen que el fin del Estado y de la organizaci�n social es el goce de los derechos de los seres humanos y de la naturaleza y que, para tal efecto, deben existir procedimientos eficaces sencillos y �giles, ante los jueces o tribunales competentes, que les permitan protegerse, frente a actuaciones u omisiones que amenacen dichos derechos.

Es tambi�n obligaci�n de los estados, adoptar las medidas pertinentes para asegurar la reparaci�n integral, en los casos en que exista la determinaci�n de que se han vulnerado los derechos. De igual manera, es indispensable que exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte a los �rganos jurisdiccionales a dictar medidas urgentes en aquellos casos en que se amenace, de modo inminente y grave, un derecho y, de esta manera, brinde protecci�n oportuna y se eviten da�os irreversibles.

 

La acci�n de Habeas Corpus en el Ecuador

La expresi�n h�beas corpus tiene origen lat�n, que significa �cuerpo presente� o tambi�n �que presenten el cuerpo� o �traigan tu cuerpo�. Universalmente se considera que a lo que se refiere esta expresi�n, es la presentaci�n f�sica de la persona para comprobarse su integridad (Cabanellas, 2018).

Es necesario ubicar al h�beas corpus dentro de un contexto hist�rico para comprender su esencia. As�, no se reconoce un origen �nico y determinado de esta instituci�n, pues �es el producto de la larga evoluci�n de la lucha del individuo en procura del respeto a la libertad personal, su integridad f�sica y su seguridad� (Misuraca, 2018).

En muchos textos, se incurre en un error al buscar en la antig�edad los inicios del h�beas corpus como hoy se lo concibe; siendo el primer antecedente que se registra de esta instituci�n, el interdicto romano homine libero exhibendo, contenido en el Digesto, t�tulo XXIX, libro XLIII; aunque ciertos autores discuten su vinculaci�n con la instituci�n materia de la investigaci�n (Garc�a D. , 2014).

Algunos vestigios de los or�genes de esta instituci�n tambi�n se pueden encontrar en el derecho espa�ol, en el antiguo Reino de Arag�n con el llamado Recurso o Proceso de Manifestaci�n de Personas, incluido en el fuero llamado �Privilegio General�, que fuera otorgado por Pedro III y elevado a la categor�a de fuero en 1328.

Otros autores coinciden en que las ra�ces del h�beas corpus se encuentran en la Magna Charta Libertatum, a la que fue obligado a otorgar el Rey Juan, �Juan sin tierra� Rey de Inglaterra. Domingo Garc�a Belaaqqqqqqq�nde, tambi�n confirma que los or�genes del h�beas corpus desarrollaron en Inglaterra: �Los or�genes del h�beas corpus est�n en Inglaterra, pa�s en el cual en los siglos XV y XVI se utiliz� para liberar prisioneros de cortes que se hab�a excedido en sus atribuciones; en el siglo XVII se revisaban arrestos arbitrarios ordenados por el Rey o el Consejo del Rey; con posterioridad, en 1640 se aprob� una ley para que las Cortes del Common Low investiguen las causas del arresto o privaci�n de libertad� (Garc�a R. , 2014).

En 26 de mayo de 1679, en el Reino de Carlos II, se expide la �Ley de h�beas corpus�, apareciendo por primera vez esta denominaci�n, estableci�ndose de forma definitiva en un texto legal de aplicaci�n para Inglaterra, y en lo posterior conservando el mismo nombre esta instituci�n ser� trasladada en otros pa�ses.

La proclama de Virginia (EE.UU. 1776), introdujo varios principios y libertades individuales, que se efectivizaron por la expedici�n de la ley del h�beas corpus; esta proclama ser�a incorporada posteriormente en la Declaraci�n de los Derechos del Hombre (Francia 1789), donde se profundiza el sentido social que constituye el derecho a la libertad individual; otorg�ndole un reconocimiento legal que permitir� defender de mejor forma ese derecho (Garc�a D. , 2014).

Seg�n A�da Garc�a Berni el modelo que lleg� a Latinoam�rica fue el ingl�s, el cual revisaba la legalidad de las detenciones en contra de las autoridades que privaban de la libertad sin apego a la ley, modelo que inicialmente fue desarrollado en las colonias norteamericanas. Dicho modelo fue creado para revisar la legalidad de las detenciones e impedir que las autoridades priven de la libertad a las personas sin respetar la ley; por ello, desde sus inicios, esta fue una acci�n instituida como medio de protecci�n de los ciudadanos contra las autoridades que act�an al margen de la ley (Henr�quez, 2014).

En el sistema jur�dico de Ecuador aparece esta figura a partir de la Constituci�n Pol�tica del a�o 1929. Sin embargo, fue en principio meramente declarativa, pues el art. 151.8 dispon�a que la competencia para conocer, tramitar y resolver la ten�a la �magistratura que se�ale la ley�; y solo con el Decreto Legislativo publicado en el Registro oficial 40 del 8 de diciembre de 1933, se establecer� la autoridad ante la cual se deb�a tramitar el h�beas corpus y su sumar�simo proceso (Garc�a G. , 2004).

Las Constituciones de 1945, 1946, 1967 y 1979 tienen un similar contenido acerca de esta acci�n, reconociendo en principio la competencia al presidente del Concejo Municipal y adicionando el nombre de Alcalde en la del a�o 1979, adem�s el tr�mite se desarrollaba en pasos similares: a) presentaci�n de la acci�n; b) orden de audiencia, c) Audiencia; y, d) Resoluci�n.

El texto constitucional de 1979 dispon�a que la libertad ser�a ordenada: si no se presentaba al recurrente; si no se exhib�a la orden de privaci�n de libertad; si la orden de privaci�n de libertad no reun�a los requisitos de ley; si se hubiesen cometido vicios de procedimiento; y, si se hubiere justificado el fundamento del recurso.

Luego, se apreciaron nuevas codificaciones correspondientes a los a�os 1984, 1993, 1996 y 1997, pero en cambio, el contenido de las disposiciones constitucionales que prescrib�an el h�beas corpus, ten�an una similitud con la Constituci�n de 1979.

La Constituci�n de 1998, incorpor� su tratamiento en el art. 93, siendo competente el alcalde, o quien hiciere sus veces, de la jurisdicci�n en donde se encontraba el detenido, la diferencia con el texto de 1979 es que se a�adi� la responsabilidad civil y penal en caso de no tramitar el recurso el burgomaestre.

 

La acci�n de Habeas Corpus y la libertad personal en la constituci�n del a�o 2008

Como hemos se�alado, la vigente Constituci�n del Ecuador, revolucion� toda la estructura del estado, transform�ndolo en un estado constitucional en sentido material; y esa materializaci�n alcanz� por supuesto a la garant�a de habeas corpus, de corte muy tradicional hasta ese entonces, pudiendo afirmar incluso que es en los �ltimos a�os, en los que la garant�a ha alcanzado su m�ximo esplendor, desarroll�ndose normativamente m�s en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en el mismo texto constitucional o la ley de Garant�as Jurisdiccionales que se encargan de regularla.

La Constituci�n de la Rep�blica en el primer inciso del art�culo 89 establece que, �la acci�n de h�beas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ileg�tima, por orden de autoridad p�blica o de cualquier persona, as� como proteger la vida y la integridad f�sica de las personas privadas de libertad� (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Este objeto es en cierta medida ampliado en la Ley de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establecen como objeto de protecci�n de esta acci�n, a la libertad personal, la vida, la integridad y otros derechos conexos de la persona privada de libertad.

Esta presentaci�n del habeas corpus como una acci�n, es muy consecuente con las caracter�sticas que la doctrina ha identificado para esta instituci�n, en las que se afirma que la misma constituye una acci�n, un derecho y adem�s una garant�a. Al respecto menciona Ver�nica Molina menciona: �Es un derecho de rango fundamental por cuanto es el hombre quien tiene la facultad de disponer de �l, directamente o por intermedio de otra persona. Es una garant�a fundamental al tener consagraci�n constitucional, dirigida a proteger la libertad de locomoci�n de las personas, contra la arbitrariedad de los jueces y fiscales de la Rep�blica. Una acci�n, entendida como posibilidad de hacer o no algo, en este caso de defenderse, es decir de ejercerla o no (�LVAREZ, 2018).

El objeto de protecci�n del habeas corpus, es indudablemente, el derecho a la libertad personal, reconocido tambi�n como derecho a la libertad de locomoci�n, ambulatoria o de circulaci�n, es el derecho que faculta a las personas a moverse libremente dentro y fuera del pa�s, en espacios p�blicos de la Rep�blica, as� como a desempe�ar actividades individuales o colectivas que impliquen el traslado de un lugar a otro (Campoverde, 2018). La libertad personal es natural al ser humano, por ello su categor�a de derecho fundamental, y son extraordinarias las circunstancias por las que el estado faculta sus limitaciones.

La Constituci�n se refiere a la libertad personal, en su art�culo 66 que en su numeral 14 consagra, que las personas tienen el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, as� como a entrar y salir libremente del pa�s (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

La libertad personal se refiere a la libertad de la persona f�sica en cuanto ser corporal en s� mismo, siendo un derecho matriz y residual, ya que protege las expresiones de libertad no asegurados espec�ficamente por los dem�s derechos aut�nomos, pudiendo realizar todo aquello que es l�cito; es el derecho a que ni los poderes p�blicos ni terceros interfieran en la esfera de autonom�a personal, de autodeterminaci�n y en la libertad de movimiento, vale decir, de disponer de su propia persona y de actuar determinado por la propia voluntad sin otras limitaciones que las que impone el medio natural, es el aseguramiento de la libertad en un sentido amplio, derecho que debe ser asegurado y promovido por todos los poderes p�blicos y �rganos del Estado, en toda direcci�n que no est� prohibida por el Derecho Constitucional y los tratados (Nogueira, 2019).

La Convenci�n Americana de Derechos Humanos en su art�culo 7.2 establece el principio de reserva legal en materia de libertad personal, de manera que s�lo la ley y nadie m�s que la ley puede regular los casos y formas en que cabe la afectaci�n de la libertad personal o libertad f�sica. S�lo el legislador formal, Asamblea Nacional para el Ecuador, debe regular los �mbitos de la libertad personal. La reserva de ley debe ir acompa�ada del principio de tipicidad, que permite establecer concretamente los supuestos de afectaci�n de la libertad personal (CADH, 1969).

As� mismo, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Pol�ticos, asegura la libertad personal en el art�culo 9 y el derecho a la libertad ambulatoria o de circulaci�n en el art�culo 12. As�, en su art�culo 9.1 determina: �Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podr� ser sometido a detenci�n o prisi�n arbitrarias. Nadie podr� ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido en �sta� (ONU, 1966).

A su vez, el art�culo 12 precisa: �1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendr� derecho a circular libremente por �l y a escoger libremente en �l su residencia. 2. Toda persona tendr� derecho a salir libremente de cualquier pa�s, incluso del propio.�

La libertad personal es un derecho esencial de las personas, lo cual es un elemento fundamental tambi�n de la sociedad democr�tica, ella s�lo puede ser afectada en su ejercicio en los casos determinados por la Constituci�n o que �sta autorice al legislador para hacerlo. La privaci�n o restricci�n de la libertad personal, se refiere a todo acto de autoridad o de otra persona que afecte los derechos de permanencia en cualquier lugar del pa�s, de viajar por �l, de cambiar su residencia, de salir y entrar al territorio nacional y, en general, que coarte el derecho de vivir en libertad. Estas limitaciones pueden ser ordinarias o extraordinarias (Padilla Valarezo, 2020).

Las limitaciones ordinarias de la libertad personal y sus garant�as-derechos pueden provenir de las colisiones entre derechos o de la colisi�n con bienes constitucionalmente protegidos (orden, seguridad, etc.); pueden provenir tambi�n de limitaciones establecidas expresamente por el propio constituyente en el texto constitucional (detenci�n, prisi�n preventiva, penas, medidas de seguridad, apremio personal, etc.); pueden provenir de la autorizaci�n otorgada al legislador para regular el ejercicio de los derechos.

Las limitaciones extraordinarias provienen del establecimiento de los estados de excepci�n constitucional que autorizan a suspender o restringir el ejercicio de determinados derechos, entre los cuales se encuentra la libertad personal, art�culo 165 de la Constituci�n, en armon�a con los art�culos 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y el art�culo 27 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos.

 

Habeas Corpus reparador o restaurador

La cl�sica expresi�n del habeas corpus expone su finalidad restauradora, mediante la cual se busca obtener la libertad de la persona que considera que ha sido privada de la misma de manera ilegal, ileg�tima o arbitraria. Sin embargo, en la actualidad, el habeas corpus tiene al menos 3 finalidades plenamente reconocidas, la reparadora, la correctiva y la preventiva (�LVAREZ, 2018).

La finalidad preventiva del habeas corpus, busca a trav�s de la acci�n constitucional impedir que se concrete una privaci�n de la libertad, ya que existe una inminente amenaza y que se considera es ilegal o ilegitima. Es decir, se previene la consumaci�n de una afectaci�n a la libertad personal. Un claro ejemplo de esto es el caso 17711-2019-00014, en que el se�or Vinicio Alvarado Espinel, logr� que se deje sin efecto una orden de detenci�n con fines preventivos que pesaba en su contra, sin la motivaci�n correspondiente.

La finalidad correctiva en cambio, no busca necesariamente la libertad del peticionario, sino m�s bien garantizar algunos derechos que se pueden ver afectados por las condiciones en que se ejecuta una condena leg�tima o prisi�n preventiva leg�tima. De esta manera, lo que se busca son actos de correcci�n por parte del estado, que a trav�s del SNAI, tiene la obligaci�n de asegurar el bienestar de los privados de libertad en un status de dignidad. Un caso ejemplo de lo narrado, es el caso Jorge Ramiro Ord��ez Talavera, en que la Corte Constitucional que conoc�a una acci�n extraordinaria de protecci�n, dispuso la obligaci�n de que se concedan medidas alternativas en lugar de la condena a pena privativa de libertad por el resto de la condena, a favor del peticionario, quien hab�a perdido la vista por una agresi�n policial, y posterior falta de atenci�n m�dica oportuna mientras estaba cumpliendo su condena en el Centro de Rehabilitaci�n de Cotopaxi. (Sentencia 017-18-SEP-CC, 2018).

Sobre estas �ltimas funciones del habeas corpus no se ha referido la Constituci�n ni la Ley, sin embargo, su desarrollo se ha materializado a trav�s de diferentes fallos en jurisdicci�n ordinaria y en la Corte Constitucional, donde el sustento b�sico ha sido a su vez la doctrina y la jurisprudencia regional. Estados como Per�, por ejemplo, a trav�s de su Tribunal Constitucional, determinaron la existencia de 8 tipolog�as de habeas corpus; reparador, restringido, preventivo, correctivo, instructivo, traslativo, innovativo, conexo (Tribunal Constitucional de Per�, 2009). Por supuesto el fallo conceptualiza claramente el alcance de cada una de estas tipolog�as.

As� mismo, la Corte Constitucional del Ecuador de manera muy escueta se refiri� por �nica vez a una tipolog�a en los t�rminos:

�Se afirma que un h�beas corpus es restaurativo cuando se promueve para obtener la reposici�n de la libertad de una persona indebidamente detenida; restringido, en los casos donde la libertad f�sica o de locomoci�n es objeto de molestias, obst�culos, perturbaciones o incomodidades que configuran una seria restricci�n para su ejercicio; correctivo, en raz�n del cual se deja en claro que el h�beas corpus no solo protege la libertad f�sica propiamente dicha, sino tambi�n tutela otros derechos fundamentales conexos al de la libertad personal o lesi�n de derechos diferentes al de la libertad; traslativo, cuando se mantiene indebidamente la privaci�n de la libertad de una persona o se demora la determinaci�n jurisdiccional que resuelva la situaci�n personal de un detenido; instructivo, en los casos donde no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Su finalidad no se limita a garantizar la libertad e integridad personal, sino tambi�n a asegurar el derecho a la vida, y desterrar las pr�cticas del ocultamiento o indeterminaci�n de los lugares de desaparici�n; conexo, cuando el objeto del h�beas corpus no hace referencia a la privaci�n o restricci�n en s� de la libertad f�sica o de la locomoci�n, pero s� tiene un grado razonable de v�nculo y enlace con �ste� (Sentencia No. 253-20-JH/22, 2022).

Como se afirm�, de estas tipolog�as nada ha desarrollado la ley y muy poco a nivel jurisprudencial, de hecho podr�amos afirmar que el habeas corpus correctivo, es el que ha tenido mayor desarrollo y hasta repercusiones por los conocidos casos Bucaram y Glass, en los que situaciones penales, relacionadas con aspectos pol�ticos de la vida del pa�s, pusieron en tela de cuestionamientos el alcance de esta garant�a, que ya ven�a hace rato desarroll�ndose con las finalidades revisadas, esto es, garantizar derechos de personas que est�n privadas de libertad.

La Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en su art�culo 45, desarroll� 10 supuestos generales en los que procede una acci�n de habeas corpus, por entenderse que se estar�a afectado la libertad personal o derechos conexos a la privaci�n de la libertad.

1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ileg�tima, protecci�n que incluye la garant�a de que la detenci�n se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepci�n de los casos de flagrancia;

La ley prev� que solo en casos de flagrancia, una detenci�n es legal sin orden de juez competente. La flagrancia implica que una persona es detenida en el momento en que comete una infracci�n penal o posterior siempre y cuando exista una persecuci�n ininterrumpida de 24 horas m�ximo. La detenci�n la puede realizar la Polic�a Nacional o cualquier ciudadano, que luego debe entregar al capturado a la polic�a.

Un caso muy particular al respecto ser�a el de una persona que, teniendo una boleta de captura, es encerrada por parte de civiles en alg�n lugar, y posteriormente es entregado a la polic�a; ya que, siguiendo la norma, esta privaci�n de la libertad es arbitraria, porque los civiles podr�an realizar un ejercicio de ese alcance solo en casos de flagrancia (Asamblea Nacional, 2021).

2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;

Sobre estas figuras, el Ecuador tiene antecedentes que superan el siglo, sin embargo, la positivizaci�n de estas causales cierra la puerta a la posibilidad de que se retomen esas acciones como formas de sanci�n que hist�ricamente ten�an un fondo pol�tico. El primer personaje desterrado en nuestra naciente rep�blica no fue un hombre, sino una mujer: do�a Manuela S�enz, la lideresa quite�a de la independencia, que fuera compa�era de vida y luchas del libertador Sim�n Bol�var (Garc�a G. , 2004).

3. A no ser desaparecida forzosamente;

Una acci�n de habeas corpus, puede ser presentada para poder localizar a una persona que siendo detenida no se conoce d�nde est�; es decir, su ubicaci�n no es precisada por sus familiares. La finalidad en concreto no es la de alcanzar la libertad del detenido, sino garantizar el respeto a sus derechos, a su vida y su integridad, y mantener comunicaci�n, lo que se pone en alto riesgo si es que es desaparecida. La finalidad es ubicarla.

4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;

La norma del art�culo 45 numeral 1 LOGJCC, expone que en caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondr� la libertad de la v�ctima, su atenci�n integral y especializada, y la imposici�n de medidas alternativas a la privaci�n de la libertad. En primer lugar, se refiere a los privados de libertad con o sin sentencia a los que ubica en categor�a de v�ctimas cuando se aprecia torturas o malos tratos en su contra. No se especifica ni se limita a los casos en que estas afectaciones provengan del estado o sus agentes, sino que bien cubre los casos en que tales afectaciones provienen de otros privados de libertad (APT, 2022), o incluso personas civiles. De esta manera, si al ejecutarse la aprehensi�n de un infractor, y la polic�a o el populacho lo maltrata, el Juez que conoce el proceso en flagrancia, se ve impedido de disponer la prisi�n preventiva.

5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo pol�tico, no ser expulsada y devuelta al pa�s donde teme persecuci�n o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;

Un caso muy particular en nuestro pa�s en referencia a este tema, en el caso del se�or Julian Assange, el mismo que guardaba asilo en la embajada de Reino Unido. El fundamento para conced�rselo, era el riesgo que exist�a para su integridad y su vida al ser perseguido por estados donde las infracciones que se le atribu�an pod�an ser objeto de pena de muerte; y de la misma manera se le retir� el asilo diplom�tico, cuando el estado de Gran Breta�a otorg� garant�as d que no ser�a extraditado a ning�n pa�s donde su vida estuviera en riesgo.

6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;

La detenci�n en caso de pensiones alimenticias es posible en el Ecuador, �nicamente como medida apremio, por lo tanto, si habi�ndose hecho efectiva la orden de detenci�n el obligado cumple con el pago, la privaci�n a la libertad debe cesar. Si el Juez no la revoca, la misma se puede alcanzar mediante una acci�n de habeas corpus. La orden siendo emitida por el Juez ser�a legal, pero si se ha cumplido el pago de lo adeudado pierde su legitimidad, y se convierte adem�s en una privaci�n arbitraria de la libertad.

7. A la inmediata excarcelaci�n de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez;

En este caso, al cumplirse el tiempo de la condena, ning�n recurso pendiente puede impedir la excarcelaci�n. Por ejemplo, en el proceso penal 09267-2019-00381, el se�or Josue Orellana Barba fue condenado a 10 meses de privaci�n de la libertad por el delito de robo, existiendo inconformidad de parte de la victima apel� de esta condena, pero la audiencia que sustanciar�a el recurso de apelaci�n se hab�a fijado para 2 meses despu�s del tiempo de la condena, lo que no puedo evitar que el mismo recupere su libertad.

8. A la inmediata excarcelaci�n de la persona procesada cuando haya caducado la prisi�n preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisi�n y de un a�o en los delitos sancionados con reclusi�n;

Los plazos de caducidad de la prisi�n preventiva est�n sostenidos por el principio de plazo razonable y derecho a una justicia expedita establecidos en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. Existen antecedentes en el pa�s, en que procesos penales manten�an en prisi�n preventiva a personas por 3 o m�s a�os, y aun as� no exist�a una respuesta eficaz y garant�as de imparcialidad por parte del estado (Tibi Vs. Ecuador, 2004).

9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;

Esta casual es la �nica que expone la tipolog�a correctiva el habeas corpus en nuestro estado, ya que los tratos indignos pueden referirse a casos en que las condiciones de reclusi�n limitan el acceso o ejercicio a otros derechos. De igual manera la incomunicaci�n debe ser corregida a trav�s de una acci�n si es que la misma obedece a la delibera actuaci�n del centro de privaci�n de limitar el acceso a su familia o sus defensores (CIDH, 2008).

10. A ser puesta a disposici�n del juez o tribunal competente inmediatamente y no m�s tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detenci�n.

Esta es una regla cerrada, pero en ocasiones ha sucedido que se trata de justificar el retardo en poner a la persona detenida a �rdenes del juez en el tiempo legal, esto, con situaciones de fuerza mayor, cuestiones de log�stica policial, etc. Sin embargo, en ning�n caso es admisible o justificable, por lo que, si el plazo de 24 horas fenece, se debe poner a la persona en libertad, o en su defecto el juez que conoce sobre la detenci�n, se ve impedido de sustanciar un procedimiento, sino que debe ratificar la libertad, y la fiscal�a deber� iniciar una investigaci�n (Garc�a R. , 2014).

 

Habeas Corpus y prisi�n preventiva

La privaci�n de la libertad mediante orden de prisi�n preventiva, es posible en nuestro estado, pero la misma debe ser legal, legitima y no adolecer de arbitrariedad. La legalidad implica que la misma sea dispuesta por el juez competente; la legitimidad tiene que ver con el hecho de que la misma cumpla con los presupuestos establecidos en la ley; mientras que la falta de arbitrariedad implica, que la orden cumpla con determinados par�metros que han sido fijados en diversos fallos de la Corte Americana de Derechos Humanos, y la Corte Constitucional (Parma, 2019).

La prisi�n preventiva es una medida cautelar del derecho penal, que como todas tiene el objetivo de asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia; pero, en el caso espec�fico busca garantizar la presencia del procesado en el proceso penal fundamentalmente en el juicio. La Constituci�n y la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, se han referido a esta medida como excepcional, es decir, que debe ser utilizada como la �ltima opci�n entre la lista de posibles descritas en la ley, en este caso, el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios fallos en que ha sancionado al estado ecuatoriano, se ha referido acerca de la prisi�n preventiva considerando que siendo la misma una medida cautelar, establecerla de manera generalizada, desproporcionada o innecesaria, constituye una afectaci�n a derechos humanos, y que los estado partes deben procurar que los operadores de justicia solo las dispongan de manera motivada en casos en que otras medidas cautelares de car�cter real o personal, no sean suficientes para garantizar su inmediaci�n en el proceso penal. �As� mismo, se ha referido la Corte, a que la prisi�n preventiva debe estar sometida a un plazo razonable de duraci�n, de manera que su prolongaci�n irrazonable constituye igualmente una afectaci�n� (Misuraca, 2018).

El COIP, en el art�culo 534, ha establecido los presupuestos que se deben reunir para que proceda una orden de prisi�n preventiva, de los cuales resaltamos el numeral 3 que exige como requisito:

�3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisi�n preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena.

Para este efecto, la o el fiscal demostrar� que las medidas cautelares personales diferentes a la prisi�n preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisi�n preventiva, la o el juez obligatoriamente motivar� su decisi�n y explicar� las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes� (Asamblea Nacional, 2021).

Esta disposici�n, no es la original del a�o 2014, sino que constituye una reforma a la misma realizada en el a�o 2021, que busca sin lugar a dudas establecer un mayor rango de protecci�n a la libertad personal, amenazada por una medida cautelar de prisi�n preventiva, y que en su segundo inciso establece una carga probatoria a fiscal�a, quien debe ejercerla para vencer la categor�a de excepcional de la medida. Esta carga probatoria debe desarrollarla de manera material, es decir que debe quedar plenamente evidenciado que las medidas cautelares alternativas no son suficientes en el caso concreto para un procesado en concreto; el juez en el caso de disponerla, deber� motivar esa decisi�n determinando de qu� manera seg�n su an�lisis se demostr� por parte de fiscal�a que otras medidas no alcanzan a garantizar la presencia del procesado.

El mismo COIP, en el art�culo 522 ha establecido 5 medidas cautelares de car�cter personal, y ha ubicado como sexta a la prisi�n preventiva. Se entiende que todas sirven a la misma finalidad, y que son suficientes salvo casos excepcionales: 1. Prohibici�n de ausentarse del pa�s; 2. Obligaci�n de presentarse peri�dicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o instituci�n que designe; 3. Arresto domiciliario; 4. Dispositivo de vigilancia electr�nica; 5. Detenci�n; 6. Prisi�n preventiva.

Por su parte nuestra Corte Constitucional ha sido enf�tica en se�alar que al emitirse una medida de prisi�n preventiva existe una clara tensi�n entre la salvaguarda de la eficacia del proceso penal y la garant�a misma de los derechos del procesado. Es por ello que la prisi�n preventiva es una medida cautelar de �ltima ratio que �nicamente es justificable desde una perspectiva constitucional si: (i) persigue fines constitucionalmente v�lidos tales como los establecidos en el art�culo 77 de la Constituci�n; (ii) es id�nea como medida cautelar para cumplir estas finalidades; (iii) es necesaria al no existir medidas cautelares menos gravosas que igualmente puedan cumplir la finalidad que la prisi�n preventiva persigue; y, (iv) si la salvaguarda de la eficacia del proceso penal es proporcional frente al alto nivel de afectaci�n en las esferas de libertad del procesado. De otro modo, la imposici�n de la prisi�n preventiva supone una restricci�n injustificada y arbitraria (Sentencia No. 8-20-CN/21, 2021).

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el punto 93 de la sentencia del caso Chaparro Lapo vs Ecuador, expuso que �en suma, no es suficiente que toda causa de privaci�n o restricci�n al derecho a la libertad est� consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicaci�n respeten los requisitos que a continuaci�n se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convenci�n. Valga se�alar que este Tribunal ha reconocido como fines leg�timos el asegurar que el acusado no impedir� el desarrollo del procedimiento ni eludir� la acci�n de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las id�neas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta raz�n el Tribunal ha se�alado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitaci�n a �ste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricci�n del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricci�n y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricci�n a la libertad que no contenga una motivaci�n suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones se�aladas ser� arbitraria y, por tanto, violar� el art�culo 7.3 de la Convenci�n� (CIDH, 2007).

El punto de partida para cualquier an�lisis de los derechos y el tratamiento otorgado a las personas que se encuentran bajo prisi�n preventiva, se sustenta fundamentalmente en el principio de la presunci�n de inocencia, que significa que en caso de resultar necesaria la privaci�n de libertad durante el transcurso de un proceso, la posici�n jur�dica de la persona imputada sigue siendo la inocente.

La regla de idoneidad de la medida de prisi�n preventiva, es la que permite valorar si la misma es adecuada para el caso que se presenta, sobre todo, busca determinar la legitimidad de la misma, de modo que eval�a la constitucionalidad de su aplicaci�n. Tambi�n est� la regla de adecuaci�n, que implica que solo ante los casos dispuestos expresamente dentro de la normativa, se podr� aplicar esta medida cautelar restrictiva de la libertad. Desde la doctrina, el subprincipio de idoneidad tambi�n se lo conoce como de adecuaci�n t�cnica, y seg�n el autor Carlos Bernal Pulido �de acuerdo con este principio, toda intervenci�n en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtenci�n de un fin constitucionalmente leg�timo� (Bernal, 2007).

En cuanto a la regla de necesidad, esta implica que solo ante los casos m�s graves dispuestos en la ley, y de no existir otra medida adecuada, se podr� imponer la prisi�n preventiva. Finalmente, est� la regla de ponderaci�n, que implica que se deber� ponderar entre el derecho de libertad de la persona y el riesgo que existe de que el procesado no comparezca a juicio y solo despu�s de considerarse este hecho, se podr� imponer la prisi�n preventiva. Respecto la regla de necesidad, Cl�rico afirma que: El subprincipio de necesidad consiste b�sicamente en un examen donde se realiza una comparaci�n de medios, a fin de responder a la pregunta: �se puede evitar la restricci�n del derecho a trav�s de otro medio, o por lo menos, reducir el grado de limitaci�n (Cl�rico, 2009).

El principio de proporcionalidad consiste en un procedimiento a trav�s del cual, se le brinda una protecci�n a la persona frente a la injerencia que tiene el Estado sobre los derechos de las personas, de modo que no se puedan afectar injustamente, sobre todo si se tratan de bienes jur�dicos tan prioritarios como la libertad que es fundamental para ser humano. La prisi�n preventiva se halla limitada por el principio de proporcionalidad virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerci�n procesal sea igual o m�s gravosa para el imputado que la pena que se espera en el caso de condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privaci�n cautelar de la libertad, en supuestos en los que no ser�a posible aplicar la pena de prisi�n, y que aquella debe cesar cuando se ha excedido la duraci�n razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, adem�s, una relaci�n razonable entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricci�n del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen de tal restricci�n.

En el proceso penal, la prisi�n preventiva se puede ordenar �nicamente en casos excepcionales en que se cumplan los presupuestos legales y los principios que se han revisado, de manera que una inobservancia a los mismos har�a de la orden que la impone, una orden arbitraria, que puede ser reparada en una acci�n constitucional de habeas corpus. Ni siquiera la mera menci�n de haberlos cumplido es suficiente para garantizar el respeto del derecho a la libertad personal, sino que el Juez tiene la carga de motivar y justificar el cumplimiento de lo ya analizado (Varela, 2020).

Un caso espec�fico al respecto es el 07113-2022-00003, en que la Corte Nacional de Justicia analiza una orden de prisi�n preventiva ordenada en primera instancia en un proceso penal, confirmada en un recurso de apelaci�n, y luego confirmada en una audiencia de revisi�n de la medida. Para la Corte Nacional, fue suficiente para conceder el recurso, es decir para disponer la libertad que ya hab�a sido negada en primera instancia de la misma acci�n constitucional, por el hecho de que el juez no motiv� debidamente sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida que impon�a. Para la Corte, no fue suficiente que la sala que conoci� la primera instancia de la acci�n constitucional confirme mediante el an�lisis que la privaci�n era legal y leg�tima al ser dispuesta por el juez competente. En efecto, cuando se emiti� la orden del Juez penal de primer nivel, as� como en la apelaci�n y posterior de revisi�n de medidas, jam�s se discuti� y mucho menos justific� por parte del juzgador que la medida solicitada por fiscal�a sea necesaria y proporcional.

En resoluci�n No. 14-2021, La Corte Nacional de Justicia expuso en el 3.3.� que el juzgador que ordena la prisi�n preventiva, debe justificar que esta se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (Corte Nacional de Justicia, 2021). Lo mas interesante en este punto, es que gramaticalmente, sobre el car�cter de excepcional, la ley y la constituci�n siempre fueron claras, no obstante, estas resoluciones se hicieron presentes, porque materialmente este car�cter era inobservado.

Siendo entonces, la proporcionalidad, idoneidad y necesidad, principios sine qua non para desplazar una posible privaci�n arbitraria de la libertad, es indispensable que los jueces penales, justifiquen que la orden de prisi�n preventiva que imponen, cumple esos par�metros. Esta justificaci�n debe ser amplia, clara y suficiente para vencer la categor�a de excepcionalidad de la medida.

En principio toda orden de juez competente es legal y es leg�tima justamente por ser emitida por una persona investida con esas facultades; pero, se vuelve arbitraria, si el juez no justifica la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en la misma. As� mismo, si la justificaci�n es superficial, formal, o escueta, constituye una falta de motivaci�n que de la misma manera convierte a la orden, en una orden arbitraria de privaci�n de la libertad.

Finalmente, como una expresi�n clara de lo revisado, tenemos el caso 641-2015 mediante el cual la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en su resoluci�n de segunda instancia dispuso la inmediata libertad del se�or Jos� Xavier Valdiviezo, el mismo que estaba siendo procesado por un delito de naturaleza sexual en que hab�a existido previo a la orden de privaci�n de la libertad en la audiencia de formulaci�n de cargos, una investigaci�n que hab�a durado 4 a�os, tiempo durante el cual el investigado hab�a colaborado con la investigaci�n. La Sala consider� que el juez que dispuso la prisi�n preventiva, no hab�a motivado, la necesidad y proporcionalidad de la medida en el caso concreto, calificando esta posici�n del juzgador como arbitraria.

La Sala, en su resoluci�n sustituye la prisi�n preventiva imponiendo al procesado otras medidas cautelares de orden personal, como la prohibici�n de salida del pa�s, as� como la orden de presentaci�n peri�dica. Por supuesto, se evidencia en la revisi�n del expediente del caso que en ning�n sentido existi� peligro de fuga o peligro de que se entorpezca la investigaci�n por parte del procesado y mucho menos que el juez haya motivado sobre esos aspectos.

En este proceso, existieron varios escenarios en que se discuti� sobre la libertad personas y la posibilidad de que la misma sea arrebatada. No se observ� realmente que, en ninguno de los niveles previos a la disposici�n de libertad, se haya hecho un intento real por la Fiscal�a de probar que las medidas cautelares no privativas de libertad eran insuficientes, sino que fiscal�a solo realiz� su petici�n y el Juez se la concedi�. Adem�s de aquello, tampoco se evidencia esfuerzo alguno de los jueces que conocieron la causa en diferentes instancias ordinaria e incluso la primera instancia constitucional, por identificar si la medida era necesaria y proporcional, sino que se justifico �nicamente por el hecho de tratarse de un delito sexual, y lo que es peor, no se realiz� ning�n esfuerzo por cumplir al menos en lo m�nimo con la motivaci�n dispuesta para el caso de la prisi�n preventiva en la ley, y de manera general imperativa desde la Constituci�n de la Rep�blica, cuando se decide sobre los derechos de las personas.

 

Conclusiones

La garant�a jurisdiccional de habeas corpus, ha tenido un notable desarrollo desde la puesta en vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica, siendo lo mas destacable que en un primer momento, su objeto que no es otro que la libertad personal, se ampl�a en la Ley de Garant�as Jurisdiccionales en el a�o 2009 a los derechos conexos a la privaci�n de la libertad, y posteriormente adquiere un desarrollo determinante, a trav�s de fallos judiciales en varias instancias de la justicia ordinaria y constitucional.

Una de las sentencias mas importantes con las que ha aportado la Corte Constitucional en materia de habeas Corpus, es la Sentencia No. 253-20-JH/22, en la que expone varias tipolog�as de esta garant�a, adem�s de la reparadora. Sin embargo, siendo la primera vez que lo realizaba, los conceptos todav�a son muy limitados en la misma.

El habeas corpus reparador, busca alcanzar la libertad de una persona cuando la misma ha sido privada de manera legal, legitima o arbitraria. Estos conceptos han sido desarrollados con claridad en varias sentencias de la Corte Nacional, que recogiendo a su vez par�metros de la Corte Americana de Derechos Humanos, ha definido que adem�s de los presupuestos legales de la prisi�n preventiva, la misma debe ordenarse para el cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad, y que solo en los casos en que se justifique los mismos la medida no ser�a arbitraria.

La carga de la prueba sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisi�n preventiva le corresponde a la Fiscal�a, que desde un principio se entender�a debi� ser as�; sin embargo, en m�rito a la inobservancia constante de esta exigencia, la Corte Nacional de Justica emiti� la resoluci�n No. 14-2021, para enf�ticamente encargar esta tarea al fiscal, y de la misma manera responsabilizar al juez de motivar su decisi�n para que en caso de que la conceda, claramente se aprecie como lleg� a la convicci�n de que las medidas cautelares no privativas de libertad eran insuficientes.

La instituci�n del habeas corpus en su tipolog�a reparadora o restauradora, es una garant�a jurisdiccional y acci�n constitucional plenamente eficaz en nuestro estado, para alcanzar la libertad de una persona que en un proceso penal ha sido sometida al encarcelamiento por prisi�n preventiva de manera arbitraria; esto es, sin la motivaci�n debida de que la medida sea necesaria y proporcional. Sin embargo, esta eficacia se ha puesto de manifiesto fundamentalmente, cuando la acci�n llega por recurso de apelaci�n, a las salas de la Corte Nacional de Justicia, ya que en los primeros niveles tanto de la jurisdicci�n ordinaria como de la constitucional, los jueces se han conformado con la petici�n de fiscal�a y la mera exposici�n de cumplimiento de requisitos legales, para imponerla. �

 

Referencias

1.                  �LVAREZ, T. (2018). El habeas corpus y la tutela a la libertad personal. Medellin: Revista de Derecho.

2.                  APT, A. p. (01 de marzo de 2022). Portal princial. Obtenido de https://www.apt.ch/es/centro-de-conocimiento/detention-focus-database/grupos-en-situacion-de-vulnerabilidad

3.                  Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constituci�n de la Rep�blica. Quito: CEP.

4.                  Asamblea Nacional, A. (2021). C�digo Org�nico Integral Penal. Corporaci�n de estudios y publicaciones.

5.                  �vila Santamar�a, R. (2011). El neoconstitucionalismo tranformador. Quito: Abya-Yala.

6.                  Bernal, C. (2007). El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estdios y Publicaciones.

7.                  Cabanellas, G. (2018). Diccionario Juridico Completo. Astrea, 123.

8.                  CADH. (1969). Convenci�n Americana de Derechos Humanos. Pacto San Jose de Costa Rica.

9.                  Campoverde, L. (2018). El derecho a la reparaci�n integral y la garant�a jurisdiccional de habeas corpus. Derecho y Sociedad, 18.

10.              CIDH, Caso Chaparro �lvarez y Lapo ��iguez vs. Ecuador (Sentencia de 21 de noviembre de 2007 2007).

11.              CIDH, C. I. (03 de marzo de 2008). Principios y Buenas Pr�cticas sobre la Protecci�n de las Personas Privadas de Libertad en las Am�ricas. Obtenido de https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

12.              Cl�rico, L. (2009). El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional. Buenos Aires: Eudeba.

13.              Corte Nacional de Justicia, C. (2021). Prisi�n Preventiva. Quito: Registro Oficial.

14.              Fernandez, M. A. (2004). Derecho a la jurisdicci�n y debido proceso. Estudios Constitucionales, 24. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/820/82020103.pdf

15.              Garc�a, D. (2014). EL HABEAS CORPUS EN AM�RICA LATINA: ANTECEDENTES, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS. Bogot�: Revista Universidad Externado de Colombia.

16.              Garc�a, G. (2004). El Proceso de Habeas Corpus en el Derecho Comparado. Investigaciones UNAM, 26.

17.              Garc�a, R. (2014). LOS ORIGENES DEL HABEAS CORPUS. Bogot�: Universidad Externado de Colombia.

18.              Gonz�lez, L. (2014). La Libertad en parte del pensamiento filos�fico constitucional. Cuestiones Constitucionales, 30.

19.              Henr�quez, M. (2014). El habeas corpus como un recurso id�neo para garantizar la libertad personal de los migrantes. M�xico: Revista Ius et Praxis,.

20.              Misuraca, M. (2018). La libertad Personal En la CADH. Derechos UEC, 18.

21.              Nogueira, H. (2019). El derecho a la libertad personal en el ordenamiento jur�dico chileno. Ius Et Praxis, 57.

22.              ONU, A. G. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos.

23.              Oyarte Mart�nez, R. (2018). Curso de Derecho Constitucional. Segunda Edici�n. Quito: Corporaci�n de estudios y publicaciones.

24.              Padilla Valarezo, L. (2020). An�lisis de la aplicabilidad del h�beas corpus preventivo en la legislaci�n del Ecuador. FIPCAEC (Edici�n 20) Vol. 5, No 3, 375-392.

25.              Parma, C. (2019). La vida en prisi�n en el sistema de Derechos Humanos. Universidad de Palermo, 23.

26.              Sentencia 017-18-SEP-CC, 0513-16-EP (Corte Constitucional del Ecuador 15 de 01 de 2018).

27.              Sentencia No. 253-20-JH/22, CASO No. 253-20-JH (Corte Constitucional del Ecuador 2022).

28.              Sentencia No. 8-20-CN/21, CASO No. 8-20-CN (Corte Constitucional del Ecuador 2021).

29.              Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2004).

30.              Tribunal Constitucional de Per�, 05559-2009-PHC/TC (TCP-Clases de Habeas Corpus 2009).

31.              Varela, R. (2020). La racionalidad en el H�beas Corpus para precautelar la libertad de los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Quito: Equipo jur�dico Inredh.

 

 

 

 

 

 

 

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