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Desnaturalizaci�n del estado de excepci�n en Ecuador y afectaci�n de los derechos

 

Distortion of the state of exception in Ecuador and violation of rights

 

Distor��o do estado de exce��o no Equador e viola��o de direitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Correspondencia: freddylucero_20@hotmail.com ���

 

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ��

Art�culo de Investigaci�n�

 

 

* Recibido: 22 de marzo de 2022 *Aceptado: 28 de abril de 2022 * Publicado: 15 de mayo de 2022

 

 

        I.            Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador

     II.            Universidad T�cnica de Machala, Machala, Ecuador

 

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Resumen

El estado de excepci�n es un mecanismo aplicable a situaciones que ponen en peligro el orden constitucional de un estado determinado. Por lo tanto, cuando se usa correctamente, puede ayudar a lograr objetivos perfectamente leg�timos como el mantenimiento de la paz y el orden, pero cuando se usa con fines de conveniencia, puede causar problemas y consecuencias graves para los ciudadanos de una naci�n determinada. Por tanto, el problema planteado en la presente investigaci�n es b�sicamente el uso ciego y abusivo de este recurso, sumado a la falta de control constitucional y pol�tico de las instituciones de autoridad, que apertura el camino a la vulneraci�n de los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. Al respecto, el objetivo planteado no es sino determinar en qu� medida el incumplimiento y la inobservancia de las condiciones formales y sustantivas de la declaraci�n del estado de excepci�n vulneran los derechos y esta garant�a. Para ello se ha buscado el apoyo de los criterios de diversas teor�as, quienes han coincidido, como se puede comprobar en los antecedentes te�ricos, en que la organizaci�n objeto de an�lisis requiere de unas condiciones y requisitos m�nimos para asegurar la aplicaci�n armoniosa con los principios constitucionales y sus derechos. En ese sentido, las unidades de an�lisis est�n conformadas por las normas legales y constitucionales que reglan esta figura, los decretos ejecutivos que lo prescriben, as� como tambi�n las sentencias de la Corte Constitucional que deben ser utilizadas para prevenir el uso arbitrario. Con base en lo anterior, se concluye (entre otras situaciones) que la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional han realizado un trabajo ineficaz en la realizaci�n de sus contrapesos. Este es un hecho indiscutible porque, al menos para el momento en estudio, nunca se ha declarado de inconstitucional un decreto ejecutivo que declara el estado de excepci�n, ni tampoco se ha declarado inconstitucional como una suspensi�n ordenada, aun cuando, como La evidencia muestra que estas �rdenes ejecutivas no eran ni formalmente consistentes con el principio propuesto en la Constituci�n.

Palabras clave: Estado De Excepci�n; Control Constitucional; Control Pol�tico; Decreto Ejecutivo; Corte Constitucional; Asamblea Nacional.

 

Abstract

The state of exception is a mechanism applicable to situations that endanger the constitutional order of a given state. Therefore, when used correctly, it can help achieve perfectly legitimate goals like maintaining peace and order, but when used for convenience purposes, it can cause serious problems and consequences for the citizens of a given nation. Therefore, the problem raised in the present investigation is basically the blind and abusive use of this resource, added to the lack of constitutional and political control of the institutions of authority, which opens the way to the violation of the constitutional rights of citizens. Ecuadorians. In this regard, the stated objective is simply to determine to what extent the non-compliance and non-observance of the formal and substantive conditions of the declaration of the state of exception violate the rights and this guarantee. For this, the support of the criteria of various theories has been sought, who have agreed, as can be verified in the theoretical background, that the organization under analysis requires certain minimum conditions and requirements to ensure the harmonious application of constitutional principles. and your rights. In this sense, the units of analysis are made up of the legal and constitutional norms that regulate this figure, the executive decrees that prescribe it, as well as the rulings of the Constitutional Court that must be used to prevent arbitrary use. Based on the foregoing, it is concluded (among other situations) that the Constitutional Court and the National Assembly have done an ineffective job in carrying out their counterweights. This is an indisputable fact because, at least for the moment under study, an executive decree declaring a state of exception has never been declared unconstitutional, nor has an ordered suspension been declared unconstitutional, even when, as the evidence shows that these executive orders were not even formally consistent with the principle proposed in the Constitution.

Keywords: State of Exception; Constitutional Control; Political Control; Executive Order; Constitutional court; National Assembly.

 

Resumo

O estado de exce��o � um mecanismo aplic�vel �s situa��es que colocam em risco a ordem constitucional de um determinado estado. Portanto, quando usado corretamente, pode ajudar a atingir objetivos perfeitamente leg�timos, como manter a paz e a ordem, mas quando usado para fins de conveni�ncia, pode causar s�rios problemas e consequ�ncias para os cidad�os de uma determinada na��o. Portanto, o problema levantado na presente investiga��o � basicamente o uso cego e abusivo desse recurso, somado � falta de controle constitucional e pol�tico das institui��es de autoridade, o que abre caminho para a viola��o dos direitos constitucionais dos cidad�os. . Nesse sentido, o objetivo declarado � simplesmente determinar em que medida o descumprimento e a n�o observ�ncia das condi��es formais e substantivas da declara��o do estado de exce��o violam os direitos e essa garantia. Para isso, buscou-se o suporte dos crit�rios de diversas teorias, que concordaram, como se pode verificar no referencial te�rico, que a organiza��o em an�lise exige certas condi��es e requisitos m�nimos para garantir a aplica��o harmoniosa dos princ�pios constitucionais. direitos. Nesse sentido, as unidades de an�lise s�o constitu�das pelas normas legais e constitucionais que regulam essa figura, os decretos executivos que a prescrevem, bem como as decis�es do Tribunal Constitucional que devem ser utilizadas para impedir o uso arbitr�rio. Com base no exposto, conclui-se (entre outras situa��es) que o Tribunal Constitucional e a Assembleia Nacional t�m feito um trabalho ineficaz na execu��o dos seus contrapesos. Fato indiscut�vel porque, pelo menos para o momento em estudo, nunca foi declarado inconstitucional um decreto executivo que decretasse o estado de exce��o, nem foi declarada inconstitucional uma suspens�o ordenada, mesmo quando, conforme a evid�ncia demonstra que esses decretos executivos foram nem mesmo formalmente consistente com o princ�pio proposto na Constitui��o.

Palavras-chave: Estado de Exce��o; Controle Constitucional; Controle Pol�tico; Ordem executiva; Corte Constitucional; Assembl�ia Nacional.

 

Introducci�n �

El ordenamiento jur�dico ecuatoriano es un estado constitucional de derechos y justicia, el Estado tiene la responsabilidad de respetar y hacer cumplir los derechos garantizados por la Constituci�n; Una vez establecido el Estado garante de los derechos constitucionales, es necesario comprender las causas, formas y alcances de las facultades del Ejecutivo a aplicar para limitar el ejercicio de estos derechos a trav�s del mecanismo de Estado Excepci�n.

Excepcionalmente, la aplicaci�n de este medio de restricci�n es procedente en las situaciones espec�ficas se�aladas en la misma norma constitucional con el objeto de restablecer la paz y el orden p�blico. Oposici�n a la que el Estado se encuentra sujeto a su propio control del poder como l�mite y control sobre el uso arbitrario de este poder por parte del ejecutivo, adem�s del control constitucional.� Ecuador ha mantenido la vigencia continua de esta medida especial, justificada por un lado por la situaci�n de los centros penitenciarios y, por otro lado, por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (covid 19), lo que constituye un orden continuo de inhabilitaci�n de derechos y aprobaci�n de la norma gobernando mediante el uso indiscriminado y las violaciones persistentes de los derechos humanos.

El estado de excepci�n es una medida extraordinaria, generalmente dictada por el poder ejecutivo, mediante la cual se restringe el ejercicio de ciertos derechos humanos con el fin de proteger al propio Estado o a sus ciudadanos contra circunstancias que puedan causar da�o, afectar o violar sus derechos. Entre las circunstancias que pueden generar esta excepci�n est�n los conflictos armados, ya sean internos o externos, los disturbios internos graves, los desastres naturales y las calamidades p�blicas.

En el ordenamiento jur�dico de Ecuador, la imagen de Estado de Excepci�n se encuentra previsto en el art�culo 164 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador y desarrollada en la Ley de Seguridad Publica y del del Estado como medio de respuesta ante amenazas que tengan potencial para afectar la seguridad p�blica. En el Ecuador esta potestad est� conferida al presidente de la Rep�blica, en otros pa�ses se encuentran investidos de esta facultad otros �rganos de control constitucional.

El objeto de esta figura legal, que reconoce la posibilidad de suspender el ejercicio de los derechos individuales, no impide que se le reconozca como un instrumento constitucional leg�timo, ya que uno de sus fines es mantener o restablecer el orden p�blico en caso de crisis, o proteger los derechos de las personas, como es el caso de las medidas implantadas en base a esta figura para controlar los efectos de la pandemia provocada por el Covid19. Sin embargo, no puede dejar de inobservarse la existencia del uso discrecional para dictar estas medidas, y que sus l�mites pueden ser controlados por la Corte Constitucional, en lo que respecta a su validez constitucional y/o inconstitucionalidad sea esta total o parcial.

Los requisitos y condiciones previstos para dictar esta medida excepcional hacen que se garantice que los derechos constitucionales, individuales colectivos no ser�n suspendidos por una medida arbitraria, por lo que indiscutiblemente debe cumplirse con esta forma que se encuentra determinada en la norma suprema con lo cual legitima su plena validez, as� como tambi�n permite que tenga compatibilidad con las garant�as y vigencias de los derechos.

Sin embargo, en diversas partes del mundo, as� como en el Ecuador, el desconocimiento de estas condiciones particulares de origen o simplemente el desconocimiento deliberado de obtener estos poderes extraordinarios han acortado el camino para alcanzar las metas pol�ticas que se han propuesto los gobernantes del lugar. Llev� al abuso, la violaci�n de los derechos de los ciudadanos.

Sobre esa base, este trabajo tiene como objetivo general determinar los efectos legales derivados de la continuaci�n de la aplicaci�n de este recurso en ejercicio de las garant�as y derechos constitucionales en Ecuador, y, como objetivos espec�ficos:

1)An�lisis te�rico de la naturaleza constitucional de la excepci�n y la legitimidad de sus alcances; 2) An�lisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales sustantivos y oficiales para la promulgaci�n de los Estados de Excepci�n; 3) Identificar los principios constitucionales que deben ser respetados para toda declaratoria de este recurso como lo es el Estado de Excepci�n.; y,4)An�lisis de la extensi�n y l�mites del control ejercido sobre los poderes ejecutivos sobre los que se declaran estados de excepci�n

El uso perpetuo e invariable de la imagen del Estado de Excepci�n a la restricci�n permanente de los derechos y garant�as constitucionales, sin que se determine si su aplicaci�n permitir� o no el restablecimiento de la paz y el orden p�blico, el efecto de su aplicaci�n de conformidad con el procedimiento legal y el efecto sobre la aplicaci�n de otros principios, derechos y garant�as del ordenamiento jur�dico. Tambi�n en este sentido, el control ejercido por la m�xima jurisdicci�n constitucional no ha logrado determinar si la declaratoria de estado de excepci�n respeta los derechos de las personas y la continuaci�n de la aplicaci�n del estado de excepci�n �Es una forma de eludir la misi�n? de actividades administrativas. Este estudio determinar� los efectos jur�dicos derivados de la imposici�n del estado de emergencia en el pa�s ecuatoriano.

 

Metodolog�a

El desarrollo de la investigaci�n jur�dica se caracteriza por ser preponderantemente cualitativa, sin embargo, en el presente trabajo se aplicar�n m�todos tanto te�ricos como emp�ricos para recopilar y analizar la informaci�n necesaria y presentar los resultados esperados, lo que determinar� el impacto de las cuestiones jur�dicas derivadas de la aplicaci�n continuada del Estado de Excepci�n en la implementaci�n de las garant�as y derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos.

Este estudio presenta el an�lisis de doctrinas, normas, jurisprudencia y leyes relacionadas con el objeto de investigaci�n, en especial lo relacionado con el rol del Estado como garante de los derechos de las personas y la aplicaci�n de la ley para restringir el ejercicio de sus derechos y a su vez para protegerlos, as� como tambi�n, los principios y derechos relativos a esta facultad del Poder Ejecutivo y los efectos derivados de la imposici�n de los Estados de Excepci�n en los derechos de los ciudadanos.

Bajo esta premisa, este estudio considera la aplicaci�n de los m�todos hist�rico y comparativo como un solo m�todo que pretende establecer la naturaleza del Estado de Excepci�n, su desarrollo normativo, su inclusi�n en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano y su aplicaci�n. con otros Estados. En tal sentido, se aplicar�n los m�todos deductivo e inductivo, a efectos de establecer los requisitos establecidos en el presupuesto normativo que rige la aplicaci�n del Estado de Excepci�n, la causa, el alcance, el l�mite, la forma de control, entre otros factores que forman parte de su disposici�n normativa; as� como, de los efectos derivados de su aplicaci�n por las fuerzas del orden. Se aplicar� el m�todo exeg�tico como m�todo indispensable de investigaci�n jur�dica, su objeto de investigaci�n se centra en la descripci�n, y aplicaci�n de una o varias normas para establecer la integraci�n principal al ordenamiento jur�dico.

 

Desarrollo

Este estudio muestra que desde que la Constituci�n ecuatoriana entr� en vigencia en el a�o 2008, muy pocos estudios de autores ecuatorianos han abordado aspectos relacionados con el Estado de Excepci�n. Quienes abordan el tema se ocupan esencialmente del estudio de la doctrina sobre su naturaleza y los elementos que la integran, m�s que de analizar los decretos ejecutivos o los dict�menes emitidos por la Corte Constitucional.

El autor Fix Samudio (2004) sostiene que las disposiciones legales para regular situaciones graves de conflicto interno o externo tienen su origen en el derecho romano, el cual estableci� normas de vigencia temporal con el fin de dotar a las autoridades de capacidad para enfrentar y remediar eventos de riesgo derivados de conflictos externos. Guerras o insurgencias. En este orden de ideas, para Schmitt (1968), el origen de la figura estaba en la dictadura romana, seg�n la cual un funcionario, llamado dictador, era designado a petici�n del Senado a solicitud del C�nsul e investido de poderes extraordinarios por tiempo m�ximo de seis meses para atender las emergencias.

Seg�n la doctrina antes descrita, el dictador tiene entre sus atribuciones o deberes suprimir la situaci�n de peligro que motiv� su nombramiento, es decir, hacer la guerra o el enfrentamiento y poner fin a un levantamiento interno. Constatamos que, como sucede con el actual Presidente, el dictador de turno tambi�n fue investido de poderes extraordinarios para poner fin a algunas de las situaciones que pon�an en peligro a la Rep�blica. Para Trujillo (2006), los Estados de Excepci�n son �situaciones en las que el poder ejecutivo no puede salvar la seguridad exterior ni el orden p�blico mediante los derechos ordinarios que le confieren la Constituci�n y las leyes� (p. 202).

Si bien esta definici�n no es exhaustiva, s� deja algunos elementos destacados y muy �tiles para el presente estudio. Entre ellos, el hecho de que el Estado de Excepci�n est� destinado a prevenir peligros que atenten contra el orden p�blico, dice mucho sobre la naturaleza de esta figura. En el mismo sentido, la Ley de Seguridad P�blica y del Estado, en su art�culo 28, define el Estado de Excepci�n, como:

Los estados de excepci�n son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antr�pico que afectan a la seguridad p�blica y del Estado. El Estado de Excepci�n es un r�gimen de legalidad y por lo tanto no se podr�n cometer arbitrariedades a pretexto de su declaraci�n.

Rafael Oyarte (2016) se�al� que la constituci�n norma en los estados de derecho� una serie garant�as que hacen efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales� (p. 573), adem�s en el Estado de Excepci�n la obstrucci�n altera el fin del constitucionalismo. Al respecto, se�al� que esto encuentra su apolog�a en

Una serie de eventos que, de producirse, desbordan la actividad normal del Estado, por lo que la Constituci�n, precisamente, debe prever esos casos para establecer una serie de medidas tendientes a solucionar la contingencia y sus efectos, y tambi�n de garantizar los derechos de las personas. (p. 573).

El concepto instaurado por Oyarte (2016) contiene un factor diferenciador muy importante, es decir, seg�n el referido autor, los estados de excepci�n, adem�s del objetivo de resolver casos an�malos, tambi�n tienen tendencia a velar por los intereses de algunos. En la misma l�nea, los autores Tob�n y Mendieta (2016) se�alan que:

Los estados de excepci�n, por naturaleza, delimitan la frontera entre normalidad y anormalidad, en el desarrollo del ordenamiento constitucional, puesto que solo se ponen en marcha ante una situaci�n de anormalidad y traen consigo una serie de limitaciones y facultades que impiden el retorno a la normalidad. Sin embargo, progresivamente debido a las tensiones sociales y pol�ticas del pa�s, el poder ejecutivo de turno, de una u otra forma, ha distorsionado la figura, mediante la declaraci�n del Estado de Excepci�n o su aplicaci�n de facto, casi de manera permanente, convirtiendo lo �Anormal� en una costumbre �Normal�. (p. 69).

Es muy interesante lo dicho, pues describen esta separaci�n entre lo normal y lo extraordinario para identificar y comprender la naturaleza de los Estados Excepcionales. Pero m�s interesante es el siguiente comentario sobre c�mo este mecanismo fue distorsionado por los gobernantes de la �poca, convirtiendo lo inusual en normal.

Perez Royo con respecto del Estado de Excepci�n y sus objetivos establece que

El derecho de excepci�n no existe por s� mismo, sino que existe porque hay determinadas circunstancias en las que no es posible la aplicaci�n del derecho normal. Pero no tiene sentido nada m�s que para volver a la normalidad. En consecuencia, todo derecho de excepci�n tiene que ser valorado desde esta perspectiva. (p. 853).

P�rez Royo (2010) adem�s de abordar la finalidad del estado de excepci�n, que identifica como la idea de vuelta a la normalidad; refrend� lo dicho por Tab�n y Mendieta (2016) sobre la separaci�n entre lo normal y lo anormal. De igual forma, instituye la valoraci�n de la aplicaci�n de la excepci�n, precisando que �sta se limitar� a valorar la necesidad de su aplicaci�n. En aras de complementar lo se�alado, el autor antes mencionado ha argumentado que, si bien no es f�cil establecer los criterios que se utilizan para establecer las caracter�sticas de una excepci�n, existe cierto convenio (especialmente en la cultura jur�dica europea), en relaci�n con lo siguiente:

a)     �Debe distinguirse de forma tajante y clara el derecho normal y el derecho de excepci�n, de tal manera que todo el mundo sepa a qu� atenerse [�] o se est� en la norma, o se est� en la excepci�n.� (P�rez Royo, 2010, p. 853). Esto implica definir con total claridad y certeza la frontera entre una y otra;

b)    La competencia para disponer a partir de qu� momento y dentro de que circunscripci�n territorial se aplicar� el derecho de excepci�n, as� como la competencia para aplicar las medidas que este derecho conlleva o prev�, deben estar tajantemente definidas. Lo cual resulta indispensable, considerando que una de las medidas previstas dentro de los Estados de Excepci�n es precisamente la posibilidad de suspender o limitar derechos.

c)     �[�] El derecho de excepci�n debe poder ser modulado en su aplicaci�n en funci�n del tipo de crisis al que haya que hacer frente [�].� (P�rez Royo, 2010, p. 854). Idea sumamente acertada que guarda �ntima relaci�n con la razonabilidad y proporcionalidad de la medida que deba ser adoptada dentro de los Estados de Excepci�n para paliar o detener la crisis que origin� su declaratoria. Toda medida adoptada dentro de este r�gimen deber� ser la justa y pertinente medida para afrontar determinada situaci�n de emergencia, de lo contrario, la extralimitaci�n (aun cuando no produzca un efecto negativo y concreto en la poblaci�n) constituye en s� misma, una vulneraci�n de derechos constitucionales.

d)    �Debe establecer un principio de responsabilidad del Estado por los posibles perjuicios que la actuaci�n de los poderes p�blicos pudiera ocasionar en la aplicaci�n de medidas excepcionales� (P�rez Royo, 2010, p. 854). El Estado y todos sus funcionarios est�n obligados �por mandato constitucional- a reparar a los particulares por los perjuicios que sus decisiones pudieren generar. La declaratoria del Estado de Excepci�n no escapa a esta premisa.

En la constituci�n se encuentra establecido el Estado de Excepci�n en los art�culos� 164 al a 166 considerando que el mismo contiene� connotaciones constitucionales, por lo que resulta imperante el an�lisis de los elementos esenciales que lo integran y caracterizan a Ecuador , pudiendo incluir los siguientes: a)� su origen; b) Espacio y per�odo de vigencia; c) Posibilidad de suspensi�n o limitaci�n de derechos; d) Facultades extraordinarias del Presidente de la Rep�blica; e) Principios de licitud, proporcionalidad y racionalidad; y, f) Supervisi�n de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.

Esta figura jur�dica es una regla dise�ada �nicamente para situaciones especiales o de crisis que est�n claramente definidas en la Constituci�n. Es por tanto deber ineludible del Mandatario, respecto de la aplicaci�n de este recurso, velar por que los hechos que motivan sus pretensiones sean reales y congruentes con las causas previstas en la Carta fundamental. Estas bases se encuentran descritas en el art�culo 164 de la Constituci�n, norma que se reproduce en su apartado correspondiente: �Art�culo. 164.- La Presidenta o Presidente de la Rep�blica podr� decretar el Estado de Excepci�n [�] en caso de agresi�n, conflicto armado internacional o interno, grave conmoci�n interna, calamidad p�blica o desastre natural. [�]�.

.Para Despouy (1997), el Estado de Excepci�n no puede en ning�n caso otorgarse por �meramente oportunistas, especulativas o abstractos� (p. 26). Pensamientos con los que est� plenamente de acuerdo, porque de lo contrario ser�a evidencia de una pr�ctica abusiva y arbitraria prohibida por nuestra Carta fundamental al respecto. Oyarte (2016) argument� sobre este tema que:

son un verdadero shock dentro de un Estado de Derecho, de lo que derivan dos situaciones: su aplicaci�n indiscriminada y desviada que lo destruyen [�] De este modo, dictar Estado de Excepci�n sin que se presente objetivamente la causal, implicar� desviaci�n de poder, pues se lo har� con el mero fin de asumir facultades extraordinarias, lo que es constitucionalmente inaceptable. (p. 575).

Para la presente investigaci�n resulta adem�s de interesante �til, porque confirma lo argumentado hasta ahora. Es indiscutible que el uso excesivo de la tem�tica figurativa en este estudio y su aplicaci�n fuera de los presupuestos del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, en palabras de Oyarte (2016), constituye un abuso de poder. La situaci�n tiene graves consecuencias para los ciudadanos al violar el estado de derecho al que est� sujeto Ecuador.

El estado de excepci�n, previsto en el art�culo 164 de la Constituci�n, de conformidad con el principio de territorialidad, podr� otorgarse sobre todo el territorio nacional o sobre una parte del territorio. En esta etapa cr�tica, cabe se�alar que el estado de excepci�n y todas las consecuencias e impactos que se deriven de su declaratoria s�lo tendr�n validez dentro de los l�mites espaciales establecidos en el decreto publicado. En este contexto, consideramos la parte relevante de este art�culo:

Art. 164.- La presidenta o presidente de la Rep�blica podr� decretar el Estado de Excepci�n en todo el territorio nacional o en parte de �l en caso de agresi�n, conflicto armado internacional o interno, grave conmoci�n interna, calamidad p�blica o desastre natural. La declaraci�n del Estado de Excepci�n no interrumpir� las actividades de las funciones del Estado.

Acerca de la temporalidad se concuerda con Despouy (1997) en que �sta apunta fundamentalmente a se�alar �su necesaria limitaci�n en el tiempo y as� evitar la indebida permanizaci�n del mismo� (p. 20), el declarar el estado de emergencia podr�a continuar a perpetuidad, esto no solo violar�a su propia naturaleza, sino que, ampliar�a la posibilidad de violaciones de los derechos y garant�as fundamentales de los ciudadanos.

�La Constituci�n, en el art�culo 166, segundo p�rrafo, ha establecido que el plazo de vigencia del estado de excepci�n no exceder� de 60 d�as, salvo que persistan las causas que lo motivaron, en cuyo caso podr� prorrogarse por 30 d�as adicionales:

�Art. 166.- [�] El decreto de Estado de Excepci�n tendr� vigencia hasta un plazo m�ximo de sesenta d�as. Si las causas que lo motivaron persisten podr� renovarse hasta por treinta d�as m�s, lo cual deber� notificarse. Si el presidente no renueva el decreto de Estado de Excepci�n no lo notifica, �ste se entender� caducado.

La regla general establece que ning�n Estado de excepci�n podr� estar vigente por un per�odo mayor al necesario, que en el caso de Ecuador no podr� exceder de 90 d�as, incluida la pr�rroga; pues, como se�ala Vanegas Gil (2017), ), la �excepci�n es lo extraordinario, lo anormal, por tanto su vigencia ha de ser estrictamente temporal, es decir que su duraci�n debe estar limitada exclusivamente a superar la crisis que ha dado origen a su declaratoria�� (p. 266). ). Resulta necesario hacer hincapi� a la temporalidad como lo hace el citado autor pues las repercusiones son nefastas para los ciudadanos ecuatorianos o de cualquier determinado territorio

El tribunal constitucional espa�ol con respecto a la suspensi�n en uno de sus fallos (Recurso de Inconstitucionalidad N� 25/1981, 1981) ha se�alado que:

La limitaci�n o suspensi�n de derechos fundamentales en una democracia s�lo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayor�a de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democr�tico. (p. 13).

Solo con el fin de proteger derechos fundamentales podr� justificarse la limitaci�n o cesaci�n de derechos. En Ecuador, y especialmente en el marco del estado de excepci�n, la suspensi�n o limitaci�n de derechos es una posibilidad, pero no una obligaci�n. Por lo tanto, el Mandatario no tiene obligaci�n de suspender o limitar los poderes en caso de estado de emergencia. Aun as� podr�a ocurrir que el Presidente decida limitar o cesar derechos de acuerdo a circunstancias reales que motivaron su aplicaci�n.

Asimismo, la Constituci�n del Ecuador ha definido con gran acierto, la limitaci�n y la cesaci�n a una condici�n exclusiva cuyos l�mites no podr�an sobrepasarse. Es decir, la Constituci�n ha establecido con claridad, cu�les ser�n los �nicos derechos aptos de limitaci�n y cesaci�n. Siendo estas ideas recogidas por la Constituci�n en su art�culo 165, primer inciso:

�Art. 165.- Durante el Estado de Excepci�n la Presidenta o Presidente de la Rep�blica �nicamente podr� suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tr�nsito, libertad de asociaci�n y reuni�n, y libertad de informaci�n, en los t�rminos que se�ala la Constituci�n. [�].

Cabe se�alar que los derechos indicados en el p�rrafo que antecede no se eligen al azar. Es claro que una cesaci�n o restricci�n del mismo podr�a, de alguna manera, contribuir a hacer frente a las emergencias que motivaron la declaraci�n del estado de excepci�n y que se enmarcan dentro de las razones expuestas. Por lo que en la medida en que la cesaci�n o restricci�n se limite a los derechos anteriores y se determine conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se analizar�n m�s adelante en raz�n de la actuaci�n del Presidente que en funciones respetar� el marco constitucional y democracia.

Discusi�n

La declaratoria de estado de excepci�n es una facultad �nica y no potestativa que se le ha otorgado al presidente, adem�s de esta facultad, tambi�n se reconoci� la capacidad de adquirir ciertos poderes extraordinarios para hacer frente a la crisis y posiblemente enmendar lo que provoc� el estado de excepci�n. La Constituci�n ha buscado evitar que el ejecutivo se exceda en sus facultades estableci�ndolas dentro del mismo texto constitucional.

Art. 165.- [�] Declarado el Estado de Excepci�n, la Presidenta o Presidente de la Rep�blica podr�: 1. Decretar la recaudaci�n anticipada de tributos; 2. Utilizar los fondos p�blicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educaci�n; 3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional; 4. Disponer censura previa en la informaci�n de los medios de comunicaci�n social con estricta relaci�n a los motivos del Estado de Excepci�n y a la seguridad del Estado; 5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional; 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Polic�a Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, as� como al personal de otras instituciones; 7. Disponer el cierre o la habilitaci�n de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos; y, Disponer la movilizaci�n y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilizaci�n nacional, cuando se restablezca la normalidad.

En este punto, es imperativo detenerse a hacer algunas circunspecciones sobre el segundo numeral del art�culo transcrito (�[�] Utilizar los fondos p�blicos para otros fines [�]�). Al respecto, ahora debe aclararse que esta facultad extraordinaria del Mandatario ha sido utilizada reiteradamente para agilizar la recaudaci�n de fondos en situaciones de emergencia -principalmente desastres naturales- a trav�s de los procedimientos y requisitos contenidos en Ley Org�nica del Sistema Nacional de Contrataci�n P�blica.

Indudablemente, principios como el de proporcionalidad, legitimidad y razonabilidad constituyen un obst�culo al abuso que como tal, se dan por parte Mandatario. Con respecto del principio de legalidad, Despouy (1997) argumenta que implica �la necesidad preexistente de normas de emergencia y la existencia de mecanismos de control, tanto nacionales como internacionales, que verifiquen su conformidad en las mismas� (p. 19). Elementos esenciales para evitar el colapso del estado de derechos. Profundizando en lo anterior, Garc�a de Enterr�a y Fern�ndez (2006) examinan la esencia del principio de legalidad, seg�n el cual �cualquier acto singular de poder est� justificado en una ley anterior. � (p. 469) Finalmente, cualquier acci�n de una autoridad p�blica debe estar limitada al ordenamiento jur�dico.

Respecto al principio de proporcionalidad y razonabilidad, seg�n Despouy (1997), se�alan que ��stos apuntan a la �necesaria adecuaci�n que debe existir entre las medidas adoptadas y la gravedad de la crisis� (p. 28). En otras palabras, las medidas que se adopten bajo el Estado de Emergencia, de acuerdo con estos dos principios, siempre �depender�n de la, intensidad, profundidad y particularidad de la emergencia�, como as� lo ha demostrado contundentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia en el caso Zambrano V�lez y otros.

Ecuador (2007). En particular, por el principio de razonabilidad, como explica el jurista Cianiardo (2004), �), �la razonabilidad se encuentra en la necesidad de los tribunales de contar con herramientas t�cnico- jur�dicas �tiles para controlar la constitucionalidad de las injerencias de los poderes p�blicos en el �mbito de los derechos fundamentales� (p. 58). De ah� la importancia de estos principios, pues s�lo respet�ndolos y aplic�ndolos se puede asegurar que las medidas adoptadas en los estados de excepci�n sean la medida correcta y adecuada para hacer frente a la situaci�n de crisis o inestabilidad que motiv� su aplicaci�n.

Del mismo modo, el principio de razonabilidad comprende tres momentos: el juicio de adecuaci�n o idoneidad; de necesidad, y, el de proporcionalidad en sentido estricto o stricto sensu.

Con respecto a la adecuaci�n, el autor explica que esto incluye, primero, que una medida aplicada tenga un prop�sito y segundo, que la medida aplicada sea apropiada con ese fin. Es decir, �que pueda alcanzar sus objetivos� (p�gina 62). En Ecuador, cuando se aplic� este recurso, la revisi�n constitucional fue posterior. Como se�al� el autor:

El primer problema a resolver es si al juzgar la idoneidad de la medida el int�rprete debe retrotraerse al momento de su dictado o, por el contrario, debe situarse al tiempo de la producci�n de los efectos de la medida. Puede ocurrir que una medida previsiblemente id�nea cuando fue dictada se vuelva luego inid�nea, o a la inversa Sin embargo, [�] la amplitud del juicio de adecuaci�n resulta �nfimamente afectada, puesto que la exigencia de un examen m�nimo o reducido se encuentra vigente en plenitud para el an�lisis a posteriori. (p. 71 y 73)

Por su parte, la valoraci�n de la necesidad incluye la adopci�n de medidas que tengan el menor impacto sobre las personas. Esta decisi�n, a su vez, implica la necesidad de acreditar que la medida aplicada cumple con los par�metros constitucionales.

Consiste en establecer si la medida guarda una relaci�n razonable con el fin que se procura alcanzar. Esta coincidencia inicial no evita, por la generalidad del concepto, las disidencias al precisar en qu� consiste una �relaci�n razonable�. La posici�n dominante concreta el juicio en un balanceo entre las ventajas y las desventajas de la medida. (p. 93)

Por otra parte, con respecto al control, o de la necesidad de control. La declaratoria de Estado de Excepci�n es una necesidad urgente, en la Constituci�n facultada por la Asamblea Nacional, la cual tiene la potestad de revocarla en cualquier tiempo, cuando las circunstancias lo ameriten. Para la Corte Constitucional de Colombia (1992), el �control pol�tico que ejerce el Congreso en los Estado de Excepci�n cumple una funci�n democr�tica de contrapeso al poder ampliado que adquiere el presidente� (p. 43); palabras sin diferencia. Lo anterior tambi�n se ha repetido en el art�culo 166, que adem�s de establecer la obligaci�n de notificar a la agencia, tambi�n dispone:

Art. 166.- La presidenta o presidente de la Rep�blica notificar� la declaraci�n del Estado de Excepci�n a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podr� revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional

Por otra parte, est� el control judicial, que, de conformidad con lo dispuesto en la Constituci�n y la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo ejerce la Corte Constitucional, a la que corresponde participar en el an�lisis del material y declarar formalmente una orden ejecutiva declarando el Estado de Excepci�n, de modo que cumpla cabalmente con los principios y requisitos esenciales establecidos en la Constituci�n. Corresponder�, por tanto, determinar si dicho ordenamiento contiene los elementos fundamentales establecidos por la Constituci�n y, adem�s, determinar si las circunstancias reales lo han motivado, adapt�ndose a causas preestablecidas. Al respecto, la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone:

Art. 119.- Objetivos y alcance del control. - El control constitucional de los estados de excepci�n tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales y salvaguardar el principio de separaci�n y equilibrio de los poderes p�blicos.

La Corte Constitucional efectuar� un control formal y material constitucional autom�tico de los decretos que declaren un Estado de Excepci�n y de los que se dicten con fundamento en �ste. El tr�mite del control no afecta la vigencia de dichos actos normativos.

Esta disposici�n enfatiza la importancia del control constitucional sobre las emergencias. Como se puede apreciar, lo que se busca con el ejercicio de esta vital funci�n es: primero, asegurar el goce de los derechos a las personas, y segundo, crear los frenos y contrapesos necesarios frente al poder del ejecutivo.

 

Conclusiones

Desarrollado el presente trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1.- El Estado de Excepci�n se aplica a situaciones que ponen en peligro el orden constitucional de un pa�s determinado. Se trata pues de una obviedad que no pierde su condici�n de instrumento constitucional con fines leg�timos, por el simple hecho de reconocer la posibilidad de suspensi�n de derechos que de ser bien utilizada, es una herramienta para ayudar a restablecer la paz y el orden.

2. Los Decretos Ejecutivos objeto de este estudio, que han se�alado los Estados de Excepcion, no respetan, desde el punto de vista formal y material, los requisitos definidos por la Constituci�n y las Leyes, presentando, por tanto, las siguientes omisiones y anomal�as:

2.1. Se hayan emitido para contingencias o necesidades hipot�ticas; para eventos que no ocurren o que en realidad no est� verificada.

2.2. A veces, por la forma en que est�n escritos, parece que el estado de excepci�n se aplica para emergencias que no suceden, cuando en realidad dicta lo contrario.

2.3. Los hechos denunciados en el decreto o sus casos concretos, en la mayor�a de los casos, no corresponden a las causales expresamente definidas por la Constituci�n.

2.4. Comunmente, las concesiones o facultades inusuales adquiridas por el Presidente�� con motivo de la declaraci�n del estado de excepci�n no se identifican en el decreto ejecutivo.

2.5. En algunos casos, los decretos ejecutivos no prev�n la notificaci�n obligatoria a los organismos internacionales prevista en la Constituci�n ecuatoriana.

2.6. Muchas veces el plazo de vigencia de los Estados de Excepci�n no se adapta a lo que exigen las circunstancias. Medir el tiempo suele ser demasiado en algunos casos e insuficiente en otros.

2.7. Con el fin de eludir los procedimientos y requisitos definidos por la Ley Org�nica Del Sistema Nacional De Contrataci�n P�blica (LOSNCP), se adoptaron medidas� concernientes al Estado de Excepci�n para aprobar la adjudicaci�n de contratos y utilizar m�s r�pido los fondos p�blicos� a pesar de que las circunstancias actuales no convienen para la aplicaci�n de esta medida.

3. La Constituci�n define claramente los principios que el Presidente de la Rep�blica debe observar y respetar al declarar el estado de excepci�n, a saber: necesidad, proporcionalidad, legalidad, oportunidad, territorio y legitimidad. Estos principios constituyen un freno a la arbitrariedad, abuso y uso indiscriminado de este recurso, y tienen por objeto evitar los excesos de las funciones presidenciales. Respetando estos principios rectores, tambi�n pretende: primero, asegurar la primac�a de las medidas� del r�gimen constitucional ordinario sobre las previstas como excepci�n; segundo, existe una relaci�n directa de causa y efecto entre los eventos que ya han ocurrido y las acciones tomadas para controlar las situaciones emergentes; tercero, que las medidas adoptadas sean las de menor impacto (afectando derechos y garant�as) en la sociedad; cuarto, que el estado de excepci�n rige �nicamente por el tiempo limitado establecido en la Constituci�n; y quinto, que los impactos generados por el reclamo se verifiquen �nicamente dentro de una descripci�n territorial claramente definida.

 

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