Desnaturalización del estado de excepción en Ecuador y afectación de los derechos

Resumen

El estado de excepción es un mecanismo aplicable a situaciones que ponen en peligro el orden constitucional de un estado determinado. Por lo tanto, cuando se usa correctamente, puede ayudar a lograr objetivos perfectamente legítimos como el mantenimiento de la paz y el orden, pero cuando se usa con fines de conveniencia, puede causar problemas y consecuencias graves para los ciudadanos de una nación determinada. Por tanto, el problema planteado en la presente investigación es básicamente el uso ciego y abusivo de este recurso, sumado a la falta de control constitucional y político de las instituciones de autoridad, que apertura el camino a la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. Al respecto, el objetivo planteado no es sino determinar en qué medida el incumplimiento y la inobservancia de las condiciones formales y sustantivas de la declaración del estado de excepción vulneran los derechos y esta garantía. Para ello se ha buscado el apoyo de los criterios de diversas teorías, quienes han coincidido, como se puede comprobar en los antecedentes teóricos, en que la organización objeto de análisis requiere de unas condiciones y requisitos mínimos para asegurar la aplicación armoniosa con los principios constitucionales y sus derechos. En ese sentido, las unidades de análisis están conformadas por las normas legales y constitucionales que reglan esta figura, los decretos ejecutivos que lo prescriben, así como también las sentencias de la Corte Constitucional que deben ser utilizadas para prevenir el uso arbitrario. Con base en lo anterior, se concluye (entre otras situaciones) que la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional han realizado un trabajo ineficaz en la realización de sus contrapesos. Este es un hecho indiscutible porque, al menos para el momento en estudio, nunca se ha declarado de inconstitucional un decreto ejecutivo que declara el estado de excepción, ni tampoco se ha declarado inconstitucional como una suspensión ordenada, aun cuando, como La evidencia muestra que estas órdenes ejecutivas no eran ni formalmente consistentes con el principio propuesto en la Constitución.