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Analysis of the protection measures granted to women victims of violence in rural areas
Anlise das medidas de proteo concedidas s mulheres vtimas de violncia em reas rurais
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Correspondencia: everyu20@gmail.com
Ciencias Sociales y Polticas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 15 septiembre de 2025 *Aceptado: 06 de octubre de 2025 * Publicado: 07 de noviembre de 2025
I. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Polticas, Carrera de Derecho, Universidad Tecnolgica Indoamrica, Ambato 180103, Ecuador.
II. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Polticas, Carrera de Derecho, Universidad Tecnolgica Indoamrica, Ambato 180103, Ecuador.
Resumen
Este estudio analiza los obstculos que enfrentan las mujeres vctimas de violencia de gnero en territorios rurales de Ecuador para acceder a medidas cautelares, y evala la respuesta del Estado frente a esta problemtica. A travs de un enfoque mixto sociojurdico y dogmtico, se revisaron normativas nacionales e internacionales, literatura acadmica, informes tcnicos y casos documentados, aplicando tcnicas de anlisis jurdico y crtico. Los resultados muestran que, aunque existe un marco legal robusto incluyendo la LOIPEVCM y la Constitucin, su aplicacin en zonas rurales es deficiente debido a barreras geogrficas, falta de capacitacin con perspectiva de gnero, insuficiente articulacin institucional y escasos recursos. Adems, la ausencia de un enfoque interseccional y territorial limita la efectividad de las polticas pblicas, perpetuando la exclusin estructural y la violencia contra las mujeres rurales. La inaccin estatal en la implementacin de medidas cautelares ha derivado en consecuencias graves, como femicidios y agresiones reiteradas. Se concluye que es urgente fortalecer la institucionalidad con un enfoque territorial y de gnero para garantizar un acceso efectivo a la justicia y proteccin integral a las mujeres en contextos rurales.
Palabras Clave: Acceso a la justicia; violencia de gnero; medidas cautelares; territorios rurales; derechos de las mujeres; deber estatal.
Abstract
This study analyzes the obstacles faced by women victims of gender-based violence in rural areas of Ecuador in accessing protective measures and evaluates the State's response to this problem. Through a mixed socio-legal and dogmatic approach, national and international regulations, academic literature, technical reports, and documented cases were reviewed, applying legal and critical analysis techniques. The results show that, although a robust legal framework exists, including the Organic Law on Comprehensive Protection against Gender Violence (LOIPEVCM) and the Constitution, its application in rural areas is deficient due to geographical barriers, a lack of gender-sensitive training, insufficient institutional coordination, and scarce resources. Furthermore, the absence of an intersectional and territorial approach limits the effectiveness of public policies, perpetuating structural exclusion and violence against rural women. State inaction in implementing protective measures has led to serious consequences, such as femicides and repeated assaults. It is concluded that it is urgent to strengthen institutions with a territorial and gender-based approach to guarantee effective access to justice and comprehensive protection for women in rural contexts.
Keywords: Access to justice; gender-based violence; protective measures; rural territories; women's rights; state duty.
Resumo
Este estudo analisa os obstculos enfrentados por mulheres vtimas de violncia de gnero em reas rurais do Equador no acesso a medidas de proteo e avalia a resposta do Estado a esse problema. Por meio de uma abordagem mista sociojurdica e dogmtica, foram revisadas regulamentaes nacionais e internacionais, literatura acadmica, relatrios tcnicos e casos documentados, aplicando tcnicas de anlise jurdica e crtica. Os resultados mostram que, embora exista um arcabouo legal robusto, incluindo a Lei Orgnica de Proteo Integral contra a Violncia de Gnero (LOIPEVCM) e a Constituio, sua aplicao em reas rurais deficiente devido a barreiras geogrficas, falta de capacitao em questes de gnero, insuficiente coordenao institucional e escassez de recursos. Alm disso, a ausncia de uma abordagem interseccional e territorial limita a eficcia das polticas pblicas, perpetuando a excluso estrutural e a violncia contra mulheres rurais. A inao do Estado na implementao de medidas de proteo levou a graves consequncias, como feminicdios e agresses repetidas. Conclui-se que urgente fortalecer as instituies com uma abordagem territorial e de gnero para garantir o acesso efetivo justia e a proteo integral das mulheres em contextos rurais.
Palavras-chave: Acesso justia; violncia de gnero; medidas de proteo; territrios rurais; direitos das mulheres; dever do Estado.
Introduccin
El acceso a la justicia como derecho humano fundamental sigue siendo una deuda pendiente en muchas zonas rurales del Ecuador, particularmente para las mujeres vctimas de violencia de gnero (Ruano, 2023). Aunque el pas ha avanzado en el reconocimiento normativo de estos derechos, persisten barreras estructurales que impiden su aplicacin efectiva, especialmente en territorios histricamente marcados por el abandono estatal. Factores como el aislamiento geogrfico, la escasa presencia institucional, la falta de operadores judiciales capacitados con enfoque de gnero y los estigmas sociales constituyen obstculos concretos que dificultan el acceso a mecanismos de proteccin, como las medidas cautelares (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2024).
Estas medidas, concebidas para prevenir daos inminentes y salvaguardar la integridad de las vctimas, no logran cumplir su funcin en muchos contextos rurales (Costa & Garca, 2016). Su aplicacin resulta limitada o inexistente, lo cual agrava la situacin de vulnerabilidad de las mujeres y ha derivado en consecuencias graves, como femicidios y agresiones reiteradas (Defensora del Pueblo del Ecuador, 2017).. Esta deficiencia no solo representa una falla en el sistema judicial, sino una expresin concreta de inequidad estructural y una omisin estatal en el cumplimiento de sus deberes frente a los principios de debida diligencia, igualdad y no discriminacin (Hernndez-Flrez et al, 2024).
Pese a la existencia de instrumentos como la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM), su implementacin ha sido desigual en el pas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018), En las zonas rurales, los juzgados estn lejos de las comunidades, los procesos judiciales no contemplan las dinmicas socioculturales especficas, y no se ha promovido una poltica pblica diferenciada que garantice el acceso oportuno y efectivo a la justicia (Horowit, 2018). El resultado es una profunda brecha entre el marco normativo y su aplicacin real, lo cual perpeta la exclusin de las mujeres rurales del sistema de proteccin estatal (PNUD, 2024).
La mayora de investigaciones previas se han enfocado en contextos urbanos, invisibilizando la especificidad de los territorios rurales, donde se requieren estrategias institucionales adaptadas a su realidad (Morales & Gende, 2023). Existe una falta evidente de estudios que analicen de manera integral el funcionamiento de las medidas cautelares en estos espacios, as como las respuestas o la ausencia de ellas por parte del Estado (Arroyo & Santana, 2019). Esta omisin ha limitado la formulacin de polticas pblicas eficaces y sostenibles, acordes con los principios de justicia territorial y enfoque interseccional (Morn & Ruiz, 2021).
Frente a este escenario, el presente estudio plantea como problema jurdico central la interrogante: hasta qu punto el Estado ecuatoriano est cumpliendo con su obligacin de garantizar el acceso efectivo a medidas cautelares para mujeres vctimas de violencia en contextos rurales, conforme a los principios de debida diligencia, igualdad y no discriminacin? Para responder esta pregunta, se propone analizar las barreras estructurales e institucionales que limitan el acceso a dichos mecanismos de proteccin, identificar las brechas entre la normativa vigente y su implementacin prctica, y evaluar el grado de cumplimiento de los deberes estatales desde una perspectiva de derechos humanos, gnero y territorialidad.
Desde el punto de vista metodolgico, la investigacin se enmarca en el campo de los estudios jurdicos, con un enfoque mixto sociojurdico y dogmtico, y un diseo cualitativo orientado a la revisin documental crtica. Se utilizarn tcnicas como la hermenutica jurdica y el anlisis crtico del discurso para interpretar el contenido normativo y evidenciar cmo operan o no las garantas de proteccin en contextos rurales. Este enfoque permite comprender las limitaciones del sistema judicial ms all de la letra de la ley, enfocndose en las realidades concretas que viven las mujeres rurales vctimas de violencia, y proponiendo vas de mejora institucional que aseguren un acceso efectivo, oportuno y digno a la justicia.
Desarrollo
Revisin de la literatura
La revisin de la literatura constituye un ejercicio fundamental para contextualizar el estado actual del conocimiento sobre el acceso a medidas cautelares para mujeres vctimas de violencia en territorios rurales. A travs de la sistematizacin y comparacin crtica de diversos autores y estudios relevantes, se identifican las principales perspectivas tericas, metodologas y hallazgos que fundamentan y orientan esta investigacin. Esta revisin permite adems detectar vacos y desafos en la comprensin y aplicacin prctica de las normas y polticas pblicas, especialmente en contextos de exclusin estructural y desigualdad territorial.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental consagrado en el artculo 75 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, as como en diversos instrumentos internacionales. Este derecho es parte intrnseca de la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) el acceso formal a los organismos judiciales, (ii) el desarrollo del proceso en tiempo razonable y con imparcialidad, y (iii) la ejecucin de la sentencia (Quillupangui, 2023).
En el contexto ecuatoriano, este derecho adquiere mayor relevancia para mujeres vctimas de violencia de gnero, cuya vulnerabilidad exige la activacin de mecanismos de proteccin efectivos y garantizados desde el Estado. La investigacin impulsada por Quillupangui (2023) sobre femicidios en Ecuador enfatiza que, a pesar de existir normativas que protegen este derecho, la prctica judicial ha evidenciado mltiples situaciones en las que las vctimas se ven desprotegidas, lo que genera indefensin prolongada.
De igual forma, Arroyo & Barreiro (2019) advierten que el acceso a la justicia resulta complejo en la prctica cotidiana, debido a deficiencias en la investigacin judicial y en el procesamiento de los casos. Estos obstculos aumentan cuando las vctimas provienen de zonas rurales, donde las estructuras judiciales son dbiles y las respuestas institucionales insuficientes.
Adems, la Defensora del Pueblo del Ecuador (2017) ha sealado que, en muchos territorios rurales, las mujeres enfrentan barreras adicionales derivadas de la falta de informacin sobre sus derechos, la escasa capacitacin de funcionarios judiciales en perspectiva de gnero y la ausencia de medidas diferenciadas que reconozcan las particularidades socioculturales de estas comunidades.
El estudio del acceso a la justicia en contextos de violencia de gnero ha sido enriquecido por aportes de autores latinoamericanos que enfatizan la dimensin estructural y simblica de la exclusin judicial. Zaffaroni (2012) destaca que la justicia en Amrica Latina est atravesada por desigualdades sociales profundas, donde las mujeres, especialmente en zonas vulnerables, sufren una doble marginacin que el sistema penal suele invisibilizar, manteniendo estructuras de poder que reproducen la violencia. En este sentido, Cobo (2014) sostiene que la justicia no debe limitarse a la aplicacin formal de normas, sino que requiere una transformacin cultural y estructural para garantizar la verdadera proteccin de derechos, incorporando la perspectiva de gnero como eje transversal.
Estas aportaciones son esenciales para comprender que el acceso a la justicia no solo depende de normas escritas, sino de la voluntad poltica, formacin especializada y reconocimiento de las realidades socio-culturales que afectan a las mujeres rurales, que estn en constante vulnerabilidad y riesgo (Zaffaroni, 2012).
El enfoque intersecciones implica reconocer cmo mltiples identidades gnero, etnia, clase social, edad, ruralidad se entrelazan para agravar la situacin de discriminacin de las mujeres. Su importancia se refleja en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, especialmente en la Sentencia Plurinacional 0394-18-SCP, que ha reafirmado que este enfoque es esencial para la correcta aplicacin de los derechos de las vctimas (Corte Constitucional del Ecuador, 2018).
La Convencin de Belm do Par exige que el Estado considere los factores de vulnerabilidad como la situacin tnica, econmica o residencial al momento de adoptar medidas cautelares y procesales Organizacin de los Estados Americanos (OEA, 1994). En Ecuador, Ruano (2023) destacan que este enfoque es clave para desnaturalizar la violencia de gnero y fortalecer los instrumentos de acceso a la justicia.
Sin una mirada interseccional, las polticas pblicas tienden a ser homogneas y a reproducir exclusiones estructurales que profundizan la desigualdad y la marginacin. Asimismo, ONU Mujeres (2024) ha enfatizado que incorporar la interseccionalidad en el diseo y ejecucin de polticas pblicas es fundamental para responder adecuadamente a las mltiples formas de discriminacin que enfrentan las mujeres rurales, indgenas, afrodescendientes y empobrecidas.
Medidas cautelares en casos de violencia de gnero
Las medidas cautelares son mecanismos de proteccin inmediatos que buscan prevenir daos mientras se resuelven los procesos judiciales. Estn reguladas por el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM), con dos elementos fundamentales: el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (riesgo ante la demora) (Costa & Garca, 2016).
Su objetivo es preservar derechos y seguridad sin prejuzgar la decisin final del caso. En el contexto de violencia de gnero, Morales & Gende (2023) afirman que estas medidas deben mantenerse de forma sostenida para salvaguardar a la vctima y evitar su revictimizacin. No obstante, Rodrguez-Nieto (2022) alerta sobre su aplicacin deficiente y la falta de seguimiento institucional, lo que reduce su eficacia y, en algunos casos, puede vulnerar derechos complementarios como el derecho al trabajo o la movilidad.
Adems, la Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia No. 0818-22-EP, reiter que la adopcin oportuna y efectiva de medidas cautelares es una obligacin del Estado derivada del principio de diligencia debida, especialmente en contextos donde existe riesgo inminente para la vida o integridad de las mujeres vctimas de violencia (Corte Constitucional del Ecuador, 2023). Esta jurisprudencia subraya que la omisin o demora en dictarlas constituye una forma de violencia institucional.
Territorialidad, ruralidad y exclusin estructural
La ruralidad, junto con factores como etnia y pobreza, articula una forma profunda de exclusin estructural. Segn el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), el 67,8 % de mujeres indgenas han sufrido alguna forma de violencia, cifra que refleja barreras geogrficas y sociales que obstaculizan el acceso a la justicia (INEC, 2019).
En territorios rurales, la dispersin poblacional y la falta de infraestructura generan retrasos significativos en la aplicacin de medidas cautelares. La justicia comunitaria indgena, reconocida constitucionalmente y fortalecida por iniciativas como la Minka Comunitaria Contra la Violencia, tiene gran potencial para atender en contextos rurales. Sin embargo, su articulacin con la justicia ordinaria sigue siendo dbil, lo que ocasiona vacos jurisdiccionales y fallas en la cobertura (Ruano, 2023).
El reciente fallo de la Corte Constitucional que reconoce la existencia de racismo estructural en casos laborales afrodescendientes refleja la importancia de considerar los mltiples ejes de marginalizacin que atraviesan a las personas en situacin de vulnerabilidad (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).
En este sentido, la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) ha advertido que las polticas estatales suelen carecer de enfoque territorial diferenciado, lo que impide una respuesta eficaz frente a las necesidades especficas de las mujeres rurales. La ausencia de estrategias integrales adaptadas a sus realidades perpeta la exclusin institucional y contribuye a que muchas de ellas permanezcan fuera del alcance de los servicios de proteccin y justicia.
Obligaciones del Estado desde el derecho internacional de los derechos humanos
El Estado ecuatoriano est obligado, por instrumentos como la Convencin de Belm do Par, a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de gnero (OEA, 1994). El artculo 7(b) de esta convencin exige al Estado coordinar su estructura legislativa, policial, judicial y social para ofrecer una respuesta efectiva y sin demoras.
La LOIPEVCM y la Constitucin incorporan estos estndares, aunque en la prctica persiste un dficit en la implementacin real. Los informes de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las revisiones acadmicas resaltan la falta de capacitacin, recursos y presupuesto, lo cual es fundamental para garantizar la debida diligencia estatal (Morales & Gende, 2023). En 2019, el Acuerdo Nacional 2030 convoc a las principales instituciones estatales a conformar una Comisin Mixta de Acceso a la Justicia con enfoque de gnero y ruralidad, con el objetivo de superar barreras y mejorar la especializacin judicial. No obstante, el seguimiento y la materializacin de estos compromisos no ha alcanzado las metas propuestas (Morales & Gende, 2023).
El PNUD (2024) tambin ha identificado debilidades estructurales en las unidades judiciales encargadas de atender casos de violencia, sealando que muchas carecen de personal especializado, protocolos actualizados y mecanismos eficaces de coordinacin interinstitucional. Estas carencias afectan el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, especialmente en territorios rurales donde la respuesta institucional es an ms limitada.
La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido sentencias que han fortalecido el marco de proteccin a mujeres vctimas de violencia, estableciendo precedentes sobre la obligacin estatal de garantizar medidas cautelares efectivas. La Sentencia No. 1149-19-JP/21 resolvi que la falta de aplicacin oportuna de medidas cautelares constituye una violacin directa a los derechos fundamentales a la vida, integridad personal y acceso a la justicia, imponiendo al Estado la responsabilidad de adoptar medidas inmediatas con enfoque de gnero y territorialidad.
Asimismo, esta jurisprudencia ha enfatizado la necesidad de aplicar el principio de diligencia debida y la obligacin de coordinar esfuerzos entre las instituciones para proteger a las vctimas en contextos rurales, donde la justicia formal enfrenta mayores dificultades (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Estos fallos contribuyen a consolidar un estndar de proteccin que debe guiar la actuacin institucional y la poltica pblica en materia de violencia de gnero.
La Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM)
La LOIPEVCM fue aprobada el 26 de noviembre de 2017 y publicada en el Registro Oficial el 5 de febrero de 2018 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018). Establece un Sistema Nacional Integral que articula 16 instituciones pblicas para abordar la violencia contra las mujeres desde cinco ejes: prevencin, proteccin, atencin, reparacin y transformacin social.
Entre sus disposiciones destacan:
Boletas de auxilio expedidas por la Polica en coordinacin con Tenientes Polticos y Juntas Cantonales, que permiten la salida del agresor o su restriccin inmediata.
Creacin de un Sistema de Alerta Temprana vinculado al ECU-911 para identificar situaciones de riesgo.
Reconocimiento expreso de la violencia psicolgica y econmica como formas de violencia.
Sin embargo, algunos crticos resaltan que la ley incorpora la interculturalidad principalmente en el enunciado, sin detallar acciones diferenciadas para poblaciones rurales o interculturales, lo que limita su operatividad. Adems, persiste un dficit presupuestario y de voluntad poltica, lo que ha convertido la ley en una declaracin de buenas intenciones, sin una implementacin efectiva en muchos casos (Defensora del Pueblo del Ecuador, 2017).
Ruano (2023) advierten que, a pesar del marco normativo robusto que propone la LOIPEVCM, su implementacin ha sido desigual, especialmente en territorios rurales donde no se han desarrollado estrategias especficas ni se han destinado los recursos necesarios para garantizar su aplicacin. Esta falta de territorializacin de la poltica pblica ha debilitado el impacto real de la ley sobre las mujeres en situacin de mayor vulnerabilidad.
Marco constitucional y normativo sobre medidas de proteccin
La Constitucin ecuatoriana garantiza una vida libre de violencia, y exige al Estado adoptar medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y grupos vulnerables (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Complementariamente, el COIP (2014) tipific el femicidio y estableci procedimientos acelerados en casos de violencia (CEPAL, 2018).
El reglamento a la LOIPEVCM en el Decreto Ejecutivo 397, 2018 establece procedimientos especficos para la implementacin del Sistema Nacional Integral y subraya la coordinacin entre los niveles nacional y descentralizado (CEPAL, 2018). La Judicatura, mediante la Resolucin 052-2018, incorpor protocolos y planes de capacitacin en unidades judiciales especializadas para vctimas de violencia(Horowit, 2018) .
A pesar de esta arquitectura normativa robusta, persisten lagunas en la ejecucin: falta de cobertura de unidades especializadas en zonas rurales, escasas fiscalas de gnero y deficientes protocolos de seguimiento (Arroyo & Santana, 2019).
Se ha sealado que muchas de las unidades judiciales carecen de recursos humanos y tcnicos suficientes para aplicar adecuadamente los protocolos establecidos, especialmente en contextos rurales donde el acceso a servicios judiciales es ms limitado (Hernndez-Flrez et al, 2024). Esta brecha entre la norma y la prctica debilita la eficacia de las medidas de proteccin y profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia para mujeres en situacin de vulnerabilidad.
Polticas pblicas e institucionalidad en zonas rurales
Las polticas de violencia de gnero contemplan la creacin de comisaras especializadas, un Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), y el fortalecimiento de la coordinacin interinstitucional (Morales & Gende, 2023). En 2007, se declar la erradicacin de la violencia como poltica de Estado, materializada con el Plan Nacional de Erradicacin y el Decreto 620 (Ruano, 2023).
A nivel local, existen experiencias como el convenio entre ONU Mujeres y la Gobernacin del Guayas, que implement capacitaciones y protocolos unificados, y programas piloto de justicia itinerante y redes comunitarias. Similarmente, en Tungurahua que incluye Ambato se crearon unidades judiciales especficas y se incorporaron agentes fiscales y psiclogos locales (Rodrguez-Nieto & Alarcn-Vlez, 2022).
Sin embargo, las evaluaciones sealan un dficit persistente en cobertura rural. La ausencia de operadores especializados, la falta de financiamiento para programas territoriales y la discrecionalidad poltica local han limitado el alcance de estas medidas (Costa & Garca, 2016). Es frecuente que los proyectos queden en piloto y no escalen al nivel nacional, especialmente en reas remotas donde la infraestructura y conectividad son dbiles.
Adems, el Banco Central del Ecuador (2022) destaca que las disparidades econmicas y sociales entre las zonas urbanas y rurales agravan la exclusin estructural, afectando directamente la capacidad de las instituciones para desplegar polticas pblicas efectivas en territorios alejados. Esta realidad evidencia que, sin una asignacin presupuestaria adecuada y una planificacin integral, las iniciativas de proteccin a mujeres vctimas de violencia en reas rurales seguirn enfrentando obstculos significativos para su sostenibilidad y alcance.
Dificultades geogrficas, econmicas y sociales
Las mujeres rurales ecuatorianas enfrentan obstculos geogrficos significativos que limitan su acceso a la justicia. La dispersin poblacional, caminos en mal estado y la carencia de transporte pblico eficiente hacen que acudir a una comisara o fiscala implique jornadas agotadoras, altos costos y exposicin a riesgos. Un anlisis de Morn & Ruiz (2021) muestra que en la sierra andina, muchas mujeres dedican hasta 83 horas semanales al trabajo domstico y agrcola, con ingresos que apenas superan los USD 219 mensuales, lo que les resta capacidad econmica para trasladarse a instancias judiciales.
Adems, solo el 36 % de las mujeres rurales tiene ttulos de propiedad legal sobre la tierra; la mayora se encuentra en situaciones de tenencia informal o sin acceso a crditos agrcolas (Reyes Molina et al, 2016). Esto refleja cmo las desigualdades econmicas como la falta de seguridad de la tenencia de la tierra y acceso al financiamiento agravan las dificultades materiales para alcanzar proteccin jurdica. En la ruralidad, donde la infraestructura bsica tambin es precaria, el acceso a servicios judiciales forma parte de una cadena socioterritorial profundamente desigual (INEC, 2025).
La carencia de operadores con formacin en perspectiva de gnero se acenta en el espacio rural. Un diagnstico del PNUD en 2024 revela que, a pesar de haber procesado casi medio milln de casos de violencia familiar entre 2014 y 2024, solo el 31,6 % culmin en sentencia firme. Las Unidades Judiciales de Gnero estn concentradas en zonas urbanas, y la mayora de jueces y fiscales en reas rurales carecen de capacitacin adecuada (PNUD, 2024).
Las iniciativas de formacin de juezas y jueces promovidas por PNUD-Spotlight en 2024, dirigidas a Cuenca y Portoviejo, evidencian el enfoque urbano preferente no se ha sistematizado en el resto del pas. Las comarcas rurales siguen viendo a operadores sin sensibilidad de gnero ni herramientas tcnicas, lo cual aumenta el riesgo de revictimizacin y desconfianza en el sistema (ONU Mujeres, 2024).
La estigmatizacin hacia las vctimas de violencia y el arraigo de normas machistas configuran una barrera cultural profunda. De acuerdo con el INEC (2022), las mujeres rurales ganan en promedio USD 198, mientras los hombres perciben USD 270, lo que influye no solo en su autonoma econmica, sino tambin en su capacidad para denunciar. En estas comunidades, la violencia de gnero se normaliza como parte de las relaciones familiares, lo que perpeta el silencio y la aceptacin social de conductas agresivas.
Un estudio de Arroyo & Barreiro (2019), basado en testimonios de mujeres rurales, revela que el 85 % ha sufrido violencia poltica en espacios comunitarios, y el 45 % ha vivido violencia intrafamiliar, sin que exista una respuesta efectiva del Estado para revertir estos patrones. A ello se suma la presin social y la posible expulsin de sus comunidades cuando las mujeres denuncian, lo que agrava su vulnerabilidad (ONU Mujeres, 2021).
Aunque las leyes son robustas, la ejecucin institucional es deficiente, especialmente en zonas alejadas. El PNUD (2024) reporta que el 68 % del territorio nacional carece de Unidades Judiciales de Gnero con presencia fsica o itinerante, lo que deja a miles de mujeres sin rutas claras para denunciar. Los proyectos piloto, como la justicia itinerante, no han sido escalados por falta de financiamiento sostenido y rotacin del personal (Rodrguez-Nieto & Alarcn-Vlez, 2022).
La brecha digital tambin impacta el acceso a la justicia. Segn (Banco Central del Ecuador (2022), solo el 57 % de las zonas rurales cuenta con acceso a internet, y ms de una tercera parte de las mujeres rurales sufren analfabetismo digital (INEC, 2025). Esta limitacin tecnolgica impide el uso de plataformas de denuncia online o mecanismos digitales de seguimiento de casos, lo que reduce an ms la eficacia del sistema judicial formal.
Discusin de Resultados
Los resultados de esta investigacin revelan que las mujeres vctimas de violencia de gnero en zonas rurales del Ecuador enfrentan mltiples barreras para acceder a medidas cautelares efectivas. Estas barreras no solo son geogrficas, sino tambin institucionales, culturales y estructurales. La escasa presencia del Estado, la falta de personal judicial capacitado con enfoque de gnero, la ausencia de protocolos claros y la baja cobertura institucional limitan gravemente la eficacia de las medidas de proteccin en contextos rurales (Costa & Garca, 2016; Rodrguez-Nieto, 2021). Esta realidad ha sido documentada por la Defensora del Pueblo (2017), que reporta mltiples casos donde la falta de respuesta estatal oportuna ha dejado a las vctimas sin resguardo frente a sus agresores.
Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para visibilizar estas problemticas. Su trabajo ha evidenciado cmo las mujeres rurales sufren una doble exclusin: por su condicin de gnero y por vivir en territorios histricamente marginados, lo cual dificulta su acceso a la justicia en igualdad de condiciones (Ruano, 2023). Las denuncias en estas zonas se ven obstaculizadas por el miedo a represalias, la desinformacin y la estigmatizacin, lo que impide activar los mecanismos de proteccin disponibles (PNUD, 2024; Morales & Gende, 2023).
Adems, los resultados muestran que, aunque existe un marco legal robusto como la Constitucin del Ecuador y la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Asamblea Nacional, 2018), su aplicacin en zonas rurales es deficiente. La justicia formal es percibida como inaccesible o distante, lo que alimenta un clima de desproteccin y desconfianza en el sistema judicial (Quillupangui, 2023). Esto se traduce en un subregistro de casos y en una ausencia de seguimiento efectivo a las medidas cautelares que s logran emitirse, profundizando la impunidad.
La falta de coordinacin interinstitucional y de recursos para implementar las medidas de proteccin representa otra dimensin crtica del problema. Tal como sealan Morales y Gende (2023), muchas autoridades locales y policiales no aplican los protocolos establecidos, lo que incrementa la revictimizacin y desincentiva la denuncia. Esta situacin, lejos de ser aislada, se configura como un patrn estructural que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y constituye un incumplimiento grave del deber estatal (Arroyo & Barreiro, 2019; Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
Las consecuencias de esta ineficiencia son trgicas: la falta de medidas cautelares oportunas ha derivado en casos de femicidio y violencia reiterada, especialmente en contextos donde el Estado no garantiza su presencia institucional (Ruano, 2023; PNUD, 2024). Los testimonios recogidos tanto en este estudio como en investigaciones previas coinciden en que muchas mujeres optan por no denunciar debido al temor, la impunidad y la falta de acompaamiento. Superar esta situacin requiere un enfoque territorial, interseccional y con participacin comunitaria que permita articular a las instituciones formales con las dinmicas locales de proteccin (Quillupangui, 2023; Morales & Gende, 2023).
En suma, la falta de acceso efectivo a medidas cautelares en zonas rurales no solo representa una falla del sistema judicial, sino que expresa una omisin estructural del Estado en su deber de proteger la vida, integridad y derechos de las mujeres ms vulnerables.
Conclusiones
El estudio confirma que la centralizacin de los servicios judiciales en reas urbanas, la insuficiente capacitacin con perspectiva de gnero para operadores de justicia en zonas rurales y la dbil articulacin entre la justicia ordinaria y comunitaria generan retrasos y deficiencias en la emisin y seguimiento de medidas cautelares. Estas barreras estructurales exponen a las mujeres vctimas a una vulnerabilidad extrema, dificultando el acceso efectivo a la proteccin estatal. Por tanto, es indispensable que el Estado implemente un proceso de descentralizacin judicial, fortaleciendo unidades especializadas en gnero en territorios rurales y desarrollando programas permanentes de formacin tcnica y sensibilizacin adaptados a las realidades locales.
El anlisis evidenci que la ausencia de una perspectiva interseccional en la formulacin, ejecucin y evaluacin de polticas pblicas conduce a respuestas homogneas que no consideran las particularidades culturales, sociales y territoriales de las mujeres rurales, incluyendo aspectos de gnero, etnia y pobreza. Esta carencia perpeta exclusin y violencia estructural. Por ello, es fundamental que las polticas de acceso a la justicia incorporen un enfoque interseccional que permita disear y aplicar medidas diferenciadas y contextualizadas, promoviendo adems la participacin activa de las comunidades rurales e indgenas en la definicin de estas estrategias.
La investigacin ratifica que la demora, falta de seguimiento y la deficiente ejecucin de medidas cautelares incrementan considerablemente el riesgo de agresiones reiteradas y femicidios, lo que constituye un incumplimiento grave de las obligaciones estatales nacionales e internacionales. Los testimonios recopilados reflejan una profunda desconfianza hacia el sistema judicial y una sensacin de abandono en las mujeres rurales, lo cual dificulta su acceso efectivo a la justicia. Por ello, el Estado debe fortalecer la coordinacin interinstitucional, establecer mecanismos claros y eficientes para el monitoreo y cumplimiento de las medidas cautelares, y promover sanciones efectivas para quienes incumplan sus responsabilidades.
Referencias
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3. Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial No. 175. Obtenido de https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf
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