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El principio de reserva de ley y la protecci�n de derechos de la naturaleza en ecuador: an�lisis constitucional de la sentencia 51-23-in/23

 

The principle of the reserve of law and the protection of the rights of nature in Ecuador: constitutional analysis of ruling 51-23-in/23

 

O princ�pio da reserva de direito e a prote��o dos direitos da natureza no Equador: an�lise constitucional da senten�a 51-23-in/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: mquinonez7@indoamerica.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de agosto de 2025 *Aceptado: 24 de septiembre de 2025 * Publicado: �14 de octubre de 2025

 

       I.          Estudiante de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica de la carrera Derecho a Distancia, Ecuador.

     II.          Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador, Docente Titular de la Universidad Indoam�rica, Ecuador.

 

Resumen

Este estudio analiza la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, que declar� la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo 754 al vulnerar el principio de reserva de ley. Dicho decreto, emitido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transici�n Ecol�gica, modificaba el Reglamento al C�digo Org�nico del Ambiente para establecer un procedimiento abreviado de consulta ambiental, permitiendo autorizar actividades extractivas en �reas protegidas y zonas de amortiguamiento sin que exista una ley org�nica que regule de manera integral este derecho. La investigaci�n, desarrollada mediante una metodolog�a cualitativa con enfoque exeg�tico y revisi�n doctrinal, identifica tres tensiones jur�dicas relevantes: (1) la rigidez del principio de reserva legal frente a la urgencia de atender la crisis ecol�gica, (2) el vac�o normativo generado tras la anulaci�n del decreto y (3) el conflicto entre la potestad sancionadora del Estado y la garant�a de los derechos ambientales. Los resultados evidencian que, aunque la sentencia refuerza la seguridad jur�dica y consolida la supremac�a constitucional, tambi�n ha generado la paralizaci�n de 47 procesos de regularizaci�n ambiental pendientes. En consecuencia, se propone una reforma al C�digo Org�nico del Ambiente que establezca procedimientos expeditos de consulta ambiental, en consonancia con los est�ndares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este ajuste permitir�a armonizar las exigencias constitucionales con la protecci�n efectiva de los derechos de la naturaleza, garantizando la participaci�n ciudadana y la sostenibilidad de las decisiones estatales en materia ambiental.

Palabras Clave: ponderaci�n de derechos; reserva de ley; seguridad jur�dica; sujetos de derechos.

 

Abstract

This study analyzes Judgment 51-23-IN/23 of the Constitutional Court of Ecuador, which declared the unconstitutionality of Executive Decree 754 due to its form, which violated the principle of legal reserve. This decree, issued by the Ministry of Environment, Water and Ecological Transition, modified the Regulations of the Organic Code of the Environment to establish an abbreviated procedure for environmental consultation, allowing the authorization of extractive activities in protected areas and buffer zones without an organic law that comprehensively regulates this right. The research, developed through a qualitative methodology with an exegetical approach and doctrinal review, identifies three relevant legal tensions: (1) the rigidity of the principle of legal reserve in the face of the urgency of addressing the ecological crisis, (2) the regulatory vacuum generated after the annulment of the decree, and (3) the conflict between the State's sanctioning power and the guarantee of environmental rights. The results show that, although the ruling strengthens legal certainty and consolidates constitutional supremacy, it has also halted 47 pending environmental regularization processes. Consequently, a reform to the Organic Code of the Environment is proposed to establish expedited environmental consultation procedures, in line with the standards of the Inter-American Court of Human Rights. This amendment would harmonize constitutional requirements with the effective protection of the rights of nature, guaranteeing citizen participation and the sustainability of state decisions on environmental matters.

Keywords: Weighing of rights; reservation of law; legal certainty; subjects of rights.

 

Resumo

Este estudo analisa a Senten�a 51-23-IN/23 do Tribunal Constitucional do Equador, que declarou a inconstitucionalidade do Decreto Executivo 754 devido � sua forma, que violava o princ�pio da reserva legal. Este decreto, emitido pelo Minist�rio do Ambiente, �gua e Transi��o Ecol�gica, modificou o Regulamento do C�digo Org�nico do Ambiente para estabelecer um procedimento abreviado de consulta ambiental, permitindo a autoriza��o de atividades extrativas em �reas protegidas e zonas tamp�o sem uma lei org�nica que regule integralmente este direito. A investiga��o, desenvolvida atrav�s de uma metodologia qualitativa de abordagem exeg�tica e de revis�o doutrinal, identifica tr�s tens�es jur�dicas relevantes: (1) a rigidez do princ�pio da reserva legal face � urg�ncia de enfrentar a crise ecol�gica, (2) o vazio regulat�rio gerado ap�s a anula��o do decreto e (3) o conflito entre o poder sancionat�rio do Estado e a garantia dos direitos ambientais. Os resultados demonstram que, embora a decis�o reforce a seguran�a jur�dica e consolide a supremacia constitucional, tamb�m paralisou 47 processos de regulariza��o ambiental pendentes. Consequentemente, prop�e-se uma reforma do C�digo Org�nico do Ambiente para estabelecer procedimentos de consulta ambiental expeditos, em conson�ncia com os padr�es do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Esta altera��o harmonizaria os requisitos constitucionais com a prote��o efetiva dos direitos da natureza, garantindo a participa��o dos cidad�os e a sustentabilidade das decis�es estaduais em mat�ria ambiental.

Palavras-chave: Pondera��o de direitos; reserva de direito; seguran�a jur�dica; sujeitos de direitos.

 

 

Introducci�n

La tensi�n entre la protecci�n efectiva de los Derechos de la Naturaleza (Art. 71 CRE) y la necesidad de agilidad en la gesti�n ambiental ha generado un debate constitucional sobre los l�mites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. En este contexto, el principio de reserva de ley, consagrado en el Art. 76.7 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, cobra especial relevancia, ya que establece que toda limitaci�n a derechos fundamentales debe estar prevista en una ley formal y material. Esta exigencia busca garantizar la seguridad jur�dica y evitar arbitrariedades; sin embargo, su aplicaci�n en el �mbito ambiental ha generado fricciones, especialmente cuando se trata de compatibilizar actividades extractivas o de desarrollo econ�mico con los mandatos ecol�gicos constitucionales.

La Sentencia No. 51-23-IN/23, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, constituy� un hito jurisprudencial al declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que pretend�an regular actividades potencialmente lesivas para la Naturaleza sin el respaldo de una ley org�nica, vulnerando con ello el principio de reserva de ley. El fallo no solo reafirm� la supremac�a constitucional de los Derechos de la Naturaleza, consagrados en los art�culos 71 y siguientes de la Constituci�n, sino que tambi�n precis� los l�mites competenciales entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En particular, la Corte sostuvo que:

• La regulaci�n de actividades que afecten bienes jur�dicos ambientales debe emanar de una ley org�nica, dictada por la Asamblea Nacional conforme al art�culo 133 numeral 2 de la Constituci�n, que reserva a este tipo de leyes la regulaci�n del ejercicio de derechos y garant�as constitucionales.
• En consecuencia, las normas infra-legales �como decretos ejecutivos o resoluciones ministeriales� no pueden suplir ni sustituir la potestad normativa exclusiva del legislador, ni relativizar el contenido y alcance de los Derechos de la Naturaleza.

Este pronunciamiento refuerza el entendimiento de que, en materias que involucren derechos constitucionales, como el derecho de la Naturaleza a que se respete su existencia y procesos ecol�gicos, rige una reserva de ley org�nica de car�cter absoluto, lo cual exige no solo un procedimiento legislativo cualificado, sino tambi�n una protecci�n normativa reforzada frente a intentos de regulaci�n por v�as administrativas. Esta sentencia ha puesto de relieve una problem�tica jur�dica central: �c�mo lograr que el principio de reserva de ley, en tanto garant�a democr�tica y de seguridad jur�dica, no obstaculice la capacidad del Estado para dar respuestas oportunas y eficaces frente a los problemas ambientales que afectan directamente a los derechos de la naturaleza? La regulaci�n ambiental requiere a menudo celeridad y flexibilidad para enfrentar escenarios din�micos, como la contaminaci�n, la deforestaci�n o los efectos del cambio clim�tico, pero la exigencia de una ley formal para cada aspecto regulatorio puede ralentizar o incluso paralizar la acci�n administrativa.

Esta tensi�n se manifiesta en la aparente contradicci�n entre el respeto a la reserva legal y la necesidad de acci�n estatal inmediata. En efecto, si bien la Corte Constitucional ha reafirmado que solo el legislador puede regular materias vinculadas a los derechos fundamentales �incluidos los de la naturaleza�, persiste el debate sobre la viabilidad de este criterio cuando la Asamblea Nacional enfrenta bloqueos pol�ticos o demoras estructurales. En ese contexto, surgen interrogantes sobre si el ordenamiento jur�dico ecuatoriano contempla mecanismos que permitan armonizar la protecci�n normativa de la naturaleza con el dinamismo necesario para garantizar su tutela efectiva.

En este marco, el presente art�culo tiene como objetivo general analizar la aplicaci�n del principio de reserva de ley, consagrado en los art�culos 132 y 133 de la Constituci�n del Ecuador, en la protecci�n de los derechos de la naturaleza, a partir del estudio jur�dico de la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador. Se busca determinar sus implicaciones normativas, su impacto en la seguridad jur�dica y su efecto en la capacidad del Estado para regular de manera eficaz esta materia. Asimismo, se pretende identificar si existen f�rmulas jur�dicas o interpretativas que permitan compatibilizar este principio con la necesidad de una gesti�n ambiental eficiente.

Este art�culo analiza, desde una perspectiva jur�dico-constitucional, los alcances de dicha sentencia, abordando:

• La naturaleza jur�dica del principio de reserva de ley en el ordenamiento ecuatoriano y su vinculaci�n con los Derechos de la Naturaleza.
• El test de proporcionalidad aplicado por la Corte para determinar si las medidas reglamentarias cumpl�an con los est�ndares constitucionales.
• Los efectos vinculantes del fallo en la pol�tica p�blica ambiental, en especial en sectores como miner�a y agroindustria.

Mediante una metodolog�a dogm�tica y jurisprudencial, este trabajo busca demostrar que la Sentencia 51-23-IN/23 no solo fortalece el bloque de constitucionalidad ambiental (integrado por la CRE, la Opini�n Consultiva OC-23/17 de la CIDH y el C�digo Org�nico del Ambiente), sino que tambi�n sienta un precedente para futuros conflictos entre desarrollo econ�mico y protecci�n ecol�gica, redefiniendo los l�mites del ius puniendi estatal en materia ambiental.

 

Desarrollo:

Fundamentos constitucionales del principio de Reserva de Ley en Materia Ambiental

La reserva de ley es un principio jur�dico fundamental que establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por una ley formal, es decir, por normas aprobadas por el �rgano legislativo competente. Mart�n De Cabo (2000), define a la reserva de ley como "la existencia de la limitaci�n a que cierta regulaci�n sea dada exclusivamente por ley�. Esta concepci�n resalta la funci�n de garant�a que cumple la ley al actuar como �nico instrumento leg�timo para establecer l�mites en �mbitos sensibles, especialmente en relaci�n con los derechos fundamentales.

La reserva de ley cumple una funci�n central en el mantenimiento del equilibrio institucional y la protecci�n de los derechos constitucionales, al exigir que ciertas materias, especialmente aquellas de inter�s general o que implican el ejercicio de derechos fundamentales, sean reguladas exclusivamente por normas con jerarqu�a legal. Seg�n Solano (2023) esta exigencia fortalece la separaci�n de funciones del Estado, al impedir que �rganos no investidos del poder legislativo dicten regulaciones que excedan su competencia.

Doctrinariamente, la reserva de ley se configura como una garant�a de supremac�a del poder legislativo en la regulaci�n de materias sensibles o relevantes, especialmente aquellas vinculadas con derechos fundamentales, organizaci�n del Estado o deberes ciudadanos. Este principio no solo delimita las competencias del legislador frente a otros �rganos del poder p�blico, sino que tambi�n asegura que ciertas decisiones esenciales sean adoptadas mediante un proceso democr�tico, deliberativo y con legitimidad formal, como el proceso legislativo previsto en la Constituci�n. En el caso ecuatoriano, la Asamblea Nacional es el �nico �rgano autorizado para emitir leyes en estas materias, lo que impide que autoridades administrativas o ejecutivas, mediante normas inferiores como decretos, acuerdos o resoluciones, regulen �mbitos que est�n reservados exclusivamente a la ley. Esto refuerza el principio de jerarqu�a normativa y el respeto a la divisi�n de funciones del Estado. (Solano, 2023).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (1986), a trav�s de la Opini�n Consultiva OC-6/86. La expresi�n "leyes" en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, se�al�:

La reserva de ley para todos los actos de intervenci�n en la esfera de la libertad, dentro del constitucionalismo democr�tico, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jur�dicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garant�a efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no s�lo su proclamaci�n formal, sino la existencia de un r�gimen que garantice eficazmente su aplicaci�n y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los �rganos. (p. 6).

Este planteamiento de la CIDH destaca la funci�n estructural de la reserva de ley dentro del Estado constitucional, no solo como un l�mite al poder, sino como una condici�n indispensable para la juridicidad de cualquier restricci�n a los derechos fundamentales. Desde una perspectiva estrictamente jur�dica, la reserva de ley opera como un mecanismo de legitimaci�n y control del poder p�blico, en tanto exige que toda injerencia en la esfera de la libertad individual sea producto de un procedimiento legislativo democr�tico y no de decisiones unilaterales del Ejecutivo o de �rganos administrativos. Asimismo, su eficacia real depende de la existencia de sistemas de control constitucional y judicial capaces de garantizar el respeto estricto a las competencias asignadas, evitando delegaciones legislativas indebidas o vac�os normativos que habiliten intervenciones arbitrarias.

En el caso ecuatoriano, este principio result� determinante en la Sentencia 51-23-IN/23, en la cual la Corte Constitucional declar� la inconstitucionalidad por la forma de disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 754 que regulaban el procedimiento de consulta ambiental. El fallo sostuvo que dichas regulaciones invad�an competencias reservadas de manera exclusiva a la ley formal, reafirmando que, en materias que afectan derechos fundamentales como los de la naturaleza, el Ejecutivo carece de potestad para dictar normas sustantivas sin respaldo legislativo (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).

Rebollo (1991) se�ala que �cuando la Constituci�n establece que determinada regulaci�n s�lo puede hacerse por Ley estamos ante una reserva constitucional de ley� (p. 125). En este sentido, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) dispone:

La Asamblea Nacional aprobar� como leyes las normas generales de inter�s com�n. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedici�n de una ley se ejercer�n a trav�s de acuerdos o resoluciones. Se requerir� de ley en los siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los derechos y garant�as constitucionales. 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constituci�n confiere a los gobiernos aut�nomos descentralizados. 4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos aut�nomos descentralizados. 5. Modificar la divisi�n pol�tico-administrativa del pa�s, excepto en lo relativo a las parroquias. 6. Otorgar a los organismos p�blicos de control y regulaci�n la facultad de expedir normas de car�cter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. (art. 132).

Este conjunto de disposiciones refleja una delimitaci�n clara de las competencias normativas de la Asamblea Nacional en funci�n del principio de jerarqu�a normativa y reserva de ley. Desde una perspectiva jur�dica, se evidencia que no toda actuaci�n legislativa implica necesariamente la expedici�n de una ley, sino que esta se reserva exclusivamente para aquellas materias de mayor trascendencia constitucional y jur�dica, como la regulaci�n de derechos, la potestad sancionadora, y la estructura tributaria y territorial del Estado. Esta distinci�n resulta fundamental para garantizar que las leyes se concentren en aspectos estructurales del ordenamiento jur�dico, mientras que los acuerdos y resoluciones se mantengan como instrumentos complementarios, subordinados jer�rquicamente. Se observa una protecci�n reforzada frente a la delegaci�n normativa, ya que incluso cuando se autoriza a �rganos t�cnicos a emitir normas generales, se establece una limitaci�n expresa: no pueden innovar ni alterar el contenido de la ley, reafirmando as� la supremac�a del legislador como �nico titular de la potestad normativa en materias sustanciales.

En el �mbito doctrinal ecuatoriano, Oyarte Mart�nez (2015) sostiene que la reserva de ley no solo implica una jerarqu�a formal, sino que es �una garant�a de competencia material exclusiva del legislador, cuya vulneraci�n acarrea la nulidad de los actos normativos inferiores� (p. 212). De igual modo, Corral Burbano (2019) enfatiza que en Ecuador la reserva legal, especialmente en materias que involucran derechos fundamentales, cumple una funci�n de blindaje frente a la discrecionalidad administrativa, asegurando que la configuraci�n sustantiva de estos derechos sea fruto de deliberaci�n democr�tica en la Asamblea Nacional.

Por ello, tal como se�ala Colao (2011), la reserva de ley no solo centraliza decisiones, sino que constituye tambi�n una reserva de procedimiento, imponiendo al legislador un mandato vinculante para actuar en esas materias espec�ficas, siempre dentro de un sistema constitucional r�gido y efectivamente aplicable que garantice la obligaci�n y eficacia de tales normas. Esta dimensi�n procedimental fortalece la funci�n del legislador y asegura que la reserva de ley no sea un mero formalismo, sino un mecanismo efectivo de control y legitimidad democr�tica. Esto se refuerza tambi�n en la CRE (2008) que consagra:

Las leyes ser�n org�nicas y ordinarias. Ser�n leyes org�nicas: 1. Las que regulen la organizaci�n y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constituci�n. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garant�as constitucionales. 3. Las que regulen la organizaci�n, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos aut�nomos descentralizados. 4. Las relativas al r�gimen de partidos pol�ticos y al sistema electoral. La expedici�n, reforma, derogaci�n e interpretaci�n con car�cter generalmente obligatorio de las leyes org�nicas requerir�n mayor�a absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Las dem�s ser�n leyes ordinarias, que no podr�n modificar ni prevalecer sobre una ley org�nica. (art. 133).

La Constituci�n ecuatoriana establece dos formas de reserva de ley que corresponden a las dos categor�as de leyes que reconoce el ordenamiento: las leyes org�nicas y las leyes ordinarias. Seg�n Koehn (2022), aunque esta distinci�n es formalmente reconocida en el texto constitucional, en la pr�ctica la diferencia entre ambas pierde relevancia debido a que los procedimientos para su aprobaci�n son pr�cticamente id�nticos. Desde la perspectiva del principio de reserva de ley, esto genera una paradoja normativa: si bien el sistema prev� una reserva de ley m�s estricta para materias fundamentales que deber�an exigir un procedimiento legislativo m�s riguroso y, por ende, una mayor protecci�n de los derechos y del equilibrio de poderes, esta diferencia formal no se traduce en un mayor control efectivo sobre la producci�n normativa. Esto puede debilitar la funci�n protectora que la reserva de ley busca garantizar, ya que la distinci�n entre reserva de ley ordinaria y reserva de ley org�nica deber�a reflejar un grado diferencial de tutela y legitimidad para ciertos temas cr�ticos del orden constitucional.

Sobre estos art�culos Oyarte (2019) concluye que �el legislador est� autorizado a regular, condicionar e imponer requisitos al ejercicio de los derechos constitucionales, dentro de ese �mbito, limitar el derecho fundamental, sin restringir su contenido� (p. 703). Este planteamiento subraya un principio fundamental dentro del derecho constitucional ecuatoriano: aunque la Constituci�n permite establecer l�mites razonables y espec�ficos al ejercicio de derechos, tales como condiciones de modo, tiempo o lugar, nunca autoriza la eliminaci�n o prohibici�n absoluta del ejercicio de derechos y garant�as constitucionales para ninguna persona o colectivo.

Esto implica que cualquier regulaci�n restrictiva debe respetar la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos fundamentales, asegurando que las limitaciones sean siempre compatibles con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y tutela efectiva. As�, la Constituci�n protege un n�cleo esencial de derechos que no puede ser vulnerado ni siquiera por reformas legales o constitucionales, consolidando una garant�a robusta frente a posibles abusos o retrocesos normativos.

 

Los Derechos de la Naturaleza y Jerarqu�a Normativa

El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constituci�n ecuatoriana de 2008 constituye un hito hist�rico y jur�dico sin precedentes a nivel mundial. Esta innovaci�n normativa introduce una visi�n bioc�ntrica, que contrasta con el enfoque tradicional antropoc�ntrico del derecho, el cual considera a la Naturaleza como objeto subordinado a las necesidades humanas (Gudynas, 2010). Como se�alan Acosta y Mart�nez (2011), esta ruptura implica reconocer a la Naturaleza como sujeto con valor intr�nseco, independientemente de su utilidad o apreciaci�n por parte del ser humano.

Esta consagraci�n en el texto constitucional implica que los Derechos de la Naturaleza gozan del m�s alto rango dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, de acuerdo con el principio de jerarqu�a normativa. Dicho principio establece un orden estructurado de normas, en el que la Constituci�n ocupa el v�rtice de la pir�mide normativa, como lo explic� Hans Kelsen. A partir de ella se derivan todas las dem�s normas: leyes, reglamentos, actos administrativos, etc., las cuales deben guardar conformidad con la norma suprema para ser v�lidas.

En coherencia con este principio, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) establece expresamente el orden jer�rquico de las normas jur�dicas:

El orden jer�rquico de aplicaci�n de las normas ser� el siguiente: La Constituci�n; los tratados y convenios internacionales; las leyes org�nicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los dem�s actos y decisiones de los poderes p�blicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarqu�a, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores p�blicos, lo resolver�n mediante la aplicaci�n de la norma jer�rquica superior. La jerarqu�a normativa considerar�, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos aut�nomos descentralizados. (art. 425).

El principio de jerarqu�a normativa cumple una funci�n esencial dentro del ordenamiento jur�dico, pues garantiza que toda norma se subordine a la de mayor rango, preservando as� la coherencia y validez del sistema. En este contexto, la supremac�a constitucional implica que cualquier disposici�n infraconstitucional, incluidas aquellas de origen administrativo como reglamentos, decretos o actos de gobierno, debe ajustarse plenamente al contenido y esp�ritu de la Constituci�n. Cuando esta subordinaci�n no se respeta, la consecuencia jur�dica es clara: la norma inferior deviene inconstitucional y, por tanto, inv�lida. Este esquema adquiere especial relevancia respecto de los Derechos de la Naturaleza, cuya protecci�n no puede quedar a merced de decisiones administrativas ni legislativas que los contradigan o limiten. Reconocer el valor supremo de estos derechos implica, en la pr�ctica, impedir que instancias inferiores del poder p�blico vulneren su contenido mediante disposiciones que carezcan del respaldo constitucional.

Sin embargo, esta jerarqu�a ha sido objeto de cr�tica por su aplicaci�n deficiente en la pr�ctica. Seg�n Montalvo (2014), la categorizaci�n planteada en el art�culo 425 presenta inconsistencias, ya que algunas normas se ubican jer�rquicamente seg�n el �rgano que las emite, y no por su contenido o naturaleza jur�dica. Por ejemplo, los decretos presidenciales y los reglamentos aparecen en el mismo nivel jer�rquico, lo cual genera ambig�edades, ya que un decreto puede contener tanto normas generales (reglamentos) como actos administrativos espec�ficos. Esta confusi�n podr�a permitir que un acto administrativo presidencial derogue o modifique reglamentos emitidos anteriormente, lo que supone una violaci�n del principio de jerarqu�a normativa.

M�s grave a�n es el hecho de que los actos normativos expedidos por gobiernos aut�nomos descentralizados, como ordenanzas, se sit�en por debajo de cualquier acto emitido por el presidente, incluso cuando existen competencias concurrentes. Esto crea un escenario en el que el Ejecutivo central puede interferir y modificar, a trav�s de reglamentos o actos administrativos, las disposiciones de otros niveles de gobierno, debilitando la autonom�a descentralizada y comprometiendo la seguridad jur�dica.

La falta de respeto efectivo a la jerarqu�a normativa tiene implicaciones directas en la protecci�n de los Derechos de la Naturaleza. Si reglamentos, decretos o actos administrativos pueden contradecir principios constitucionales, incluyendo los ambientales, se corre el riesgo de vaciar de contenido los derechos consagrados en la Constituci�n. En este contexto, resulta indispensable que los operadores jur�dicos y la administraci�n p�blica reconozcan que los Derechos de la Naturaleza no son meras declaraciones simb�licas, sino normas de aplicaci�n directa y prevalente sobre toda disposici�n de menor jerarqu�a.

Toda acci�n normativa o administrativa relacionada con el medio ambiente debe enmarcarse en los principios y mandatos constitucionales que reconocen a la Naturaleza como sujeto de derechos. En este sentido, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) establece, de manera expresa, el alcance y contenido de estos derechos en el siguiente art�culo:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneraci�n de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podr� exigir a la autoridad p�blica el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observar�n los principios establecidos en la Constituci�n, en lo que proceda. El Estado incentivar� a las personas naturales y jur�dicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promover� el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. (art. 71).

La formulaci�n del derecho a que se respete integralmente su existencia, as� como la regeneraci�n de sus ciclos vitales y procesos evolutivos, introduce una obligaci�n sustantiva de protecci�n que no depende de su utilidad para los seres humanos. Al establecer que cualquier persona o colectivo puede exigir su cumplimiento, se habilita un mecanismo de exigibilidad directa que refuerza el acceso a la justicia ambiental. Esta disposici�n tambi�n impone al Estado no solo un rol pasivo de garante, sino una obligaci�n activa de promoci�n, incentivando la participaci�n de actores p�blicos y privados en la defensa del equilibrio ecol�gico. La interpretaci�n de estos derechos bajo los principios constitucionales demanda un enfoque sist�mico, donde el inter�s ecol�gico prevalezca sobre intereses econ�micos o administrativos que puedan poner en riesgo la integridad de los ecosistemas. La CRE (2008) tambi�n garantiza el derecho a la restauraci�n, establece que:

La naturaleza tiene derecho a la restauraci�n. Esta restauraci�n ser� independiente de la obligaci�n que tienen el Estado y las personas naturales o jur�dicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotaci�n de los recursos naturales no renovables, el Estado establecer� los mecanismos m�s eficaces para alcanzar la restauraci�n, y adoptar� las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (art. 72).

La protecci�n ambiental no se agota en la prevenci�n del da�o, sino que incluye la obligaci�n de reparar activamente los efectos ocasionados a los sistemas naturales. Al otorgar a la Naturaleza el derecho a la restauraci�n, el texto constitucional introduce una dimensi�n reparadora aut�noma, que no depende del perjuicio causado a personas o comunidades, sino que responde al valor intr�nseco de los ecosistemas. Esta distinci�n es fundamental, pues impide que la reparaci�n ambiental sea subsumida bajo criterios de indemnizaci�n econ�mica tradicionales, desplazando el enfoque antropoc�ntrico. El deber del Estado de implementar los mecanismos m�s eficaces para alcanzar dicha restauraci�n implica no solo una obligaci�n de medios, sino tambi�n de resultados, especialmente en contextos de da�o ambiental grave o irreversible.

La omisi�n o vulneraci�n de los Derechos de la Naturaleza implica una violaci�n directa a la supremac�a constitucional, que debe ser remediada mediante los mecanismos de control de constitucionalidad y justicia ambiental previstos en el ordenamiento jur�dico. Estos derechos, m�s que una innovaci�n normativa en materia de justicia ecol�gica, exigen un compromiso efectivo con la jerarqu�a normativa, de modo que todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas se mantengan en subordinaci�n y plena coherencia con los principios constitucionales que los consagran.

 

Impacto de la Sentencia 51-23-IN/23 en la Gesti�n Ambiental

La Sentencia No. 51-23-IN/23, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador el 9 de noviembre de 2023, constituye un hito jur�dico en la evoluci�n del constitucionalismo ambiental ecuatoriano, al declarar la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, emitido por la Presidencia de la Rep�blica para reformar el Reglamento al COA, particularmente en lo concerniente al procedimiento de consulta ambiental para procesos de regularizaci�n ambiental. La acci�n fue interpuesta por actores fundamentales en la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente, como la Confederaci�n de Nacionalidades Ind�genas del Ecuador (CONAIE), la Confederaci�n de Nacionalidades Ind�genas de la Amazon�a del Ecuador (CONFENIAE), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Cat�lica del Ecuador y la Fundaci�n Pachamama. Los demandantes sostuvieron que el mencionado decreto vulneraba los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas al pretender regular la consulta ambiental sin observar el principio de reserva de ley ni realizar la consulta prelegislativa (Corte Constitucional, 2023).

La Corte, al resolver el caso, concluy� que el Decreto Ejecutivo No. 754 transgred�a el principio de reserva de ley consagrado en los art�culos 132 y 133 de la CRE, as� como el art�culo 398 ib�dem, que establece una reserva de ley reforzada para la regulaci�n de la consulta ambiental. En virtud de ello, se declar� su inconstitucionalidad por la forma, aunque con efectos diferidos hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle adecuadamente el contenido constitucional de la consulta ambiental. Durante ese periodo transitorio, el Decreto podr� ser aplicado, pero �nicamente bajo los est�ndares fijados por la propia Corte en su jurisprudencia y sin que pueda ser utilizado para regular la consulta dirigida a pueblos y nacionalidades ind�genas (Corte Constitucional, 2023).

Esta decisi�n genera una serie de implicaciones jur�dicas y pr�cticas para la gesti�n ambiental en el pa�s. En primer lugar, la Corte reafirma que la consulta ambiental, en tanto mecanismo de participaci�n ciudadana y garant�a del derecho a vivir en un ambiente sano, debe ser regulada mediante una ley formal emitida por el �rgano legislativo, y no por el Presidente de la Rep�blica mediante decretos ejecutivos. As� lo se�ala la Corte cuando establece que:

El decreto impugnado regula, a detalle, todos los aspectos materiales y procedimentales de la �consulta previa� y �participaci�n ciudadana� respecto a la consulta ambiental, sin que la ley haya desarrollado siquiera par�metros m�nimos al respecto o en su defecto, haya hecho una remisi�n al reglamento. (Corte Constitucional, 2023, p�rr. 154).

Esta afirmaci�n revela una tensi�n estructural entre la necesidad de proteger los derechos ambientales y la exigencia constitucional de respetar el principio democr�tico de legalidad. En segundo lugar, la decisi�n judicial es significativa porque pone en entredicho la coherencia jurisprudencial de la propia Corte. En efecto, en la Sentencia No. 22-18-IN/21, la misma Corte hab�a ordenado al Ejecutivo emitir una reforma reglamentaria para ajustar el procedimiento de consulta ambiental conforme a los nuevos est�ndares constitucionales. La emisi�n del Decreto 754, entonces, fue la respuesta directa a dicho mandato. Sin embargo, en la sentencia 51-23-IN/23, la Corte considera que el Ejecutivo debi� interpretar que solo pod�a reformar aspectos no reservados a la ley, como si la sentencia previa contuviera una remisi�n impl�cita al principio de reserva de ley (Corte Constitucional, 2023). Esta situaci�n fue fuertemente cuestionada por los votos salvados de las juezas Carmen Corral Ponce y Enrique Herrer�a. Corral (2023) manifest� que la sentencia de mayor�a contradice expresamente la parte resolutiva de la sentencia 22-18-IN/21 y realiza una interpretaci�n posterior que no se encuentra autorizada por la Constituci�n ni la ley. Herrer�a (2023), por su parte, consider� que la interpretaci�n restrictiva realizada por la mayor�a sobre la reserva de ley impide al Ejecutivo cumplir con la potestad reglamentaria que le corresponde.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Pueblo Ind�gena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012), estableci� est�ndares vinculantes sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada en proyectos que puedan afectar el territorio y los recursos naturales de pueblos ind�genas. El tribunal sostuvo que la consulta debe ser realizada de buena fe, con el objetivo de alcanzar acuerdos, y de forma previa a la autorizaci�n o ejecuci�n de cualquier actividad que pueda generar impactos ambientales o culturales significativos. Adem�s, enfatiz� que la participaci�n debe ser informada, proporcionando a las comunidades datos completos, comprensibles y oportunos sobre la magnitud, alcance y posibles riesgos del proyecto. Estos est�ndares se proyectan tambi�n a escenarios de emergencia ecol�gica, en los que, si bien se requiere una actuaci�n estatal inmediata, no puede omitirse el deber de consulta cuando la medida afecte directamente a pueblos y nacionalidades ind�genas. En consecuencia, el Estado debe implementar procedimientos expeditos que compatibilicen la urgencia ambiental con la garant�a efectiva de participaci�n, asegurando que cualquier decisi�n adoptada respete tanto el principio de reserva de ley como las obligaciones internacionales en materia de derechos colectivos (CIDH, 2012).

Estos cuestionamientos evidencian que la sentencia podr�a generar un escenario de inseguridad jur�dica en materia ambiental, especialmente en los procesos de regularizaci�n que requieren consulta previa. Si bien la Corte reitera la necesidad de que esta materia sea regulada mediante ley org�nica, al mismo tiempo limita la capacidad del Ejecutivo de cumplir con sus funciones normativas, en el marco de sentencias anteriores que, aparentemente, le habilitaban a actuar mediante decretos. En consecuencia, se configura una tensi�n entre la exigencia de respetar la reserva de ley y la necesidad pr�ctica de contar con normas operativas para implementar procesos ambientales (Pilicita & Fernanda, 2024).

Desde una perspectiva m�s amplia, la Sentencia 51-23-IN/23 se inscribe en el marco del constitucionalismo ecol�gico que caracteriza al sistema jur�dico ecuatoriano desde la inclusi�n de los derechos de la naturaleza en la Constituci�n de 2008. Tal como sostienen Fierro et al (2025), este fallo refuerza el car�cter participativo y deliberativo de la gesti�n ambiental, al exigir que la consulta sea objeto de legislaci�n formal y no de regulaciones administrativas unilaterales. Esta posici�n es coherente con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo cual implica que su protecci�n debe gozar del m�s alto nivel de garant�a normativa. En esta l�nea, Romo (2023) argumenta que �la sentencia consolida la posici�n de los derechos de la naturaleza como derechos fundamentales de primer orden, requiriendo el m�s alto nivel de protecci�n normativa� (p. 156).

La Sentencia 51‑23‑IN/23 declar� la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, pero dispuso un �efecto diferido� hasta que la Asamblea Nacional expida una ley org�nica que regule integralmente la consulta ambiental. Durante este periodo transitorio, el decreto sigue aplic�ndose con las limitaciones impuestas por la Corte, lo que genera un escenario de incertidumbre jur�dica para los proyectos en tr�mite. En particular, no existe claridad sobre la validez futura de las autorizaciones otorgadas bajo un marco normativo declarado inconstitucional, ni sobre las eventuales responsabilidades administrativas o civiles que podr�an derivarse. Esta situaci�n afecta tanto a operadores privados como a comunidades, pues se desconocen con certeza los est�ndares que regir�n al momento de culminar el proceso. Adem�s, la protecci�n ambiental enfrenta un riesgo adicional: la ausencia de una ley org�nica espec�fica deja vac�os regulatorios que pueden ser aprovechados para flexibilizar los controles o reducir los niveles de participaci�n ciudadana. Si bien la Corte ordena aplicar sus precedentes y limitar el uso del decreto, en la pr�ctica esta medida depende de la interpretaci�n y voluntad de las autoridades competentes, lo que puede conducir a resultados desiguales y a una tutela fragmentada de los derechos de la naturaleza.

La sentencia tambi�n debe ser entendida en el contexto de los compromisos internacionales del Ecuador, particularmente en relaci�n con el Acuerdo de Escaz�, que enfatiza el acceso a la informaci�n, la participaci�n ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En este sentido, la decisi�n judicial fortalece la legitimidad democr�tica de la consulta ambiental, al exigir su regulaci�n mediante mecanismos legislativos que permitan el debate parlamentario y la inclusi�n de las comunidades afectadas. No obstante, ello tambi�n plantea desaf�os importantes. Como advierte Su�rez (2023), existe el riesgo de que el poder legislativo no tenga la capacidad o voluntad pol�tica de producir una ley que responda adecuadamente a las exigencias t�cnicas y sociales de la consulta ambiental.

De igual manera, la necesidad de una ley formal para regular aspectos urgentes de la gesti�n ambiental puede generar un riesgo de par�lisis normativa, especialmente en contextos de emergencia clim�tica o en zonas de alta presi�n extractiva. Al respecto, Stone (2018) sostiene que la protecci�n efectiva de la naturaleza puede requerir mecanismos regulatorios m�s �giles y adaptables que los que ofrece el proceso legislativo tradicional. Esta afirmaci�n sugiere que, si bien la reserva de ley garantiza la legitimidad democr�tica de las normas, tambi�n puede convertirse en un obst�culo si no se acompa�a de una capacidad legislativa eficiente. En consecuencia, es imperativo dise�ar nuevos modelos de gobernanza ambiental que combinen la legalidad formal con la eficacia administrativa.

Cullinan (2021) plantea que �proteger efectivamente los derechos de la naturaleza puede requerir nuevas formas de gobernanza que trasciendan la dicotom�a tradicional entre ley y reglamento� (p. 245). Este planteamiento subraya la necesidad de articular un nuevo paradigma normativo que permita armonizar los principios del constitucionalismo ecol�gico con los requerimientos de eficacia en la administraci�n p�blica. La sentencia 51-23-IN/23, en ese sentido, marca un punto de inflexi�n que obliga a repensar el rol del legislador, del Ejecutivo y del propio sistema de justicia constitucional en la construcci�n de una pol�tica ambiental coherente, democr�tica y eficaz.

La Sentencia No. 51-23-IN/23 tiene un impacto profundo en la gesti�n ambiental en el Ecuador. Refuerza el principio de reserva de ley como garant�a esencial para la protecci�n de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de participaci�n, pero tambi�n genera tensiones con la necesidad de contar con mecanismos normativos �giles que permitan enfrentar los desaf�os ambientales de manera efectiva. La sentencia revela, adem�s, un conflicto interno en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya falta de coherencia podr�a socavar la seguridad jur�dica en un campo tan sensible como el ambiental. Finalmente, la sentencia no solo tiene repercusiones nacionales, sino que, como bien advierte Romo (2023), puede influir en el desarrollo de otros sistemas jur�dicos de la regi�n, en tanto precedente que fortalece el constitucionalismo ecol�gico y los derechos de la naturaleza como pilares fundamentales del ordenamiento jur�dico contempor�neo.

 

L�mites a la Potestad Reglamentaria del Ejecutivo

La separaci�n de poderes constituye un pilar esencial del constitucionalismo contempor�neo, orientado a impedir la concentraci�n de funciones en un solo �rgano del Estado y a garantizar un adecuado equilibrio entre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Esta estructura no solo procura la eficacia institucional, sino que tambi�n resguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurando que cada poder act�e dentro de los m�rgenes que le impone la Constituci�n. En este marco, la potestad reglamentaria del Ejecutivo esto es, su facultad para emitir normas de car�cter general destinadas a la ejecuci�n de la ley encuentra l�mites precisos, particularmente cuando se trata de materias que afectan derechos fundamentales o que est�n reservadas de manera expresa al �rgano legislativo.

La Sentencia No. 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador es ilustrativa en este sentido, ya que delimita con claridad el alcance de la potestad reglamentaria del Ejecutivo al declarar la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, emitido por la Presidencia de la Rep�blica para reformar el reglamento al C�digo Org�nico del Ambiente. En dicha decisi�n, la Corte reitera que los derechos fundamentales, as� como los derechos de la naturaleza, deben ser regulados �nicamente mediante ley formal y no a trav�s de normas de car�cter reglamentario. La Corte advierte que el decreto impugnado pretend�a establecer disposiciones sustantivas sobre la consulta ambiental un derecho de participaci�n reconocido en el art�culo 398 de la CRE sin que existiera una ley previa que definiera sus par�metros esenciales, lo cual representa una transgresi�n al principio de reserva de ley (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).

En este contexto, la potestad reglamentaria no puede ser concebida como una facultad ilimitada del Ejecutivo, especialmente cuando su ejercicio implica incidir directamente sobre derechos constitucionales. Tal como lo expresa la Corte, el principio de reserva de ley act�a como un l�mite infranqueable frente a cualquier intento de regulaci�n ejecutiva en materias que requieren tratamiento legislativo. Esta posici�n coincide con lo se�alado por Balaguer Callej�n (2022), quien sostiene que la emisi�n de reglamentos por parte del Ejecutivo no puede en ning�n caso sustituir la labor del legislador, ya que hacerlo implicar�a una violaci�n al principio democr�tico y a la estructura de distribuci�n de competencias entre los poderes del Estado.

A trav�s de esta sentencia, la Corte reafirma la idea de que los derechos fundamentales no pueden ser configurados por el Ejecutivo a trav�s de decretos o reglamentos, por m�s que estos tengan como objetivo implementar pol�ticas p�blicas necesarias. Esta limitaci�n responde a una concepci�n del Estado de derecho en la que la producci�n normativa en materia de derechos debe estar sujeta al control democr�tico que ofrece el procedimiento legislativo. Sin embargo, como advierte Y�nez (2024), este criterio tambi�n plantea tensiones pr�cticas importantes, especialmente en �reas como la protecci�n ambiental, donde la urgencia de las medidas podr�a verse entorpecida por la lentitud del proceso legislativo.

Esta paradoja tambi�n es destacada por Uprimny (2022), quien observa que el fallo de la Corte ecuatoriana refleja una concepci�n r�gida de la separaci�n de poderes, que privilegia la centralidad del legislador en la definici�n normativa de los derechos fundamentales, incluso en contextos que demandan respuestas estatales r�pidas y eficaces. A juicio del autor, esta rigidez puede dificultar la implementaci�n de pol�ticas p�blicas en escenarios de emergencia ambiental, en los que la acci�n administrativa inmediata puede ser crucial para evitar da�os irreversibles al entorno natural. En consecuencia, se genera una tensi�n entre el respeto irrestricto a la reserva de ley y la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas suficientes para responder �gilmente a los desaf�os ambientales contempor�neos.

Desde una �ptica cr�tica, Gargarella (2023) tambi�n advierte que la sentencia �puede ser interpretada como una forma de extralimitaci�n judicial, en tanto redefine los l�mites entre los poderes del Estado de una manera que no necesariamente se desprende de forma directa del texto constitucional� (p. 145). Este se�alamiento cobra particular relevancia si se toma en cuenta que fue la propia Corte Constitucional quien, en una decisi�n anterior en la sentencia 22-18-IN/21, hab�a instruido al Ejecutivo la emisi�n de una norma reglamentaria para adaptar el procedimiento de consulta ambiental. Posteriormente, en la sentencia 51-23-IN/23, la Corte declara la inconstitucionalidad de dicho reglamento por haber invadido materias reservadas a la ley, sin que en el �nterin se hubiera expedido la legislaci�n correspondiente por parte de la Asamblea Nacional. Esta inconsistencia refuerza la preocupaci�n en torno a los efectos jur�dicos que produce una interpretaci�n oscilante del alcance de la potestad reglamentaria, especialmente en el contexto de la seguridad jur�dica y la buena fe administrativa.

No obstante, estas tensiones, la decisi�n de la Corte puede tambi�n ser le�da como una reafirmaci�n del principio democr�tico, en tanto impide que el Ejecutivo act�e unilateralmente en materias que requieren deliberaci�n legislativa y participaci�n plural. Tal como sostiene la Corte en su fallo, permitir que el Ejecutivo regule, mediante decretos, aspectos sustanciales del derecho a la consulta ambiental que constituye un mecanismo de participaci�n ciudadana en asuntos que afectan el territorio y los recursos naturales supondr�a una regresi�n en la garant�a de derechos y una vulneraci�n de la divisi�n de poderes (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).

La sentencia 51-23-IN/23 delimita de manera categ�rica los l�mites a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, particularmente cuando se trata de regular derechos fundamentales o derechos de la naturaleza, estableciendo que dicha regulaci�n corresponde exclusivamente al legislador. Esta decisi�n, si bien refuerza los principios constitucionales de legalidad y de supremac�a de la ley, tambi�n plantea desaf�os significativos en cuanto a la eficacia del aparato estatal para implementar pol�ticas p�blicas urgentes. De all� que, como propone Y�nez (2024), el reto actual del constitucionalismo ecol�gico ecuatoriano consiste en armonizar el respeto al principio de reserva de ley con la necesidad de contar con marcos normativos �giles y eficaces que permitan proteger los ecosistemas sin vulnerar la legalidad constitucional.

 

Discusi�n

La Sentencia No. 51-23-IN/23 representa un avance importante en la consolidaci�n del constitucionalismo ecol�gico en el Ecuador, al reforzar la jerarqu�a normativa y declarar que la regulaci�n de derechos de la naturaleza como la consulta ambiental no puede provenir de normas de car�cter reglamentario, sino exclusivamente de una ley formal expedida por el �rgano legislativo. Esta decisi�n se enmarca dentro de la l�gica del principio de reserva de ley como garant�a democr�tica y de legalidad. Sin embargo, como lo ha demostrado el an�lisis desarrollado en este trabajo, el cumplimiento estricto de este principio puede generar efectos no deseados cuando no se acompa�a de condiciones institucionales adecuadas. En particular, la declaraci�n de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754 ha dejado sin marco normativo operativo a decenas de procesos de regularizaci�n ambiental en curso, afectando la capacidad del Estado para responder con celeridad ante da�os ambientales concretos. Seg�n datos de la Defensor�a del Pueblo (2023), al menos 47 procesos se encuentran paralizados por falta de un procedimiento vigente que garantice la participaci�n y consulta ambiental conforme a los est�ndares constitucionales.

Esta situaci�n ha evidenciado una tensi�n estructural entre la rigidez del principio de reserva legal y la necesidad de dar una respuesta oportuna frente a la urgencia ecol�gica. Si bien es jur�dicamente correcto exigir que los derechos fundamentales incluidos los de la naturaleza sean regulados mediante ley org�nica, el ordenamiento jur�dico ecuatoriano no prev� mecanismos claros que permitan compatibilizar este mandato con la agilidad normativa que demandan las crisis ambientales. La Corte, al reforzar la reserva de ley, parece haber desatendido los posibles efectos de inacci�n administrativa que su decisi�n puede provocar. Autores como Uprimny (2022) advierten que �esta concepci�n r�gida de la separaci�n de poderes puede restringir innecesariamente las capacidades del Ejecutivo para adoptar medidas urgentes en contextos de amenaza ambiental� (p. 78), mientras que Gargarella (2023) se�ala que la redefinici�n jurisprudencial de los l�mites entre poderes sin una base textual clara puede producir inseguridad jur�dica y desarticulaci�n institucional.

En este sentido, se hace necesario proponer alternativas normativas que permitan lograr un equilibrio entre el respeto al principio de legalidad y la necesidad de eficacia ambiental. En primer lugar, resulta imprescindible impulsar una reforma integral al COA que incorpore un cap�tulo espec�fico sobre consulta ambiental, definiendo con claridad los procedimientos, plazos, sujetos involucrados, mecanismos de participaci�n y efectos vinculantes del proceso. Esta reforma debe asumir car�cter prioritario en la Asamblea Nacional, toda vez que su ausencia est� impidiendo la regularizaci�n de actividades que, de no someterse a control, podr�an seguir afectando gravemente a los ecosistemas. El dise�o de esta ley debe inspirarse en los est�ndares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opini�n Consultiva OC-23/17, que enfatiza la obligaci�n de garantizar una participaci�n informada, previa y efectiva de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos que impacten el medio ambiente.

Dicha reforma deber�a contemplar cl�usulas de habilitaci�n t�cnica que autoricen expresamente al Ejecutivo a trav�s del Ministerio del Ambiente a emitir disposiciones reglamentarias complementarias, siempre que estas se limiten a aspectos operativos y no alteren el contenido sustancial del derecho a la consulta. Esta habilitaci�n permitir�a combinar el principio de reserva de ley con la necesidad de contar con normativas �giles, t�cnica y temporalmente adaptables a las particularidades de cada proceso. Como advierte Stone (2018), la protecci�n efectiva del ambiente exige mecanismos regulatorios din�micos que el proceso legislativo, por s� solo, no siempre puede proporcionar.

Adicionalmente, se propone la creaci�n de un sistema mixto de gobernanza normativa que combine el mandato legislativo con formas controladas de delegaci�n administrativa. Bajo este esquema, el legislador podr�a autorizar a ciertos �rganos t�cnicos a emitir regulaciones espec�ficas en el marco de una ley habilitante, siempre que dicha delegaci�n sea delimitada, justificada y sujeta a control posterior de constitucionalidad. Esta f�rmula garantizar�a la seguridad jur�dica sin sacrificar la eficacia operativa del aparato estatal.

Una alternativa complementaria consiste en habilitar consultas preventivas a la Corte Constitucional sobre proyectos de reglamento en materias sensibles, como el derecho a la consulta ambiental. Este mecanismo permitir�a validar la constitucionalidad de los instrumentos normativos antes de su entrada en vigencia, reduciendo el riesgo de futuras anulaciones que dejen sin regulaci�n efectiva a procesos en curso. En contextos marcados por jurisprudencia fluctuante, como lo demuestra la contradicci�n entre las sentencias 22-18-IN/21 y 51-23-IN/23, este tipo de control preventivo contribuir�a a garantizar mayor coherencia jurisprudencial y certeza normativa.

Por otro lado, se considera necesario fortalecer la institucionalidad ambiental mediante la creaci�n de una autoridad aut�noma especializada en justicia ambiental, con facultades para supervisar el cumplimiento de est�ndares constitucionales y legales en esta materia, recibir denuncias de vulneraci�n, emitir medidas cautelares y coordinar con otras entidades del Estado la respuesta frente a da�os ecol�gicos. Este �rgano actuar�a como garante de los derechos de la naturaleza, independiente del Ejecutivo, con competencias para intervenir de forma t�cnica y oportuna en escenarios de vulneraci�n.

Finalmente, se propone incluir en la legislaci�n ambiental ecuatoriana cl�usulas de urgencia ecol�gica que habiliten al Ejecutivo a emitir medidas provisionales de protecci�n en casos de emergencia ambiental, bajo condiciones estrictas de temporalidad, motivaci�n y control legislativo posterior. Estas cl�usulas permitir�an responder con agilidad a situaciones de amenaza grave sin renunciar al principio de legalidad, replicando mecanismos previstos en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escaz�, que reconoce la necesidad de salvaguardar el ambiente frente a da�os inminentes y proteger a los defensores de derechos ambientales.

 

Conclusi�n

Del an�lisis jur�dico realizado a la Sentencia No. 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, se concluye que el principio de reserva de ley, consagrado en los art�culos 76.7, 132 y 133 de la Constituci�n, constituye una garant�a estructural que impide que derechos fundamentales �incluidos los derechos de la naturaleza consagrados en el art�culo 71� sean regulados mediante normas sublegales. La Corte reafirma que toda restricci�n o configuraci�n sustancial de estos derechos debe emanar exclusivamente del legislador, mediante una ley formal y, en los casos pertinentes, una ley org�nica. Esta interpretaci�n fortalece el Estado constitucional de derecho al preservar la competencia exclusiva del �rgano legislativo para normar derechos, consolidando con ello la seguridad jur�dica, la supremac�a constitucional y el principio democr�tico.

Se evidencia que el principio de reserva de ley opera no solo como un l�mite material al poder normativo del Ejecutivo, sino tambi�n como una garant�a procedimental que exige un proceso legislativo democr�tico, deliberativo y formal para la creaci�n de normas que afecten derechos fundamentales. Esta exigencia cobra especial relevancia en el �mbito ambiental, donde los derechos de la naturaleza han sido elevados al rango constitucional, adquiriendo un estatus equiparable al de los derechos humanos, lo que impide su configuraci�n por v�as administrativas o reglamentarias.

Sin embargo, la investigaci�n tambi�n permite advertir que la aplicaci�n estricta del principio de reserva legal, sin considerar las limitaciones estructurales del poder legislativo, puede derivar en vac�os normativos que comprometan la efectividad de los derechos constitucionales. En el caso concreto, la declaraci�n de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754 ha dejado sin un marco operativo los procesos de consulta ambiental dentro de la regularizaci�n ambiental, generando un conflicto entre la juridicidad formal y la eficacia material en la protecci�n del ambiente. Este escenario exige una interpretaci�n sistem�tica y finalista del principio de reserva de ley, que no sacrifique el contenido sustantivo de los derechos por vac�os de procedimiento o rigidez normativa.

Desde una perspectiva dogm�tica, la sentencia analizada delimita con claridad el �mbito de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, reafirmando que esta no puede invadir materias sustantivas reservadas al legislador. Sin embargo, tambi�n pone en evidencia la necesidad de que el ordenamiento jur�dico contemple mecanismos que armonicen la legalidad constitucional con la capacidad del Estado para actuar de forma �gil y eficaz frente a los desaf�os ambientales. Esta tensi�n entre legalidad y eficacia debe ser resuelta a trav�s de una reforma legislativa integral que respete la reserva de ley, pero que habilite la regulaci�n t�cnica por parte de la administraci�n, bajo par�metros constitucionales y con sujeci�n a control jurisdiccional.

La investigaci�n permite concluir que la correcta aplicaci�n del principio de reserva de ley es indispensable para garantizar la supremac�a constitucional y la protecci�n reforzada de los derechos de la naturaleza; no obstante, su eficacia pr�ctica depender� de la capacidad del legislador para emitir normas oportunas, as� como de la existencia de mecanismos institucionales que aseguren la implementaci�n efectiva de estos derechos en contextos complejos y urgentes como la gesti�n ambiental contempor�nea.

 

 

 

 

 

 

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