El principio de reserva de ley y la protección de derechos de la naturaleza en ecuador: análisis constitucional de la sentencia 51-23-in/23

Resumen

Este estudio analiza la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo 754 al vulnerar el principio de reserva de ley. Dicho decreto, emitido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, modificaba el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente para establecer un procedimiento abreviado de consulta ambiental, permitiendo autorizar actividades extractivas en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento sin que exista una ley orgánica que regule de manera integral este derecho. La investigación, desarrollada mediante una metodología cualitativa con enfoque exegético y revisión doctrinal, identifica tres tensiones jurídicas relevantes: (1) la rigidez del principio de reserva legal frente a la urgencia de atender la crisis ecológica, (2) el vacío normativo generado tras la anulación del decreto y (3) el conflicto entre la potestad sancionadora del Estado y la garantía de los derechos ambientales. Los resultados evidencian que, aunque la sentencia refuerza la seguridad jurídica y consolida la supremacía constitucional, también ha generado la paralización de 47 procesos de regularización ambiental pendientes. En consecuencia, se propone una reforma al Código Orgánico del Ambiente que establezca procedimientos expeditos de consulta ambiental, en consonancia con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este ajuste permitiría armonizar las exigencias constitucionales con la protección efectiva de los derechos de la naturaleza, garantizando la participación ciudadana y la sostenibilidad de las decisiones estatales en materia ambiental.