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Improcedencia de la acci�n de protecci�n en la reclamaci�n de los derechos laborales en el Ecuador

 

Inadmissibility of the protective action in the claim for labor rights in Ecuador

 

Inadmissibilidade da a��o de prote��o na reivindica��o de direitos laborais no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: jennycarrion@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de agosto de 2025 *Aceptado: 24 de septiembre de 2025 * Publicado: �06 de octubre de 2025

 

       I.          Investigador Independiente, Ecuador.

 

Resumen

El Ecuador al entrar en la corriente neoconstitucionalista debi� ajustar su ordenamiento jur�dico a lo que se�ala la Constituci�n de la Rep�blica, que estableci� que es un Estado constitucional de derechos y justicia, con ello, se reconocieron derechos y para que estos se los respete se establecieron garant�as, principios y valores, los cuales adquirieron una enorme importancia y tiene que ser observados por parte del juez.

Entre las garant�as que se reconocieron est� la acci�n de protecci�n, que de acuerdo con lo que se�ala el art�culo 88 de la norma suprema, en relaci�n con loque se�ala el art�culo 39 de la Ley Org�nica de Garant�as Constitucionales y Control Constitucional, est� destinada para la protecci�n de los derechos, cuando estos son vulnerados se tiene que amparar en forma directa y eficaz.

Uno de los derechos que se encuentran amparados es el derecho al trabajo, no solo en loque se�ala el art�culo 66, n�mero 17, sino en el articulo 33 de la Constituci�n, que lo define como un derecho y deber social, el cual no tiene que ser vulnerado. Sin embargo, en muchos casos se lo viola por parte de las personas, ante esta situaci�n se tienen que poner en marcha los instrumentos procesales como las acciones laborales ante las servidores administrativos o judiciales para que se haga valer los derechos de los trabajadores.

Pero, en muchos casos no se respeta esta alternativa y se sigue la acci�n de protecci�n, la cual no es la v�a m�s adecuada, excepto, cuando se violen otros derechos conexos, como cuando se trata de personas que sin padres sustitutos o con discapacidad superior al 30%, que no pueden ser separados de sus puestos.

Palabras Clave: Derecho; trabajo; acci�n de protecci�n; vulneraci�n de derechos; derechos conexos.

 

Abstract

Upon entering the neo-constitutionalist movement, Ecuador had to adapt its legal system to the provisions of the Constitution of the Republic, which established that it is a constitutional state of rights and justice. Thus, rights were recognized, and for these to be respected, guarantees, principles, and values ​​were established. These guarantees acquired enormous importance and must be observed by the judge.

Among the recognized guarantees is the right to protection, which, according to Article 88 of the Supreme Court, in relation to Article 39 of the Organic Law on Constitutional Guarantees and Constitutional Control, is intended to protect rights. When these are violated, they must be directly and effectively protected. One of the rights protected is the right to work, not only as stated in Article 66, paragraph 17, but also in Article 33 of the Constitution, which defines it as a social right and duty, which must not be violated. However, in many cases, it is violated by individuals. In this situation, procedural instruments such as labor actions before administrative or judicial officials must be initiated to enforce workers' rights.

However, in many cases, this alternative is not respected, and protective action is pursued, which is not the most appropriate option, except when other related rights are violated, such as in the case of individuals without foster parents or with a disability greater than 30% who cannot be removed from their jobs.

Keywords: Law; labor; protective action; violation of rights; related rights.

 

Resumo

Ao aderir ao movimento neoconstitucionalista, o Equador teve de adaptar o seu ordenamento jur�dico �s disposi��es da Constitui��o da Rep�blica, que estabelecia que se trata de um Estado constitucional de direitos e de justi�a. Assim, foram reconhecidos direitos e, para que estes fossem respeitados, foram estabelecidas garantias, princ�pios e valores. Estas garantias adquiriram uma enorme import�ncia e devem ser observadas pelo juiz.

Entre as garantias reconhecidas est� o direito � prote��o, que, de acordo com o artigo 88.� do Supremo Tribunal, em rela��o ao artigo 39.� da Lei Org�nica das Garantias Constitucionais e do Controlo Constitucional, visa proteger direitos. Quando estes s�o violados, devem ser direta e eficazmente protegidos. Um dos direitos protegidos � o direito ao trabalho, n�o s� como consta do artigo 66.�, n.� 17, mas tamb�m do artigo 33.� da Constitui��o, que o define como um direito e dever social, que n�o deve ser violado. No entanto, em muitos casos, � violado por indiv�duos. Nesta situa��o, instrumentos processuais, como a��es laborais perante funcion�rios administrativos ou judiciais, devem ser iniciados para fazer valer os direitos dos trabalhadores.

No entanto, em muitos casos, esta alternativa n�o � respeitada, sendo procurada uma a��o de prote��o, o que n�o � a op��o mais adequada, exceto quando s�o violados outros direitos conexos, como no caso de indiv�duos sem pais adotivos ou com defici�ncia superior a 30% que n�o podem ser afastados do trabalho.

Palavras-chave: Direito; trabalho; a��o protetora; viola��o de direitos; direitos conexos.

Introducci�n

El Ecuador al cambiarse el sistema jur�dico al constituirse en un Estado constitucional de derechos y justicia, se tienen que aplicar las normas jur�dicas que tienen como base, no solo a la Constituci�n sino al llamado bloque de constitucionalidad, a las que se suman los principios jur�dicos, las garant�as y los valores, pero no se limita su cambio de acci�n solo este conjunto de aspectos jur�dicos transcendentales, sino que se tienen que observar las teor�as y doctrinas del Derecho constitucional, que son los puntos de partida para realizar un an�lisis sobre la pol�tica y el Derecho.�(Salgado Pes�ntez, 2012, p. XIII)

Parte importante de este tipo de Estado es la consagraci�n de los derechos, que adquieren un nivel supremo al ser constitucionalizados, de tal forma que no solo se los reconoce, sino que se los garantiza, porque, son los v�nculos sustanciales de la democracia pol�tica; de modo que, los derechos al ser v�nculos obligan a los ciudadanos y a quienes detentan el poder; a la vez los derechos son los l�mites del constituyente. (Ferrajoli, 2004, p. 23)

Uno de los derechos que se encuentra reconocido, garantizado y constitucionalizado es el derecho al trabajo, el cual merece ser atendido por el Estado, esto no quiere decir que el Estado tiene que dar trabajo a todos los ciudadanos, sino que tiene que ser el responsable, por medio de sus autoridades para garantizar que todos tengan una fuente de ingresos, no solo dependiente sino independiente, es m�s, uno de los factores fundamentales es garantizar las condiciones para que la empresa privada genere m�s y mejores fuentes de trabajo.

El problema radica cuando el Derecho al trabajo es vulnerado, ya sea por las instituciones oficiales o por las personas particulares, de aqu� parte lo que se tiene que ser objeto de un estudio y un an�lisis profundo, en vista que se debe tomar en cuenta, dos aspectos necesarios: ante qu� autoridad me dirijo y qu� acci�n debo seguir, lo cual es importante para que no respete el Derecho y no se lo vulnere.

Al respecto, se tiene que se�alar que existen dos instancias adecuadas para el efecto, una en sede administrativa, y la otra, en sede judicial. En la primera opci�n se encuentran los funcionarios del Ministerio del Trabajo, como son los inspectores y directores de trabajo, que pueden conocer las acciones presentadas por los trabajadores para llegar a un advenimiento con sus empleadores. Y, la segunda opci�n, es ante los jueces de Trabajo, donde acuden las partes procesales, mediante una demanda para que el juez competente pueda resolver mediante una sentencia.

De acuerdo con el caso, puede haber una tercera alternativa, la cual es la acci�n de protecci�n, pero esta no procede cuando se demande la vulneraci�n del derecho laboral o del derecho al trabajo, sino que esta vulneraci�n sea a consecuencia de la violaci�n de otros derechos, como la dignidad, el derecho a una vida sin explotaci�n, o que se les obligue a trabajar en condiciones infrahumanas, solo en casos, que se los pueda considerar cono afectaciones a otros derechos humanos la acci�n de protecci�n procede, de lo contrario, no es la v�a m�s id�nea, tal como se lo analiza en el presente trabajo.

MARCO TE�RICO

El Derecho al trabajo.

Se tiene que tomar en cuenta que el Derecho del trabajo, no es m�s que el conjunto de principios, normas, instituciones que se protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realizaci�n de su destino hist�rico, socializar la vida humana. El nuevo derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital. �(De la Cueva, 1993, p. 23)�

En este contexto, se debe tomar en cuenta como la efectiva importancia que tiene, no solo la ley, sino la norma jur�dica en general, en el respeto de los principios fundamentales para llegar a la verdadera orientaci�n en la protecci�n al Derecho al trabajo, por ende, al trabajador y sus beneficios alcanzados luego de a�os de lucha. Es aqu� en donde se tiene que llegar a lo que se conoce como la filosof�a de derecho laboral para entender su real dimensi�n, para lo cual se tiene que observar lo que se�ala la Constituci�n, pero tambi�n, los instrumentos internacionales sobre derechos laborales, y resoluciones tomadas por la OIT. �(Ch�vez, 2003, p. 46)

El derecho al trabajo tiene principios que constituyen en los pilares fundamentales del mismo, y que, de acuerdo con el Bloque de constitucionalidad, parten de lo que se�alan los instrumentos internacionales, a los que se debe ajustar la Constituci�n cuando contienen derechos m�s favorables a los que en ella se encuentran determinados. De tal manera que se puede decir que existe un derecho tuitivo, de tal manera que sin esta condici�n no se puede hablar de su existencia real, como parte de esa piedra angular que se requiere para que todos los que se encuentran a su amparo sean protegidos. �(Castro, 2005, p. 46)

De ah� que el legislador o asamble�ta no puede mantener m�s la ficci�n de una igualdad existente entre las partes del contrato de trabajo y tendi� a compensar esa desigualdad econ�mica desfavorable al trabajador con una protecci�n desfavorable al trabajador con una protecci�n jur�dica favorable al trabajador. �(Pla Rodr�guez, p. 25)

Las garant�as constitucionales

En los actuales momentos se tiene lo que se conoce como en neoconstitucionalismo en el Ecuador, o tambi�n conocido como garantismo constitucional, que es una entrada en vigencia de una nueva filosof�a y cultura jur�dica y una nueva teor�a del Derecho, sobre todo cuando un Estado deja de lado lo relacionado con el Estado de Derecho o Social de Derecho, para pasar al Estado constitucional de Derecho o de derechos, como en el caso del Ecuador, en donde se debe hacer �nfasis a la nueva ideolog�a, a la filosof�a pol�tica para alcanzar sus fines y metas.�(Pietro Sanch�s, 2005, p. 420)

De tal manera que el neoconstitucionalismo, como teor�a del Estado funde elementos de las tradiciones jur�dicas, la versi�n constitucional americana y la versi�n constitucional europea, que son originalmente contrapuestas: fuerte contenido material con forma normativa y garant�a jurisdiccional de esa normatividad, que se dirige a lo que es la protecci�n adecuada de los derechos. (Monta�a Pinto, 2011, p. 31)

La acci�n de protecci�n

Entre las garant�as jurisdiccionales que se contemplan en el Ecuador, se encuentra la acci�n de protecci�n, que es una consecuencia de la teor�a pura del Derecho, en que se considera que la eficacia de los derechos depende de que existan mecanismos que permitan la tutela o garant�a.�(Zolo, 1994, p. 33). De acuerdo con el art�culo 88 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, en concordancia con el art�culo 39, de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acci�n de protecci�n tiene por objeto al amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales que han sido vulnerados por la acci�n o por la omisi�n de cualquier autoridad p�blica no judicial, contra pol�ticas p�blicas o cuando la vulneraci�n provenga de un particular.

En este contexto, se tiene que la acci�n de protecci�n se la puede presentar ante la autoridad judicial constitucional cuando se haya vulnerado el derecho a una persona, sea por parte de una autoridad p�blica no judicial, o contra cualquiera persona que haya vulnerado el derecho, de tal manera que se puede emprender este tipo de acci�n.

Ahora, el problema es conocer si la acci�n de protecci�n se la puede presentar ante un juez competente cuando se haya vulnerado el derecho al trabajo, de lo cual surgen varias interrogantes, que empiezan con las autoridades que con competentes para conocer la misma en forma obligatoria, y se ha se�alado que las acciones para reclamar los derechos de los trabajadores se los debe seguir, dentro de los tiempos indicados por la norma.

Es as� que, se tiene que reclamar la vulneraci�n de derechos ante los inspectores de trabajo, o directores de trabajo, en su caso, por v�a administrativa, as� como ante los jueces de trabajo, en caso de seguir acciones judiciales, las cuales se las puede plantear dentro del plazo de tres a�os, contados desde que se dio por terminada la relaci�n laboral o se vio vulnerado el derecho. Si esto no se lo ejercita, el trabajador pierde esa oportunidad y su derecho precluy�.

Pero aqu� cabe otra interrogante, si una vez que precluy� el derecho del trabajador para reclamar en v�a administrativa o judicial, �ya no puede reclamar su derecho? O, �Cabe su reclamo ante los jueces constitucionales mediante una acci�n de protecci�n? Al respecto, la Corte Constitucional, al respecto tiene varias sentencias en las cuales ha rechazado las acciones extraordinarias de protecci�n presentadas por parte de los trabajadores, indicado que no cabe la acci�n de protecci�n porque hay una v�a adecuada para reclamar y que es la v�a judicial o administrativa en el �mbito laboral.

Aun cuando el pedido se lo fundamenta en uso de los derechos que concede el art�culo 66 de la Constituci�n de la Rep�blica, as� como para salvaguardar el derecho la tutela efectiva (art. 75 CRE), el derecho al debido proceso (art. 76 CRE), y el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jur�dica, pero adem�s, en lo concierne al derecho al trabajo, reconocido y garantizado en el art�culo 33 de la norma suprema, y, en el art�culo 66, n�mero 17, de la misma, que garantiza el derecho al trabajo.

La esencia garantista de la acci�n de protecci�n.

La acci�n de protecci�n es una de las garant�as jurisdiccionales que surgieron a ra�z de la entrada en vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica, junto con las dem�s acciones de la misma naturaleza, entre las que se encuentran el h�beas data, el h�beas corpus, acceso a la informaci�n, o la acci�n extraordinaria de protecci�n. Todo esto se debe al Estado constitucional de derechos y justicia social, tal como lo se�ala el art�culo 1 de la norma suprema. Al respeto, se se�ala:

La voluntad pol�tica o cultura jur�dica para aplicar normas constitucionales, de derecho internacional o de jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos, trajo como consecuencia que, en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal Constitucional, continuaran aplicando normas internas de derecho civil, administrativo, penal u otras.�(Trujillo Orbe, 2025)

Al respecto y de acuerdo con lo que se�ala la doctrina. Es necesario considera que las acciones jurisdiccionales, que son aquellos mecanismos para proteger los derechos en contra del poder del Estado, por ende, el estado en s�, as� como las instituciones del mismo Estado, no podr�an interponer este tipo de acciones, en vista que solo est�n destinadas a proteger al individuo contra toda vulneraci�n de los derechos.

Adem�s, se puede se�alar que, se hace un punto fundamental, y es el hecho de que las acciones tienen un complemento jur�dico mucho m�s fortalecido como son los derechos que se encuentran reconocidos por parte de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, m�s a�n cuando estos instrumentos que contienen derechos m�s garantizados que la misma Constituci�n de la Rep�blica. Como ejemplo, se tiene lo que se�ala la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos�, que en su art�culo 25, se refiere a la protecci�n judicial, por medio de una de las funciones del Estado:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r�pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n, la ley o la presente Convenci�n, aun cuando tal violaci�n sea cometida por personas que act�en en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir� sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi�n en que se haya estimado procedente el recurso.

En el Ecuador, hace m�s de veinticinco a�os ya se hablaba de que se tiene que incorporar un recurso sencillo, r�pido y eficaz para proteger los derechos de las personas. Pero, adem�s, este recurso tiene que ser efectivo, con el objeto que ampare a las personas en contra de todos los acros que vulneran los derechos de las personas, especialmente, c8ando vulneran los derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad o el derecho a la informaci�n, solo por citar algunos de ellos.

Para alcanzar este prop�sito, se tiene que contar con unos jueces y tribunales competentes, pero no solo eso, sino que conozcan sobre la materia, que est�n prestos a dominar las garant�as jurisdiccionales, los principios, las garant�as que giran a su alrededor y a los valores, que son los m�s afectados ante la falta de una verdadera justicia y, sobre todo, ante la vulneraci�n de los derechos de las personas.

En este punto, se tiene que hablar de conductas violatorias, en vista que no solo pueden ser acciones sino omisiones de las personas o de las autoridades que no sean judiciales, en las cuales se encuentran involucradas todas y cada una de las personas que ejercen una actividad judicial. En este punto, es necesario remitirse a la doctrina, que se�ala: �Por consiguiente, es la conducta del Estado, a trav�s de cualquier persona que act�e en el ejercicio de la autoridad p�blica, la que puede caracterizarse como una violaci�n de los derechos humanos� (Fa�ndez Ledesma, p. 7).

Frente a toda vulneraci�n de los derechos humanos o derechos constitucionales, se encuentra lo relacionado con las garant�as jurisdiccionales, pero, cuando se trata del amparo directo y eficaz, la acci�n adecuada es la acci�n de protecci�n, la misma que tiene que presentarse, pero debe cumplir con lo se�alado en el art�culo 40, en concordancia con el art�culo 42 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, en vista que se tiene de probar que la garant�a es procedente y que no cae en las causales de improcedencia.

Es necesario, en un Estado constitucional de derechos y justicia que, ante las vulneraciones a los derechos humanos o derechos constitucionales, se tiene que aplicar un recurso eficaz, sencillo y r�pido, pero, tambi�n se exige que las autoridades sean de un buen nivel y que se comprometa a cumplir los m�s altos niveles y est�ndares internacionales, tal como lo se�ala la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (Corte IDH)

Acci�n de protecci�n y su relaci�n con el derecho al trabajo.

En lo que respecta a los derechos laborales, existe una problem�tica que surge acerca si esta debe realizarse por v�a ordinaria o por v�a judicial, m�s a�n cuando en el Estado constitucional de derechos y justicia, y donde los derechos de los trabajadores constituyen los cimientos para una sociedad m�s justa y equitativa.

Es aqu� en donde se tiene que establecer si las v�as constitucional y ordinaria es la m�s adecuada para que los derechos de los trabajadores sean respetados, cumplidos, garantizados y no vulnerados. Ante lo cual se debe se�alar que, en el narco del contrato individual de trabajo, tanto el trabajador como el empleador establecen el marco de los t�rminos y condiciones para el desarrollo de la prestaci�n de servicios, por ende, en el mismo contrato establecen el marco aplicable, que es el C�digo de Trabajo, la Constituci�n, incluso las resoluciones de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT), por lo que estar�a vedada la justicia constitucional.

Es as� que, en la v�a constitucional, la acci�n de protecci�n es el mecanismo m�s id�neo para la protecci�n de los derechos, entre los que se encuentra el derecho al trabajo, cuya vulneraci�n procede de autoridades p�blicas no judiciales y particulares. Como ya se se�al�, el art�culo 85 de la Constituci�n de la Rep�blica establece que la acci�n de protecci�n tiene por objeto �el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constituci�n, y podr� interponerse cuando exista una vulneraci�n de derechos constitucionales� y la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, indica que �la acci�n de protecci�n tendr� por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constituci�n y tratados internacionales".

Pero, el C�digo de Trabajo, por otra parte, se�ala que se tiene que seguir mediante la v�a ordinaria todas �las controversias individuales de trabajo, se sustanciar�n en procedimiento sumario,� conforme lo prev� el C�digo Org�nico General de Procesos� tal como se desprende del art�culo 575, C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial puntualiza que es competencia de las juezas y jueces del trabajo conocer y resolver los conflictos individuales, provenientes de relaciones de trabajo, que no est�n sometidos a la decisi�n de otra autoridad, as� lo se�ala el art�culo 238.

Po lo que, en un primer momento, se puede se�alar que la acci�n de protecci�n no es la v�a m�s adecuada para que las personas que tiene una relaci�n jur�dica laboral puedan reclamar sus derechos laborales, en vista que se encuentran previstas otras v�as, como las judiciales, para que se hagan respetar los derechos, y, por tanto, se tiene que ejercer estas acciones para que los derechos de los trabajadores se los respete y se los cumpla.

Acci�n de protecci�n no puede ser utilizada para reclamar los derechos laborales.

Es necesario se�alar que existen dos tipos de sectores laborales que se pueden ver afectados por la vulneraci�n de los derechos laborales, como son los trabajadores bajo el r�gimen del C�digo de Trabajo y los servidores p�blicos que est�n sujetos al r�gimen de la Ley Org�nica del Servicio P�blico.

Bajo este par�metro, se tiene que el C�digo Org�nico General de Procesos, en su articulado prev� la posibilidad de que se entablen las acciones por reclamos laborales mediante la v�a judicial. Es decir, por ejemplo, los servidores p�blicos pueden presentar sus reclamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, lo cual se contempla en lo relacionado con entablar un proceso que tiene las caracter�sticas de ser simple, concentrado, unificado, en donde pueden acudir los afectados a reclamar sus derechos, mediante un procedimiento ordinario, pero que, bajo el sistema oral ya no es tan demoroso como los casos que se contemplaban en el derogado C�digo de Procedimiento Civil.

Lo se�alado tiene asidero jur�dico, especialmente en lo que se�ala el art�culo 227 de la Constituci�n de la Rep�blica expresa que: �La administraci�n p�blica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarqu�a, desconcentraci�n, descentralizaci�n, coordinaci�n, participaci�n, planificaci�n, transparencia y evaluaci�n.�

Pero esta norma no se encuentra sola, sino que, adem�s, tiene su respaldo en la norma infra constitucional, como es el C�digo Org�nico Administrativo que. �Las actuaciones administrativas son: 1. Acto administrativo 2. Acto de simple administraci�n 3. Contrato administrativo 4. Hecho administrativo 5. Acto normativo de car�cter administrativo Las administraciones p�blicas pueden, excepcionalmente, emplear instrumentos de derecho privado, para el ejercicio de sus competencias.�

Esto se debe a que las acciones u omisiones en la que se pueden vulnerar derechos se dan, generalmente por medio de actos administrativos como son las resoluciones de las autoridades administrativas, por ende, todo acto administrativo puede ser impugnado por v�a judicial, y la autoridad competente viene a constituirse el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Para tener mayor conocimiento, se debe entender que es un acto administrativo, para tal efecto, se tuene que recurrir a lo que se�ala el art�culo 98 del C�digo Org�nico Administrativo, que en su pate pertinente defina al acto administrativo como: �Acto administrativo es la declaraci�n unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la funci�n administrativa que produce efectos jur�dicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedir� por cualquier medio documental, f�sico o digital y quedar� constancia en

el expediente administrativo.�

De esta definici�n se extraen todos y cada uno de sus elementos constitutivos, como son: en primer lugar, se encuentra que el acto administrativo es una declaraci�n, en otras palabras, es una manifestaci�n que realiza la autoridad en la que resuelve un problema importante que ata�e a la administraci�n p�blica, en este caso, una resoluci�n sobre conflictos con los trabajadores p�blicos (servidores). Este acto, como segundo aspecto, genera efectos jur�dicos, como la destituci�n del servidor p�blico y el pago o no de una indemnizaci�n. Como tercer aspecto, es unilateral, ya que solo depende de lo que se�ale la autoridad luego del proceso correspondiente. Este pronunciamiento afecta a los sujetos pasivos de la relaci�n administrativa, que se ven afectados en sus derechos laborales.

Cuando esto se presenta, los servidores pueden reclamar sus derechos, no en v�a de una garant�a constitucional sino en la v�a judicial, siendo esta, la v�a dentro del �mbito de lo contencioso administrativo, por lo que, tiene que seguir la acci�n en la v�a de un procedimiento ordinario, en vista que as� lo dispone el C�digo Org�nico General de Procesos, lo cual lo puede hacer por medio de una demanda subjetiva o de plena jurisdicci�n.��

Sobre este punto, el mismo C�digo Org�nico General de Procesos en su art�culo 300 se�ala lo siguiente sobre la jurisdicci�n contenciosa, no solo en el campo administrativo, sino en el campo tributario, en donde se se�ala lo siguiente en el art�culo 300:

Art. 300.- Objeto. Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativo previstas en la Constituci�n y en la ley, tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector p�blico sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo; as� como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relaci�n jur�dico tributaria o jur�dico administrativa, incluso la desviaci�n de poder. Cualquier reclamo administrativo se extinguir�, en sede administrativa, con la presentaci�n de la acci�n contencioso tributaria o contencioso administrativo. No ser�n admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contencioso tributarias o contencioso administrativas.

De conformidad con la Ley Org�nica de Servicio P�blico, en el art�culo 46, se�ala lo siguiente cuando un servidor p�blico ha sido suspendido o destituido, y se�ala claramente, que la v�a para reclamar su derecho es la contenciosa administrativa. Dicha norma se�ala lo siguiente:

Art. 46.- Acci�n contencioso administrativa. - La servidora o servidor suspendido o destituido, podr� demandar o recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos.

Por ende, queda claro que no se puede seguir una acci�n de protecci�n cuando se han vulnerado los derechos de los trabajadores cuando tienen, por mandato expreso de la norma jur�dica una acci�n especifica en el campo de la administraci�n, como lo es, la v�a judicial por medio del tr�mite contencioso administrativo.

Ahora bien, lo mismo sucede cuando se trata de la vulneraci�n de los derechos de los trabajadores, los cuales, as� mismo, por mandato expreso de la norma jur�dica, puesto que, ellos tienen, como ya se se�al�, no solo una v�a administrativa ante la inspector�a de trabajo o la direcci�n general del trabajo, sino que tambi�n, cuentan con una v�a judicial, esta es, la v�a para reclamar mediante procedimiento sumario los reclamos laborales ante los jueces de trabajo.�

Aspectos jur�dicos fundamentales sobre el derecho al trabajo en materia constitucional

Para resolver la pregunta acerca de la procedencia o no de la acci�n de protecci�n en lo referente a la violaci�n de los derechos laborales o el derecho al trabajo. Para dar respuesta a este problema se tiene que partir de lo que se�ala la CRE, en la que se�ala uno de los derechos que se tienen que observar y respetar siempre, el derecho a la seguridad jur�dica que establece que �El derecho a la seguridad jur�dica se fundamenta en el respeto a la Constituci�n y en la existencia de normas jur�dicas previas, claras, p�blicas y aplicadas por las autoridades competentes��(Ecuador, 2008). Y, sobre esta base, se tiene que determinar si los jueces que tienen la calidad de constitucionales pueden conocer y resolver los casos de acciones de protecci�n cuando se trata de derechos laborales, para lo cual, deben tener en cuenta que, dependiendo de la clase de trabajador, se pueden iniciar acciones ante la inspector�a de trabajo, los jueces de trabajo o ante los tribunales de lo contencioso � administrativo.

Sobre esta base, se se�ala que existen varios precedentes constitucionales, los mismos que se encuentran en varias sentencias, tales como: la N.� 451-12-EP y la N.� 1679-12-EP, en donde se resuelven casos relacionados a los derechos laborales, pero, se debe tener en cuenta si dichas sentencias u otras an�logas son aplicables a los casos concretos y espec�ficos, a pesar de lo que se�ala el art�culo 436, en su n�mero 1 de la CRE; as� como en el art�culo 3 de la LOGJCC, al se�alar que las sentencias que emite la Corte Constitucional se deben considerar como precedentes que constituyen como precedentes vinculantes con mayor peso, en vista que se trata de instancia constitucional del m�ximo tribunal de justicia en esa rama.

Sobre este punto, la Corte Constitucional, emiti� la sentencia identificada con el n�mero 109-11-IS/20, de donde se obtiene el siguiente precedente, en donde se se�ala:

Est� conectado �ntimamente con la motivaci�n de las decisiones judiciales�, puesto que, para obtener la regla del precedente, es imperativo distinguir la ratio decidendi, �o sea, el conjunto de razones que son esenciales para la justificaci�n de lo decidido�, de las �dem�s consideraciones contenidas en la motivaci�n� del fallo, esto es, de los obiter dicta; y luego identificar, �dentro de la ratio decidendi [�] su n�cleo, es decir, la regla en la que el decisor subsume los hechos del caso concreto para, inmediatamente, extraer la decisi�n.�(Derecho Laboral).

De ah� que, no necesariamente se puede determinar que una acci�n de protecci�n procede o no dentro de una determinada vulneraci�n de los derechos en forma absoluta, sino que se tiene que remitir a los hechos y a las pruebas aportadas, de ah� que, le corresponde al juez determinar si la acci�n de protecci�n presentada, efectivamente, establece la vulneraci�n de los derechos constitucionales ya sea por acci�n o por omisi�n del legitimado pasivo. En ese orden de cosas, la misma Corte Constitucional se�ala lo siguiente:

Si bien, todo precedente judicial en sentido estricto o regla de precedente radica en el n�cleo de una ratio decidendi, no todo n�cleo de una ratio decidendi constituye un precedente judicial en sentido estricto o regla de precedente. Para ello, es preciso que la regla cuya aplicaci�n decide directamente (subsuntivamente) el caso haya sido elaborada interpretativamente por el decisor y no meramente tomada del Derecho preexistente�(Derecho Laboral)

Por consiguiente, se presentan ciertos hechos en los cuales se tiene que revisar los procedentes constitucionales en los cuales se tiene que revisar en su integridad, porque, como lo se�ala la misma Corte Constitucional, no todo ratio decidendi se constituye en un precedente constitucional o judicial, sino que se tiene que observar el caso concreto dentro del cual se ha presentado la acci�n de protecci�n, de tal manera que pueden existir casos en los que se determinen que en ciertos casos si procede la acci�n de protecci�n, pero esto se debe� a que en ciertos casos, pueden existir ciertos elementos de car�cter excepcional por lo que se puede aceptar la misma por parte de los jueces.�(Derecho Laboral). por lo que no necesariamente se tiene que tomar en cuenta ciertas sentencias para resolver los casos que se presentan en el futuro.

De tal manera que se encuentran casos en los cuales se puede presentar la acci�n de protecci�n cuando hay vulneraci�n de los derechos laborales, pero cuando se presentan ciertos presupuestos que la Corte Constitucional estableci� en forma clara y concreta y que se tienen que respetar para los casos futuros, los cuales se los anota a continuaci�n:

La sentencia N. � 1679-12-EP/20 determin� que, por regla general, las impugnaciones de visto bueno corresponden a la jurisdicci�n laboral; sin embargo, establece dos supuestos excepcionales de procedencia de la acci�n de protecci�n en conflictos entre empleadores y trabajadores, a saber: (i) cuando los hechos demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado otros derechos m�s all� de los derechos laborales de los accionantes, como por ejemplo, situaciones de discriminaci�n, esclavitud, trabajo forzado o afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores; y, (ii) cuando exista la urgencia o necesidad de atender una situaci�n particular, convirtiendo en ineficaz a la v�a judicial ordinaria. Y se a�adi� que, al momento de evaluar si en el caso se configura alguna de las mencionadas excepciones, la jueza o juez constitucional deber� justificar motivadamente por qu� consider� que la v�a ordinaria no era adecuada y eficaz para proteger los derechos demandados.�(Derecho Laboral)

La Corte Constitucional es clara en se�alar que aunque se ha pronunciado en un sinn�mero de sentencias que los derechos laborales se tiene que resolver en las instancias correspondientes, ya sea en la v�a administrativa, en la judicial o en la contenciosa administrativa, en casos excepcionales se puede presentar mediate la v�a de la acci�n de protecci�n, cuando se han vulnerado los derechos laborales pero cuando a la par se han vulnerado otros derechos de los legitimados activos, como el derecho a la discriminaci�n, la esclavitud, el trabajo forzado, pero a esto se debe sumar como el derecho al buen vivir, el derecho a tener un est�ndar de vida o la vida digna.

Pero no se limita solo a eso, sino que tambi�n se encuentra otro de los requisitos para que la acci�n de protecci�n sea presentada cuando se vulnera el derecho al trabajo, como es lo relacionado a la urgencia o necesidad de atender una situaci�n particular, esto hace que la acci�n ordinaria y, no se diga, de la acci�n contenciosa � administrativa que duran algunos a�os, se tornen, efectivamente, como ineficaces. Por tal raz�n, se tiene que analizar los casos concretos y en forma individual, por lo que no todos los casos son similares, sino que se presentan con caracter�sticas diferentes que los hacen �nicos, de tal manera que no se tiene que rechazar la acci�n cuando se trate de derechos laborales sin analizar el contexto de la demanda respectiva y de la justificaci�n de las partes.�

Sentencias de la Corte Constitucional

No se puede culminar el desarrollo de un trabajo sobre un tema tan importante como este, en vista que existe un derecho que tiene que ser garantizado por parte del Estado, y este derecho que es el trabajo representa un tema objeto de mucho an�lisis, en vista que siempre est� sujeto a todo tipo de vulneraciones por parte de los empleadores.

El derecho al trabajo que tienen todas las personas es de capital importancia, porque es el motor de la econom�a, no solo de la persona, sino de la familia y de la sociedad en general. No es menos cierto que este derecho como se lo establece y se lo reconoce en los actuales momentos, es el resultado de luchas sociales que se dieron a lo largo de la historia y a nivel mundial, fruto de esto es el reconocimiento en el art�culo 23 de la Declaraci�n de los Derechos Humanos, en donde toda persona puede elegir la tarea a realizar, a que sea remunerada, adem�s, que sea digna.

En el Ecuador, desde el a�o 2008, este derecho se encuentra fortalecido, no solo por el hecho de su reconocimiento en s�, sino porque se encuentra concatenado con otros derechos, como el llamado sumak kawsay o derecho al buen vivir, con lo que se reconoce que el trabajo, no solo es un derecho, sino que, adem�s, es un deber social que lo debe cumplir el Estado por medio de sus instituciones, tal como lo se�ala el art�culo 33 de la CRE, pero no solo se limita a eso, sino que tambi�n se garantiza una vida decorosa, una vida con una verdadera justicia en el normal desarrollo de la persona y su progreso a nivel personal.

Se debe tonar en cuenta que los derechos dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, no son simple enunciados que puedan ser vulnerados por las personas y menos por el mismo Estado, por eso se encuentran contemplados una serie de principios y valores que forman parte de su integridad. Como, por ejemplo, se tiene que respetar el derecho al trabajo sobre la base del principio de la igualdad, es decir, que no est� permitida la discriminaci�n en ninguna forma, ni de remuneraci�n o condici�n.

Otro de los principios es el de favorabilidad, de tal manera que, si existen disposiciones diferentes que atenta alguna de ella contra el derecho de los trabajadores, se tiene que aplicar la que m�s favorezca a estos. Es as� que si una norma va en contra de lo que otra se�ala un derecho que beneficia a los trabajadores, se aplicar� esta por encima de la otra, lo que cual tambi�n se traduce en el principio in dubio pro operario, en donde, adem�s, toda norma jur�dica se tiene que aplicar en el sentido que m�s favorezca a los trabajadores, m�s a�n, cuando existen tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos de los trabajadores y que se tienen que aplicar� de acuerdo con el llamado bloque de constitucionalidad y de la aplicaci�n del principio de convencionalidad.

Existe un derecho que se tiene que respetar por parte de todas las personas, no solo los empleadores sino de las autoridades estatales, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, de tal maneta que es nula toda estipulaci�n en contrario, en caso de que esta exista en un contrato, esta no puede ser tomada en cuenta.

Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia No. 061-15-SEP-CC, caso No. 1661-12-EP.- sostiene que �se observa que la sentencia objeto de la presente acci�n carece de la debida l�gica, al haberse ventilado un tema eminentemente legal como lo es la homologaci�n salarial, v�a acci�n de protecci�n, lo cual desnaturaliza el fin de la garant�a jurisdiccional�.

Criterio que es concordante y de aplicaci�n obligatoria, mantenido en la Sentencia Constitucional No. 234-16-SEP-CC.- Caso NO. 0771-10. EP; publicado en el Registro Oficial No. 872 � Segundo Suplemento; del viernes 28 de octubre del 2016; la misma que en su parte atinente, establece:�

Ahora bien, de lo manifestado por el Organismo, se demuestra que habr� circunstancias en la pr�ctica que obligatoriamente impongan a la operadora jur�dica la necesidad de realizar una diferenciaci�n ante situaciones distintas que evidencien que la situaci�n de cada uno de los titulares del derecho es particular seg�n el caso concreto.

En este sentido, la igualdad formal implicar� avanzar hacia el reconocimiento de la igualdad material, que deja abierta la posibilidad de realizar un trato diferenciado como una de las medidas en la b�squeda de un trato igualitario. Es decir, se debe entender que en las distintas actividades realizadas por las personas se generan diferenciaciones en roles competenciales y en aplicaciones de disposiciones normativas generales.

Las acciones que se reconocen en la Constituci�n de la Rep�blica y que se las ejerce por medio de las garant�as jurisdiccionales como la acci�n de protecci�n, no es la adecuada para exigir el respeto de los derechos en materia laboral, en vista que, para exigir a los jueces que declaren la vulneraci�n de derechos por parte de las empresas, patronos o del Estado como ente empleador, existen las acciones apropiadas como son, las acciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo, adem�s, de los jueces de Trabajo que dependen de la Funci�n Judicial, por medio de las denuncias administrativas y de las acciones judiciales que desembocan en procesos que deben resolverse en sentencia.�

 

Ep�grafes vinculados a la metodolog�a y a la discusi�n de resultados.

En lo que respecta a este punto, se tiene que se�alar que el presente trabajo de investigaci�n se lo realizada sobre la base de una fuente primaria que es la bibliogr�fica � documental, en vista que este estudio parte de que se extrae de las fuentes escritas en libros especializados, con autores que se han capacitado en los temas, que analizan los problemas que se deriva de las acciones de protecci�n que se han presentado para exigir derecho laborales, lo cual no es la esencia y se desnaturaliza a las garant�as jurisdiccionales.

Se analizar� y se aplicar� la casu�stica, en vista que, con ejemplos pr�cticos y reales, se demostrar� que existen varias persas que reclaman derechos laborales, pero que, en lugar de hacer su reclamo por medio de la denuncia dirigida a los inspectores de trabajo, o, de seguir las acciones judiciales por medio de su demanda de trabajo, lo hacen por medio de la acci�n de protecci�n, la cual tiene un distinto objetivo al se�alado por la misma Constituci�n de la Rep�blica.

Con el uso de una correcta metodolog�a, en la que se podr� en pr�ctica le m�todo exeg�tico, se podr� dar cuenta que la acci�n de protecci�n tiene una sola finalidad, la misma es la de amparar en forma directa y eficaz los derechos reconocidos por la norma suprema, pero que esta tiene que interponerse cuando exista una vulneraci�n de los derechos constitucionales, pero para presentar esta acci�n se tendr� que verificar, adem�s, la norma legal, como es la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se�ala que el acto puede ser impugnado por v�a judicial.

Y, en las controversias judiciales se observa, de acuerdo con el C�digo del Trabajo, no solo existe una v�a judicial, sino una v�a judicial que permite que las controversias sean reclamadas por una v�a distinta que no sea la constitucional, por ende, cuando se reclaman derechos laborales por medio de acciones constitucionales como la acci�n de protecci�n no es viable y, aparte que se desnaturaliza a este tipo de acci�n, no es la apropiada para ello, de tal manera que los jueces cuando la conceden, al llegar a su revisi�n o llegar por medio de una acci�n extraordinaria de protecci�n ante la Corte Constitucional, esta les llama severamente la atenci�n, porque no es el medio indicado.��

Metodolog�a

La metodolog�a usada para el presente caso no fue de campo, sino que se remiti� exclusivamente a la bibliogr�fica y documental, en vista que para obtener los resultados obtenidos en la presente investigaci�n se recurri� a todas las fuentes documentales que se refer�an al tema en menci�n, para lo cual, se encontr� textos doctrinarios, art�culos cient�ficos, sentencias de la Corte Constitucional, con las cuales se fundament� el informe final.

La investigaci�n documental es aqu�lla que se realiza a partir de la informaci�n hallada en documentos de cualquier especie, como fuentes bibliogr�ficas, hemerogr�ficas o archiv�sticas.�(CUAED, 2020). A esto se unieron las fuentes digitales, como diversos art�culos encontrados en la Internet, que permitieron obtener informaci�n importante para el desarrollo del trabajo.

Con este tipo de investigaci�n, lo que se pretende es que el investigador puede desarrollar su capacidad de an�lisis y comprensi�n del mundo que le rodea dentro del �mbito jur�dico y que puede investigar problemas que tienen una soluci�n dentro del marzo del derecho positivo pero que hay que considerar los aportes de la Corte Constitucional como creadora permanente de derecho.�

Adem�s, el tipo de investigaci�n se concentra en la llamada cualitativa, porque se fundamenta en la exploraci�n de todo lo concerniente al �mbito del derecho al trabajo�(L�pez &, 2015), as� como de su procedencia dentro de una acci�n de protecci�n, poque se determin� que no todas las vulneraciones al derecho al trabajo pueden ser reclamadas mediante la v�a constitucional (acci�n de protecci�n ), sino que se tienen que ajustar a las diversas v�as judiciales y administrativas, como los inspectores de trabajos, los jueces de trabajo o los tribunales de lo contencioso -administrativo.

La presente investigaci�n no es experimental, puesto que se centr� en el tema -problema de investigaci�n por medio de las recolecci�n de informaci�n referente a la vulneraci�n del derecho al trabajo, las acciones que sobre esta posibilidad se pueden seguir, cu�l es la v�a m�s id�nea, y no equivocarse en las acciones porque esto puede acarrear la p�rdida de derecho de parte del trabajador, porque las acciones para reclamar derechos laborales se tiene que plantear en cierto tiempo, si no se lo hace, las acciones prescriben.

Y la investigaci�n que prest� las facilidades para analizar el tema planteado fue la investigaci�n cualitativa con la revisi�n de la bibliograf�a y documentos relacionados con el tema y cuyo resultado se encuentra plasmado en el presente informe, con las correspondientes conclusiones que se encuentran al final del mismo.�

Discusi�n

Se debe empezar por una base de an�lisis que se�ala: la acci�n de protecci�n, por regla general no es la apropiada para reclamar derechos laborales; si esta es la regla general debe haber excepciones, por ende, hay que se�alar cu�les son las mismas, para poder sacar las excepciones que se redactan al final del trabajo de investigaci�n.

En la Sentencia 556-20-EP/24, dictada por parte de la Corte Constitucional, determin�, entre otros aspectos, los siguientes: que los cargos centrales del accionante que reclamaba haberes laborales por medio de una acci�n de protecci�n, inobservaron un precedente de la Corte Constitucional relacionado con la carga de la argumentaci�n de los jueces y juezas constitucionales para determinar la v�a id�nea para resolver la controversia en materia laboral, la misma que no es una acci�n constitucional.

Haciendo uso de sus potestades, los jueces de la Corte Constitucional, al analizar los pedidos de reclamos laborales por medio de la acci�n de protecci�n, determinaron que la v�a efectiva seg�n la regla general establecida en la sentencia 2006-18-EP/24, por ende, cuando se reclama estos derechos por medio de una acci�n jurisdiccional se tiene que desestimar la misma, porque no es la v�a id�nea, pues, existen otras.

En lo relacionado con los reclamos laborales en contra del Estado, se tiene que, tomar en cuenta sentencias que ya fueron determinados, conocidos y solucionados por parte del m�ximo organismo de justicia constitucional, que se�ala:

i)                Explicar por qu� la v�a contencioso-administrativa ser�a adecuada y eficaz para resolver el caso concreto a la luz de las circunstancias espec�ficas que lo rodean;

ii)              Examinar si el caso se enmarca en uno de los supuestos previstos en la sentencia 2006-18-EP/24 para que proceda la acci�n de protecci�n en un conflicto laboral con el Estado (i.e. deben razonar si el caso se refiere o no a asuntos que comprometan notoria o gravemente la dignidad o autonom�a del servidor o servidora, como por ejemplo en casos de evidente discriminaci�n, o casos excepcionales que por las circunstancias que los rodeen requieran una respuesta urgente); y,

iii)             Si identifican que el caso se enmarca en un supuesto de excepci�n, deben concluir que la AP es la v�a adecuada y eficaz y pronunciarse sobre las vulneraciones de derechos alegadas. � cuando se reclaman derechos en contra del Estado es la v�a contenciosa � administrativa.

Por otro lado, las sentencias, 224-23-JP/24, caso 224-23-JP, 31 de enero de 2024, p�rrs. 79 � 80, determinaron lo siguiente, de que la acci�n de protecci�n no es la adecuada para proceder a reclamar los derechos laborales, porque para ello, se cuenta con las v�as administrativas y judiciales efectivas:

68. En primer lugar, como ya se mencion�, la v�a laboral ordinaria es adecuada para la reparaci�n de derechos laborales ya que ha sido dise�ada espec�ficamente para salvaguardar los derechos del trabajador y equiparar su situaci�n a la de su empleador. Sin embargo, pueden existir controversias que tienen en su origen un conflicto laboral en el cual se ha emitido una resoluci�n de visto bueno, pero las actuaciones en contra de los trabajadores han afectado otro tipo de derechos. Esto ocurrir�a en casos tales como situaciones de discriminaci�n, esclavitud o trabajo forzado, afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajado-res y, en general, cuando los hechos demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado otros derechos m�s all� de los derechos laborales de los accionantes. Es decir, cuando las pretensiones escapen de la mera determinaci�n de haberes patrimoniales.

69. En segundo lugar, pueden existir situaciones f�cticas excepcionales que conviertan a la v�a laboral ordinaria en ineficaz. As�, la urgencia o necesidad emergente de atender una situaci�n particular podr�an determinar la ineficacia de la v�a ordinaria para la tutela de un derecho.

70. Adicionalmente, se debe considerar que, si el juez o jueza al analizar el caso considera que efectivamente se requiere la intervenci�n de la justicia constitucional, entonces tiene la obligaci�n de justificar motivadamente por qu� consider� que la v�a ordinaria no era la adecuada y eficaz para proteger los derechos demandados.

Pero ahora se debe determinar en qu� casos se puede demandar por derechos laborales y que proceda la acci�n de protecci�n, como cuando el trabajador est� siendo obligado a laborar en forma forzada, con explotaci�n personal, afectando su vida digna, tal como lo se�ala el art�culo 84-15-IN/20.

Otro caso en el que cabe la acci�n de protecci�n para reclamar los derechos laborales tiene que cono base el derecho al trabajo, pero unido a la vulneraci�n de otro derecho como lo es la estabilidad reforzada, cuando se trata de una persona con discapacidad, que tiene derecho a la permanencia en su puesto de trabajo y que se extiende a las personas que se encuentren a cargo de su cuidado y protecci�n, tal como lo dispone la sentencia n�mero: 1067-17-EP/20.

Conclusiones

�En el Ecuador se tiene un Estado constitucional de derechos y justicia, el mismo que reconoce una gama de derechos, pero no solo en forma declarativa y l�rica, sino que los fortalece al establecer una serie de garant�as y valores para su mejor aplicaci�n dentro del marco social y laboral; pero no solo eso, sino que establece una serie de principios como mandatos de optimizaci�n para su mejor aplicaci�n.

Existe una realidad que no se la puede negar y es el hecho que en el �mbito de nuestra sociedad se vulneran de varias maneras los derechos de los trabajadores, como la discriminaci�n, la falta de pago, la igualdad entre los mismos trabajadores. Esto hace que los trabajadores tengan que iniciar las acciones correspondientes, ya sea ante el Ministerio de Trabajo, ante las unidades judiciales ordinarias, no mediante acciones de protecci�n, las mismas est�n vedadas para este tipo de casos.

La raz�n es simple, a LOGJCC, en el art�culo 42, n�mero 4, claramente se�ala que la acci�n de protecci�n no puede ser planteada mediante una acci�n de protecci�n porque el acto administrativo o la acci�n para reclamar derechos laborales tiene una v�a id�nea, como son las denuncias ante el Ministerio de Trabajo o las demandas ante los jueces de trabajo competentes.

Pero existen acciones de protecci�n que se pueden presentar cuando se vulneran los derechos laborales, pero son el casos excepcionales y cuando se verifique que son la consecuencia de la vulneraci�n de otros derechos como la vida digna, como la vulneraci�n al buen vivir, cuando hay explotaci�n laboral, trabajo de menores de edad, como ni�os, o el trabajo en condiciones degradantes, solo en estos casos puede proceder la acci�n de protecci�n y el juez tiene que valorar caso por caso y con las pruebas aportadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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