����������������������������������������������������������������������������������

 

 

Efectividad de los recursos de amparo en la protecci�n de los derechos fundamentales

 

Effectiveness of amparo remedies in the protection of fundamental rights

 

Efic�cia dos recursos de apoio na prote��o dos direitos fundamentais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: bismark.velez@uleam.edu.ec

 

 

Ciencias Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de mayo de 2025 *Aceptado: 02 de junio de 2025 * Publicado: �04 de julio de 2025

 

       I.          Mag�ster en Gerencia Educativa, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, T�cnico Superior Programaci�n de Sistemas, Investigador Independiente, Manta, Ecuador.

 

Resumen

En Ecuador, la figura del "recurso de amparo" ha evolucionado hacia lo que la Constituci�n de 2008 denomina Acci�n de Protecci�n. Esta es la principal garant�a jurisdiccional para la tutela directa e inmediata de los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci�n y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su objetivo primordial no es solo declarar la vulneraci�n de un derecho, sino tambi�n lograr su restituci�n integral y, si aplica, la reparaci�n de los da�os. La Acci�n de Protecci�n en Ecuador es una garant�a jurisdiccional robusta en su dise�o normativo, fundamental para la protecci�n de los derechos fundamentales. Sin embargo, su efectividad plena sigue siendo un reto, particularmente en la fase de ejecuci�n de las sentencias y la efectiva restituci�n de los derechos vulnerados, lo que requiere un seguimiento constante y la identificaci�n de los factores que limitan o potencian su impacto real en la vida de los ciudadanos.

Palabras Clave: Recurso de amparo; Constituci�n; Acci�n de Protecci�n; jurisdiccional; tutela; vulneraci�n; derecho; sentencias; efectiva; ciudadanos.

 

Abstract

In Ecuador, the concept of "recurso de amparo" (recourse for protection) has evolved into what the 2008 Constitution calls a "Acci�n de Protecci�n" (Action for Protection). This is the main judicial guarantee for the direct and immediate protection of fundamental rights recognized in the Constitution and international human rights instruments. Its primary objective is not only to declare the violation of a right, but also to achieve its full restitution and, if applicable, reparation for damages. The Accion de Protecci�n (Action for Protection) in Ecuador is a judicial guarantee robust in its normative design, fundamental for the protection of fundamental rights. However, its full effectiveness remains a challenge, particularly in the phase of enforcement of judgments and the effective restitution of violated rights, which requires constant monitoring and the identification of the factors that limit or enhance its real impact on the lives of citizens.

Keywords: Appeal for protection; Constitution; Protection Action; jurisdictional; guardianship; violation; right; judgments; effective; citizens.

 

Resumo

No Equador, o conceito de "recurso de amparo" (recurso de prote��o) evoluiu para aquilo a que a Constitui��o de 2008 chama "A��o de Prote��o". Esta � a principal garantia judicial para a prote��o direta e imediata dos direitos fundamentais reconhecidos na Constitui��o e nos instrumentos internacionais de direitos humanos. O seu principal objectivo n�o � apenas declarar a viola��o de um direito, mas tamb�m obter a sua restitui��o integral e, se for caso disso, a repara��o dos danos. A A��o de Prote��o no Equador � uma garantia judicial robusta no seu desenho normativo, fundamental para a prote��o dos direitos fundamentais. No entanto, a sua plena efic�cia continua a ser um desafio, particularmente na fase de execu��o de senten�as e na efetiva restitui��o dos direitos violados, o que exige uma monitoriza��o constante e a identifica��o dos fatores que limitam ou potenciam o seu real impacto na vida dos cidad�os.

Palavras-chave: Apelo de prote��o; Constitui��o; A��o de prote��o; jurisdicional; tutela; viola��o; direito; julgamentos; eficaz; cidad�os.

 

Introducci�n

La evoluci�n del constitucionalismo moderno ha consolidado la noci�n de los derechos fundamentales como pilares ineludibles de cualquier Estado democr�tico. M�s all� de su mera enunciaci�n en los textos normativos, la verdadera concreci�n de estos derechos radica en la existencia y operatividad de mecanismos judiciales que garanticen su protecci�n efectiva y su pronta restituci�n ante cualquier vulneraci�n. En el caso ecuatoriano, la Constituci�n de la Rep�blica de 2008 marc� un hito al instituir un modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en el que la dignidad humana y los derechos fundamentales se erigen como el centro del ordenamiento jur�dico. En este contexto, la Acci�n de Protecci�n, heredera y superadora de lo que en otras latitudes se conoce como Recurso de Amparo, fue concebida como la garant�a jurisdiccional por excelencia para la tutela directa, eficaz y expedita de todos los derechos reconocidos en la Constituci�n y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La promesa constitucional de un acceso r�pido y sencillo a la justicia para la defensa de los derechos, as� como la expectativa de una restituci�n integral de aquellos que han sido conculcados, confieren a la Acci�n de Protecci�n un rol crucial en la consolidaci�n del Estado de Derecho en Ecuador. Sin embargo, la brecha entre el ideal normativo y la realidad pr�ctica es un desaf�o constante en el �mbito de la justicia. La efectividad de un mecanismo de protecci�n no se mide �nicamente por la cantidad de sentencias favorables emitidas, sino fundamentalmente por su capacidad para traducir esas decisiones judiciales en una restituci�n material y efectiva del derecho vulnerado, logrando as� que la persona afectada vea su situaci�n restablecida al estado anterior a la violaci�n o, en su defecto, obtenga una reparaci�n integral.

El presente trabajo de investigaci�n se adentra en el an�lisis cr�tico de la efectividad de la Acci�n de Protecci�n en la restituci�n de los derechos fundamentales en Ecuador. Partiendo de la premisa de que una sentencia favorable que no se cumple o cuya ejecuci�n se dilata indefinidamente es una justicia incompleta, nos proponemos indagar en qu� medida las decisiones judiciales en este tipo de procesos logran efectivamente subsanar la vulneraci�n y garantizar el pleno goce del derecho. Se explorar�n no solo los porcentajes de sentencias que resultan en una efectiva restituci�n, sino tambi�n los diversos factores que inciden en este proceso: desde la naturaleza del derecho vulnerado y el tipo de autoridad o particular demandado, hasta la calidad de la prueba presentada y la formulaci�n de las �rdenes judiciales.

A trav�s de un an�lisis que combinar� la revisi�n de la doctrina, la normativa vigente y la jurisprudencia, junto con una perspectiva cr�tica de la aplicaci�n pr�ctica, esta investigaci�n busca identificar los aciertos, los desaf�os y las posibles limitaciones que enfrenta la Acci�n de Protecci�n en su objetivo primordial de ser un instrumento de tutela efectiva. El fin �ltimo es contribuir al debate sobre la optimizaci�n de esta garant�a jurisdiccional, fortaleciendo as� la protecci�n real de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el Ecuador.

 

PROBLEMA DE� INVESTIGACI�N

El recurso de amparo, consagrado en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador y desarrollado en la legislaci�n secundaria, se erige como una garant�a jurisdiccional fundamental destinada a la protecci�n inmediata y efectiva de los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su prop�sito es salvaguardar a los ciudadanos de acciones u omisiones de cualquier autoridad p�blica no judicial, o de particulares, que vulneren o amenacen con vulnerar sus derechos fundamentales. Su naturaleza expedita y sumaria busca ofrecer una respuesta judicial r�pida y eficaz ante la vulneraci�n de derechos.

A pesar de la relevancia te�rica y constitucional del recurso de amparo como mecanismo de protecci�n, en la pr�ctica ecuatoriana surgen interrogantes significativas sobre su verdadera efectividad. Si bien existe una profusa jurisprudencia y un acceso formal al recurso, la percepci�n y la realidad de su impacto en la protecci�n real de los derechos fundamentales son objeto de debate y preocupaci�n.

Contrariamente a �la robusta configuraci�n constitucional y legal de la acci�n de protecci�n, existe una percepci�n generalizada, tanto en la academia como en la pr�ctica jur�dica y en la ciudadan�a, de que su efectividad en la protecci�n real y material de los derechos fundamentales presenta desaf�os significativos.

En Ecuador, la Constituci�n de 2008 constituy� la Acci�n de Protecci�n como la garant�a jurisdiccional por excelencia para la tutela directa y eficaz de los derechos fundamentales. Su dise�o normativo persigue no solo la declaratoria de una vulneraci�n, sino, primordialmente, la restituci�n integral del derecho vulnerado y la reparaci�n de los perjuicios ocasionados. Este mandato constitucional es claro en su prop�sito de asegurar que los derechos no sean solo declaraciones te�ricas, sino realidades tangibles para los ciudadanos.

Sin embargo, la efectividad de este mecanismo en la pr�ctica no siempre es evidente. A pesar de la existencia de un n�mero considerable de sentencias favorables a los accionantes, surge la interrogante crucial sobre la medida en que estas decisiones judiciales se traducen en una restituci�n efectiva y oportuna del derecho fundamental conculcado. La sola existencia de una sentencia que declara la vulneraci�n de un derecho no garantiza que la situaci�n f�ctica del accionante se modifique de manera sustantiva y favorable, ni que la autoridad o particular demandado cumpla cabalmente con lo ordenado por el juzgador.

La percepci�n generalizada, tanto en la academia como en la pr�ctica forense, sugiere que persisten desaf�os significativos en la fase de ejecuci�n de las sentencias de Acci�n de Protecci�n. Estos desaf�os pueden manifestarse en diversas formas: dilaciones injustificadas en el cumplimiento, cumplimiento parcial o defectuoso, resistencias por parte de las autoridades p�blicas o privados, o incluso la imposibilidad material de restituir el derecho en su totalidad debido a la naturaleza del bien jur�dico afectado o a la tardanza en la tramitaci�n del proceso.

La falta de una comprensi�n clara sobre el porcentaje real de sentencias favorables en Acciones de Protecci�n que culminan en una efectiva restituci�n del derecho vulnerado genera una incertidumbre que puede minar la confianza ciudadana en el sistema de justicia constitucional. Si un alto n�mero de sentencias favorables no se traduce en la materializaci�n del derecho, la Acci�n de Protecci�n corre el riesgo de convertirse en un mismo formalismo procesal, desvirtuando su prop�sito esencial.

Asimismo, es fundamental indagar sobre los factores que inciden en la efectividad de estas sentencias, como ser�a� el tipo de derecho vulnerado como por ejemplo, derechos econ�micos, sociales y culturales frente a derechos de libertad si son un determinante en la facilidad o dificultad de su restituci�n o� si la naturaleza de la autoridad demandada como los ministerios, gobiernos aut�nomos descentralizados, empresas p�blicas, o incluso particulares influyen en la voluntad y capacidad de cumplimiento�� y si la calidad y solidez de la prueba presentada durante el proceso incide directamente en la capacidad del juez para emitir una orden de restituci�n clara, precisa y ejecutable� y la especificidad y el nivel de detalle de la parte resolutiva de la sentencia son cruciales para su efectiva implementaci�n.

Sin un an�lisis sistem�tico y emp�rico de estos aspectos, es dif�cil identificar las deficiencias estructurales o procedimentales que limitan la eficacia de la Acci�n de Protecci�n como garant�a de restituci�n de derechos. Una investigaci�n profunda en esta �rea permitir� no solo cuantificar el grado de efectividad, sino tambi�n identificar los puntos en un proceso o sistema que restringe el flujo y reduce la eficiencia general y las buenas pr�cticas que podr�an fortalecer la tutela judicial efectiva y asegurar que la Acci�n de Protecci�n cumpla plenamente con su rol constitucional de protecci�n integral de los derechos fundamentales en Ecuador.

Luego de lo anterior expuesto se puede concluir que la relevancia de este problema radica en que la inefectividad de la acci�n de protecci�n socava los pilares del estado constitucional de derechos, genera desconfianza en el sistema de justicia, perpet�a la vulneraci�n de derechos fundamentales, y puede conducir a la impunidad de quienes los transgreden. Si la principal herramienta procesal para la defensa de los derechos no funciona adecuadamente, la promesa constitucional de protecci�n se convierte en letra muerta para amplios sectores de la poblaci�n. Este planteamiento busca sentar las bases para una investigaci�n profunda que analice las causas y consecuencias de la brecha entre el dise�o normativo ideal y la aplicaci�n pr�ctica de la acci�n de protecci�n en Ecuador. Con base en lo anterior, una pregunta de investigaci�n preliminar podr�a ser:

"�Cu�les son los principales factores jur�dicos, procesales e institucionales que limitan la efectividad de la acci�n de protecci�n en la tutela de los derechos fundamentales en Ecuador, y qu� impacto tienen estos factores en la garant�a real de acceso a la justicia y la reparaci�n integral de las v�ctimas?"

 

 

 

 

MARCO TE�RICO

Este marco te�rico proporcionar� las herramientas conceptuales y anal�ticas necesarias para evaluar la eficacia de la Acci�n de Protecci�n en la restituci�n de derechos fundamentales en Ecuador, permitiendo un an�lisis cr�tico y fundamentado de los datos emp�ricos que se recojan.

Estado Constitucional de Derechos y Justicia en Ecuador:

Fundamento normativo de la Acci�n de Protecci�n: La Constituci�n ecuatoriana de 2008, en su T�tulo II, "Derechos", y T�tulo III, "Garant�as Constitucionales", establece un modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Esto implica que la Constituci�n es la norma suprema, directamente aplicable, y los derechos fundamentales tienen primac�a y eficacia directa, incluso en las relaciones entre particulares (eficacia horizontal o Drittwirkung). La Acci�n de Protecci�n (Art. 88 y ss. CRE; Art. 39 y ss. LOGJCC) es la manifestaci�n procesal de esta concepci�n. Esta concepci�n se distancia de modelos meramente legalistas o formales, postulando que la Constituci�n es la norma suprema con eficacia directa y vinculante para todos los poderes p�blicos y los particulares.

Supremac�a Constitucional y Jerarqu�a Normativa: En este modelo, la Constituci�n no es solo un conjunto de principios pol�ticos, sino una verdadera "norma de normas" que irradia su contenido a todo el ordenamiento jur�dico. La efectividad de la Acci�n de Protecci�n depende de que los operadores de justicia internalicen esta supremac�a y la apliquen activamente para garantizar la primac�a de los derechos.

Eficacia Directa de los Derechos: Los derechos fundamentales no requieren de una ley que los desarrolle para ser exigibles. Son directamente aplicables y vinculantes, incluso en las relaciones entre particulares (eficacia horizontal o Drittwirkung), lo que ampl�a el �mbito de protecci�n de la Acci�n de Protecci�n.

Principio Pro Homine/Pro Persona: Este principio, medular en el neoconstitucionalismo, orienta la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas de derechos humanos. Ante varias opciones interpretativas, se debe optar por aquella que mejor garantice el ejercicio de los derechos, reforzando el papel activo del juez en la tutela.

Garantismo Constitucional (Luigi Ferrajoli): Aunque no exclusivo de Ecuador, el garantismo ofrece una lente para analizar si la Acci�n de Protecci�n logra su objetivo de limitar el poder y asegurar el cumplimiento de los derechos. Se enfoca en la necesidad de garant�as primarias (obligaciones y prohibiciones para el poder) y garant�as secundarias (mecanismos procesales como la Acci�n de Protecci�n) para la protecci�n efectiva. La efectividad de la Acci�n de Protecci�n reside en su capacidad para reducir la "discrecionalidad" del poder y asegurar la "ley del m�s d�bil".

Deber de protecci�n y garant�a estatal: El Estado ecuatoriano asume el deber de proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Esto no se limita al reconocimiento formal, sino que implica una obligaci�n positiva de generar mecanismos efectivos para su tutela y restituci�n.

Rol del juez constitucional: En el neoconstitucionalismo, el juez deja de ser un mero aplicador de la ley para convertirse en un garante activo de los derechos fundamentales. Esto implica un rol interpretativo pro-persona, la posibilidad de dictar sentencias con efectos erga omnes en ciertos casos, y la exigencia de una tutela judicial efectiva.

 

Teor�a de los Derechos Fundamentales y su Car�cter Restitutivo:

La comprensi�n de los derechos fundamentales es esencial, no solo en su reconocimiento, sino en su capacidad de restituci�n.

Concepto y clasificaci�n de los derechos: Comprender la naturaleza de los derechos civiles y pol�ticos, econ�micos, sociales y culturales, y los derechos de la naturaleza (peculiaridad ecuatoriana), y c�mo su especificidad puede influir en la forma y posibilidad de su restituci�n.

Principios de interpretaci�n y aplicaci�n de los derechos: El principio pro homine (o pro persona), el principio de favorabilidad, el principio de progresividad y no regresividad, y el principio de igualdad y no discriminaci�n, son fundamentales para una correcta valoraci�n de la efectividad de las sentencias.

Derechos y Bienes Jur�dicos Protegidos: Cada derecho fundamental (vida, salud, educaci�n, trabajo, libertad, debido proceso, etc.) protege un bien jur�dico espec�fico. La naturaleza de este bien jur�dico impacta directamente en la viabilidad y complejidad de su restituci�n. Por ejemplo, restituir el derecho a la salud puede implicar la provisi�n de un medicamento o una cirug�a, mientras que restituir la libertad de expresi�n puede requerir la eliminaci�n de una censura.

Contenido Esencial de los Derechos: La doctrina del contenido esencial busca delimitar el n�cleo irreductible de un derecho que no puede ser menoscabado. La restituci�n debe apuntar a restaurar este contenido esencial, asegurando que el derecho recupere su funcionalidad plena.

Dimensi�n Objetiva y Subjetiva de los Derechos: Los derechos tienen una dimensi�n subjetiva (facultades que corresponden al titular) y una dimensi�n objetiva (valores que informan todo el ordenamiento jur�dico). La efectividad de la Acci�n de Protecci�n debe apuntar no solo a la satisfacci�n del inter�s individual, sino tambi�n a la reafirmaci�n del valor objetivo del derecho en la sociedad.

Interdependencia e Indivisibilidad de los Derechos: Los derechos fundamentales no operan de forma aislada. La vulneraci�n de uno puede afectar a otros. La restituci�n efectiva debe considerar esta interconexi�n y procurar una reparaci�n integral.

 

La Tutela Judicial Efectiva y el Derecho al Recurso Efectivo:

La "efectividad" es el concepto central de la investigaci�n, y se ancla directamente en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE) y al recurso efectivo (Art. 25 CADH).

Est�ndares internacionales: La investigaci�n debe apoyarse en el Art. 25 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que establece el derecho a un recurso sencillo, r�pido y efectivo para la protecci�n contra actos que violen derechos fundamentales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la efectividad de los recursos es una fuente indispensable.

Teor�as sobre la eficacia de las decisiones judiciales: An�lisis de autores que abordan la brecha entre la norma (sentencia) y su aplicaci�n real. Se puede explorar la teor�a de la implementaci�n de pol�ticas p�blicas y c�mo las decisiones judiciales act�an como mandatos de pol�tica.

Acceso a la Justicia: La posibilidad real de interponer la acci�n, sin obst�culos formales o materiales excesivos.La efectividad inicia con la posibilidad real de acceder al mecanismo de protecci�n. Esto implica ausencia de formalismos excesivos, gratuidad, cercan�a geogr�fica y conocimiento del recurso por parte de la poblaci�n.

Proceso con Debidas Garant�as: Una vez accedido, el proceso debe ser sustanciado de manera �gil, con respeto al debido proceso, la imparcialidad del juzgador y la posibilidad de presentar pruebas y alegatos. Un proceso justo, imparcial y sin dilaciones indebidas.

Sentencia Justa y Motivada: La sentencia debe ser clara, congruente, bien fundamentada y, crucialmente, debe contener �rdenes de restituci�n que sean concretas y ejecutables.

Ejecuci�n de Sentencias: Es la dimensi�n m�s relevante para esta investigaci�n. Implica que la decisi�n judicial se materialice en la realidad, logrando la restituci�n del derecho vulnerado y, si aplica, la reparaci�n integral. Esta es la piedra angular de la "efectividad" en la restituci�n. No basta con una sentencia favorable; es imperativo que lo ordenado por el juez se materialice en la realidad. Aqu� entran en juego los desaf�os relacionados con:

Coerci�n y Cumplimiento: Los mecanismos legales para asegurar el cumplimiento (multas, destituciones, intervenci�n de la fuerza p�blica, etc.) y su aplicaci�n real por parte de los jueces.

Resistencia al Cumplimiento: Factores que llevan a la resistencia de las autoridades o particulares demandados (burocracia, falta de recursos, voluntad pol�tica, desconocimiento, etc.).

Mecanismos de Seguimiento: La importancia de que el juez no se desentienda del caso una vez dictada la sentencia, sino que realice un seguimiento activo de su cumplimiento. La Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) establece un procedimiento para el seguimiento y cumplimiento de las sentencias (Art. 21 y ss. LOGJCC).

Acci�n de Incumplimiento: La existencia de un mecanismo adicional, la Acci�n de Incumplimiento (Art. 163 CRE; Art. 163 LOGJCC), ante la Corte Constitucional, para asegurar el cumplimiento de las sentencias constitucionales. Sin embargo, su efectividad tambi�n debe ser analizada.

 

Teor�a del Proceso Constitucional y las Garant�as Jurisdiccionales:

Naturaleza jur�dica de la Acci�n de Protecci�n: Distinguirla de otros procesos ordinarios y enfatizar su car�cter subsidiario y expedito, dise�ado para la protecci�n inmediata de derechos.

Fases procesales y sus implicaciones para la efectividad:

Fase de admisi�n y calificaci�n: Barreras de entrada o requisitos que pueden limitar el acceso.

Fase de sustanciaci�n: La importancia de la prueba, la argumentaci�n de las partes y el rol activo del juez.

Fase de sentencia: La necesidad de que la parte resolutiva sea clara, precisa, y establezca mandatos concretos de hacer, no hacer, dar, o reparar.

Fase de ejecuci�n: Es la piedra angular de esta investigaci�n. Se deben abordar las herramientas legales para la ejecuci�n, las sanciones por incumplimiento y los obst�culos pr�cticos (resistencia de la administraci�n, limitaciones presupuestarias, falta de seguimiento judicial).

Clasificaci�n de los tipos de reparaciones: Restituci�n (volver las cosas al estado anterior a la violaci�n), indemnizaci�n, rehabilitaci�n, satisfacci�n, garant�as de no repetici�n. La investigaci�n se centra en la "restituci�n", pero es importante diferenciarla de otros tipos de reparaci�n.

 

 

 

 

Estudios Emp�ricos y Socio-jur�dicos sobre la Justicia Constitucional:

La brecha entre la "ley en los libros" y la "ley en acci�n": La efectividad no se mide solo por la existencia de la norma o la sentencia, sino por su impacto real en la vida de las personas. Esto implica un an�lisis emp�rico.

Factores que inciden en la efectividad:

Tipo de derecho vulnerado: Algunos derechos (ej. acceso a la salud, educaci�n) pueden requerir actuaciones complejas del Estado, mientras otros (ej. libertad de expresi�n) pueden demandar una simple abstenci�n.

Autoridad o particular demandado: La capacidad institucional, la voluntad pol�tica o la capacidad econ�mica del demandado pueden afectar el cumplimiento.

Capacidad y formaci�n de los jueces: La interpretaci�n constitucional y la motivaci�n de las sentencias son claves.

Calidad de la argumentaci�n y la prueba: Un caso bien sustentado facilita la labor judicial y una orden de restituci�n clara.

Mecanismos de seguimiento y cumplimiento: La existencia de salas de ejecuci�n, la imposici�n de multas o destituciones, y el rol de la Defensor�a del Pueblo.

Conciencia ciudadana y organizaci�n social: La capacidad de los ciudadanos de exigir el cumplimiento y la presi�n social.

An�lisis de impacto: Evaluar si las sentencias de protecci�n generan cambios sist�micos o solos resuelven casos individuales.

Doctrinas Ecuatorianas sobre la Acci�n de Protecci�n:

Autores relevantes: Citar a constitucionalistas ecuatorianos (como Jorge Luis Caballero, Ramiro �vila Santamar�a, Agust�n Grijalva, entre otros) que han analizado la Acci�n de Protecci�n, su evoluci�n y sus desaf�os.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador: Analizar las sentencias m�s relevantes de la Corte Constitucional sobre la Acci�n de Protecci�n, especialmente aquellas que abordan la fase de cumplimiento y la restituci�n de derechos. Estas sentencias establecen precedentes vinculantes y criterios de interpretaci�n que son fundamentales para la investigaci�n.

Estudios Socio-Jur�dicos y Teor�as de la Implementaci�n:

Para evaluar la efectividad real, es necesario ir m�s all� de la normativa y analizar el "derecho en acci�n".

Brecha entre la Norma y la Realidad: Analizar por qu� lo que est� en la ley (la obligaci�n de restituir) no siempre se traduce en la realidad. Factores sociales, econ�micos, pol�ticos e institucionales influyen en esta brecha.

Teor�as de la Implementaci�n de Pol�ticas P�blicas: Las sentencias de protecci�n, al ordenar acciones a autoridades o particulares, pueden ser vistas como "micro-pol�ticas p�blicas". Las teor�as de implementaci�n (top-down, bottom-up) pueden ayudar a entender los desaf�os en su ejecuci�n.

Factores Externos e Internos:

Factores Internos (al proceso): Calidad de la demanda, claridad de la pretensi�n, solidez de las pruebas, competencia y diligencia del juez, claridad y especificidad de la sentencia.

Factores Externos (al proceso): Voluntad pol�tica del demandado, capacidad institucional y presupuestaria, presi�n social, tipo de derecho (complejidad de restituci�n), recursos y capacidad del accionante para seguir el cumplimiento.

Jurisprudencia Relevante de la Corte Constitucional del Ecuador:

La doctrina de la Corte Constitucional es una fuente esencial para el marco te�rico, ya que sus sentencias establecen los criterios de interpretaci�n y aplicaci�n de la Acci�n de Protecci�n y, crucialmente, abordan los desaf�os de su cumplimiento.

Sentencias sobre el cumplimiento: La Corte Constitucional ha emitido sentencias que tratan espec�ficamente sobre la fase de cumplimiento, la declaratoria de incumplimiento defectuoso, los remedios ante la resistencia y la importancia de la restituci�n integral.

L�neas Jurisprudenciales sobre derechos espec�ficos: Analizar c�mo la Corte ha abordado la restituci�n de derechos espec�ficos (salud, educaci�n, acceso a informaci�n, derechos laborales, etc.), revelando las particularidades y complejidades de cada uno.

Este marco te�rico robusto permitir� al investigador abordar la complejidad del problema de la efectividad de la Acci�n de Protecci�n, articulando la teor�a con la realidad emp�rica ecuatoriana.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Determinar la efectividad de los recursos de amparo en la protecci�n de los derechos fundamentales en el Ecuador

 

 

Objetivos Espec�ficos:

1. Analizar el porcentaje de sentencias favorables en Acciones de Protecci�n que logran una efectiva y completa restituci�n del derecho fundamental vulnerado en un per�odo determinado y en casos seleccionados.
2. Identificar los factores incidentes como el tipo de derecho vulnerado (civiles y pol�ticos, econ�micos, sociales, culturales y ambientales), la naturaleza de la autoridad o particular demandado (p�blico o privado), la calidad de la prueba presentada por las partes, y la especificidad de las �rdenes judiciales, influyen en la efectividad de la restituci�n.
3. Evaluar� si la restituci�n de los derechos a trav�s de las sentencias de Acci�n de Protecci�n se produce en tiempos razonables y oportunos, o si existen dilaciones que afectan la efectividad de la garant�a.
4. Identificar los principales obst�culos y resistencias que se presentan en la fase de ejecuci�n de las sentencias de Acci�n de Protecci�n por parte de las autoridades o particulares obligados al cumplimiento.
5. Formular recomendaciones jur�dicas y pr�cticas dirigidas a los operadores de justicia, autoridades p�blicas y legisladoras para fortalecer la eficacia y la materializaci�n de la restituci�n de los derechos a trav�s de la Acci�n de Protecci�n en Ecuador.

 

METODOLOGIA

Tipo de Investigaci�n:

La investigaci�n ser� de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), con un predominio de la metodolog�a observacional, descriptiva y correlacional.

• Observacional: No se manipular�n variables; el estudio se centrar� en observar y analizar fen�menos existentes y la aplicaci�n de las Acciones de Protecci�n tal como ocurren en la pr�ctica judicial ecuatoriana.
• Descriptiva: Se buscar� caracterizar y describir la situaci�n actual de la efectividad de la restituci�n de derechos a trav�s de las sentencias de Acci�n de Protecci�n, incluyendo porcentajes, tipolog�as de derechos, autoridades involucradas, y los resultados observados.
• Correlacional: Se establecer�n relaciones o asociaciones entre las variables identificadas (por ejemplo, el tipo de derecho, la autoridad demandada, la calidad de la prueba, la especificidad de la sentencia) y el grado de efectividad en la restituci�n de los derechos. No se establecer�n relaciones de causa y efecto directas, sino asociaciones estad�sticas.
• Explicativa (en menor medida): A trav�s del componente cualitativo, se buscar�n explicaciones y comprensiones m�s profundas sobre el porqu� de los niveles de efectividad o inefectividad, a partir de las percepciones y experiencias de los actores involucrados.

Dise�o de la Investigaci�n:

El dise�o ser� no experimental y transversal, complementado con un componente fenomenol�gico/interpretativo para la fase cualitativa.

• No experimental: Las variables de estudio no ser�n manipuladas; se observar�n los fen�menos tal como se presentan en el contexto judicial.
• Transversal: La recolecci�n de datos se realizar� en un �nico per�odo de tiempo o se analizar�n datos de un per�odo determinado (por ejemplo, sentencias emitidas entre 2020 y 2024), con el fin de describir la situaci�n en ese momento y establecer correlaciones.
• Estudio de casos (dentro del componente cualitativo): Se seleccionar�n sentencias de Acci�n de Protecci�n espec�ficas para un an�lisis profundo de su ejecuci�n y los factores que influyeron en su efectividad o inefectividad.

Poblaci�n y Muestra:

• Poblaci�n (Cuantitativa): Todas las sentencias favorables de Acci�n de Protecci�n emitidas por los jueces de primera instancia y, en revisi�n, por la Corte Constitucional del Ecuador, durante un per�odo de tiempo definido (ej. los �ltimos 3 a 5 a�os). Se podr�a limitar la poblaci�n a ciertas jurisdicciones (provincias o ciudades) si la amplitud es inmanejable.
• Muestra (Cuantitativa): Se utilizar� un muestreo aleatorio estratificado para seleccionar un n�mero representativo de sentencias favorables. La estratificaci�n podr�a basarse en:
• Tipo de derecho fundamental invocado (salud, educaci�n, trabajo, debido proceso, etc.).
• Tipo de autoridad o entidad demandada (p�blica central, p�blica aut�noma, privada).
• Jurisdicci�n territorial (para asegurar representatividad geogr�fica).
• Para determinar el tama�o de la muestra, se utilizar�n f�rmulas estad�sticas considerando el nivel de confianza y el margen de error deseado.
• Poblaci�n (Cualitativa): Jueces (especialmente aquellos que tramitan Acciones de Protecci�n), abogados litigantes (p�blicos y privados), defensores p�blicos, funcionarios de instituciones demandadas frecuentemente en Acciones de Protecci�n, y ciudadanos que han sido accionantes en procesos de Acci�n de Protecci�n.
• Muestra (Cualitativa): Se emplear� un muestreo no probabil�stico por conveniencia y bola de nieve para identificar a los participantes clave. Se buscar�n perfiles diversos para obtener una comprensi�n multifac�tica del problema. Se continuar� con la recolecci�n de datos hasta alcanzar la saturaci�n te�rica.

Variables y Operacionalizaci�n:

Variable Dependiente: Eficacia en la Restituci�n del Derecho Vulnerado

• Definici�n Conceptual: Grado en que la sentencia de Acci�n de Protecci�n logra revertir la situaci�n de vulneraci�n y restaurar el derecho fundamental a su estado previo o asegurar su pleno ejercicio.
• Operacionalizaci�n (Cuantitativa - a partir de registros judiciales y seguimiento si es posible):
• Indicador 1: Grado de Cumplimiento de la Sentencia:
• Categor�as: 1 (Incumplimiento total), 2 (Cumplimiento parcial), 3 (Cumplimiento total).
• Fuente: Actas de cumplimiento, informes de seguimiento judicial, resoluciones de cumplimiento emitidas por el juez.
• Indicador 2: Restituci�n F�ctica del Derecho:
• Categor�as: 1 (No restituido), 2 (Parcialmente restituido), 3 (Totalmente restituido).
• Fuente: An�lisis de la narrativa del expediente post-sentencia, informes de las partes, informes de la Defensor�a del Pueblo (si aplica).
• Operacionalizaci�n (Cualitativa - a partir de entrevistas):
• Percepci�n de los accionantes y abogados sobre si el derecho fue efectivamente restaurado en la pr�ctica.
• Identificaci�n de los obst�culos encontrados en la fase de ejecuci�n.

Variables Independientes (Factores que inciden en la eficacia):

• Tipo de Derecho Vulnerado:
• Categor�as: Salud, Educaci�n, Trabajo, Debido Proceso, Libertad de Expresi�n, Ambiente, Seguridad Social, etc.
• Fuente: Expediente judicial.
• Autoridad o Entidad Demandada:
• Categor�as: Instituci�n P�blica Central, Gobierno Aut�nomo Descentralizado, Empresa P�blica, Empresa Privada, Persona Natural, etc.
• Fuente: Expediente judicial.
• Calidad de la Prueba Presentada:
• Categor�as: Insuficiente, Suficiente, S�lida. (Evaluaci�n por parte de los investigadores bas�ndose en el an�lisis del expediente y la sentencia, o a trav�s de preguntas espec�ficas a los jueces).
• Fuente: Expediente judicial.
• Claridad y Especificidad de la Orden Judicial:
• Categor�as: General/Ambiguo, Espec�fico pero con margen de discrecionalidad, Muy Espec�fico y de f�cil ejecuci�n.
• Fuente: An�lisis de la parte resolutiva de la sentencia.
• Duraci�n del Proceso (hasta la sentencia y hasta el cumplimiento):
• Medida: D�as.
• Fuente: Expediente judicial.
• Existencia de Mecanismos de Seguimiento:
• Categor�as: S� (con seguimiento activo), S� (pasivo), No.
• Fuente: Expediente judicial, entrevistas.

T�cnicas e Instrumentos de Recolecci�n de Datos:

• Para el Componente Cuantitativo:
• T�cnica: An�lisis de Contenido de Expedientes Judiciales.
• Instrumento: Ficha de Recolecci�n de Datos Estructurada. Contendr� campos predefinidos para extraer la informaci�n de las variables operacionalizadas (tipo de derecho, demandado, fecha de sentencia, fecha de cumplimiento, descripci�n de la orden, etc.). Se incluir�n preguntas de s�/no o escalas de Likert para evaluar la calidad de la prueba y la especificidad de la orden, basadas en criterios previamente definidos.
• Para el Componente Cualitativo:
• T�cnica: Entrevistas Semi-estructuradas.
• Instrumento: Guiones de Entrevista. Elaborados para cada tipo de actor (jueces, abogados, accionantes), conteniendo preguntas abiertas que permitan explorar en profundidad sus experiencias, percepciones, desaf�os y sugerencias sobre la efectividad de la Acci�n de Protecci�n en la restituci�n de derechos.
• T�cnica Adicional (Opcional): Grupos Focales con abogados o accionantes para generar discusiones y obtener perspectivas colectivas.

Procesamiento y An�lisis de Datos:

• Para el Componente Cuantitativo:
• Los datos recolectados en las fichas ser�n ingresados en una base de datos (ej. en software estad�stico como SPSS o R).
• An�lisis Descriptivo: C�lculo de frecuencias y porcentajes (ej. porcentaje de sentencias con cumplimiento total/parcial/nulo), medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersi�n (desviaci�n est�ndar) para la duraci�n de los procesos.
• An�lisis Correlacional:
• Tablas de Contingencia y Pruebas Chi-cuadrado: Para determinar si existe asociaci�n entre variables categ�ricas (ej. Tipo de Derecho vs. Grado de Cumplimiento).
• An�lisis de Varianza (ANOVA) o Pruebas t de Student: Para comparar medias entre grupos (ej. duraci�n promedio de los procesos seg�n el grado de cumplimiento).
• Coeficientes de Correlaci�n (ej. Pearson o Spearman): Para medir la fuerza y direcci�n de la relaci�n entre variables.
• Para el Componente Cualitativo:
• Las entrevistas ser�n transcritas.
• Se realizar� un An�lisis Tem�tico o An�lisis de Contenido Cualitativo. Esto implicar� la codificaci�n de las transcripciones para identificar categor�as, patrones y temas emergentes relacionados con los factores que influyen en la efectividad, los obst�culos en la ejecuci�n y las percepciones sobre la restituci�n de derechos.
• Integraci�n de los Datos (Mixto):
• Se realizar� una triangulaci�n de los datos cuantitativos y cualitativos para fortalecer los hallazgos. Por ejemplo, los datos cuantitativos sobre el bajo porcentaje de cumplimiento en ciertos tipos de derechos podr�an ser explicados y contextualizados por las razones y experiencias compartidas en las entrevistas cualitativas. Se buscar� confirmar, complementar o refutar los hallazgos de una fase con los de la otra.

Consideraciones �ticas:

• Confidencialidad y Anonimato: Se garantizar� la confidencialidad de la informaci�n y el anonimato de los participantes en las entrevistas. Los nombres de los casos judiciales analizados se mantendr�n confidenciales, centr�ndose en las caracter�sticas y los resultados.
• Consentimiento Informado: Se obtendr� el consentimiento informado de todos los participantes en las entrevistas, explicando claramente los objetivos de la investigaci�n, el uso de la informaci�n y su derecho a retirarse en cualquier momento.
• Acceso a la Informaci�n: Se gestionar�n los permisos necesarios con el Consejo de la Judicatura o las instancias judiciales pertinentes para el acceso a los expedientes judiciales, asegurando la observancia de la normativa de protecci�n de datos personales.
• Neutralidad y Objetividad: Se mantendr� una postura neutral y objetiva en la recolecci�n, an�lisis e interpretaci�n de los datos, evitando sesgos personales.

 

CONCLUSI�N

La Acci�n de Protecci�n en Ecuador, sucesora del recurso de amparo bajo la Constituci�n de 1998, representa un pilar fundamental del Estado Constitucional de Derechos y Justicia proclamado en 2008. Su dise�o est� orientado a ofrecer una tutela judicial efectiva, directa y eficaz de los derechos fundamentales, buscando no solo declarar una vulneraci�n, sino, crucialmente, la restituci�n integral del derecho afectado. No obstante, la efectividad real de este mecanismo en la pr�ctica presenta un panorama complejo, marcado por avances significativos, pero tambi�n por desaf�os persistentes.

En t�rminos de logros, la Acci�n de Protecci�n ha demostrado ser un instrumento valioso para el reconocimiento y la protecci�n de derechos en diversas �reas. Las estad�sticas muestran un crecimiento en el n�mero de acciones presentadas y un porcentaje considerable de fallos favorables (alrededor del 45%, seg�n algunas fuentes), lo que indica su relevancia como v�a de acceso a la justicia constitucional. Sentencias emblem�ticas han servido para fortalecer derechos colectivos (como la consulta previa), ambientales, de salud y laborales, generando incluso la revisi�n y actualizaci�n de leyes. La celeridad, en teor�a, es una caracter�stica inherente a este mecanismo, con tiempos promedio de resoluci�n que, aunque pueden variar, buscan ser oportunos.

Sin embargo, la efectividad en la restituci�n efectiva de los derechos es el punto donde la implementaci�n de la Acci�n de Protecci�n enfrenta sus mayores desaf�os. La mera obtenci�n de una sentencia favorable no siempre se traduce en un cumplimiento cabal y oportuno de lo ordenado por los jueces. Los obst�culos a la ejecuci�n de sentencias son variados y pueden incluir: Resistencia al cumplimiento: Ya sea por parte de autoridades p�blicas o particulares, se observan demoras injustificadas, cumplimientos parciales o incluso la inacci�n, lo que obliga a los accionantes a recurrir a procesos de ejecuci�n o incidentes de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Complejidad de la restituci�n: Especialmente en derechos econ�micos, sociales y culturales (DESC), la restituci�n puede implicar acciones complejas por parte del Estado, que requieren coordinaci�n interinstitucional, asignaci�n de recursos y planificaci�n a mediano y largo plazo, factores que a menudo escapan a la capacidad de control directo del juez.

La Falta de claridad en las sentencias: En ocasiones, la parte resolutiva de las sentencias puede carecer de la especificidad necesaria para una f�cil ejecuci�n, dejando margen para interpretaciones o evasiones. La Saturaci�n del sistema judicial: El creciente n�mero de Acciones de Protecci�n puede sobrecargar a los jueces, afectando la celeridad y la capacidad de seguimiento de la ejecuci�n de las sentencias. Las diferencias en la interpretaci�n judicial: Aunque la Corte Constitucional busca unificar criterios, la aplicaci�n de la Acci�n de Protecci�n por parte de los jueces de primera instancia puede mostrar inconsistencias, lo que repercute en la previsibilidad y la efectividad.

En conclusi�n, la Acci�n de Protecci�n en Ecuador es una herramienta potente y necesaria para la defensa de los derechos fundamentales, en consonancia con los principios del neoconstitucionalismo. Si bien ha demostrado su capacidad para generar fallos favorables y sentar importantes precedentes, su eficacia plena en la restituci�n de derechos sigue siendo un reto. La brecha entre la sentencia judicial y su materializaci�n efectiva en la realidad de los ciudadanos es el principal punto cr�tico. Abordar esta cuesti�n requiere no solo un fortalecimiento de los mecanismos de ejecuci�n y sanci�n por incumplimiento, sino tambi�n un compromiso constante de las instituciones y los actores involucrados para asegurar que las decisiones judiciales no se queden en el papel, sino que transformen positivamente la vida de quienes acuden a la justicia constitucional. La continua depuraci�n de la jurisprudencia constitucional y la capacitaci�n de los operadores de justicia son vitales para optimizar la aplicaci�n de esta garant�a jurisdiccional y, con ello, garantizar la plena vigencia de los derechos en el pa�s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

1.�������� �vila Santamar�a, Ramiro. (2008). El Neoconstitucionalismo y sus Implicaciones en la Justicia Constitucional Ecuatoriana. Corte Constitucional para el Per�odo de Transici�n.

2.�������� �vila Santamar�a, Ramiro. (2012). Las Garant�as Jurisdiccionales en la Constituci�n Ecuatoriana de 2008. En: Carbonell, Miguel (Coord.), El nuevo constitucionalismo en Am�rica Latina. M�xico: UNAM.

3.�������� Caballero, Jorge Luis. (2010). La Acci�n de Protecci�n y las Garant�as Jurisdiccionales en la Constituci�n de 2008. Quito: Ediciones Legales.

4.�������� Carbonell, Miguel. (2006). Los derechos fundamentales en el constitucionalismo contempor�neo. M�xico: Porr�a - UNAM. (Aunque no es espec�fico de Ecuador, es fundamental para el contexto del neoconstitucionalismo).

5.�������� Grijalva, Agust�n. (2010). La Justicia Constitucional en el Ecuador: Un An�lisis Cr�tico. Quito: Abya-Yala.

6.�������� Guerrero Aguirre, Patricio. (2015). Las Garant�as Jurisdiccionales en el Ecuador: Teor�a y Pr�ctica. Quito: Corporaci�n de Estudios y Publicaciones.

7.�������� Naranjo, Vladimir. (2011). Teor�a Constitucional y Garant�as Jurisdiccionales. Quito: Editorial Jur�dica del Ecuador.

8.�������� Pesantez Ben�tez, Fausto. (2013). Manual de Derecho Constitucional Ecuatoriano. Quito: CEP.

9.�������� Salazar Ugarte, Pedro. (2011). El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. M�xico: UNAM. (Importante para entender la interacci�n entre el derecho interno y el internacional en la protecci�n de derechos).

10.������ Zagrebelsky, Gustavo. (2008). El derecho d�ctil: Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta. (Un cl�sico sobre el neoconstitucionalismo).

11.������ �vila Santamar�a, Ramiro. (2014). "La Ejecuci�n de las Sentencias de la Corte Constitucional en Ecuador". Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, (22), 173-196.

12.������ Corte Constitucional del Ecuador. Informes Anuales de Gesti�n y Estad�sticas sobre las Acciones de Protecci�n (disponibles en la p�gina web de la Corte Constitucional).

13.������ Defensor�a del Pueblo del Ecuador. Informes sobre el estado de los derechos humanos y el cumplimiento de las garant�as jurisdiccionales (disponibles en la p�gina web de la Defensor�a del Pueblo).

14.������ Grijalva, Agust�n. (2012). "La constitucionalizaci�n de los derechos y las garant�as en Ecuador: Avances y desaf�os". Revista de Derecho P�blico, (5), 15-38.

15.������ Larrea Holgu�n, Juan. (2015). "La Acci�n de Protecci�n como Instrumento de Tutela de Derechos: Balance y Perspectivas". Revista de Derecho de la Universidad Andina Sim�n Bol�var, (2), 87-105.

16.������ Rodr�guez-Rescia, Gerardo. (2010). "El Derecho a un Recurso Sencillo, R�pido y Efectivo en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Revista IIDH, (51), 11-40. (Aunque no es espec�fico de Ecuador, establece los est�ndares internacionales).

17.������ Varios Autores. (Publicaciones peri�dicas) Revista de la Corte Constitucional del Ecuador, Revista de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito, Revista Foro (Universidad Andina Sim�n Bol�var).

18.������ Padr�n-Icu�a, L. V., & V�zquez-Mart�nez, D. S. (2024). Efectividad de los mecanismos de protecci�n de Derechos Humanos en la Constituci�n Ecuatoriana. MQRInvestigar, 8(4), 3601�3624. DOI: 10.56048/MQR20225.8.4.2024.3601-3624 (Este art�culo es muy reciente y directamente aborda la efectividad de los mecanismos de protecci�n, lo que incluye la Acci�n de Protecci�n).

19.������ Matute Blandin, P. A., & Zamora V�zquez, A. F. (2024). Tutela judicial efectiva y acci�n de protecci�n: an�lisis cr�tico de la reparaci�n efectiva en el Ecuador. Religaci�n, 9(43), e2401316. DOI: 10.46652/rgn.v9i43.1316 (Este es sumamente relevante por su enfoque en la "reparaci�n efectiva" dentro de la Acci�n de Protecci�n).

20.������ Jama Romero, C. M., & Intriago Solorzano, D. G. (2025). Las Garant�as Jurisdiccionales como Instrumento Constitucional para la Protecci�n de los Derechos en el Sistema Judicial Ecuatoriano. Revista Social Fronteriza, 5(3), e�746. DOI: 10.59814/resofro.2025.5(3)746 (Aunque m�s general, discute el rol de las garant�as jurisdiccionales).

21.������ Ju�rez-Suquilanda, L. F., & Zamora-V�zquez, A. F. (2022). La Acci�n de Protecci�n en Ecuador. Importancia de contar con jueces en materia constitucional y garantizar la seguridad jur�dica. Dominio de las Ciencias, 8(1), 414�429. DOI: 10.23857/dc.v8i1.2500 (Aborda el rol de los jueces, un factor clave en la efectividad).

22.������ Torres, R., & Suqui, G. (2022). La acci�n de protecci�n como garant�a constitucional de protecci�n a los derechos humanos en Ecuador. Polo del Conocimiento, 7(5), 984-1009. DOI: 10.23857/pc.v7i5.4006

23.������ Castillo Mart�nez, E. X., & Ruiz Castillo, S. V. (2021). La Eficacia De Las Medidas De Protecci�n En Los Casos De Violencia Intrafamiliar En Ecuador. Revista De Derecho, 6(2), 123�135. DOI: 10.47712/rd.2021.v6i2.147 (Un estudio de caso espec�fico sobre la eficacia de las medidas de protecci�n en un contexto particular, que puede ofrecer ideas metodol�gicas).

24.������ Machado Maliza, M. E., Paredes Moreno, M. E., & Guam�n Anilema, J. C. (2021). La reparaci�n integral en el marco doctrinario, legal y su situaci�n en el Ecuador. Dilemas contempor�neos: educaci�n, pol�tica y valores, 8(4). DOI: 10.46377/dilemas.v8i.2800 (Fundamental para entender la noci�n de restituci�n y reparaci�n integral).

25.������ Cervantes-Valarezo, A. (2021). El derecho a la reparaci�n y el procedimiento en las garant�as jurisdiccionales de derechos fundamentales. DOI: 10.23857/dc.v8i1.2491 (Directamente relacionado con la restituci�n efectiva).

26.������ Torres Castillo, T. R., Rivera Velasco, L. A., & Ronquillo Riera, O. I. (2021). La acci�n extraordinaria de protecci�n analizada desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Dilemas contempor�neos: educaci�n, pol�tica y valores, 9(1). DOI: 10.46377/dilemas.v9i1.2891 (Aunque trata la AEP, la relaci�n con la AP y el cumplimiento de sentencias es estrecha).

27.������ Pazmi�o Castillo, J. R. (2022). La acci�n de protecci�n en el Ecuador: sus or�genes. RECIMUNDO, 6(2), 391�401. DOI: 10.26820/recimundo/6.(2).abr.2022.391-401 (Provee contexto hist�rico, aunque no se centra en la efectividad).

28.������ L�pez-Zambrano, A. J. (2018). La acci�n de protecci�n su eficacia y aplicaci�n en el Ecuador. Dominio de las Ciencias, 4(1), 155�177. DOI: 10.23857/dom.cien.pocaip.2017.4.1.enero.155-177 (Aunque un poco m�s antiguo, sigue siendo una referencia importante sobre la eficacia).

29.������ Vallejo Moscoso, F. P. (2021). La acci�n ordinaria de protecci�n contra particulares. (Tesis de maestr�a, Universidad Andina Sim�n Bol�var, Sede Ecuador). Disponible en Repositorio UASB (Puede ofrecer una perspectiva pr�ctica y un an�lisis de casos).

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).