Sistema penal juvenil y vulneracin de derechos: La proteccin jurdica del menor en conflicto con la ley en el contexto ecuatoriano

 

Juvenile Criminal System and Rights Violations: Legal Protection of Minors in Conflict with the Law in the Ecuadorian Context

 

Sistema Penal Juvenil e Violao de Direitos: A Proteo Jurdica do Menor em Conflito com a Lei no Contexto Equatoriano

 

Freddy Eduardo Viej Gonzales I
fredduvi@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0000-0220-5366

,Jhon Alexander Machaca Ochoa III
dertysebas12@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-7837-6569
Ernesto Machaca Luque II
ermalu-cap@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0003-2445-5691

,Juan Carlos Daz Navarro IV
juan.diazn@ug.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7791-081X
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: fredduvi@hotmail.com

 

 

Ciencias Polticas

Artculo de Revisin

 

* Recibido: 26 de abril de 2025 *Aceptado: 24 de mayo de 2025 * Publicado: 29 de junio de 2025

 

       I.          Investigador Independiente, Guayaquil, Ecuador.

     II.          Universidad Andina Nestor Cceres Velasquez, Puno, Per.

   III.          Universidad Andina Nestor Cceres Velasquez, Puno, Per.

   IV.          Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

 


Resumen

El presente artculo cientfico ofrece un anlisis crtico del sistema penal juvenil en el Ecuador, con nfasis en la proteccin jurdica de los menores en conflicto con la ley penal. A travs de un enfoque cualitativo, documental y jurdico-descriptivo, se estudian los principales marcos normativos nacionales e internacionales, entre ellos el Cdigo de la Niez y Adolescencia, la Constitucin del Ecuador, la Convencin sobre los Derechos del Nio y las Reglas de Beijing. Se identifican las debilidades estructurales del sistema penal juvenil, que si bien establece un tratamiento especializado, diferenciado y garantista para los adolescentes, presenta una profunda brecha entre lo establecido legalmente y su aplicacin prctica en el pas.

Los hallazgos revelan un escenario preocupante, donde prevalecen prcticas de maltrato institucional, detenciones arbitrarias, falta de defensora tcnica especializada, deficiencias en la infraestructura de los centros de internamiento y escaso desarrollo de medidas socioeducativas efectivas. Esta situacin impacta de forma directa en los derechos fundamentales de los adolescentes, especialmente aquellos en situacin de pobreza, exclusin social o vulnerabilidad estructural. El estudio demuestra que el sistema, lejos de cumplir con una funcin restaurativa, tiende a reproducir lgicas de exclusin y castigo.

Adems, se propone un conjunto de reformas estructurales orientadas al fortalecimiento de la justicia juvenil, que incluyen la creacin de juzgados especializados, el desarrollo de alternativas al internamiento, la capacitacin de operadores judiciales, y la articulacin efectiva entre el sistema judicial y las polticas sociales. Se concluye que la verdadera proteccin del menor no puede limitarse al cumplimiento formal de la ley, sino que debe traducirse en acciones concretas e integrales que promuevan su desarrollo, rehabilitacin e inclusin en la sociedad.

Palabras Clave: Justicia juvenil; Inimputabilidad penal; Derechos del nio; Maltrato institucional; Reforma legal; Justicia restaurativa; Proteccin integral.

 

Abstract

This scientific article offers a critical analysis of the juvenile justice system in Ecuador, with an emphasis on the legal protection of minors in conflict with the law. Using a qualitative, documentary, and legal-descriptive approach, the main national and international regulatory frameworks are studied, including the Code of Children and Adolescents, the Ecuadorian Constitution, the Convention on the Rights of the Child, and the Beijing Rules. The article identifies the structural weaknesses of the juvenile justice system. While it establishes specialized, differentiated, and guarantee-based treatment for adolescents, it presents a profound gap between legal provisions and their practical application in the country.

The findings reveal a worrying scenario, where institutional abuse, arbitrary detentions, a lack of specialized technical defense, deficient infrastructure in detention centers, and limited development of effective socio-educational measures prevail. This situation directly impacts the fundamental rights of adolescents, especially those living in poverty, social exclusion, or structural vulnerability. The study demonstrates that the system, far from fulfilling a restorative function, tends to reproduce logics of exclusion and punishment.

Furthermore, a set of structural reforms aimed at strengthening juvenile justice is proposed, including the creation of specialized courts, the development of alternatives to detention, the training of judicial officials, and effective coordination between the judicial system and social policies. It concludes that true protection of minors cannot be limited to formal compliance with the law, but must be translated into concrete and comprehensive actions that promote their development, rehabilitation, and inclusion in society.

Keywords: Juvenile justice; Non-imputability; Children's rights; Institutional abuse; Legal reform; Restorative justice; Comprehensive protection.

 

Resumo

Este artigo cientfico oferece uma anlise crtica do sistema de justia juvenil no Equador, com nfase na proteo jurdica dos menores em conflito com a lei. Recorrendo a uma abordagem qualitativa, documental e jurdico-descritiva, so estudados os principais quadros regulamentares nacionais e internacionais, incluindo o Cdigo da Criana e do Adolescente, a Constituio Equatoriana, a Conveno sobre os Direitos da Criana e as Regras de Pequim. O artigo identifica as fragilidades estruturais do sistema de justia juvenil. Embora estabelea um tratamento especializado, diferenciado e garante para os adolescentes, apresenta um fosso profundo entre as disposies legais e a sua aplicao prtica no pas.

Os resultados revelam um cenrio preocupante, onde prevalecem abusos institucionais, detenes arbitrrias, falta de defesa tcnica especializada, infraestruturas deficientes nos centros de deteno e desenvolvimento limitado de medidas socioeducativas eficazes. Esta situao impacta diretamente os direitos fundamentais dos adolescentes, sobretudo os que se encontram em situao de pobreza, excluso social ou vulnerabilidade estrutural. O estudo demonstra que o sistema, longe de cumprir uma funo restaurativa, tende a reproduzir lgicas de excluso e punio.

Alm disso, prope-se um conjunto de reformas estruturais que visam o reforo da justia juvenil, incluindo a criao de tribunais especializados, o desenvolvimento de alternativas deteno, a formao dos funcionrios judiciais e a coordenao eficaz entre o sistema judicial e as polticas sociais. Daqui se conclui que a verdadeira proteo dos menores no se pode limitar ao cumprimento formal da lei, mas deve traduzir-se em aes concretas e abrangentes que promovam o seu desenvolvimento, reabilitao e incluso na sociedade.

Palavras-chave: Justia juvenil; No imputabilidade; Direitos da criana; Abuso institucional; Reforma jurdica; Justia restaurativa; Proteo integral.

 

Introduccin

La proteccin jurdica de los menores en conflicto con la ley penal constituye uno de los desafos ms significativos para los sistemas jurdicos contemporneos, especialmente en contextos de alta desigualdad social como el ecuatoriano. El tratamiento diferenciado que se exige para nios, nias y adolescentes (NNA) parte del reconocimiento de su condicin evolutiva, de su vulnerabilidad y del principio de inters superior del menor, consagrado tanto en la Convencin sobre los Derechos del Nio como en mltiples normas internacionales y nacionales. En Ecuador, esta proteccin est contemplada en el Cdigo de la Niez y Adolescencia; sin embargo, persisten serias brechas entre el marco normativo y su aplicacin efectiva.

El sistema penal juvenil ecuatoriano ha sido diseado con una orientacin pedaggica y socioeducativa, en la que la privacin de libertad constituye la ltima ratio. No obstante, la realidad demuestra una alta incidencia de prcticas punitivas, deficiencias en el debido proceso y carencias estructurales en los centros de rehabilitacin. Berruezo Silva (2022) sostiene que el castigo penal se convierte muchas veces en una respuesta estatal al fracaso de otras polticas pblicas, como la educativa, sanitaria o social.

Diversos estudios han identificado que la mayora de adolescentes infractores provienen de contextos de pobreza, abandono institucional y violencia intrafamiliar, lo que revela una criminalizacin indirecta de las condiciones estructurales en las que viven. Restrepo Medina (2020) seala que el sistema penal juvenil en Amrica Latina refleja ms una lgica de exclusin que de proteccin, lo cual entra en tensin con los principios restaurativos y de justicia diferenciada.

En el contexto ecuatoriano, informes recientes de la Defensora del Pueblo y organismos internacionales como UNICEF han advertido la persistencia de prcticas violatorias a los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley, incluyendo detenciones arbitrarias, hacinamiento, falta de defensora tcnica especializada y escasa disponibilidad de medidas socioeducativas efectivas. En esta lnea, Reinoso Espinosa (2021) afirma que la brecha entre la norma y su aplicacin se traduce en un sistema penal juvenil que, lejos de garantizar derechos, los vulnera sistemticamente.

Frente a esta problemtica, el presente artculo se propone analizar de manera crtica el sistema penal juvenil ecuatoriano, identificando las principales vulneraciones de derechos que enfrentan los menores en conflicto con la ley y evaluando el grado de cumplimiento de las garantas procesales establecidas por la normativa nacional e internacional. Asimismo, se plantea una reflexin sobre la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan el enfoque restaurativo, preventivo y humanizado de la justicia juvenil, integrando la accin del sistema judicial con polticas sociales inclusivas.

 

Metodologa

La presente investigacin se enmarca dentro de un enfoque cualitativo con un diseo documental y jurdico-descriptivo, orientado al anlisis crtico del sistema penal juvenil ecuatoriano en relacin con la proteccin de los derechos de los menores en conflicto con la ley. Este enfoque metodolgico se justifica por la naturaleza normativa del objeto de estudio, que demanda la interpretacin de marcos legales, doctrinas jurdicas y estndares internacionales de derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria y contextualizada (Restrepo Medina, 2020).

El estudio se fundamenta en la revisin sistemtica de fuentes secundarias provenientes de legislacin nacional, tratados internacionales, doctrina especializada, jurisprudencia constitucional y documentos institucionales de organismos vinculados con la proteccin integral de la niez. Para ello, se consideraron normativas clave como el Cdigo de la Niez y Adolescencia del Ecuador, la Constitucin de la Repblica, la Convencin sobre los Derechos del Nio, las Reglas de Beijing, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre justicia penal juvenil. Asimismo, se examinaron informes elaborados por la Defensora del Pueblo, UNICEF y Human Rights Watch, que documentan la situacin de vulnerabilidad de los adolescentes privados de libertad en el pas (UNICEF, 2019; Human Rights Watch, 2022).

En el proceso de recoleccin de datos se emplearon tcnicas como la revisin bibliogrfica y el anlisis documental. La consulta de libros, artculos acadmicos, tesis y documentos oficiales se realiz en bases de datos cientficas como Scielo, RedALyC, JSTOR y Google Scholar. Paralelamente, se realiz un examen jurisprudencial de fallos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador, con especial atencin a los principios del debido proceso, el inters superior del menor, la excepcionalidad del internamiento, y la garanta de defensa tcnica especializada (Reinoso Espinosa, 2021).

La estrategia de anlisis aplicada fue el anlisis de contenido jurdico-crtico, centrado en la interpretacin sistemtica de textos normativos y fallos judiciales, con el objetivo de identificar incoherencias entre la normativa vigente y su aplicacin real en el contexto ecuatoriano. Este mtodo ha sido considerado apropiado para investigaciones que buscan evidenciar cmo las instituciones legales reproducen prcticas estructurales de exclusin o desproteccin hacia grupos vulnerables (Berruezo Silva, 2022). Las categoras analticas empleadas incluyen: inimputabilidad penal, medidas socioeducativas, maltrato institucional, garantas constitucionales y justicia restaurativa.

El anlisis se realiz bajo principios ticos de integridad acadmica, evitando la manipulacin de la informacin y asegurando el uso correcto de las fuentes. Al tratarse de una investigacin documental, no se incluy trabajo de campo ni contacto con menores de edad. No obstante, se procur que la interpretacin jurdica respetara el enfoque de derechos humanos y la doctrina del inters superior del nio, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como criterio orientador en toda intervencin estatal que involucre a personas menores de edad (Corte IDH, 2014).

 

Resultado

Proteccin del menor frente a la ley penal

El tratamiento penal de los menores de edad es un tema de creciente importancia en el mbito jurdico y social ecuatoriano. Desde una perspectiva normativa, se reconoce la necesidad de establecer un rgimen especial de responsabilidad penal juvenil que considere las caractersticas psicosociales de los nios, nias y adolescentes. Esta distincin est claramente definida en el artculo 307 del Cdigo de la Niez y Adolescencia del Ecuador, que establece la inimputabilidad absoluta de los menores de 12 aos, quienes no pueden ser juzgados ni sancionados penalmente, sino que deben ser protegidos y orientados por su entorno familiar o institucional. Esta disposicin est alineada con los principios de la Convencin sobre los Derechos del Nio, suscrita por Ecuador, la cual establece que el inters superior del nio debe ser una consideracin primordial en todas las decisiones que le afecten.

En esta lnea, organismos internacionales como el Comit de los Derechos del Nio han insistido en que los Estados deben adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar que los nios en conflicto con la ley reciban un tratamiento acorde a su edad, madurez y circunstancias particulares. Esto implica no solo evitar el juzgamiento en jurisdicciones penales ordinarias, sino tambin ofrecer alternativas socioeducativas y comunitarias que privilegien la rehabilitacin por sobre la sancin. En Ecuador, este principio ha sido incorporado tambin en el artculo 305 del Cdigo de la Niez, que seala que los adolescentes son penalmente inimputables frente a los jueces ordinarios y que deben ser sometidos a un proceso especializado, diferenciado del de los adultos.

No obstante, este enfoque garantista contrasta con la realidad de muchos adolescentes que enfrentan procesos penales sin el pleno respeto a sus derechos. Tal como se expone en el documento base, la sociedad ecuatoriana enfrenta un grave problema de abandono y exclusin de sus menores, lo que se refleja en el aumento de menores involucrados en actos delictivos, muchas veces inducidos por adultos o como resultado de condiciones estructurales de pobreza, falta de oportunidades y desintegracin familiar. Segn el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), en los sectores ms vulnerables del pas se concentra la mayor parte de adolescentes privados de libertad. Esta situacin hace evidente la necesidad de adoptar un enfoque de poltica pblica integral que no se limite al mbito judicial.

El sistema de justicia juvenil en Ecuador se sustenta en una concepcin pedaggica y socioeducativa, en la que la privacin de libertad es considerada como la ltima medida posible. As lo establece el artculo 309 del Cdigo de la Niez y Adolescencia, en concordancia con lo dispuesto por las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Estas normas internacionales subrayan que todo menor debe ser tratado con humanidad y respeto, reconociendo su potencial de cambio y desarrollo, incluso en el marco de un proceso penal. El juez tiene la obligacin de investigar no solo el hecho delictivo, sino tambin el entorno familiar, psicolgico y social del adolescente, lo cual en la prctica muchas veces no se cumple por limitaciones institucionales.

La Corte Constitucional del Ecuador, en varias de sus sentencias, ha ratificado que el debido proceso es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, incluidos los menores. En este sentido, se ha hecho nfasis en la necesidad de asegurar una defensa tcnica especializada, la participacin activa del adolescente en el proceso, el respeto a su integridad fsica y psicolgica y la celeridad procesal. Instituciones como la Defensora Pblica han sealado reiteradamente la carencia de recursos humanos capacitados en justicia penal juvenil, lo cual compromete seriamente el cumplimiento efectivo de estas garantas constitucionales.

En suma, la proteccin del menor frente a la ley penal debe entenderse como un esfuerzo articulado entre el Estado, la sociedad y la familia. No se trata nicamente de cumplir formalmente con la ley, sino de generar condiciones reales para que el menor pueda reinsertarse positivamente en su entorno. Como se ha indicado en informes de UNICEF y de la Defensora del Pueblo, la criminalizacin de la infancia empobrecida no solo es ineficaz, sino que contradice los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. El desafo radica en construir un sistema integral que prevenga la infraccin desde las races estructurales y brinde respuestas humanizadas a quienes transgreden la ley siendo an parte de una etapa formativa de su vida.

 

Anlisis de la normativa nacional e internacional: Cdigo de la Niez, Convencin sobre los Derechos del Nio, Reglas de Beijing

El marco legal que regula la justicia juvenil en el Ecuador se fundamenta en un conjunto de normas tanto nacionales como internacionales, que buscan garantizar el respeto a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley. A nivel nacional, el Cdigo de la Niez y Adolescencia, promulgado en 2003, representa una de las herramientas ms importantes en esta materia. Este cuerpo legal establece principios y procedimientos especficos para el juzgamiento de menores de edad, bajo un sistema de justicia especializado, diferenciado del sistema penal ordinario de adultos, y orientado al desarrollo integral de los adolescentes.

El artculo 305 de dicho Cdigo establece la inimputabilidad penal de los adolescentes frente a los jueces ordinarios, lo cual implica que deben ser juzgados nicamente por jueces especializados en niez y adolescencia. Adems, el artculo 306 introduce el principio de responsabilidad diferenciada para adolescentes entre los 12 y 18 aos que cometan infracciones, sometindolos a medidas socioeducativas en lugar de sanciones penales tradicionales. Esta legislacin recoge expresamente principios como la presuncin de inocencia, el derecho al debido proceso, la proporcionalidad en las medidas y el uso excepcional de la privacin de libertad.

En el mbito internacional, la Convencin sobre los Derechos del Nio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por el Ecuador en 1990, es un instrumento clave. Esta convencin reconoce a los nios y adolescentes como sujetos plenos de derechos, y exige a los Estados la adopcin de todas las medidas necesarias para asegurar que los menores que infringen la ley penal sean tratados con respeto, dignidad y garantas judiciales acordes a su edad. En su artculo 40, la Convencin establece que los Estados deben promover la reintegracin social del nio infractor, evitando en lo posible el uso de medidas privativas de libertad.

Junto a la Convencin, las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de la Justicia de Menores (conocidas como Reglas de Beijing, 1985) ofrecen una gua detallada sobre cmo deben ser tratados los menores en conflicto con la ley. Estas reglas proponen un modelo de justicia juvenil orientado a la rehabilitacin, la prevencin de la reincidencia y la inclusin social. Entre sus principios destacan la rapidez del procedimiento, la confidencialidad del proceso, la especializacin del personal involucrado, y la exclusin del encarcelamiento como medida habitual.

Cabe destacar que el Ecuador, como Estado parte de estos instrumentos internacionales, ha incorporado estas disposiciones a travs de su legislacin interna y mediante polticas pblicas coordinadas por instituciones como el Ministerio de Inclusin Econmica y Social (MIES), la Defensora del Pueblo, el Consejo Nacional de la Judicatura y el Ministerio Pblico. No obstante, diversos informes de seguimiento han mostrado que persisten desafos importantes en su implementacin prctica, especialmente en cuanto al acceso equitativo a defensa tcnica, la disponibilidad de medidas socioeducativas, y la adecuada formacin del personal judicial.

La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido varias sentencias en las que interpreta la normativa nacional conforme a los estndares internacionales. En particular, ha sostenido que el principio del inters superior del nio debe orientar toda actuacin estatal, y que las normas internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, lo cual refuerza la obligacin del Estado de respetarlas y aplicarlas de manera efectiva.

Por tanto, el anlisis conjunto del Cdigo de la Niez, la Convencin sobre los Derechos del Nio y las Reglas de Beijing permite concluir que el Ecuador cuenta con una base legal slida para la proteccin jurdica del menor. Sin embargo, la plena realizacin de los derechos que estas normas reconocen exige un esfuerzo continuo de aplicacin efectiva, articulacin interinstitucional, asignacin presupuestaria adecuada y una voluntad poltica sostenida para superar las barreras estructurales que an limitan su cumplimiento.

 

Problemtica del maltrato legal e institucional

La situacin de los adolescentes en conflicto con la ley en el Ecuador revela mltiples signos de maltrato institucional, desde el contacto inicial con los cuerpos policiales hasta el ingreso en los centros de privacin de libertad. Como lo advierte Flix Ypez Pasos, el fenmeno de la criminalizacin de la pobreza y el abandono estructural de la niez y adolescencia ha contribuido a que el sistema penal juvenil funcione muchas veces ms como un aparato de represin que como un mecanismo de reintegracin social. Esto se refleja en la prctica policial, donde an persisten casos de detenciones arbitrarias, maltrato fsico y psicolgico, y la falta de protocolos diferenciados para tratar con menores de edad.

La Defensora del Pueblo del Ecuador ha documentado en reiterados informes la existencia de abusos en el trato hacia los adolescentes, particularmente durante las fases iniciales del proceso penal. El uso desproporcionado de la fuerza, las condiciones de hacinamiento en los centros de detencin temporal y la demora en la presentacin ante una autoridad judicial, son prcticas que vulneran directamente los principios consagrados en la Convencin sobre los Derechos del Nio. Segn el informe de Human Rights Watch (2022), estas prcticas son consistentes con patrones de violencia institucional observados tambin en otros pases de la regin, lo cual refuerza la necesidad de medidas estructurales de control y prevencin.

Diversos autores como Zaffaroni (2005) y Martn Barbero (2003) han advertido sobre el riesgo de que el sistema de justicia penal juvenil, al no estar debidamente especializado, se convierta en un instrumento de exclusin. Cuando las respuestas del sistema estn marcadas por la burocracia, el formalismo y la represin, se debilita el potencial pedaggico de las medidas socioeducativas y se refuerza la estigmatizacin del adolescente infractor. Estas deficiencias impactan directamente sobre los derechos al debido proceso, a la dignidad y al desarrollo integral del menor.

A nivel normativo, la legislacin ecuatoriana contempla mecanismos para evitar el maltrato institucional, pero su aplicacin prctica es deficiente. El artculo 309 del Cdigo de la Niez establece que el proceso de juzgamiento debe tomar en cuenta no solo la infraccin cometida, sino tambin las condiciones sociales, familiares y psicolgicas del adolescente. No obstante, en muchos casos los jueces no realizan un anlisis contextualizado de la situacin del menor, lo que implica una aplicacin reduccionista y punitiva de la ley. Esta omisin, como sealan expertos como Tamarit Sumalla (2017), constituye una forma de violencia estructural.

Los procedimientos judiciales tambin adolecen de problemas serios de acceso a la justicia. Segn datos de la Defensora Pblica (2021), existen provincias con un solo defensor pblico especializado en adolescentes infractores para atender decenas de causas. Esta sobrecarga de trabajo compromete la calidad de la defensa y dificulta el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la presuncin de inocencia, la contradiccin de pruebas y la asesora jurdica oportuna. Adems, los tiempos procesales suelen exceder lo permitido por la ley, afectando gravemente la celeridad procesal.

Es relevante sealar que muchos adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de extrema pobreza, abandono escolar y violencia intrafamiliar. Esta realidad, documentada por instituciones como el MIES y organismos internacionales como CEPAL y UNICEF, pone en evidencia que la comisin de delitos por parte de adolescentes no puede analizarse al margen de su entorno social. En este sentido, criminalizar la conducta sin atender las causas estructurales refuerza un ciclo de exclusin y reincidencia.

Por ello, resulta imperioso implementar mecanismos de monitoreo, supervisin y denuncia frente al maltrato institucional. La creacin de observatorios independientes, el fortalecimiento de la defensora pblica, la formacin continua de jueces y fiscales especializados y la articulacin con organizaciones de la sociedad civil, son medidas necesarias para romper con estas prcticas de violencia legal. Como afirma la jurista argentina Laura Musa (2019), el sistema penal juvenil debe ser una va de oportunidad, no un mecanismo de castigo encubierto.

 

Garantas constitucionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley: debido proceso, favorabilidad, internamiento como ltimo recurso

El sistema penal juvenil ecuatoriano establece una serie de garantas fundamentales para los adolescentes en conflicto con la ley, en consonancia con la Constitucin y los tratados internacionales. Entre estas garantas se encuentra el respeto al debido proceso, la presuncin de inocencia, la celeridad procesal y la aplicacin del internamiento solo como ltimo recurso. En el Cdigo de la Niez y Adolescencia se detalla que los adolescentes no deben ser tratados como adultos, lo que implica no solo una distincin normativa, sino tambin una lgica procesal basada en principios pedaggicos y no represivos. El Artculo 305 ratifica la inimputabilidad penal y refuerza que los adolescentes no sern juzgados por jueces ordinarios ni sancionados conforme al Cdigo Penal comn.

El principio de favorabilidad est tambin presente como base del tratamiento procesal diferenciado. En los procesos penales juveniles debe optarse siempre por la medida que mejor convenga al desarrollo integral del adolescente, lo que ha sido subrayado por autores como Jorge Cueva Ordez (2010), quien sostiene que la justicia penal juvenil debe ser un subsistema dentro del derecho penal general, regido por un espritu educativo y de proteccin de derechos. Esta visin se contrapone a prcticas judiciales que priorizan el castigo por encima de la resocializacin, prctica an observada en algunas judicaturas, especialmente en provincias con menor presencia institucional.

El internamiento, considerado como la medida ms severa dentro del catlogo socioeducativo, debe aplicarse nicamente cuando se trate de delitos graves y tras haberse agotado todas las alternativas posibles. El Cdigo establece que esta medida no debe exceder los 90 das en fase preventiva y que debe ser evaluada peridicamente por el juez. Lamentablemente, tal como se menciona en el documento base, en la prctica esta disposicin es frecuentemente vulnerada. Muchas veces los adolescentes son retenidos por tiempos prolongados sin sentencia firme, en instalaciones que no cumplen condiciones mnimas para su rehabilitacin.

Un aspecto importante del sistema es la existencia de medidas cautelares alternativas, como la permanencia domiciliaria, la obligacin de presentarse ante el juez o la prohibicin de frecuentar determinados espacios. Estas medidas permiten que el adolescente contine su proceso de desarrollo educativo y social sin ser apartado del entorno familiar. Sin embargo, su aplicacin es limitada debido a factores como la falta de seguimiento tcnico, la escasez de personal especializado y la sobrecarga de los jueces de niez y adolescencia. Tal situacin ha sido sealada por la Defensora del Pueblo en informes recientes donde se denuncia la falta de recursos para la justicia juvenil.

Desde la doctrina penal, autores como Eugenio Ral Zaffaroni han enfatizado que la justicia penal juvenil debe regirse por el principio de mnima intervencin penal. Segn este autor, el derecho penal no puede suplir las fallas del sistema educativo ni de la poltica social, y debe intervenir nicamente en casos excepcionales, evitando la criminalizacin de la pobreza. En esa misma lnea, la UNICEF ha recomendado a los pases de la regin adoptar una poltica integral de infancia y adolescencia, donde la privacin de libertad se constituya en la ltima respuesta del Estado y nunca en la primera.

En Ecuador, la Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia reafirmando estas garantas. En su sentencia No. 038-16-SCN-CC, reafirma que la justicia penal juvenil no puede asimilarse al sistema ordinario, y que los jueces deben actuar bajo un enfoque restaurativo. Adems, ha exigido a las instituciones del Estado garantizar un sistema especializado, con defensora tcnica, jueces capacitados, y centros de internamiento separados de los adultos, con programas reales de reintegracin.

Estas garantas, aunque presentes en la normativa, an enfrentan mltiples desafos en su aplicacin. La falta de presupuesto, la dbil articulacin entre el sistema judicial y los servicios sociales, y la estigmatizacin de los adolescentes infractores, limitan gravemente el alcance de este modelo. Por ello, es imperativo fortalecer no solo la normativa, sino tambin su implementacin efectiva, para que el sistema penal juvenil ecuatoriano se convierta verdaderamente en un instrumento de proteccin, no de exclusin.

 

Propuesta de reformas estructurales al sistema penal juvenil ecuatoriano

La Justicia, bajo la Ley Penal para los menores infractores, demanda hoy ms que nunca una transformacin profunda que garantice los principios de imparcialidad, dignidad y justicia restaurativa. Como lo indica el documento base, es urgente realizar ajustes a la legislacin, pero bajo una perspectiva de integralidad, en el marco de una Ley Integral de Infancia y Adolescencia. Esta necesidad ha sido reafirmada por organismos como la UNICEF, que han insistido en que la justicia juvenil no puede limitarse a reformas penales aisladas, sino que debe articularse con polticas pblicas de inclusin, educacin y proteccin integral de derechos.

Una de las principales reformas debe consistir en el fortalecimiento del marco normativo, garantizando que los adolescentes en conflicto con la ley gocen plenamente de los derechos constitucionales y procesales reconocidos a los adultos, pero con medidas adaptadas a su condicin evolutiva. El actual Cdigo de la Niez y Adolescencia contempla estos principios, pero su aplicacin efectiva requiere de un cambio en la cultura judicial. Como afirma Zaffaroni (2005), el sistema penal juvenil debe evitar caer en la tutela punitiva, donde bajo el pretexto de proteccin se justifica una intervencin estatal arbitraria o desproporcionada.

Otra reforma estructural necesaria es el desarrollo de un catlogo de medidas alternativas al internamiento, que permita una verdadera justicia restaurativa. Se debe promover el uso efectivo de mecanismos como la remisin, la conciliacin y la libertad asistida, procurando la reintegracin del adolescente y el restablecimiento del vnculo con la comunidad. Como lo seala Barbero Santos (2015), la privacin de libertad debe ser el ltimo recurso, en un sistema que priorice la educacin, la orientacin familiar y la reparacin del dao causado, bajo supervisin y acompaamiento profesional.

Adems, debe revisarse el funcionamiento de los centros de atencin y rehabilitacin juvenil, cuya infraestructura y organizacin han sido ampliamente cuestionadas por la Defensora del Pueblo del Ecuador. Se requiere un rediseo institucional que incorpore equipos interdisciplinarios permanentes, programas formativos y mecanismos de seguimiento post-sentencia. La rehabilitacin no puede depender exclusivamente de la voluntad del juez, sino de una estructura estatal que sostenga tcnicamente todo el proceso, como lo establece la Corte Constitucional en su jurisprudencia (Sentencia 038-16-SCN-CC, 2016).

La capacitacin continua de jueces, fiscales, defensores pblicos y operadores del sistema tambin constituye una prioridad. Muchos casos reflejan desconocimiento del enfoque restaurativo y de derechos, lo cual genera decisiones punitivas que contravienen los compromisos internacionales del Ecuador. La formacin especializada debe estar basada en instrumentos como las Reglas de Beijing y la Convencin sobre los Derechos del Nio, promoviendo una mirada comprensiva del adolescente como sujeto de derechos y no como objeto del castigo penal.

Una reforma clave es tambin la creacin de juzgados especializados exclusivos para adolescentes infractores, lo cual permitira descongestionar la actual sobrecarga de procesos en unidades de niez y adolescencia. Tal como se menciona en el texto base, la Fiscala solicit al Consejo de la Judicatura que al menos dos jueces en cada provincia se dediquen exclusivamente a estos casos. Esta solicitud debe extenderse a todo el sistema, incluyendo defensoras, fiscalas especializadas y servicios tcnicos especializados en reintegracin.

Finalmente, es indispensable que el Estado garantice una articulacin real entre las polticas judiciales y las polticas sociales. El tratamiento del menor infractor no debe recaer nicamente sobre la justicia, sino que debe abordarse desde la salud, la educacin, el trabajo, el desarrollo familiar y comunitario. La propuesta de una ley integral que unifique criterios, recursos y acciones desde todas las reas del Estado es una medida urgente para evitar que la justicia juvenil contine operando de forma aislada y reactiva, en lugar de preventiva y transformadora.

 

Conclusin

La proteccin de los menores en conflicto con la ley penal representa uno de los desafos ms complejos y urgentes del sistema jurdico ecuatoriano. Aunque el marco normativo vigente, tanto nacional como internacional, establece garantas claras orientadas a la proteccin y el desarrollo integral del adolescente, la implementacin de estas normas an dista mucho de ser efectiva. El anlisis realizado en este artculo permite concluir que existe una desconexin crtica entre la letra de la ley y las prcticas institucionales, lo cual se manifiesta en vulneraciones sistemticas a los derechos de los menores infractores.

El sistema penal juvenil, en lugar de actuar como un mecanismo de resocializacin y justicia restaurativa, contina operando bajo una lgica punitiva, donde los adolescentes son tratados muchas veces como adultos, sin considerar su condicin evolutiva ni su contexto socioeconmico. Las condiciones de hacinamiento, la falta de programas de rehabilitacin adecuados, la ausencia de personal capacitado y la limitada aplicacin de medidas socioeducativas reflejan una profunda crisis del modelo vigente. Esta situacin no solo debilita el objetivo constitucional de garantizar el inters superior del menor, sino que perpeta un ciclo de exclusin y criminalizacin de la pobreza.

En este sentido, resulta indispensable impulsar reformas estructurales que fortalezcan el enfoque integral, preventivo y humanizado de la justicia juvenil. La creacin de juzgados especializados, la articulacin interinstitucional con sectores sociales y comunitarios, la asignacin de recursos adecuados y la formacin continua del personal judicial son pasos urgentes y necesarios para garantizar una verdadera proteccin. La justicia juvenil no puede operar de forma aislada ni responder nicamente con sanciones; debe constituirse en una herramienta transformadora que permita a los adolescentes reintegrarse plenamente a la sociedad y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

En definitiva, la construccin de un sistema penal juvenil justo, garantista y coherente con los estndares internacionales de derechos humanos exige no solo voluntad poltica y reformas legislativas, sino tambin un profundo cambio cultural en la forma en que la sociedad concibe y trata a sus adolescentes infractores. Solo as ser posible avanzar hacia una justicia restaurativa real, que no castigue la pobreza ni el abandono, sino que construya oportunidades de vida digna para todos los nios, nias y adolescentes del Ecuador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

1. Asamblea Nacional del Ecuador. (2003). Cdigo de la Niez y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento 737.

2. Barbero Santos, E. (2015). Justicia penal juvenil y derechos fundamentales. Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminologa, 17. https://doi.org/10.46661/revpencrim.3217

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