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La filiaci�n en ecuador desde la jurisprudencia: un an�lisis del caso Satya y su impacto en la construcci�n de nuevas formas de filiaci�n

 

Affiliation in Ecuador from the perspective of jurisprudence: an analysis of the Satya case and its impact on the construction of new forms of affiliation

 

A filia��o no Equador na perspetiva da jurisprud�ncia: uma an�lise do caso Satya e o seu impacto na constru��o de novas formas de filia��o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: hguaitara@indoramerica.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 07 de abril de 2025 *Aceptado: 14 de mayo de 2025 * Publicado: �28 de junio de 2025

 

        I.            Estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas, carrera de Derecho de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

      II.            Abogado de los Juzgados y Tribunales, Diplomado en Investigaci�n del Derecho Civil, Especialista en derecho comparado, Magister en Derecho Civil, Doctorado P.H.D. En derecho constitucional, Magister en derecho procesal. Docente a tiempo completo de la Universidad Indoam�rica, Ecuador.

 

 

Resumen

Este art�culo analiza c�mo el precedente del caso Satya ha impactado en la construcci�n de nuevas formas de filiaci�n en Ecuador, cuestionando el modelo tradicional basado en la verdad biol�gica. A partir de esta sentencia, la CC reconoci� la filiaci�n por voluntad procreacional, un avance significativo que visibiliza la necesidad de reformar la legislaci�n ecuatoriana para incluir configuraciones familiares diversas, como las familias homoparentales y multiparentales. El estudio evidencia que el C�digo Civil ecuatoriano mantiene un enfoque binario de la filiaci�n, lo que genera inseguridad jur�dica para familias que no encajan en este esquema. En este contexto, la triple filiaci�n se plantea como una alternativa viable para reconocer legalmente v�nculos afectivos y parentales sin necesidad de impugnar filiaciones preexistentes. Adem�s, se discuten dos v�as para su implementaci�n: una reforma legislativa al C�digo de la Ni�ez y Adolescencia o una acci�n de inconstitucionalidad ante la CC, siendo esta �ltima una opci�n m�s r�pida y efectiva. La investigaci�n adopta una metodolog�a cualitativa de car�cter descriptivo, basada en la revisi�n bibliogr�fica, el m�todo exeg�tico y el deductivo, permitiendo un an�lisis detallado del impacto jurisprudencial en el derecho de filiaci�n ecuatoriano.

Palabras Clave: Caso Satya; filiaci�n; inter�s superior; triple filiaci�n.

 

Abstract

This article analyzes how the Satya case has impacted the construction of new forms of filiation in Ecuador, challenging the traditional model based on biological truth. Following this ruling, the Constitutional Court recognized filiation by procreative will, a significant advance that highlights the need to reform Ecuadorian legislation to include diverse family configurations, such as homoparental and multiparental families. The study shows that the Ecuadorian Civil Code maintains a binary approach to filiation, which generates legal uncertainty for families that do not fit this framework. In this context, triple filiation is proposed as a viable alternative to legally recognize emotional and parental ties without the need to challenge preexisting filiations. Furthermore, two avenues for its implementation are discussed: a legislative reform to the Code of Children and Adolescents or a constitutional action before the Constitutional Court, the latter being a faster and more effective option. The research adopts a descriptive, qualitative methodology based on a bibliographic review, exegetic methods, and deductive methods, allowing for a detailed analysis of the jurisprudential impact on Ecuadorian filiation law.

Keywords: Satya Case; filiation; best interests; triple filiation.

 

Resumo

Este artigo analisa como o caso Satya impactou a constru��o de novas formas de filia��o no Equador, desafiando o modelo tradicional baseado na verdade biol�gica. Ap�s esta decis�o, o Tribunal Constitucional reconheceu a filia��o por vontade procriativa, um avan�o significativo que real�a a necessidade de reformar a legisla��o equatoriana para incluir diversas configura��es familiares, como as fam�lias homoparentais e multiparentais. O estudo demonstra que o C�digo Civil equatoriano mant�m uma abordagem bin�ria da filia��o, o que gera inseguran�a jur�dica para as fam�lias que n�o se enquadram neste contexto. Neste contexto, a tripla filia��o � proposta como uma alternativa vi�vel para o reconhecimento legal dos la�os afetivos e parentais sem necessidade de questionar filia��es preexistentes. Al�m disso, s�o discutidas duas vias para a sua implementa��o: uma reforma legislativa do C�digo da Inf�ncia e da Adolesc�ncia ou uma a��o constitucional junto do Tribunal Constitucional, sendo esta �ltima uma op��o mais c�lere e eficaz. A pesquisa adota uma metodologia descritiva e qualitativa, baseada na revis�o bibliogr�fica, nos m�todos exeg�ticos e nos m�todos dedutivos, permitindo uma an�lise detalhada do impacto jurisprudencial na legisla��o da filia��o equatoriana.

Palavras-chave: Caso Satya; filia��o; melhores interesses; filia��o tripla.

 

Introducci�n

�La filiaci�n es un pilar fundamental en la estructura familiar y desempe�a un papel esencial en el �mbito jur�dico, ya que de ella derivan derechos y responsabilidades tanto para los padres como para los hijos�� (Y�nez, et al., 2021, p. 133). A lo largo de la historia, la concepci�n de la filiaci�n ha evolucionado en funci�n de los cambios sociales y jur�dicos, pasando de modelos patriarcales y r�gidos a sistemas m�s inclusivos y equitativos.

En el derecho romano, la filiaci�n estaba estrictamente vinculada a la figura del Pater familias, quien era la m�xima autoridad dentro del n�cleo familiar. Este sistema se desarroll� en un contexto patriarcal donde el parentesco se reg�a por la agnaci�n, es decir, la transmisi�n de la filiaci�n exclusivamente por l�nea masculina. En consecuencia, las mujeres carec�an de poder legal dentro de la estructura familiar y depend�an del Pater familias en todas sus decisiones. Este modelo otorgaba al padre un dominio absoluto sobre los hijos, incluyendo derechos de vida y muerte, y establec�a una filiaci�n basada en la autoridad y el control, m�s que en el afecto o la protecci�n de los menores. (Baldovinos, 2022).

Con el tiempo, ese concepto de filiaci�n ha experimentado una transformaci�n significativa, pasando de un modelo de autoridad unilateral a un reconocimiento de derechos rec�procos entre padres e hijos, garantizando principios como el inter�s superior del ni�o y la igualdad de g�nero en la parentalidad. Actualmente, el concepto de filiaci�n ya no se limita a la biolog�a o al linaje masculino, �sino que abarca formas m�s diversas, como la filiaci�n adoptiva, la filiaci�n derivada de t�cnicas de reproducci�n asistida y figuras emergentes como la triple filiaci�n� (Go�i, 2009), reflejando la evoluci�n del derecho de familia hacia un modelo m�s inclusivo y protector de los derechos fundamentales.

En Ecuador, el C�digo Civil establece la filiaci�n principalmente a partir del v�nculo gen�tico, lo que excluye a muchas configuraciones familiares que no se ajustan a este modelo tradicional. Sin embargo, seg�n Pinto (2019) �la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Satya introdujo la posibilidad de establecer la filiaci�n con base en la voluntad procreacional, especialmente en casos de reproducci�n asistida� (p. 250). Este precedente permiti� evidenciar que el ordenamiento jur�dico ecuatoriano no contempla de manera expresa a las familias homoparentales y multiparentales, generando inseguridad jur�dica para aquellas estructuras familiares en las que la realidad social no coincide con la realidad biol�gica.

La legislaci�n vigente, al basarse en una visi�n centrada en la biolog�a, limita el reconocimiento de estructuras familiares distintas, como la triple filiaci�n o aquellas fundamentadas en la intenci�n procreacional. Impone barreras que dificultan el registro de una nueva filiaci�n cuando esta entra en conflicto con una ya reconocida, lo cual genera vac�os normativos y desaf�os en la pr�ctica jur�dica. Esta situaci�n se vuelve especialmente compleja al intentar salvaguardar el inter�s superior del ni�o en contextos familiares que, aunque estables y sustentados en v�nculos afectivos, no se ajustan al modelo tradicional binario de filiaci�n.

Por ello, el objetivo de este art�culo acad�mico es analizar c�mo el precedente del caso Satya ha impactado en la construcci�n de nuevas formas de filiaci�n en Ecuador, desafiando el modelo tradicional e impulsando la necesidad de una reforma legal que garantice el reconocimiento de la diversidad familiar y otorgue seguridad jur�dica a todas las personas involucradas en la relaci�n filial.

El an�lisis de este tema resulta fundamental, ya que permite visibilizar las deficiencias normativas en la legislaci�n ecuatoriana y c�mo estas afectan la garant�a de los derechos de las familias diversas. Desde un enfoque de derechos humanos, este estudio es clave para asegurar el inter�s superior del ni�o, impulsando reformas legales que reconozcan formalmente las distintas formas de familia y promuevan la igualdad de derechos para todas las personas. Con este enfoque, se busca aportar al debate jur�dico sobre la urgencia de contar con una normativa m�s inclusiva, que represente la diversidad social actual y garantice una protecci�n real y equitativa para todos los miembros de la familia, independientemente de su origen biol�gico o composici�n parental.

 

Desarrollo

Los derechos de los ni�os y ni�as en Ecuador

Los derechos de la infancia comprenden un conjunto de principios y disposiciones orientados a asegurar su desarrollo pleno, bienestar y resguardo frente a situaciones de abuso o explotaci�n. Estos derechos cuentan con reconocimiento internacional, especialmente a trav�s de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o (CDN) de las Naciones Unidas, adoptada en el a�o 1989.

Seg�n Cardona (2020) la adopci�n casi global de la CDN represent� un cambio crucial en la comprensi�n legal de los ni�os. Tradicionalmente, los ni�os eran vistos simplemente como objetos de cuidado, dependientes de la buena voluntad de los adultos y sin voluntad propia en la ley. Sin embargo, la adopci�n de la CDN en 1989 cambi� ese paradigma, ya que los ni�os fueron reconocidos como sujetos de derechos plenos con autonom�a en su evoluci�n y la capacidad de ejercer los derechos apropiados para su edad y madurez.

La CDN establece el principio de no discriminaci�n, garantizando que todos los ni�os y ni�as, sin distinci�n de raza, g�nero, origen social, discapacidad u otras condiciones, pueden ejercer sus derechos sin distinci�n. No obstante, a pesar de la importancia de este principio, el prop�sito m�s importante de la CDN no es solamente la no discriminaci�n, sino establecer cargas concretas a los Estados para que los derechos de la ni�ez sean efectivamente garantizados, protegidos y respetados. En este sentido la CDN (1989) consagra:

Los Estados Partes adoptar�n todas las medidas administrativas, legislativas y de otra �ndole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convenci�n. En lo que respecta a los derechos econ�micos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptar�n esas medidas hasta el m�ximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperaci�n internacional. (art. 4).

Este art�culo evidencia una doble responsabilidad impuesta a los Estados: por un lado, se demanda que los derechos de los ni�os se traduzcan en acciones concretas, lo que implica implementar reformas legales, dise�ar pol�ticas p�blicas efectivas y establecer sistemas administrativos adecuados; por otro lado, se exige que dichas acciones sean sostenibles y se prioricen de acuerdo con los recursos disponibles. Aunque el principio de realizaci�n progresiva de los derechos econ�micos, sociales y culturales ofrece cierta flexibilidad en funci�n de la capacidad econ�mica del pa�s, tambi�n puede servir como argumento para que los Estados posterguen su cumplimiento alegando limitaciones presupuestarias. En este sentido, el art�culo resalta la tensi�n existente entre la obligaci�n estatal de garantizar derechos y las restricciones econ�micas y pol�ticas que pueden dificultar su aplicaci�n efectiva.

El aspecto m�s destacado de la CDN es la incorporaci�n del principio del inter�s superior del ni�o, el cual representa un giro respecto a enfoques previos. Este principio establece que el bienestar del menor debe ser la consideraci�n primordial en todas las decisiones que lo involucren, ya sea en �mbitos judiciales, administrativos o sociales. As�, el inter�s superior del ni�o no solo se erige como uno de los pilares fundamentales de la CDN, sino que tambi�n redefine la forma en que se garantiza la protecci�n y promoci�n de sus derechos a nivel global. Cardona (2020) opina que:

Los ni�os no pertenecen a nadie, ni siquiera a sus padres. Los ni�os se pertenecen a s� mismos y deben ser considerados como sujetos de derecho, cuyo inter�s debe ser tenido en cuenta en todas las decisiones que les afecten y cuya opini�n debe ser escuchada antes de determinar el contenido de ese inter�s. (p. 38).

De acuerdo con lo planteado por Cardona, el inter�s superior del ni�o debe fundamentarse en la consideraci�n de su propia opini�n, y no �nicamente en lo que los adultos interpretan como lo m�s conveniente para �l. Esto implica reconocer que sus derechos y su bienestar merecen ser valorados y atendidos con la misma importancia que los de una persona adulta. Vel�zquez y Gonz�lez coinciden con esta idea y sostienen �Los ni�os, ni�as y adolescentes no s�lo son sujetos de derechos, sino que sus intereses prevalecen en el ordenamiento jur�dico� (p. 12).

Para L�pez (2015) el inter�s superior del ni�o es:

La potenciaci�n de los derechos a la integridad f�sica y ps�quica de cada uno de los� ni�os� y� ni�as, persiguiendo� la� evoluci�n� y� desarrollo� de� su personalidad en un ambiente sano y agradable, que apremie como fin primordial el bienestar general del ni�o o ni�a. (p. 55).

Esta definici�n resalta la necesidad de un enfoque hol�stico en la protecci�n infantil, que no solo se enfoque en la prevenci�n de da�os, sino tambi�n en la promoci�n activa del bienestar y el desarrollo en todas sus dimensiones. En cuanto al C�digo de la Ni�ez y Adolescencia (CNA, 2003) sobre el inter�s superior del ni�o establece:

El inter�s superior del ni�o es un principio que est� orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones p�blicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. (art. 11).

�La prevalencia de los derechos de los menores se basa en la necesidad de proporcionarles un entorno adecuado para su desarrollo integral, ya que la infancia y la adolescencia son etapas clave de aprendizaje y formaci�n� (Vel�squez y Gonzales, 2021, p. 7). Esto resalta la importancia de un entorno protector que favorezca su crecimiento f�sico, emocional y cognitivo. El principio del inter�s superior del ni�o se identifica como una herramienta clave para orientar a jueces y autoridades al momento de resolver asuntos relacionados con los derechos de menores. Este principio funciona como un mecanismo de protecci�n que asegura el respeto y cumplimiento de los derechos de ni�os, ni�as y adolescentes, estableciendo un marco jur�dico que pone su bienestar por encima de cualquier otro inter�s en disputa.

En concordancia con la CDN y tomando como principio rector al inter�s superior del ni�o la Constituci�n de la Republica del Ecuador (CRE, 2008) consagra:

El Estado, la sociedad y la familia promover�n de forma prioritaria el desarrollo integral de las ni�as, ni�os y adolescentes, y asegurar�n el ejercicio pleno de sus derechos; se atender� al principio de su inter�s superior y sus derechos prevalecer�n sobre los de las dem�s personas. Las ni�as, ni�os y adolescentes tendr�n derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduraci�n y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitir� la satisfacci�n de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de pol�ticas intersectoriales nacionales y locales. (art. 44)

Este art�culo subraya la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la protecci�n y promoci�n del desarrollo integral de ni�os, ni�as y adolescentes, poniendo como prioridad su bienestar y garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. En relaci�n con los derechos de la infancia, la disposici�n mencionada previamente se�ala lo siguiente:

Las ni�as, ni�os y adolescentes gozar�n de los derechos comunes del ser humano, adem�s de los espec�ficos de su edad. El Estado reconocer� y garantizar� la vida, incluido el cuidado y protecci�n desde la concepci�n. Las ni�as, ni�os y adolescentes tienen derecho a la integridad f�sica y ps�quica; a su identidad, nombre y ciudadan�a; a la salud integral y nutrici�n; a la educaci�n y cultura, al deporte y recreaci�n; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participaci�n social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir informaci�n acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizar� su libertad de expresi�n y asociaci�n, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y dem�s formas asociativas. (CRE, 2008, art. 45)

La garant�a y defensa de los derechos de ni�os, ni�as y adolescentes son esenciales para su desarrollo pleno, pues abarcan tanto los derechos universales de toda persona como aquellos espec�ficos de su edad y contexto. Estos derechos no solo resguardan su bienestar f�sico y emocional, sino que tambi�n aseguran el acceso al derecho a la identidad, un aspecto crucial en la formaci�n de su personalidad y en el fortalecimiento de su sentido de pertenencia. El derecho a la identidad es clave para el desarrollo pleno de cualquier ni�o o ni�a, es as� como est� contemplado en la CDN (1989): �Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del ni�o a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias il�citas�. (art. 8).

El CNA (2003) tambi�n dispone que �Los ni�os, ni�as y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley� (art. 33). La preservaci�n de la identidad, que incluye elementos clave como el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares, garantiza que los ni�os no sean despojados de su v�nculo con su entorno cultural, familiar y social, lo que les permite desarrollarse con una sensaci�n de seguridad y reconocimiento. En este sentido, el derecho a la identidad no solo es una cuesti�n legal, sino que es un derecho humanitario esencial para la construcci�n de una vida plena y digna.

La filiaci�n en el Derecho ecuatoriano

Desde el momento en que se defini� la filiaci�n de las personas, esta ha sido clave para identificar a los individuos tanto en relaci�n con su grupo familiar como con la sociedad a la que pertenecen. (Orellana, 2007). La filiaci�n es el v�nculo jur�dico, biol�gico o afectivo que une a una persona con sus progenitores, generando derechos y obligaciones rec�procas en el �mbito familiar. Seg�n el Diccionario de la Lengua Espa�ola: �Filiaci�n, del lat�n filius, hijo, es la procedencia de los hijos respecto a los padres� (p.34). Rivera (2021) por su parte define a la filiaci�n como:

Una forma de estado de familia, la cual a su vez tiene tres estados: el jur�dico o el legal que es determinado por la ley por medio de una sentencia; el otro estado es el social, que se refiere a las otras personas cuando nace una filiaci�n social pero no es el hijo, cuando reconocen a un hijo sin serlo; y, el �ltimo estado es el estado civil, que es la relaci�n del hijo o hija con su familia y con la sociedad es decir la situaci�n jur�dica que se crea entre ambos. (p. 50)

El concepto de filiaci�n, tanto desde la perspectiva del Diccionario de la Lengua Espa�ola como desde el an�lisis de Rivera, refleja una concepci�n jur�dica y social profundamente arraigada en la estructura familiar. Mientras que el Diccionario establece una definici�n sencilla basada en la procedencia de los hijos, Rivera ampl�a el t�rmino al introducir sus diferentes dimensiones: el estado jur�dico, social y civil. En este sentido, la filiaci�n se convierte en un concepto multifac�tico que abarca tanto lo formal como lo informal, lo legal y lo social, demostrando la evoluci�n del concepto m�s all� de una simple relaci�n de descendencia.

La filiaci�n se construye sobre elementos esenciales que como lo indica Cid y P�rez (2016) son la procreaci�n y el reconocimiento, los cuales son fundamentales para que un individuo obtenga el estatus jur�dico de hijo. La procreaci�n, que implica el nacimiento del ni�o, es un requisito indispensable para que se reconozca legalmente su filiaci�n. El reconocimiento se produce a trav�s del ope legis, lo que significa que la ley, en ciertos casos, establece una presunci�n de filiaci�n leg�tima, especialmente cuando los padres han contra�do matrimonio. Estos elementos aseguran que la filiaci�n no solo sea un hecho biol�gico, sino tambi�n un acto legalmente reconocido que otorga al hijo derechos y responsabilidades dentro del marco familiar y social.

Sobre la filiaci�n el C�digo Civil de Ecuador (2005) indica:

Se establece la filiaci�n, y las correspondientes paternidad y maternidad: a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una uni�n de hecho, estable y monog�mica reconocida legalmente; b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre. (art. 24).

Como lo establece este articulo la normativa ecuatoriana establece tres tipos de filiaci�n: matrimonial, extramatrimonial y adoptiva. Orellana (2007) se�ala que la filiaci�n matrimonial, surge cuando la persona es concebida dentro de un matrimonio. Este tipo de filiaci�n se basa tanto en la procreaci�n como en el v�nculo matrimonial entre los padres, consolidando un v�nculo jur�dico entre el hijo y los progenitores.

La filiaci�n extramatrimonial se da cuando la procreaci�n ocurre fuera del matrimonio. En este tipo de filiaci�n, aunque la procreaci�n es un factor clave, tambi�n es relevante el reconocimiento voluntario de los padres. G�mez (1992) resalta que, en las relaciones extramatrimoniales, el reconocimiento voluntario juega un papel fundamental, pero no se aplica el requisito de ope legis como en el caso de la filiaci�n matrimonial. Finalmente, la filiaci�n adoptiva, aunque no implica procreaci�n biol�gica, reconoce la relaci�n jur�dica entre los padres adoptivos y el hijo una vez cumplidos los requisitos legales.

Adicional a esto el C�digo Civil (2005) manda �Si propuesta la demanda de investigaci�n para que se declare la maternidad o paternidad, el demandado negare ser suyo el hijo, el actor solicitar� al juez la realizaci�n del examen de ADN� (art. 258). A pesar de que se indica que la filiaci�n tambi�n se puede determinar por un proceso judicial, est� claro que esta sigue estando mayoritariamente determinada por la realidad biol�gica, lo que deja fuera otras formas de establecer v�nculos de parentesco.

Este mismo cuerpo normativo tambi�n consagra: �No se admitir� el reconocimiento voluntario que contradiga una filiaci�n ya existente. Si de hecho se llegare a producir, no podr� inscribirse la nueva filiaci�n y, si se lo hiciere, dicha inscripci�n ser� nula� (C�digo Civil, 2005, art. 242.A). Esto seg�n Pe�a (2024) refleja un criterio de binarismo filial, lo que implica que una persona no puede ser reconocida legalmente como progenitor de un hijo con quien mantiene una relaci�n afectiva sin antes impugnar y anular un v�nculo filial previamente registrado. Para ello, se exige demostrar la ausencia de una conexi�n biol�gica con el progenitor legalmente inscrito. No obstante, la legislaci�n no proh�be expresamente la coexistencia de m�s de dos v�nculos filiales, lo que deja abierta la posibilidad de debatir y eventualmente admitir la triple filiaci�n.

Rivera (2021) indica que �Dado que la filiaci�n es una instituci�n legal b�sica en el derecho de familia, la afiliaci�n tiene que responder a los cambios sociales y variaciones de las estructuras familiares que existen en la actualidad�� (p. 31). En el pasado, siempre se hab�a percibido bajo un marco binario paternalista y maternalista que, desafortunadamente, no es suficiente para captar todas las realidades familiares. Hoy en d�a, el derecho a la identidad personal y familiar demanda una forma de reconocimiento a�n m�s amplia, que responda a diversos asuntos como la crianza m�ltiple, las formas socioafectivas de adopci�n y aquellas que resultan de la reproducci�n asistida.

En concordancia con esta opini�n la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2015) ha adoptado una postura inclusiva que no limita el concepto de vida familiar al matrimonio tradicional. El Tribunal ha enfatizado que la vida familiar puede surgir en diversas formas, incluso fuera del matrimonio, siempre que las partes compartan una vida en com�n. Esto refleja una concepci�n m�s amplia de familia, donde los lazos no dependen exclusivamente del matrimonio o del parentesco sangu�neo, sino de la intenci�n de formar un hogar en el que los miembros se apoyen mutuamente. Esto promueve la diversidad de modelos familiares, reconociendo que el verdadero v�nculo familiar se fundamenta en la convivencia, el apoyo mutuo y el deseo de construir una vida juntos, independientemente de las estructuras legales o biol�gicas.

La Triple Filiaci�n

�La triple filiaci�n es una figura jur�dica que reconoce la existencia de m�s de dos progenitores legales para un mismo hijo, permitiendo que una persona tenga tres padres o madres en su registro civil�� (Herrera y Lathrop, 2017, p. 146). Este concepto surge como una respuesta a las nuevas din�micas familiares y avances en reproducci�n asistida, incluyendo familias homoparentales, familias reconstituidas y casos donde un tercero ha tenido un rol parental fundamental en la crianza de un menor.

Herrera (2021) menciona que el concepto de triple filiaci�n intenta reconocer legalmente a las familias multiparentales, que son familias en las que m�s de dos personas participan activamente en la crianza y cuidado de un ni�o. Este mecanismo legal est� dise�ado para abordar las necesidades de estas familias al garantizar que las relaciones filiales establecidas por la ley no se limiten �nicamente al modelo monol�tico tradicional de una madre y un padre, sino que representen la estructura real de crianza m�ltiple de la familia.

�El establecimiento de v�nculos filiales en familias multiparentales debe seguir reglas claras y estar siempre orientado por el inter�s superior del ni�o, que constituye el principal l�mite en cualquier determinaci�n de filiaci�n��. (Herrera, 2021, p. 613). Aunque la autonom�a de la voluntad permite cierto margen de decisi�n en la conformaci�n de la filiaci�n, esta no es absoluta, ya que est� restringida por el bienestar social com�n y la necesidad de garantizar un entorno estable y funcional para el desarrollo del menor.

Si bien la triple filiaci�n puede ser reconocida en casos espec�ficos donde tres personas asumen roles parentales efectivos, no ser�a viable un acuerdo que establezca una filiaci�n con cinco progenitores o m�s, ya que esto podr�a generar una dispersi�n de responsabilidades que comprometa el bienestar del ni�o. La filiaci�n no solo implica el reconocimiento legal de una relaci�n, sino tambi�n deberes de cuidado, protecci�n y crianza, los cuales deben ser ejercidos de manera clara y efectiva. Un n�mero excesivo de progenitores podr�a generar conflictos en la toma de decisiones, dificultades en la distribuci�n de responsabilidades y posibles impactos emocionales en el ni�o, lo que atentar�a contra su estabilidad y seguridad jur�dica.

Las familias multiparentales no se limitan a simples esquemas de convivencia, sino que se basan en v�nculos consolidados donde varias personas asumen roles activos de paternidad o maternidad en la vida de un ni�o. La triple filiaci�n no requiere necesariamente que todos los progenitores cohabiten, sino que exista un lazo afectivo real y sostenido con el menor, asegurando su bienestar y desarrollo integral. Lejos de ser un mecanismo para evadir responsabilidades parentales, la triple filiaci�n busca hacer efectivas las obligaciones derivadas de la filiaci�n, garantizando que todas las personas que han asumido un papel parental cumplan con sus deberes de cuidado, educaci�n y protecci�n. Adem�s, permite que el ni�o exija jur�dicamente los derechos que le corresponden, como la manutenci�n, la seguridad social, la herencia y el acceso equitativo al cuidado de quienes han desempe�ado funciones parentales en su vida. (Pe�a, 2024).

Este reconocimiento jur�dico no solo garantiza la seguridad y estabilidad del ni�o, sino que tambi�n establece un marco legal que protege a todos los integrantes de una familia multiparental, cerrando vac�os normativos que podr�an generar indefensi�n o desigualdades en el ejercicio de derechos y obligaciones familiares. En esta l�nea, Pe�a (2024) se�ala que �la triple filiaci�n es una figura aplicable a las tres fuentes que dan origen al emplazamiento de la filiaci�n: filiaci�n por naturaleza, filiaci�n adoptiva y filiaci�n derivada de t�cnicas de reproducci�n asistida� (p. 186).

La filiaci�n por naturaleza se basa en el principio de la verdad biol�gica, seg�n el cual los lazos filiales son determinados por la relaci�n gen�tica entre progenitores e hijos. Sin embargo, incluso en estos casos, la figura de la triple filiaci�n puede resultar �til, especialmente cuando una tercera persona ha desempe�ado un rol parental activo y constante en la vida del ni�o, equiparable al de sus progenitores biol�gicos. Un ejemplo claro de esta situaci�n se da en las familias ensambladas, es decir, aquellas conformadas tras un divorcio o separaci�n, donde los padres inician nuevas relaciones y sus parejas asumen un papel significativo en la crianza y educaci�n de los hijos. (Pe�a, 2024).

En estos escenarios, padrastros y madrastras pueden llegar a ser figuras parentales esenciales, estableciendo v�nculos afectivos m�s s�lidos que el progenitor biol�gico con quien el ni�o mantiene �nicamente una relaci�n gen�tica. Bajo el esquema tradicional de doble filiaci�n, el reconocimiento legal de esta tercera persona solo ser�a posible impugnando la filiaci�n de uno de los progenitores, lo que implicar�a probar la ausencia de un v�nculo biol�gico para desplazar su posici�n legal como padre o madre. (Krasnow, 2019) Sin embargo, este mecanismo no siempre protege el inter�s superior del ni�o, quien puede haber desarrollado una conexi�n m�s estrecha con su padrastro o madrastra que con su progenitor biol�gico.

Ante estas circunstancias, la triple filiaci�n se presenta como una soluci�n viable para formalizar legalmente estos v�nculos sin necesidad de anular los ya existentes. De esta manera, se reconoce la realidad afectiva y parental del ni�o, permitiendo que quienes han asumido una responsabilidad efectiva en su crianza cuenten con derechos y deberes jur�dicos, garantizando as� su bienestar y estabilidad familiar.

La filiaci�n adoptiva se establece cuando el v�nculo entre progenitor e hijo se determina a trav�s del proceso legal de adopci�n, otorgando al adoptado los mismos derechos y obligaciones que tendr�a un hijo biol�gico. (Pe�a, 2024). Tradicionalmente, este tipo de filiaci�n sigue el esquema biparental, reconociendo a uno o dos adoptantes como progenitores legales. Sin embargo, la figura de la triple filiaci�n cobra relevancia en aquellos casos donde se busca incorporar una tercera persona en la adopci�n, permitiendo que m�s de dos individuos compartan la responsabilidad y derechos parentales sobre el menor.

La filiaci�n tambi�n puede establecerse a trav�s de t�cnicas de reproducci�n asistida, las cuales abarcan desde procedimientos m�dicos especializados, como la fertilizaci�n in vitro y la gestaci�n subrogada, hasta m�todos m�s informales o caseros. En la actualidad, muchas parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, recurren a estas t�cnicas para concebir, sin necesidad de mantener una relaci�n sexual para procrear.

Estos procedimientos pueden implicar el uso de material gen�tico propio de la pareja que desea ser progenitora o la participaci�n de un donante tercero, lo que genera escenarios en los que la filiaci�n no siempre se alinea con la realidad biol�gica, sino con la voluntad y el v�nculo afectivo de quienes buscan asumir el rol de padres. En este contexto, la triple filiaci�n se convierte en una opci�n v�lida cuando el tercero involucrado no es solo un donante, sino que comparte la intenci�n y responsabilidad de la crianza, estableciendo un plan parental conjunto m�s all� de la mera contribuci�n gen�tica. (Pe�a, 2024).

Seg�n Krasnow (2019), �en estos casos es fundamental el consentimiento previo, informado y libre, ya que se trata de situaciones en las que la voluntad procreacional de quienes desean asumir la filiaci�n debe ser expresada de manera clara y sin ambig�edades�� (p. 86). Esto permite consolidar legalmente los derechos y deberes de todas las personas que participan en la parentalidad, garantizando estabilidad tanto para los progenitores como para el ni�o. De este modo, la triple filiaci�n no solo reconoce la diversidad de modelos familiares que surgen a partir de la reproducci�n asistida, sino que tambi�n protege el inter�s superior del menor, asegurando que todas las personas comprometidas con su bienestar sean reconocidas jur�dicamente como progenitores.

El Caso Satya: An�lisis Jurisprudencial

La sentencia identificada con el n�mero 184-18-SEP-CC fue emitida el 29 de mayo de 2018 por la Corte Constitucional del Ecuador (CC). El caso trata sobre derecho constitucional, con �nfasis en derechos humanos. Como accionantes participaron el �Dr. Patricio Benalc�zar Alarc�n, adjunto primero del Defensor del Pueblo; la abg. Carla Pati�o Carre�o, directora nacional de protecci�n de derechos humanos y de la naturaleza; y el abg. Jos� Luis Guerra Mayorga, coordinador nacional de protecci�n prioritaria� (CC, 2018, p. 1). Los jueces de la Tercera Sala de Garant�as Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha actuaron como parte accionada, debido a la sentencia que emitieron el 9 de agosto de 2012 en el caso N.� 0223-2012-VC.

El caso Satya se origin� cuando el Registro Civil del Ecuador �se neg� a inscribir a la ni�a Satya Amani Bicknell Rothon con los apellidos de ambas madres, Nicola Susan Rothon y Helen Louis Bicknell�� (CC, 2018, p. 10), una pareja del mismo sexo que hab�a legalizado su uni�n tanto en el Reino Unido como en Ecuador. �Las ciudadanas brit�nicas, residentes en Ecuador, decidieron tener una hija mediante inseminaci�n artificial con un donante an�nimo, y Satya naci� el 8 de diciembre de 2011 en territorio ecuatoriano� (CC, 2018, p. 10). Sin embargo, al intentar registrarla, solo se reconoci� a Nicola Rothon como madre biol�gica, negando el reconocimiento de Helen Bicknell como madre tambi�n. Ante esta situaci�n, la pareja present� una acci�n de protecci�n, alegando la vulneraci�n de sus derechos y los de su hija.

En cuanto a los antecedentes del caso, en 2012 la pareja interpuso una acci�n de protecci�n ante la justicia ecuatoriana contra el Registro Civil, con el objetivo de que se reconociera legalmente a ambas como madres en el acta de nacimiento de Satya. �No obstante, el 9 de agosto de ese mismo a�o, la Tercera Sala de Garant�as Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desestim� la acci�n� (CC, 2018, p. 15), alegando que la normativa ecuatoriana no contemplaba la figura de doble maternidad ni permit�a registrar hijos con dos madres o dos padres. El tribunal sostuvo que no era posible reconocer a Helen Bicknell como madre sin una disposici�n legal expresa, ya que hacerlo implicar�a una interpretaci�n extensiva de la ley, excediendo las facultades del Registro Civil. En respuesta a esta resoluci�n, la Defensor�a del Pueblo present� una acci�n extraordinaria de protecci�n en 2014.

Este caso refleja un conflicto entre las normas constitucionales, los derechos humanos y las disposiciones del Registro Civil. Los derechos clave que se encuentran en controversia incluyen el derecho a la identidad, reconocido en el art�culo 66, numeral 20 de la CRE, ya que se aleg� que la negativa del Registro Civil vulneraba el derecho de Satya a tener un nombre y apellidos acordes a su entorno familiar. Tambi�n est� en juego el derecho a la igualdad y no discriminaci�n, seg�n el art�culo 11, numeral 2, dado que se consider� que negar el registro con los apellidos de ambas madres constitu�a una forma de discriminaci�n por orientaci�n sexual. Se invoc� el derecho a conformar una familia, protegido por los art�culos 67 y 68, pues la pareja afirmaba que su uni�n de hecho deb�a ser reconocida como una familia leg�tima. Finalmente, se destac� �el principio del inter�s superior del ni�o, establecido en el art�culo 44 de la CRE y en la CDN� (CC, 2018, p. 94), se�alando que el reconocimiento legal de ambas madres era esencial para la seguridad jur�dica y el bienestar de Satya.

En este caso se enfrentan diversas normas jur�dicas. Por un lado, el C�digo Civil ecuatoriano, en sus art�culos 222 y 223, regula la filiaci�n y el reconocimiento de hijos, pero no contempla la posibilidad de que un menor tenga dos madres o dos padres. �La Ley de Registro Civil tampoco prev� la inscripci�n de hijos bajo una doble maternidad o paternidad�� (CC, 2018, p. 81). A nivel internacional, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, en sus art�culos 17 y 24, garantiza el derecho a formar una familia y a no ser discriminado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo vs. Chile (2012), determin� que la orientaci�n sexual no puede usarse como motivo para limitar derechos parentales, estableciendo un precedente clave para este caso. El n�cleo del conflicto gira en torno a si la legislaci�n ecuatoriana permit�a el reconocimiento legal de dos madres y si la negativa del Registro Civil vulneraba derechos fundamentales protegidos por la CRE y los instrumentos internacionales.

Los terceros involucrados en el caso adoptaron posturas diversas. Organizaciones como la Fundaci�n Ecuatoriana Equidad y la Fundaci�n Causana respaldaron la demanda de las madres de Satya, argumentando que el Estado ecuatoriano deb�a garantizar el derecho a la identidad y la igualdad, sin discriminaci�n por orientaci�n sexual. Estas entidades subrayaron que la negativa del Registro Civil colocaba a la ni�a en una situaci�n de vulnerabilidad jur�dica y se�alaron que la CRE no prohib�a expl�citamente la inscripci�n de hijos con doble filiaci�n materna. Adem�s, advirtieron que la negativa a inscribir a Satya afectaba su derecho a la nacionalidad ecuatoriana, ya que, al no ser reconocida por ambas madres, se complicaba su proceso de documentaci�n.

Por otro lado, algunos terceros, como los ciudadanos Alfredo Barrag�n Medina, Esteban Carrera Dur�n, Amparo Medina y la organizaci�n Alliance Defending Freedom, argumentaron que el derecho a la familia deb�a entenderse de manera tradicional, como una uni�n entre un hombre y una mujer. Afirmaron que la CRE, en su art�culo 68, establece que la adopci�n solo puede ser realizada por parejas heterosexuales, y que permitir la inscripci�n de la ni�a con dos madres equivaldr�a a crear una figura de adopci�n no reconocida legalmente. Tambi�n sostuvieron que el inter�s superior del ni�o implicaba que deb�a crecer en un entorno con una figura materna y paternal, citando estudios que sugieren que el desarrollo infantil es m�s estable en familias compuestas por un padre y una madre.

La Procuradur�a General del Estado, en su intervenci�n, defendi� tanto al Registro Civil como a los jueces de la Corte Provincial, argumentando que no se hab�an violado derechos constitucionales ni el debido proceso. Afirm� que la sentencia impugnada estaba correctamente fundamentada y que la legislaci�n ecuatoriana no permit�a el reconocimiento de la doble maternidad, por lo que consideraba que la acci�n extraordinaria de protecci�n deb�a ser rechazada.

Con base en los argumentos presentados por las partes, la CC del Ecuador resolvi� admitir la acci�n extraordinaria de protecci�n y determin� que se hab�an infringido los derechos constitucionales de la ni�a y de sus madres. �La Corte orden� al Registro Civil registrar a Satya con los apellidos de ambas mujeres y estableci� que el Estado ecuatoriano deb�a asegurar la protecci�n de las familias diversas� (Riera et al., 2019, p. 6). Dispuso medidas de reparaci�n integral, incluyendo la obligaci�n de emitir directrices para prevenir la repetici�n de situaciones similares en el futuro.

Esta decisi�n tuvo un impacto directo en las partes involucradas. Para Nicola Rothon y Helen Bicknell, represent� el reconocimiento oficial de su maternidad conjunta sobre Satya y la eliminaci�n de los obst�culos administrativos que hab�an impedido registrar a su hija con los apellidos de ambas. Para Satya, asegur� su derecho a la identidad y al reconocimiento legal de su familia. Seg�n Riera et al (2019) �Para el Registro Civil, la sentencia estableci� un precedente vinculante que le oblig� a revisar su interpretaci�n de la normativa vigente sobre la filiaci�n en parejas del mismo sexo� (p. 12). A nivel general, la decisi�n marc� un precedente hist�rico en Ecuador, reforzando la protecci�n de los derechos de las familias diversas y estableciendo una interpretaci�n constitucional que garantiza la no discriminaci�n por orientaci�n sexual en cuestiones de filiaci�n y registro civil.

Una de las fortalezas de este fallo es la prioridad otorgada al inter�s superior del ni�o en su argumentaci�n. Al reconocer la doble maternidad de Nicola Rothon y Helen Bicknell, la decisi�n asegura a Satya su derecho a la identidad y a una filiaci�n que refleje su realidad familiar, evitando posibles inseguridades jur�dicas en el futuro. Riera et al menciona que �Esto se alinea con lo dispuesto en la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, que establece la obligaci�n del Estado de proteger el bienestar del menor y garantizar su desarrollo en un entorno seguro y estable� (p. 13). En el �mbito social, esta sentencia representa un paso hacia el reconocimiento de los derechos de las familias diversas en Ecuador. Al validar la inscripci�n de un hijo con los apellidos de dos madres, la Corte reconoce que la familia no se limita al modelo tradicional heterosexual, sino que puede adoptar distintas formas, lo que refleja los avances sociales en torno a la diversidad y los derechos LGBTIQ+.

A pesar de los aspectos positivos de esta sentencia, existen puntos que podr�an generar controversia o debate jur�dico. Uno de ellos es la interpretaci�n amplia de la normativa vigente, especialmente del C�digo Civil y la Ley de Registro Civil, que no preve�an expl�citamente la posibilidad de doble maternidad o paternidad. Aunque la CC tiene la facultad de interpretar la CRE de manera progresiva, algunos sectores podr�an argumentar que esta decisi�n debi� haberse derivado de una reforma legislativa y no de una interpretaci�n judicial. Esto podr�a generar cr�ticas sobre una posible "creaci�n de derecho" por parte del tribunal en lugar de una aplicaci�n estricta del marco normativo existente. Otro aspecto susceptible de debate es el uso del inter�s superior del ni�o como criterio determinante. Si bien la Corte aplic� este principio de manera coherente con los est�ndares internacionales, algunos opositores al fallo argumentan que el inter�s superior del ni�o podr�a interpretarse de manera distinta, sugiriendo que la presencia de un padre y una madre ser�a lo m�s adecuado para el desarrollo del menor. Aunque esta posici�n carece de respaldo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sigue siendo un tema de discusi�n en sectores conservadores de la sociedad.

 

Discusi�n

Para Pe�a (2024) en Ecuador, el precedente constitucional del caso Satya marc� un avance significativo al reconocer la posibilidad de establecer la filiaci�n basada en la voluntad procreacional, pero a pesar de este reconocimiento judicial, el ordenamiento jur�dico no ha sido modificado para incorporar expl�citamente este criterio, lo que genera un escenario de inseguridad jur�dica. La falta de una regulaci�n clara puede derivar en decisiones contradictorias y en la necesidad de recurrir a la v�a judicial para obtener el reconocimiento de ciertos derechos, en lugar de contar con un marco normativo que los garantice de manera uniforme.

Adaptar la legislaci�n para respaldar la voluntad procreacional como fundamento de la filiaci�n permitir�a equiparar los derechos de distintas configuraciones familiares, otorgando la misma protecci�n legal tanto a familias biparentales como multiparentales. Esta reforma allanar�a el camino para el reconocimiento de figuras como la triple filiaci�n, proporcionando seguridad jur�dica a ni�os y progenitores en casos donde la parentalidad es asumida por m�s de dos personas. Al garantizar un marco normativo que refleje la realidad social y proteja el inter�s superior del ni�o, Ecuador dar�a un paso hacia un derecho de familia m�s inclusivo y coherente con los est�ndares internacionales de derechos humanos.

Para lograr la inclusi�n de la triple filiaci�n en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, Pe�a (2024) propone dos posibles v�as. La primera opci�n consiste en un proyecto legislativo orientado a reformar o sustituir el CNA, con el objetivo de incorporar expresamente la posibilidad de reconocer m�s de dos progenitores en determinados casos. Esta alternativa permitir�a una regulaci�n detallada de la triple filiaci�n, estableciendo criterios claros sobre su aplicaci�n y garantizando la seguridad jur�dica de todas las partes involucradas.

La segunda opci�n se basa en la v�a constitucional, donde existen varios mecanismos para cuestionar la regla del binarismo filial. Una posibilidad es interponer una acci�n p�blica de inconstitucionalidad, solicitando a la CC que revise la validez de cualquier norma infraconstitucional que limite la filiaci�n a solo dos progenitores. Este recurso permitir�a un an�lisis en abstracto de la norma, argumentando que el binarismo filial vulnera derechos fundamentales reconocidos en la CRE, como el derecho a la identidad, el inter�s superior del ni�o y la protecci�n familiar.

Otra alternativa dentro de la v�a constitucional es el litigio estrat�gico, a trav�s del cual, ante una negativa del Registro Civil a inscribir tres v�nculos filiales, se podr�a presentar una acci�n de protecci�n alegando la vulneraci�n de los derechos mencionados. Adem�s, en el marco de esta acci�n, se podr�a solicitar que el juez de primera instancia eleve una consulta de norma sobre el art�culo 242A del C�digo Civil, argumentando su posible inconstitucionalidad por contravenir los principios de igualdad y no discriminaci�n contemplados en la CRE.

La incorporaci�n de la triple filiaci�n en la normativa ecuatoriana representa un avance necesario para la adaptaci�n del derecho de familia a las nuevas realidades sociales, garantizando la protecci�n de los derechos de ni�os y progenitores en configuraciones familiares no tradicionales. La falta de una regulaci�n clara genera inseguridad jur�dica, ya que obliga a las personas afectadas a recurrir a instancias judiciales para obtener el reconocimiento de su situaci�n, lo que puede derivar en decisiones contradictorias y desigualdad en el acceso a derechos fundamentales.

Integrar la triple filiaci�n en el ordenamiento ecuatoriano traer�a varias ventajas. Permitir�a equiparar los derechos de todas las configuraciones familiares, evitando que algunas queden en una situaci�n de desprotecci�n jur�dica. Garantizar�a el inter�s superior del ni�o, reconociendo legalmente los lazos afectivos y de cuidado que existen en muchas familias multiparentales, sin necesidad de desplazar v�nculos preexistentes, y otorgar�a seguridad jur�dica a todas las partes involucradas, evitando la necesidad de litigios constantes y promoviendo un sistema m�s equitativo e inclusivo.

En cuanto a la v�a m�s adecuada para lograr esta reforma, si bien un proyecto legislativo para reformar el CNA permitir�a una regulaci�n detallada y estable, en la pr�ctica podr�a ser un proceso lento debido a los debates pol�ticos y la posible resistencia de sectores m�s conservadores. Por otro lado, la v�a constitucional, a trav�s de una acci�n p�blica de inconstitucionalidad, parece ser el camino m�s r�pido y efectivo. Esta opci�n permitir�a que la CC analice en abstracto la norma del binarismo filial y, en caso de declararla inconstitucional, su decisi�n tendr�a efectos directos e inmediatos, obligando al Registro Civil a aceptar la triple filiaci�n sin necesidad de una reforma legislativa previa.

 

Conclusiones

El caso de Satya ha representado un punto de inflexi�n en la jurisprudencia de Ecuador, influyendo directamente en la redefinici�n de los modelos de filiaci�n. Con este fallo, la CC reconoci� la opci�n de establecer la filiaci�n seg�n la voluntad procreacional, cuestionando el modelo tradicional que priorizaba la filiaci�n biol�gica. Este paso resalt� la necesidad de actualizar el marco legal para reconocer de manera clara a diversas configuraciones familiares, como las familias homoparentales y multiparentales, que previamente carec�an de un respaldo jur�dico claro.

El ordenamiento jur�dico ecuatoriano sigue anclado en un esquema binario de filiaci�n, limitando el acceso a derechos de aquellos ni�os cuyos lazos familiares no se ajustan a la normativa vigente. La filiaci�n, m�s all� de su dimensi�n biol�gica, debe ser entendida desde una perspectiva social y afectiva, considerando la realidad de las relaciones parentales en la actualidad. En este sentido, la triple filiaci�n se presenta como una respuesta viable a los nuevos modelos de parentalidad, al permitir el reconocimiento de m�s de dos progenitores cuando se haya consolidado un v�nculo parental estable y comprometido con el bienestar del ni�o.

As� surge la necesidad de reformar la legislaci�n ecuatoriana para dar cabida a la filiaci�n por voluntad procreacional y la triple filiaci�n. Se han identificado dos v�as principales para lograrlo: la reforma legislativa y la v�a constitucional mediante una acci�n p�blica de inconstitucionalidad o litigios estrat�gicos. Si bien una reforma al C�digo de la Ni�ez y Adolescencia permitir�a establecer un marco regulatorio detallado, esta opci�n podr�a ser m�s lenta debido a los debates pol�ticos. En contraste, la v�a constitucional, especialmente a trav�s de una acci�n p�blica de inconstitucionalidad, parece ser el mecanismo m�s r�pido y eficaz, ya que permitir�a que la CC elimine las barreras normativas que impiden el reconocimiento de la triple filiaci�n. La evoluci�n del derecho de filiaci�n en Ecuador debe orientarse hacia la protecci�n del inter�s superior del ni�o, garantizando que su identidad y estructura familiar sean reflejadas y protegidas dentro del sistema jur�dico.

 

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