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An�lisis de los procesos de venta de activos de las empresas p�blicas en el Ecuador

 

Analysis of asset sales processes for public companies in Ecuador

 

An�lise de processos de venda de ativos de empresas p�blicas no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: kevintorresc@aol.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 13 de abril de 2025 *Aceptado: 11 de mayo de 2025 * Publicado: �26 de junio de 2025

 

        I.            Abogado, Magister, Docente, Investigador Independiente, Ecuador.

      II.            Abogada, Magister, Investigador Independiente, Ecuador.

Resumen

En Ecuador, la decisi�n presidencial de vender varias empresas p�blicas ha generado un debate jur�dico y econ�mico. El objetivo de esta medida es obtener liquidez inmediata a trav�s de la privatizaci�n de activos como la Corporaci�n Nacional de Telecomunicaciones, Banco del Pac�fico, Sopladora, Flota Petrolera Ecuatoriana y TAME. El presente trabajo analiza el marco legal aplicable, distinguiendo entre sectores estrat�gicos y no estrat�gicos, y destacando que la Constituci�n proh�be la venta total de empresas p�blicas estrat�gicas. Como alternativa, se propone la delegaci�n a empresas mixtas donde el Estado mantenga la mayor�a accionaria. Adem�s, se examinan experiencias internacionales, resaltando que la privatizaci�n no siempre garantiza beneficios fiscales ni estabilidad econ�mica. La propuesta concluye que, en los casos legalmente viables, es indispensable evaluar previamente los efectos econ�micos y sociales, ya que una venta mal estructurada puede agravar el d�ficit fiscal. Sin embargo, existen antecedentes positivos en pa�ses como Argentina y Per�.

Palabras clave: Venta de activos; empresas p�blicas; privatizaciones.

 

Abstract

In Ecuador, the presidential decision to sell several public companies has sparked a legal and economic debate. The objective of this measure is to obtain immediate liquidity through the privatization of assets such as the National Telecommunications Corporation, Banco del Pac�fico, Sopladora, the Ecuadorian Oil Fleet, and TAME. This paper analyzes the applicable legal framework, distinguishing between strategic and non-strategic sectors and highlighting that the Constitution prohibits the total sale of strategic public companies. As an alternative, it proposes delegation to joint ventures where the State retains a majority stake. International experiences are also examined, highlighting that privatization does not always guarantee tax benefits or economic stability. The proposal concludes that, in legally feasible cases, it is essential to first assess the economic and social effects, as a poorly structured sale can worsen the fiscal deficit. However, there are positive precedents in countries such as Argentina and Peru.

Keywords: Asset sales; public companies; privatizations.

 

 

Resumo

No Equador, a decis�o presidencial de vender diversas empresas p�blicas gerou um debate jur�dico e econ�mico. O objetivo dessa medida � obter liquidez imediata por meio da privatiza��o de ativos como a Corpora��o Nacional de Telecomunica��es, o Banco del Pac�fico, a Sopladora, a Frota Petrol�fera Equatoriana e a TAME. Este artigo analisa o arcabou�o legal aplic�vel, distinguindo entre setores estrat�gicos e n�o estrat�gicos e destacando que a Constitui��o pro�be a venda total de empresas p�blicas estrat�gicas. Como alternativa, prop�e a delega��o para joint ventures nas quais o Estado ret�m participa��o majorit�ria. Experi�ncias internacionais tamb�m s�o examinadas, destacando que a privatiza��o nem sempre garante benef�cios fiscais ou estabilidade econ�mica. A proposta conclui que, em casos juridicamente vi�veis, � essencial avaliar previamente os efeitos econ�micos e sociais, pois uma venda mal estruturada pode agravar o d�ficit fiscal. No entanto, existem precedentes positivos em pa�ses como Argentina e Peru.

Palavras-chave: Venda de ativos; empresas p�blicas; privatiza��es.

 

Introducci�n

Las Empresas P�blicas forman parte de nuestro pa�s a fin de permitir el desarrollo de sectores fundamentales y la optimizaci�n de servicios p�blicos, conforme lo determina nuestra Constituci�n: El Estado constituir� empresas p�blicas para la gesti�n de sectores estrat�gicos, la prestaci�n de servicios p�blicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes p�blicos y el desarrollo de otras actividades econ�micas. La ley definir� la participaci�n de las empresas p�blicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendr� la mayor�a accionaria, para la participaci�n en la gesti�n de los sectores estrat�gicos y la prestaci�n de los servicios p�blicos. (Art�culo 315 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador).

La justificaci�n del presente trabajo est� dada por la presencia que tienen las empresas p�blicas en la econom�a ecuatoriana, sean como prestadoras de servicios eminentemente p�blicos, como energ�a y agua potable, o como competidora de operadores econ�micos estatales. Las empresas p�blicas son instituciones pertenecientes al Estado, con patrimonio propio, autonom�a tanto financiera como econ�mica� que tienen como finalidad el buen desarrollo de las actividades econ�micas del Estado. Con esto se puede determinar la importancia de las empresas p�blicas en el pa�s pues permiten el desarrollo de los sectores fundamentales, que le corresponden al Estado como principal responsable.

Si a este protagonismo de las empresas p�blicas le sumamos la coyuntura pol�tica econ�mica del pa�s, en el cual se ha manifestado p�blicamente por parte del ejecutivo las intenciones de vender 11 empresas, un banco, medios de comunicaci�n y centrales hidroel�ctricas de propiedad del estado y que ascienden a USD 8215 millones, siendo este un 20% de activos de las 26 empresas que estan en manos del estado y cuyos activos suman USD 41930 millones. (Diario El Comercio 2016) vamos a encontrar como principal problema la falta de normativa que defina los procedimientos a seguirse para la puesta en venta o la apertura de capitales privados teniendo en cuenta de que esta situaci�n es in�dita en el pa�s, de aqu� que el objetivo del presente trabajo es indicar cuales ser�an los mecanismos legales m�s id�neos para la puesta en venta de estos activos, prescindiendo por su puesto de la valoraci�n de los mismos ya que dicha activad es menester de otro tipo de disciplinas como las de administraci�n, contabilidad o finanzas.

 

Estado de Arte

Las empresas p�blicas

A fin de tener una mejor comprensi�n a cerca de las empresas p�blicas nos referiremos a la Ley Org�nica de Empresas P�blicas, en cuanto a su definici�n, creaci�n, fusi�n, escisi�n y liquidaci�n de las mismas. �Las empresas p�blicas son entidades que pertenecen al Estado en los t�rminos que establece la Constituci�n de la Rep�blica, personas jur�dicas de derecho p�blico, con patrimonio propio, dotadas de autonom�a presupuestaria, financiera, econ�mica, administrativa y de gesti�n. Estar�n destinadas a la gesti�n de sectores estrat�gicos, la prestaci�n de servicios p�blicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes p�blicos y en general al desarrollo de actividades econ�micas que corresponden al Estado.�. (Art�culo 4 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

La dimensi�n p�blica del concepto de empresa P�blica alude fundamentalmente a su propiedad y control por parte de autoridades p�blicas: la propiedad debe ser de al menos el 50 por ciento; el control implica espec�ficamente el ejercicio de las funciones de direcci�n superior por directivos designados por las autoridades p�blicas propietarias y la responsabilidad p�blica de las empresas p�blicas ( ante autoridades de los diversos organismos del Estado); hay que agregar aqu� otro elemento: el prop�sito p�blico de las empresas p�blicas, que deben responder al inter�s p�blico ( y a las pol�ticas p�blicas dise�adas para operarlas).�(El Marco Conceptual y Definici�n de la Empresa P�blica)

Tipos de empresas p�blicas

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de econom�a mixta creadas por la empresa p�blica, en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayor�a accionaria. (Art�culo 4 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

Las empresas filiales son sucursales de la empresa p�blica matriz que estar�n administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada. (Art�culo 4 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

La empresa p�blica es definida de esta forma ya que su propiedad y su direcci�n se encuentra conformada por autoridades del sector p�blico, por lo tanto el Estado debe formar parte de la mayor�a de las acciones dentro de dichas empresas , tanto en la direcci�n de la misma como en la responsabilidad que la mista tiene frente a la sociedad, tambi�n cabe considerar que las empresas p�blicas tienen un prop�sito, un fin p�blico y deben responder al inter�s p�blico, todas las pol�ticas adoptadas dentro de las mismas deben velar por este principio. (Marco conceptual y definici�n de la Empresa P�blica)

La creaci�n de empresas p�blicas se har�:

1.      Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Funci�n Ejecutiva;

2.      Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos aut�nomos descentralizados; y,����������������������������������

3.      Mediante escritura p�blica para las empresas que se constituyan entre la Funci�n Ejecutiva y� los gobiernos aut�nomos descentralizados, para lo cual se requerir� del decreto ejecutivo y de la decisi�n de la m�xima autoridad del organismo aut�nomo descentralizado, en su caso.(Art�culo 5 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

En las empresas p�blicas creadas por la Funci�n Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercer� el Ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. En las empresas creadas por los gobiernos aut�nomos descentralizados, la Presidenta o el Presidente ser�n la Alcaldesa o el Alcalde, la Prefecta o Prefecto, la Gobernadora o Gobernador Regional, o su respectivo delegado, quien deber� ser una funcionaria o funcionario del gobierno aut�nomo descentralizado. En el caso de empresas creadas por m�s de un gobierno aut�nomo descentralizado, la presidencia del Directorio estar� a cargo de la autoridad que designen los representantes legales de dichos gobiernos. En las empresas creadas entre la Funci�n Ejecutiva y los gobiernos aut�nomos descentralizados, la presidencia la ejercer� quien sea elegido de entre los miembros principales del Directorio. (Art�culo 8 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

Caracter�sticas de las empresas p�blicas y su capacidad asociativa

Las empresas p�blicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebraci�n de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podr�n constituir cualquier tipo de asociaci�n, alianzas estrat�gicas, sociedades de econom�a mixta con sectores p�blicos o privados en el �mbito nacional o internacional o del sector de la econom�a popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del art�culo 316 de la Constituci�n de la Rep�blica. (Art�culo 35 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

Todo proceso de selecci�n de socios privados para la constituci�n de empresas de econom�a mixta debe ser transparente de acuerdo con la ley y se requerir� concurso p�blico, y para perfeccionar la asociaci�n no se requerir� de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio. No requerir�n de concursos p�blicos los procesos de asociaci�n con otras empresas p�blicas o subsidiarias de �stas, de pa�ses que integran la comunidad internacional. (Art�culo 35 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas).

La ley de empresas p�blicas regula la constituci�n, organizaci�n, funcionamiento, fusi�n, escisi�n y liquidaci�n de las empresas p�blicas que no pertenezcan al sector financiero; la fusi�n de una empresa p�blica comprende cuando dos o m�s empresas forman una nueva, o cuando una o m�s empresas son absorbidas por otra, es importante conocer esta forma de crear una nueva empresa pues esta figura jur�dica ha sido utilizada en nuestro pa�s con varias empresas p�blicas. La fusi�n ser� resuelta y aprobada por los directorios de las empresas p�blicas que se vayan a fusionar y requerir� de forma previa el informe favorable del organismo nacional de planificaci�n o de la unidad de planificaci�n del gobierno aut�nomo descentralizado, seg�n corresponda.

Para la fusi�n de cualquier empresa p�blica con otra en una nueva se acordar� primero la disoluci�n sin liquidaci�n y luego se proceder� al traspaso total de los respectivos patrimonios sociales a la nueva empresa. Si la fusi�n resultare de la absorci�n de una o m�s empresas p�blicas por otra empresa existente, �sta adquirir� en la misma forma los patrimonios de la o de las empresas absorbidas. La empresa absorbente se har� cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumir� por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los acreedores de �sta. (Art�culo 48 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas)

La fusi�n ser� resuelta y aprobada por los directorios de las empresas p�blicas que se vayan a fusionar y requerir� de forma previa el informe favorable del organismo nacional de planificaci�n o de la unidad de planificaci�n del gobierno aut�nomo descentralizado, seg�n corresponda. (Art�culo 48 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas)

La escisi�n de las empresas p�blicas se da sobre la base de la recomendaci�n motivada del Directorio de la empresa p�blica, la Presidenta o Presidente de la Rep�blica, por decreto ejecutivo o el m�ximo �rgano del gobierno aut�nomo descentralizado, seg�n corresponda al tipo de empresa, podr� resolver la escisi�n de una empresa p�blica en m�s empresas p�blicas. (Art�culo 49 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas)

La resoluci�n de Directorio que recomiende la escisi�n deber� contener los siguientes requisitos:

1.      La divisi�n del patrimonio de la empresa p�blica entre �sta y las nuevas empresas p�blicas que se crearen y la adjudicaci�n de los correspondientes activos, para cuyo efecto podr�n adjudicarse los mismos a valor presente o de mercado, y cualquier exceso en activos sobre el valor del patrimonio adjudicado podr� compensarse con la asunci�n de pasivos de la empresa p�blica escindida; y,

2.      La propuesta de estructura de las nuevas empresas p�blicas a formarse que deber�n crearse de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 5 de esta ley. (Art�culo 50 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas)

Disoluci�n y liquidaci�n de la empresa p�blica

Cuando una empresa p�blica haya dejado de cumplir los fines u objetivos para los que fue creada o su funcionamiento ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la econom�a nacional o del inter�s p�blico y siempre que no fuese posible su fusi�n. Para la extinci�n de una empresa p�blica se deber�n observar las mismas formalidades establecidas para su creaci�n, debiendo el decreto ejecutivo, norma regional u ordenanza respectiva fijar la forma y t�rminos de su extinci�n y liquidaci�n. (Art�culos 55 al 63 de la Ley Org�nica de Empresas P�blicas)

Venta de activos de empresas p�blicas

Cuando el Estado no desea utilizar ninguna de estas figuras jur�dicas sino m�s bien quiere realizar la venta de empresas p�blicas debe observar las normas constitucionales y legales, como es el caso de la Ley de Modernizaci�n del Estado y el Reglamento General de Bienes del Sector P�blico, en este caso se debe tomar algunas consideraciones de las cuales hablare a continuaci�n.

Actualmente ha surgido un tema de gran importancia en nuestro pa�s pues el se�or Presidente de la Rep�blica ha hecho oficial que varias empresas p�blicas ser�n vendidas. Es el caso de empresas como la Corporaci�n Nacional de Telecomunicaciones, el Banco del Pac�fico, Sopladora, Flota Petrolera Ecuatoriana, y, la empresa de aviaci�n Tame.

La venta de Empresas P�blicas o de Empresas en las cuales el mayor accionista es el Estado conlleva a establecer si se trata de privatizaci�n de los servicios p�blicos. Esto es transferir las actividades empresariales del sector p�blico al sector privado.

Al respecto Armando Javier S�nchez D�az, y, Patricia Carmina Inzunza Mej�a, (2015), indican: El t�rmino "privatizaci�n" suele emplearse, en un sentido amplio, para hacer referencia a la venta de empresas del Estado a particulares y para denominar otras formas de desincorporaci�n de estas firmas de su control, tales como la liquidaci�n de las empresas o la extinci�n de los fideicomisos, las fusiones y las transferencias a los gobiernos estatales.

La venta de Empresas P�blicas se ha considerado como la soluci�n a los problemas e ineficiencias por parte del Estado, asumiendo que de esa forma se fortalecer� las finanzas p�blicas, no obstante, la pr�ctica ha demostrado lo contrario:

Para los pa�ses latinoamericanos, la pol�tica de privatizaciones represent� un cambio para el Estado pues se incrementaron los pasivos, disminuyendo los activos, lo que al principio aparentemente hizo disminuir la deuda, teniendo un uso menos limitado de los recursos del Estado. (Eduardo Ram�rez Cedillo, (2007))

Si bien con la privatizaci�n de las empresas p�blicas se avanz� en el pago de la deuda externa, este proceso al no derivarse en una transformaci�n estructural de largo plazo se revirti�, por lo que la econom�a del Estado sufri� una grave desventaja pues se increment� la deuda interna que pon�an a los pa�ses que experimentaron la privatizaci�n en situaciones de igual condici�n a las que se enfrentaban cuando el Estado manejaba las empresas p�blicas, ahora se ve con menos riqueza y una mayor inflaci�n. (Eduardo Ram�rez Cedillo, (2007))

En principio, se sostiene que el efecto del proceso de privatizaciones podr� ser positivo en cuanto a los ingresos provenientes del extranjero por la compra de activos del Estado, asi como adicionalmente inversiones tecnol�gicas, no obstante, la privatizaci�n de las empresas p�blicas no mejora la administraci�n de esas unidades econ�micas, ni tampoco se puede dar por sentado que con la privatizaci�n se va a generar un ambiente de mayor competencia; al contrario, la concentraci�n del capital privado transform� los monopolios estatales en monopolios privados (Telmex) o bien en empresas extranjeras (sistema bancario), con el inconveniente de que los involucrados o nuevos propietarios tienen injerencia en las decisiones de pol�tica econ�mica que adopta el Estado y en cualquier caso tratar�n de favorecerse a costa de la poblaci�n en general. (Eduardo Ram�rez Cedillo, (2007))

Por otra parte, la privatizaci�n no condujo a mejoras en el comportamiento de las finanzas p�blicas, pues los efectos que se tuvieron fueron tan s�lo de corto plazo, pero con el agravante de que se regresaba a una situaci�n similar en condiciones de desventaja con menor cantidad de activos y con una cantidad de pasivos similar o mayor a la de la d�cada de los ochenta (si consideramos la pesada losa que representa la bancarrota de la seguridad social); a la luz de los hechos, parece poco rescatable haber optado por intercambiar activos por pasivos. (Eduardo Ram�rez Cedillo, (2007))

Con lo expuesto se puede determinar que la privatizaci�n de los servicios p�blicos no genera una mejor condici�n en la econom�a p�blica sino m�s bien se convierte en una desventaja, no obstante, cabe mencionar que pa�ses como Per� y Argentina presentaron mayores ganancias despu�s de la privatizaci�n.

En nuestro pa�s los funcionarios del ejecutivo han mencionado que la venta de activos del Estado no tiene como fin privatizar los servicios p�blicos sino una necesidad de liquidez a fin de afrontar los gastos ocasionados del terremoto registrado el 16 de abril del presente a�o, en la regi�n costa. Pues bien, el hecho de vender activos del Estado a una persona del sector privado en realidad es una forma de privatizaci�n, ya que como lo estipula la Ley de Modernizaci�n del Estado la venta es un procedimiento de privatizaci�n de los servicios p�blicos.

Es importante tomar en cuenta que las empresas como CNT, y, Flopec prestan servicios de los cuales el Estado tiene competencias exclusivas de conformidad con el art�culo 261 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, por lo que no cabe la venta de �stos activos por cuanto son empresas creadas a fin de gestionar sectores estrat�gicos:

Se consideran sectores estrat�gicos la energ�a en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinaci�n de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio gen�tico, el espectro radioel�ctrico, el agua, y los dem�s que determine la ley. (Art�culo 313 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador)

Lo que el Estado puede realizar es la delegaci�n de los servicios p�blicos a empresas mixtas o privadas:

El Estado podr� delegar a empresas mixtas o privadas la prestaci�n de los servicios p�blicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza el�ctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar. La participaci�n de las empresas mixtas o privadas se har� mediante concesi�n, asociaci�n, capitalizaci�n, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual "o administrativa" de acuerdo con la ley. El Estado cumplir� con su obligaci�n de atender la educaci�n y la salud p�blica de los ecuatorianos conforme los mandatos de la Constituci�n y sin perjuicio de la actividad que, en dichas �reas, cumpla el sector privado. (Art�culo 41 de la Ley de Modernizaci�n del Estado)

La exploraci�n y explotaci�n de los recursos naturales no renovables cuya propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado, podr� hacerse a trav�s de empresas p�blicas, mixtas o privadas. (Art�culo 41 de la Ley de Modernizaci�n del Estado)

Al ser competencias exclusivas del Estado, las telecomunicaciones, as� como los hidrocarburos, el Estado siempre debe tener la mayor�a accionaria a fin de participar en la gesti�n de sectores estrat�gicos y la prestaci�n de servicios p�blicos. En el inciso final del art�culo antes transcrito, espec�ficamente establece que la exploraci�n y explotaci�n de los recursos no renovables es propiedad inalienable e imprescriptible perteneciente al Estado, la empresa Flopec es una empresa petrolera por lo cual se convierte en improcedente su venta.

Venta de activos en el derecho comparado

En diversos pa�ses se produjo la venta de activos de empresas p�blicas al sector privado lo cual es relevante tomar en cuenta a fin de considerar los efectos que se produjeron a causa de dicha venta.

En Argentina la transferencia de los activos p�blicos sirvi� al prop�sito de cancelar la deuda externa, el efecto favorable sobre la solvencia del Estado estimul� el ingreso de capitales cuando la transferencia se hizo contra pagos en efectivos para financiar desequilibrios fiscales transitorios, ello deriv� una expansi�n monetaria y consecuentemente en apreciaci�n real. Finalmente, en 1992 el gobierno ya hab�a alcanzado el equilibrio presupuestario, fue cuando comenzaron a incrementarse las inversiones extranjeras directas vinculadas al compromiso de modernizaci�n de la infraestructura asociado a las privatizaciones.�(Gerchunoff & C�novas, 1994)

En Colombia el an�lisis de rendimiento sigue el enfoque de las evaluaciones firmes utilizado en la privatizaci�n estudios como Megginson et al. (1994) y La Porta y L�pez -de - Silanes (1999) .11 Las tablas 2 y 3 presentan los principales resultados en cuanto a los efectos en el rendimiento de la reforma de la reglamentaci�n sobre las explotaciones de energ�a . Varios hechos son dignos de menci�n. En primer lugar, la reforma ha tenido una relaci�n directa y efecto positivo en la eficiencia de funcionamiento de utilidad. El costo promedio por unidad se redujo 45 % en con precios constantes. La media (mediana) de las ventas a PPE aument� 17 % (18 %), mientras que la media (mediana) las ventas a empleados aumentaron un 20,3 % (15,7%). Lo mismo ocurri� con los ingresos de explotaci�n de relaci�n de los empleados, donde la media (mediana) aumento fue del 63 % (48 %) a precios constantes despu�s de la reforma. Los cambios son significativos al nivel del 5 por ciento.�(Pombo, 2004)

En Per� Resulta claro que, en el corto plazo, el impacto de la privatizaci�n sobre el empleo es negativo, puesto que las empresas estatales contrataban normalmente sobre la base de criterios pol�ticos y no t�cnicos. Por lo tanto, las empresas privatizadas tienen que ajustarse a las nuevas condiciones del mercado y reducir sus �ndices de empleo. En este sentido, s�lo 36% (aproximadamente 43,000empleados) conservaron sus puestos despu�s del proceso de privatizaci�n. No obstante, se ha demostrado que hubo un aumento significativo en el empleo indirecto mediante la prestaci�n de servicios, y que el empleo total (directo e indirecto) aument� en promedio cerca de 28% a partir de la privatizaci�n. Sin embargo, para poder medir el impacto real sobre el empleo en el mediano plazo ser� necesario estudiar no s�lo el empleo en el sector espec�fico sino tambi�n los efectos en otros sectores como consecuencia de la mayor demanda de servicios por parte de las empresas privatizadas. (Torero, 2002)

No obstante, otros estudios afirman que Per� y Argentina hubo un efecto positivo a diferencia del resto de pa�ses. (�(Chong, 2006)

�En Espa�a se estableci� que a fin de que la privatizaci�n de empresas p�blicas mejore la eficiencia del sistema empresarial en su conjunto, el aumento de la competencia es una condici�n necesaria. Asimismo, para garantizar el �xito de las privatizaciones y el cumplimiento de sus finalidades, se deben estudiar las formas alternativas de venta de empresas p�blicas, el mercado donde act�a la empresa, si pertenece a un sector estrat�gico, la reacci�n de los grupos beneficiado por ella, as� como los m�todos de privatizaci�n de las empresas p�blicas.�(Melle Hern�ndez, 1999)

El fen�meno de la privatizaci�n es en principio, distinta e independiente, y puede o no, coincidir en el tiempo. El Estado podr�a, posiblemente, decidir la aplicaci�n de un programa de privatizaci�n, manteniendo al mismo tiempo los sectores regulados y los monopolios p�blicos. Un gobierno puede incluso decidir privatizar un monopolio p�blico sin presentar al mismo tiempo la competencia sectores; un monopolio p�blico simplemente ser�a sustituida por una privada. La privatizaci�n en s� misma no es suficiente para fomentar la competencia.�(Ortega, 2003)

Cabrera y G�mez (2003) representan el m�s reciente y completo estudio para probar el efecto de la privatizaci�n sobre el rendimiento. Los autores comparan los valores medios y medianos de los indicadores de rentabilidad y eficiencia varios de firmes (rentabilidad sobre activos, rentabilidad de patrimonio, Utilidad de Operaci�n-a-Ventas, Ventas-to Employees y el beneficio a los empleados neto) en los tres a�os despu�s de la privatizaci�n con su valor en los tres a�os anteriores a la privatizaci�n. Curiosamente, a diferencia de los estudios anteriores sus resultados muestran privatizaci�n una mejor�a estad�sticamente significativa despu�s de la empresa, tanto en la rentabilidad y eficiencia operativa. Estas conclusiones son de especial relevancia debido a que los autores analizan la m�s amplia muestra de empresas privatizadas que se podr�a construir en Espa�a.�(Arocena, 2003)

Fern�ndez et al., (2004). Pulido (2004, p. 196) afirma que: "la innovaci�n es estimulada por el proceso de privatizaci�n, especialmente en condiciones de competencia y, por supuesto, en sectores con una evoluci�n tecnol�gica robusta y mercados altamente din�micos que absorben f�cilmente nuevos productos . " En un estudio emp�rico de treinta y cinco empresas privatizadas europeos, Munari y Sobrero (2003) lleg� a la conclusi�n de que la privatizaci�n tiene un efecto positivo en el n�mero de patentes.�(Zabalza, 2012)

En M�xico Evaluar el impacto fiscal general de privatizaciones durante el per�odo m�s reciente es m�s dif�cil que bajo las administraciones debido a la descentralizaci�n del proceso de la Madrid y Salinas y la naturaleza de las privatizaciones. Los datos sobre los ingresos recaudados por cada ministerio de privatizaciones no han sido agregados para dar una imagen completa del proceso de privatizaci�n. Tambi�n es importante tener en cuenta que cada vez m�s privatizaciones bajo el r�gimen de concesiones Zedillo son m�s que operaciones de venta directa. Algunos ingresos de estas privatizaciones seguir�n acumul�ndose al gobierno durante un per�odo de tiempo.�(MacLeod, 1998)

Al analizar en detalle la privatizaci�n de Telmex, el grado en que los recursos generados por la privatizaci�n se utilizan realmente para volver a lubricar las pr�cticas clientelistas estado laborales tradicionales en M�xico, alimentando nuevas redes de patrocinio se ha demostrado la cambiante relaci�n se puede resumir en los siguientes puntos. Durante la d�cada de 1970, el STRM hab�a parecido una amenaza para el Estado mexicano, ya que los trabajadores telef�nicos hab�an depuesto l�der sindical impuesto por el gobierno (Charro) a trav�s de elecciones relativamente democr�ticas, por lo tanto, la uni�n se gan� la reputaci�n de ser independiente y democr�tico y se uni� a las filas muchos de los otros sindicatos insurgentes de ese per�odo. Dos d�cadas despu�s, Salinas y el dirigente sindical STRM nunca hab�an estado m�s cerca: incluso viajado al extranjero juntos para ensalzar las virtudes de la privatizaci�n y la colaboraci�n de los Trabajadores, as� como promover el TLC. Esta cercan�a se logr� a trav�s de una serie de numerosos pactos y privilegios que se consolidaron durante la privatizaci�n de Telmex. Como recompensa por la presentaci�n de la cara de una fuerza de trabajo modernizado y la aceptaci�n de un contrato de trabajo antes de la privatizaci�n que introduce una mayor flexibilidad, el gobierno ayud� a la uni�n para construir una masiva ampliaci�n de su sede sindical en Ciudad de M�xico. (Clifton, 2003)

En Chile el objetivo del financiamiento fiscal de las privatizaciones puede entrar en seria contradicci�n con otros objetivos alternativos como los de aumentar la eficiencia econ�mica o difundir la propiedad. Asimismo, la fijaci�n de tarifas de servicios p�blicos privatizados ha resultado menos eficiente de lo que se esperaba y poco eficaz en el control de aspectos subsidiarios al servicio central prestado por la empresa.�(Marcel, 1989)

Una evaluaci�n de la experiencia en Costa Rica arroja lecciones de la privatizaci�n entre ellas que la privatizaci�n siempre debe ir acompa�ada de pol�ticas que permitan la competencia entre las empresas privatizadas y otras empresas; debe emplearse una variedad de maneras y m�todos pues no todos los esquemas deben conducir a privatizaciones totales.�(Amb�a, 1997)

En Hungr�a la privatizaci�n en Hungr�a empez� antes de 1990 d�nde la administraci�n de la empresa p�blica significo una situaci�n de riesgo al tener pocos bienes y un aumento de la deuda original. (Tesche, 1994)

 

Conclusiones

En conclusi�n el Estado debe garantizar el cumplimiento de la Constituci�n y dem�s leyes que rigen en nuestro pa�s,� por cuanto si la idea es vender en su totalidad las empresas antes mencionadas, se deber� dejar de lado esa idea ya que son sectores estrat�gicos y de competencia exclusiva del Estado, como se ha expuesto lo que cabe en cuanto a las mismas es la delegaci�n por parte del Estado a empresas mixtas o privadas de la prestaci�n de los servicios p�blicos, tomando en cuenta las consecuencias que conlleva la privatizaci�n de los servicios, conforme lo han aseverado diversos estudios:

En lo principal se manifiesta como recomendaci�n a fin de que se realice la privatizaci�n de servicios p�blicos que la misma puede ser una gran ayuda depende de la eficiencia con la que se brinda estos servicios, inclusive el poder de influir de forma positiva en los fondos fiscales con las ganancias de las privatizaciones, en servicios como agua, telecomunicaciones (que es el caso en nuestro pa�s), energ�a el�ctrica o gas. (Public-Private Articulation in the Financing of Road Infrastructure in Uruguay, (2009))

Sin embargo, cuando la privatizaci�n comienza a operar existe cambios en el pensamiento de quienes defend�an este proceso, sea por cambios de liderazgo o simplemente por el hecho de que los efectos de la privatizaci�n no fueron los esperados, las causas por la cual el proceso de privatizaci�n de los servicios p�blicos fue recomendado no se evidenciaron en la realidad. (Public-Private Articulation in the Financing of Road Infrastructure in Uruguay, (2009)

No obstante, cabe la venta de empresas p�blicas que prestan servicios que no son considerados como sectores estrat�gicos, pues la finalidad de la venta de estas empresas no es simplemente otorgar responsabilidades al sector privado, lo cual se realizar�a con la delegaci�n de la cual se ha hablado, sino m�s bien tiene un fin de afrontar la falta de liquidez por la cual atraviesa nuestro pa�s y as� obtener ingresos econ�micos los cuales principalmente ser�n destinados a la reconstrucci�n de las poblaciones afectadas por el terremoto.

La Ley de Modernizaci�n del Estado establece los procesos de desmonopolizaci�n, privatizaci�n, y delegaci�n previstos en esta ley se realizar�n mediante los siguientes procedimientos:

a) La reestructuraci�n administrativa y reforma financiera de aquellas entidades e instituciones de derecho p�blico que deban permanecer como parte del Estado, incluyendo la reforma de sus directorios, cambio de su adscripci�n, nombre y ejercicio de competencias; y, b) La delegaci�n total o parcial, o la transferencia definitiva al sector privado, de la gesti�n que desarrollan. (Art�culo 42 de la Ley de Modernizaci�n del Estado)

En concordancia con la litera ch) del art�culo 43 ib�dem, que establece la venta como modalidad por medio de la cual se llevara a cabo los procesos antes mencionados.� En caso de venta de bienes del Estado debe observarse las disposiciones legales que contiene el Reglamento General de Bienes del Sector P�blico.

La venta de las empresas p�blicas se puede realizar siempre y cuando no sean parte de los sectores estrat�gicos del pa�s como ya se ha mencionado, y en caso de delegar la prestaci�n de servicios p�blicos a empresas mixtas o privadas, el Estado siempre deber� tener la mayor�a accionaria, este ser� el procedimiento a seguir en caso de prevalecer la idea de la venta de las empresas p�blicas, es decir no es posible vender dichas empresas en su totalidad pues no se estar�a observando la Constituci�n, as� como tampoco las dem�s leyes de la Rep�blica a la cuales me he referido en la elaboraci�n del presente trabajo.

En todo caso es imprescindible analizar los efectos econ�micos que resultar�an de la venta de las empresas p�blicas (de las cuales es posible su venta) y si esto beneficiaria a nuestro pa�s a largo plazo, pues como se ha mencionado la privatizaci�n de los servicios p�blicos en diversos pa�ses no ha dado el resultado esperado provocando un d�ficit fiscal, lo cual� conllevar�a a que nuestra econom�a sufra grandes consecuencias y que la venta se convierta en una �soluci�n� a muy corto plazo, por el contrario y con el fin de mejorar las expectativas se puede esperar que en nuestro pa�s la privatizaci�n tenga efectos positivos como en Argentina y Per�.

 

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