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Legalidad de la competencia del consejo de la judicatura en los jueces especializados en materia constitucional

 

Legality of the Judiciary Council's jurisdiction over judges specializing in constitutional matters

 

Legalidade da jurisdi��o do Conselho Superior da Magistratura sobre os ju�zes especialistas em mat�ria constitucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: e1351649973@live.uleam.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de abril de 2025 *Aceptado: 13 de mayo de 2025 * Publicado: �04 de junio de 2025

 

       I.          Investigador Independiente, Manta, Ecuador.

     II.          Doctor en Ciencias Sociales y Jur�dicas PhD. Otorgado por la Universidad de C�rdoba, Espa�a, Magister en Derecho Constitucional Pol�tico Y Administrativo, Licenciado En Ciencias de la Educaci�n Especializaci�n Pedagog�a, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, Licenciado en Ciencias Sociales y Pol�ticas, Profesor de Segunda Ense�anza Especialidad Pedagog�a, Docente en Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador.

 

Resumen

La investigaci�n se enfoc� en la creaci�n de las nuevas judicaturas especializadas en materia constitucional en el Ecuador. El objetivo principal fue analizar la competencia y la facultad que se le dio al Consejo de la Judicatura para crear las unidades judiciales y unidades distritales especializadas de lo Constitucional en primera instancia y de las salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional, identificando sus causas y consecuencias, llegando a concluir que ha sido un total desacierto en el Ecuador. Se empleo un enfoque cualitativo bas�ndose en la fundamentaci�n te�rica, con un alcance descriptivo-explicativo para lo cual se aplicaron m�todos como el inductivo-deductivo y derecho comparado. Se concluyo que radicar la competencia al consejo de la judicatura tendr� graves consecuencias a futuro vulnerando los derechos a la seguridad jur�dica, la tutela judicial efectiva y hasta un debido proceso.

Palabras Clave: especializados; competencia; consecuencias; jueces; constitucional.

 

Abstract

The research focused on the creation of new specialized constitutional judiciaries in Ecuador. The main objective was to analyze the jurisdiction and authority granted to the Judicial Council to create the specialized constitutional judicial units and district units in the first instance and the specialized constitutional district chambers at the national level, identifying their causes and consequences. The conclusion was that this has been a complete failure in Ecuador. A qualitative approach was used based on theoretical foundations, with a descriptive-explanatory scope, applying methods such as inductive-deductive and comparative law. It was concluded that granting jurisdiction to the Judicial Council will have serious future consequences, violating the rights to legal security, effective judicial protection, and even due process.

Keywords: specialized; jurisdiction; consequences; judges; constitutional.

 

Resumo

A investiga��o centrou-se na cria��o de novos judici�rios constitucionais especializados no Equador. O principal objetivo foi analisar a jurisdi��o e a autoridade concedidas ao Conselho Judicial para criar as unidades judici�rias constitucionais especializadas e as unidades distritais em primeira inst�ncia e as c�maras distritais constitucionais especializadas a n�vel nacional, identificando as suas causas e consequ�ncias. A conclus�o foi que este foi um completo fracasso no Equador. Foi utilizada uma abordagem qualitativa baseada em fundamentos te�ricos, com um �mbito descritivo-explicativo, aplicando m�todos como o direito indutivo-dedutivo e o direito comparado. Concluiu-se que a concess�o de jurisdi��o ao Conselho Judicial ter� graves consequ�ncias futuras, violando os direitos � seguran�a jur�dica, � prote��o judicial efetiva e at� ao devido processo legal.

Palavras-chave: especializado; jurisdi��o; consequ�ncias; ju�zes; constitucional.

 

Introducci�n

En nuestro pa�s, nace la propuesta de crear judicaturas especializadas en materia constitucional, enmendando a la Constituci�n y a la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, en vista de que se ha ocasionado un irrespeto total al sistema jur�dico, pues no contamos con una justicia constitucional independiente a la justicia ordinaria. Los jueces de primera y segunda instancia con competencia en diferentes materias (penal, civil, laboral, etc.), incluyendo a los jueces multicompetentes, asumen la responsabilidad de envestirse en jueces constitucionalistas, este modelo de funcionamiento ha generado diversos problemas que la misma Corte Constitucional como m�ximo �rgano de Control Constitucional ha sostenido que, los jueces que resuelven casos en materia constitucional deben garantizar que las garant�as jurisdiccionales no se desnaturalicen y cumplan con su prop�sito natural de proteger los derechos consagrados en la Constituci�n.�

Ante esta situaci�n, nace un modelo especializado de jueces constitucionales que ser�an seleccionados por un concurso de m�ritos y oposici�n que estar� dirigido por el Consejo de la Judicatura, para conformar las unidades judiciales y unidades distritales especializadas de lo Constitucional en primera instancia y de las salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional Unidades Judiciales de primer nivel y las salas de las Cortes Provinciales. Estos jueces ser�n los encargados de conocer los habeas corpus, habeas data, acci�n de protecci�n, acci�n de acceso a la informaci�n p�blica, acci�n extraordinaria de protecci�n, acci�n extraordinaria de protecci�n contra decisiones de la justicia ind�gena y acci�n de incumplimiento y acci�n por incumplimiento; las cuatro primeras de competencia exclusiva de los jueces de primer nivel (excepci�n de fuero), existiendo la posibilidad de solicitarlas conjuntamente con medidas cautelares.�(Fabian & Sebastian, 2023)

En este sentido, el presente estudio busca analizar si es procedente que el Consejo de la Judicatura sea el competente para regular y manejar a estos jueces especializados. Siendo este un tema que se encuentra en debate jur�dico, al creer que lo conveniente es que la Corte Constitucional al ser el m�ximo �rgano de Control Constitucional, sea la encargada de seleccionar a estos jueces por lo que amerita analizar la viabilidad de la misma.

Para ello, no solo bastar� realizar una investigaci�n ardua y exhaustiva que incluir� un an�lisis profundo de la viabilidad de esta propuesta y la presentaci�n de diversas posturas basadas en la experiencia y conocimientos de expertos en derecho constitucional. Dentro de este marco, el objetivo general de la investigaci�n es analizar la problem�tica que puede causarse a futuro que el Consejo de la Judicatura sea el encargado de manejar a los jueces especializados en materia constitucional, identificando sus causas y consecuencias.

Para lograr esto, se abordar�n tres objetivos espec�ficos: las facultades y competencias de la Corte Constitucional del Ecuador y del Consejo de la Judicatura; identificar y analizar la necesidad urgente de haber creado judicaturas especializadas. Al examinar cada uno de estos objetivos no solo se plantea identificar las causas y manifestaciones de este problema, sino tambi�n proponer soluciones concretas que permita que a futuro no se transgredan derechos fundamentales.

 

M�TODO

La investigaci�n es de nivel explicativo. Con la finalidad de abordar el tema planteado, se emple� un enfoque cualitativo, es decir, un enfoque cualitativo porque se analiza datos del dictamen No. 1-24-RC/24 de la Corte Constitucional del Ecuador y la resoluci�n 006-2025 emitida por el Consejo de la Judicatura, bas�ndose en un fundamentaci�n te�rica con un alcance descriptivo-explicativo para lo cual se aplicaron m�todos como el inductivo-deductivo, que abarco el an�lisis de la legislaci�n ecuatoriana, jurisprudencias relevantes, y doctrina relacionadas con la justicia especializada constitucional.

 

RESULTADOS

Las facultades y competencias de la Corte Constitucional del Ecuador y del Consejo de la Judicatura

Con la promulgaci�n de la constituci�n de 2008. Ecuador adopt� un Estado Constitucional de derechos y justicia, lo que hace que el gobierno y todas las instituciones est�n sometidas a la misma estableci�ndose como la norma jur�dica de mayor jerarqu�a dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, primando inclusive sobre los convenios y tratados internacionales. En este nuevo contexto, la Corte Constitucional asume un papel protag�nico como responsable y garante de la justicia constitucional, el mismo que se convierte en un �rgano capaz de emitir jurisprudencia obligatoria y que es utilizada como precedente o herramienta fundamental para aplicar e interpretar lo que se encuentra en la constituci�n, obteniendo como rol material el control de las decisiones que tomen las funciones del Estado y gozando de autonom�a administrativa y financiera.�(Jaime, 2009)

La Corte Constitucional del Ecuador, tiene las siguientes competencias:

• Interpretar la Constituci�n.
• Resolver las acciones p�blicas de inconstitucionalidad.
• Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas.
• Expedir sentencias con jurisprudencia vinculante.
• Efectuar el Control de Constitucionalidad de los estados de excepci�n.
• Realizar el Control concreto de constitucionalidad.
• Sancionar el incumplimiento de sentencias constitucionales.
• Conocer y resolver las acciones extraordinarias de protecci�n.

Asi mismo, con la creaci�n de la Constituci�n del 2008, el Consejo de la Judicatura se considera como el �rgano de gobierno, administraci�n, vigilancia y disciplina para aquellos servidores que conforman la Funci�n Judicial. Este se encuentra integrado por cinco miembros y sus respectivos suplentes, quienes deber ser ecuatorianos y estar en pleno goce de derechos pol�ticos, tener t�tulo de tercer nivel en Derecho reconocido en el pa�s y tener experiencia por un lapso m�nimo de diez a�os en la profesi�n o la docencia universitaria.�(Asamblea Nacional del Ecuador , 2008)

Y, goza de las siguientes funciones de conformidad a la Constituci�n de la Republica del Ecuador:

• Definir y ejecutar las pol�ticas para el mejoramiento y modernizaci�n del sistema judicial.
• Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Funci�n Judicial, con excepci�n de los �rganos aut�nomos.
• Dirigir los procesos de selecci�n de jueces y dem�s servidores de la Funci�n Judicial, as� como, su evaluaci�n, ascensos y sanci�n. Todos los procesos ser�n p�blicos y las decisiones motivadas.
• Administrar la carrera y la profesionalizaci�n judicial, y organizar y gestionar escuelas de formaci�n y capacitaci�n judicial.
• Velar por la transparencia y eficiencia de la Funci�n Judicial.

Identificar y analizar la necesidad urgente de haber creado judicaturas especializadas

Para hablar sobre la necesidad urgente de crear jueces especializados, partamos desde los motivos, y esto se debe al gran abuso que se les ha venido dando a las garant�as jurisdiccionales, aquellas que son de real y completo inter�s cotidiano, y tienen como objetivo principal la tutela y reparaci�n integral de los derechos contemplados en la Constituci�n, buscando sostener, defender y proteger la violaci�n de los mismos y, posteriormente, repararlos. Sin embargo, la forma de aplicarlas no convencia �a la sociedad en general, inobservando los precedentes jurisprudenciales existentes y desnaturalizando su estado. Esto, aparejado a resoluciones favorables que generaban deficiencias en el sistema judicial, ya sea, por la falta de especializaci�n o exclusividad en materia constitucional, generando que acciones como la de protecci�n o el h�beas corpus sean resueltas antijur�dicamente por alg�n juez cantonal o provincial sin tener la especializaci�n necesaria, logrando causar abuso del derecho.�(Vinicio & Leonel, 2023)

Ahora bien, este problema no solo radica porque quienes act�an como jueces no conozcan del derecho constitucional, pues para lograr sus cargos, siempre tienen que realizar un arduo sistema de estudio, pues, su puesto engloba la aplicaci�n de derechos y principios constitucionales. Es decir, un juez en materia penal debe estar imbuido de los derechos y principios que emana la Constituci�n, sino, no podr� resolver una controversia propia de su materia. Sin embargo, el problema radica en la homogeneidad de sus resoluciones, es decir, el que todos los jueces sean competentes para resolver en materia de derechos constitucionales hace que de alguna manera se disperse el sistema trayendo como consecuencia una falta de uniformidad en los criterios con los que se resuelve.�(Fabian & Sebastian, 2023)

Por ende, es diferente tener jueces especializados en el �mbito constitucional, pues estos son capaces de resolver garant�as jurisdiccionales, garantizando la protecci�n de derechos de primera, segunda y tercera generaci�n. Al conocer a profundidad la materia, su procedimiento, las reglas y normas sustanciales que deben tomarse en cuenta a la hora de resolver un conflicto, se logra obtener como resultado que los derechos constitucionales sean interpretados �y aplicados de manera adecuada, velando para que las garantias jurisdiccionales no se desnaturalicen y cumplan con su proposito.�(Marcelo & Alexandra, 2022)

Sin embargo, un problema que sucede y que puede seguir sucediendo en el futuro es el hecho de que los jueces especializados manejen muchas causas, hecho que causa congestiones en el sistema judicial. Por ende, es indispensable reconocer que no todas las vulneraciones al ordenamiento jur�dico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional. Respecto de conflictos de mera legalidad, existen v�as y mecanismos judiciales id�neos y eficaces que se activan ante la justicia ordinaria, y que, evidentemente al no comprender este aspecto, se estar�a desnaturalizando la v�a constitucional, llegando al punto de prostituirlas y generando malestar entre los operadores de justicias y de aquellos que recurren a ella. (Fernanda, 2024)

En consecuencia, a esto, se puede llegar a diluir que, al causarse congestiones en los despachos judiciales, evidentemente genera un impacto por la mera vulneraci�n al derecho al plazo razonable conforme a los t�rminos y plazos establecidos en la LOGJCC, considerando que las garant�as jurisdiccionales son sencillas, r�pidas y eficaces, y su tramitaci�n requiere celeridad. La jurisprudencia de la Corte constitucional ha establecido que el plazo razonable puede ser analizado como un elemento transversal de la tutela judicial efectiva, como un derecho aut�nomo. Por lo tanto, el incumplimiento de un plazo establecido en la ley implica autom�ticamente, una violaci�n al derecho al plazo razonable.�(Kruskaya & Laura, 2023)

En este sentido, la Corte Constitucional en su Sentencia 2231-22-JP/23, ha emitido criterios referentes a la desnaturalizaci�n indicando que:

63. Para que puedan cumplir su prop�sito, las garant�as se configuraron constitucionalmente como mecanismos que otorgan facultades amplias a los jueces y juezas para tutelar adecuadamente los derechos en cada caso concreto. La desnaturalizaci�n de las garant�as constituye un manifiesto abuso y un fraude a la confianza que la Constituci�n deposit� en los juzgadores como veh�culos para la garant�a jurisdiccional de los derechos. Esta actuaci�n arbitraria genera una vulneraci�n grave del derecho a la seguridad jur�dica y un considerable da�o a la administraci�n de justicia constitucional.

Teniendo claro estos criterios de la Corte, resulta evidente que la desnaturalizacion de las garantias jurisdiccionales tambien conlleva a la vulneracion del derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho, que garantiza el acceso a la justicia y el deber que tienen los operadores judiciales para ajustar sus actuaciones a los par�metros legales y constitucionales aplicables, tal como lo indica la Sentencia Nro 117-14-SEP-CC, de la Corte Constitucional del Ecuador:

El derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas tiene relaci�n con el derecho de acceso a los �rganos jurisdiccionales para que, luego de un proceso que observe las garant�as m�nimas establecidas en la Constituci�n y la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y en �ste se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia, el segundo con el desarrollo del proceso en un tiempo razonable, y el tercero que tiene relaci�n con la ejecuci�n de la sentencia, esto es, acceso a la jurisdicci�n, debido proceso y eficacia de la sentencia.

Asi mismo, la Corte Constitucional del Ecuador en numerosas sentencias trata de corregir todos estos yerros jur�dicos que han venido siendo cometidos por los jueces, debido a sus continuas vulneraciones de derechos, y en muchos casos llamando la atenci�n y otros concluyendo que la conducta puede ser investigadas por el tipo penal de Prevaricato, que se encuentra regulado en el Art. 268 del COIP.

Ahora bien, dejando a un lado el ambito de la Justicia Constitucional y la actuaccion de los jueces, tambi�n es crucial abordar el rol de los abogados en el libre ejercicio profesional, quienes son aquellos que desempe�an el papel de auxiliares de la justicia o del derecho; asi, en el contexto profesional y al presentar garant�as jurisdiccionales por hechos o circunstancias que podrian ser tramitadas en la justicia ordinaria, sin considerar adecuadamente esta v�a, cometen un error garrafal al inducir a los jueces para que a trav�s de las garant�as jurisdiccionales se pretenda superponer o reemplazar a la jurisdicci�n ordinaria, lo cual resulta perjudicial no solo para el sistema de justicia, sino tambien para la sociedad en general, y, en particular, para aquellos leg�timos beneficiarios. (Fernando & Viteri Naranjo Carmen Beatriz, 2020)

En este contexto, se evidencia la necesidad urgente de crear judicaturas especializadas en materia constitucional, como una posible soluci�n a los problemas actuales. El objetivo es frenar el uso exagerado de estas garant�as, asegurando no solo la pronta toma de decisi�nes, sino tambi�n la regulaci�n necesaria de las mismas. Implicando enmendar la Constituci�n y reformar la LOGJCC, considerando lo establecido en el art�culo 11 del COFJ que hace referencia al principio de especialidad en los siguientes t�rminos:

La potestad jurisdiccional se ejercer� por las juezas y jueces en forma especializada, seg�n las diferentes �reas de la competencia. Sin embargo, en lugares con escasa poblaci�n de usuarios o en atenci�n a la carga procesal, una jueza o juez podr� ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad con las previsiones de este C�digo.

Este principio no se contrapone al principio de seguridad jur�dica contemplado en el art�culo 25.

Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deber�n ser ejecutadas en la instancia determinada por la ley.

As� mismo, la jurisdicci�n est� regulada en el art�culo 150 del COFJ, en los siguientes t�rminos:

La jurisdicci�n consiste en la potestad p�blica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constituci�n y las leyes, y que se ejerce seg�n las reglas de la competencia.

Por esta raz�n, es fundamental comprender que la jurisdicci�n constitucional es una de las expresiones de la defensa institucionalizada y jur�dica de la Constituci�n, constituyendo una limitaci�n del poder pol�tico con car�cter objetivo y de control generalmente solicitado. El desarrollo de la jurisdicci�n constitucional otorga plena fuerza normativa a la Constituci�n, adem�s de transformar, el Estado Legal de Derecho en Estado Constitucional de Derecho, teniendo el poder para resolver temas constitucionales que involucran derechos, y que sus fallos sean de car�cter obligatorio. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de la Constituci�n y de la LOGJCC, como ley complementaria en esta materia. (Santos, 2022)

Concluyendo, que, al momento de contar con jueces debidamente especializados en el materia constitucional permitiria obtener resoluciones apegadas a derecho. Adem�s, al conocer de una acci�n constitucional, estas podr�an ser resueltas con mayor� rapidez, respetando los t�rminos y plazos establecidos en la Ley, de gran manera que si se realiza un buen trabajo el �ndice de desconfianza de quienes acuden a la justicia constitucional porque verdaderamente se les ha vulnerado sus derechos mejore, implicando un mayor respeto al principio de seguridad jur�dica y a la tutela judicial efectiva, y evitaria que se acepten usos indebidos de estas garant�as.

Incorporaci�n de establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.

El domingo 21 de abril de 2024, se llevo a cabo un refer�ndum para establecer judicaturas especializadas en materia constituconal. Dicho referendum contenia reformas tanto constitucionales como legales y cuyo contraste con la normativa vigente es el que se presenta a continuaci�n:

 

 

 

Tabla 1
Competencia en las acciones constitucionales, seg�n el referendum

Nota. *Disposiciones que se van a regir las garant�as jurisdiccionales.

Mediante resoluci�n 006-2025, el Consejo de la Judicatura en ejercicio de sus atribuciones y dando cumplimiento a la disposicion transitoria d�cimo octava y d�cimo novena de la pregunta 2 del refer�ndum, aprueban el informe que contiene el dimensionamiento de jueces y equipos jurisdiccionales, y equipos de apoyo administrativo jurisdiccional, quedando de la siguiente manera:

 

 

Tabla 2
Unidades judiciales especializadas de lo constitucional y unidades judiciales distritales especializadas de lo constitucional.

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Tabla 3
Salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional.

 

Acorde a esta Resoluci�n es evidente que la Corte Constucional, al admitir a tramite la implemantaci�n de judicaturas especializadas, incurri� en una omisi�n al no guiar la forma de elegir a los jueces y el Consejo de la Judicatura al aprobar un informe tecnico que contiene el dimensionamiento de jueces, equipos jurisdiccionales y de apoyo jurisdiccional para la creaci�n de dependencias judiciales especializadas.

Como se detalla en las tabla 2, se puede observar que solo 5 cantones contar�n con unidades judiciales especializadas de lo constitucional, y 7 cantones contar�n con unidades judiciales distritales especializada de lo constitucional. Dado que Ecuador en la actualidad tiene 220 cantones, la creacion de unidades judiciales especializadas en solo 12 de ellos restringe significativamente el derecho al acceso a la justicia en su propia localidad. Esta limitaci�n tambien vulnera fragantemente el principio de� competencia, el cual establece que la competencia constitucional recae en el lugar donde se produce la vulneracion del derecho. Imaginemos que vivimos en el Canton de Pedernales y se me esten vulnerando un derecho constitucional, y necesito presentar una medida cautelar para cesar dicha vulneracion, pero tenemos que trasladarnos hasta el canton Portoviejo para presentar la garant�a jurisdiccional cuando actualmente podemos presentarla en ese mismo cant�n, nos imaginamos la cantidad de procesos que se va a tener, este acto �violentaria la estructura fundamental de dichas garantias, las mismas que pueden ser presentadas de manera verbal, pero como va hacer posible esto si no tendremos estos jueces en nuestro cant�n.

Seg�n Diario el Universo, se presntan m�s de 175 causas constitucionales diariamente. En este contexto, a criterio personal es totalmente desproporcional asignar a un unico juez constitucional para m�ltiples cantones, por eso, es crucial reconocer que ciertas ciudades van a necesitar m�s de un juez constitucional, y la densidad poblacional debe ser un factor determinante para evitar la congesti�n judicial a futuro. No es comparable la situaci�n del Cant�n Manta, que cuenta con m�s de 300 mil habitantes, con la del Cant�n Tosagua, que cuenta con menos de 50 mil habitantes. Asi mismo, se esta contradiciendo con la enmienda, que establece claramente la necesidad de garantizar el acceso a la justicia, para aquellos cantones que cuentan con centros de rehabilitaci�n, centros de privaci�n de libertad o los centros provisionales de privaci�n de libertad, puedan tener un juez constitucional, tal como se establece:

Cuando se tramita un habeas corpus la acci�n puede ser presentada ante cualquier juez constitucional especializado del lugar donde se presume que la persona est� privada de libertad.

Es decir, el Consejo de la Judicatura deber�a haber designado, por obligaci�n, un juez constitucional en cada canton donde existan estos centros. Seg�n el Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en su informe sobre la nueva tipolog�a del sistema de rehabilitaci�n social, da a conocer que en Ecuador existen 27 Centros de Privaci�n de Libertad, 6 Centros de Rehabilitaci�n Social y 3 Centros Provisionales de Privaci�n de Libertad, distribuidos en 27 Ciudades diferentes. Sin embargo, �esta designaci�n no ha cumplido en los cantones mencionados. Por ejemplo, si en el centro penitenciario del Canton Bah�a de Caraquez se produjeran tratos crueles e inhumanos y fuera necesario presentar un habeas corpus, el accionante tendr�a que movilizarse hasta el cant�n Portoviejo, situaci�n que vulnera los principios de eficacia, eficiencia y accesibilidad e infringe gravemente el principio de celeridad.

 

DISCUSI�N

La regulaci�n que deb�a emitir el consejo de la judicatura unicamente correspondia a organizar el proceso de selecci�n para que se designen los jueces de primera y segunda instancia que conozcan garant�as jurisdiccionales. Esta organizaci�n no inclu�a crear judicaturas esepalizadas de car�cter distrital que tengan competencia respecto de varios distritos judiciales. El espiritu de la materia en vez de que cualquier juez de cualquier materia pueda conocer garant�as jusrisdiccionales, conozcan jueces especializados de lo constitucional igualmente del lugar en donde se origina el acto u omisi�n o donde se producen sus efectos.

Es decir, se estan poniendo barreras, obstaculos o impedimentos irrazonables al acceso a la administracion de justicia, desapareciendo la posibilidad real de presentar las demandas en el lugar en el que se produce la afectaci�n, por la acci�n u omisi�n, o donde se generan sus efectos. Por lo cual se demuestra que el consejo de la judicatura al ser el organo competente para elegir estos jueces especiliazados se aleja totalmente a su fin, ya que este sustancialmente se estaria tomando atribuciones que no son de su especialidad, ya que este tip� de justicia obliga a tener presente las particularidades y naturaleza que recaen sobre ella.

 

CONCLUSI�N

Los resultados cualitativos de este estudio indica que con la creaci�n de la resoluci�n 006-2025 emitida por el Consejo de la Judicatura, se evidencia que fue un craso error que dicho organo sea el competente en crear las nuevas judicaturas especializadas, dejando en claro que lo que hizo en el sistema de garant�as jurisdiccionales ordinarias se vuelve ineficaz e ineficiente desnaturalizando por completo la concepci�n de una tutela judicial r�pida, preferente y sumaria para la protecci�n de los derechos, notandose que es un remedio peor que la enfermendad,que en� nada aportar� para mejorar el sistema de justicia constitucional, al contrario lo precarizar�. Esto representa un atentado al procedimiento sencillo, r�pido y eficaz, que debe primar en las garant�as jurisdiccionales y generando una barrera� irrazonable de acceso a la justicia constitucional.

Por ende, se demuestra que la falta de legitimidad especializada causo grave vulneraciones a los principios fundamentales de la Constituci�n modificando su estructura en cuanto a las garantias jurisdiccionales, siendo necesario tomar en cuenta que esta necesidad critica nace de asegurar una justicia constitucional que pueda estar regulada de un ente que mantenga la misma competencia y especializaci�n a ellos, esto es, la Corte Constitucional, mismos que deben ser los encargados de asegurar� una financiaci�n adecuada y programas de capacitaci�n eficaz y accesible para todos los juzgados o� tribunales que� lleguen� a� implementarse. �Hacer esto� no� solo� mejorar�a� la� coherencia o la eficiencia� en� la� resoluci�n� de� casos, sino� que� tambi�n el acceso a la justicia constitucional .

Adem�s, se lograr�a tener una independencia judicial� que lograr�a ser un� pilar� fundamental dentro del sistema� democr�tico, siendo crucial para la confianza p�blica en la justicia, ya que, al ser la Corte Constitucional quien este regulando a estas judicaturas seria la entidad que mantuviera pendiente de cada resoluci�n que sea ejercidas sobre jueces de las judicaturas especializadas, evitando que en muchos casos, se comprometan a emitir fallos parciales, por la presiones directas e indirectas que pueden recibir, tal como lo ha pasado en la actualidad.

 

CONFLICTOS DE INTERES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicaci�n del presente art�culo cient�fico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

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� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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