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La acci�n de protecci�n como mecanismo de tutela de derechos constitucionales en Ecuador

 

The protection action as a mechanism for safeguarding constitutional rights in Ecuador

 

A a��o de prote��o como mecanismo de salvaguarda dos direitos constitucionais no Equador

 

Marian Milena Santana Ortiz I
mariansantana25@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0000-0431-0362

,Kenny Karina Pincay Chancay III
qnykr@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0009-5469-9711
F�lix Brian Molina Intriago II
fbmolina2020@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0002-7374-9445

,Oscar Diego Molina Blondet IV
molinablondet@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-3450-7069
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: mariansantana25@hotmail.com

 

Ciencias Pol�ticas y Derechos

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de abril de 2025 *Aceptado: 16 de mayo de 2025 * Publicado: �19 de junio de 2025

 

       I.          Magister en Derecho Procesal, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, Investigadora Independiente, Manta, Ecuador.

     II.          Magister en Derecho Penal, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, Investigador Independiente, Manta, Ecuador.

   III.          Magister en Derecho Procesal, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, Investigadora Independiente, Manta, Ecuador.

   IV.          Maestrante en Derecho Constitucional, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, Investigador Independiente, Manta, Ecuador.

 


Resumen

La Acci�n de Protecci�n en Ecuador, est� dise�ada para ser la principal garant�a jurisdiccional en la tutela de los derechos constitucionales. Su prop�sito ha sido ofrecer un mecanismo �gil y efectivo para defender a los ciudadanos de cualquier violaci�n a sus derechos. Sin embargo, a pesar de su concepci�n robusta, la aplicaci�n enfrenta significativos obst�culos los cuales amenazan su eficacia. Uno de los problemas m�s notables son las inconsistencias jurisprudenciales y la diversidad de interpretaciones y las contradicciones entre sentencias de diferentes instancias judiciales crean incertidumbre jur�dica. Unos de los� factores que contribuyen a esto es la falta de especializaci�n judicial en materia constitucional y los desaf�os en la ejecuci�n de las sentencias. De nada sirve una declaraci�n de violaci�n de derechos si las medidas de reparaci�n integral ordenadas por el juez no se materializan. Esto desvirt�a el prop�sito restaurador de la garant�a, dejando a los derechos sin una tutela real y oportuna. En conclusi�n, la Acci�n de Protecci�n es un pilar esencial para la defensa de los derechos en Ecuador. Sin embargo, para que cumpla a cabalidad su promesa, es imperativo abordar y superar los desaf�os relacionados con la inconsistencia jurisprudencial, la necesidad de una mayor especializaci�n judicial y los recurrentes problemas en la ejecuci�n de sus fallos.

Palabras Clave: Acci�n; protecci�n; jurisdiccional; tutela; derechos; constitucionales; jur�dica; garant�a; judicial.

 

Abstract

The Action for Protection in Ecuador is designed to be the primary jurisdictional guarantee for the protection of constitutional rights. Its purpose has been to offer a flexible and effective mechanism to defend citizens against any violation of their rights. However, despite its robust design, its implementation faces significant obstacles that threaten its effectiveness. One of the most notable problems is jurisprudential inconsistencies, the diversity of interpretations, and the contradictions between rulings from different judicial bodies, which create legal uncertainty. Some of the factors contributing to this are the lack of judicial specialization in constitutional matters and the challenges in enforcing rulings. A declaration of a rights violation is useless if the comprehensive reparation measures ordered by the judge do not materialize. This undermines the restorative purpose of the guarantee, leaving rights without real and timely protection. In conclusion, the Action for Protection is an essential pillar for the defense of rights in Ecuador. However, for it to fully fulfill its promise, it is imperative to address and overcome the challenges related to jurisprudential inconsistency, the need for greater judicial specialization and the recurring problems in the execution of its rulings.

Keywords: Action; protection; jurisdictional; guardianship; rights; constitutional; legal; guarantee; judicial.

 

Resumo

A A��o de Prote��o no Equador foi concebida para ser a principal garantia jurisdicional para a prote��o dos direitos constitucionais. O seu objectivo tem sido oferecer um mecanismo flex�vel e eficaz para defender os cidad�os contra qualquer viola��o dos seus direitos. No entanto, apesar da sua estrutura robusta, a sua implementa��o enfrenta obst�culos significativos que amea�am a sua efic�cia. Um dos problemas mais not�veis ​​s�o as incongru�ncias jurisprudenciais, a diversidade de interpreta��es e as contradi��es entre decis�es de diferentes �rg�os judiciais, que criam inseguran�a jur�dica. Alguns dos fatores que contribuem para tal s�o a falta de especializa��o judicial em mat�ria constitucional e os desafios na execu��o das decis�es. A declara��o de viola��o de direitos � in�til se as medidas de repara��o abrangentes ordenadas pelo juiz n�o se concretizarem. Isto prejudica o prop�sito restaurativo da garantia, deixando direitos sem prote��o real e atempada. Em conclus�o, a A��o de Prote��o � um pilar essencial para a defesa dos direitos no Equador. Contudo, para que cumpra integralmente o que promete, � imperativo enfrentar e superar os desafios relacionados com a inconsist�ncia jurisprudencial, a necessidade de uma maior especializa��o judicial e os recorrentes problemas na execu��o das suas decis�es.

Palavras-chave: A��o; prote��o; jurisdicional; tutela; direitos; constitucional; legal; garantia; judicial.

 

Introducci�n

En el a�o 2008, la Constituci�n de la Republica Ecuatoriana �concret� una base fundamental en la consolidaci�n del Estado de Derechos y Justicia. Este nuevo paradigma no solo reconoci� un amplio cat�logo de derechos fundamentales, sino que tambi�n estableci� un robusto sistema de garant�as jurisdiccionales dise�ado para asegurar su efectiva tutela. Dentro de este entramado, la Acci�n de Protecci�n emerge como el mecanismo procesal por excelencia, configur�ndose como la v�a principal para la defensa inmediata y directa de los derechos constitucionales vulnerados.

Concebida como una garant�a expedita y eficaz, la Acci�n de Protecci�n busca salvaguardar a los ciudadanos frente a actos u omisiones de cualquier autoridad p�blica no judicial, as� como individuales en circunstancias determinadas de subordinaci�n, indefensi�n o discriminaci�n. Su prop�sito es restaurar el goce del derecho conculcado, ordenando medidas de reparaci�n integral y garantizando la no repetici�n de la violaci�n. En teor�a, representa la herramienta m�s accesible y poderosa para que los individuos reclamen la observancia de sus derechos, consolidando as� los principios de supremac�a constitucional y de aplicaci�n directa e inmediata de las normas constitucionales.

Sin embargo, a pesar de su crucial relevancia te�rica y su innegable potencial para la defensa de los derechos, la aplicaci�n pr�ctica de la Acci�n de Protecci�n en Ecuador no ha estado exenta de desaf�os. La complejidad de un sistema judicial en constante evoluci�n, la diversidad de criterios interpretativos y la din�mica de las relaciones entre poderes y ciudadanos, han generado debates y cuestionamientos sobre su real eficacia. Factores como las inconsistencias jurisprudenciales, derivadas de la ausencia de criterios unificados o de la interpretaci�n dis�mil de las normas por parte de los operadores de justicia, pueden introducir incertidumbre y afectar la previsibilidad de los fallos.

Del mismo modo, la falta de una especializaci�n judicial afianzada en un elemento constitucional podr�a incidir claramente en la calidad y profundidad del an�lisis requerido para resolver casos que, por su naturaleza, exigen un conocimiento exhaustivo de los principios y valores constitucionales. Finalmente, uno de los escollos m�s significativos reside en los desaf�os inherentes a la ejecuci�n de las sentencias. Un fallo favorable que no se materializa en una reparaci�n efectiva o que se ve obstaculizado por la resistencia de la parte demandada, erosiona la credibilidad del mecanismo y la confianza del ciudadano en el sistema de justicia.

En este contexto, la presente investigaci�n busca profundizar en estos aspectos cr�ticos, analizando c�mo las inconsistencias jurisprudenciales, la especializaci�n judicial y los problemas en la ejecuci�n de sentencias pueden limitar la eficacia de la Acci�n de Protecci�n. Al comprender estos factores, podremos discernir su impacto no solo en la tutela efectiva de los derechos constitucionales, sino tambi�n en la seguridad jur�dica y en la confianza ciudadana en un sistema que, por mandato constitucional, debe ser garante de justicia y equidad.

PROBLEMA DE INVESTIGACI�N

La acci�n de protecci�n en Ecuador, como mecanismo de tutela de derechos constitucionales, es un tema crucial y de constante debate en el �mbito jur�dico. La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador de 2008, al establecer un modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, incorpor� la acci�n de protecci�n como una garant�a jurisdiccional fundamental para la tutela efectiva de los derechos constitucionales. Este mecanismo busca brindar una respuesta r�pida y efectiva frente a la violaci�n de derechos por parte de cualquier autoridad p�blica no judicial, as� como por particulares en ciertos casos espec�ficos. No obstante, a pesar de su relevancia te�rica, en la pr�ctica se han identificado inconsistencias y desaf�os en su aplicaci�n de que podr�an limitar su eficacia real.

En este nuevo modelo, los derechos humanos no son solamente declaraciones, sino que se reconocen como derechos directamente justiciables y con plena fuerza normativa. Para garantizar su efectiva tutela, la Constituci�n instituy� un cat�logo de garant�as jurisdiccionales, entre las cuales la Acci�n de Protecci�n se erige como el mecanismo principal para el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, frente a actos u omisiones de cualquier autoridad p�blica no judicial o de particulares. Su dise�o, caracterizado por la celeridad, informalidad y amplitud de legitimaci�n activa, busca asegurar una respuesta judicial oportuna y reparadora.

El origen y Fundamento Constitucional de� la acci�n de protecci�n se inspira en figuras como el "recurso de amparo" de otros pa�ses latinoamericanos, pero con un alcance m�s amplio en el contexto ecuatoriano. Se encuentra consagrada principalmente en los art�culos 88 y siguientes de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (CRE) y desarrollada en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

Su raz�n de ser radica en la necesidad de contar con un mecanismo �gil y expedito para hacer frente a la violaci�n de derechos en un sistema donde la Constituci�n es la norma suprema y los derechos son directamente aplicables.

A pesar de la s�lida base constitucional y la intenci�n de la Acci�n de Protecci�n de ser un basti�n en la defensa de los derechos, la pr�ctica jur�dica en Ecuador ha revelado una serie de inconsistencias y desaf�os que ponen en entredicho su eficacia plena como mecanismo de tutela. Si bien ha logrado visibilizar y proteger derechos en innumerables ocasiones, persisten preocupaciones significativas como la Saturaci�n del Sistema Judicial y Desnaturalizaci�n de la Acci�n donde se observa un uso excesivo y, en ocasiones, indebido de la Acci�n de Protecci�n, derivado de la interpretaci�n laxa de su procedencia subsidiaria. En muchos casos, se utiliza como una v�a para disipar controversias de solo legalidad o para impugnar actos administrativos que cuentan con otras v�as judiciales espec�ficas, desvirtuando su naturaleza extraordinaria y extraordinaria y sobrecargando el sistema judicial, lo que repercute negativamente en la celeridad y calidad de las sentencias en casos de verdadera vulneraci�n de derechos constitucionales.

Tambi�n tenemos la Divergencia y Contradicci�n Jurisprudencial que �A pesar de la existencia de la Corte Constitucional como m�ximo int�rprete de la Constituci�n, se evidencian criterios jurisprudenciales divergentes o incluso contradictorios en la aplicaci�n de la Acci�n de Protecci�n por parte de los jueces de primera y segunda instancia. Esta falta de uniformidad genera inseguridad jur�dica, imprevisibilidad en los resultados de los procesos y, en �ltima instancia, debilita la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema judicial para garantizar sus derechos de manera equitativa.

La ausencia de una especializaci�n judicial robusta y homog�nea en materia constitucional entre los operadores de justicia puede incidir en la calidad de las decisiones. Jueces que no poseen la formaci�n adecuada en la compleja interpretaci�n y ponderaci�n de derechos constitucionales pueden emitir fallos que no atienden de manera integral la especificidad de cada caso o que no garantizan la reparaci�n plena e integral de los derechos vulnerados.

Un problema recurrente es la dificultad en la ejecuci�n y el cumplimiento efectivo de las medidas de reparaci�n integral ordenadas en las sentencias de Acci�n de Protecci�n. A menudo, las autoridades o particulares condenados no cumplen a cabalidad con lo dispuesto, o lo hacen de manera tard�a, lo que prolonga la vulneraci�n del derecho y genera una sensaci�n de impunidad en las v�ctimas, cuestionando la verdadera capacidad reparadora de este mecanismo.

Aunque la Acci�n de Protecci�n se concibe como un proceso sencillo y sin mayores formalidades, en la pr�ctica, los ciudadanos pueden enfrentar obst�culos procesales o de procedimiento que limitan su efectivo acceso a la justicia. Esto puede incluir desde la falta de conocimiento sobre c�mo interponer la acci�n hasta la necesidad de asesor�a legal en la fase de ejecuci�n, lo que puede ser una barrera para grupos vulnerables.

Ante este panorama, surge la necesidad de indagar: �C�mo las inconsistencias jurisprudenciales, la falta de especializaci�n judicial y los desaf�os en la ejecuci�n de las sentencias limitan la eficacia de la Acci�n de Protecci�n como mecanismo de tutela efectiva de los derechos constitucionales en Ecuador, y qu� impacto tienen estos factores en la seguridad jur�dica y la confianza ciudadana en el sistema de justicia?

Abordar este problema es fundamental para Fortalecer el Estado Constitucional de Derechos y Justicia en Ecuador, asegurando que la Acci�n de Protecci�n cumpla con su prop�sito esencial. Tambi�n con dicho tema Garantizar la seguridad jur�dica y la previsibilidad en la aplicaci�n del derecho constitucional, fomentando la unificaci�n de criterios. Se Contribuye a la eficiencia del sistema judicial, proponiendo soluciones para optimizar la gesti�n de las Acciones de Protecci�n y evitar su desnaturalizaci�n. Adem�s de Promover la tutela judicial efectiva y la reparaci�n integral de los derechos vulnerados, asegurando que las sentencias se cumplan de manera oportuna y cabal y as� como tambi�n Ofrecer insumos valiosos para posibles reformas normativas, pol�ticas p�blicas o programas de capacitaci�n judicial que permitan superar las limitaciones actuales y consolidar la Acci�n de Protecci�n como una verdadera garant�a de los derechos en Ecuador.

MARCO TE�RICO

Este marco te�rico sienta las bases para analizar el problema de investigaci�n sobre la eficacia y limitaciones de la acci�n de protecci�n en Ecuador. Es crucial complementar esta revisi�n con un an�lisis detallado de la jurisprudencia m�s reciente de la Corte Constitucional del Ecuador, ya que es la principal fuente de desarrollo y unificaci�n de criterios en esta materia.

El Neoconstitucionalismo y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia

El punto de partida para comprender la acci�n de protecci�n es el giro del derecho hacia el neoconstitucionalismo, particularmente evidente en la Constituci�n ecuatoriana de 2008. Este paradigma, que supera la visi�n legalista del derecho, concibe la Constituci�n como una norma jur�dica suprema, directamente aplicable y con fuerza vinculante para todos los poderes p�blicos y particulares. El garantismo implica la sujeci�n de todos los poderes, incluido el legislador, a los derechos fundamentales, y la existencia de mecanismos judiciales que aseguren su cumplimiento. La acci�n de protecci�n ecuatoriana es un claro reflejo de esta visi�n.

Peces-Barba, Gregorio (2017), desde la filosof�a del derecho, tambi�n subraya la centralidad de los derechos humanos en el Estado Constitucional. La Constituci�n ecuatoriana no solo reconoce un amplio cat�logo de derechos, sino que adem�s establece un robusto sistema de garant�as para su protecci�n, siendo la acci�n de protecci�n la m�s general y directa.

�vila Santamar�a, Ramiro (2021), uno de los constitucionalistas ecuatorianos m�s influyentes en el proceso constituyente de 2008, ha destacado el car�cter "transformador" del neoconstitucionalismo ecuatoriano. Seg�n �vila, la Constituci�n de 2008 no es solo una norma jur�dica, sino un proyecto pol�tico y social que busca erradicar la desigualdad y la injusticia, y en este contexto, las garant�as jurisdiccionales, como la acci�n de protecci�n, son herramientas fundamentales para materializar esos fines. "Las garant�as constitucionales son los mecanismos que establece la Constituci�n para prevenir, cesar o enmendar la violaci�n de un derecho que est� reconocido en la misma Constituci�n" (citado en Guerrero del Pozo, 2021).

La Acci�n de Protecci�n en el Ordenamiento Jur�dico Ecuatoriano: Naturaleza y Evoluci�n

La acci�n de protecci�n, consagrada en el Art. 88 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (CRE), es el mecanismo procesal por excelencia para la tutela directa y eficaz de los derechos constitucionales. Su dise�o y evoluci�n reflejan la b�squeda de una justicia constitucional accesible y expedita.

Quintana, Ismael (2022), en su obra "La acci�n de protecci�n", ha analizado detalladamente los presupuestos de procedibilidad y la naturaleza de esta garant�a. Quintana enfatiza el car�cter directo y eficaz de la acci�n, diferenci�ndola de recursos judiciales ordinarios y subrayando su finalidad de amparo de derechos.

Calder�n, T. & Fuentes, M. (2020), en su estudio "Acci�n de Protecci�n: an�lisis de legalidad y vulneraci�n de derechos", abordan uno de los problemas centrales en la aplicaci�n de esta acci�n: la distinci�n entre la mera legalidad y la vulneraci�n de derechos constitucionales. Argumentan que los jueces constitucionales deben realizar un "profundo an�lisis acerca de la real existencia de la vulneraci�n de derechos constitucionales" y evitar conocer "aspectos de mera legalidad" para los cuales existen v�as ordinarias (Calder�n & Fuentes, 2020).

Torres, R. & Suqui, G. (2022), en su art�culo "La acci�n de protecci�n como garant�a constitucional de protecci�n a los derechos humanos en Ecuador", resaltan la importancia de esta acci�n en el marco de la protecci�n de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constituci�n como en los instrumentos internacionales. Su trabajo subraya la necesidad de una interpretaci�n pro homine y pro persona por parte de los jueces.

Principios Rectores de la Acci�n de Protecci�n

La eficacia de la acci�n de protecci�n se sustenta en principios fundamentales que gu�an su interpretaci�n y aplicaci�n.

Inmediatez y Sencillez: La acci�n de protecci�n se caracteriza por su procedimiento sumario y la ausencia de formalidades excesivas. Como se�ala la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) en reiteradas sentencias (por ejemplo, Sentencia No. 055-10-SEP-CC, 2010), su objetivo es brindar un amparo "directo y eficaz", lo que implica celeridad en la tramitaci�n.

Subsidiariedad y Excepcionalidad (o su no subsidiariedad absoluta): Aunque la Constituci�n establece que la acci�n de protecci�n procede "cuando no exista otra garant�a jurisdiccional eficaz para proteger el derecho", la jurisprudencia de la CCE ha matizado este principio, aclarando que no es una subsidiariedad absoluta. La acci�n de protecci�n no es un recurso residual, sino una v�a directa cuando otras v�as no son "id�neas" o "eficaces" para la protecci�n inmediata del derecho. Este debate sobre la "ordinarizaci�n" de la acci�n de protecci�n ha sido objeto de an�lisis por autores como Alarc�n, P. (2009), quien ya en ese entonces advert�a sobre los riesgos de desvirtuar su naturaleza. M�s recientemente, estudios como los de Naula-Gonz�lez et al. (2020) han analizado la procedencia de la acci�n de protecci�n entre particulares, enfoc�ndose en el concepto de "da�o grave".

Principio de Tutela Judicial Efectiva: Este principio, intr�nseco a la acci�n de protecci�n, garantiza el acceso a la justicia y la obtenci�n de una respuesta judicial motivada y oportuna. La tutela judicial efectiva va m�s all� del simple acceso al tribunal, implicando la posibilidad de obtener una resoluci�n que repare la violaci�n del derecho. La CCE ha enfatizado la necesidad de una argumentaci�n racional y motivada por parte de los jueces constitucionales (CCE, Sentencia 530-10-JP, entre otras).

Principio de Reparaci�n Integral: Las sentencias de acciones de protecci�n deben ordenar medidas de reparaci�n integral, que no solo incluyan la declaraci�n de la violaci�n, sino tambi�n la restituci�n del derecho, la indemnizaci�n, la rehabilitaci�n, la satisfacci�n y las garant�as de no repetici�n. Este principio, derivado del derecho internacional de los derechos humanos, es fundamental para la efectividad de la tutela.

Desaf�os y Limitaciones Actuales en la Aplicaci�n de la Acci�n de Protecci�n

A pesar de su dise�o robusto, la acci�n de protecci�n enfrenta desaf�os en su aplicaci�n pr�ctica que afectan su eficacia.

Incoherencia y Contradicci�n Jurisprudencial: Autores como Ju�rez-Suquilanda, L.F. & Zamora-V�zquez, A.F. (2022) han se�alado la "importancia de contar con jueces en materia constitucional y garantizar la seguridad jur�dica", lo que implica la necesidad de criterios jurisprudenciales unificados para evitar la arbitrariedad y la imprevisibilidad en los fallos. Las sentencias de unificaci�n de la Corte Constitucional (como la Sentencia No. 1455-23-JP/24, entre otras recientes) buscan precisamente corregir estas divergencias.

La "Mera Legalidad" vs. Vulneraci�n de Derechos Constitucionales: La Corte Constitucional ha sido enf�tica en reiterar que la acci�n de protecci�n no procede cuando se refiera a "aspectos de mera legalidad" para los cuales existen v�as judiciales ordinarias (CCE, Sentencia No. 17233-2024-05918, 2024). Sin embargo, la distinci�n pr�ctica sigue siendo un desaf�o, lo que lleva a la sobrecarga del sistema y a la desnaturalizaci�n de la acci�n.

Eficacia de las Medidas de Reparaci�n: A menudo, la principal dificultad no radica en la declaratoria de la violaci�n del derecho, sino en el cumplimiento efectivo de las medidas de reparaci�n integral. La falta de mecanismos de seguimiento y coacci�n adecuados puede restar efectividad a las sentencias.

Abuso de la Acci�n de Protecci�n: Algunos autores como Lucero Suco, B. A., & Trelles Vicu�a, F. F. (2023) han explorado el "abuso de plantear la Acci�n de Protecci�n en la legislaci�n ecuatoriana", lo que genera una carga innecesaria para el sistema judicial y puede desviar recursos de casos genuinos de violaci�n de derechos fundamentales.

Especializaci�n y Formaci�n Judicial: La calidad de las resoluciones depende en gran medida de la formaci�n y especializaci�n de los jueces que conocen estas causas. La falta de jueces con s�lida preparaci�n en derecho constitucional puede impactar negativamente en la aplicaci�n de esta garant�a.

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar en qu� medida las inconsistencias jurisprudenciales, la falta de especializaci�n judicial y los desaf�os en la ejecuci�n de las sentencias, limitan la eficacia de la Acci�n de Protecci�n como mecanismo de tutela efectiva de los derechos constitucionales en Ecuador.

Objetivos Espec�ficos:

  1. Identificar y describir las principales inconsistencias jurisprudenciales en la aplicaci�n de la Acci�n de Protecci�n por parte de las diferentes instancias judiciales en Ecuador
  2. Evaluar el grado de especializaci�n judicial en materia constitucional de los jueces que resuelven acciones de protecci�n en Ecuador
  3. Analizar los principales desaf�os y obst�culos que se presentan en la fase de ejecuci�n de las sentencias emitidas en el marco de las Acciones de Protecci�n en Ecuador
  4. Investigar c�mo los desaf�os en la aplicaci�n de la Acci�n de Protecci�n influyen en la confianza ciudadana en el sistema de justicia ecuatoriano, especialmente en lo que respecta a la garant�a efectiva de los derechos fundamentales.

METODOLOG�A

Tipo y Enfoque de Investigaci�n

La presente investigaci�n adoptar� un enfoque mixto, combinando elementos cualitativos y cuantitativos para lograr una comprensi�n integral del fen�meno estudiado. El tipo de estudio ser� observacional, descriptivo y correlacional, permitiendo no solo caracterizar la situaci�n actual, sino tambi�n explorar las relaciones entre las variables clave.

II. Componente Observacional

Este componente se centrar� en la observaci�n sistem�tica y no participante de la pr�ctica judicial y los documentos relacionados con la acci�n de protecci�n.

  • Fuentes de Observaci�n:
    • Expedientes judiciales: Se observar�n los patrones en la tramitaci�n de casos de acci�n de protecci�n en diversas instancias (unidades judiciales, cortes provinciales, Corte Constitucional).
    • Audiencias judiciales (cuando sea posible): Se observar� la din�mica de las audiencias, los argumentos presentados por las partes y la conducci�n del proceso por parte del juez.
    • Actuaciones de los operadores de justicia: Se analizar�n los registros de c�mo los jueces manejan los casos, sus preguntas, sus decisiones sobre pruebas y la argumentaci�n de sus fallos.
    • Sistemas de gesti�n procesal: Se observar� el uso de herramientas tecnol�gicas para el seguimiento de los procesos y la publicaci�n de sentencias.
  • T�cnicas e Instrumentos:
    • Gu�as de observaci�n estructuradas: Se dise�ar�n listas de verificaci�n y escalas de registro para documentar la celeridad del proceso, los tipos de argumentos presentados, la presencia de medidas cautelares, los tiempos de resoluci�n y los obst�culos evidentes durante el tr�mite.
    • Fichas de registro de datos de expedientes: Para extraer informaci�n espec�fica de un n�mero representativo de sentencias (fecha de interposici�n, fecha de fallo, tipo de derecho invocado, tipo de reparaci�n ordenada, autoridad demandada, etc.).
  • Qu� se buscar� observar:
    • Patrones en la argumentaci�n jur�dica que evidencien inconsistencias.
    • Indicios de falta de conocimiento especializado en ciertas materias constitucionales por parte del juez.
    • Frecuencia y naturaleza de los incidentes de ejecuci�n de sentencias.
    • Comportamientos o pr�cticas que ralentizan o agilizan el proceso.

III. Componente Descriptivo

Este componente buscar� caracterizar detalladamente las variables de estudio, proporcionando un panorama exhaustivo de cada una.

  • Variables a Describir:
    • Inconsistencias Jurisprudenciales:
      • Descripci�n de tipos de inconsistencias: Identificaci�n de criterios contradictorios sobre procedencia, legitimaci�n, derechos tutelables, medidas de reparaci�n, etc., entre diferentes salas o instancias judiciales.
      • Frecuencia y magnitud: Cu�ntas veces se presentan y qu� tan marcadas son las divergencias.
      • Materias m�s afectadas: Qu� derechos o situaciones generan m�s inconsistencia.
    • Nivel de Especializaci�n Judicial:
      • Formaci�n acad�mica de los jueces: Grado acad�mico, estudios de postgrado en derecho constitucional, cursos y seminarios especializados.
      • Experiencia profesional: A�os en la judicatura, experiencia previa en �reas relacionadas con derechos humanos o derecho p�blico.
      • Percepci�n de los jueces sobre su propia especializaci�n y necesidades de capacitaci�n.
    • Desaf�os en la Ejecuci�n de Sentencias:
      • Tipolog�a de incumplimientos: Qu� tipo de sentencias no se cumplen (ej. monetarias, de hacer, de no hacer).
      • Actores involucrados: Qui�nes son los principales incumplidores (entidades p�blicas, privados).
      • Causas del incumplimiento: Identificaci�n de las razones (falta de presupuesto, resistencia institucional, ambig�edad en la sentencia, etc.).
      • Mecanismos de control y ejecuci�n existentes y su efectividad.
    • Impacto en la Seguridad Jur�dica y la Confianza Ciudadana:
      • Percepci�n ciudadana: Nivel de confianza en que sus derechos ser�n tutelados eficazmente.
      • Percepci�n de los abogados: Dificultades que enfrentan al prever los resultados de una acci�n de protecci�n y al garantizar el cumplimiento de sentencias.
  • T�cnicas e Instrumentos:
    • An�lisis de Contenido de Sentencias: Revisi�n sistem�tica y codificaci�n de un corpus significativo de sentencias de acci�n de protecci�n de diversas instancias y periodos, para identificar patrones argumentativos, criterios, tipos de resoluci�n y problem�ticas en la ejecuci�n.
    • Encuestas a operadores de justicia (jueces y abogados): Preguntas cerradas y abiertas sobre su percepci�n de las inconsistencias jurisprudenciales, el nivel de especializaci�n, los desaf�os en la ejecuci�n y el impacto en la seguridad jur�dica.
    • Entrevistas semi-estructuradas a jueces, defensores p�blicos y abogados litigantes: Para profundizar en las percepciones, experiencias y causas subyacentes de los problemas identificados.
    • Grupos focales con ciudadanos que han utilizado la Acci�n de Protecci�n: Para comprender su experiencia, expectativas y nivel de confianza en el sistema.

IV. Componente Correlacional

Este componente buscar� establecer si existe una relaci�n estad�stica significativa entre las variables identificadas, sin necesariamente establecer causalidad.

  • Variables a Correlacionar:
    • Nivel de especializaci�n judicial (medido por a�os de experiencia, formaci�n en constitucional) vs. Consistencia de los fallos (medida por el grado de divergencia con criterios establecidos o sentencias de instancias superiores).
    • N�mero de inconsistencias jurisprudenciales (identificadas en el an�lisis de contenido) vs. Nivel de percepci�n de seguridad jur�dica (obtenido de encuestas a abogados y ciudadanos).
    • Frecuencia de desaf�os en la ejecuci�n de sentencias (identificada en expedientes) vs. Nivel de confianza ciudadana en el sistema de justicia (obtenido de encuestas y grupos focales).
    • Tiempo promedio de resoluci�n de la acci�n de protecci�n (observacional) vs. Percepci�n de eficacia (encuestas).
  • T�cnicas y An�lisis Estad�stico:
    • Codificaci�n cuantitativa de datos: Transformaci�n de datos cualitativos (ej. tipo de inconsistencia, nivel de dificultad de ejecuci�n) en variables num�ricas.
    • Coeficientes de correlaci�n: Uso de pruebas como el coeficiente de correlaci�n de Pearson o Spearman (dependiendo de la naturaleza de los datos) para medir la fuerza y direcci�n de la relaci�n entre las variables.
    • An�lisis de regresi�n (si aplica): Si se identifica una correlaci�n fuerte, se podr�a explorar si una variable predice los cambios en otra.
    • Tablas de contingencia y pruebas Chi-cuadrado: Para analizar la asociaci�n entre variables categ�ricas.

V. Poblaci�n y Muestra

  • Poblaci�n: Jueces con competencia para conocer acciones de protecci�n (Unidades Judiciales, Cortes Provinciales), abogados litigantes en materia constitucional, funcionarios de la Defensor�a del Pueblo y Defensor�a P�blica, y sentencias de acci�n de protecci�n emitidas en un periodo determinado (2019-2024).
  • Muestra:
    • Sentencias: Muestreo aleatorio estratificado de sentencias de acci�n de protecci�n de diferentes instancias y provincias para asegurar representatividad geogr�fica y jer�rquica. Se establecer� un tama�o muestral estad�sticamente significativo.
    • Jueces y abogados: Muestreo no probabil�stico por conveniencia para las entrevistas, y muestreo aleatorio simple o estratificado para las encuestas, buscando diversidad en la experiencia y ubicaci�n.
    • Ciudadanos: Muestreo por conveniencia o bola de nieve para los grupos focales, a trav�s de contactos de ONG o asociaciones de usuarios del sistema de justicia.

VI. Recolecci�n de Datos

La recolecci�n de datos se realizar� de forma sistem�tica y �tica, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los participantes. Se obtendr�n los permisos necesarios para el acceso a expedientes y la realizaci�n de encuestas y entrevistas.

VII. An�lisis de Datos

  • Datos Cuantitativos: Procesamiento y an�lisis estad�stico utilizando software especializado (ej., SPSS, R). Se aplicar�n estad�sticas descriptivas (frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersi�n) y estad�sticas inferenciales (pruebas de correlaci�n, pruebas de hip�tesis).
  • Datos Cualitativos: Transcripci�n de entrevistas y grupos focales. Aplicaci�n de an�lisis tem�tico y de contenido para identificar categor�as, patrones recurrentes, percepciones y experiencias relevantes. Se utilizar�n softwares de an�lisis cualitativo (ej., NVivo, Atlas.ti) si el volumen de datos lo justifica.

VIII. Consideraciones �ticas

Se garantizar� el consentimiento informado de todos los participantes. La confidencialidad y el anonimato ser�n estrictamente mantenidos. Se respetar� la privacidad y se evitar� cualquier da�o f�sico o psicol�gico a los participantes. El acceso a la informaci�n judicial se realizar� con las debidas autorizaciones y respetando la normativa de protecci�n de datos.

CONCLUSI�N

La Acci�n de Protecci�n, concebida en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador de 2008 como la garant�a jurisdiccional por excelencia para la tutela expedita y efectiva de los derechos constitucionales, representa un avance fundamental hacia la consolidaci�n de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Su dise�o normativo la posiciona como una herramienta vital para la defensa de la ciudadan�a frente a vulneraciones por parte de autoridades p�blicas no judiciales y, en ciertos casos, de particulares.

Sin embargo, a pesar de su trascendental importancia te�rica y el noble prop�sito con el que fue instituida, la eficacia real de la Acci�n de Protecci�n en Ecuador se ve significativamente limitada por una serie de desaf�os estructurales y pr�cticos. Las inconsistencias jurisprudenciales emergen como un factor cr�tico, generando incertidumbre y socavando la predictibilidad de las decisiones judiciales. Esta falta de unificaci�n de criterios, a menudo, refleja la insuficiente especializaci�n judicial en materia constitucional, lo que puede llevar a interpretaciones dispares de los derechos y garant�as, y a resoluciones que no siempre se alinean con los principios del neoconstitucionalismo. La heterogeneidad en la formaci�n y el entendimiento de la doctrina constitucional por parte de los operadores de justicia impacta directamente en la calidad y coherencia de los fallos, debilitando la uniformidad jurisprudencial necesaria para la seguridad jur�dica.

Adicionalmente, y de manera crucial, los notorios desaf�os en la fase de ejecuci�n de las sentencias constituyen el eslab�n m�s d�bil de la cadena protectora. A menudo, las decisiones judiciales favorables a los derechos quedan en el papel, enfrentando obst�culos administrativos, burocr�ticos, o incluso la renuencia de las entidades demandadas a cumplirlas de manera pronta e integral. Esta brecha entre el reconocimiento del derecho y su materializaci�n efectiva desvirt�a el prop�sito reparador de la acci�n y genera una profunda frustraci�n en los ciudadanos.

En conjunto, estos factores (inconsistencias jurisprudenciales, falta de especializaci�n y problemas de ejecuci�n) no solo limitan la eficacia intr�nseca de la Acci�n de Protecci�n como mecanismo de tutela, sino que tienen un impacto directo y pernicioso en la seguridad jur�dica del pa�s. La ciudadan�a se enfrenta a un escenario donde la defensa de sus derechos constitucionales puede depender de la interpretaci�n particular de un juez o de la capacidad de coerci�n del sistema para asegurar el cumplimiento, lo que erosiona la previsibilidad del ordenamiento jur�dico. Consecuentemente, la confianza ciudadana en el sistema de justicia se ve mermada, percibi�ndose que, a pesar de contar con un dise�o constitucional robusto, la justicia es lenta, ineficaz o inaccesible cuando se trata de hacer valer sus derechos fundamentales en la pr�ctica.

En definitiva, si bien la Acci�n de Protecci�n es un pilar irrenunciable del modelo constitucional ecuatoriano, su pleno potencial solo podr� alcanzarse superando estas limitaciones. Ello requiere un esfuerzo sostenido en la formaci�n y especializaci�n judicial, la consolidaci�n de una jurisprudencia vinculante y coherente, y, de manera urgente, el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento y ejecuci�n de las sentencias, para que los derechos reconocidos en la Constituci�n sean una realidad tangible para todos los ciudadanos.

 

 

 

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