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El principio de legalidad en la actuaci�n de la administraci�n p�blica ecuatoriana

 

The principle of legality in the actions of the Ecuadorian public administration

 

O princ�pio da legalidade na atua��o da administra��o p�blica equatoriana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: walter.suarezf@ug.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 01 de abril de 2025 *Aceptado: 28 de mayo de 2025 * Publicado: �16 de junio de 2025

 

        I.            Abogado, Magister, Docente de la Universidad de Guayaquil UG, Ecuador.

      II.            Abogado, Magister, Docente de la Universidad de Guayaquil UG, Ecuador.

Resumen

El principio de legalidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, al establecer que la actuaci�n de la administraci�n p�blica debe estar sujeta a la Constituci�n, las leyes y los reglamentos vigentes. En el contexto ecuatoriano, este principio adquiere una relevancia especial, considerando la necesidad de fortalecer la seguridad jur�dica, prevenir abusos de poder y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos. El presente art�culo examina la aplicaci�n del principio de legalidad en la pr�ctica administrativa del Ecuador, identificando vac�os normativos, distorsiones interpretativas y retos en su aplicaci�n efectiva. A trav�s del an�lisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, as� como la revisi�n de experiencias internacionales, se propone una lectura integral que articule la legalidad con los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad estatal. Se plantean recomendaciones concretas orientadas a reforzar los mecanismos de control y fiscalizaci�n, y se destacan reformas necesarias en el marco legal e institucional ecuatoriano. Este estudio tiene como prop�sito contribuir a la consolidaci�n de una administraci�n p�blica transparente, responsable y alineada con los mandatos constitucionales y democr�ticos.

Palabras clave: legalidad; administraci�n p�blica; derecho administrativo; control estatal; seguridad jur�dica; Ecuador; rendici�n de cuentas.

 

Abstract

The principle of legality constitutes one of the fundamental pillars of the rule of law, establishing that the actions of the public administration must be subject to the Constitution, current laws, and regulations. In the Ecuadorian context, this principle takes on special relevance, considering the need to strengthen legal certainty, prevent abuses of power, and guarantee respect for citizens' rights. This article examines the application of the principle of legality in Ecuadorian administrative practice, identifying regulatory gaps, interpretative distortions, and challenges in its effective application. Through doctrinal, normative, and jurisprudential analysis, as well as a review of international experiences, a comprehensive interpretation is proposed that articulates legality with the principles of effectiveness, efficiency, and state accountability. Specific recommendations are made to strengthen oversight and control mechanisms, and necessary reforms to the Ecuadorian legal and institutional framework are highlighted. The purpose of this study is to contribute to the consolidation of a transparent, accountable public administration aligned with constitutional and democratic mandates.

Keywords: legality; public administration; Administrative law; state control; legal security; Ecuador; accountability.

 

Resumo

O princ�pio da legalidade constitui um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, estabelecendo que as a��es da administra��o p�blica devem estar sujeitas � Constitui��o, �s leis e aos regulamentos vigentes. No contexto equatoriano, esse princ�pio assume especial relev�ncia, considerando a necessidade de fortalecer a seguran�a jur�dica, prevenir abusos de poder e garantir o respeito aos direitos dos cidad�os. Este artigo examina a aplica��o do princ�pio da legalidade na pr�tica administrativa equatoriana, identificando lacunas regulat�rias, distor��es interpretativas e desafios para sua efetiva aplica��o. Por meio de an�lises doutrin�rias, normativas e jurisprudenciais, bem como de uma revis�o de experi�ncias internacionais, prop�e-se uma interpreta��o abrangente que articule a legalidade com os princ�pios de efic�cia, efici�ncia e responsabiliza��o do Estado. S�o feitas recomenda��es espec�ficas para fortalecer os mecanismos de supervis�o e controle, e s�o destacadas as reformas necess�rias ao arcabou�o jur�dico e institucional equatoriano. O objetivo deste estudo � contribuir para a consolida��o de uma administra��o p�blica transparente e respons�vel, alinhada aos mandatos constitucionais e democr�ticos.

Palavras-chave: legalidade; administra��o p�blica; direito administrativo; controle estatal; seguran�a jur�dica; Equador; responsabiliza��o.

 

Introducci�n

En los sistemas democr�ticos modernos, el principio de legalidad constituye un eje vertebrador del Estado de derecho, al establecer que toda actuaci�n de los poderes p�blicos debe estar sujeta a la ley, en especial aquellas que emanan de la administraci�n p�blica. En el caso ecuatoriano, este principio est� consagrado en el art�culo 226 de la Constituci�n de la Rep�blica, el cual se�ala que �las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores p�blicos y las personas que act�en en virtud de una potestad estatal ejercer�n solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci�n y la ley� (Asamblea Nacional, 2008, p. 94).

La administraci�n p�blica se encuentra en una relaci�n constante con la ciudadan�a, a trav�s de la prestaci�n de servicios, la ejecuci�n de pol�ticas p�blicas y la regulaci�n de derechos. Por ello, la sujeci�n de sus actos al principio de legalidad es indispensable para garantizar la seguridad jur�dica y evitar el uso arbitrario del poder estatal (P�rez Serrano, 2017, p. 212).

A pesar de su clara formulaci�n constitucional, en la pr�ctica administrativa del Ecuador existen numerosas tensiones y dificultades que cuestionan la eficacia de este principio. Las ambig�edades normativas, las interpretaciones discrecionales, y en muchos casos, la ausencia de controles efectivos, han generado una distorsi�n de la legalidad como garant�a sustantiva (Vel�squez, 2019, p. 118).

La evoluci�n del derecho administrativo ecuatoriano ha estado influenciada por doctrinas extranjeras y reformas normativas que, aunque han fortalecido el marco legal, no han sido suficientes para garantizar una cultura institucional basada en el respeto a la ley y a los derechos fundamentales. Como indica Garc�a de Enterr�a (2016), el principio de legalidad no se limita a una sujeci�n formal a la norma, sino que exige una actuaci�n conforme a los valores constitucionales y al inter�s p�blico (p. 49).

En muchos casos, las autoridades administrativas se amparan en la discrecionalidad para justificar decisiones que vulneran derechos, lo que evidencia un uso incorrecto de las potestades otorgadas por la ley. Esta problem�tica ha sido objeto de an�lisis por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, que ha se�alado la obligaci�n de la administraci�n de actuar no solo conforme a la ley, sino tambi�n en armon�a con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y motivaci�n (Sentencia No. 34-17-IN/19, Corte Constitucional, 2019, pp. 11-13).

Asimismo, los organismos de control, como la Contralor�a General del Estado, han detectado reiteradas veces irregularidades en contrataciones p�blicas, procesos administrativos y procedimientos sancionatorios, lo que refleja un d�ficit estructural en la aplicaci�n del principio de legalidad (Contralor�a General del Estado, 2021, p. 78).

En el �mbito internacional, la observancia del principio de legalidad tambi�n ha sido destacada como una condici�n necesaria para el respeto del Estado de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados deben asegurar que cualquier actuaci�n estatal que afecte derechos se encuentre debidamente fundamentada en una norma previa, clara y precisa (CIDH, 2017, p. 66).

Este estudio pretende analizar las principales dificultades que enfrenta la administraci�n p�blica ecuatoriana para actuar dentro del marco de la legalidad, y propone medidas orientadas a reforzar los mecanismos normativos e institucionales de control, prevenci�n y sanci�n de los actos contrarios al orden jur�dico.

La metodolog�a utilizada se fundamenta en un enfoque cualitativo, apoyado en el an�lisis normativo, doctrinal, jurisprudencial y comparado, que permite una comprensi�n m�s integral del problema y de las posibles soluciones.

El an�lisis propuesto se enmarca en la necesidad de promover una administraci�n p�blica �tica, transparente y eficiente, que act�e bajo el imperio de la ley y que garantice los derechos de los ciudadanos. Solo as� ser� posible consolidar un Estado democr�tico, participativo y justo.

Finalmente, este trabajo se constituye en una contribuci�n a los debates actuales sobre la reforma de la administraci�n p�blica en Ecuador, con especial �nfasis en la garant�a del principio de legalidad como salvaguarda del inter�s p�blico y del orden constitucional.

 

Planteamiento del problema

A pesar de la existencia de un marco constitucional y legal robusto en Ecuador, la actuaci�n de la administraci�n p�blica no siempre se enmarca dentro de los l�mites del principio de legalidad. La discrecionalidad excesiva, la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos eficaces de fiscalizaci�n generan incertidumbre jur�dica y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta situaci�n plantea la necesidad de analizar cu�les son los vac�os normativos, institucionales y pr�cticos que impiden la plena aplicaci�n del principio de legalidad en la funci�n p�blica, y c�mo pueden corregirse mediante propuestas reformadoras.

Objetivo general

Analizar la aplicaci�n del principio de legalidad en la actuaci�n de la administraci�n p�blica ecuatoriana, identificando sus falencias y proponiendo mecanismos normativos e institucionales que refuercen su cumplimiento efectivo.

Objetivos espec�ficos

1.                 Examinar el marco constitucional y legal ecuatoriano que regula el principio de legalidad en la administraci�n p�blica.

2.                 Identificar las pr�cticas administrativas que vulneran dicho principio y sus consecuencias jur�dicas.

3.                 Proponer reformas y mecanismos de control orientados a garantizar el respeto al principio de legalidad en la gesti�n p�blica.

Posible soluci�n

La soluci�n planteada radica en la implementaci�n de reformas integrales que fortalezcan la cultura de legalidad en el sector p�blico. Esto incluye la capacitaci�n continua de los servidores p�blicos, el establecimiento de protocolos claros de actuaci�n administrativa, la adopci�n de sistemas digitales de transparencia y trazabilidad, y el fortalecimiento de los �rganos de control para una supervisi�n eficaz. Asimismo, es fundamental que la Corte Constitucional y los tribunales contencioso-administrativos act�en de forma diligente para sancionar las infracciones a la legalidad y establecer precedentes que orienten la conducta administrativa.

 

Justificaci�n

Este estudio se justifica por la urgencia de promover una administraci�n p�blica respetuosa del derecho, en un pa�s donde la legalidad muchas veces es concebida como una formalidad y no como un valor sustancial. Garantizar que los actos de la administraci�n est�n sujetos a la ley no solo protege los derechos de los ciudadanos, sino que adem�s fortalece la democracia, el desarrollo institucional y la confianza social en el Estado. Como indica Carbonell (2018), el principio de legalidad es una condici�n indispensable para evitar el autoritarismo y asegurar un sistema de pesos y contrapesos efectivo (p. 103).

Estado del arte

La discusi�n acad�mica sobre el principio de legalidad en la administraci�n p�blica ha sido abordada por diversas corrientes del derecho administrativo, tanto en el �mbito latinoamericano como europeo. En Ecuador, los estudios m�s recientes coinciden en se�alar que, si bien existe un marco normativo robusto, su aplicaci�n presenta deficiencias estructurales y culturales.

Rivera Velasco (2020) afirma que uno de los principales desaf�os en Ecuador es la ambig�edad con la que se ejercen las competencias administrativas, lo que ha generado una cultura institucional permisiva hacia la discrecionalidad (p. 78). Esta problem�tica se agrava por la d�bil capacitaci�n jur�dica de muchos servidores p�blicos, quienes act�an sin comprender completamente los l�mites que impone la legalidad.

A nivel internacional, autores como Santamar�a Pastor (2018) han desarrollado una noci�n m�s sustantiva del principio de legalidad, superando el enfoque puramente formalista. Seg�n el autor, el principio no solo exige legalidad formal, sino que tambi�n obliga a la administraci�n a actuar conforme a los valores del Estado de Derecho y del inter�s general (p. 94).

En el contexto latinoamericano, estudios comparados como los de Dromi (2015) se�alan que pa�ses como Colombia y Chile han implementado reformas institucionales que refuerzan el control de legalidad mediante mecanismos como los sistemas electr�nicos de contrataci�n y la evaluaci�n ex post de los actos administrativos (pp. 161-163).

En Ecuador, la Corte Constitucional ha emitido sentencias relevantes que han intentado desarrollar una interpretaci�n m�s garantista del principio de legalidad. Por ejemplo, la Sentencia No. 34-17-IN/19 se�ala que la administraci�n debe motivar sus decisiones con base en el principio de razonabilidad y en el respeto de los derechos constitucionales (Corte Constitucional del Ecuador, 2019, p. 12).

A pesar de estos avances, los vac�os en la aplicaci�n pr�ctica del principio persisten, lo que evidencia la necesidad de profundizar en estudios emp�ricos que relacionen el marco jur�dico con los efectos reales en la gesti�n p�blica. La literatura especializada a�n es escasa respecto a estudios sistem�ticos en el contexto ecuatoriano, lo que justifica el presente trabajo como un aporte al desarrollo doctrinal y pr�ctico.

Marco te�rico

El principio de legalidad se configura como un pilar estructural del derecho p�blico. Este impone a toda autoridad administrativa la obligaci�n de actuar conforme a la ley y dentro de las competencias que �sta le asigna. Seg�n Garc�a de Enterr�a y Fern�ndez (2017), el principio de legalidad representa �la garant�a de los ciudadanos frente al poder p�blico, en tanto impide la actuaci�n arbitraria del Estado� (p. 39).

En el derecho administrativo contempor�neo, la legalidad no puede entenderse de manera estrictamente formal. Es necesario considerar su dimensi�n sustantiva, como lo establece Carbonell (2018), quien indica que una administraci�n legal es aquella que no solo se sujeta a la ley, sino que tambi�n respeta los principios de justicia material, proporcionalidad y debido proceso (p. 105).

Desde la perspectiva constitucional, el principio se encuentra vinculado a la seguridad jur�dica, la previsibilidad y el respeto por los derechos fundamentales. As� lo recoge la Constituci�n del Ecuador (2008) en su art�culo 82, que garantiza el derecho de las personas a conocer las normas jur�dicas que les afectan y a ser tratadas con imparcialidad.

El principio de legalidad tambi�n guarda una estrecha relaci�n con la rendici�n de cuentas. La doctrina se�ala que una administraci�n que act�a conforme a derecho es m�s susceptible de ser controlada y evaluada por la ciudadan�a y los �rganos de fiscalizaci�n (Merino Acu�a, 2016, p. 87).

En el plano operativo, la legalidad se expresa a trav�s de la tipificaci�n clara de competencias, la motivaci�n suficiente de los actos administrativos, y la existencia de recursos administrativos y judiciales que permitan su revisi�n. Como se�ala Parejo Alfonso (2020), �la legalidad administrativa requiere una arquitectura institucional capaz de controlar los excesos del poder p�blico� (p. 73).

Finalmente, el principio de legalidad es una garant�a para el fortalecimiento del Estado democr�tico. Su cumplimiento implica que el poder se ejerce bajo l�mites normativos previamente establecidos, lo cual es esencial para prevenir el autoritarismo y promover la confianza ciudadana en las instituciones.

Estudios de caso y experiencias internacionales

Colombia: A trav�s del uso del Sistema Electr�nico de Contrataci�n P�blica (SECOP), Colombia ha logrado transparentar la actuaci�n administrativa. Seg�n datos de la Agencia Nacional de Contrataci�n P�blica, el SECOP ha reducido significativamente los niveles de discrecionalidad en procesos administrativos (Colombia Compra Eficiente, 2022, p. 41).

Chile: La reforma al Estatuto Administrativo en 2018 introdujo un sistema de evaluaci�n permanente del desempe�o de los funcionarios p�blicos, vinculando su estabilidad laboral al cumplimiento estricto de la legalidad (Ministerio de Hacienda de Chile, 2021, p. 29).

Espa�a: El Consejo de Estado espa�ol ha desarrollado l�neas jurisprudenciales donde se enfatiza la vinculaci�n entre legalidad y motivaci�n, se�alando que todo acto administrativo debe ser no solo legal, sino tambi�n razonado y justificado (Consejo de Estado, 2020, p. 15).

M�xico: La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones espec�ficas para los servidores p�blicos que act�en fuera del marco legal, incluyendo la figura del �acto arbitrario�, que se define como cualquier actuaci�n sin fundamento jur�dico expreso (LGRA, 2016, art. 52).

Estos casos demuestran que es posible fortalecer la legalidad mediante una combinaci�n de reformas normativas, digitalizaci�n administrativa, y mecanismos de rendici�n de cuentas.

 

Normativa ecuatoriana sobre el principio de legalidad

En el marco jur�dico ecuatoriano, el principio de legalidad se encuentra contemplado en m�ltiples normas de rango constitucional y legal:

�                    Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador: Art�culo 226 establece que las instituciones del Estado solo podr�n ejercer las competencias que les sean atribuidas en la Constituci�n y la ley (Asamblea Nacional, 2008, p. 94).

�                    Ley Org�nica de la Contralor�a General del Estado: Establece mecanismos para fiscalizar y sancionar actos que violen el principio de legalidad, especialmente en lo relativo al uso indebido de recursos p�blicos (Contralor�a General del Estado, 2014, arts. 7 y 29).

�                    Ley Org�nica del Servicio P�blico (LOSEP): En sus art�culos 6 y 21 se establece que los servidores p�blicos deben actuar conforme a derecho, con probidad y transparencia, siendo responsables por sus actos (LOSEP, 2010, p. 18).

�                    C�digo Org�nico Administrativo (COA): Este cuerpo normativo regula expresamente los principios de legalidad, motivaci�n, razonabilidad y proporcionalidad, se�alando en su art�culo 5 que toda actuaci�n administrativa debe respetar los principios del debido proceso (COA, 2017, p. 12).

�                    Sentencias de la Corte Constitucional: La jurisprudencia constitucional ha ampliado la interpretaci�n del principio de legalidad. En particular, la Sentencia No. 253-13-SEP-CC establece que la legalidad debe entenderse en clave constitucional, es decir, con un enfoque garantista y respetuoso de los derechos humanos (Corte Constitucional, 2013, p. 22).

Estas normas constituyen el marco jur�dico fundamental para asegurar la legalidad de la administraci�n p�blica, aunque su eficacia depende de su correcta interpretaci�n, aplicaci�n y control.

 

Metodolog�a

El trabajo aplica este marco metodol�gico de manera integrada para ofrecer un an�lisis completo del impacto del principio de legalidad en la actuaci�n de la administraci�n p�blica ecuatoriana. Se opt� por una metodolog�a cualitativa, jur�dica y exploratoria, orientada a interpretar los significados normativos y pr�cticos del principio en contextos reales de gesti�n p�blica. Esta estrategia permite no solo identificar el marco legal vigente, sino tambi�n evaluar sus limitaciones en la pr�ctica administrativa, recogiendo adem�s aportes doctrinarios, jurisprudenciales y comparados.

M�todo Descriptivo

El m�todo descriptivo se utiliza para caracterizar y sistematizar el estado actual de la aplicaci�n del principio de legalidad en la administraci�n p�blica ecuatoriana. A trav�s de este m�todo se identifican los elementos estructurales del marco normativo nacional, los procedimientos administrativos vigentes, y las formas en que los distintos �rganos del poder p�blico ejercen sus competencias. El an�lisis descriptivo permite observar c�mo el principio de legalidad se expresa en los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), y evidencia patrones de conducta administrativa que, en ocasiones, transgreden los l�mites legales.

Este m�todo tambi�n facilita una aproximaci�n emp�rica, basada en datos institucionales, reportes de contralor�a y fallos judiciales, que aportan evidencia concreta sobre las pr�cticas administrativas y sus consecuencias jur�dicas. En este sentido, el m�todo descriptivo permite establecer una base s�lida para la formulaci�n de propuestas correctivas y reformas institucionales.

M�todo Bibliogr�fico

El m�todo bibliogr�fico se fundamenta en la revisi�n de fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales pertinentes al objeto de estudio. Se consultaron libros especializados en derecho administrativo, art�culos cient�ficos, informes institucionales, legislaci�n nacional e internacional, as� como sentencias relevantes de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La aplicaci�n de este m�todo permite la construcci�n de un marco te�rico robusto que sustenta el an�lisis. Asimismo, favorece la identificaci�n de tendencias interpretativas y debates conceptuales sobre el principio de legalidad. Esta base bibliogr�fica proporciona el sustento acad�mico que enriquece el trabajo y lo posiciona dentro del di�logo cient�fico-jur�dico regional.

La utilizaci�n de bases como Scopus, JSTOR, SciELO, Google Scholar y la Biblioteca de la Asamblea Nacional del Ecuador garantiz� la fiabilidad de las fuentes consultadas. Este enfoque tambi�n permiti� contrastar la legislaci�n ecuatoriana con est�ndares internacionales, favoreciendo un an�lisis cr�tico y comparado.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico

El m�todo fenomenol�gico jur�dico se emplea para comprender el sentido profundo del principio de legalidad desde la experiencia vivida del sujeto jur�dico-administrado, es decir, del ciudadano que interact�a con la administraci�n p�blica. Este enfoque permite interpretar el impacto real de los actos administrativos ilegales o arbitrarios en los derechos fundamentales de las personas.

Desde esta perspectiva, se analiza c�mo la aplicaci�n o inobservancia del principio de legalidad influye en la vida cotidiana de los ciudadanos, particularmente en contextos de vulnerabilidad, abuso de poder o discrecionalidad excesiva. Se toma en cuenta el contenido �tico del derecho y se adopta una visi�n cr�tica frente a las pr�cticas administrativas que, aunque aparentemente legales, resultan contrarias al esp�ritu constitucional.

La fenomenolog�a jur�dica permite tambi�n rescatar el componente axiol�gico del derecho administrativo, al considerar que la legalidad no es un simple cumplimiento formal, sino una garant�a sustantiva de justicia, equidad y previsibilidad en la acci�n estatal. Por tanto, este m�todo favorece una comprensi�n humanista e integradora del fen�meno jur�dico-administrativo, conectando las normas con la realidad social en que se aplican.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n

El principio de legalidad en el �mbito administrativo implica que toda actuaci�n del Estado debe estar previamente autorizada por una norma jur�dica vigente, de forma expresa y clara. No se trata �nicamente de cumplir formalidades, sino de garantizar que las decisiones p�blicas se ajusten a los l�mites constitucionales, legales y reglamentarios, respetando los derechos fundamentales y promoviendo la transparencia y la rendici�n de cuentas (Garc�a de Enterr�a y Fern�ndez, 2017, p. 41).

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados

En la pr�ctica ecuatoriana, la implementaci�n del principio de legalidad ha sido dispar. Por ejemplo, en las instituciones de control como la Contralor�a General del Estado, se ha observado un nivel de cumplimiento relativamente alto (78%), debido a la existencia de protocolos normativos r�gidos y auditor�as peri�dicas. Sin embargo, en los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (GAD), la inobservancia llega al 52%, reflejando debilidades en los mecanismos de fiscalizaci�n y formaci�n jur�dica del personal (Contralor�a General del Estado, 2023, p. 67).

Cuestiones �ticas

Desde el plano �tico, la inobservancia del principio de legalidad representa una vulneraci�n grave al pacto democr�tico. El ejercicio arbitrario del poder afecta la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana en las instituciones. Las pr�cticas ilegales o irregulares, como contrataciones sin proceso, sanciones sin debido procedimiento, o la omisi�n de controles internos, vulneran no solo normas jur�dicas sino principios fundamentales de �tica p�blica, como la justicia, la equidad y el respeto al derecho ajeno (Carbonell, 2018, p. 109).

An�lisis de los Resultados

El siguiente gr�fico sintetiza los niveles de cumplimiento e inobservancia del principio de legalidad seg�n el tipo de entidad p�blica en Ecuador:

 

📊 Gr�fico 1. Cumplimiento del Principio de Legalidad en la Administraci�n P�blica Ecuatoriana

Nota: El gr�fico muestra el porcentaje de cumplimiento legal frente a la inobservancia en cuatro tipos de entidades del sector p�blico

Fuente: Elaboraci�n propia con datos de la Contralor�a General del Estado, Informe Anual 2023, p. 67

 

Explicaci�n: Se observa que las instituciones de control presentan el mayor cumplimiento (78%), seguidas por el Gobierno Central (62%), mientras que los GAD y las empresas p�blicas presentan �ndices m�s bajos, con 48% y 55% respectivamente. Esta disparidad evidencia la necesidad de aplicar pol�ticas de fortalecimiento institucional diferenciadas seg�n el tipo de entidad.

El an�lisis indica que, mientras mayor es el nivel de fiscalizaci�n y exigencia normativa, m�s alta es la tasa de cumplimiento. En contraste, los �rganos con mayor autonom�a territorial y menor supervisi�n tienden a relajar la observancia del principio de legalidad, lo cual exige reformas estructurales en los mecanismos de control y formaci�n legal de los funcionarios.

 

Conclusiones

1.                 El principio de legalidad constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y una garant�a indispensable para la protecci�n de los derechos fundamentales frente a la actuaci�n de la administraci�n p�blica. En Ecuador, este principio est� expresamente consagrado en la Constituci�n y en diversas leyes org�nicas, sin embargo, su cumplimiento a�n presenta deficiencias estructurales.

2.                 La falta de capacitaci�n jur�dica de muchos servidores p�blicos, la discrecionalidad mal entendida, y la debilidad de los mecanismos de control interno y externo, han favorecido la emisi�n de actos administrativos ilegales o irregulares, afectando directamente la seguridad jur�dica de los ciudadanos.

3.                 Las instituciones de control, como la Contralor�a General del Estado, muestran un mayor grado de sujeci�n al principio de legalidad en comparaci�n con otras entidades, como los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados, donde los niveles de inobservancia son m�s altos, evidenciando desigualdades institucionales que requieren atenci�n urgente.

4.                 El an�lisis comparado demuestra que otros pa�ses latinoamericanos han avanzado significativamente en la implementaci�n de sistemas normativos, tecnol�gicos y �ticos que fortalecen el control de legalidad. Estas experiencias pueden servir como modelos adaptables al contexto ecuatoriano.

5.                 Para que el principio de legalidad se transforme en una pr�ctica administrativa cotidiana, se requiere una profunda reforma cultural e institucional, que promueva la �tica p�blica, el respeto por la norma y la rendici�n de cuentas como ejes transversales del servicio p�blico.

 

Recomendaciones

1.                 Fortalecer los programas de formaci�n y capacitaci�n jur�dica para todos los niveles de servidores p�blicos, con especial �nfasis en los principios constitucionales y las consecuencias de su inobservancia.

2.                 Implementar sistemas digitales de trazabilidad, control y automatizaci�n de actos administrativos que reduzcan la discrecionalidad y permitan la fiscalizaci�n en tiempo real.

3.                 Reforzar la independencia y eficacia de los organismos de control mediante recursos t�cnicos, presupuestarios y normativos que aseguren su funci�n preventiva y sancionadora.

4.                 Promover la participaci�n ciudadana y la veedur�a social como mecanismos complementarios para garantizar la transparencia y la legalidad en la administraci�n p�blica.

5.                 Impulsar reformas normativas que tipifiquen y sancionen de forma m�s estricta los actos administrativos arbitrarios o carentes de motivaci�n legal, especialmente en contextos de contrataci�n p�blica y procedimientos sancionadores.

 

Referencias

1.      Asamblea Nacional. (2008). Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Edici�n oficial. https://www.asambleanacional.gob.ec

2.      Carbonell, M. (2018). Teor�a del derecho: Ensayos cr�ticos. Editorial Porr�a.

3.      COA. (2017). C�digo Org�nico Administrativo. Registro Oficial Suplemento No. 31.

4.      Contralor�a General del Estado. (2014). Ley Org�nica de la Contralor�a General del Estado. Registro Oficial No. 595.

5.      Contralor�a General del Estado. (2023). Informe anual de auditor�a gubernamental 2022-2023. Quito.

6.      Corte Constitucional del Ecuador. (2013). Sentencia No. 253-13-SEP-CC.

7.      Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia No. 34-17-IN/19.

8.      Dromi, R. (2015). Derecho administrativo latinoamericano comparado. Abeledo Perrot.

9.      Garc�a de Enterr�a, E., & Fern�ndez, T. R. (2017). Curso de derecho administrativo (22.� ed.). Civitas.

10.  LGRA. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas (M�xico).

11.  Merino Acu�a, J. (2016). La administraci�n p�blica y la legalidad. Editorial Jur�dica Themis.

12.  Ministerio de Hacienda de Chile. (2021). Informe de evaluaci�n del Estatuto Administrativo. Santiago.

13.  Parejo Alfonso, L. (2020). Legalidad y legitimidad en la funci�n administrativa. Revista de Administraci�n P�blica, 220(2), 71-94.

14.  P�rez Serrano, J. (2017). Derecho administrativo general. Marcial Pons.

15.  Rivera Velasco, A. (2020). Gesti�n p�blica y principios jur�dicos en Ecuador. Editorial UASB.

16.  Santamar�a Pastor, J. A. (2018). La legalidad como principio estructural del Derecho Administrativo. Instituto Nacional de Administraci�n P�blica (INAP).

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).