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La declaratoria jurisdiccional a trav�s de la sentencia 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador

 

The jurisdictional declaration through the ruling 3-19-CN/20 of the Constitutional Court of Ecuador

 

A declara��o jurisdicional atrav�s da decis�o 3-19-CN/20 do Tribunal Constitucional do Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: ab.diego.delarosa@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 07 de enero de 2025 *Aceptado: 22 de febrero de 2025 * Publicado: �11 de marzo de 2025

 

        I.            MGS. Universidad T�cnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador.

      II.            MGS. Universidad T�cnica de Machala, Machala, El Oro, Ecuador.

Resumen

La declaratoria jurisdiccional previa es una potestad privativa de los jueces para determinar transgresiones normativas y violaciones a derechos constitucionales en los procedimientos judiciales. Entre los a�os 2009 y 2020 esta potestad fue compartida por el Consejo de la Judicatura, quien dict� reglamentaci�n a su favor para iniciar oficiosamente sumarios por las infracciones contenidas en los art�culos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, prescindiendo de la declaratoria jurisdiccional previa dispuesta en los art�culos 123, 124 y 125 del mismo c�digo. Este fen�meno vulnerador de la tutela efectiva y la independencia judicial interna fue corregido por la Corte Constitucional mediante la sentencia 3-19-CN/20 que pone fin a los sumarios oficiosos por dichas infracciones. En el presente art�culo de investigaci�n, desde un enfoque cualitativo y hermene�tico se explora y describen las ra�ces hist�ricas y normativas de la declaraci�n jurisdiccional previa, el impacto de la sentencia 3-19-CN/20 en las normas y decisiones administrativas posteriores emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y los retos y dilemas que de su aplicaci�n han surgido en la pr�ctica procesal disciplinaria.

Palabras clave: declaratoria jurisdiccional; sumario administrativo; independencia judicial; debido proceso.

 

Abstract

The prior jurisdictional declaration is a power exclusive to judges to determine normative transgressions and violations of constitutional rights in judicial proceedings. Between 2009 and 2020, this power was shared by the Judicial Council, which issued regulations in its favor to initiate ex officio investigations for the violations contained in articles 108, paragraph 8, and 109, paragraph 7 of the Organic Code of the Judicial Function, disregarding the prior jurisdictional declaration provided for in articles 123, 124, and 125 of the same code. This phenomenon that violates effective protection and internal judicial independence was corrected by the Constitutional Court through judgment 3-19-CN/20, which puts an end to the ex officio investigations for said violations. In this research article, from a qualitative and hermeneutic approach, the historical and normative roots of the prior jurisdictional declaration, the impact of the ruling 3-19-CN/20 on the subsequent administrative rules and decisions issued by the Plenary of the Council of the Judiciary, and the challenges and dilemmas that have arisen from its application in the disciplinary procedural practice are explored and described.

Keywords: jurisdictional declaration; administrative summary; judicial independence; due process.

 

Resumo

A declara��o pr�via de jurisdi��o � compet�ncia exclusiva dos ju�zes para determinar transgress�es normativas e viola��es de direitos constitucionais em procedimentos judiciais. Entre os anos de 2009 e 2020, esta compet�ncia foi partilhada pelo Conselho Judici�rio, que emitiu regulamenta��o a seu favor para iniciar oficiosamente s�mulas das infra��es constantes dos artigos 108.�, n.� 8 e 109.�, n.� 7, do C�digo Org�nico da Fun��o Judici�ria, desconsiderando a declara��o pr�via de compet�ncia prevista nos artigos 123.�, 124.� e 125.� do mesmo. c�digo. Este fen�meno que viola a protec��o efectiva e a independ�ncia judicial interna foi corrigido pelo Tribunal Constitucional atrav�s da decis�o 3-19-CN/20, que p�e fim �s s�mulas n�o oficiais das referidas infrac��es. Neste artigo de pesquisa, a partir de uma abordagem qualitativa e hermen�utica, s�o exploradas e descritas as ra�zes hist�ricas e normativas da declara��o jurisdicional pr�via, o impacto da decis�o 3-19-CN/20 nas normas e decis�es administrativas subsequentes emitidas pelo Plen�rio do Conselho da Magistratura, e os desafios e dilemas que surgiram da sua aplica��o na pr�tica processual disciplinar.

Palavras-chave: declara��o jurisdicional; resumo administrativo; independ�ncia judicial; devido processo.

 

Introducci�n

Antes del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial (COFJ) promulgado a la luz de la Constituci�n de la Rep�blica 2008 (CRE), la Funci�n Judicial era un Poder del Estado dentro del modelo liberal de Derecho (�vila Santamar�a, 2011), que se expresaba inequ�vocamente en los ministros jueces, quienes, en el Decreto Supremo 891, mejor conocido como la Ley Org�nica de la Funci�n Judicial (LOFJ) ten�an control absoluto de la disciplina judicial, es decir, declaraban jurisdiccionalmente la falta de probidad y sustanciaban el sumario administrativo correspondiente (Art. 52, 125 y 160 LOFJ), en un modelo de primigenia independencia judicial.

Empero, la falta de planificaci�n y los ajustes presupuestarios al Poder Judicial derivaron en ausencia de evaluaciones de desempe�o, debilidad de los sistemas de informaci�n, precariedad administrativa, ausencia de modelo de gesti�n y planificaci�n institucional (Chinchilla & Schodt, 2011), lo que para 2008 signific� el estancamiento de la producci�n y productividad, en el marco de una falta de confiabilidad estad�stica y graves encuadramientos legales equivocados (P�sara, 2011), hoy conocidos como falta de motivaci�n suficiente, conforme la sentencia 1158/17-EP/21. En aquel momento de crisis institucional irrumpe la Asamblea Constituyente de 2008 y su Estado Constitucional, y con �l, una transformaci�n normativa e institucional (Granda, 2020). As�, el Poder Judicial se transform� en el servicio p�blico de justicia regido por el principio de independencia interna y externa (Art. 168 numeral 1 CRE), donde el Consejo de la Judicatura se constituye en el �rgano �nico de gobierno, administraci�n, vigilancia y disciplina de la Funci�n Judicial.

En esta nueva arquitectura institucional, la declaraci�n jurisdiccional aparece desde diferentes enfoques en los art�culos 123, 124, 125 y 131 numeral 3 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. En particular, conviene revisar el art. 123 y 124 COFJ que no han sido reformados desde su promulgaci�n, a saber:

Art. 123.- Independencia externa e interna de la Funci�n Judicial.- Los jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores, est�n sometidos �nicamente a la Constituci�n, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Las providencias judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su naturaleza, s�lo pueden ser revisadas a trav�s de los mecanismos de impugnaci�n ordinarios y extraordinarios, establecidos en la ley. Ninguna autoridad p�blica, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podr� interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboraci�n de sus providencias. (�) Art. 124.- Facultad de supervisi�n de la actuaci�n jurisdiccional.- El juez que conozca de una causa, en virtud de la interposici�n de un recurso, est� obligado a revisar si las servidoras y servidores de la Funci�n Judicial observaron los plazos y leyes que norman la tramitaci�n y conclusi�n de los procesos, y de ser el caso comunicar al Consejo de la Judicatura, a fin de que ejerza el correspondiente control disciplinario en caso de que advierta que ha habido violaci�n del ordenamiento jur�dico. En ning�n caso los tribunales, juezas o jueces podr�n asumir atribuciones sancionadoras, invadiendo el campo de atribuciones del Consejo de la Judicatura. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009)

As� planteado, la declaratoria jurisdiccional previa es un procedimiento especial establecido en el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, que consiste en un examen previo y obligatorio realizado por las juezas y jueces sobre transgresiones normativas o vulneraciones a derechos (Catucuago et. al., 2021), cuya conclusi�n, en caso de ser declarativa de las infracciones establecidas en los art�culos 109 numeral 7 y 108 numeral 6 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, es comunicada al Consejo de la Judicatura previo al inicio del procedimiento sumarial, debiendo observar tanto la declaraci�n jurisdiccional, como el sumario administrativo, la integralidad de las garant�as del debido proceso (Cede�o & Moreira, 2024; Blacio & Orellana, 2022). ​Este procedimiento tiene como finalidad determinar si la acci�n jurisdiccional cometida por el servidor judicial es justificable o no, y de ser el caso, establecer la responsabilidad subjetiva y la proporcionalidad punitiva (Reyna, 2021). Dada la independencia interna de la Funci�n Judicial y el derecho a la tutela efectiva, la declaratoria jurisdiccional previa es esencial para asegurar que cualquier sanci�n disciplinaria se fundamente en una evaluaci�n judicial competente y adecuada del error en la atribuci�n de significados normativos, negligencia en el cumplimiento de los roles jurisdiccionales o el dolo presuntamente cometido (Narv�ez, 2022; Saltos, 2022). ​ Sin embargo, entre 2009 a 2020 el Consejo de la Judicatura emiti� una l�nea de disposiciones administrativas de car�cter general que otorgaban la facultad al Consejo de la Judicatura para iniciar oficiosamente sumarios administrativos en contra de jueces, fiscales y defensores p�blicos por las infracciones contenidas en los art�culos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 COFJ, y por dicho efecto, la apertura del procedimiento sumarial no requer�a una declaratoria jurisdiccional previa. Con la vigencia de la sentencia 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, se produce un cambio legislativo en la Ley reformatoria al COFJ del 08 de diciembre 2020, que expresa la categ�rica necesidad de una declaratoria jurisdiccional previa para la configuraci�n de la tipicidad disciplinaria, de la observancia reforzada del debido proceso y cambia de lugar al Art. 108 numeral 8 COFJ, hacia el 108 numeral 6 COFJ. As� planteado, pese a la vigencia los art�culos 123, 124, 125 y 131 numeral 3 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, la emisi�n de reglamentos disciplinarios internos entre 2009 a 2020 gener� la violaci�n de varios derechos constitucionales en sumarios administrativos, lo que dio origen a una sentencia hito fundadora de l�nea que pondr�a en su lugar, aquello que siempre estuvo all� en palabras, pero no en la pr�ctica cotidiana, donde Ferrajoli (1995) dice: �ser� posible demostrar, sin embargo, que un grado irreducible de incoherencia entre principios normativos superiores y pr�cticas efectivas inferiores constituye un car�cter estructural y fisiol�gico del moderno estado de derecho�� (pg. 27). Este fen�meno jurisdiccional ha generado una suma instrumentos normativos y decisionales que dotan de eficacia a la garant�a de tutela efectiva y el debido proceso, cuyo entendimiento sirve para la interacci�n en los campos de argumentaci�n litigante y decisional.

 

Metodolog�a

An�lisis cualitativo de categor�as normativas en la sentencia 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador y su efecto en las resoluciones los casos: MOT-0694-SNCD-2019-NB, MOT-0887-SNCD-2019-JS, MOT-0914-SNCD-2019-AR, MOT-0975-SNCD-2019-JS, MOT-1021-SNCD-2019-VJ, MOT-1074-SNCD-2019-JH, MOT-1099-SNCD-2019-JH, MOTP-122-SNCD-2022-AHG, MOTP-0114-SNCD-2022-BL, MOTP-0310-SNCD-2022-PC, MOTP-232-SNCD-2022-JH, MOTP-0188-SNCD-2023-KM, MOTP-0745-SNCD.2022-PC, MOTP-0462-SNCD-2022-JS, MOTP-0202-SNCD-2024-BL, MOTP-0283-SNCD-2024-JH, MTOP-225-SNCD-2024-BL emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura. La variable independiente est� dada por la vigencia de las garant�as del debido proceso en el procedimiento disciplinario por las infracciones del Art. 109 numeral 7 y 108 numeral 6 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial; mientras que, la variable dependiente es la eficacia del procedimiento disciplinario realizado por el Consejo de la Judicatura. Esto, basado en una muestra de 17 resoluciones emitidas entre los a�os 2019 y 2024 de un total de 168 resoluciones, significando un 10.0592%. Se aclara que el resto de resoluciones corresponde a resoluciones de destituci�n, prescripciones de la acci�n disciplinaria y la emisi�n de medidas preventivas de suspensi�n.

Aplicaci�n del m�todo hermene�tico en el estudio de muestras representativas de informaci�n documental relevante, mediante t�cnica de observaci�n indirecta, an�lisis de contenido y fichas nemot�cnicas.

El enfoque de investigaci�n es exploratorio y descriptivo del efecto de la sentencia 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador en la eficacia procesal de la declaratoria jurisdiccional previa, mediante el an�lisis de las decisiones administrativas at�picas en que la vigencia del debido proceso desv�a la confirmaci�n de la responsabilidad administrativa o la imposici�n de la sanci�n t�picamente nominal de destituci�n.

 

Discusi�n y resultados

La sentencia 3-19-CN/20 de la acci�n por consulta de norma 3-19-CN refiere con respecto a la declaraci�n jurisdiccional previa, lo siguiente:

77. Esta Corte determina que la destituci�n del funcionario judicial establecida en el art�culo 109 numeral 7 del COFJ implica siempre dos etapas diferenciadas y secuenciales: 1) Una primera etapa integrada por la declaraci�n jurisdiccional de la existencia de dolo, manifiesta negligencia y/o error inexcusable, imputables a un juez o jueza, fiscal o defensor p�blico en el ejercicio del cargo y 2) Una segunda etapa, consistente en un sumario administrativo con las garant�as del debido proceso ante el CJ por la infracci�n disciplinaria. 78. Tambi�n a efectos de respetar esta separaci�n entre la declaraci�n jurisdiccional y el procedimiento administrativo sancionador, as� como los principios constitucionales de independencia interna del CJ, proporcionalidad y debido proceso, esta Corte establece que, al aplicar el art�culo 109 numeral 7 del COFJ, el CJ debe siempre tomar en cuenta las circunstancias constitutivas establecidas en el art�culo 110 del COFJ. (Sentencia 3-19-CN/20, 2020)

En relaci�n a la declaraci�n jurisdiccional previa, la sentencia refiere que, para destituir a un servidor judicial por la infracci�n contenida en el art. 109 numeral 7 COFJ se requiere de un procedimiento diferenciado en dos fases: la declaratoria jurisdiccional previa y el sumario administrativo. Tambi�n refiere que, las sanciones deben observar la independencia interna, proporcionalidad y debido proceso, valores constitucionales que definen la validez y eficacia de las referidas actuaciones (Cede�o & Moreira, 2024; Blacio & Orellana, 2022).

En esta l�nea de ideas, por principio de legalidad sustantiva (Art. 76 numeral 3 CRE), la declaratoria jurisdiccional previa es un acto de lenguaje definido por el verbo declarar; y que, se orienta a la determinaci�n espec�fica de transgresiones normativas de jueces, fiscales y defensores p�blicos o vulneraci�n a los derechos garantizados en los art�culos 75, 76 y 77 CRE. En tal sentido, es imprescindible expresar con claridad y precisi�n qu� se declara, bajo qu� circunstancias se declara y en contra de qui�n se declara, sin dubitaciones (Gomez, 2017). Por lo que, resulta contraproducente para la eficacia del r�gimen disciplinario que en la declaratoria jurisdiccional previa se utilicen significantes que relativicen la conducta administrativamente relevante, tales como: �presuntamente�, �potencialmente�, �posiblemente�; o, no se utilice las expresiones propias de la tipificaci�n administrativa (Gomez & Sanz, 2013); y se opte por expresiones gen�ricas como el �plazo razonable�, la �celeridad�, la �contradicci�n� etc.; ya que dificultan los ejercicios de argumentaci�n en el sumario administrativo. En cambio, por principio de legalidad procesal y cumplimiento normativo (Art. 76 numerales 1 y 3 CRE), la declaratoria jurisdiccional previa se tramita �nica y exclusivamente en procedimiento sumario, ya que la referida declaratoria funge de informaci�n confiable del cometimiento de una infracci�n, conforme la exigencia de los art�culos 109.1 y 113 COFJ (Catucuago, Chug� Quemac, & Puetate, 2021; Reyna, 2021), en relaci�n con los art�culos 18 de la Resoluci�n 04-2023 dictada por la Corte Nacional de Justicia y 16 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la Funci�n Judicial.

Entonces, si la v�a id�nea para tramitar es el sumario, la derivaci�n a una investigaci�n en la declaratoria jurisdiccional previa tambi�n dificulta los ejercicios de argumentaci�n, ya que existe una disociaci�n de la v�a procesal constante en la resoluci�n judicial, y el tr�mite propio del procedimiento conforme las resoluciones 012-CCE-PLE-2020 y 04-2023. Vale decir que, la transgresi�n de v�as procesales y violaciones al principio de legalidad pueden ser observados por la justicia contencioso-administrativa (P�rez, 2020), en contexto de una eventual nulidad de acto administrativo por efecto de los art�culos 103 numeral 1 y 105 numeral 1 del C�digo Org�nico Administrativo (COA); y art�culos 299 y siguientes del C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP); e inclusive bajo un esquema de argumentaci�n garantista puede constituirse en violaciones al debido proceso y la tutela efectiva, accionables mediante los art�culos 39 a 42 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Siguiendo en esta l�nea de an�lisis, con la emisi�n de la sentencia 3-19-CN/20 y efecto del principio de eficacia constitucional (Art. 424 CRE) las decisiones del Consejo de la Judicatura tuvieron la obligaci�n de ajustar mandatos a las disposiciones de la sentencia bajo an�lisis, la cual, entre otros, resolvi� que:

la aplicaci�n del art�culo 109 numeral 7 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial es constitucional condicionado a que, previo al eventual inicio del sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura contra un juez, fiscal o defensor p�blico, se realice siempre una declaraci�n jurisdiccional debidamente motivada de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. (Sentencia 3-19-CN/20, 2020)

Por dicho efecto, se emitieron las siguientes resoluciones: MOT-0694-SNCD-2019-NB y MOT-0887-SNCD-2019-JS en las cuales se declar� la inocencia de los servidores judiciales sumariados por cuanto, una vez iniciado el sumario disciplinario por denuncia, y encontr�ndose en tr�mite ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, se solicit� la declaratoria jurisdiccional previa a los jueces superiores, resolviendo �stos que no exist�a correspondencia entre la infracci�n imputada en el auto de inicio sumarial y la conducta procesal de los sujetos pasivos del procedimiento sumarial. Con ello, haciendo prevalecer el valor constitucional de cumplimiento normativo y la presunci�n de inocencia (Art. 76 numerales 1 y 2 CRE).

En cambio, en las resoluciones MOT-0914-SNCD-2019-AR, MOT-0975-SNCD-2019-JS, MOT-1021-SNCD-2019-VJ, MOT-1074-SNCD-2019-JH y MOT-1099-SNCD-2019-JH, el Pleno del Consejo de la Judicatura archiv� directamente la tramitaci�n de dichos expedientes por cuanto hab�an sido iniciados de oficio por la instituci�n, cuesti�n proscrita por la sentencia bajo estudio, ya que comporta una anticipaci�n de criterio del Consejo de la Judicatura en cuestiones propias de la actividad jurisdiccional. Con ello, haciendo prevalecer el valor constitucional de tutela efectiva y cumplimiento normativo (Art. 75, 76 numeral 1 CRE).

Las resoluciones MOTP-122-SNCD-2022-AHG, MOTP-0114-SNCD-2022-BL, MOTP-0310-SNCD-2022-PC, MOTP-232-SNCD-2022-JH, MOTP-0745-SNCD.2022-PC y MOTP-0462-SNCD-2022-JS, en cambio, son un conjunto de nulidades absolutas del procedimiento sumarial o imposibilidades de pronunciamientos de fondo dictadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por cuanto desde la declaratoria jurisdiccional previa se vulner� la garant�a de defensa, siendo el efecto pr�ctico de dichas decisiones, la confirmaci�n del estado natural de inocencia. La importancia de la garant�a de defensa radica en su transversal importancia en el cumplimiento del debido proceso, ya que se trata del derecho a conocer y contradecir los cargos o imputaciones que se presentan en contra de la individualidad de la persona. Sobre este particular es relevante se�alar que la Corte Constitucional en sentencia No. 2695-16-EP/21 del caso No. 2695-16-EP refiere que:

El derecho a la defensa debe ser garantizado en todas las etapas del proceso, sin que pueda obstaculizarse ni negarse su ejercicio en ning�n momento procesal, pues ello conllevar�a a generar un estado de indefensi�n. La notificaci�n implica que todas las decisiones dictadas en un proceso judicial deben ser comunicadas a las partes y a terceros con la finalidad de que puedan contradecir su contenido, presentar pruebas o impugnarlas en defensa de sus derechos e intereses. En este sentido, la notificaci�n de todas las actuaciones es primordial, ya que permite a las partes procesales, en cada etapa procesal, acceder a la informaci�n y a los actos que se desarrollan en la causa para poder formular sus fundamentos en los momentos oportunos y, a trav�s de los medios pertinentes, impugnar o rebatir argumentos. (Sentencia No. 2695-16-EP/21, 2021)

En concreto, las resoluciones MOTP-122-SNCD-2022-AHG, MOTP-232-SNCD-2022-JH, MOTP-0745-SNCD.2022-PC, MOTP-0462-SNCD-2022-JS declaran como vulneraci�n a la garant�a de defensa procesal la falta de notificaci�n al servidor sumariado para que presente un informe de descargo, previo a la emisi�n de la declaratoria jurisdiccional previa. Por dicho efecto, se emiten nulidades desde el auto de inicio sumarial. La m�xima autoridad del Consejo de la Judicatura releva la importancia de permitirle al servidor sumariado la capacidad de contradecir la imputaci�n disciplinaria en sede jurisdiccional, ya que es el �nico momento procesal en que se puede discutir la tipicidad objetiva de la infracci�n. En paralelo, las resoluciones MOTP-0114-SNCD-2022-BL y MOTP-0310-SNCD-2022-PC declaran la imposibilidad de un pronunciamiento sobre el fondo material del procedimiento sumarial, esto es, la determinaci�n de la responsabilidad subjetiva del sujeto pasivo a causa de una vulneraci�n a la garant�a de defensa, dado que no se notific� a los servidores judiciales emplazados con la declaratoria jurisdiccional previa a fin que ejerzan la contradicci�n procesal. En todos los casos se destaca la obligaci�n del Consejo de la Judicatura, por efecto de la sentencia 3-19-CN/20, en velar porque la integralidad del procedimiento cumpla con las garant�as del debido proceso, con ello, haciendo prevalecer el valor constitucional de inocencia e inviolabilidad de la defensa (Art. 76 numerales 2 y 7 literales a, b, c y h CRE).

Por su parte, las resoluciones MOTP-0188-SNCD-2023-KM, MOTP-0202-SNCD-2024-BL, MOTP-0283-SNCD-2024-JH y MTOP-225-SNCD-2024-BL, en forma excepcional, aten�an la sanci�n nominal de destituci�n propia de la tipicidad del art�culo 109 numeral 7 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial por la de suspensi�n sin goce de remuneraci�n por el plazo de 30 d�as. Para arribar a dicha conclusi�n, el Pleno del Consejo de la Judicatura reconoce que la sentencia constitucional bajo estudio les impone la observancia de las garant�as del debido proceso, entre las que se cuenta el principio de proporcionalidad punitiva (Art. 76 numeral 5 CRE), por lo que realizan una valoraci�n de las circunstancias constitutivas de la infracci�n conforme los art�culos 110 y 264 numeral 14 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial.

En este orden de ideas, la sentencia 3-19-CN/20 contin�a indicando que:

La actuaci�n con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable de un juez, fiscal o defensor p�blico que, actuando como tal en una causa, viole los derechos de protecci�n y garant�as constitucionales establecidos en los art�culos 75, 76 y 77 de la Constituci�n, podr�a implicar no solo una falta grave, como lo establece el art�culo 108 numeral 8 del COFJ, sino grav�sima, dependiendo de la concurrencia de las circunstancias constitutivas definidas en el art�culo 110 del COFJ. De hecho, el legislador hace una remisi�n expresa en este sentido en el art�culo 125 del COFJ (�) 82. Esta Corte Constitucional destaca que las violaciones a los art�culos 75, 76 y 77 de la Constituci�n en la substanciaci�n y resoluci�n de las causas referidas en este art�culo del COFJ pueden dar lugar a procedimientos administrativos en que por expresa remisi�n de esta disposici�n se aplique el art�culo 109 numeral 7 del COFJ. Es decir, cuando tales violaciones son cometidas por un juez o jueza, fiscal o defensor p�blico, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. (Sentencia 3-19-CN/20, 2020).

En esta argumentaci�n, el fallo deja entrever la relaci�n de legalidad sancionatoria y tipicidad entre las infracciones contenidas en el Art. 108 numeral 8 COFJ (hoy 108 numeral 6 COFJ) y el dolo, la manifiesta negligencia y el error inexcusable (Art. 109 numeral 7 COFJ). Se�ala que, la conexidad surge de la realizaci�n del art. 125 COFJ, en el que se establece el control jurisdiccional sobre la actividad del juez a-quo y las y los servidores judiciales que interact�an en el proceso, dada la ocurrencia de violaciones a los art�culos 75, 76 y 77 CRE en la substanciaci�n y resoluci�n de las causas. Esto permite entender, c�mo una eventual denuncia por el Art. 109 numeral 7 COFJ puede derivar en la negativa de la declaratoria jurisdiccional previa solicitada; y a la vez, tambi�n derivar en una declaratoria oficiosa por vulneraci�n a los art�culos 75, 76 o 77 CRE, y con ello, operando una declaratoria jurisdiccional previa de la infracci�n contenida en el art�culo 108 numeral 6 COFJ.

La sentencia bajo an�lisis tambi�n refiere esta relaci�n t�pica-estructural cuando explica que:

(�) esta Corte determina que la aplicaci�n del art�culo 109 numeral 7 del COFJ debe siempre complementarse con el examen que realice el Consejo de la Judicatura de los principales deberes, prohibiciones y facultades de los jueces, fiscales y defensores p�blicos, establecidos en los art�culos 75 a 82 de la Constituci�n, en el art�culo 130 del COFJ (en el caso de los jueces y juezas), en el art�culo 444 del COIP (en relaci�n a los y las fiscales) y 286 del COFJ (para el caso de las defensoras y defensores p�blicos)� (Sentencia 3-19-CN/20, 2020)

Es decir, la vulneraci�n de los Art. 75, 76 y 77 CRE en la sustanciaci�n y resoluci�n de causas es una dimensi�n t�pica del Art. 109 numeral 7 COFJ, ya que sus formas particulares (dolo, error inexcusable o manifiesta negligencia) se constatan a partir de la transgresi�n del art�culo 130 del COFJ (jueces), en el art�culo 444 del COIP (fiscales) y 286 del COFJ (defensores p�blicos). De este modo, resulta evidente que las mismas garant�as del debido proceso aplicables para la declaratoria jurisdiccional previa por dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, tambi�n son exigibles en la declaratoria de oficio o petici�n de parte de la infracci�n contenida en el Art. 108 numeral 6 COFJ (antes 108 numeral 8 COFJ). Una compresi�n que ha sido deducida tambi�n por la Resoluci�n MOT-1074-SNCD-2019-JH emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por la Resoluci�n MOTDG-0588-SNCD-2024-KM emitida por la Direcci�n General del Consejo de la Judicatura y la Resoluci�n 04-2023 emitida por la Corte Nacional de Justicia que prescribe expresamente: �DISPOSICIONES GENERALES (�) Cuarta.- Esta Resoluci�n tendr�n vigor en lo que corresponda a los casos contemplados en los art�culos 108 numeral 6 y 125 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial�. (Corte Nacional de Justicia, 2023).

Por lo que, en un ejercicio de interpretaci�n evolutiva y sistem�tica conforme los numerales 4 y 5 del art. 3 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, corresponde a los operadores jur�dicos armonizar los procedimientos instituidos en las resoluciones 012-CCE-PLE-2020 (para la declaratoria en justicia constitucional) y 04-2023 (para la declaratoria en justicia ordinaria) con las garant�as del debido proceso, en la tramitaci�n de la declaratoria jurisdiccional previa del Art. 108 numeral 6 COFJ.

Cabe anotar que, en caso de ser vulneradas las garant�as del debido proceso en la fase jurisdiccional de la acci�n disciplinaria, este evento debe ser expresamente alegado en el sumario administrativo por el sujeto pasivo del sumario, a fin que la autoridad sancionatoria se constituya en posici�n de garante frente a la omisi�n acusada, tal como en las resoluciones MOTP-122-SNCD-2022-AHG, MOTP-0114-SNCD-2022-BL, MOTP-0310-SNCD-2022-PC, MOTP-232-SNCD-2022-JH, MOTP-0745-SNCD.2022-PC y MOTP-0462-SNCD-2022-JS.

 

Conclusiones

La sentencia 3-19-CN/20 dictada por la Corte Constitucional constituy� un antes y despu�s en la forma de concebir la declaratoria jurisdiccional en los m�rgenes del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. El Consejo de la Judicatura se atribuy� la capacidad de iniciar y resolver sumarios administrativos de oficio por dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia entre los a�os 2009 y 2020 mediante reglamentos. Esta conducta fue declarada como violatoria a la garant�a de independencia interna de la Funci�n Judicial y la tutela efectiva. Una vulneraci�n que extiende sus efectos al tratamiento de la infracci�n contenida en el Art. 108 numeral 8 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial; hoy, Art. 108 numeral 6 COFJ. A su vez, �sta sentencia deriv� en una reforma legislativa mediante la Ley reformatoria al COFJ, del 08 de diciembre de 2020 y en la creaci�n de procedimientos espec�ficos para justicia constitucional y ordinaria: resoluciones 012-CCE-PLE-2020 dictada por la Corte Constitucional y 04-2023 dictada por la Corte Nacional de Justicia, las cuales tambi�n resultan aplicables a la infracci�n contenida en el Art. 108 numeral 6 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial por efecto de la sentencia 3-19-CN/20 y la disposici�n general cuarta de la resoluci�n 04-2023, mientras que, la Resoluci�n MOT-1074-SNCD-2019-JH emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la Resoluci�n MOTDG-0588-SNCD-2024-KM emitida por la Direcci�n General del Consejo de la Judicatura se�alan que en el tratamiento de dicha infracci�n deben observarse en forma irrestricta las garant�as del debido proceso.

En este orden de ideas, las declaratorias jurisdiccionales previas por el Art. 109 numeral 7 C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial deben cumplir con altos est�ndares de motivaci�n y tramitaci�n (Art. 109.2 COFJ). Sin embargo, dada la novedad de la disposici�n general cuarta de la resoluci�n 04-2020 dictada por la Corte Nacional de Justicia que otorga aplicabilidad de tr�mite a la declaratoria jurisdiccional previa por el Art. 108 numeral 6 COFJ, resta a�n la unificaci�n de criterios y pr�cticas tanto en sede jurisdiccional, como en sede administrativa en torno a esta infracci�n. Esto, toda vez que, la sentencia bajo an�lisis refiere que:

��(�) la conformidad con la Constituci�n, sin embargo, se produce siempre y cuando quien califique o declare la infracci�n integre motivadamente estos tipos disciplinarios con las normas constitucionales y legales pertinentes, a efectos de configurar y adecuarlo con el caso concreto. Esta conformidad tambi�n requiere que se siga un procedimiento conforme a la Carta Fundamental�� (Sentencia 3-19-CN/20, 2020)

Precisamente, en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, instrumentos normativos tales como la Constituci�n y los precedentes de la Corte Constitucional constituyen fuente primaria del Derecho (Art. 84, 425 y 436 numeral 1 CRE), por lo que, deben ser aplicados directa e inmediatamente por todas las personas, entre �stas, las autoridades que intervienen en el procedimiento disciplinario, quienes, como todo funcionario p�blico, son garantes de la eficacia constitucional de los actos de poder p�blico (Castro Riera, 2008; Silva Portero, 2008; Carrasco & Trelles 2020). Bajo dicha orientaci�n, la definici�n pr�ctica de los valores constitucionales en conflictos recurrentes, tal como la eficacia de las garant�as normativas aplicables a las declaratorias jurisdiccionales previas, requiere de constante actualizaci�n y di�logo en el seno de la comunidad jur�dica, dada la condici�n ling��stica y dial�ctica de las normas y principios jur�dicos, donde: �el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Y el significado de un nombre se explica a veces se�alando a su portador� (Wittgenstein, 2003, p. 61).

En este sentido, las resoluciones administrativas de la Direcci�n General y el Pleno del Consejo de la Judicatura, son el andar ling��stico donde las garant�as del debido proceso se hacen decisi�n vinculante durante la sustanciaci�n de los sumarios administrativos. Demostraci�n de aquello son las resoluciones los casos: MOTP-122-SNCD-2022-AHG, MOTP-0114-SNCD-2022-BL, MOTP-0310-SNCD-2022-PC, MOTP-232-SNCD-2022-JH, MOTP-0745-SNCD.2022-PC y MOTP-0462-SNCD-2022-JS emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura, y la Resoluci�n del caso MOTDG-0588-SNCD-2024-KM emitida por la Direcci�n General, todas ellas confirmatorias del estado de inocencia por razones de forma, donde vulneraciones al debido proceso vinculadas a la defensa procesal en la fase jurisdiccional condicionan negativamente las facultades punitivas del Consejo de la Judicatura. En igual forma, las resoluciones MOTP-0188-SNCD-2023-KM, MOTP-0202-SNCD-2024-BL, MOTP-0283-SNCD-2024-JH y MTOP-225-SNCD-2024-BL emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura muestran la eficacia del principio constitucional de proporcionalidad punitiva.

Un tema aun inexplorado es la relaci�n t�picamente estructural entre la infracci�n contenida en el Art. 107 numeral 17 COFJ, frente a los art�culos 108 numeral 6 y 109 numeral 7 COFJ ya que todas comportan incumplimientos normativas que a medida que se agravan t�picamente, aumentan el quantum punitivo; lo que podr�a servir para que las juezas y jueces realicen un ejercicio de proporcionalidad punitiva desde la declaratoria jurisdiccional previa, atendiendo a los contextos locales de precarizaci�n del trabajo judicial, falta de infraestructura f�sica o tecnol�gica y congesti�n procesal cr�tica, y eviten ejercicios punitivos desproporcionales en sede administrativa nacional, por simbolismo disciplinario.

 

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