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An�lisis de la participaci�n ciudadana en la planificaci�n territorial con habitantes del sector Pampa Vintimilla en Azogues durante el a�o 2024

 

Analysis of citizen participation in territorial planning with residents of the Pampa Vintimilla sector in Azogues during the year 2024

 

An�lise da participa��o dos cidad�os no ordenamento do territ�rio junto dos residentes do setor Pampa Vintimilla em Azogues durante o ano de 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: juan.romeroh@ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 24 de enero de 2025 *Aceptado: 09 de febrero de 2025 * Publicado: �10 de marzo de 2025

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Azogues, Ecuador.

 

Resumen

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) declara que la participaci�n ciudadana es un derecho fundamental, as� como tambi�n dispone que el Estado a trav�s de sus diferentes niveles de gobierno deben adoptar los mecanismos que sean necesarios para hacer efectivo este derecho. En el caso estudiado, de los habitantes de Pampa Vintimilla en Azogues, se ha identificado deficiencias considerables dentro de este proceso participativo, como por ejemplo la falta de un mapeo adecuado y estrat�gico de actores, deficientes espacios deliberativos y la inexistencia de respuestas a las preocupaciones ciudadanas, lo que vulnera a este derecho constitucional. Se recomienda la incorporaci�n de estrategias inclusivas, transparentes y efectivas para fortalecer la participaci�n ciudadana y evitar en lo posible conflictos que puedan afectar la legitimidad democr�tica y justicia social en futuros procesos.

Palabras clave: participaci�n ciudadana; PDOT; Azogues; derechos constitucionales; planificaci�n territorial; democracia participativa.

 

Abstract

The Constitution of the Republic of Ecuador (2008) declares that citizen participation is a fundamental right, and also provides that the State, through its different levels of government, must adopt the mechanisms necessary to make this right effective. In the case studied, of the inhabitants of Pampa Vintimilla in Azogues, considerable deficiencies have been identified within this participatory process, such as the lack of an adequate and strategic mapping of actors, poor deliberative spaces and the lack of responses to citizen concerns, which violates this constitutional right. The incorporation of inclusive, transparent and effective strategies is recommended to strengthen citizen participation and avoid as far as possible conflicts that may affect democratic legitimacy and social justice in future processes.

Keywords: citizen participation; PDOT; Azogues; constitutional rights; territorial planning; participatory democracy.

 

Resumo

The Constitution of the Republic of Ecuador (2008) declares that citizen participation is a fundamental right, and also provides that the State, through its different levels of government, must adopt the mechanisms necessary to make this right effective. In the case studied, of the inhabitants of Pampa Vintimilla in Azogues, considerable deficiencies have been identified within this participatory process, such as the lack of an adequate and strategic mapping of actors, poor deliberative spaces and the lack of responses to citizen concerns, which violates this constitutional right. The incorporation of inclusive, transparent and effective strategies is recommended to strengthen citizen participation and avoid as far as possible conflicts that may affect democratic legitimacy and social justice in future processes.

Keywords: citizen participation; PDOT; Azogues; constitutional rights; territorial planning; participatory democracy.

 

Introducci�n

La Constituci�n de Rep�blica del Ecuador (CRE) (2008) declara que la participaci�n ciudadana es un derecho fundamental, a trav�s del cual la ciudadan�a puede participar activamente en la toma de decisiones p�blicas, legitimando de esta manera la gesti�n de lo p�blico. En el contexto de la formulaci�n y validaci�n de un Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) es una herramienta fundamental para los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (GADS) puesto que les va a permitir con informaci�n de primera mano que indique las reales necesidades de la ciudadan�a y el territorio.

A pesar de aquello, existen vac�os y limitaciones metodol�gicas y pr�cticas en la implementaci�n de estas herramientas participativas, lo cual hemos podido evidenciar en el caso de los habitantes de Pampa Vintimilla del cant�n Azogues, en el cual hay falencias en el mapeo de actores, insuficientes espacios deliberativos y falta de respuesta a demandas ciudadanas que vulneran al derecho de participaci�n reconocido en el art�culo 95 de la CRE, generado tensiones entre el GAD y los habitantes.

Este art�culo tiene como objetivo analizar esta problem�tica, estudiando si los mecanismos participativos implementados guardan correspondencia con el marco jur�dico vigente; determinando posibles efectos o consecuencias de las omisiones. A trav�s de una metodolog�a cualitativa con un enfoque normativo � documental analizamos el caso y se proponen recomendaciones metodol�gicas que permitan fortalecer el ejercicio del derecho a ala participaci�n ciudadana en procesos futuros.

 

 

Marco Legal e Institucional de la Participaci�n Ciudadana

La CRE (2008) reconoce a la participaci�n ciudadana como un derecho fundamental se�alando en su art�culo 95 que los ecuatorianos deber�n participar de manera protag�nica en la planificaci�n, gesti�n y toma de decisiones en los asuntos p�blicos. Es decir, la ciudadan�a en general de manera individual y colectiva tiene derecho de expresar sus opiniones y criterios, siendo obligaci�n de los distintos niveles de gobierno considerarlas y dar una respuesta oportuna. En este mismo sentido la CRE en sus art�culos 98 y 100, reconocen que los ciudadanos tienen derechos a organizarse para poder incidir dentro de la gesti�n p�blica; as� como tambi�n exige que todos los niveles de gobierno deben contar con espacios de participaci�n, en donde la ciudadan�a pueda proponer y deliberar sobre temas de desarrollo y control social.

La Ley Org�nica de Participaci�n Ciudadana (LOPC) (2010), desarrolla los mecanismos a trav�s de los cuales se han de materializar la participaci�n de los ciudadanos, entre los cuales encontramos: asambleas, cabildos populares, comit�s barriales, silla vac�a, veedur�as, observatorios, rendici�n de cuentas, etc. Adem�s, institucionaliza el presupuesto participativo, se�alando que el mismo debe realizarse a trav�s de procesos deliberativos y con aportes de la ciudadan�a, conforme a los planes de desarrollo. Por su parte, la Ley Org�nica de Participaci�n Ciudadana y Control Social (LOPCC) (2009), determinar un procedimiento para la recepci�n y atenci�n de denuncias ciudadanas y conformaci�n de veedur�as, con el objeto de promover la participaci�n y vigilancia ciudadana en la funci�n p�blica.

En lo que respecta al r�gimen seccional auton�mico, el C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial, Autonom�a y Descentralizaci�n (COOTAD) (2010)� en su art�culo 304 manda a los diferentes niveles de gobierno, entendidos estos por los provinciales, cantonales y parroquiales a desarrollar y materializar de acuerdo a sus propias realidades los mecanismos de participaci�n ciudadana; formaliz�ndolos a trav�s de una ordenanza, que deber� ser cumplida dentro de su jurisdicci�n territorial.

En este mismo sentido, el C�digo Org�nico de Planificaci�n y Finanzas P�blicas (COPFP) (2010) crea el �Sistema Nacional Descentralizado de Planificaci�n Participativa�, a trav�s del cual determina que toda planificaci�n tanto a nivel nacional y local debe ser participativa. Adicionalmente en su art�culo 46 determina que dentro de la formulaci�n de los PDOT deben ser construidos a trav�s de los mecanismos desarrollados y regulados mediante ordenanzas por parte de cada GAD.

En lo que se refiere particularmente a la construcci�n participativa de los PDOT, la Secretar�a Nacional de Planificaci�n a emitido la Gu�a Metodol�gica para la formulaci�n / actualizaci�n PDOT 2023 - 2027 (2023), misma que determina las diferentes fases que deben cumplir los GADS al revisar sus planes de desarrollo, entre los cuales encontramos a la participaci�n ciudadana como una instancia clave para su validaci�n y aprobaci�n. Esta gu�a determina que cada GAD deber� promover la generaci�n de espacios de dialogo (talleres � grupos focales) para que los t�cnicos y ciudadan�a en general puedan entender los objetivos y beneficios de la planificaci�n, as� como llegar acuerdos para poder establecer una planificaci�n adecuada que no cause perjuicios (Secretar�a Nacional del Planificaci�n , 2023).

El GAD del Cant�n Azogues (2019) acatando los mandatos Constitucionales y Legales ha emitido la Ordenanza que Conforma y Regula el Funcionamiento del Sistema de Participaci�n Ciudadana y Control Social de Azogues, mismo que tiene como objetivo garantizar la participaci�n de ciudadanos en la toma de decisiones dentro del cant�n, entre los que encontramos la coordinaci�n y deliberaci�n de los PDOT, definir pol�ticas p�blicas, fortalecer la democracia con la transparencia y control social; adem�s, que estimula la participaci�n ciudadana en la toma de decisiones.

Este mismo cuerpo normativo reconoce una diversidad de instancias de participaci�n ciudadana tales como: asamblea cantonal, Consejo Cantonal de Planificaci�n, mesas de dialogo y coordinaci�n, presupuestos participativos, silla vac�a, rendici�n de cuentas, cabildos populares, comisiones, etc. Es decir, el GAD de Azogues, para poder validar sus PDOT, deber� adoptar el mecanismo que sea m�s eficiente para recoger los criterios de la ciudadan�a.

La Planificaci�n Territorial en el Ecuador: conceptos, principios y competencia

Hugo Romero y Alexis V�squez (2005) se�alan que el territorio es un bien com�n, puesto que en �l interact�an inseparablemente la naturaleza y la sociedad. Por esta raz�n, el Estado tiene la obligaci�n de formular pol�ticas p�blicas para su administraci�n y regulaci�n. En este contexto, CRE (2008) establece en su art�culo 3 que es un deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional de manera sustentable, equitativa y solidaria. Para cumplir este mandato, el Estado implementa la planificaci�n y el ordenamiento territorial, lo que permite organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio. Adem�s, genera espacios para la aplicaci�n de pol�ticas p�blicas y facilita el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). (Asamblea Nacional del Ecuador , 2016). En consecuencia, cada territorio debe organizarse y gestionarse conforme a sus propias caracter�sticas.

En este marco, los PDOT son un instrumentos t�cnicos y pol�ticos que refleja la visi�n de desarrollo de cada territorio. Estos planes se construyen en conjunto con la poblaci�n, respetando las caracter�sticas de cada jurisdicci�n. Por lo tanto, su formulaci�n siempre va a buscar un proceso arm�nico y equilibrado entre los diferentes niveles de gobierno, asegurando su coordinaci�n y respeto de sus competencias (Secretar�a T�cnica Planifica Ecuador, 2019). A partir de lo expuesto podemos concluir que a trav�s del ordenamiento territorial se establece directrices y principios fundamentales para la ocupaci�n y gesti�n del territorio. Estos deben desarrollarse bajo los principios de sustentabilidad, equidad, coherencia, la funci�n p�blica del urbanismo entre otros. (Jara, 2015).

Conforme el art�culo 5 de la Ley Org�nica de Ordenamiento Territorial Uso y Gesti�n del Suelo (LOOTUGS) (2016), hemos de entender a los principios: i. Sustentabilidad, con la cual la planificaci�n no debe poner en riesgo los recursos naturales de futuras generaciones, ii. la equidad territorial, toda decisi�n debe estar legitimada por la ciudadan�a sin exclusi�n alguna, iii. Coherencia, toda decisi�n debe respetar las condiciones sociales, culturales, econ�micas y ambientales del territorio, y, la funci�n p�blica del urbanismo, con la cual el uso y ocupaci�n del suelo den responder al inter�s p�blico. En definitiva, podemos se�alar que la planificaci�n territorial no es �nicamente una tarea del Estado, sino un proceso participativo que involucra a todos los actores de una sociedad. En este contexto, la participaci�n ciudadana en esencial puesto que con su ejecuci�n se puede identificar, sistematizar e incorporar las necesidades reales de la ciudadan�a a los planes de desarrollo; sin embargo, su �xito depender� de la metodolog�a y/o mecanismo que se active.�

Participaci�n Ciudadana en Planificaci�n Territorial

La participaci�n ciudadana en la planificaci�n territorial es un complejo proceso de construcci�n que va m�s all� de simples reuniones, sino por lo contrario se orientan a ser verdaderos espacios de deliberaci�n y debate estrat�gico.� Rodr�guez V�squez y otros (2013) sostienen que este proceso no solo implica exposici�n de opiniones o criterios, sino que aborda muy determinadamente los actores y conflictos en cada territorio, cada uno con sus particularidades sociales, econ�micas sociales y ambientales. Desde un punto de vista jur�dico - normativo, la participaci�n ciudadana es un mecanismo de interacci�n entre la ciudadan�a y el Estado, con el cual se busca incidir en las decisiones sobre la planificaci�n y el desarrollo territorial (Rivera, 2023). Sin embargo, el dialogo que gira en torno a la formulaci�n y ejecuci�n de un PDOT no siempre va a garantizar consensos, debido a la diversidad de intereses y sensibilidad de la tem�tica abordada.

Como derecho fundamental, la participaci�n ciudadana en la planificaci�n territorial aborda aspectos sociales, econ�micos, ambientales y de gesti�n del suelo, mismos que tienen un impacto directo en la poblaci�n, puesto que entorno a ellos se definir�n las din�micas sociales, econ�micas y ambientales de un territorio (Quimbiulco & Galarza, 2021). En ese mismo contexto Contreras & Montecinos (2019) identifican tres niveles de participaci�n ciudadana en la planificaci�n territorial: i. informativo, en la cual el gobierno proporciona informaci�n o da a conocer la planificaci�n de manera detallada, ii. consultivo, en la cual se implementan mecanismos participativos generando interacciones entre los actores.iii. poder delegado con el cual los ciudadanos a trav�s de sus representantes pueden incidir directamente en la toma de decisiones.

Sin embargo, Quimbiulco & Galarza (2021) han presentado cr�ticas entorno a estos mecanismos, se�alando que la participaci�n ciudadana en el ordenamiento territorial es a�n un proceso incipiente y que carece de procesos adecuados para articular de manera coherente las necesidades ciudadanas con los objetivos del plan. Se�alan adem�s que algunos planes muestran deficiencias en procedimientos, incumplen normativa o lo que resulta a�n m�s alarmante no ha existido voluntad pol�tica de las autoridades para aplicar los mecanismos de participaci�n ciudadana. En esta misma l�nea V�squez, Mercado, & Tellez (2013) plantean cr�ticas a los mecanismos de participaci�n ciudadana implementados en la construcci�n de planes de desarrollo. Han indicado que el mapeo de actores depende en gran medida de la voluntad de quienes elaboran la propuesta, lo que puede generar una representaci�n parcial y no necesariamente incorporar a todos los actores verdaderamente interesados.

Adem�s, cuestionaron el dise�o, ejecuci�n e incidencia de los mecanismos en la toma de decisiones, puesto que estos no siempre se adaptan a la diversidad de escenarios y din�micas sociales, limitando su efectividad. Lo m�s preocupante seg�n estos autores es que independientemente de los resultados del proceso participativo, este suele ser insuficiente, ya que la decisi�n final queda en manos de un grupo reducido de personas como los Consejos Municipales. As� mismo, estos �rganos no est�n obligados a proporcionar respuestas fundamentadas a las peticiones y propuestas ciudadanas, debilitando la transparencia del proceso.

Para superar estas limitaciones, Fern�ndez de C�rdoba (2016) propone un modelo de participaci�n basado en cuatro ejes fundamentales: i. Inter�s general. � se deben priorizar el beneficio com�n y colectivo, ii. Participantes. � Todos los ciudadanos, sin limitaci�n alguna deben formar parte del dialogo, iii. Normas de procedimiento claras. - Cada intervenci�n debe estar debidamente argumentada y sustentada (t�cnica y jur�dicamente), y, iv. Papel planificador. � El responsable de la planificaci�n debe explicar con claridad sus propuestas, utilizando un lenguaje accesible.

Con esta propuesta, a decir del autor, se podr� reducir las desigualdades de participaci�n y ejercicio de poder dentro de la participaci�n ciudadana asegur�ndose que las decisiones sean leg�timas y est�n respaldadas por la ciudadan�a, evitando conflictos, rupturas sociales y judicializaci�n de estos procesos por la omisi�n de los principios y estrategias indicadas.

Experiencias exitosas en participaci�n ciudadana dentro de la planificaci�n territorial

Seg�n Armando Rend�n Corona (2004) el modelo de presupuesto participativo implementado en Porto Alegre planteo como principal objetivo el establecimiento de un r�gimen pol�tico basado en la participaci�n directa, en la que la ciudadan�a no solamente fuera consultada, sino que tuviera un rol transcendental en la elaboraci�n de pol�ticas p�blicas y la toma de decisiones. Esta experiencia demuestra que si es posible implementar espacios en donde la ciudadan�a puede efectivamente participar y tomar decisiones sin restricciones de ning�n tipo.

Otra experiencia exitosa ha sido planteada por Dani Cocco Beltrane (2019), quien destaca la experiencia de planificaci�n participativa ejecutada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares en el barrio 31, en el cual a trav�s de un enfoque multi � actor y diversas metodolog�as participativas se logr� actuar contra la segregaci�n que habr�a sufrido este barrio. Las caracter�sticas de la planificaci�n participativa en el barrio 31 fue cambiar fundamentalmente las relaciones de gobierno y las comunidades, equilibrando estructuras de poder para alcanzar mayor equidad.

 

Metodolog�a

Este trabajo utiliz� una metodolog�a cualitativa de paradigma interpretativo cr�tico, que analiz� a la participaci�n ciudadana en la formulaci�n y validaci�n del PDOT del cant�n Azogues, permiti�ndonos comprender estos complejos fen�menos en los escenarios pol�ticos y sociales. Adem�s, se aplic� una revisi�n normativa la CRE, leyes org�nicas, ordenanzas locales y documentos oficiales del GAD Azogues, que permiti� entender como la ley regula el derecho a la participaci�n ciudadana en la planificaci�n territorial. Para asegurar su rigor metodol�gico se emplearon t�cnicas complementarias como analizar los discursos de los documentos institucionales, matriz de an�lisis normativo, fichas de observaci�n documental sobre registros de las socializaciones, as� como un an�lisis comparativo de casos de participaci�n ciudadana. Finalmente, se validaron los hallazgos mediante la triangulaci�n documental y revisi�n de expertos sobre la tem�tica, lo cual permiti� identificar deficiencias y formular recomendaciones.

 

Resultados

An�lisis de la implementaci�n de los mecanismos participativos por parte del GAD Azogues

Los habitantes del sector de Pampa Vintimilla, han denunciado la vulneraci�n del derecho a la participaci�n ciudadana dentro de la formulaci�n y validaci�n del PDOT 2024 � 2027; indicando que la designaci�n del sector como un polo industrial se realiz� de manera inconsulta y unilateral, sin que se hayan generado espacios de consulta y peor a�n de deliberaci�n. Resulta pertinente realizar un an�lisis de los documentos que sustentan el verificando si estos guardan armon�a con el marco jur�dico.

Fase preparatoria

Conforme las directrices emitidas por la Secretar�a Nacional de Planificaci�n en esta etapa se establecen las bases te�ricas y metodol�gicas con las cuales se han de desarrollar el proceso de formulaci�n o actualizaci�n del PDOT, se revisa la informaci�n t�cnica existente, se analizan los resultados del PDOT en vigencia, se conforma y capacita al equipo t�cnico, se conforma el Consejo de Planificaci�n Local, se mapean actores y se elabora un plan de trabajo.� En el contexto del PDOT del cant�n Azogues, los documentos revisados no se detallan como se realiz� el proceso mapeo de actores, no se explican los criterios t�cnicos implementados para la selecci�n. Recordemos que el derecho a la participaci�n ciudadana es un derecho b�sico y en virtud del cual no se puede descartar a ninguna persona, de as� hacerlo ratificar�an el criterio presentado por V�squez, Mercado, & Tellez (2013) cuando se�alaban que la voluntad pol�tica de la autoridad puede fortalecer o afectar un proceso inclusivo.

Esta fase es relevante dentro del proceso participativo puesto que dependiendo de los actores involucrados se pueden definir los mecanismos mas adecuados para conducir la deliberaci�n, por ejemplo, ante grupos inconformes, se podr�an generar mesas de dialogo en fases, explicar el proyecto, absolver consultas y preocupaciones, dar respuestas t�cnicas y sostenidas, que permitan reducir tensiones y lograr acuerdos. Esta debilidad ha sido detectada incluso dentro de los argumentos presentados por el GAD de Azogues dentro de la acci�n de protecci�n n�mero 03333-2024-01536 cuando se�alaron que si se realizaron �socializaciones� con los habitantes de Pampa Vintimilla, pero que estas fracasaron por la falta de voluntad de escucha que inclusive ha abandonado las reuniones de trabajo�� (Accion de protecci�n de habitantes de Pampa Vintimilla Vs GAD Azogues, 2025).

Esta postura no es pertinente peor aun proviniendo de una instancia p�blica obligada a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo correcto era establecer mecanismos y m�todos m�s adecuados para reducir la tensi�n y llegar acuerdos; estas acciones �nicamente revelan la falta de preparaci�n y compromiso de las diferentes instancias municipales. En consecuencia, si esta fase que sienta las bases para el proceso participativo no se realiz� un mapeo adecuado con criterio t�cnico es muy probable que el proceso participativo haya sido realizado de manera opuesta al marco jur�dico y a los principios de la planificaci�n territorial, mismos que ya los hemos analizado.

Fase de elaboraci�n de diagnostico

En esta fase se realiza una caracterizaci�n del territorio, se realiza un an�lisis por sistemas tales como asentamientos humanos, f�sico, ambiental, socio cultural, econ�mico productivo, pol�tico institucional. Adem�s, se genera un an�lisis en el cual se detectan las problem�ticas y las mismas son priorizadas para su posterior abordaje, en esta fase se utilizar� la informaci�n que posea el GAD.

Como lo indicamos anteriormente, el territorio es un espacio com�n en el cual existe un dialogo inagotable entre el ser humano y la naturaleza; en este sentido si decimos que el mapeo de actores fue deficiente, esta omisi�n provoco que en esta fase no se cuente con todos los criterios y se puedan identificar las problem�ticas, as� como tambi�n definir estrategias para que estas puedan ser abordadas. Adem�s, si no se conocen de manera deliberativa las percepciones ciudadanas como desde el gobierno se va a dar una respuesta, como se van a mejorar las condiciones de la gente, como se van a priorizar asuntos de acuerdo a sus necesidades, sin duda alguna este ser� un aspecto a considerar y mejorar en futuros procesos participativos.

Fase de propuesta

Esta fase se caracteriza por la toma de decisiones estrat�gicas, se define la visi�n y objetivos de desarrollo, se establecen pol�ticas, metas, indicadores, programas y proyectos que se deber�n alcanzar durante un periodo de tiempo. Estas decisiones, por ser tan importantes se deber�n tomar en com�n acuerdo con todos los actores que han formado parte del proceso. En el caso de Azogues, si bien dentro del proceso se evidencia una intenci�n de alcanzar consensos, casos como los habitantes de Pampa Vintimilla revelan que existi� una participaci�n limitada dentro de la toma de decisiones. La planificaci�n participativa requiere una planificaci�n activa no solo en las fases de diagn�stico y validaci�n, sino por lo contrario deben ser constantes, integr�ndose a la gesti�n diaria dentro del territorio.� La participaci�n ciudadana va m�s all� de una simple socializaci�n o reuniones sin sentido, involucra un compromiso real y vivo con el territorio y sus necesidades, a trav�s de metodolog�as que fomenten empat�a y confianza en los ciudadanos. Los GADS no deben olvidar su m�s alto deber de servicio e imponer visiones unilaterales de planificaci�n, por lo contrario, deben buscar legitimar las propuestas alcanzando acuerdos y obteniendo el respaldo ciudadano.

Fase de modelo de gesti�n

Esta fase establece las estrategias y procesos que cada GAD va a implementar dentro de la gesti�n y administraci�n del territorio, como va a dar respuestas a la problem�tica detectada y cual va a ser la agenda para alcanzar los objetivos de planificaci�n definidos. Esta fase involucra aspectos fundamentales como gesti�n interinstitucional, mecanismos de participaci�n ciudadana y procesos de seguimiento y evaluaci�n. Para este �ltimo, se podr�n fortalecer los espacios existentes mejorando la forma en la cual se toman las decisiones.

En el caso de Azogues, se puede evidenciar que �nicamente se mencionan la instancia de participaci�n, sin embargo, no se determina como estas van actuar en el proceso de seguimiento y evaluaci�n, no existen indicadores ni procesos que aseguren la medici�n de cumplimiento que es esencial en el seguimiento y evaluaci�n de una planificaci�n. Adicionalmente, aunque el plan menciona el proceso de rendici�n de cuentas y transparencia, no define los mecanismos a implementar y la periodicidad de su adopci�n. Por otro lado, se evidencia una d�bil relaci�n entre entre el GAD y la sociedad civil organizada, limitando la participaci�n ciudadana efectiva, no existe un plan para difundir los logros o avances ni estrategias para poder desarrollar estos aspectos clave de la transparencia del proceso.

 

Efectos de la vulneraci�n de derechos de participaci�n ciudadana

Debilitamiento de la democracia local

Cuando los procesos participativos en la construcci�n de instrumentos de planificaci�n son ejecutados sin garantizar el derecho a la participaci�n ciudadana reconocido en el art�culo 95 de la Constituci�n de la Rep�blica (ciudadan�a obligada a participar en la toma de decisiones) y se omiten contar con actores clave, y, en su lugar se toman decisiones unilaterales como ocurri� en el caso de Pampa Vintimilla, evidentemente se pierde la confianza de la ciudadan�a a las instituciones p�blicas y se genera conflictividad social.

Derechos fundamentales conexos

Considerando que los derechos fundamentales son de igual jerarqu�a normativa y que en el evento de vulnerarse uno se afectar�a a otros, en el presente caso se afectar�a adem�s al derecho a vivir en un ambiente sano, transparencia y rendici�n de cuentas. En este contexto, el cambio unilateral de una zona residencial o rural en polos industriales (cualquier sea el tiempo), implica potenciales afecciones ambientales, econ�micas y culturales que deben ser atendidas y resueltas por el GAD. El Gobierno local debe dar respuestas ciudadanas claras y no excusarse que ya han sido decisiones tomadas en el pasado.� Estas posturas muy generales adem�s podr�an vulnerar otros principios constitucionales tales como el buen vivir, sustentabilidad, equidad, y justicia social, puesto que podr�a deteriorar gradualmente la calidad de vida de los ciudadanos y los derechos de la naturaleza que merecen una protecci�n y respuestas integrales.�

Responsabilidad jur�dica

La omisi�n de procesos esenciales dentro del procesos participativos, genera una responsabilidad directa del GAD de Azogues tanto en las v�as administrativas, ordinarias y constitucionales. Administrativamente, se pudiera proponer denuncias ante el Consejo de Participaci�n Ciudadana y Control Social, quienes apertura un expediente administrativo de an�lisis de los procesos participativos implementados. Adem�s, se podr�a iniciar por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gesti�n del Suelo un proceso de control por generar instrumentos t�cnicos de planificaci�n de manera contraria a lo que manda la LOOTUGS.

Constitucionalmente, en el caso que se amenace o vulnere un derecho de rango constitucional se pueden iniciar acciones de protecci�n y/o medidas cautelares que implique la suspensi�n del PDOT; as� como tambi�n pudieran acudir ante la Corte Constitucional del Ecuador y plantar acciones de inconstitucionalidad que a mediano plazo pudieran derogar el instrumento de planificaci�n por vulnerar los derechos fundam�ntales.� Desde la justicia ordinaria, se pudiera presentar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo una acci�n objetiva, en defensa del ordenamiento jur�dico y el inter�s general. Cualquiera que sea la v�a a adoptar existir�n repercusiones en contra del GAD del cant�n Azogues.

 

 

Consecuencias internacionales

El Estado ecuatoriano tiene obligaciones internacionales derivadas de tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales mandan a respetar irrestrictamente el derecho de participaci�n ciudadana y generar espacios de consulta y deliberaci�n efectiva. Consecuentemente, al configurarse esta vulneraci�n, la comunidad pudiera acudir a organismos internacionales a ejercer sus derechos y solicitar una sanci�n al Estado por sus omisiones.

Por otro lado, los gobiernos locales generan su gesti�n apoyados en cooperaci�n y ayudas internacionales. Dichos organismos establecen ciertos est�ndares para poder aprobar y/o considerar estas solicitudes de cooperaci�n, entre los cuales encontramos que se respeten los derechos de la naturaleza, principios democr�ticos y se ejerza una participaci�n ciudadana plena no �nicamente declarativa, en el presente caso y con las omisiones evidenciadas, resulta extremadamente complicado que alg�n organismo bride apoyo en las tem�ticas anteriormente detalladas.

Propuesta para mejorar el proceso participativo en el cant�n Azogues

Con base al marco constitucional y principios de ordenamiento territorial nos permitimos presentar la siguiente propuesta para fortalecer y mejorar los procesos de participaci�n ciudadana en el cant�n Azogues:

Mecanismos inclusivos de participaci�n. - Se deben establecer cuotas especificas que permitan la participaci�n efectiva de aquellos sectores que han sido excluidos por m�ltiples consideraciones (econ�micas, pol�ticas, sociales). Adem�s, que se debe proporcionar toda la informaci�n t�cnica, pol�tica y jur�dica necesaria para que estos actores se informen a detalle de los beneficios y perjuicios que implicar�a una decisi�n. De esta manera contaremos con verdaderos espacios deliberativos y se ampl�a la posibilidad de llegar acuerdos.

Retroalimentaci�n en procesos deliberativos. - todo proceso deliberativo debe contar con mecanismos claros, oportunos y pertinentes, mismos que permitir�n incorporar y retroalimentar los aportes de la ciudadan�a. Adem�s, se deben generar canales de comunicaci�n en donde se detallen como se tomaron las decisiones y si en ellas se incorporaron los aportes ciudadanos. Aqu� se explicar� las razones t�cnicas y jur�dicas de manera clara y sencilla que toda la sociedad pueda entenderlas.

Mejorar la trasmisi�n de informaci�n. - Diversificar medios de comunicaci�n e incorporar medios digitales, a trav�s de ellos se generar�n capsulas informativos acordes a las necesidades de cada segmento poblacional. Con esto se contar� con una sociedad mas informada y empoderada.

Seguimiento ciudadano del PDOT. - Apoya a organizaciones sociales y colegios profesionales a ejercer un seguimiento efectivo de la planificaci�n territorial; para ello se deber� capacitar a ciudadanos y funcionarios municipales para que a trav�s de veedur�as y mesas permanentes de consulta se obtenga una retroalimentaci�n constante y el GAD de respuestas a necesidades reales y actuales.

Gesti�n pac�fica de conflictos. - durante la formulaci�n, validaci�n y ejecuci�n del PDOT, y, con ayuda de la comunidad universitaria, se deben generar espacios de soluci�n pac�fica de conflictos, en la cual se genere el dialogo constante y acuerdos duraderos. Esta acci�n permitir� gestionar adecuadamente las diferencias, buscar consensos y garantizar decisiones justas y transparentes.�

 

Conclusiones

En primer lugar, el proceso de participaci�n ciudadana en la formulaci�n y validaci�n del PDOT 2024 � 2027 del canto Azogues, presenta serias deficiencias metodol�gicas, de manera especial en la inclusi�n de ciertos sectores ciudadanos. Al revisar el caso de la comunidad de Pampa Vintimilla, podemos constatar ausencia de deliberaci�n efectiva, atenci�n a demandas y respuesta oportuna a las preocupaciones de los habitantes; lo cual se debe a la inadecuada definici�n de la estrategia e implementaci�n de mecanismos participativos.

Por consiguiente, la falta de consulta, deliberaci�n y respuestas a la comunidad de Pampa Vintimilla, constituyen claramente a una vulneraci�n al derecho de participaci�n ciudadana reconocido en el art�culo 95 de la CRE. Esto no solo limita a la confianza ciudadana en la institucionalidad sino, adem�s, al mantener esta situaci�n el GAD de Azogues (cambio de suelo a industrial sin explicaci�n), prolonga la amenaza sobre otros derechos fundamentales que se relacionan al desarrollo sostenible y buen vivir, pudiendo derivarse en acciones judiciales en el �mbito nacional e internacional.

Para finalizar, podemos se�alar que la participaci�n efectiva de la ciudadan�a en la construcci�n y ejecuci�n de un PDOT, requiere de la implementaci�n y de estrategias claras y accesibles, que garanticen inclusi�n, transparencia y empoderamiento ciudadano. �nicamente, fortaleciendo estos mecanismos podemos ampliar el margen de contar con una planificaci�n legitima, justa y sostenible, que responda a los principios constitucionales, el inter�s general y promueva la justicia social.

 

Referencias

1.      Accion de protecci�n de habitantes de Pampa Vintimilla Vs GAD Azogues, 03333-2024-01536 (Unidad Judicial Civil 9 de Enero de 2025).

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