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Eficacia de las medidas de protecci�n y su aplicaci�n en Ecuador

 

Effectiveness of protection measures and their application in Ecuador

 

Efic�cia das medidas de prote��o e sua aplica��o no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: c_rodrig_86@hotmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 14 de noviembre de 2024 *Aceptado: 13 de diciembre de 2024 * Publicado: �31 de enero de 2025

 

        I.            Investigador Independiente, Ecuador.

      II.            Consultorio jur�dico Mej�a&Mej�a, Milagro, Guayas, Ecuador.

   III.            Docente, Universidad Estatal de Milagro, Guayaquil, Guayas, Ecuador.

   IV.            Consejo de la Judicatura: Milagro, Guayas, Ecuador.

 

Resumen

Despu�s de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos adquirieron un reconocimiento global sin precedentes, siendo integrados en las legislaciones internas de muchos pa�ses y destacados en las Constituciones como derechos constitucionales o fundamentales. Sin embargo, a pesar de este avance formal, persisten vulnerabilidades, con autoridades p�blicas y pol�ticas que pueden infringir estos derechos. Para abordar esto, se han establecido mecanismos de protecci�n de los derechos humanos a trav�s de procedimientos especiales, como las garant�as constitucionales, siendo cruciales en el mantenimiento de la convivencia social y en la transformaci�n hacia un Estado democr�tico de Derecho. En Ecuador, la Constituci�n de 2008 marc� un hito al introducir medidas judiciales destinadas a proteger los derechos humanos, incluyendo la Acci�n de Protecci�n. Inspirada en pr�cticas de otros pa�ses latinoamericanos, esta acci�n busca permitir reclamos en tribunales ordinarios y extraordinarios por violaciones de derechos. A pesar de anteriores intentos de introducir un mecanismo similar, la Acci�n de Protecci�n representa un avance significativo en la protecci�n de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, al garantizar un recurso judicial accesible, r�pido y efectivo para salvaguardar los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Palabras clave: �derechos humanos; protecci�n; Constituci�n; Ecuador; garant�as constitucionales.

 

Abstract

After the Second World War, human rights acquired unprecedented global recognition, being integrated into the internal legislation of many countries and highlighted in the Constitutions as constitutional or fundamental rights. However, despite this formal progress, vulnerabilities persist, with public authorities and policies that can infringe these rights. To address this, mechanisms to protect human rights have been established through special procedures, such as constitutional guarantees, being crucial in maintaining social coexistence and in the transformation towards a democratic State of Law. In Ecuador, the 2008 Constitution marked a milestone by introducing judicial measures aimed at protecting human rights, including the Protection Action. Inspired by practices in other Latin American countries, this action seeks to allow claims in ordinary and extraordinary courts for rights violations. Despite previous attempts to introduce a similar mechanism, the Protection Action represents a significant advance in the protection of the rights of Ecuadorian citizens, by guaranteeing an accessible, rapid and effective judicial remedy to safeguard the rights recognized in the Constitution and in the International Human Rights Instruments.

Keywords: human rights; protection; Constitution; Ecuador; constitutional guarantees.

 

Resumo

Ap�s a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos adquiriram um reconhecimento global sem precedentes, sendo integrados na legisla��o interna de muitos pa�ses e destacados nas Constitui��es como direitos constitucionais ou fundamentais. No entanto, apesar deste progresso formal, persistem vulnerabilidades, com autoridades e pol�ticas p�blicas que podem infringir estes direitos. Para resolver esta quest�o, foram estabelecidos mecanismos de protec��o dos direitos humanos atrav�s de procedimentos especiais, tais como garantias constitucionais, sendo cruciais na manuten��o da coexist�ncia social e na transforma��o para um Estado Democr�tico de Direito. No Equador, a Constitui��o de 2008 marcou um marco ao introduzir medidas judiciais destinadas a proteger os direitos humanos, incluindo a Ac��o de Protec��o. Inspirada nas pr�ticas de outros pa�ses latino-americanos, esta a��o procura permitir reclama��es em tribunais ordin�rios e extraordin�rios por viola��es de direitos. Apesar das tentativas anteriores de introduzir um mecanismo semelhante, a Ac��o de Protec��o representa um avan�o significativo na protec��o dos direitos dos cidad�os equatorianos, ao garantir um recurso judicial acess�vel, r�pido e eficaz para salvaguardar os direitos reconhecidos na Constitui��o e nos Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos.

Palavras-chave: direitos humanos; prote��o; Constitui��o; Equador; garantias constitucionais.

 

Introducci�n

Despu�s de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos experimentaron un avance significativo a nivel internacional, ganando reconocimiento y adquiriendo un estatus primordial tanto en el �mbito global como en las legislaciones internas de la mayor�a de los pa�ses. Los Estados han integrado y desarrollado estos derechos en sus sistemas legales, destac�ndolos principalmente en sus Constituciones, lo que los ha calificado como derechos constitucionales o fundamentales.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, las autoridades p�blicas, tanto judiciales como no judiciales, junto con las pol�ticas p�blicas y los individuos, pueden vulnerar los derechos constitucionales a trav�s de acciones u omisiones. Para abordar esta situaci�n, se han establecido mecanismos de protecci�n de los derechos humanos por parte de organismos e instrumentos internacionales. Estos mecanismos se concretan en procedimientos especiales, especialmente relevantes en el �mbito del Derecho constitucional, conocidos como garant�as constitucionales o jurisdiccionales.

Los derechos humanos, consagrados en las Constituciones, desempe�an un papel crucial en el mantenimiento de la convivencia social y son el resultado de d�cadas de luchas sociales que han transformado el poder punitivo desmedido del Estado absoluto en un poder m�s controlado propio de un Estado democr�tico de Derecho. Dada su importancia y su vulnerabilidad inherente, estos derechos requieren de mecanismos de protecci�n y reparaci�n frente a posibles violaciones, las cuales pueden surgir tanto de particulares como de entidades jur�dicas, as� como del propio Estado.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, en vigor desde el 20 de octubre de 2008, marca un hito en la protecci�n de los derechos humanos al establecer una serie de medidas judiciales destinadas a salvaguardar estos derechos fundamentales. Entre estas medidas se encuentran la Acci�n de Protecci�n, el H�beas Data, el H�beas Corpus, la Acci�n por Incumplimiento, el Acceso a la Informaci�n P�blica y la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n.

Una innovaci�n de gran relevancia fue la inclusi�n de la Acci�n de Protecci�n en el art�culo 88 del T�tulo III, cap�tulo tercero. Esta acci�n, inspirada en la idea de un Estado protector frente a abusos de poder, sigue el ejemplo de pr�cticas adoptadas en pa�ses latinoamericanos como M�xico, Per�, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina. Los constituyentes dise�aron esta acci�n con el prop�sito de permitir reclamos en tribunales ordinarios y extraordinarios por violaciones de derechos.

Este enfoque convierte a la Constituci�n en un documento que no solo garantiza, sino que tambi�n controla los derechos fundamentales de los ciudadanos. La ra�z de esta acci�n se encuentra en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos�, firmado el 22 de noviembre de 1969. Este tratado establece el derecho de toda persona a un recurso judicial accesible, r�pido y efectivo.

Asimismo, se hace referencia a la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948, que proclama el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales para protegerse contra violaciones de derechos reconocidos por la constituci�n o la ley (Pasara, 2008, p. 119).

Esta disposici�n constitucional no solo refleja un compromiso con los est�ndares internacionales de derechos humanos, sino que tambi�n representa un importante avance en la protecci�n de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos.

 

Desarrollo

Antecedentes y definiciones de los derechos humanos y constitucionales.

El impacto de la Segunda Guerra Mundial desencaden� debates profundos sobre los derechos humanos, considerados inherentes a la humanidad. Sin embargo, seg�n cierta doctrina, estos derechos no se completan hasta que se positivizan, es decir, hasta que se incorporan formalmente en los sistemas legales nacionales (Peces-Barba, 1980, p. 267). Esta positivizaci�n requiere un consenso global y su posterior integraci�n en los marcos jur�dicos internos de cada pa�s.

Desde tiempos hist�ricos, ciertos bienes jur�dicos han sido valorados y considerados dignos de protecci�n, incluso antes de la existencia de declaraciones de derechos supranacionales. Un ejemplo de esto son los 10 mandamientos, que destacan la importancia de preservar la vida y la propiedad privada como concepciones �ticas fundamentales, manifestadas en prohibiciones como "no matar" o "no robar". Estas prohibiciones siguen siendo relevantes en la actualidad, pero se ha buscado fortalecer su cumplimiento convirti�ndolas en normas jur�dicas coercitivas que permiten sancionar a quienes las violen (T�nnermann Bernheim, 1997).

Los avances tecnol�gicos y la expansi�n humana en el mundo plantean nuevos desaf�os para la seguridad humana, relacionados con el concepto de la "sociedad del riesgo" propuesto por Beck (1986). En esta sociedad posmoderna, las actividades humanas conllevan riesgos inminentes que tambi�n pueden afectar los derechos humanos, siendo estos susceptibles de ser vulnerados por personas naturales o jur�dicas, e incluso por el Estado, que deber�a protegerlos (Papacchini, 1998).

La ley fundamental ecuatoriana reconoce al Ecuador como un Estado de derechos y justicia, donde la noci�n del Estado garantista es un rasgo distintivo del Estado constitucional de derechos. Esto se basa en los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constituci�n en estrecha vinculaci�n con los poderes p�blicos debidamente constituidos (P�rez, 2005, p. 233). As�, el art�culo 424 constitucional establece que "Las normas y los actos de poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica" (Gozaini, 2009, p. 18).

En un Estado constitucional de derechos y justicia, el ordenamiento jur�dico se estructura jer�rquicamente, siendo la Constituci�n la norma suprema que disciplina y orienta a todos los poderes p�blicos y particulares que se sujetan a ella. Esta superaci�n del Estado legalista basado en el positivismo jur�dico representa un avance significativo hacia un paradigma constitucional garantista, donde la Constituci�n no es una norma ordinaria, sino la "norma suprema" dentro del ordenamiento jur�dico (Carbonell, 2007, p. 10).

La definici�n de los derechos humanos ha sido objeto de numerosos aportes doctrinales realizados por abogados, fil�sofos y estudiosos, con el objetivo de delinear su significado y alcance. En esencia, los derechos humanos son principios fundamentales que regulan la convivencia pac�fica, como lo mencion� Papacchini (1998) anteriormente (M�rmol Palacios, 2011). La relaci�n entre la cultura y los derechos humanos plantea la pregunta de si estos son universales e inherentes a la persona o si son un producto del proceso de construcci�n cultural (Camacho Monge, 2016, p�g. 2). Se entiende que los derechos humanos son universales, permanentes e inalienables, buscando definirlos a partir de sus caracter�sticas y evitando definir su esencia, ya que es un tema complejo y amplio (Naranjo Mesa, 2006).

Seg�n Nikken (1994), los derechos humanos son la afirmaci�n de la dignidad de la persona frente al Estado, siendo responsabilidad del Estado garantizar su cumplimiento y establecer v�as legales para su reparaci�n, protegiendo tanto los derechos humanos como la integridad del propio Estado.

La Acci�n de Protecci�n tiene como objetivo lograr la tutela general de los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (Cueva, 2011, p. 400). Tiene un car�cter general y omnicomprensivo, permitiendo garantizar todos los derechos, incluso aquellos que no cuentan con una v�a procesal especial (Landa, 2004, p. 159). Por lo tanto, se revela como la herramienta primordial para la garant�a de los derechos de las personas, de los colectivos y de la naturaleza, siendo un instrumento inmediato para tutelar eficazmente los derechos.

La Acci�n de Protecci�n, como mecanismo de defensa de los derechos constitucionales, tiene como fin esencial el amparo efectivo de los derechos reconocidos en la Constituci�n frente a violaciones procedentes de actos u omisiones de las autoridades p�blicas no judiciales, o de particulares cuando se trate de servicios p�blicos impropios, en presencia de una relaci�n de subordinaci�n o situaci�n de discriminaci�n. Se ha argumentado que en la pr�ctica no se comprenden plenamente las caracter�sticas de este mecanismo de defensa de los derechos constitucionales, ya que se considera que es necesario agotar las instancias administrativas y judiciales para poder utilizarlo (Carbonel, 2010, p. 39). Su aplicaci�n y eficacia son cuestiones de gran importancia para que el reconocimiento de esta acci�n no quede �nicamente en el texto constitucional, sino que se convierta en un mecanismo real y efectivo para proteger los derechos.

Antecedentes de la Acci�n de Protecci�n

El precedente m�s evidente de la acci�n constitucional ordinaria de protecci�n se encuentra en la acci�n de amparo constitucional, cuyos or�genes se remontan a la Carta Federal de M�xico de 1957. Esta acci�n se inspir� en el h�beas corpus de origen brit�nico, ya que inicialmente el amparo proteg�a la libertad e integridad personal. En M�xico, el amparo funcionaba como un tipo de recurso de casaci�n, considerado un mecanismo para impugnar sentencias judiciales, pero tambi�n como un medio para impugnar leyes, actos y resoluciones administrativas.

En Latinoam�rica, encontramos otras acciones similares que buscan proteger los derechos constitucionales de las personas. Por ejemplo, en Brasil existe el mandato de seguranza, en Colombia la acci�n de tutela, en Per� el amparo constitucional y en Chile el recurso de protecci�n. Estas acciones constituyen mecanismos legales que permiten a los individuos defender sus derechos frente a posibles violaciones por parte de autoridades p�blicas o privadas.

Desarrollo en el Ecuador

La consagraci�n constitucional del Amparo en 1967 no tuvo la aplicaci�n adecuada debido a la falta de promulgaci�n de leyes y reglamentos que garantizaran su aplicabilidad, en parte debido a la situaci�n pol�tica de esos a�os. A pesar de que el texto constitucional garantizaba el derecho del ciudadano a solicitar amparo judicial, el deber del Poder P�blico de velar por la observancia de la Constituci�n y las leyes se manten�a (Pazmi�o, 2008, p. 11).

La Constituci�n de 1978-1979, que restaur� la democracia, no incluy� el amparo como recurso. Las reformas constitucionales de 1983 intentaron reintroducirlo, pero se trataba m�s de una queja que de un amparo, ya que se permit�a presentar quejas ante el Tribunal de Garant�as Constitucionales por quebrantamiento de la Constituci�n o por atentados contra los derechos y libertades garantizados por ella (Villareal, 2010, p. 134).

En proyectos posteriores, como el liderado por el Presidente Sixto Dur�n Ball�n en 1994, se intent� introducir la instituci�n del amparo como una garant�a aut�noma y con una perspectiva m�s avanzada, para lo cual se design� una Comisi�n de Juristas y Constitucionalistas (Cevallos, 2009, p. 35).

Finalmente, en 1996, el Congreso aprob� un bloque de reformas a la Constituci�n que inclu�a la acci�n de amparo constitucional en su articulado, vigente hasta el 10 de agosto de 1998. La Ley de Control Constitucional de 1997 y el Reglamento Org�nico del Tribunal Constitucional, con una reforma en 1998, otorgaron al Tribunal Constitucional la competencia para conocer el recurso de amparo, en apelaci�n cuando se hubiera concedido o se hubiera negado en segunda instancia (Bravo, 2011, p. 54).

Acci�n de Protecci�n

Como se ha se�alado anteriormente, la Acci�n de Protecci�n ha recibido diversas denominaciones en los pa�ses de la regi�n, siendo referida com�nmente como amparo, tutela, mandato de seguridad o protecci�n. La Constituci�n actual reemplaza el Amparo Constitucional por la Acci�n de Protecci�n, estableciendo que su objetivo es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constituci�n, lo que resalta la continuidad del t�rmino "amparo" presente en la Constituci�n de 1998.

Independientemente de las denominaciones utilizadas, todas reflejan el mismo prop�sito de este recurso legal: la protecci�n o tutela de los derechos individuales. La Acci�n de Protecci�n Constitucional se considera una garant�a del derecho interno, reconocida por el Derecho Internacional y definida en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos.

Garc�a, al referirse al amparo constitucional, lo describe como una instituci�n dentro del �mbito del Derecho P�blico o Constitucional, dirigida a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando son vulneradas por una autoridad p�blica no judicial, que act�a fuera de sus atribuciones legales o excedi�ndose en ellas, generalmente infringiendo las garant�as establecidas en la Constituci�n o los derechos que ella protege.

La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana consideraba que el amparo no era un recurso ordinario por inconstitucionalidad, sino una medida protectora de car�cter especial, limitando su admisibilidad a los casos en los que el acto de autoridad violaba alg�n derecho reconocido constitucionalmente a los ciudadanos" (Bobbio, 1991, p. 270)

Desde el an�lisis de esta conceptualizaci�n, se pueden identificar los siguientes elementos que conforman la definici�n de la Acci�n de Protecci�n:

1.                 Prop�sito principal de amparar: La Acci�n de Protecci�n tiene como objetivo primordial brindar amparo o protecci�n a los individuos cuyos derechos constitucionales han sido vulnerados.

2.                 Enfoque en los derechos constitucionales: Esta acci�n se centra espec�ficamente en la protecci�n de los derechos reconocidos en la Constituci�n, garantizando su respeto y cumplimiento.

3.                 Vulneraci�n por acci�n u omisi�n: Los derechos constitucionales pueden ser vulnerados tanto por acciones concretas como por omisiones de las autoridades p�blicas o de otros sujetos, lo que subraya la amplitud de situaciones en las que puede aplicarse la Acci�n de Protecci�n.

4.                 Diversidad de sujetos responsables: La responsabilidad por la violaci�n de derechos constitucionales puede recaer en una variedad de sujetos, que incluyen tanto a las autoridades p�blicas como a particulares, ampliando el alcance de aplicaci�n de esta acci�n legal.

5.                 Escenarios variados de vulneraci�n: La vulneraci�n de derechos puede manifestarse en una diversidad de escenarios, como, por ejemplo, situaciones de da�o grave, prestaci�n inadecuada de servicios p�blicos o en contextos donde la v�ctima se encuentra en una posici�n de desigualdad debido a subordinaci�n, indefensi�n o discriminaci�n.

Estos elementos delinean la naturaleza y el alcance de la Acci�n de Protecci�n como un mecanismo legal fundamental para salvaguardar los derechos constitucionales en diversos contextos y frente a diferentes actores responsables de su vulneraci�n.

Enfoque global de las garant�as fundamentales. La acci�n de amparo como medida o salvaguarda constitucional

La definici�n de las acciones constitucionales como "instrumentos o mecanismos reactivos", como se ha mencionado en apartados anteriores (Arciniega, 2011, p. 17), resalta su car�cter de respuesta a la vulneraci�n de los derechos constitucionales. Estas acciones se activan en respuesta a una situaci�n en la que un derecho ha sido infringido, lo que las hace reactivas por naturaleza.

Adem�s, se subraya que estas acciones pueden ser empleadas tanto para restablecer como para preservar los derechos constitucionales. Esto implica que no solo se utilizan despu�s de que ha ocurrido una violaci�n, sino tambi�n de manera preventiva para evitar que los derechos sean vulnerados en primer lugar.

En resumen, las acciones constitucionales son herramientas reactivas que permiten a los ciudadanos exigir el restablecimiento o la preservaci�n de sus derechos constitucionales cuando se sienten vulnerados. Sin embargo, es importante se�alar que estas acciones no se limitan �nicamente a reaccionar ante violaciones pasadas, sino que tambi�n tienen un componente preventivo. Es decir, pueden ser utilizadas para anticiparse y evitar posibles violaciones, protegiendo as� los derechos fundamentales de manera proactiva.

La admisibilidad de la Acci�n de Protecci�n en Ecuador

La Acci�n de Protecci�n se considera admisible en los siguientes casos:

1.                 Contra los actos u omisiones de autoridades y funcionarios p�blicos, no judiciales, que violen o hayan violado cualquiera de los derechos, menoscabando, disminuyendo o anulando su ejercicio.

2.                 Contra pol�ticas p�blicas, a nivel nacional o local, que obstaculicen el goce o ejercicio de los derechos y garant�as.

3.                 Contra los actos u omisiones de los proveedores de servicios p�blicos que vulneren los derechos y garant�as.

4.                 Contra los actos u omisiones de personas naturales o jur�dicas del sector privado, en casos donde: a. Ofrezcan servicios p�blicos impropios o de inter�s p�blico. b. Administren servicios p�blicos por delegaci�n o concesi�n. c. Causen da�o grave. d. La persona afectada se encuentre en una situaci�n de subordinaci�n o indefensi�n frente a un poder econ�mico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.

El art�culo 3 de la Constituci�n establece los deberes primordiales del Estado, incluyendo el garantizar, sin discriminaci�n alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales. Esto implica que el Estado no solo regula, sino que tambi�n garantiza el efectivo ejercicio de los derechos, proporcionando as� la acci�n para reclamar procesalmente la violaci�n de los derechos individuales. De esta manera, se asegura que las normas sean efectivamente aplicables y no queden como meras palabras en el papel.

Evaluaci�n de la efectividad del Amparo en la violaci�n de los derechos constitucionales

Es esencial reconocer que la simple existencia formal de la acci�n de protecci�n no asegura de manera efectiva la preservaci�n de los derechos fundamentales. Se requiere la intervenci�n activa de un juez que eval�e minuciosamente y sin restricciones excesivas la verdadera eficacia de la acci�n en la consecuci�n de su prop�sito. Esto implica una interpretaci�n amplia y exhaustiva de la legislaci�n constitucional y del conjunto del ordenamiento jur�dico vigente, en concordancia con el principio "iura novit curia", que establece que el juez conoce el derecho.

Es primordial evaluar la idoneidad del medio utilizado para proteger el derecho vulnerado, y este aspecto debe ser abordado por el juez. La idoneidad del medio garantiza que el derecho afectado sea protegido de manera adecuada, mientras que la eficacia implica su protecci�n oportuna. Existe una relaci�n l�gica entre la idoneidad y la eficacia, ya que la primera asegura la protecci�n adecuada del derecho y la segunda garantiza su protecci�n en el momento adecuado.

La Acci�n de Protecci�n, seg�n su regulaci�n actual, establece un proceso sencillo y elementos que facilitan su efectividad mediante la flexibilidad en el tratamiento de los asuntos. El prop�sito principal de esta acci�n debe ser siempre asegurar el amparo y la protecci�n de los derechos, especialmente limitando aquellos actos del poder p�blico que puedan vulnerar o interferir en el ejercicio de los derechos individuales.

 

Metodolog�a

El presente trabajo de investigaci�n ha empleado diversos m�todos y t�cnicas de investigaci�n para abordar el tema de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales. Los principales m�todos utilizados son los siguientes:

1.                 M�todo anal�tico: Este m�todo permiti� un an�lisis detallado de la situaci�n actual de los derechos humanos y constitucionales, as� como de las garant�as jurisdiccionales presentes en la normativa nacional. La revisi�n exhaustiva de la ley, la doctrina y la jurisprudencia fue esencial para obtener informaci�n precisa y fundamentada.

2.                 M�todo hist�rico: Se utiliz� para explorar la evoluci�n de los derechos humanos, prestando especial atenci�n al papel del constitucionalismo en su desarrollo y en la distribuci�n y ejercicio del poder a lo largo del tiempo.

3.                 M�todo comparativo: Se llev� a cabo un an�lisis comparativo entre la Constituci�n actual de 2008 y su predecesora de 1998. Este m�todo permiti� identificar diferencias y similitudes en cuanto a los derechos y garant�as establecidas en ambas Constituciones.

4.                 M�todo descriptivo: Se emple� para describir en detalle la situaci�n actual de las acciones constitucionales, resaltando sus caracter�sticas y funcionamiento.

5.                 M�todo hermen�utico: Este m�todo fue �til para investigar, interpretar y comprender las citas doctrinarias y jurisprudenciales que se incluyeron en el trabajo, as� como para analizar y aplicar los principios contenidos tanto en la norma constitucional como en la normativa infra constitucional.

En cuanto a las t�cnicas de investigaci�n utilizadas:

1.                 T�cnica documental: Se llev� a cabo una revisi�n exhaustiva de la bibliograf�a especializada en materia constitucional, incluyendo libros f�sicos y electr�nicos, art�culos cient�ficos de bases de datos indexadas y tesis de repositorios universitarios, entre otras fuentes. Esta t�cnica proporcion� una base s�lida de conocimiento y fundamentaci�n para el trabajo.

 

Resultados

Los resultados de la investigaci�n reflejan una comprensi�n exhaustiva y detallada de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales en el contexto nacional. A trav�s del m�todo anal�tico, se llev� a cabo un an�lisis minucioso de la situaci�n actual de estos derechos y garant�as, respaldado por una revisi�n detallada de la legislaci�n, la doctrina y la jurisprudencia relevantes.

El m�todo hist�rico permiti� explorar la evoluci�n de los derechos humanos a lo largo del tiempo, resaltando el papel central del constitucionalismo en su desarrollo y en la distribuci�n y ejercicio del poder. La comparaci�n entre la Constituci�n actual de 2008 y su predecesora de 1998 revel� importantes diferencias y similitudes en cuanto a los derechos y garant�as establecidas en ambas Cartas Magnas.

Por otro lado, el m�todo descriptivo ofreci� una visi�n detallada de las acciones constitucionales y sus caracter�sticas distintivas, haciendo hincapi� en su funci�n reactiva para proteger y restablecer los derechos vulnerados. La aplicaci�n del m�todo hermen�utico fue esencial para una interpretaci�n adecuada de las citas doctrinarias y jurisprudenciales, as� como para comprender los significados normativos y aplicar los principios contenidos en las normas constitucionales e infra-constitucionales

Las t�cnicas documentales empleadas, como la revisi�n de bibliograf�a especializada, art�culos cient�ficos y tesis universitarias, proporcionaron una s�lida base de conocimiento y fundamentaci�n para respaldar el trabajo de investigaci�n.

En conclusi�n, los resultados obtenidos a trav�s de estos m�todos y t�cnicas de investigaci�n han permitido realizar un estudio completo y riguroso de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales en el �mbito nacional. La comprensi�n de su evoluci�n hist�rica, su situaci�n actual y su aplicaci�n en la protecci�n de los derechos fundamentales ha proporcionado una visi�n integral de este importante tema. Estos resultados son de gran importancia para el avance del conocimiento y la comprensi�n de los derechos y garant�as constitucionales, y pueden servir como base para futuras investigaciones y acciones en la promoci�n y protecci�n de los derechos humanos a nivel nacional.

 

Conclusiones

En conclusi�n, este trabajo de investigaci�n ha proporcionado un an�lisis profundo de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales en el contexto nacional. A trav�s de la aplicaci�n de diversos m�todos y t�cnicas, se ha logrado obtener una visi�n completa y fundamentada de estos temas fundamentales.

Se ha observado que los derechos humanos, tras su reconocimiento internacional despu�s de la Segunda Guerra Mundial, han experimentado un notable crecimiento tanto a nivel global como en los marcos jur�dicos internos de numerosos pa�ses, donde se han consagrado como derechos constitucionales o fundamentales.

Particularmente, se destaca la importancia de las garant�as constitucionales, especialmente la acci�n de protecci�n o acci�n ordinaria de protecci�n, como mecanismos esenciales para salvaguardar y preservar los derechos constitucionales cuando son vulnerados. Estas garant�as tienen un car�cter reactivo, permitiendo a los ciudadanos exigir el restablecimiento de sus derechos tras una vulneraci�n, pero tambi�n tienen un aspecto preventivo al poder utilizarse para evitar tales violaciones.

La amplitud de aplicaci�n y el poder de la acci�n de protecci�n han sido resaltados en la investigaci�n, ya que puede ser utilizada por una amplia gama de personas y entidades para proteger sus derechos constitucionales. Adem�s, su vigencia y aplicabilidad incluso en pa�ses donde no est� expresamente reconocida la convierten en una herramienta valiosa para la defensa de los derechos fundamentales.

En �ltima instancia, este estudio ha contribuido significativamente al conocimiento y comprensi�n de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales, destacando su evoluci�n hist�rica, caracter�sticas y su importancia en la protecci�n de los derechos fundamentales en el �mbito nacional. Los resultados obtenidos proporcionan una base s�lida para futuras investigaciones y acciones en la promoci�n y defensa de los derechos humanos en la sociedad. En particular, se ha evidenciado una diferencia notable en los legitimados activos entre la Constituci�n Pol�tica del Ecuador (CPE) y la Constituci�n de Montecristi (CRE), especialmente en lo que respecta a la representaci�n legitimada de colectividades para amparar los derechos de pueblos, comunidades y nacionalidades, contemplada en el art�culo 95 de la CPE.

 

Referencias

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