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La aplicaci�n de la suspensi�n de la sustanciaci�n del proceso en delitos de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar y la revictimizaci�n

 

The application of the suspension of the substantiation of the process in crimes of violence against women or members of the family nucleus and revictimization

 

A aplica��o da suspens�o da fundamenta��o do processo nos crimes de viol�ncia contra a mulher ou membros do n�cleo familiar e revitimiza��o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: gabriela.crespo.19@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 22 de noviembre de 2024 *Aceptado: 04 de diciembre de 2024 * Publicado: �17 de enero de 2025

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

Resumen

Dentro del C�digo Org�nico Integral Penal, contempla figuras jur�dicas que protegen la vida de las mujeres y a quienes componen el n�cleo familiar, e inclusive se encuentra el procedimiento, espacial, unificado y expedito para el juzgamiento y sanci�n de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar que responden a las demandas y exigencias al amparo de los derechos de la poblaci�n que han sido discriminada siendo estas las mujeres. No obstante, en las reformas del 2019 se implementa el art�culo 651.3 dentro del cuerpo normativo mencionado, en la que consiste suspender la sustanciaci�n del proceso en los delitos de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar, siempre y cuando se trate de violencia f�sica y psicol�gica. Esto conlleva que al ser autorizada por el Fiscal y dispuesta por el o la operadora de justicia, acarrar�a una suerte de impunida y revictimizaci�n, ya que, esta figura jur�dica es una medida alternativa para solucionar los conflictos de violencia de g�nero e intrafamiliar, conllevando que no se cumpla� el instrumento internacional la Convenci�n Bel�m Do Par� en su art�culo en su art�culo 7, en la que se les debe brindar un juicio oportuno y que cualquier infracci�n de este tipo debe ser sancionado, de igual manera las redes de salud p�blica para una rehabilitaci�n para el agresor no son eficaces para cumplir con unas de la condiciones que contempla la normativa y dem�s deficiencias que presenta el art�culo 651.3 del C�digo Org�nico Integral Penal al momento de ser aplicado.

Palabras clave: violencia de g�nero; revictimizaci�n; suspensi�n de proceso; C�digo Org�nico Integral Penal; m�todo de comparaci�n.

 

Abstract

Within the Comprehensive Organic Penal Code, it contemplates legal figures that protect the lives of women and those who make up the family nucleus, and even includes the spatial, unified and expeditious procedure for the trial and punishment of crimes of violence against women or members of the family nucleus who respond to the demands and demands under the protection of the rights of the population that has been discriminated against, these being women. However, in the 2019 reforms, article 651.3 is implemented within the aforementioned regulatory body, which consists of suspending the substantiation of the process in crimes of violence against women or members of the family nucleus, as long as it involves physical violence. and psychological. This means that when authorized by the Prosecutor and ordered by the justice operator, it would lead to a kind of unpunished and re-victimization, since this legal figure is an alternative measure to solve conflicts of gender and domestic violence, entailing that the international instrument the Bel�m Do Par� Convention is not complied with in its article in its article 7, in which they must be given a timely trial and that any infraction of this type must be sanctioned, in the same way the public health networks for a rehabilitation for the aggressor are not effective in complying with some of the conditions contemplated by the regulations and other deficiencies presented by article 651.3 of the Comprehensive Organic Penal Code at the time of its application.

Keywords: gender violence; revictimization; suspension of process; Comprehensive Organic Criminal Code; comparison method.

 

Resumo

Dentro do C�digo Penal Org�nico Integral, contempla figuras jur�dicas que protegem a vida das mulheres e daqueles que comp�em o n�cleo familiar, e inclui ainda o procedimento espacial, unificado e expedito para julgamento e puni��o de crimes de viol�ncia contra mulheres ou membros de o n�cleo familiar que responde �s demandas e demandas sob a prote��o dos direitos da popula��o discriminada, sendo estas as mulheres. Por�m, nas reformas de 2019, � implementado o artigo 651.3 no �mbito do referido �rg�o regulador, que consiste em suspender a fundamenta��o do processo nos crimes de viol�ncia contra a mulher ou membros do n�cleo familiar, desde que envolva viol�ncia f�sica e psicol�gica. Isto significa que quando autorizada pelo Minist�rio P�blico e ordenada pelo operador de justi�a, conduziria a uma esp�cie de impunidade e revitimiza��o, uma vez que esta figura jur�dica � uma medida alternativa para resolver conflitos de g�nero e viol�ncia dom�stica, implicando que o instrumento internacional a Conven��o de Bel�m do Par� n�o � cumprida em seu artigo 7�, no qual devem ser julgados tempestivamente e que qualquer infra��o deste tipo deve ser sancionada, da mesma forma que as redes p�blicas de sa�de por um reabilita��o do agressor n�o s�o eficazes no cumprimento de algumas das condi��es previstas na regulamenta��o e outras defici�ncias apresentadas pelo artigo 651.3 do C�digo Penal Org�nico Integral no momento da sua aplica��o.

Palavras-chave: viol�ncia de g�nero; revitimiza��o; suspens�o do processo; C�digo Penal Org�nico Integral; m�todo de compara��o.

 

 

Introducci�n

Dentro del ordenamiento jur�dico penal ecuatoriano de acuerdo a las reformas del 2019 se han implementado diversas figuras jur�dicas dentro del C�digo Org�nico Integral Penal. Sin embargo,� en la presente investigaci�n se concentra en la suspensi�n del proceso en las infracciones (delitos) de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar, siendo un problema grave para las mujeres sobrevivientes y v�ctimas de violencia e inclusive a quienes conforman el n�cleo familiar, pues si bien se garantiza a las mujeres a vivir una vida libre de violencia seg�n el art�culo 66 numeral 3 literal b de la Constituci�n de la Republica del Ecuador, al suspender la sustanciaciones de las causas, se da un mensaje de tolerancia hacia la violencia a la sociedad y a la v�ctima vulnerando al derecho de la integridad personal.

Es necesario indicar, que durante los �ltimos tiempos los �ndices de femicidio han incrementado, pues en Ecuador desde el �01 de enero hasta el 27 de septiembre del a�o en curso se muestra 180 muertes violentas por las razones de g�nero� (Fundaci�n Aldea, 2024), siendo un total 1.891 casos desde el a�o 2014, es decir, desde que la figura jur�dica del femicidio se tipific� en el C�digo Org�nico Integral Penal, desde ahora COIP. Por ello, es importante analizar la suspensi�n de la sustanciaci�n del proceso y su relevancia cuando se trata de delitos de violencia de g�nero y violencia intrafamiliar, pues implica una prolongaci�n del proceso judicial, lo que puede agravar el sufrimiento de las v�ctimas e inclusive una situaci�n revictimizantes.

Este estudio se realiza en virtud que, con la aplicaci�n de suspender la sustanciaci�n del proceso, este puede constituir una herramienta destinada a resolver los conflictos en temas de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar de manera alternativa sin llegar a una sentencia condenatoria. Sin embargo, para comprender si cabe o no la suspensi�n, se debe considerar que la violencia se le percibe como una manera de ejercitar el poder en las relaciones sociales sea dentro o fuera del �mbito familiar, en el trabajo entre otros con la finalidad de afectar o causar da�o a todo lo que contempla la vida e integridad personal de las mujeres o v�ctimas de la violencia. (Mart�nez Pacheco, 2016).

Debiendo recalcar que de acuerdo al art�culo 663 del COIP (2014), su inciso final contempla respecto de la conciliaci�n:

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administraci�n p�blica que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos contra la mujer y miembros de n�cleo familiar.

Es as� que, los medios alternativos para solucionar los conflictos en temas de violencia como se indica el presente art�culo se proh�ben, pues no existen situaciones de igualdad para que puedan implicarse dentro de un convenio o negociaci�n de forma equitativa, por lo que, aumenta el peligro y obstaculiza que se acceda a la justicia las v�ctimas (El Comit� de Expertas del MESECV, 2015) enviando un mensaje de tolerancia e impunidad. De igual manera, cualquier forma o tipo de violencia se convierte en una gran dificultad de salud p�blica que inquieta a todos los pa�ses, debido al da�o, la invalidez y las muertes que genera (Mayor Walton & Salazar P�rez, 2019). Por ello, en los �ltimos a�os desde el �mbito penal se ha reconocido que la necesidad de procurar desde un enfoque diferenciado o conocido como enfoque de g�nero, que da apertura que se incluya factores estructurales, culturales de dominaci�n que han vivido las mujeres.

En la presente investigaci�n se basa �en qu� medida la suspensi�n de la sustanciaci�n del proceso en casos de violencia f�sica o psicol�gica contra mujeres o miembros del n�cleo familiar, seg�n el COIP, podr�a contribuir a la revictimizaci�n de las v�ctimas, y qu� medidas podr�an adoptarse para mitigar este riesgo? En este contexto se ha planteado como objetivo general analizar si el art�culo 651.3 del COIP contribuye a la revictimizaci�n de las v�ctimas al ser aplicado por los operadores de justicia.

Este esfuerzo acad�mico se encuentra formando por tres apartados, el primero es desarrollar los tipos de la violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar contemplados en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano. El segundo hace alusi�n en comparar la suspensi�n de la sustanciaci�n del proceso en delitos de violencia contra la mujer y la suspensi�n del juicio a prueba (Argentina); y, por �ltimo, identificar las consecuencias de la aplicaci�n del art�culo 651.3 del COIP y las medidas que podr�an adoptarse para mitigar este riesgo.

 

Marco te�rico

Tipos de la violencia contra la mujer y miembros del n�cleo familiar contemplados en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano

La violencia de g�nero contra las mujeres, sigue siendo una realidad que a�n persiste en todo el mundo; no obstante, visibilizar este problema es un desaf�o en los espacios p�blicos y privados. Por ello, es importante recordar desde el marco internacional que los tres hitos hist�ricos que comienzan a profundizar dicha problem�tica es la Convenci�n Belem do Par�, llevada a cabo en 1994 en pleno de la Asamblea General de la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) siendo como el mayor instrumento internacional legal para� sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, de igual manera, la Convenci�n sobre la eliminaci�n de todas la formas de discriminaci�n contra la mujer m�s conocida como CEDAW y por �ltimo, la Conferencia Internacional de la d�cada de los noventa llevada a cabo en Viena, El Cairo y Bejing.�

Como punto de partida, en la Conferencia de Beijing de 1995 el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer menciona que la violencia contra las mujeres, impide que se logre los objetivos de igualdad, paz y desarrollo de los derechos humanos y libertades fundamentales que tienen las personas (Organizaci�n de las Naciones Unidas [ONU], 1996), a su vez, conceptualiza las diferentes tipolog�as de c�mo se exterioriza esta violencia.

En el instrumento internacional ratificado y subscrito por el Estado ecuatoriano, la Convenci�n Belem do Par� define la violencia contra la mujer y establece que:

Para los efectos de esta Convenci�n debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acci�n o conducta, basada en su g�nero, que cause muerte, da�o o sufrimiento f�sico, sexual o psicol�gico a la mujer, tanto en el �mbito p�blico como en el privado. (Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convenci�n de Bel�m do Par�", 1994, art. 1)

Las relaciones desiguales de poder basada en el g�nero, es lo que caracteriza a este tipo de violencia contra las mujeres, es por ello que dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano durante el tiempo ha adoptado normas, leyes, figuras jur�dicas, con el prop�sito de sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Por lo que, dentro de la Ley Org�nica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres publicada en el Registro Oficial en el a�o 2018 establece como la violencia puede ser de varios tipos, siendo, por ejemplo; la f�sica, sexual, simb�lica, psicol�gica, patrimonial, econ�mica, ginecobstetricia y pol�tica (art.10).

Como se puede apreciar, las diversas formas de violencia pueden ser desarrolladas en los espacios p�blicos y privados, pero no solo se limita �nicamente a las violencias que contempla la ley, sino hay otras que afectan el bienestar, la libertad y la integridad de las mujeres como la violencia vicaria. Por lo tanto, dentro del art 651.3 del COIP su aplicaci�n est� dirigida a dos tipos de violencia siendo la f�sica y psicol�gica. Cuando hablamos de la violencia f�sica enti�ndase como:

Todo acto u omisi�n que produzca o pudiese producir da�o o sufrimiento f�sico dolor o muerte, as� como cualquier otra forma de maltrato o agresi�n, castigos corporales, que afecte la integridad f�sica, provocando o no lesiones ya sean internas externas o ambas esto como resultado del uso de fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar da�o y de sus consecuencias, son consideraci�n del tiempo que se requiera para su recuperaci�n. (Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres., 2018, art. 10 lit. a)

Este concepto tiene que ver con el derecho a la integridad personal, ya que, contempla dimensiones f�sicas, morales y ps�quicas que permiten a las personas desarrollar sus vidas sin sufrir ning�n tipo de da�o o menoscabo a este derecho, es lo que plasma en su art�culo 66 numeral 3 literal a) de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Se debe entender que las normas culturales y los estereotipos de g�nero provocan que se justifique o tolere ciertos abusos o agresiones creando as� las desigualdades de poder entre hombres y mujeres e inclusive hacia quienes componen el n�cleo familiar.

Al hablar de violencia psicol�gica, comprende tanto de acciones y omisiones que no alcanza al �mbito f�sico pueden ser:

Insultar; amenazar; agredir; maltrato verbal; maltrato emocional; acoso; abuso de la comunicaci�n; causar miedo; gritar; humillar; hacer que las personas se sientan inadecuadas; ponerlas en peligro; menospreciarlas; hacerlas sentir mal; asustarlas e intimidarlas; maltrato psicol�gico; abuso mental o emocional; negligencia; comportamiento controlador; herir a las mujeres o a sus seres queridos; falta de cuidado y atenci�n; (�) (Grassi Bonamigo, et al., 2022).

La violencia psicol�gica, se la describe como aquella que causa da�o psicol�gico, social y moral, en la que implica efectos desbastadores en la vida de las mujeres dentro de la salud mental. De hecho, seg�n Salda�a Ram�rez & Gorj�n G�mez, (2021) el principal tipo de violencia que resulta dentro del n�cleo familiar suele ser la psicol�gica En el marco legal ecuatoriano menciona que este tipo de violencia es:

Cualquier acci�n, omisi�n o patr�n de conducta dirigido a causar da�o emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descr�dito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillaci�n, intimidaci�n, aislamiento o cualquier otro acto que afecte la estabilidad psicol�gica y emocional del sujeto de protecci�n de esta Ley. (�) (Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres., 2018, art. 10 lit. b)

La violencia en todas sus maneras es un inconveniente en la salud p�blica, pues depende de factores estructurales, sociales y culturales que justifican o toleran ciertas formas de abuso y agresi�n que no solo puede originarse desde el n�cleo familiar sino a nivel estatal. Como es la violencia gineco-obst�trica por parte de los servicios de salud hacia las mujeres o mujeres embarazadas, sea por sus acciones u omisiones, en donde sus comportamientos causan da�o a su integridad, as� tambi�n como es la violencia pol�tica y simb�lica establecida por la antes mencionada ley en su art�culo 10 literal f) y e), en donde ambas est�n orientas a perpetuar las desigualdades y las relaciones de poder desde un enfoque institucional, de igual manera las dem�s formas de violencia que contempla la mencionada ley y el C�digo Org�nico Integral Penal.

La suspensi�n de la sustanciaci�n del proceso en delitos de violencia contra la mujer y la suspensi�n del juicio a prueba. Derecho Comparado Ecuador - Argentina

La suspensi�n al momento de llevar a cabo el proceso en este tipo de violencia, no solo se encuentra establecido en la legislaci�n ecuatoriana, sino tambi�n en la legislaci�n argentina, conocida como la �suspensi�n a prueba�, por ello, es necesario encontrar la finalidad de esta figura jur�dica para determinar si su aplicaci�n est� de acuerdo a la ley o no, siendo necesario desarrollar el derecho comparado.

En Argentina, se habla de la suspensi�n a prueba conocida como �probation� en la que es un mecanismo donde permite extinguir la acci�n penal cuando el acusado ha cumplido ciertas condiciones de conducta durante un per�odo de prueba establecidas en la propia figura jur�dica, en la que tribunal le otorga esta medida, siempre que se cumpla los requisitos previstos en Libro Primero � Titulo XII del C�digo Penal. Este beneficio �se aplica en delitos de acci�n p�blica reprimidos con penas de reclusi�n o prisi�n cuyo m�ximo no supere los tres a�os� (Poder Judicial Provincia de Salta, 2024). Por otro lado, es considerado como un medio alternativo al juicio para solucionar los conflictos, evitando que se siga sustanciado el proceso en la se encuentra incorporando el C�digo Penal de la Naci�n, en donde discurren que es un instrumento destinado a la racionalizaci�n y econom�a procesal de la intervenci�n estatal en la criminalidad, cuyo fin es descongestionar la gran cantidad de procesos que pesan sobre los y las operadores de justicia. Si bien en Argentina de acuerdo a la resoluci�n emitida por la Defensor�a General de la Naci�n postula que:

la suspensi�n del proceso penal a prueba � que en todo momento debe ser entendida como un derecho del imputado � brinda una soluci�n reparadora del ya mencionado pleito penal, tendiente a lograr la reinserci�n a la comunidad del individuo que ha ingresado al sistema punitivo estatal, pero que mantienen el status de inocente hasta tanto recaiga sentencia firme de condena. (Resoluci�n DGN No 1800/09, 2009).

Es importante indicar que ambos ordenamientos jur�dicos tienen sus diferentes maneras y requisitos para poder ser aplicado la suspensi�n del proceso. No obstante, la finalidad de suspender un proceso es la misma, ya que, ambas reflejan como un instrumento que se pueden beneficiar las partes, descongestionando el aparataje estatal a su vez implementando el principio de la m�nima intervenci�n penal, es as� que para comprender de mejor manera la figura jur�dica del 653.1 del COIP y el art 76 bis del C�digo Penal de la Naci�n Argentina, se sintetizar� de la siguiente forma:

 

Tabla 1

Comparaci�n entre las normativas de Argentina y Ecuador del art 651.3. del COIP y el art. 76 bis del C�digo Penal de la Naci�n

Fuente: Datos tomados del (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014) y (C�digo Penal de la Naci�n, 1994). Elaboraci�n propia

 

Las diferencias entre ambas normativas son evidentes y claras, sea en su aplicaci�n como en los requisitos, empezando que dentro del ordenamiento jur�dico de Argentina se puede solicitar en todos los delitos de acci�n penal p�blica, mientras que por el contrario en Ecuador esta direccionado solo a delitos de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar.

Cabe indicar, que la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n Argentina, en la sentencia (G�ngora, Gabriel Arnaldo s, 2013), se resuelve por unanimidad en donde deja sin efecto el consenso de la suspensi�n del proceso a prueba cuando se trate de violencia de g�nero contra la mujer, en donde se fundamenta en la Convenci�n Belem Do Par� en especial en el art�culo 7 correspondientes a los literales B) y F).� Es decir, que deben brindarles a las mujeres sobrevivientes de la violencia un juicio oportuno, en donde se debe investigar, prevenir y por �ltimo sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Adem�s, que no se permite ning�n tipo de medida alternativa para solucionar los conflictos en materia de violencia contra la mujer, ya que no hay esa igualdad entre las partes, por m�s que sea una decisi�n voluntaria. Cabe decir que hablar de igualdad dentro del marco constitucional, acarrea la igualdad como un derecho material y a su vez formal, hasta la no discriminaci�n examinando que dicha igualdad es un problema hist�rico y social que ha venido soportando las diferentes poblaciones y grupo de personas, especialmente dirigida hacia las mujeres, por lo que en la constituci�n alcanza mecanismos de protecci�n para que se perpetre de una forma efectiva el principio de igualdad. (Pi�as Pi�as, et al. , 2019). Por eso tratar de mediar o conciliar temas de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar, hablamos que no haya una igualdad de condiciones para lograr concesos justos. Adem�s (Dur�n Ch�vez, et al., 2020) menciona que debe establecer en materia penal que la conciliaci�n, mediaci�n o transacci�n deben estar definidos de manera expresa para as� evitar interpretaciones subjetivas, como es el alcance de la norma 651.3 del COIP.

Las consecuencias de la aplicaci�n del art�culo 651.3 del C�digo Org�nico Integral Penal y las medidas que podr�an adoptarse para mitigar este riesgo.

El art�culo 651.3 del COIP, es debatible al momento de aplicarlo, ya que, estamos ante una medida que sirve para descongestionar el aparataje judicial, tomando en cuenta el principio de la m�nima intervenci�n penal al momento de autorizar esta medida, siendo tambi�n que el procesado y la v�ctima puedan beneficiarse al momento de cumplir ciertos requisitos y condiciones establecidas por el operador de justicia. Por ello, el juez dispone que la oficina t�cnica intervenga para una evaluaci�n de riesgo, a las v�ctimas y dependientes, ejecutando un examen psicosocial de la persona agresora, precautelando la integridad personal. Por consiguiente, si se cumple con las condiciones que ha establecido el juez y se�alados por la ley como resultado se extingue la acci�n penal, pero si no, se revoca la medida de la suspensi�n condicional seg�n el art�culo 651.4 del COIP. Esta figura jur�dica, esta direccionada a una reparaci�n integral, ya que la victima de manera libre y voluntaria, es la que tiene el poder de solicitar la medida al fiscal y sea escuchada en todo momento por quienes interviene en el sistema judicial, no obstante, al final las partes se comprometen a cumplir con las condiciones que el juez emita, con el fin de la rehabilitaci�n del agresor. Es decir, hay un beneficio entre las partes solucion�ndose de una forma alternativa este conflicto de violencia. As� lo considera� (Gorj�n G�mez & Cubillos �lvarez, 2021) en donde apunta que la mediaci�n como un mecanismo que permite revolverse la violencia intrafamiliar, siendo viable siempre y cuando las partes asistan voluntariamente, en la que se maneja el principio de oportunidad como una forma alterna para las indagaciones penales en violencia intrafamiliar generando aportes positivos. De igual manera (Cede�o Floril, 2019) menciona que al consentir a este medio de soluci�n de controversias se est� garantizando el art�culo el art�culo 190 de la Carta Magna y hace que estos procesos que por si son dolorosos para la victima sea una forma de mitigar este riesgo que conlleva el proceso penal.

Se debe tomar en cuenta que la violencia de g�nero y la violencia intrafamiliar, es un problema hist�rico en donde seg�n (P�rez Rey,et al 2020), las creencias, las costumbre y dem�s factores socio culturales respaldan la violencia de g�nero, pues gracias a los pensamientos distorsionados contra las mujeres hacen que se establezca desigualdad entre hombre y mujeres afectando la salud mental de ellas. No obstante, al hablar de esta violencia provoca la �retractaci�n en las mujeres v�ctimas de violencia, pues adem�s del sentimiento de culpa que se genera en ellas, est� la promesa de cambio del victimario o agresor, y la intervenci�n de terceros (familiares, hijos, amigos)��(Francis Bone, 2023). Es por ello, que las consecuencias al aplicar el art�culo 651.3 del COIP, acarrea una revictimizaci�n y peligro para las sobrevivientes de violencia, pues hay circunstancias que sea mencionado en l�neas anteriores que conlleva una vulneraci�n a la integridad personal, adem�s las redes de salud p�blica deben ser eficientes y efectivas para que la rehabilitaci�n del agresor sea positiva pero muchas de las veces dichas redes tiene varios protocolos en donde queda en una suerte de v�a administrativa la rehabilitaci�n del presunto agresor.

 

Metodolog�a

En este trabajo de investigaci�n, el dise�o fue no experimental, ya que no existi� manipulaci�n de variables. Adem�s, el enfoque aplicado fue cualitativo, dado que se utilizaron fuentes bibliogr�ficas, fundamentaci�n te�rica y art�culos de bases de datos cient�ficas como Redalyc, Scielo y Scopus. Estas fuentes permitieron revisar teor�as relacionadas con el tema de investigaci�n y analizar el art�culo 651.3 del COIP para determinar si este constituye o no una alternativa para resolver un conflicto en materia de violencia contra la mujer, considerando que dicha figura jur�dica podr�a ser revictimizantes para las sobrevivientes de violencia o para quienes integran el n�cleo familiar.�

El nivel de profundidad fue descriptivo, ya que se caracteriz� por identificar conocimientos previos, evidenciando las principales caracter�sticas del tema tratado, como la violencia de g�nero e intrafamiliar, y la figura jur�dica de �probation� en el caso G�ngora. Este caso explic� c�mo la suspensi�n del procedimiento en materia de violencia contra la mujer podr�a generar un conflicto entre los instrumentos internacionales o incluso entre normas dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano.�

Asimismo, se aplicaron diversos m�todos de investigaci�n. El m�todo exeg�tico sirvi� como medio de interpretaci�n jur�dica respecto a las normas e instituciones del derecho, lo que facilit� la comprensi�n de este problema de investigaci�n. Tambi�n se utiliz� el m�todo comparado, que permiti� contrastar las analog�as y diferencias entre los sistemas jur�dicos de Argentina y Ecuador, con el prop�sito de entender mejor esta figura jur�dica del art�culo 651.3 del C�digo Org�nico Integral Penal.�

Por otra parte, fue indispensable emplear el m�todo anal�tico-sint�tico, que permiti� descomponer la informaci�n y presentarla de forma sintetizada con los elementos esenciales del problema de investigaci�n. Finalmente, la t�cnica utilizada fue la revisi�n bibliogr�fica, con su respectivo instrumento de fichaje, que permiti� organizar y analizar la informaci�n recopilada.

 

Resultados

En un contexto general la violencia es un problema social que afecta a muchos individuos, no obstante, al mencionar la violencia de g�nero e intrafamiliar, se debe atender de manera urgente, pues a pensar que existe en el ordenamiento jur�dico normas y leyes que precautelan y salvaguardan la integridad personal de las sobrevivientes v�ctimas de violencia, al momento de suspender esta etapa del proceso, se estar�a vulnerado el derechos de las v�ctimas, pues se debe comprender que no se trata de una justicia restaurativa, o por la aplicaci�n del principio de la m�nima intervenci�n penal, sino que la voluntad de algunas de las partes puede estar viciada por la violencia, en la que puede negociar sobre sus derechos disponibles de forma no equitativa. (Villarroel, 2023, p. 35). De esa manera, se desprende que las v�ctimas que se encuentren sumergidas en esa situaci�n de violencia de g�nero e intrafamiliar en varias modalidades de violencia por lo que, no est�n en condiciones de mediar ni conciliar con sus agresores.

El an�lisis realizado sobre la aplicaci�n del art�culo 651.3 del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) en casos de violencia contra la mujer y miembros del n�cleo familiar evidencia limitaciones que comprometen su efectividad como medida para prevenir, proteger y erradicar la violencia de g�nero e intrafamiliar. Uno de los principales hallazgos es que esta normativa, al permitir la suspensi�n del proceso penal, no ofrece garant�as suficientes para las v�ctimas, ya que el enfoque predominante est� orientado hacia la preservaci�n de los derechos del procesado, dejando en segundo plano la seguridad y reparaci�n integral de las v�ctimas. Campos (2023), plantea dentroo de su� analisis de reparaci�n integral del Estado ecuatoriano siendo un par�metro fundamental en las decisiones constitucionales, aun mas cuando se hace menci�n a la violencia intrafamiliar con el fin de proteger la dignidad humana, sin embargo manifiesta que los mecanimos de reparaci�n integral que sit�an los jueces, son de tal manera escasa para conseguir un eficaz desempe�o de las sentencias insertadas por las autoridades competentes, pues no se efect�an a cabalidad. Este desequilibrio genera una percepci�n de tolerancia hacia la violencia, lo que podr�a perpetuar patrones de conducta agresiva y reforzar din�micas de indefensi�n aprendida en las mujeres que viven en un c�rculo de violencia.

Un aspecto cr�tico identificado es la ausencia de redes de salud dentro sistema p�blico de rehabilitaci�n efectiva para los agresores. Aunque el art�culo 651.3 dispone como condici�n la obligatoriedad de que el procesado participe en programas de tratamiento psicol�gico y sensibilizaci�n, la realidad muestra que las redes p�blicas son insuficientes, ineficientes o incluso inexistentes en muchos casos. Esto obliga a que los agresores recurran a servicios privados para cumplir con las condiciones impuestas, lo que introduce una barrera econ�mica que limita la equidad en la aplicaci�n de la medida. Esta precariedad compromete la efectividad de la norma al no garantizar la rehabilitaci�n del agresor, lo que incrementa el riesgo de la integridad personal de las v�ctimas. Es por ello que al hablar de estas medidas manifiestan que:

Con relaci�n a las medidas de orden legislativo que se aplican para disminuir a futuro la violencia intrafamiliar, se observa que existen sanciones ya establecidas; no obstante, el sistema actual no permite una rehabilitaci�n efectiva para cambiar las conductas violentas del agresor, por lo cual no se asegura que vuelva a recaer y agredir a su n�cleo familiar. (Proa�o Mosquera & Aguilar Rodr�guez, 2019)

Por otro lado, la normativa presenta inconsistencias en su aplicaci�n, ya que no existe un marco unificado que gu�e a los operadores de justicia en la interpretaci�n y ejecuci�n del art�culo. Esto genera disparidades en los criterios y decisiones judiciales, lo que a su vez afecta la predictibilidad y coherencia del sistema penal en casos de violencia de g�nero y violencia intrafamiliar. La falta de la uni�n de criterios claros entre los operadores de justicia hace que no se prioricen la seguridad de las v�ctimas impidiendo as� la erradicaci�n de la violencia y se fomenta un ambiente de incertidumbre o una suerte de v�as administrativas para una efectiva rehabilitaci�n de ambas partes.

Una de las principales limitaciones identificadas es la falta de protocolos o reglamentos relevante en las redes p�blicas de salud que permita cumplir con los tratamientos psicol�gicos y educativos exigidos por la normativa. El art�culo 651.3 del COIP establece que la persona procesada debe someterse a programas como educaci�n sexual, prevenci�n de reca�das y rehabilitaci�n, pero en generalidad de los casos, estas medidas no logran implementarse de manera efectiva debido a la insuficiencia de recursos y servicios especializados. Esta carencia provoca que el cumplimiento de las condiciones recaiga, en muchos casos, en servicios privados, lo que introduce inequidades econ�micas y limita la accesibilidad de la medida. Como resultado, la posibilidad de una verdadera rehabilitaci�n de los agresores se ve considerablemente reducida, perpetuando el riesgo de reincidencia y la subsistencia del c�rculo de violencia.

Adem�s, el proceso de evaluaci�n de riesgo a la v�ctima y el examen psicosocial del procesado, ordenados por el juez o jueza antes de resolver la solicitud de suspensi�n, enfrenta retos pr�cticos debido a la falta de personal t�cnico capacitado y herramientas adecuadas en las unidades judiciales. Estas evaluaciones, que son esenciales para determinar si la medida es viable y segura, se realizan en un contexto de recursos limitados, lo que compromete la calidad y la efectividad de las decisiones judiciales. Por consiguiente, la suspensi�n del proceso puede ser autorizada sin un an�lisis riguroso de los riesgos que implica para la v�ctima, lo que pone en peligro su seguridad y la de su n�cleo familiar. Por ello los y las operadoras de justicia deben tener varios enfoques como el de interseccionalidad, enfoque de ni�ez y adolescencia, derechos humanos, en especial enfoque de g�nero; enti�ndase como enfoque �un m�todo que las autoridades p�blicas que aplicar�n en cada uno de los casos a resolver cuando efectivamente nos encontremos ante situaciones que generen discriminaci�n por causa de g�nero� (Ni�o Pati�o, 2019) por ello para fallar desde un enfoque de g�nero el juez debe ser atento, desde la perspectiva de identificar en la narraci�n del caso y en el discurso de quienes intervienen si hay alguna expresi�n de discriminaci�n referente a la v�ctima anclados desde el marco de discriminaci�n.

Otra problem�tica es que el art�culo 651.3 del COIP centra la resoluci�n del conflicto en el consentimiento de la v�ctima, lo que puede generar una percepci�n de que la responsabilidad de la continuidad del proceso que recae sobre ella. Este enfoque podr�a interpretarse como una forma de revictimizaci�n, ya que obliga a la v�ctima a tomar decisiones complejas bajo presi�n emocional y en un contexto de vulnerabilidad. Aunque la normativa permite que la v�ctima solicite medidas de reparaci�n integral, como indemnizaciones econ�micas, estas medidas no siempre compensan el da�o emocional y psicol�gico causado por la violencia. Adem�s, al perecer la acci�n penal gracias a cumplir las condiciones de la suspensi�n podr�a ser vista como un acto de impunidad, lo que refuerza a los patrones de violencia y desconfianza hacia el sistema judicial.

Por otro lado, el art�culo presenta beneficios potenciales, como la posibilidad de reducir los tiempos procesales y evitar que las v�ctimas enfrenten largos juicios que pueden ser traum�ticos y revictimizantes. Tambi�n permite que las condiciones impuestas a los procesados sean monitoreadas y controladas por el juez o la jueza, lo que, en teor�a, podr�a fomentar cambios positivos en el comportamiento del agresor. Sin embargo, estos beneficios son limitados si no se acompa�an de una supervisi�n efectiva y de un apoyo integral a las v�ctimas para garantizar su seguridad y bienestar a largo plazo.

En t�rminos estructurales, el art�culo 651.3 del COIP refleja un intento del sistema penal de adoptar un enfoque m�s restaurativo en los casos de violencia de g�nero, pero su implementaci�n evidencia una desconexi�n entre la normativa y las condiciones reales del sistema de justicia y las pol�ticas p�blicas. La falta de un marco unificado para su aplicaci�n genera disparidades en las decisiones judiciales, lo que compromete la equidad y la consistencia en la protecci�n de las v�ctimas.

El an�lisis del art�culo 651.3 del COIP revela tensiones significativas entre su formulaci�n normativa y su implementaci�n pr�ctica, lo que genera preocupaciones sobre su impacto en la prevenci�n y erradicaci�n de la violencia contra la mujer. Este art�culo establece la posibilidad de suspender la sustanciaci�n del proceso penal en casos de infracciones (delitos) de violencia f�sica y psicol�gica contra la mujer o miembros del n�cleo familiar, bajo condiciones espec�ficas, como la ausencia de antecedentes del procesado y su sometimiento a tratamientos rehabilitadores. Sin embargo, su eficacia se ve comprometida por limitaciones estructurales y operativas del sistema judicial y de salud p�blica en Ecuador.

Uno de los principales retos identificados es la precariedad de las redes p�blicas de rehabilitaci�n para los agresores, un elemento central en el dise�o del art�culo. Estudios recientes han se�alado que las pol�ticas p�blicas en esta materia carecen de recursos y programas especializados que aseguren una verdadera rehabilitaci�n. Esta debilidad estructural obliga a que, en muchos casos, los procesados recurran a servicios privados para cumplir con las condiciones impuestas, lo que introduce inequidades en la aplicaci�n de la norma. Adem�s, informes como los del Instituto Nacional de Estad�stica y Censos (INEC) menciona que las mujeres contin�an enfrent�ndose a altos niveles de violencia, lo que subraya la ineficiencia de estas para abordar la ra�z del problema. Seg�n la ENVIGMU (2019), el 65 % de las mujeres en Ecuador han experimentado alg�n ejemplar de violencia a lo largo de su vida, una cifra alarmante que evidencia la necesidad de un enfoque m�s integral y efectivo (Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos, 2019).

La evaluaci�n de riesgo de la v�ctima y del procesamiento, requisito previo para la suspensi�n del proceso, tambi�n afronta problemas de implementaci�n. La falta de personal t�cnico capacitado y de herramientas apropiadas para realizar evaluaciones psicosociales de calidad dificulta la identificaci�n de riesgos reales y el dise�o de medidas de protecci�n adecuadas. En muchos casos, la suspensi�n del proceso se otorga sin una evaluaci�n exhaustiva de las din�micas de poder y las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan estos casos. Esto puede resultar en decisiones que, lejos de proteger a las v�ctimas, perpet�an situaciones de violencia y refuerzan patrones de impunidad. Informes de organizaciones como Fundaci�n ALDEA (2022) han se�alado que las brechas en la capacitaci�n de los operadores de justicia agravan estas deficiencias.

Otro punto cr�tico es el papel del consentimiento de las v�ctimas en donde solicitan la suspensi�n del proceso. Aunque este requisito busca empoderar a las mujeres al otorgarles la decisi�n sobre la continuidad del proceso penal, tambi�n puede interpretarse como una forma de trasladarles una responsabilidad que deber�a recaer en el sistema judicial. Este enfoque puede ser especialmente problem�tico en un contexto donde las v�ctimas suelen estar a veces a presiones psicol�gicas, econ�micas y sociales que afectan su capacidad para tomar decisiones informadas y libres de coerci�n. La Convenci�n Bel�m do Par� ratificada por Ecuador, establece que los Estados Parte, tienen la deber de responder y garantizar la protecci�n de las mujeres frente a la violencia, lo que incluye evitar que las decisiones judiciales dependan exclusivamente de las acciones de las v�ctimas.

Adem�s, la normativa se enfrenta a cr�ticas por su efecto simb�lico. Al permitir la extinci�n de la acci�n penal una vez cumplidas las condiciones de la suspensi�n, el sistema puede ser percibido como tolerante con la violencia de g�nero. Este mensaje es especialmente preocupante en un contexto donde el n�mero de femicidios contin�a en aumento. En 2023, se obtuvo 321 muertes violentas de mujeres relacionadas con violencia de g�nero, seg�n cifras de la Fundaci�n Aldea, lo que refuerza la percepci�n de que los actuales puntos que se ha discutido siendo insuficientes para abordar la magnitud del problema (Asociaci�n Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo [ALDEA], 2024). La prevenci�n de la violencia requiere un enfoque integral que combine medidas judiciales con pol�ticas p�blicas s�lidas, algo que el art�culo 651.3 del COIP, no aborda en su dise�o actual.

Pese a sus limitaciones, el art�culo 651.3 COIP tambi�n ofrece ciertas ventajas, como la posibilidad de evitar que las v�ctimas enfrenten largos procesos judiciales que pueden resultar revictimizantes. Sin embargo, estos beneficios son limitados si no se garantiza una aplicaci�n rigurosa de las condiciones impuestas a los procesados y si no se fortifican las medidas de protecci�n hacia las v�ctimas. La falta de un enfoque hol�stico y articulado entre el sistema de justicia mediocre y la ausencia de pol�ticas de salud p�blica limita el impacto positivo que podr�a tener esta medida.

 

Discusi�n

El art�culo 651.3 del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) representa un esfuerzo por parte del sistema judicial ecuatoriano para abordar los conflictos concernientes con la violencia contra la mujer y miembros del n�cleo familiar desde la perspectiva restaurativa. No obstante, al analizar su aplicaci�n pr�ctica, surgen varios desaf�os que limitan su efectividad y plantean interrogantes sobre su impacto en la prevenci�n de la violencia y amparo de las v�ctimas.

Un aspecto central de la discusi�n radica en la relaci�n entre los beneficios te�ricos de la medida y las limitaciones pr�cticas de su implementaci�n. La posibilidad de suspender la sustanciaci�n del proceso busca agilizar al momento de emitir la resoluci�n, evitando la revictimizaci�n que puede surgir en los largos procedimientos penales y ofrecer a las v�ctimas una reparaci�n integral mediante condiciones impuestas al agresor. Seg�n (C�rdova Mendoza, et al., 2019) Los medios alternativos de resoluci�n de conflictos fortalece la cultura del di�logo en donde estos son m�todos factibles que ayuda lograr la resoluci�n de estos, fundamentadas en la justicia.� Sin embargo, en la pr�ctica, este prop�sito se ve comprometido debido a la precariedad de las redes de salud p�blica y la falta de recursos t�cnicos en las unidades judiciales, lo que dificulta tanto la rehabilitaci�n del procesado como la evaluaci�n rigurosa de los riesgos que enfrenta. la v�ctima.

El enfoque del art�culo 651.3 del COIP plantea un dilema fundamental: aunque permite la extinci�n de la acci�n penal bajo ciertas condiciones, no siempre asegura que estas condiciones se cumplan de manera efectiva. La falta de supervisi�n adecuada y la capacidad limitada de los y las operadoras de justicia para realizar un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las medidas impuestas generan una percepci�n de impunidad, especialmente en un contexto en el que la violencia de g�nero sigue siendo un problema estructural y persistente. Esta situaci�n podr�a reforzar a los patrones de violencia al no enviar un mensaje claro de intolerancia hacia estas conductas, debilitando as� la confianza de las v�ctimas en el sistema judicial. Cabe decir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Franco vs Guatemala ha mencionado que:

la ineficiencia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetici�n de los hechos de violencia en general y env�a un mensaje seg�n el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuaci�n y la aceptaci�n social del fen�meno, el sentimiento y la sensaci�n de inseguridad de las mujeres, as� como persiste desconfianza de estas en el sistema de administraci�n de justicia (Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala , 2014)

Asimismo, la normativa coloca un �nfasis significativo en el consentimiento de la v�ctima para solicitar la suspensi�n del proceso. Si bien esto podr�a interpretarse como una forma de empoderar a las mujeres al permitirles tomar decisiones sobre su propio caso, tambi�n introducir un riesgo de revictimizaci�n al trasladarles la carga de decidir sobre la continuidad del proceso penal. Aunque, por otro lado, seg�n Mart�nez Ortiz & Barona Villafuerte (2023) la mediaci�n dentro de la familia ayuda ha armonizar los enfratamientos que se producen dentro de las relaciones familiares, a mas que ayuda a descongestionar el sistema de justicia, un aspecto positivo vista desde un enfoque rehabilitador donde se intenta comprender las causas de la violencia intrafamiliar para mas adelante poder crear capacidades y habilidades que ayuden a optimizar los conflictos de una manera sana. Aun as�, muchas v�ctimas pueden sentirse presionadas a aceptar esta medida debido a la din�mica de poder que caracteriza los casos de violencia de g�nero o por el temor a represalias. Adem�s, en un sistema que carece de un apoyo integral adecuado, este consentimiento puede no estar plenamente informado, lo que vulnera a�n m�s los derechos de las mujeres.

Otro punto de discusi�n importante es la insuficiencia de pol�ticas p�blicas complementarias que fortalecen la implementaci�n del art�culo 651.3 del COIP . La rehabilitaci�n efectiva de los agresores y la prevenci�n de la violencia requieren un enfoque integral que contenga no solo medidas judiciales, sino tambi�n programas de sensibilizaci�n, educaci�n y atenci�n psicosocial para abordar las causas estructurales de la violencia de g�nero. La ausencia de estas pol�ticas no solo limita el impacto de la medida, sino que perpet�a las desigualdades y barreras que enfrentan las v�ctimas al buscar justicia.

Por otro lado, es innegable que el art�culo presenta ciertos beneficios, como la posibilidad de reducir los tiempos procesales y evitar que las v�ctimas se enfrenten a largos juicios que pueden resultar emocionalmente desgastantes. Adem�s, la exigencia de que el procesado acepte condiciones como tratamientos psicol�gicos y reparaciones integrales puede, en teor�a, fomentar cambios en su conducta. Sin embargo, estas ventajas son efectivas �nicamente si se garantiza el cumplimiento de las condiciones y si las medidas de protecci�n para las v�ctimas se aplican de manera rigurosa y sostenible.

 

Conclusiones

Dentro de la presente investigaci�n al analizar el alcance del articulo 651.3 del COIP, es una forma alterna para solucionar los conflictos en temas de violencia, en la que ambas partes no se benefician, aunque siempre y cuando se tenga recursos econ�micos para acceder a servicios de calidad, aun as�, no ofrecen que la rehabilitaci�n del agresor sea efectiva. Por otro lado, la Convenci�n Belem Do Par� en su articulo 7, dispone que debe haber un juicio oportuno y efectivo, para que las y los sobrevivientes de violencia, perciban que sus derechos fueron reparados y hacer justicia por medio de una sentencia condenatoria. Los procesos en violencia de g�nero y violencia intrafamiliar, son revictimizantes, de alguna forma u otra, pero cuando suspendemos las sustanciaciones de las causas en estos temas, lo que se genera mas adelante es que no se prevenga a futuro, ya que, si bien la solicitante es la propia victima quien hace esta petici�n, quien garantiza que dicha decisi�n no sea viciada, si ha permanecido dentro de un circulo de violencia. Adem�s, con la valoraci�n de riesgo que deben hacer por parte del equipo t�cnico para conceder la medida, no est�n capacitados en temas de violencia de g�nero.

Por consiguiente, el art�culo 651.3 del COIP, aunque bien intencionado, enfrenta limitaciones pr�cticas que dificultan su efectividad como herramienta para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y miembros del n�cleo familiar. Para mejorar su aplicaci�n, es necesario fortalecer las redes de salud p�blica, garantizar evaluaciones de riesgo rigurosas y estandarizar los criterios de los operadores de justicia. Adem�s, deben implementarse pol�ticas p�blicas integrales que complementen esta normativa con un enfoque preventivo y transformador, capaz de abordar las ra�ces estructurales de la violencia de g�nero. Solo mediante estas reformas ser� posible garantizar que esta medida cumpla con su objetivo de proteger a las v�ctimas y promover una verdadera justicia restaurativa.

 

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