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Pol�ticas p�blicas para el fomento y sostenibilidad de la econom�a popular y solidaria: una revisi�n a su implementaci�n

 

Public policies for the promotion and sustainability of the popular and solidarity economy: a review of their implementation

 

Pol�ticas p�blicas de promo��o e sustentabilidade da economia popular e solid�ria: uma revis�o da sua implementa��o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: vj.basantess@uea.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de octubre de 2024 *Aceptado: 21 de noviembre de 2024 * Publicado: �23 de diciembre de 2024

 

       I.          Universidad Estatal Amaz�nica, Puyo, Ecuador.

     II.          Universidad Estatal Amaz�nica, Puyo, Ecuador.

   III.          Universidad Estatal Amaz�nica, Puyo, Ecuador.

   IV.          Universidad Estatal Amaz�nica, Puyo, Ecuador.

 

Resumen

La econom�a popular y solidaria (EPS) representa una alternativa al capitalismo, centrada en la cooperaci�n para un desarrollo inclusivo. Inspirada en el concepto de �sumak kawsay� o buen vivir, la EPS busca un equilibrio con la naturaleza y el bienestar colectivo, present�ndose como una soluci�n frente a la desigualdad y problemas ambientales. A pesar de sus ventajas, enfrenta desaf�os para lograr su sostenibilidad, especialmente en la implementaci�n de pol�ticas p�blicas efectivas. El objetivo del trabajo fue analizar la implementaci�n de las pol�ticas p�blicas para el fomento y sostenibilidad de la econom�a popular y solidaria identificando sus logros y desaf�os. La metodolog�a aplicada fue documental, revisando literatura en bases de datos acad�micas y empleando la triangulaci�n metodol�gica para integrar datos cualitativos y cuantitativos, garantizando as� la validez de los hallazgos. Los resultados muestran que en Ecuador, la EPS se fortaleci� con la Constituci�n de 2008, que la formaliz� como un sector relevante, facilitando su acceso a financiamiento y su priorizaci�n en compras p�blicas; otros pa�ses como Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay tambi�n han adoptado normativas similares. Sin embargo, persisten barreras en el financiamiento y el apoyo institucional, lo cual limita el impacto de la EPS en las comunidades vulnerables. En conclusi�n, aunque los marcos legales promueven el desarrollo de la EPS, su sostenibilidad a largo plazo requiere una mayor participaci�n comunitaria y una mejor cooperaci�n entre el Estado y las comunidades, permitiendo enfrentar los retos espec�ficos de cada regi�n.

Palabras Clave: Capacitaci�n; cooperativas; inclusi�n; sostenibilidad; vulnerabilidad.

 

Abstract

The popular and solidarity economy (PSE) represents an alternative to capitalism, focused on cooperation for inclusive development. Inspired by the concept of �sumak kawsay� or good living, the PSE seeks a balance with nature and collective well-being, presenting itself as a solution to inequality and environmental problems. Despite its advantages, it faces challenges in achieving its sustainability, especially in the implementation of effective public policies. The objective of the work was to analyze the implementation of public policies for the promotion and sustainability of the popular and solidarity economy, identifying its achievements and challenges. The methodology applied was documentary, reviewing literature in academic databases and using methodological triangulation to integrate qualitative and quantitative data, thus guaranteeing the validity of the findings. The results show that in Ecuador, the PSE was strengthened by the 2008 Constitution, which formalized it as a relevant sector, facilitating its access to financing and its prioritization in public purchases; other countries such as Bolivia, Brazil, Argentina and Uruguay have also adopted similar regulations. However, barriers to funding and institutional support persist, limiting the impact of EPS in vulnerable communities. In conclusion, although legal frameworks promote the development of EPS, its long-term sustainability requires greater community participation and better cooperation between the State and communities, allowing it to address the specific challenges of each region.

Keywords: Training; cooperatives; inclusion; sustainability; vulnerability.

 

Resumo

A economia popular e solid�ria (EPS) representa uma alternativa ao capitalismo, focada na coopera��o para o desenvolvimento inclusivo. Inspirado no conceito de �sumak kawsay� ou bem viver, o EPS procura o equil�brio com a natureza e o bem-estar coletivo, apresentando-se como uma solu��o para a desigualdade e os problemas ambientais. Apesar das suas vantagens, enfrenta desafios para alcan�ar a sustentabilidade, especialmente na implementa��o de pol�ticas p�blicas eficazes. O objetivo do trabalho foi analisar a implementa��o de pol�ticas p�blicas de promo��o e sustentabilidade da economia popular e solid�ria, identificando as suas conquistas e desafios. A metodologia aplicada foi documental, revendo literatura em bases de dados acad�micas e utilizando a triangula��o metodol�gica para integrar dados qualitativos e quantitativos, garantindo assim a validade dos achados. Os resultados mostram que no Equador o EPS foi refor�ado com a Constitui��o de 2008, que o formalizou como um setor relevante, facilitando o seu acesso ao financiamento e a sua prioriza��o nas compras p�blicas; Outros pa�ses como a Bol�via, o Brasil, a Argentina e o Uruguai tamb�m adotaram regulamentos semelhantes. No entanto, permanecem barreiras ao financiamento e ao apoio institucional, limitando o impacto do EPS nas comunidades vulner�veis. Concluindo, embora os quadros legais promovam o desenvolvimento da EPS, a sua sustentabilidade a longo prazo exige uma maior participa��o comunit�ria e uma melhor coopera��o entre o Estado e as comunidades, permitindo enfrentar os desafios espec�ficos de cada regi�o.

Palavras-chave: Forma��o; cooperativas; inclus�o; sustentabilidade; vulnerabilidade.

 

 

 

Introducci�n

La econom�a popular y solidaria (EPS) representa un modelo econ�mico alternativo al capitalismo tradicional cuya estructura se basa en el establecimiento de relaciones solidarias y cooperativas entre sus miembros buscando un desarrollo inclusivo y equitativo (Jaramillo V�squez, 2015). Hist�ricamente, la EPS se ha arraigado en comunidades ind�genas de Am�rica Latina donde el concepto del �sumak kawsay� o buen vivir emerge como un marco �tico y social que promueve la armon�a entre los seres humanos y la naturaleza estableciendo un modo de vida colectivo orientado al bienestar com�n (V�squez Bustamante et al., 2021). Este sistema econ�mico propone una organizaci�n en la que el ser humano es solo una parte de un todo interactuando con elementos del entorno como animales, plantas, monta�as y el agua, formando un equilibrio esencial para la preservaci�n y el desarrollo de las comunidades (Almeida-Guzm�n et al., 2023). En este contexto, la EPS busca mejorar las condiciones materiales de vida y promover una econom�a en la que el crecimiento y la prosperidad est�n alineados con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

La relevancia de la EPS en el contexto actual es cada vez m�s notable, ya que responde a los desaf�os globales relacionados con la sostenibilidad, la desigualdad y el cambio clim�tico. Este modelo econ�mico pone de manifiesto la necesidad de un enfoque de producci�n y consumo que priorice la cohesi�n social y el respeto a los ecosistemas (Guerra & Reyes Lavega, 2020). Las econom�as ortodoxas han mostrado limitaciones en la resoluci�n de estos problemas perpetuando un sistema que en muchos casos aumenta la brecha entre ricos y pobres y promueve patrones de consumo insostenibles. En contraste, la EPS ofrece una v�a para la construcci�n de una sociedad basada en el trabajo colaborativo, donde se fomenta el uso eficiente de los recursos naturales y se minimizan los impactos negativos sobre el medio ambiente. Esta econom�a se configura as� como una herramienta esencial para el fortalecimiento de las redes de comercializaci�n locales, la reducci�n de costos de transacci�n y el incremento del bienestar en comunidades vulnerables (Castro, 2018a).

A pesar de su potencial la EPS enfrenta importantes desaf�os en su implementaci�n especialmente en relaci�n con el desarrollo de pol�ticas p�blicas que respalden sus principios y pr�cticas. En muchas regiones las pol�ticas de fomento de la EPS no logran ser aplicadas de manera efectiva debido a factores como la escasa integraci�n de los valores de solidaridad en las estructuras institucionales y la falta de espacios participativos para la formulaci�n de estas pol�ticas (Palacios Garay et al., 2021). Adem�s, existen barreras administrativas y de financiamiento que dificultan la puesta en marcha de programas sostenibles. En este sentido, la participaci�n social y comunitaria se vuelve fundamental para fortalecer el impacto de la EPS permitiendo a las comunidades incidir sobre sus condiciones de vida y sobre las pol�ticas estatales que afectan sus actividades econ�micas (Mero Loor & Zambrano Montesdeoca, 2023). Sin embargo, la falta de una coordinaci�n efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil sigue limitando los avances en esta �rea generando un entorno de vulnerabilidad para los actores que dependen de esta econom�a.

Para comprender mejor los desaf�os y logros en la implementaci�n de la EPS, resulta pertinente analizar experiencias de pa�ses que han adoptado pol�ticas espec�ficas para su fomento. En Ecuador, la inclusi�n del �sumak kawsay� en la Constituci�n establece un hito en la institucionalizaci�n de este modelo, promoviendo un marco de desarrollo sostenible que respeta las tradiciones y valores comunitarios (Cardoso-Ruiz et al., 2016). En Bolivia, la pol�tica de econom�a plural busca integrar a sectores excluidos en el desarrollo econ�mico mediante la promoci�n de cooperativas y empresas comunitarias, mientras que en Brasil, el movimiento de econom�a solidaria ha ganado fuerza a trav�s de la articulaci�n de movimientos sociales y la formaci�n de redes de cooperativas, que fortalecen el sector frente a las pol�ticas neoliberales predominantes (Arteaga-Cruz, 2017). Estos estudios de caso proporcionan una visi�n amplia sobre los enfoques y desaf�os de las pol�ticas p�blicas para la EPS, ofreciendo valiosas lecciones para su implementaci�n en otros contextos y promoviendo una econom�a inclusiva y sostenible en el mundo.

Atendiendo las premisas anteriores el objetivo del trabajo fue analizar la implementaci�n de las pol�ticas p�blicas para el fomento y sostenibilidad de la econom�a popular y solidaria identificando sus logros y desaf�os.

1         Metodolog�a

1.1        Metodolog�a de investigaci�n documental

La presente investigaci�n se estructur� bajo un enfoque documental que consisti� en la revisi�n de literatura acad�mica sobre las pol�ticas p�blicas para el fomento y sostenibilidad de la econom�a popular y solidaria. La recopilaci�n de informaci�n se realiz� mediante b�squedas en bases de datos acad�micas como Redalyc, Scielo y Google Acad�mico, as� como otras fuentes de alto impacto que permitieron acceder a art�culos acad�micos, libros, revistas cient�ficas y documentos especializados en la tem�tica. Este enfoque documental permite obtener una comprensi�n integral del marco te�rico y las pr�cticas que sostienen el desarrollo de la econom�a popular y solidaria.

1.2        T�cnica de triangulaci�n metodol�gica

Con el prop�sito de asegurar la validez y confiabilidad de los hallazgos se implement� la t�cnica de triangulaci�n metodol�gica. Seg�n Pulido (2015), este m�todo se caracteriza por combinar distintos enfoques y m�todos de recolecci�n de datos que se complementan entre s� para abordar un mismo objeto de estudio. Otros autores, como Bekhet and Zauszniewski (2012), destacan que la triangulaci�n permite la correcci�n de posibles sesgos presentes en cada m�todo individual, mejorando la validez y operatividad de los resultados. Al comparar y contrastar los datos obtenidos, se logra una �optimizaci�n de los hallazgos,� elevando la fiabilidad y la coherencia en la investigaci�n.

1.3        Integraci�n de m�todos cualitativos y cuantitativos

La investigaci�n combin� m�todos cualitativos y cuantitativos con el objetivo de construir una visi�n integral sobre las pol�ticas p�blicas para la econom�a popular y solidaria. La integraci�n de estos m�todos dentro de un marco de triangulaci�n metodol�gica potencia la obtenci�n de datos robustos, asegurando la calidad de los resultados al verificar la convergencia y complementariedad de los diferentes enfoques.

2         Resultados y discusiones

2.1        Pol�ticas p�blicas y marco normativo

La econom�a popular y solidaria en Ecuador adquiri� un marco legal con la Constituci�n de 2008, formalizando un sector previamente excluido y de escasa relevancia para el Estado. Esta formalizaci�n permiti� acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitaci�n estatal en las �reas abarcadas por esta econom�a, as� como a programas de financiamiento. La informalidad que caracterizaba el desarrollo de diversas actividades en este �mbito gener� la necesidad de formalizar la econom�a popular en el pa�s. Por ello, la Constituci�n reconoce este tipo de econom�a como esencial para el desarrollo nacional y la subsistencia, impulsando a cooperativas, asociaciones, microempresas y otros actores que operan bajo principios solidarios.

2.1.1       Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador

La econom�a popular y solidaria se enmarca en la normativa en su art�culo 283 indicando que:

�(�) el sistema econ�mico se integrar� por las formas de organizaci�n econ�mica p�blica, privada, mixta, popular y solidaria, y las dem�s que la constituci�n determine. La econom�a popular y solidaria se regular� de acuerdo con la ley e incluir� a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

Dentro del ordenamiento estatal, la econom�a popular y solidaria es reconocida como una forma de organizaci�n econ�mica que busca promover el incremento de la riqueza nacional, permitiendo una mayor inclusi�n de peque�os productores y empresarios en la econom�a ecuatoriana. Este reconocimiento tambi�n impulsa la competitividad en sectores empresariales de gran escala y evita que los servicios prestados a la ciudadan�a beneficien �nicamente a unos pocos, consolidando este tipo de econom�a como un pilar fundamental para el desarrollo del pa�s. Asimismo, el art�culo 288 expresa lo siguiente:

�Las compras p�blicas cumplir�n con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizar�n los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la econom�a popular y solidaria, y de las micro, peque�as y medianas unidades productivas.� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

El p�rrafo anterior destaca la prioridad otorgada a la econom�a popular y solidaria en los procesos de contrataci�n p�blica, tanto en la prestaci�n de servicios como en el suministro de bienes. Esto refleja c�mo el marco jur�dico ecuatoriano promueve la inserci�n y sostenibilidad de este tipo de organizaci�n econ�mica, permitiendo la promulgaci�n de leyes de menor jerarqu�a que refuercen su desarrollo en el �mbito social. Diversas pol�ticas buscan impulsar el crecimiento de la econom�a popular y solidaria, y una de ellas se visibiliza en el art�culo 311 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, orientada en el sentido siguiente:

�El sector financiero popular y solidario se compondr� de cooperativas de ahorro y cr�dito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, peque�as y medianas unidades productivas, recibir�n un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la econom�a popular y solidaria.�

C�digo Org�nico Monetario y Financiero

Esta normativa proporciona mayor estabilidad a los sectores que conforman la econom�a popular y solidaria, al establecer una Superintendencia de Econom�a Popular y Solidaria. Seg�n el art�culo 74, esta entidad act�a como �rgano controlador, regulador y supervisor del sector financiero popular y solidario, fortaleciendo su funcionamiento y asegurando el cumplimiento de sus objetivos.

Ley Org�nica de Econom�a Popular y Solidaria.

La normativa actual conceptualiza a la �econom�a popular y solidaria� como un sector donde se produce un intercambio de bienes y servicios con fines de lucro. Sin embargo, lo que la distingue de otras organizaciones econ�micas va m�s all� de la simple acumulaci�n de capital, enfoc�ndose en un enfoque m�s humanizado y respetuoso de la naturaleza, orientado a satisfacer necesidades humanas. Este tipo de econom�a agrupa a peque�os empresarios y emprendedores de sectores espec�ficos que, al no contar con grandes recursos, se asocian con otros sectores peque�os para lograr objetivos comunes.

El art�culo 3 de la presente ley establece, entre sus numerales, la potenciaci�n de estas pr�cticas econ�micas, especialmente en comunas, comunidades y pueblos, ya que su contribuci�n a la capacidad productiva de un pa�s representa un desarrollo econ�mico significativo, permitiendo la inclusi�n de agentes que, de manera individual, dif�cilmente podr�an participar. Esta potenciaci�n incluye la capacitaci�n y la inversi�n estatal para que estas econom�as puedan integrarse y desenvolverse en el mercado (Ley Org�nica de la Econom�a Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011).

Reglamento General de la Ley Org�nica de la Econom�a Popular y Solidaria

Este reglamento establece las formas de constituir una organizaci�n de econom�a popular y solidaria y regula su funcionamiento, definiendo los requisitos necesarios para obtener la personalidad jur�dica. Existen tres tipos de organizaci�n de econom�a popular y solidaria: organizaciones comunitarias, asociaciones y cooperativas. De este modo, se puede apreciar c�mo este tipo de econom�a impulsa a sectores espec�ficos a ingresar al mercado con mayores posibilidades de permanencia y eficiencia en el cumplimiento de su funci�n.

2.2        Normativa Internacional

Las legislaciones analizadas son Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay con el fin de determinar la importancia y funcionalidad de este tipo de econom�a en un ordenamiento jur�dico distinto al de Ecuador, as� como conocer si su existencia aporta o ha aportado significativamente dentro de su r�gimen econ�mico (Reglamento General de la Ley Org�nica de Econom�a Popular y Solidaria, 2020).

 

 

 

2.2.1       Bolivia

Constituci�n Pol�tica del Estado en el art�culo 311 numeral 6 se�ala que: El Estado fomentar� y promocionar� el �rea comunitaria de la econom�a como alternativa solidaria en el �rea rural y urbana (Constituci�n Pol�tica del Estado, 2009).

Este tipo de econom�a enmarca su accionar en el �rea rural y urbana buscando incrementar con mayor �nfasis la intervenci�n de comunidades ind�genas y campesinas en la econom�a con el fin de fortalecer los procesos productivos de estos sectores para que se conviertan en una fuente de producci�n y contribuyan a la econom�a estatal a trav�s del crecimiento econ�mico.

Ley de la Econom�a Social Comunitaria

De conformidad al art�culo 2 de la presente Ley manifiesta que:

La presente Ley tiene como objetivo regular la agricultura sustentable y las actividades familiares diversificadas realizadas por las Organizaciones Econ�micas Campesinas e Ind�genas Originarias (Ley N� 338, 2013). El enfoque de la econom�a popular o solidaria se dirige mayoritariamente al sector rural, incentivando su participaci�n en este tipo de organizaci�n econ�mica mediante pol�ticas que facilitan y optimizan el uso de la tierra. Esto contrasta significativamente con el caso de Ecuador, donde la econom�a popular y solidaria se centra especialmente en el sector financiero, beneficiando principalmente a las organizaciones que contribuyen a este �mbito, como las cooperativas. As�, se observa una mayor consistencia en la normativa ecuatoriana en relaci�n con este modelo econ�mico, dado su enfoque en el fortalecimiento del sector financiero en lugar del agr�cola.

2.2.2       Brasil

En el Marco legal brasile�o no se cuenta con una estructura respecto a un tipo de econom�a popular y solidaria, pero pese a ello en la Constituci�n que data de 1988 se establecen principios generales de solidaridad y aspectos que tienen que ver con la reducci�n de desigualdades, mismas que han dado paso a la creaci�n de marcos jur�dicos que solventan sectores que participan en este tipo de organizaci�n econ�mica.

Constituci�n de la Rep�blica Federativa del Brasil

Esta constituci�n tiene vigencia a partir de 1988 misma que ha tenido reformas en otros sectores, sin embargo, en lo que respecta a la econom�a popular y solidaria no existe un ordenamiento jur�dico que trate �nicamente al respecto, pero como lo menciona el art�culo 170.7, expresa qu�:

�El orden econ�mico, fundado en la valoraci�n del trabajo humano y en la libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos una existencia digna, de acuerdo con los dictados de la Justicia Social, observando los siguientes principios: 7. Reducci�n de las desigualdades regionales y sociales� (Constituci�n Pol�tica de la Republica Federativa del Brasil, 1988).

En el ordenamiento jur�dico brasile�o, aunque el conocimiento sobre las econom�as populares y solidarias es limitado, existen numerosas leyes que fomentan este sector. Cada normativa establece la gesti�n de ciertas actividades espec�ficas, de modo que, en Brasil, las cooperativas cuentan con una regulaci�n y administraci�n particular, al igual que las microempresas y los programas orientados a la inclusi�n social y econ�mica.

Ley General de Cooperativas

Esta normativa regula el manejo y funcionamiento de las cooperativas, destacando su importancia al considerarlas como actores fundamentales dentro de la econom�a (Althaus., 1974). Sin embargo, la normativa brasile�a, a diferencia de la ecuatoriana, es menos estructurada en la regulaci�n de las entidades que gestionan este tipo de econom�as. En Ecuador, existe una estructura detallada sobre el funcionamiento de estas organizaciones econ�micas, lo que facilita su regulaci�n y desarrollo.

2.2.3       Argentina

El marco legal argentino no presenta una estructura espec�fica para los grupos u organizaciones de Econom�a Popular y Solidaria, como en el caso ecuatoriano. Sin embargo, se han establecido ciertos lineamientos que han facilitado la creaci�n de cooperativas y el apoyo a emprendedores.

Constituci�n de la Naci�n Argentina

Art�culo 75.19 indica lo siguiente:

�Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econ�mico con justicia social, a la productividad de la econom�a nacional, a la generaci�n de empleo, a la formaci�n profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigaci�n y al desarrollo cient�fico y tecnol�gico, su difusi�n y aprovechamiento.� Proveer al crecimiento arm�nico de la Naci�n y al poblamiento de su territorio; promover pol�ticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado ser� C�mara de origen.�(Constituci�n de la Naci�n Argentina, 1994).

Aunque esta Constituci�n no menciona directamente la econom�a popular y solidaria, incluye t�rminos clave que permiten crear normativas complementarias que impulsan este tipo de organizaciones econ�micas. Esto es evidente al se�alar 'progreso econ�mico con justicia social,' lo cual implica una igualdad de oportunidades (Novaro & Hecht, 2017). As�, el Estado buscar� m�todos, estrategias y t�cnicas que, canalizadas mediante pol�ticas p�blicas, contribuyan a alcanzar este ideal.

En el caso de 'promover pol�ticas p�blicas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones,' esta normativa no solo busca un equilibrio entre las diferentes clases, sino que tambi�n evidencia el crecimiento desigual entre ciertas ciudades y poblados. Por ello, se reconoce t�citamente el potencial de algunas regiones del pa�s, que puede ser aprovechado sin necesidad de que sus habitantes se trasladen a grandes ciudades.

En Argentina, surgen diversas leyes, como la Ley de Asociaciones Mutuales (Ley 20.321 de 1973), que regula estas asociaciones y desempe�a un papel importante dentro de la econom�a solidaria del pa�s. Asimismo, la Ley de Cooperativas (Ley 20.337 de 1973) establece una normativa para regular las cooperativas, proporcionando una estructura legal y definiendo su organizaci�n y principios operativos. De esta forma, numerosas normativas contribuyen a cumplir con los principios establecidos en su norma suprema.

2.2.4       Uruguay

La normativa uruguaya incluye leyes que responden a las necesidades b�sicas de una poblaci�n que busca equilibrio en el sector econ�mico, aunque no se contempla un reconocimiento expl�cito en su Constituci�n. Por esta raz�n, estas normativas son recientes, ya que no exist�a un r�gimen especial para la econom�a popular y solidaria. Actualmente, una ley denominada 'Ley de Econom�a Social y Solidaria' se encuentra en discusi�n desde 2020 (Ley N� 19.848, 2019).

Ley de Cooperativas

Esta normativa integra en su cuerpo legal una econom�a denominada 'Econom�a Social y Solidaria,' en la que se promueve exclusivamente a las cooperativas como medio id�neo y factor principal dentro de la econom�a uruguaya (Normativa y Avisos Legales del Uruguay, 2008).

2.2.5       Colombia

La legislaci�n colombiana no incluye un reconocimiento expl�cito de la econom�a solidaria en su norma suprema, la Constituci�n de 1991. Sin embargo, entre sus principios se promueven la justicia social y la equidad, lo que ha permitido el desarrollo de una serie de normas que establecen un marco general para la Econom�a Solidaria.

Constituci�n Pol�tica de Colombia

Art�culo 333, inciso segundo:

�La empresa, como base del desarrollo, tiene una funci�n social que implica obligaciones. El Estado fortalecer� las organizaciones solidarias y estimular� el desarrollo empresarial�

La norma suprema establece precedentes que permiten la creaci�n de leyes dentro del ordenamiento jur�dico colombiano, en las cuales se se�ala el apoyo estatal a organizaciones solidarias o que cumplen esa funci�n, convirti�ndolas en actores directos con el fin de lograr una inserci�n �ptima en el entorno social y contribuir al crecimiento econ�mico del pa�s.

Ley 454

De acuerdo con el art�culo 1 de esta norma, se establece que el objeto de esta normativa es regular la econom�a solidaria mediante la creaci�n de nuevas instituciones y la transformaci�n de algunas ya existentes. A diferencia de otras legislaciones, aqu� se contempla la creaci�n de una Superintendencia de la Econom�a Solidaria (Ley 454/98, 1998). Asimismo, en su art�culo 2, la norma define el concepto de econom�a solidaria como un sistema econ�mico, cultural y ambiental. Al igual que la legislaci�n ecuatoriana, se�ala que su finalidad no es el lucro, sino el desarrollo integral del ser humano.

2.3        Financiamiento y apoyo t�cnico

Una de las principales estrategias de las pol�ticas p�blicas para fortalecer la econom�a popular y solidaria (EPS) ha sido facilitar el acceso a cr�ditos y recursos financieros para los emprendimientos ciudadanos. Entre las iniciativas m�s destacadas se incluyen las implementadas por organismos internacionales. La Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido la importancia de la econom�a popular y solidaria para el desarrollo sostenible y la reducci�n de la pobreza en diversos pa�ses. Seg�n Naciones Unidas (2023), algunas de sus iniciativas incluyen el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que proporciona asistencia t�cnica y financiera a proyectos de EPS alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adem�s, la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) promueve el emprendimiento social y la creaci�n de empleos decentes mediante la EPS, entendiendo que esta no solo contribuye al desarrollo econ�mico, sino que tambi�n fomenta la inclusi�n social y mejora las condiciones laborales (Organizaci�n Internacional del Trabajo, 2023).

La Uni�n Europea (UE) tambi�n ha implementado programas de cooperaci�n para apoyar la EPS en Am�rica Latina, entre ellos EUROsocial, que facilita el intercambio de experiencias y buenas pr�cticas entre instituciones de la UE y Am�rica Latina. En Ecuador, EUROsocial ha contribuido a la formulaci�n de pol�ticas p�blicas clave para mejorar la cohesi�n social, en colaboraci�n con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Delegaci�n de la Uni�n Europea. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado pr�stamos y asistencia t�cnica para proyectos de EPS en Ecuador. Seg�n el BID (2024), su objetivo es atender las necesidades de vivienda de la EPS mediante financiamiento para las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS), con un enfoque en sostenibilidad e inclusi�n financiera para mujeres, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades.

La Corporaci�n Andina de Fomento (CAF) ha financiado iniciativas de EPS en Ecuador mediante l�neas de cr�dito para entidades financieras solidarias y programas de asistencia t�cnica. Estas iniciativas, gestionadas a trav�s de la Corporaci�n Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS), buscan dinamizar el acceso a financiamiento para estas unidades productivas y fortalecer la EPS (Banco de Desarrollo de Am�rica Latina y el Caribe, 2023). En Ecuador, la administraci�n de la EPS cuenta con varias entidades rectoras y reguladoras (Castro, 2018b): el Comit� Interinstitucional de la Econom�a Social y su Consejo Consultivo son responsables de la rector�a, mientras que la Superintendencia de Econom�a Popular y Solidaria (SEPS) realiza el control. El Instituto de Econom�a Popular y Solidaria (IEPS), adscrito al Ministerio de Inclusi�n Econ�mica y Social (MIES), se encarga de la promoci�n y fomento de la EPS. La Corporaci�n Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS) y la Secretar�a del Fondo de Liquidez y de Seguros de Dep�sitos proporcionan apoyo financiero.

La CONAFIPS ha sido fundamental en este proceso, otorgando l�neas de cr�dito preferenciales a organizaciones de EPS, principalmente cooperativas de ahorro y cr�dito, para financiar proyectos productivos (Castro, 2018b). Esta entidad desarrolla l�neas de cr�dito adaptadas a las necesidades de la poblaci�n, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, el autoempleo y el fortalecimiento de micro y peque�as unidades econ�micas populares. Para esto, eval�a las condiciones financieras �ptimas para garantizar un equilibrio entre las necesidades de socios y clientes y las posibilidades de financiamiento en t�rminos de plazos y montos. La estratificaci�n de tasas de inter�s es un componente clave de estas l�neas de cr�dito, ya que permite ajustar los incentivos seg�n el nivel de pobreza de las �reas y actividades beneficiadas. Esto asegura que las tasas de inter�s sean accesibles y efectivas, promoviendo as� una mayor inclusi�n financiera.

La l�nea de cr�dito para la EPS ha sido dise�ada como un mecanismo amplio que facilita y promueve la creaci�n de productos financieros que respondan a la demanda de este sector, expandi�ndolos hacia regiones geogr�ficas desatendidas, en condiciones de f�cil acceso, moderado costo y plazos adecuados (Castro, 2018b). Para alcanzar estos objetivos, la CONAFIPS ofrece una l�nea de financiamiento atractiva para organizaciones con experiencia en finanzas populares, comprometidas a expandir su cobertura y calidad en apoyo a la EPS. Los cr�ditos se otorgan a los beneficiarios finales en condiciones definidas por las OSFPS seleccionadas, y estos organismos han sido fundamentales en el impulso de la EPS en Am�rica Latina, especialmente en Ecuador, complementando los esfuerzos gubernamentales para mantener y fortalecer este sector dentro de la econom�a.

2.4        Casos de an�lisis

2.4.1       Casos de Econom�a Popular y Solidaria en Uruguay

Caso 1: Las empresas recuperadas como cooperativas de trabajo en Uruguay

En Uruguay, las empresas recuperadas, como las cooperativas de trabajo, se presentan como una alternativa viable frente a la quiebra de empresas privadas, reflejando los principios de la econom�a solidaria. Sin embargo, este proceso enfrenta tanto oportunidades como desaf�os. Un ejemplo representativo es el Molino Santa Rosa, recuperado en 1998 tras la quiebra de su empresa anterior. Este caso muestra que, aunque la autogesti�n y la solidaridad permiten mantener la producci�n y el empleo, las cooperativas recuperadas enfrentan dificultades como la falta de acceso a financiamiento y la necesidad de apoyo institucional para su sostenibilidad a largo plazo (Mart� et al., 2014)​. En contraste, estudios se�alan que la consolidaci�n de estas cooperativas puede llevar a una mejora significativa en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, quienes pasan de ser empleados dependientes a gestores aut�nomos, con un incremento notable en la dignidad y estabilidad laboral (Reb�n & Rieiro Casti�eira, 2020).

Adem�s, seg�n Mendes et al. (2014), las incubadoras tecnol�gicas y la participaci�n activa de las universidades tambi�n juegan un papel crucial en la transferencia de conocimientos y en la creaci�n de redes de apoyo que potencien el desarrollo de estas cooperativas, convirtiendo la econom�a solidaria en un motor de transformaci�n social y econ�mica sostenible​

Caso 2: Entramados afectivos en movimiento: redes de Econom�a Social y Solidaria en Uruguay

El an�lisis de las redes de Econom�a Social y Solidaria (ESS) en Uruguay, como la Red de Grupos de Mujeres Rurales (REDMU) y la Red de Agroecolog�a del Uruguay (RAU), revela c�mo estas iniciativas colectivas se organizan a partir de entramados afectivos que cuestionan y tensan los modelos hegem�nicos. Estas redes, surgidas como respuesta a crisis sociales, econ�micas y medioambientales, han logrado politizar la vida cotidiana de sus integrantes, generando nuevas formas de subjetivaci�n. A trav�s de pr�cticas agroecol�gicas y de cuidado comunitario, estas redes promueven circuitos cortos de comercializaci�n y sustentabilidad de la vida, lo que las posiciona como actores clave en el contexto de crisis, particularmente durante la pandemia del COVID-19. Al priorizar los v�nculos solidarios sobre las l�gicas de mercado, REDMU y RAU proponen alternativas econ�micas centradas en la vida y en la preservaci�n de los bienes comunes (Weisz et al., 2022).

Por otro lado, la Ley de Econom�a Social y Solidaria aprobada en 2019 ofrece una estructura de apoyo que integra tanto actores tradicionales como emergentes, entre ellos, las redes de producci�n artesanal y agroecol�gica, que han mostrado un notable crecimiento durante la pandemia del COVID-19 (Guerra & Reyes Lavega, 2020). Sin embargo, uno de los desaf�os m�s importantes que enfrenta este modelo es la integraci�n y el financiamiento de estas entidades, ya que muchas carecen de personalidad jur�dica, lo que las deja fuera del apoyo estatal formal

2.4.2       Casos de Econom�a Popular y Solidaria en Ecuador

Caso 1: La econom�a popular y solidaria y el desarrollo socioecon�mico de los comerciantes del mercado Lizarzaburu

Este estudio, realizado en Riobamba, Ecuador, se enfoca en c�mo la econom�a popular y solidaria (EPS) ha influido en el desarrollo socioecon�mico de los comerciantes del mercado Lizarzaburu. Mediante un enfoque cuantitativo, se encuestaron a 152 comerciantes, de los cuales el 50% afirm� que la EPS ha tenido un impacto positivo en el crecimiento de sus negocios. Sin embargo, el acceso a financiamiento sigue siendo una barrera, con un 30% de los encuestados reportando "poca dificultad" y un 22% se�alando una "muy gran dificultad" en este aspecto. El an�lisis estad�stico con Chi-cuadrado revel� una asociaci�n significativa entre la participaci�n en la EPS y el desarrollo de los comerciantes, con un p-valor de 0.001 (p<0.05), lo que indica que la EPS es un factor relevante en la mejora de las condiciones socioecon�micas de los involucrados (Rivera Solano, 2024).

Este resultado es coherente con las observaciones de Caiza Ibarra (2022), quien se�ala que las pol�ticas p�blicas en Ecuador han sido cruciales para promover y fortalecer las organizaciones de EPS, facilitando el acceso a recursos productivos para sectores hist�ricamente marginados. Sin embargo, destaca que la creaci�n de un marco legal no es suficiente; es necesaria una implementaci�n efectiva para que estas pol�ticas logren su objetivo de promover el bienestar y la sostenibilidad econ�mica de los actores de la EPS.

Caso 2: Econom�a popular y solidaria como alternativa de desarrollo en el cant�n Patate

Este segundo estudio, centrado en el cant�n Patate, Ecuador, explora c�mo la EPS puede ser una alternativa viable para el desarrollo socioecon�mico en la regi�n, a pesar de desaf�os como las erupciones volc�nicas y la falta de planificaci�n local. A trav�s de un enfoque cualitativo y cuantitativo, se investig� la posibilidad de implementar un almac�n comunitario para facilitar el intercambio de productos locales, lo que podr�a mejorar las condiciones econ�micas de la poblaci�n. Los resultados indican que la cooperaci�n comunitaria y la participaci�n ciudadana son esenciales para enfrentar los desaf�os econ�micos en la regi�n (S�nchez C�liz, 2014).

En l�nea con este enfoque, el Instituto Nacional de Econom�a Popular y Solidaria (IEPS) present� en 2019 un nuevo modelo de gesti�n que tiene como objetivo fortalecer los emprendimientos de la EPS mediante la creaci�n de alianzas estrat�gicas y el desarrollo de capacidades en los territorios (Boza Valle & Manjarez Fuentes, 2016). Esto coincide con las necesidades observadas en Patate, donde la implementaci�n de proyectos productivos como un almac�n comunitario podr�a fortalecer la cohesi�n social y mejorar la seguridad alimentaria de la comunidad.

2.4.3       Casos de Econom�a Popular y Solidaria en Colombia

Caso 1: Mujeres rurales de Gualmat�n

El caso de las mujeres rurales de Gualmat�n, en Pasto (Nari�o, Colombia), muestra c�mo un grupo de 35 mujeres, lideradas por Mar�a Cuaspud y Yolanda Cha�ag, ha utilizado la Econom�a Solidaria para enfrentar los desaf�os econ�micos que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Estas mujeres, que trabajan en la producci�n de hortalizas, arom�ticas y tub�rculos en peque�as parcelas familiares, depend�an inicialmente de la venta de sus productos en los mercados locales de Pasto. Sin embargo, las restricciones impuestas por la cuarentena llevaron al grupo a reestructurar sus pr�cticas de comercializaci�n. Con el apoyo de sus hijos, implementaron estrategias de comercio justo, promocionaron sus productos en l�nea y distribuyeron canastas agroalimentarias a domicilio. Aunque estas iniciativas fueron exitosas durante la cuarentena, tras el levantamiento de las restricciones, el grupo not� una ca�da en las ventas, lo que las impuls� a explorar la formalizaci�n de su actividad bajo los principios de la Econom�a Solidaria para mantener su fuente de ingresos y darle sostenibilidad a largo plazo (Villarreal Rodr�guez & Oduber Pe�aloza, 2020).

La experiencia de las mujeres de Gualmat�n pone de manifiesto la importancia de la Econom�a Solidaria como un mecanismo para responder a las crisis econ�micas y sociales. A trav�s de la organizaci�n colectiva y el apoyo comunitario, lograron mantener sus actividades productivas durante una coyuntura tan dif�cil como la pandemia. Sin embargo, la ca�da en las ventas tras la reapertura econ�mica destaca la vulnerabilidad de estas iniciativas cuando no est�n formalmente estructuradas dentro del marco de la Econom�a Solidaria (Mart� et al., 2023).

Caso 2: Hogar del trueque para las familias del Municipio de Tumaco

El Hogar del Trueque en el Municipio de Tumaco (Nari�o) es una iniciativa de la Escuela Afro para Afro, donde 30 mujeres afrodescendientes se re�nen para planificar proyectos y emprendimientos con enfoque de g�nero y de innovaci�n social territorial. Este espacio no solo busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres en t�rminos econ�micos y psicosociales, sino tambi�n fomentar la relaci�n y colaboraci�n entre ellas. El proyecto se materializa en el Hogar del Trueque, un espacio itinerante donde se comparten saberes tradicionales, como el baile del currulao y la medicina ancestral, en un ambiente que promueve la confianza y el fortalecimiento de la comunidad. Lo que lo hace innovador es su naturaleza aut�noma y su flexibilidad, ya que puede ser acogido en cualquier hogar de las participantes, simbolizando un intercambio continuo de conocimientos y fortaleciendo los lazos afectivos y sociales entre las mujeres del grupo (Villarreal Rodr�guez & Oduber Pe�aloza, 2020).

El enfoque del Hogar del Trueque se alinea con las din�micas de la Econom�a Social y Solidaria (ESS), que promueve la colaboraci�n comunitaria y el intercambio de saberes como mecanismos de inclusi�n social y econ�mica. Seg�n Guerra and Reyes Lavega (2020), este tipo de iniciativas permiten generar un sentido de pertenencia y fortalecen el capital social dentro de las comunidades, lo cual es esencial para el �xito de los proyectos basados en la autogesti�n y la solidaridad.

2.4.4       Casos de Econom�a Popular y Solidaria en Brasil

Caso 1: Econom�a solidaria no Estado do Amap�

Seg�n la Secretar�a Nacional de Econom�a Solidaria, la econom�a solidaria en Amap� ha surgido como una respuesta ante la pobreza (12% de la poblaci�n en situaci�n de pobreza) y el desempleo, ofreciendo alternativas econ�micas a trav�s de asociaciones (53,6%), grupos informales (37,5%) y cooperativas (8,5%). La mayor�a de estos emprendimientos en la regi�n se orientan hacia actividades productivas, con m�s del 70% indicando que su creaci�n fue motivada por la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, uno de los principales retos identificados es el acceso limitado a financiamiento, ya que el 77% de los emprendimientos no lograron obtener apoyo financiero en los �ltimos 12 meses, a pesar de que la mayor�a reconoce la necesidad de estos recursos para su desarrollo (Santos et al., 2019).

Para fortalecer estos emprendimientos, resulta fundamental incrementar la inversi�n en capacitaci�n y mejorar el apoyo institucional, permitiendo as� que la econom�a solidaria se consolide como un pilar clave para el desarrollo econ�mico y social de la regi�n.

Caso 2: Transformaci�n econ�mica a trav�s de la moneda social en Fortaleza

Autores como Rigo and Ventura (2019), analizan el uso de monedas sociales en Brasil, con un enfoque en el Banco Palmas, un banco comunitario establecido en el barrio Conjunto Palmeira de Fortaleza en 1998. Este banco utiliza la moneda social "Palma" para impulsar la econom�a local, facilitar el acceso a microcr�ditos y promover el consumo en la comunidad. Alrededor de 240 negocios en la comunidad aceptan actualmente la "Palma" como medio de pago, lo que ha permitido una mayor circulaci�n de bienes y servicios dentro de la regi�n. En sus primeras etapas, la emisi�n de la moneda estaba respaldada por 2,000 reales brasile�os, donados por la iglesia local, lo que sirvi� como base para ofrecer microcr�ditos a los residentes. Para el a�o 2012, aproximadamente 40,000 Palmas estaban en circulaci�n en el barrio, con un sistema de garant�as que respaldaba cada Palma con su equivalente en reales en una cuenta bancaria.

Uno de los desaf�os m�s importantes es la replicabilidad de este modelo en otras comunidades con diferentes caracter�sticas. Para garantizar el �xito de la re-aplicaci�n de esta tecnolog�a social, es crucial que se adapten los mecanismos financieros y de gobernanza a las necesidades locales. El reconocimiento de la "Palma" como una herramienta leg�tima por parte de los comerciantes locales y su aceptaci�n por la comunidad han sido factores clave en su �xito (Rigo & Ventura, 2019).

2.4.5       Casos de Econom�a Popular y Solidaria en Argentina

Caso 1: Confederaci�n de Trabajadores de la Econom�a Popular

La Confederaci�n de Trabajadores de la Econom�a Popular (CTEP en la CGT): Entre la organizaci�n sindical y el conflicto pol�tico-social (Argentina, 2011-2017) se enfoca en el crecimiento de la CTEP, una organizaci�n clave dentro de la Econom�a Popular, Social y Solidaria (EPSS) en Argentina. Creada en 2011, la CTEP logr� reunir diversas organizaciones sociales y cooperativas bajo una estructura gremial que busca el reconocimiento de los trabajadores de la econom�a popular. Para 2016, a trav�s de la Ley de Emergencia Social, la CTEP consigui� el reconocimiento de aproximadamente 1,5 millones de trabajadores del sector informal, quienes accedieron a un salario social complementario. El 53% de las acciones colectivas fueron convocadas por la CTEP, principalmente en �reas como el reciclaje urbano, cooperativas de infraestructura y la agricultura familiar (Mu�oz & Villar, 2017).

La creaci�n y consolidaci�n de la CTEP resalta la importancia de la EPSS como respuesta a la exclusi�n del mercado laboral formal en Argentina. La organizaci�n ha logrado avances significativos en la representaci�n de los trabajadores de la econom�a popular, quienes tradicionalmente han sido marginados del sistema sindical formal. Sin embargo, las tensiones entre su rol como movimiento social y su aspiraci�n de convertirse en un sindicato reconocido subrayan los desaf�os estructurales que enfrenta la EPSS.

Caso 2: Trabajadores de la Econom�a Popular

Autores como �lvarez (2018), detallan la experiencia de los vendedores ambulantes en Argentina, quienes, organizados en cooperativas bajo la Confederaci�n de Trabajadores de la Econom�a Popular (CTEP), enfrentan la exclusi�n del mercado laboral formal. Estos vendedores han desarrollado estrategias colectivas para mejorar su situaci�n socioecon�mica, lo que incluye la Cooperativa de Vendedores Unidos del Tren San Mart�n. Esta cooperativa fue formalizada en 2014 y en 2017 obtuvo personer�a jur�dica por el Instituto Nacional de Econom�a Social (INAES). Es as� que en eventos como la "Caravana de la Dignidad", m�s de 100.000 personas participaron para exigir la Ley de Emergencia Social en 2016, lo que culmin� en la implementaci�n del Salario Social Complementario para trabajadores informales cuyos ingresos est�n por debajo del salario m�nimo​.

El caso de los vendedores ambulantes en Argentina refleja la creciente organizaci�n de los trabajadores de la econom�a popular en busca de derechos sociales y laborales. A trav�s de la CTEP, estas cooperativas han logrado importantes avances, aunque a�n enfrentan desaf�os significativos, especialmente en lo que respecta al reconocimiento formal y el acceso a los beneficios laborales.

2.4.6       Casos de Econom�a Popular y Solidaria en Bolivia

Caso 1: Productores de quinua en el Altiplano

Autores como Collao P�rez and Muriel Hern�ndez (2024), analizan la relevancia de la EPSS en el sector quinuero de Bolivia, donde los peque�os productores han sido actores clave en la producci�n de quinua real, particularmente en el Altiplano Sur. Estos agricultores enfrentan desaf�os relacionados con la sostenibilidad de sus pr�cticas, como la erosi�n del suelo y la falta de tecnolog�as adecuadas, lo que ha resultado en una disminuci�n de los rendimientos, de 0,75 toneladas por hect�rea en 1970 a 0,52 en 2022. En 2022, Bolivia produjo 44.7 mil toneladas de quinua en una superficie de 123.6 mil hect�reas, en un contexto de creciente competencia internacional, principalmente de Per�.

Los peque�os productores bolivianos tienen la oportunidad de mejorar su posici�n en el mercado global mediante la implementaci�n de pr�cticas de comercio justo y la diferenciaci�n de productos, as� como la certificaci�n org�nica de la quinua real del Altiplano Sur. Estos enfoques no solo permiten a los productores acceder a mejores precios, sino que tambi�n refuerzan el compromiso de la EPSS con la equidad y la sostenibilidad.

Caso 2:� Organizaciones Econ�micas Campesinas

La conceptualizaci�n y evoluci�n de la EPSS en Bolivia, destaca la importancia de las econom�as comunitarias e ind�genas como alternativa al capitalismo neoliberal. A partir de la Constituci�n de 2009, Bolivia formaliz� un marco econ�mico plural que reconoce la econom�a social y cooperativa. Entre las iniciativas destacadas est�n las Organizaciones Econ�micas Comunitarias (OECOM) y las Organizaciones Econ�micas Campesinas (OECA), que agrupan a peque�os productores rurales en cooperativas que buscan un bienestar colectivo. Adem�s, la importancia de los principios de solidaridad y reciprocidad, que est�n profundamente enraizados en las pr�cticas ancestrales ind�genas como el ayni (trabajo rec�proco) y el trueque (intercambio de bienes sin uso de dinero), contin�an siendo elementos centrales del modelo boliviano (Ferguson, 2018).

3         Conclusiones

La implementaci�n de pol�ticas p�blicas orientadas a la EPS en diversos pa�ses ha evidenciado logros y desaf�os clave. En Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil, se han desarrollado marcos legales que promueven la inclusi�n de sectores comunitarios y cooperativos, formalizando actividades econ�micas bajo principios de solidaridad y sostenibilidad. Este respaldo jur�dico ha facilitado el acceso a financiamiento capacitaci�n y programas de desarrollo mejorando las condiciones socioecon�micas en �reas vulnerables. Sin embargo, la efectividad de estas pol�ticas se ve limitada por obst�culos como la falta de coordinaci�n entre niveles de gobierno, las barreras administrativas y el financiamiento insuficiente, adem�s de la necesidad de adaptarse a las especificidades de cada contexto local. Para que la EPS alcance un impacto sostenible y de largo plazo es esencial fortalecer la implementaci�n de pol�ticas potenciar la participaci�n comunitaria y mejorar la cooperaci�n entre el Estado y las comunidades, asegurando as� un desarrollo inclusivo que responda a los desaf�os particulares de cada regi�n.

 

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