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El principio de jerarqu�a en los actos administrativos

 

The principle of hierarchy in administrative acts

 

O princ�pio da hierarquia nos atos administrativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: mariaisabelendaravinan@gmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 05 de octubre de 2024 *Aceptado: 10 de noviembre de 2024 * Publicado: �15 de diciembre de 2024

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

      II.            Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

 

Resumen

El principio de jerarqu�a de la norma es un principio fundamental del sistema jur�dico que establece el orden y la prevalencia de las normas legales. En el caso del Ecuador, la Carta Magna en vigencia, se�ala que, la Constituci�n es la norma suprema, la de mayor jerarqu�a en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, por tanto, para que una norma o acto del poder p�blico tenga eficacia jur�dica deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Bajo estos argumentos legales, la propuesta investigativa tiene como objetivo, analizar de manera critica el principio de jerarqu�a de la norma para determinar su cumplimiento en los actos administrativos en las instituciones p�blicas. La unidad de an�lisis se ubica en la Rep�blica del Ecuador, espec�ficamente en las instituciones p�blicas de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo; para el estudio del problema jur�dico se aplica el m�todo inductivo, anal�tico jur�dico, jur�dico descriptivo; se asume un enfoque mixto cualicuantitativo; por los objetivos es una investigaci�n pura, dogm�tica, anal�tica jur�dica y descriptiva jur�dica; de dise�o no experimental. La poblaci�n involucrada est� constituida por abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado, a quienes se le aplic� un cuestionario de 5 preguntas modelo Likert; el tratamiento de la informaci�n se lo realiza utilizando t�cnicas matem�ticas, inform�ticas y l�gicas. Los resultados permiten se�alar que en los actos administrativos no se est� garantizando el principio de jerarqu�a y las disposiciones constitucionales, por lo que se concluye se�alando que, se debe ejecutar mecanismos jur�dicos innovadores para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del Ecuador.

Palabras Clave: sistemas jur�dicos; principio jur�dico; imperio de la ley; gesti�n; organizaci�n; operaci�n administrativa.

 

Abstract

The principle of hierarchy of the norm is a fundamental principle of the legal system that establishes the order and prevalence of legal norms. In the case of Ecuador, the current Magna Carta indicates that the Constitution is the supreme norm, the one with the highest hierarchy in the Ecuadorian legal system, therefore, for a norm or act of public power to have legal effectiveness, it must maintain compliance with the constitutional provisions. Under these legal arguments, the investigative proposal aims to critically analyze the principle of hierarchy of the norm to determine its compliance in administrative acts in public institutions. The analysis unit is located in the Republic of Ecuador, specifically in the public institutions of the city of Riobamba, province of Chimborazo; for the study of the legal problem, the inductive, legal-analytical, and descriptive legal method is applied; a mixed qualitative-quantitative approach is assumed; due to the objectives, it is a pure, dogmatic, legal-analytical and legal-descriptive research; of non-experimental design. The population involved is made up of lawyers specializing in administrative law and lawyers from the General Comptroller's Office, to whom a questionnaire of 5 Likert model questions was applied; the information is processed using mathematical, computer and logical techniques. The results allow us to point out that in administrative acts the principle of hierarchy and the constitutional provisions are not being guaranteed, so it is concluded that innovative legal mechanisms must be implemented to guarantee the application of the principle of hierarchy of the norm in administrative acts in public institutions of Ecuador.

Keywords: legal systems; legal principle; rule of law; management; organization; administrative operation.

 

Resumo

O princ�pio da hierarquia das normas � um princ�pio fundamental do sistema jur�dico que estabelece a ordem e a preval�ncia das normas jur�dicas. No caso do Equador, a Carta Magna em vigor indica que a Constitui��o � a norma suprema, aquela que tem maior hierarquia no ordenamento jur�dico equatoriano, pelo que, para que uma norma ou ato do poder p�blico tenha efic�cia jur�dica, devem manter conformidade com as disposi��es constitucionais . Sob estes argumentos jur�dicos, o objetivo da proposta de investiga��o � analisar criticamente o princ�pio da hierarquia da norma para determinar o seu cumprimento em atos administrativos nas institui��es p�blicas. A unidade de an�lise est� localizada na Rep�blica do Equador, especificamente nas institui��es p�blicas da cidade de Riobamba, prov�ncia de Chimborazo; Para estudar o problema jur�dico, aplica-se o m�todo jur�dico indutivo, jur�dico anal�tico e descritivo; assume-se uma abordagem qualitativa-quantitativa mista; Para os seus objetivos, trata-se de uma investiga��o jur�dica pura, dogm�tica, jur�dica anal�tica e jur�dica descritiva; projeto n�o experimental. A popula��o envolvida � constitu�da por advogados especializados em direito administrativo e por advogados da Controladoria-Geral do Estado, aos quais foi aplicado um question�rio de 5 perguntas do modelo Likert; O processamento da informa��o � realizado atrav�s de t�cnicas matem�ticas, computacionais e l�gicas. Os resultados permitem apontar que o princ�pio da hierarquia e as disposi��es constitucionais n�o est�o a ser garantidas nos atos administrativos, pelo que conclu�mos apontando que devem ser executados mecanismos jur�dicos inovadores para garantir a aplica��o do princ�pio da hierarquia da norma nos atos administrativos nas institui��es p�blicas do Equador .

Palavras-chave: sistemas jur�dicos; princ�pio jur�dico; Estado de direito; gest�o; organiza��o; opera��o administrativa.

 

Introducci�n

Un acto es la acci�n que de manera voluntaria o trav�s de una orden realiza una persona, en la misma existe una capacidad para ejecutar una tarea. En el �rea administrativa el acto �es la declaraci�n unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la funci�n administrativa que produce efectos jur�dicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa� (C�digo Org�nico Administrativo, 2017, Art. 98). Conforme al Art.424, los actos del poder p�blico deben sujetarse o mantener conformidad con las disposiciones constitucionales para que sean eficaces jur�dicamente.

�ltimamente los actos administrativos que se han ejecutado en las instituciones p�blicas a nivel nacional y local han sido investigados con el fin de determinar si �stos son legales y cumplen con las disposiciones constitucionales, lo resultados son poco alentadores, se evidencia un incremento considerable de la corrupci�n en la gesti�n administrativa. Por la falta de conformidad de los actos administrativos con las disposiciones constitucionales, �varias autoridades desde la Presidencia de la Rep�blica hasta los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados en todos los niveles han sido involucrados en delitos contra la administraci�n p�blica� (Andino & Herrera, 2023, p. 41)., sin embargo, debido a la negligencia, celeridad y trasparencia de la justicia ecuatoriana, varios de los administradores han fugado, quedando impune los delitos cometidos.

El principio de buena administraci�n p�blica, obliga a los servidores p�blicos a cumplir su trabajo con transparencia cumpliendo obligatoriamente las disposiciones constitucionales y legales, seg�n, son pautas que orientan las actividades p�blicas conforme ciertas reglas para que el ciudadano sea administrado con una buena administraci�n, como principio se complementa con la estricta observancia el principio de juridicidad, cuyo fin es, la eficiencia y calidad de los servicios que ofrece el Estado para la convivencia arm�nica y pac�fica.

Por otra parte, los valores humanos o la aplicaci�n del derecho natural en los actos administrativos juegan un papel fundamental en la trasparencia de la gesti�n p�blica. Como se conoce, dentro del derecho natural se encuentran los principios �ticos y morales que se consideran inherentes a la naturaleza humana y que tienen validez universal, por tanto, en el �rea administrativa la aplicaci�n del derecho natural, implica que estos actos deben ser justos, razonables y se debe garantizar el respetar de los derechos y libertades de las personas, en este sentido, para que se garantice el principio de buena administraci�n, debe existir coherencia entre el derecho natural y derecho positivo, porque previniera �la aparici�n de procesos indebidos producto de decisiones � cuestionables� (Vel�squez, 2023, p. 500).

Finalmente, seg�n Andino & Herrera (2023), la ejecuci�n de los actos administrativos de manera fraudulenta, incumpliendo las disposiciones constitucionales y legales, provoca de manera general tres implicaciones jur�dicas en �rea administrativa, civil y penal, sus sanciones pueden ir desde amonestaciones verbales hasta la privaci�n de la libertad. En efecto, los actos administrativos sin observar el principio de jerarqu�a de la norma son decisiones o resoluciones que toman los administradores que no se ajustan a las disposiciones que emana de la Constituci�n de la Rep�blica y que, en el caso del Ecuador, vulnera el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, generando situaciones de irregularidad y arbitrariedad que pueden ser consideradas ileg�timas, lo que provoca conflictos y contradicciones con el ordenamiento jur�dico vigente.

En este sentido el manuscrito tiene como objetivo, analizar de manera critica el principio de jerarqu�a de la norma para determinar si en la ejecuci�n de los actos administrativos en las instituciones p�blicas se cumplieron. Para alcanzar el prop�sito, se realiza un estudio cr�tico del principio de jerarqu�a, de los actos administrativos y otros temas relacionados con el problema jur�dico. La unidad de an�lisis se ubica en la Rep�blica del Ecuador, provincia de Chimborazo, espec�ficamente en las instituciones p�blicas de la ciudad de Riobamba. Para el estudio del problema jur�dico se aplic� el m�todo inductivo, anal�tico y jur�dico descriptivo; por lo complejidad y los objetivos es una investigaci�n de tipo dogm�tica, de campo, anal�tica jur�dica, jur�dica descriptiva, de dise�o no experimental, por tal raz�n se asume un enfoque mixto cualicuantitativo.

La poblaci�n involucrada est� constituida por Jueces de Garant�as Constitucionales, Abogados especialistas en Derecho Administrativo y Procuradores de las instituciones p�blicas, a quienes se le aplic� un cuestionario de 7 preguntas modelo Likert. Los resultados permiten establecer que, que en los actos administrativos no se est� garantizando el principio de jerarqu�a y las disposiciones constitucionales, para evitar los conflictos jur�dicos se�alados, se propone mecanismo para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del Ecuador.

Las instituciones p�blicas: Son entidades que est�n al servicio y bajo el control del Estado, son creadas para garantizar el bienestar y el desarrollo de la sociedad, as� como para proporcionar servicios p�blicos a los ciudadanos. Constitucionalmente el Estado a trav�s de las instituciones p�blicas gestiona cada sector estrat�gico para poder prestar servicios p�blicos de calidad. En este sentido, �el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estrat�gicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precauci�n, prevenci�n y eficiencia� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, Art. 313), por tanto el Estado es el �responsable de la provisi�n de los servicios p�blicos de agua potable y de riego, saneamiento, energ�a el�ctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los dem�s que determine la ley� (Ibidem, Art. 314).

Bajo estos fundamentos constitucionales, las instituciones p�blicas tienen diversos fines y funciones, en especial garantizar �que los servicios p�blicos y su provisi�n respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, Art. 314), principios que en la pr�ctica son una quimera y un anhelo desesperado, que la ciudadan�a aspira que los servidores p�blicos cumplan en la ejecuci�n de sus acciones y funciones, para recibir servicios de calidad con calidez.�

Conforme a la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) y al Plan Nacional de Descentralizaci�n (2022), con el objetivo de mejorar el servicio y los servicios p�blicos, como parte de la nueva estrategia para construir un Estado democr�tico que procure el Buen Vivir de las y los ecuatorianos, establece que el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Instituye como niveles de gobierno: el gobierno central, y cuatro niveles de gobiernos aut�nomos descentralizados: los gobiernos regionales aut�nomos, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y los gobiernos de las parroquias rurales. Adem�s, crea como reg�menes especiales: los distritos metropolitanos; el consejo de gobierno de la provincia de Gal�pagos; y, las circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades ind�genas, afroecuatorianas y montubias (CTI), disposici�n constitucional que no ha permitido mejorar el funcionamiento de las instituciones p�blicas, tampoco los ecuatorianos reciben servicios p�blicos de calidad, porque los principios como la transparencia, la eficiencia, la rendici�n de cuentas y el respeto a los derechos humanos, se han constituido en textos escritos en un documento; adem�s, la gesti�n administrativa en todas las instituciones del Estado, est�n marcadas por la corrupci�n y actos il�citos que vulneran los principios constitucionales y legales.

Los actos administrativos: Se derivan de la buena administraci�n, que a m�s de ser un principio es un derecho fundamental, que se encuentra reconocido en el Art. 31 del COA (2017), que se concreta en la aplicaci�n de la Constituci�n, los instrumentos internacionales, la ley y el C�digo Org�nico Administrativo; es decir, el principio de buena administraci�n, obliga a funcionarios y servidores p�blicos, a actuar de manera transparente, efectiva, �tica y responsable en el ejercicio de sus funciones, deben tomar decisiones informadas, basadas en el inter�s p�blico y en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los actos administrativos son decisiones o resoluciones adoptadas por la Administraci�n P�blica en el ejercicio de sus funciones. Estos actos son emitidos por �rganos o entidades administrativas y tienen como finalidad la consecuci�n del inter�s p�blico. Para que un acto administrativo sea v�lido, es necesario que cumpla los requisitos establecidos en el Art. 99 de COA (2017), esto es, competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivaci�n.

La competencia del acto administrativo �implica una potestad imperativa o de mando en aras de satisfacer las necesidades colectivas o generales� (Campa�a et al., 2022, p. 399), obliga a los administrativos a ordenar y a los servidos p�blicos a ejecutar el acto administrativo de forma racional y ordenada, para evitar las duplicidades y las omisiones, Seg�n el COA (2017), los servidores p�blicos y las personas deben mantener un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes, lo que implica se�alar que, todos quienes forman parte del Estado, est�n obligados a cumplir el principio de lealtad institucional para que exista una buena administraci�n p�blica, caso contrario, tienen responsabilidad compartida si el acto administrativo es fraudulento e ilegal. La representaci�n legal de las administraciones p�blicas le corresponde a la m�xima autoridad administrativa de la correspondiente entidad p�blica, ejerce su representaci�n para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jur�dicas sujetas a su competencia, sus competencias nacen de la ley y las ejercen los servidores p�blicos, de conformidad con las normas e instrumentos que regulan su organizaci�n y funcionamiento.

El objeto del acto administrativo es la voluntad de la administraci�n p�blica expresada con el fin de producir efectos jur�dicos espec�ficos, es decir, el objeto se refiere a la finalidad que persigue la administraci�n al emitir un acto administrativo. Seg�n Marienhoff (1982), el objeto del acto administrativo se puede manifestar de manera directa y concreta a trav�s de las declaraciones expresas, �las declaraciones expresas pueden manifestarse por escrito, verbalmente o, incluso, por se�as o sonidos, como los ejecutados por un polic�a para controlar el flujo del tr�fico. (Rojas, 2023, p. 327). El objeto puede ser muy diverso y variar seg�n la situaci�n, pero en general se busca el cumplimiento de las normativas y regulaciones establecidas, la protecci�n de los derechos de los ciudadanos, la preservaci�n del orden p�blico, la promoci�n del bienestar com�n, entre otros.

Para ejecutar una acci�n debe existir la voluntad, �facultad del alma que lleva a obrar o abstenerse. Acto de admitir o repelar algo� (Cabanellas, 2012, p. 1002). La voluntad del acto administrativo se refiere a la manifestaci�n de la autoridad administrativa de realizar un determinado acto o tomar una cierta decisi�n, es el resultado de un proceso de an�lisis, evaluaci�n y valoraci�n de las circunstancias y fundamentos legales que respaldan la toma de decisiones administrativas. En este sentido, la voluntad del acto administrativo debe estar debidamente fundamentada en la normativa y los principios que rigen la actividad administrativa, obligaci�n que, en varios actos administrativos, en diferentes instituciones del Estado, no se est�n observando, lo que ha provocado la proliferaci�n de la corrupci�n y acciones ilegales que perjudican a la administraci�n p�blica.

El procedimiento del acto administrativo es el conjunto de pasos y tr�mites que se deben seguir para la emisi�n de un acto administrativo por parte de la autoridad competente; por otra parte, en cada una de las etapas del procedimiento del acto administrativo, se debe observar y aplicar los Principios Generales del Derecho que son rectores del procedimiento administrativo, entre los principios constitucionales y los espec�ficos del procedimiento administrativo. En muchos actos administrativos, se observa que no se ha seguido y cumplido el proceso debido, sin embargo, el acto administrativo se ha ejecutado a pesar de existir la causal de nulidad, para Vel�squez (2023), el indebido proceso de los actos administrativos guarda estrecha relaci�n con la �tica profesional.

La motivaci�n del acto administrativo se puede encontrar en varias normas del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, en este caso, nos centraremos en los que se�ala la Constituci�n y el COA. El Art. 76 numeral 7 literal l de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), textualmente dice, �Las resoluciones de los poderes p�blicos deber�n ser motivadas�, la motivaci�n del acto administrativo debe contener los fundamentos de hecho y derecho para que sea v�lido, caso contrario ser�n nulos y las servidoras o servidores responsables de la violaci�n al principio de motivaci�n, ser�n sancionados.

El COA en su Art. 100, en la motivaci�n del acto administrativo, obliga a observar, 1. El se�alamiento de la norma o principios jur�dicos aplicables y la determinaci�n de su alcance; 2. La calificaci�n de los hechos relevantes para la adopci�n de la decisi�n, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo; y, 3. La explicaci�n de la pertinencia del r�gimen jur�dico invocado en relaci�n con los hechos determinados. La norma precitada admite y faculta para solicitar otros documentos para garantizar la motivaci�n del acto administrativo, en efecto, si la decisi�n del acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende l�gicamente de los fundamentos expuestos, no habr� motivaci�n y el acto administrativo, ser� nulo.

En conclusi�n, la validez de los actos administrativos est� condicionada a diversos requisitos, como la competencia del �rgano emisor, el cumplimiento de los procedimientos establecidos, la motivaci�n de la decisi�n y su legalidad. En caso de que un acto administrativo sea contrario a la ley o cause perjuicio a los interesados, estos pueden interponer recursos administrativos o acudir a los tribunales para impugnarlo.

El principio de jerarqu�a de la norma: Tiene como funci�n principal establecer el orden jer�rquico de importancia y aplicabilidad de las normas del ordenamiento jur�dico de un Estado., En el Estado constitucional de derechos y justicia como lo es el Ecuador, la Constituci�n de la Rep�blica es la m�xima norma y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico, es decir, todas las normas que rigen en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, deben subordinase a la Constituci�n, esto significa que todas las normas deben estar en concordancia con la Carta Magna y no pueden contradecirla, as� lo dispone el Art. 424 de la norma precitada, las normas y los actos del poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica.

Desde el punto de vista reflexivo, los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado, tienen igual jerarqu�a que la Constituci�n de la Rep�blica, �Es esta la que concede a los tratados el rango constitucional, el m�ximo rango dentro del ordenamiento jur�dico interno de un pa�s� (Henderson, 2004, p. 77)., �las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores p�blicos, aplicar�n directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean m�s favorables a las establecidas en la Constituci�n� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, Art. 426)

El orden jer�rquico de la norma, en el Ecuador es Kelsiano, en efecto, seg�n el Art. 425 de la Constituci�n de la Rep�blica (2008), el orden jer�rquico de aplicaci�n de las normas es el siguiente, la Constituci�n; los tratados y convenios internacionales; las leyes org�nicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los dem�s actos y decisiones de los poderes p�blicos.

Las leyes ordinarias se sit�an por debajo de la Constituci�n en la jerarqu�a, estas leyes son elaboradas por el Poder Legislativo y su funci�n es desarrollar y complementar la Constituci�n en �reas espec�ficas, sin embargo, las leyes ordinarias no pueden contradecir lo establecido en la Constituci�n. Por debajo de las leyes ordinarias se encuentran los reglamentos y otras normas de menor rango, estas normas son emitidas por el Poder Ejecutivo y tienen la funci�n de desarrollar y detallar las disposiciones establecidas en las leyes, deben estar en concordancia con la Constituci�n y las leyes ordinarias.

El principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas:� Es un principio del Derecho Administrativo que establece que las normas jur�dicas deben aplicarse de acuerdo con su posici�n en la jerarqu�a normativa. En el caso de las entidades p�blicas, esto significa que los actos administrativos deben estar en l�nea con las normas superiores que les son aplicables; un acto administrativo no puede contradecir una norma de rango superior, ya sea constitucional, legal o reglamentaria. Al respecto, Pe�afiel & Herrera (2023), se�alan, para garantizar una buena gesti�n o administraci�n p�blica en Ecuador, los administrativos o las autoridades que tienen la autoridad legal para realizar y ejecutar actos p�blicos deben cumplir con los principios establecidos en el art�culo 227 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), tanto de manera constitucional como jer�rquica.

La jerarqu�a normativa de los actos administrativos en las instituciones p�blicas se establece en orden descendente de la siguiente manera: La Constituci�n que es considerada como la norma suprema, por lo que los actos administrativos deben estar completamente en l�nea con los principios y derechos establecidos en ella; los tratados y convenios internacionales que crean obligaciones jur�dicas para los Estados que los firman; las leyes org�nicas que garantizan la protecci�n de los derechos fundamentales y libertades p�blicas; la leyes ordinarias que regulan una amplia gama de materias que afectan a la vida diaria de las personas; y, ah� vienen las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los dem�s actos y decisiones de los poderes p�blicos, que son de menor jerarqu�a, empero, los actos administrativos no pueden contravenir las normas establecidas.

En resumen, el principio de jerarqu�a de normas establece que los actos administrativos deben respetar la Constituci�n, las leyes y los reglamentos correspondientes y ajustarse a las normas superiores que les son aplicables. Esto garantiza que los actos administrativos cumplan con las normas legales y no violen los derechos ni contravengan las disposiciones legales.

Mecanismo para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del Ecuador: La norma constitucional ocupa el primer lugar en el sistema jur�dico ecuatoriano, seguida por las leyes org�nicas, las leyes ordinarias y otros tratados y convenios internacionales. Este principio establece que las normas de menor jerarqu�a deben seguir las de mayor jerarqu�a y que, en caso de conflicto, las normas de mayor jerarqu�a deben prevalecer.

El problema que se genera dentro de la jerarqu�a de la norma es la aplicaci�n, es decir, como se efectiviza el principio de jerarqu�a de la norma en los diferentes procesos hablando de manera general y en los actos administrativo de manera espec�fica. Para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas, se pueden implementar varias estrategias y/o mecanismos, uno de ellos es establecer un sistema de control interno que supervise el cumplimiento de las normas en los actos administrativos, esto implica la creaci�n de pol�ticas que permita establecer mecanismos para que se observe la aplicaci�n de los art�culos 424 y 425 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

Otro mecanismo para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del Ecuador, ser�a la capacitaci�n y formaci�n del personal, en este sentido, es fundamental que Escuela de la Funci�n Judicial realice convenios con las Instituciones de educaci�n Superior, para que capacite al personal de las instituciones p�blicas sobre el principio de jerarqu�a de la norma y su aplicaci�n en los actos administrativos, esto incluye proporcionar informaci�n actualizada sobre las normas existentes y brindar orientaci�n sobre c�mo aplicarlas correctamente.

El control judicial es un mecanismo importante para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en el Estado constitucional de derechos y justicia, ya que asegura que las normas jur�dicas sean aplicadas de forma coherente y respetando su jerarqu�a. El control judicial se refiere al poder de los jueces para evaluar la legalidad y constitucionalidad de las leyes, as� como su aplicaci�n en casos espec�ficos, esto significa que los jueces tienen la autoridad para invalidar las normas que sean contrarias a la Constituci�n o a las normas de rango superior, as� como para garantizar que las normas inferiores se apliquen de acuerdo con las normas superiores, en este sentido, los ciudadanos y las partes afectadas por los actos administrativos pueden recurrir a los tribunales para impugnar las decisiones de las instituciones p�blicas y asegurar que se respete la jerarqu�a de las normas.

La jurisdicci�n constitucional y la jurisdicci�n ordinaria realizan el control judicial, los jueces de la jurisdicci�n constitucional tienen la autoridad para vigilar la legalidad de las normas y proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constituci�n, los jueces en la jurisdicci�n ordinaria est�n a cargo de supervisar la legalidad de las leyes y su aplicaci�n en casos particulares, asegurando que se respete la jerarqu�a normativa. En este sentido, mantener el control judicial es esencial para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma, el orden y la seguridad jur�dicos; el control judicial evita la arbitrariedad y garantiza que las normas se apliquen de manera consistente y siguiendo las normas establecidas, adem�s, ayuda a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos al asegurarse de que las normas cumplan con los valores constitucionales y los principios democr�ticos.

Para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del Ecuador, es necesario contar con mecanismos de supervisi�n y auditor�a externa para verificar el cumplimiento de las normas en los actos administrativos, esto puede incluir la participaci�n de organismos de control y fiscalizaci�n, como las unidades de auditor�a interna y externa. Los instrumentos de supervisi�n y auditor�a externa se utilizan para evaluar y controlar el desempe�o de una empresa o entidad, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) o el sector privado pueden llevar a cabo estos mecanismos.

Promover la transparencia y el acceso a la informaci�n es fundamental para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del pa�s. Promover la transparencia y el acceso a la informaci�n significa garantizar que las personas tengan derecho a solicitar y recibir informaci�n de entidades p�blicas y privadas, que la informaci�n sea publicada de manera proactiva y f�cil de entender, que se establezcan mecanismos para que las personas puedan participar en la toma de decisiones y que se protejan a las personas que denuncien actos de corrupci�n o irregularidades y esto es fundamental para combatir la corrupci�n, promover la rendici�n de cuentas, fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de las personas.

 

Metodolog�a de Investigaci�n

La unidad de an�lisis se ubica en la Rep�blica del Ecuador, espec�ficamente en las instituciones p�blicas de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, lugar en el cual se estudi� la variable independiente (principio de jerarqu�a); para el estudio del problema jur�dico, se aplica el m�todo inductivo que parte de observaciones espec�ficas para llegar a conclusiones generales,� anal�tico jur�dico que permite un estudio riguroso y sistem�tico del derecho, facilitando la comprensi�n y aplicaci�n de las normas jur�dicas en casos concretos,� jur�dico descriptivo porque permite describir las cualidades y caracter�sticas del objeto de estudio de forma objetiva y sin juicios de valor; se asume un enfoque mixto cualicuantitativo porque en la investigaci�n se combina elementos cualitativos y cuantitativos para comprender al problema jur�dico; por los objetivos es una investigaci�n pura porque se centra en la adquisici�n de conocimiento sobre las variables de estudio sin tener un objetivo pr�ctico inmediato, dogm�tica porque se centra en el an�lisis de los principios fundamentales de la norma que guarda relaci�n con el problema de estudio, anal�tica jur�dica porque examina y analiza cuestiones jur�dicas de forma espec�fica, detallada y sistem�tica, y, descriptiva jur�dica porque describe de manera detallada al problema jur�dico espec�fico; de dise�o no experimental porque no se manipulan deliberadamente variables independientes, se basa en la observaci�n del objeto de estudio tal como se presentan en su entorno natural.

Para la obtenci�n de la muestra de la poblaci�n involucrada, se aplica la t�cnica del muestreo no probabil�stico a criterio y conveniencia de los investigadores seleccion�ndose a 10 abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado, a quienes se le aplic� un cuestionario de 5 preguntas modelo Likert; para el tratamiento de la informaci�n se lo realiza utilizando t�cnicas matem�ticas, inform�ticas y l�gicas.

 

Resultados y discusi�n

 

TABLA 1: Principio de jerarqu�a

FUENTE: Cuestionario aplicado a los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado.

AUTOR: Ab. Mar�a Isabel Endara Vi��n (2024)

 

Discusi�n de resultados: Uno de los principios fundamentales del derecho es el principio de jerarqu�a de normas, que establece c�mo se relacionan las diferentes normas jur�dicas y determina cu�l prevalece en caso de conflicto, este principio se basa en la idea de que existen diferentes niveles de normas jur�dicas, cada uno de los cuales tiene un grado de superioridad sobre los dem�s. En el caso del Ecuador, conforme lo se�alan los art�culos 424 y 425 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, la norma suprema y que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico, es la Carta Magna y por tanto los actos del poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica.

El principio de jerarqu�a de normas es esencial para mantener un sistema legal coherente y seguro, ya que establece un orden de prelaci�n que determina qu� norma debe aplicarse en caso de conflicto, este principio tambi�n ayuda a proteger la supremac�a de la Constituci�n y los derechos fundamentales de los ciudadanos de posibles abusos. Conforme a los resultados de la investigaci�n se observa que la mayor�a de encuestados indican que, el principio de jerarqu�a no se garantiza en los actos administrativos. El C�digo Org�nico Administrativo (COA, 2017), en relaci�n con el principio de jerarqu�a, en su Art. 6 se�ala, �Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los �rganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos�, esta norma faculta a las autoridades superiores a solucionar los conflictos institucionales que emana de organismos inferiores, lo que provoca, seg�n Burgos (2023), una violaci�n a los principios b�sicos en un Estado de Derecho como es el principio de legalidad y la seguridad jur�dica.

 

TABLA 2: Cumplimiento las disposiciones constitucionales

FUENTE: Cuestionario aplicado a los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado.

AUTOR: Ab. Mar�a Isabel Endara Vi��n (2024)

 

Discusi�n de resultados: Las disposiciones constitucionales son los principios y reglas que conforman la Constituci�n de un pa�s, estas reglas establecen la base del Estado, se�alan los derechos y deberes de los ciudadanos y regulan c�mo funcionan los poderes p�blicos. Las disposiciones constitucionales son de vital importancia para garantizar el Estado Constitucional de Derechos y Justicia y lograr una convivencia pac�fica y arm�nica entre las personas y la Naturaleza, as� mismo, para garantizar la seguridad ciudadana, libre de violencia y de corrupci�n. Seg�n el criterio de la mayor�a de los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado, en los actos administrativos no se garantiza el cumplimiento las disposiciones constitucionales.

El art�culo 426 incisos 2do y 3ro de la Constituci�n (2008), establece, todas las personas, autoridades e instituciones est�n sujetas a la Constituci�n. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores p�blicos, aplicar�n directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean m�s favorables a las establecidas en la Constituci�n, aunque las partes no las invoquen expresamente. En el �mbito administrativo, Ochoa & Portilla (2023), dicen, la responsabilidad administrativa de los servidores p�blicos ante la ineficacia de las normas administrativas es originada por un incumplimiento las disposiciones constitucionales lo que provoca el incumplimiento de las funciones de los administrativos, aquella omisi�n que no asimila la intenci�n o voluntad de la administraci�n p�blica para cumplir con el mandato constitucional ocasiona vulneraci�n de derechos fundamentales de los administrados.

 

TABLA 3: Incumplimiento las disposiciones constitucionales

FUENTE: Cuestionario aplicado a los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado.

AUTOR: Ab. Mar�a Isabel Endara Vi��n (2024)

 

Discusi�n de resultados: El incumplimiento de la Constituci�n y de sus disposiciones representa una amenaza significativa para la estabilidad y el progreso de cualquier pa�s, cuando no se respetan las normas que sustentan la estructura del Estado y los derechos fundamentales de sus habitantes, se socava la confianza en las instituciones y se crean condiciones propicias para la arbitrariedad, la corrupci�n y la inestabilidad social. Cuando las autoridades p�blicas o los ciudadanos no cumplen con las disposiciones constitucionales, se pone en peligro el Estado de derecho y se debilita la legitimidad del sistema pol�tico, la violaci�n de la Constituci�n puede manifestarse de una variedad de maneras, incluida la violaci�n de los derechos humanos, la corrupci�n, la falta de separaci�n de poderes, la manipulaci�n de las instituciones democr�ticas o la falta de cumplimiento de las normas legales.

En este sentido, el 100% de los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado, coinciden en se�alar que, el incumplimiento las disposiciones constitucionales en los actos administrativos vulnera el Estado Constitucional de Derechos y Justicia; L�pez (2023), se�ala que, el incumplimiento las disposiciones constitucionales, �se debe al actuar socialmente irresponsable de los principales actores pol�ticos del pa�s y sus financistas�, al respecto la Corte nacional de Justicia (2014), en materia administrativa, se�ala, un acto administrativo es ilegal cuando viola un derecho subjetivo o se lo emite sin cumplir requisitos esenciales, mientras que un acto administrativo es nulo cuando se configura uno de los casos establecidos en el art�culo 59 de la Ley de la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa LJCA.

 

TABLA 4: Principio de buena administraci�n

FUENTE: Cuestionario aplicado a los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado.

AUTOR: Ab. Mar�a Isabel Endara Vi��n (2024)

 

Discusi�n de resultados: En el �mbito de la gesti�n p�blica y privada, el principio de buena administraci�n busca garantizar la eficacia, transparencia y eficacia en la toma de decisiones y en la prestaci�n de servicios, este principio se fundamenta en la idea de que los recursos p�blicos deben ser utilizados de manera responsable y en beneficio de la sociedad en su conjunto. La buena administraci�n implica el uso adecuado de los recursos disponibles, esto implica hacer presupuestos realistas, planificar actividades y asignar tareas de manera eficiente para lograr los objetivos, involucra la responsabilidad y la evaluaci�n de resultados para asegurarse de que los recursos se utilicen de manera efectiva.

La capacidad de lograr los objetivos propuestos de manera eficaz se conoce como buena administraci�n, para ello hay que llevar a cabo procesos eficientes y tomar las medidas apropiadas para lograr los resultados deseados, es crucial que los l�deres de la administraci�n tengan los conocimientos y las habilidades necesarios para resolver problemas y tomar decisiones adecuadas, implica ser transparente tanto en la toma de decisiones como en el servicio, esto significa que las decisiones deben tomarse de manera equitativa y justa, teniendo en cuenta los intereses de todos los involucrados, adem�s, requiere responsabilidad y comunicaci�n clara de las acciones y los resultados.

La mayor parte de los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado encuestados se�alan que, no se garantiza el principio de buena administraci�n en los actos administrativos; al respecto, Andino & Herrera (2023), se�alan que, en el transcurso de la emergencia sanitaria se llevaron a cabo acciones administrativas fuera de la Ley, lo que provoc� demandas por la violaci�n de derechos constitucionales como el debido proceso, la defensa, la seguridad jur�dica, el derecho al trabajo y la salud, entre otros, sin embargo, el Estado no ha utilizado el principio de repetici�n para que aquellos involucrados en la violaci�n de estos derechos se han cargo de los da�os y perjuicios. En otras palabras, en los actos administrativos no se respetan y garantiza los elementos clave del principio de buena administraci�n, como, legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, trasparencia y responsabilidad.

 

TABLA 5: Los servicios p�blicos y su provisi�n

FUENTE: Cuestionario aplicado a los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado.

AUTOR: Ab. Mar�a Isabel Endara Vi��n (2024)

 

Discusi�n de resultados: Los servicios que el Estado proporciona para satisfacer las necesidades b�sicas de las personas, como la educaci�n, la salud, el transporte, la seguridad y el agua potable, se denominan servicios p�blicos, estos servicios son esenciales para mantener el bienestar y la calidad de vida de la sociedad. En este sentido, debido a que los servicios p�blicos son considerados bienes de primera necesidad, es responsabilidad del Estado garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso universal y justo a ellos, sin embargo, la forma en que se brindan estos servicios var�a seg�n el pa�s y el sistema pol�tico y econ�mico.

En Ecuador, la prestaci�n de servicios p�blicos ha sido objeto de discusi�n y preocupaci�n constante, se ha identificado la necesidad de mejorar la calidad, el acceso y la cobertura de estos servicios, en efecto, la inequidad en la distribuci�n de los servicios p�blicos es uno de los principales desaf�os, la calidad y la cobertura de los servicios difieren entre las �reas urbanas y rurales, as� como entre los grupos socioecon�micos, en muchas ocasiones, las comunidades que tienen menos acceso a servicios b�sicos como agua potable, electricidad o atenci�n m�dica son las m�s vulnerables.

La falta de inversi�n en infraestructura, mantenimiento y gesti�n adecuada de los recursos ha llevado a situaciones de crisis en varios sectores, como el abastecimiento de agua o la prestaci�n de servicios de salud. En este contexto, la mayor�a de los abogados especialistas en derecho administrativo y abogados de la Contralor�a General del Estado, coinciden en se�alar que, los servicios p�blicos y su provisi�n no responden a los principios establecidos en la Constituci�n de la Rep�blica, al respecto, Montiel, Vera & Borgucci (2023), se�alan que, los servicios p�blicos son de muy baja calidad, esto se debe a que en las instituciones p�blicas no existe un nivel de planificaci�n y operaci�n que no responda a los ciclos pol�ticos de elecciones, al contrario, se utilizan criterios pol�ticos, aspecto que inciden negativamente en la provisi�n y mejora de servicios p�blicos. Para mejorar la provisi�n de servicios p�blicos en Ecuador, es fundamental implementar pol�ticas y acciones que promuevan una distribuci�n equitativa, eficiente y sostenible de los mismos.

 

Conclusiones

En el �mbito del Derecho Administrativo, el principio de jerarqu�a establece una ordenaci�n vertical de los �rganos administrativos, donde unos se encuentran subordinados a otros, esta estructura jer�rquica que tiene un fundamento constitucional, permite una eficiente organizaci�n y funcionamiento de la Administraci�n P�blica, lo que garantiza la coordinaci�n y el control de las actividades administrativas, en efecto, los �rganos inferiores est�n sujetos a las �rdenes y directivas de los superiores; los �rganos superiores ejercen un control sobre la actividad de los inferiores y cada �rgano es responsable de sus actos y de los de sus subordinados. Por su parte, los actos administrativos son emitidos por �rganos administrativos, y su validez depender� de la competencia del �rgano emisor, en caso de disconformidad con un acto administrativo, se pueden interponer recursos jer�rquicos ante los �rganos superiores, esto permite que un �rgano superior revise y, en su caso, revoque o modifique un acto emitido por un �rgano inferior.

El principio de jerarqu�a es un pilar fundamental del Derecho Administrativo, ya que establece una estructura ordenada y jerarquizada de los �rganos administrativos, garantizando la legalidad, eficiencia y control de la actividad administrativa; sin embrago, conforme a los resultados de la investigaci�n se puede concluir se�alando que, el principio de jerarqu�a de la norma en varios actos administrativos no fue observado y aplicado en las instituciones p�blicas, hecho que no garantiz� el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, lo que vulnera el Estado Constitucional de Derechos y Justicia y el principio de buena administraci�n p�blica, este hecho punible se observa con mayor frecuencia en el Gobierno de Lenin Moreno Garc�s, seguido por Rafael Correa Delgado, Guillermo Lasso Mendoza y Daniel Noboa Az�n.

Por lo se�alado, se debe ejecutar mecanismos jur�dicos innovadores para garantizar la aplicaci�n del principio de jerarqu�a de la norma en los actos administrativos en las instituciones p�blicas del Ecuador, entre ellos, se debe capacitar a los funcionarios p�blicos en materia de derecho administrativo para que conozcan y aplique correctamente las normas legales; de igual forma, la ciudadan�a debe ejercer su derecho constitucional a denunciar y combatir los actos de corrupci�n, exigir el cumplimiento de la ley en las instituciones p�blicas.

 

Referencias

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      2.            Burgos, M. V. L. (2023). La naturaleza jur�dica en la impugnabilidad de actos administrativos por medio del recurso de apelaci�n. Dominio de las Ciencias, 9(4), 571-597.

      3.            Campa�a Mu�oz, L. C., Prado Calder�n, E. B., B�squez Remache, J. D., & Vega Castillo, C. F., (2022). Modos de ejecuci�n en los actos administrativos. Revista Universidad y Sociedad, 14(6), 397-403.

      4.            Corte Nacional de Justicia del Ecuador. (2014). Cuadernos de jurisprudencia contencioso administrativa. Corte Nacional de Justicia 2012-2014. Primera edici�n. Quito: Corte Nacional de Justicia, 2014. (Colecci�n: Gesti�n jurisdiccional. Serie: Cuadernos de trabajo, 6). https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/coleccion%20jurisprudencial/Administrativo.pd

      5.            Ecuador. Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. CRE, 2008. https://www.lexis.com.ec/

      6.            Ecuador. C�digo Org�nico Administrativo. COA, 2017. https://www.lexis.com.ec/

      7.            Henderson, H. (2004). Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine. Revista IIDH, 39(29), 02-023.

      8.            L�pez, W. G. B. (2023). Urgencia de educarnos sobre la verdadera crisis constitucional (Doctoral dissertation, Universidad de San Carlos de Guatemala).

      9.            Marienhoff, M. S. (1982b). Tratado de Derecho Administrativo (vol. II). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

  10.            Montiel, A. J. U., Vera, J. G. L., & Borgucci, E. (2023). Percepci�n de calidad de servicios p�blicos en la ciudad de Machala, Ecuador. Revista Venezolana de Gerencia: RVG, 28(10), 1329-1350.

  11.            Ochoa Pardo, L. M., & Portilla Graza, J. (2023). La responsabilidad de los gobiernos locales y la ineficacia de las normas administrativas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2020-2023.

  12.            Pe�afiel, J. L. A. P. A., & Herrera, C. E. A. (2023). Implicaciones jur�dicas y administrativas en la ejecuci�n de los actos administrativos en los GADS de Guamote y Riobamba durante la emergencia sanitaria. IGOBERNANZA, 6(21), 15-43.

  13.            Rojas Barrientos, S. R. (2023). Sistematizaci�n de los defectos en la forma del acto administrativo: revisi�n de literatura integrativa. Derecho PUCP, (90), 317-357.

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