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La acci�n Constitucional de Habeas Corpus y su relaci�n con la impunidad del procesado en el Derecho Penal Ecuatoriano

 

The constitutional action of Habeas Corpus and its relationship with the impunity of the accused in Ecuadorian criminal law

 

A atua��o constitucional do Habeas Corpus e sua rela��o com a impunidade dos acusados ​​no direito penal equatoriano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: gabriel.alvarez.37@est.ucacue.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 22 de octubre de 2024 *Aceptado: 18 de noviembre de 2024 * Publicado: �10 de diciembre de 2024

 

        I.            Estudiante de la Maestr�a en Medicina Veterinaria Menci�n Cl�nica y Cirug�a de Peque�as Especies, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

Resumen

El h�beas corpus es una garant�a constitucional que protege una variedad de derechos fundamentales, incluyendo la libertad personal, la vida y la integridad f�sica, y ha evolucionado para limitar el poder estatal y proteger a los individuos de abusos. A nivel internacional, est� respaldado por instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. En Ecuador, el HC se ha adaptado para satisfacer las necesidades de una sociedad en constante cambio, incluyendo diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las v�ctimas. La metodolog�a del estudio analiza el abuso del HC en el derecho penal ecuatoriano, bas�ndose en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y la Constituci�n Ecuatoriana de 2008. El marco te�rico incluye las garant�as jurisdiccionales que protegen el debido proceso y la equidad judicial. En Ecuador, el h�beas corpus ha sido una herramienta crucial para proteger contra detenciones arbitrarias, especialmente desde la Constituci�n de 2008, que detalla sus procedimientos y condiciones. Existen varios tipos de HC en Ecuador, como el reparador, restrictivo, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo y conexo, cada uno con funciones espec�ficas para proteger los derechos fundamentales. A pesar de su importancia en la protecci�n de los derechos humanos, la implementaci�n efectiva del HC enfrenta desaf�os como el acceso desigual a la justicia y la corrupci�n. El abuso del derecho ocurre cuando se utiliza de manera excesiva o indebida, y puede generar contradicciones jurisdiccionales y obstaculizar la aplicaci�n efectiva del h�beas corpus.

Palabras clave: habeas corpus; libertad personal; bienestar social.

 

Abstract

Habeas corpus is a constitutional guarantee that protects a variety of fundamental rights, including personal liberty, life and physical integrity, and has evolved to limit state power and protect individuals from abuse. At the international level, it is supported by instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights. In Ecuador, the HC has adapted to meet the needs of a constantly changing society, including various modalities to protect and repair harm to victims. The methodology of the study analyzes the abuse of HC in Ecuadorian criminal law, based on the American Convention on Human Rights and the Ecuadorian Constitution of 2008. The theoretical framework includes jurisdictional guarantees that protect due process and judicial equity. In Ecuador, habeas corpus has been a crucial tool to protect against arbitrary detention, especially since the 2008 Constitution, which details its procedures and conditions. There are several types of HC in Ecuador, such as restorative, restrictive, corrective, preventive, translational, instructive, innovative and related, each with specific functions to protect fundamental rights. Despite its importance in the protection of human rights, the effective implementation of the HC faces challenges such as unequal access to justice and corruption. Abuse of the right occurs when it is used excessively or improperly, and can generate jurisdictional contradictions and hinder the effective application of habeas corpus.

Keywords: habeas corpus; personal freedom; social welfare.

 

Resumo

O habeas corpus � uma garantia constitucional que protege uma variedade de direitos fundamentais, incluindo a liberdade pessoal, a vida e a integridade f�sica, e evoluiu para limitar o poder do Estado e proteger os indiv�duos de abusos. A n�vel internacional, � apoiado por instrumentos como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Pol�ticos. No Equador, o HC adaptou-se para atender �s necessidades de uma sociedade em constante mudan�a, incluindo diversas modalidades para proteger e reparar os danos �s v�timas. A metodologia do estudo analisa o abuso do HC no direito penal equatoriano, com base na Conven��o Americana sobre Direitos Humanos e na Constitui��o equatoriana de 2008. O referencial te�rico inclui garantias jurisdicionais que protegem o devido processo e a equidade judicial. No Equador, o habeas corpus tem sido uma ferramenta crucial para proteger contra a deten��o arbitr�ria, especialmente desde a Constitui��o de 2008, que detalha os seus procedimentos e condi��es. Existem v�rios tipos de CH no Equador, como restaurativos, restritivos, corretivos, preventivos, translacionais, instrutivos, inovadores e relacionados, cada um com fun��es espec�ficas para proteger os direitos fundamentais. Apesar da sua import�ncia na protec��o dos direitos humanos, a implementa��o eficaz do CH enfrenta desafios como o acesso desigual � justi�a e a corrup��o. O abuso do direito ocorre quando este � utilizado de forma excessiva ou indevida, podendo gerar contradi��es jurisdicionais e dificultar a efetiva aplica��o do habeas corpus.

Palavras-chave: habeas corpus; liberdade pessoal; bem-estar social.

 

 

Introducci�n

El h�beas corpus (HC) es una garant�a constitucional fundamental que ha evolucionado a lo largo del tiempo, expandiendo su alcance m�s all� de la simple protecci�n contra detenciones ilegales. En la actualidad, este recurso jur�dico se utiliza para salvaguardar una amplia gama de derechos fundamentales, incluyendo la vida, la integridad f�sica y la libertad personal. Su origen se encuentra en la necesidad de limitar el poder del Estado y garantizar la protecci�n de los individuos frente a abusos. A nivel internacional, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos respaldan y fortalecen este derecho (Ruiz & Moya, 2023).

En el contexto ecuatoriano, el HC ha experimentado adaptaciones para responder a las necesidades de una sociedad cambiante. Se han desarrollado diversas modalidades de este recurso, cada una con caracter�sticas y objetivos espec�ficos. Adem�s de la protecci�n de los derechos fundamentales, el HC tambi�n busca garantizar la reparaci�n integral de los da�os causados a las v�ctimas. Esto implica no solo la restituci�n de los bienes materiales perdidos, sino tambi�n la reparaci�n de los da�os morales y psicol�gicos sufridos (Rodr�guez et al., 2020). Este trabajo de investigaci�n tiene como objetivo analizar el alcance y la eficacia del HC en Ecuador, con un enfoque particular en el impacto sobre la impunidad del procesado a trav�s del an�lisis de la literatura existente y el examen de diversos casos judiciales.�

 

Marco te�rico

Las garant�as jurisdiccionales

La garant�a de jurisdicci�n son los derechos y principios b�sicos que protegen y garantizan la objetividad, la equidad y el debido proceso en el �mbito judicial. Estas garant�as tienen como objetivo proteger los derechos individuales de la autoridad estatal y garantizar que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa y transparente.

Algunas de estas garant�as envuelven el derecho a un proceso justo, debido proceso, el derecho a la defensa, la presunci�n de inocencia (in dubio pro reo) y el derecho a un recurso efectivo. Su finalidad es garantizar el acceso de todas las personas a una pronta justicia y que los procesos se ejecuten acorde a derecho y respetando los derechos fundamentales de las personas(Poppi, 2024).

Art�culo 6 - �Las garant�as judiciales tienen por objeto la protecci�n efectiva e inmediata de los derechos reconocidos en la Constituci�n y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaraci�n de la violaci�n de uno o m�s derechos, as� como la reparaci�n de todos los da�os causados ​​por la violaci�n� (Asamblea nacional, 2009).

Origen y evoluci�n hist�rica del h�beas corpus

El antecedente hist�rico del HC se encuentra en el interdicto romano llamado homine libero exhibendo, que exist�a durante la Roma Imperial y fue incorporado en la Parte Sexta del Digesto del Emperador Justiniano. La Ley Primera de este documento ordenaba literalmente: �exhibe al hombre libre que retienes con dolo�. La Ley Tercera ampliaba esta idea, explicando que exhibir significaba mostrar al hombre detenido ante el p�blico (permitiendo que pudiera ser visto o tocado por otros) o revelar lo que estaba oculto. No obstante, esta ley se aplicaba solo a los hombres libres, sin importar su edad o g�nero, y estuvieran o no bajo la autoridad de otro, ya que los esclavos eran considerados propiedad de los Pater Familias, y no se requer�a dolo cuando estos ejerc�an su derecho legalmente reconocido. Adem�s, el interdicto solo se conced�a en casos de detenciones realizadas por particulares, no cuando estas proven�an de autoridades, funcionarios p�blicos en el desempe�o de sus funciones o gobernantes.

Adem�s, considerando la naturaleza formalista del derecho romano, la Ley Tercera del Digesto permit�a la posibilidad de intentar nuevamente la exhibici�n si no se obten�a lo deseado en la primera solicitud debido a la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la acci�n de interdictar. Por lo tanto, el interdicto homine libero exhibendo ten�a el prop�sito de presentar al hombre libre que era retenido de manera fraudulenta en cualquier situaci�n de privaci�n o restricci�n de la libertad realizada por un particular. Esta persona deb�a ser presentada de inmediato ante el Pretor, quien decidir�a si hab�a buena fe o mala fe en la retenci�n (Mu�oz & Marinaro, 2024).

La regulaci�n m�s antigua de esta disposici�n se encuentra en la Carta Magna de 1215, firmada por Juan I de Inglaterra (conocido tambi�n como Juan Sin Tierra), que establec�a en su cl�usula 39: "ning�n hombre libre ser� detenido o encarcelado, despojado de sus derechos o posesiones, declarado fuera de la ley o exiliado, o privado de su estatus de cualquier manera, ni procederemos con fuerza contra �l o enviaremos a otros a hacerlo, excepto por el juicio leg�timo de sus iguales o por la ley del pa�s". Con esta medida se buscaba proteger a los s�bditos libres de los abusos, extorsiones, detenciones ilegales (sin mandato judicial) y arbitrarias que eran frecuentes por parte de los oficiales reales. Por lo tanto, el habeas corpus surgi� como una herramienta para combatir los agravios e injusticias cometidos por los se�ores feudales contra sus s�bditos o personas de clase social inferior, para quienes el Rey constitu�a el �nico amparo posible al erigirse como la figura �ltima y suprema dispensadora de Justicia (Stenton, 2024).

Sin embargo, la configuraci�n de la instituci�n del HC, tal como la conocemos hoy, se estableci� por primera vez en el Habeas Corpus Amendment Act del 26 de mayo de 1679. Esta ley establec�a plazos espec�ficos para la presentaci�n del detenido ante el juez (tres, diez o veinte d�as, dependiendo de la distancia al tribunal competente m�s cercano). Adem�s, regulaba las condiciones espec�ficas de lugar y tiempo para el ejercicio del HC (en cualquier momento y lugar, y por cualquier persona en defensa del detenido), y establec�a sanciones como multas e inhabilitaciones para los funcionarios que no cumplieran con la obligaci�n de responder al mandamiento de habeas corpus, que no presentaran al detenido nuevamente ante el juez a petici�n de este (o de su representante), o que no entregaran en plazo una copia del documento que decretaba la prisi�n. Asimismo, se sancionaba con multas a quienes detuvieran, a sabiendas, a una persona por el mismo delito de la que hab�a sido liberada por un habeas corpus, a menos que la orden de detenci�n proviniera de un tribunal u �rgano competente. Posteriormente, con el nuevo Habeas Corpus Act de 1816, se ampli� su �mbito de aplicaci�n a detenciones o restricciones de libertad de naturaleza jur�dico-privada, y no solo a las criminales o penales. En esencia, el procedimiento de habeas corpus implicaba que cuando una persona deten�a ilegalmente a otra, recib�a el mandato de habeas corpus, es decir, ten�a la obligaci�n de presentar a la persona detenida ante el juez o tribunal competente (Hern�ndez, 2017).

Habeas Corpus en Ecuador

La HC en Ecuador refleja el desarrollo de esta garant�a constitucional como un instrumento para proteger los derechos individuales frente a la detenci�n arbitraria, ileg�tima e ilegal y el abuso de poder estatal. Durante la etapa colonial, las instituciones jur�dicas estaban influenciadas por el derecho espa�ol. Aunque no exist�a una herramienta constitucional espec�fica para el HC, se aplicaban principios relacionados con la equidad, planteados en el recurso de apelaci�n. Tras la independencia del pa�s, se formaron nuevas instituciones republicanas y comenz� el proceso de instauraci�n de principios judiciales modernos. Con la constituci�n de 1830, la primera de Ecuador, se establecieron ciertos lineamientos destinados a proteger los derechos personales.

A lo largo del siglo XIX, Ecuador adopt� una serie de constituciones que, de manera paulatina, incorporaron principios para la protecci�n de las libertades individuales. La inestabilidad pol�tica y los cambios constitucionales en curso dificultaron la implementaci�n consistente del HC. En el siglo XX, el HC se consolid� con la Constituci�n de 1929, que marc� un avance significativo en la protecci�n de los derechos personales. La competencia del HC se fortaleci�, proporcionando a los individuos una herramienta para proteger sus derechos frente al Estado. La Constituci�n de 1967 continu� desarrollando los derechos humanos, incluyendo el HC como una garant�a fundamental (Aponte & Moscoso Parra, 2022).

En la Constituci�n de 1979, existi� una transici�n a la democracia, en la cual se fortaleci� la herramienta del HC como un derecho fundamental. Se han instituido mecanismos legales claros para implementarlo. Las reformas de 1998 y luego la nueva constituci�n de 2008 adoptaron un enfoque progresista y s�lido para la protecci�n de los derechos humanos. La Constituci�n de 2008 y el HC como un derecho fundamental en el art�culo 89, que detalla los procedimientos y condiciones para su aplicaci�n, se desarrolla de manera especial el HC, el cual puede ser solicitado por el recurrente o en nombre del legitimado activo por un tercero. Toda persona detenida de manera ilegal. Ilegitima o arbitraria ante juez competente puede garantizar la seguridad jur�dica y poder decidir la legalidad de su detenci�n en caso de que esta sea contraria a derecho poder ordenar su libertad inmediata (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

Tipos de habeas corpus en Ecuador

La Constituci�n y las leyes ecuatorianas reconocen varios tipos de HC, cada uno con un prop�sito espec�fico. Estos son los principales tipos:

H�beas corpus reparador: representa la modalidad cl�sica o inicial del h�beas corpus, la misma que se promueve para obtener la reposici�n de la libertad de una persona indebidamente detenida.

H�beas corpus restringido: se emplea cuando la libertad f�sica o de locomoci�n es objeto de molestias, obst�culos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricci�n para su cabal ejercicio

H�beas corpus correctivo: su tutela comprende tambi�n la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad f�sica y psicol�gica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en establecimientos penales e incluso de persona que, bajo una especial relaci�n de sujeci�n, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, p�blicos o privados.

H�beas corpus preventivo: no s�lo procede ante el hecho u omisi�n de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino tambi�n ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneraci�n.

H�beas corpus traslativo: es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

H�beas corpus instructivo: esta modalidad podr� ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida o desaparecida.

H�beas corpus innovativo: procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violaci�n de la libertad personal, se solicita la intervenci�n jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante.

H�beas corpus conexo: cabe utilizarse cuando se presenta situaciones no previstas en los tipos anteriores. Adicionalmente, permite que los derechos innominados entroncados con la libertad f�sica o de locomoci�n, puedan ser resguardados (Rosas Alc�ntara, 2015).

La relevancia de estudiar las diferentes clases de HC y su aplicaci�n en Ecuador radica en que, por su naturaleza, esta garant�a est� orientada a la protecci�n de derechos constitucionales espec�ficos, como la libertad, la vida y la integridad f�sica. Adem�s, el fortalecimiento del alcance de las distintas clases de HC y su implementaci�n en la legislaci�n ecuatoriana permite controlar el ejercicio del poder punitivo del Estado, el cual en varias ocasiones ha vulnerado la libertad y otros derechos relacionados. En este contexto, es necesario se�alar que, debido a las necesidades surgidas en la casu�stica constitucional, los registros de la Corte Constitucional del Ecuador desde 2019 identifican un total de treinta y cinco casos en la Sala de Selecci�n que se refieren a los H�beas Corpus Correctivo, Reparador, Preventivo, Innovativo y Traslativo. Hasta la fecha, no se ha desarrollado un criterio jurisprudencial amplio e integral sobre estas clases de HC, lo que genera la necesidad de estudiar su aplicaci�n y alcance en toda su clasificaci�n (Andrade-Salazar & Tinajero-Vacas, 2021).

Procedimientos de h�beas corpus en Ecuador

Seg�n la Constituci�n de 2008 y las Reglas Generales del Proceso Org�nico (COGEP), el proceso de HC en Ecuador incluye los siguientes pasos:

Solicitud: el detenido, su representante legal o cualquier persona en su nombre podr� presentar petici�n para comparecer ante cualquier juez competente.

Audiencia: luego de presentada la solicitud, el juez deber� celebrar una audiencia p�blica en un plazo m�ximo de 24 horas.

Soluci�n: En la audiencia, el juez eval�a la legalidad de la detenci�n. Si la detenci�n se considera ilegal, el juez ordenar� la libertad inmediata del detenido. Si la detenci�n es legal, el juez confirma la continuaci�n de la detenci�n.

Recurso: Las decisiones de un juez sobre una citaci�n se pueden apelar ante un tribunal superior para su revisi�n.

Importancia en el derecho penal ecuatoriano

El recurso de HC en Ecuador es un mecanismo importante para proteger los derechos humanos y prevenir el abuso del poder gubernamental. A trav�s de diferentes tipos de HC, los ciudadanos cuentan con herramientas legales para prevenir la detenci�n arbitraria, liberaci�n en casos de detenci�n ilegal y mejorar las condiciones de detenci�n para garantizar el respeto a la dignidad humana.

La crisis carcelaria en Ecuador ha incrementado la corrupci�n en los centros penitenciarios, ya que los reclusos buscan recuperar su libertad a toda costa, recurriendo a medios inapropiados en algunos casos. Aunque la principal funci�n del HC es recuperar la libertad de una persona, ha sido mal utilizado en ciertos casos. Al ser una Garant�a Jurisdiccional que debe tramitarse en 24 horas, en algunos casos, las pruebas presentadas se utilizan de manera conveniente para demostrar ante un juez la existencia de una vulneraci�n de derechos. El abuso del derecho por la proposici�n simult�nea o sucesiva de habeas corpus "por el mismo acto u omisi�n, por violaci�n del mismo derecho y contra las mismas personas" est� regulado en la LOGJCC, otorgando al juez la facultad de disponer medidas correctivas.

Seg�n la sentencia No. 249-16-SEP-CC, esto puede generar contradicciones jurisdiccionales debido a sentencias contradictorias sobre un mismo caso, impidiendo la proposici�n de la acci�n de incumplimiento cuando la sentencia de habeas corpus no ha sido ejecutada. Se reconoce la excepcionalidad en funci�n de la tensi�n entre el abuso del derecho y el objetivo del habeas corpus, as� como cuando existen hechos nuevos que modifican las circunstancias de la detenci�n. En consecuencia, se puede proponer esta acci�n, ya que no precluye y es obligaci�n del juez verificar que la detenci�n no sea ilegal, arbitraria o ileg�tima, y de ser necesario, aplicar medidas correctivas o coercitivas. Los jueces deben examinar minuciosamente los hechos presentados en la demanda para identificar si existe una identidad f�ctica con una propuesta anterior, asegurando una relaci�n l�gica en la justificaci�n interna de la decisi�n judicial sobre la identidad subjetiva y objetiva de la demanda de habeas corpus (Bermeo-Alvarado et al., 2022).

A pesar de un marco legal s�lido, la implementaci�n efectiva del HC en Ecuador enfrenta una serie de desaf�os tales como el acceso a la justicia. No todos los ciudadanos tienen f�cil acceso a recursos legales, especialmente en las zonas rurales. Adem�s, la corrupci�n y el abuso de poder por parte de algunas autoridades pueden obstaculizar la aplicaci�n efectiva de la citaci�n.

Abuso de derecho

Se refiere al uso indebido o excesivo de un derecho, de manera que causa da�o a otra persona o contraviene el prop�sito para el cual el derecho fue originalmente establecido. En otras palabras, aunque una persona puede tener un derecho leg�timo, el ejercicio de ese derecho no debe hacerse de manera abusiva o con la intenci�n de perjudicar a otros.

El abuso de derecho puede ocurrir en diversas �reas del derecho, como el derecho civil, el derecho laboral y el derecho comercial. Algunos ejemplos comunes incluyen:

Demandas fr�volas: Presentar una demanda sin fundamentos serios, solo para molestar o perjudicar a la otra parte.

Ejecuci�n forzosa injusta: Ejercer un derecho de manera excesiva o injusta, como desalojar a un inquilino sin dar el aviso adecuado o sin razones leg�timas.

Uso indebido de propiedad: Utilizar una propiedad de manera que cause da�o a los vecinos o al entorno, a pesar de tener el derecho legal de hacerlo.

El principio de abuso de derecho est� dise�ado para equilibrar el ejercicio de los derechos individuales con los derechos de los dem�s y el bien com�n. En muchos sistemas legales, si se determina que una persona ha abusado de su derecho, puede enfrentar sanciones legales o se le puede denegar el ejercicio de dicho derecho en esa circunstancia espec�fica

 

Metodolog�a

Este estudio se bas� en un an�lisis del recurso de HC y su abuso en el derecho penal ecuatoriano, tomando como base lo establecido en el art�culo 25. 1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en materia de protecci�n judicial el art�culo 89 de la Constituci�n Ecuatoriana de 2008, as� como el art�culo 43 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

Se realiz� una revisi�n narrativa de la literatura, identificando la informaci�n m�s actualizada y relevante acerca del tema de estudio para responder a la siguiente pregunta de investigaci�n: �cu�l es la relaci�n que existe entre la acci�n constitucional de HC y la impunidad del procesado en el derecho penal ecuatoriano? Para ello se realiz� una b�squeda bibliogr�fica en las bases de datos electr�nicas, Scopus, SciELO, EBSCO, Science Direct y Google Schoolar. Para la recuperaci�n de art�culos se incluyeron los siguientes t�rminos de b�squeda: h�beas corpus; libertad personal; bienestar social, acci�n constitucional, impunidad, derecho penal, Ecuador, as� como sus respectivas traducciones y variaciones. Para combinar estos t�rminos, se emple� AND como operador booleano.

Se usaron art�culos tanto en ingl�s como en espa�ol. Entre estos se incluyeron revisiones de la literatura, scoping reviews, art�culos originales y cap�tulos de libros; mismos publicados en revistas de alto impacto y de gran aporte sobre el tema desarrollado. El autor evalu� la calidad metodol�gica de los estudios de forma independiente. Se excluyeron art�culos duplicados, trabajos cient�ficos poco claros, aquellos de bajo rigor cient�fico y literatura gris.

 

Resultados

An�lisis de casos en el Ecuador

Jorge Glas Espinel

Quien est� en prisi�n desde 2017, donde estaba cumpliendo dos sentencias ejecutoriadas dictadas dentro de las causas: n� 17721-2017-00222 por delito de asociaci�n il�cita, imponi�ndole la pena de privaci�n de libertad por seis a�os de reclusi�n mayor con n� 17721-2019-00029G por delito de cohecho pasivo propio agravado donde tendr�a una pena de ocho a�os. Presento 4 acciones por HC y finalmente el 28 de noviembre del 2022 obtuvo la boleta para su liberaci�n de la c�rcel n�4, bajo el proceso signado con n� 17U06-2022-00246, que se lleva a cabo en la Unidad Judicial Especializada De Garant�as Penitenciarias, Con Sede En El Distrito Metropolitano De Quito, Provincia De Pichincha.

Dentro unos de estos HC, se dict� que siga cumpliendo la continuidad de la pena de Jorge Glas en su domicilio a trav�s de la acci�n del habeas corpus, el 20 de mayo del 2022 la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena declar� la nulidad de todo lo actuado por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto, Diego Javier Moscoso Cede�o, quien con anterioridad le concedi� el proceso de HC a Jorge David Glas Espinel. Estos hechos suscitaron la falta de competencia en raz�n de territorio en la tramitaci�n de la causa n� 242002-2022-0017T, as� como haber causado indefensi�n al no citar con la acci�n a quien debi� ser legitimado pasivo dentro de la presente causa, es decir, al procurador general del estado; por consiguiente, el ex vicepresidente de la rep�blica se vio obligado por imperativo legal a regresar al centro penitenciario donde cumpl�a su condena por actos delictivos seg�n lo dispon�a la sentencia la cual provoc� la revocatoria de la acci�n de habeas corpus que se hab�a interpuesto apelaci�n de HC concedido a Jorge Glas en 2022.

En una segunda ocasi�n, el 5 de agosto del 2022 el juez de Garant�as Penitenciarias de Portoviejo, Banny Molina, concedi� la libertad de Glas a trav�s de la aplicaci�n de la figura denominada inter comunis, sin embargo, nuevamente existi� revocatoria y fue destituido de sus funciones al considerarse que se cometi� una grave infracci�n de error inexcusable en sus acciones en base a sus funciones de operador de justicia. Con ello, el gobierno ecuatoriano denunci� estas operaciones alegando que se interpondr�an recursos legales sin tomar ninguna medida de excarcelaci�n. Un tercer intento de la recuperaci�n de su libertad se fij� en la medida cautelar emitida en la ciudad de Santo Domingo por el juez Emerson Capuripallo que es concedida logrando que la pena privativa por los hechos cometidos pudiera continuarse en su domicilio. Con esto tambi�n se admiti� el c�mputo de penas a trav�s de la jueza Melissa Mu�oz S�nchez de la Unidad especializada de garant�as penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito, quien acept� la petici�n formulada por el Centro de Rehabilitaci�n Masculino Pichincha n� 2.

La parte accionante fundamenta su petici�n y lugar de la presentaci�n de la acci�n se�alando que el Estado adopt� medidas de seguridad ante los acontecimientos que se produjeron en la crisis carcelaria en el centro penitenciario �El Turi�, por lo que desconoc�a informaci�n, as� como el actual estado de su defendido, por lo tanto, supuestamente desconoc�an el lugar en donde se encontraba el privado de la libertad. Esta alegaci�n se denomin� como injustificada, pues se trataba de un hecho p�blico y notorio que el lugar donde se encontraba el privado de libertad era el propio Centro de Privaci�n de Libertad Cotopaxi n� 1. Adem�s, la misma norma establece que los hechos p�blicos y notorios no requieren ser comprobados. El hecho de que Jorge Glas se conectara v�a plataforma de videollamada Zoom desde el propio Centro Penitenciario de Cotopaxi el d�a de su audiencia de apelaci�n de HC, dej� evidenciado que continuaba en este lugar y que era de conocimiento p�blico, por lo que el juez ser�a incompetente en raz�n de territorio. En el oficio tambi�n se menciona que el juez estar�a rompiendo con el concepto prescrito del art�culo 266 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador el cual dispone que los gobiernos de los distritos metropolitanos aut�nomos ejercer�n las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. En el �mbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedir�n ordenanzas distritales (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

��Se acepta la petici�n de los comparecientes dentro de la presente garant�a judicial del HC a Jorge Glas Espinel y Daniel Salcedo Bonilla por la vulneraci�n de sus derechos de salud e integridad f�sica que no han sido atendidos de forma integral�, dice un extracto de la sentencia (Corral, 2023). Con la concesi�n del HC tanto Glas como Salcedo pueden salir de prisi�n. En el documento de la sentencia se ordena su inmediata libertad.

Tras evidenciar que el proceso de HC no se dio dentro de los marcos legales establecidos, se se�al� que el juez de Manglaralto Diego Moscoso el cual dispuso esta acci�n, no solo era incompetente en raz�n de territorio y grado, sino que tambi�n lo era por el hecho de atribuirse funciones de un juez de garant�as penitenciarias al conceder medidas cautelares lo que tambi�n gener� la nulidad en el proceso al evidenciar que se omiti� el debido proceso. La defensa jur�dica del exvicepresidente ante el regreso al centro penitenciario, continuo con un nuevo proceso de apelaci�n de HC, esta vez interpuesto el 3 agosto del 2022 por el abogado Christian Araujo Salgado, quien solicit� que se interpusieran medidas alternativas de privaci�n de libertad debido a que Glas habr�a sido privado del derecho a la salud. Ante este nuevo proceso interpuesto, el juez sorteado para conocer la causa fue Banny Molina Barrezueta, de la Unidad Especializada en Garant�as Penitenciarias en la ciudad de Portoviejo. La audiencia fue fijada para el d�a 5 de agosto del 2022, present�ndose Jorge Glas desde la ciudad de Quito, donde aleg� que el Ministerio de Salud P�blica habr�a vulnerado su derecho de atenci�n a la salud y que por tal motivo su vida se encontraba en riesgo. Ante los argumentos presentados el mismo d�a de la audiencia el juez resolvi� aceptar la solicitud de HC propuesto por el accionante y hacerlo extensivo a Jorge Glas Espinel. Despu�s de dictar la sentencia de manera oral se giraron las boletas constitucionales de excarcelaci�n; sin embargo, debido al error de tipeo que existi� no se pudo continuar con el proceso. Posteriormente el letrado Edison Loaiza, encargado de la defensa de Glas entreg� la boleta de excarcelaci�n ratificada, pero el proceso de libertad contin�o siendo impedido por lo que por parte de su defensa fue considerado como un secuestro y violaci�n a sus derechos. Incluso el mismo juez de Portoviejo que le concedi� la aceptaci�n del proceso de HC, fue detenido d�as despu�s por supuesto delito de usurpaci�n de funciones, por lo que su facultad de impartir justicia qued� suspendida. La persecuci�n en el proceso continu� al ser condenado a tres a�os de prisi�n el juez el 18/10/2023 por prevaricato al disponer arresto domiciliario de una persona que no se encontraba privada de libertad. Los hechos no terminan aqu� pues existe evidencia de que se solicit� esta garant�a jurisdiccional el 16 de agosto del 2022 con la defensa jur�dica del letrado Carlos Alfredo Alvear Burbano. Aqu� nuevamente se inadmite esta acci�n solicitada por la abogada Soledad Manosalvas Salazar en calidad de Jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garant�as penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito alegando que esta acci�n ten�a el objetivo que se cumpla con la sentencia que fue emitida por el juez Banny Molina Barrezueta enfoc�ndose en que las garant�as jurisdiccionales tienen su propia individualizaci�n, naturaleza jur�dica, objetivos y finalidades diferentes. Sin embargo, finalmente en noviembre del a�o 2022 se logra la libertad de Glas, siendo concedida su boleta de excarcelaci�n por el Juez de Santo Domingo de los Ts�chilas, Emerson Curipallo Ulloa.

La Corte Constitucional del Ecuador ha mencionado que la finalidad de esta garant�a ya no �nicamente se genera cuando existen privaciones ilegales, ileg�timas o arbitrarias, sino tambi�n ante situaciones que tratan de la dignidad de las personas. La primera libertad HC Manglaralto (Santa Elena) El 10 de abril de 2022, Glas sali� de la C�rcel de Latacunga gracias a un HC concedido por Diego Moscoso, juez de primer nivel de la parroquia rural de Manglaralto, en Santa Elena. El Gobierno pidi� la nulidad de ese fallo y el 20 de mayo de 2022, el exvicepresidente volvi� a la C�rcel 4 de Quito. La segunda libertad HC Portoviejo (Manab�) Cuatro meses despu�s, el 5 de agosto de 2022, el juez Banny Molina de Portoviejo dispuso la liberaci�n inmediata de Jorge Glas con otro HC. El Gobierno se neg� a cumplir con la liberaci�n y, el 26 de agosto, la Corte de Manab� revoc� ese fallo.

Carlos Flores y Luis Cordero

�La jueza de Montecristi, Gina Zambrano, concedi� medidas cautelares y orden� la excarcelaci�n de dos femicidas que cumpl�an su sentencia en la c�rcel de Azogues, antes de que cumplan su pena. Carlos Flores cumpl�a una pena de 35 a�os y Luis Cordero una condena de 34 a�os y ocho meses. Ellos salieron del centro carcelario la tarde de este jueves 2 de marzo de 2023. Flores cumpl�a una pena por el femicidio de Cristina Palacio, ocurrido en Cuenca el 28 de marzo de 2017. �l confes� que la hab�a matado y lanzado su cuerpo al r�o. Durante el proceso judicial, la defensa de Flores aleg� que padec�a de problemas de salud mental, pero el Tribunal del Azuay no acept� esos argumentos. Flores tambi�n fue condenado en 2020 por ingresar art�culos prohibidos al centro de rehabilitaci�n social de Turi, en donde estuvo recluido los primeros a�os. Carlos Hermida, abogado de la familia de Cristina Palacio, explic� al medio cuencano Moteradio que la resoluci�n del Juzgado de Montecristi los tom� por sorpresa. Asegur� que Flores "recibe una boleta de excarcelaci�n sin haber sido ni parte ni beneficiario de las acciones de medidas cautelares que se llevaron a cabo en Montecristi". El otro sentenciado, Luis Cordero, pagaba una condena por el crimen de su esposa Bertha Minchala, ocurrido en noviembre de 2016, tambi�n en Cuenca. �l present� el recurso alegando que tiene una enfermedad catastr�fica y que est� domiciliado en esa provincia. Tras conocer la resoluci�n, el presidente Guillermo Lasso inform� en su cuenta de Twitter que dispuso una acci�n para denunciar a la jueza y pedir la revocatoria de las medidas cautelares.

El Servicio Nacional de Atenci�n a las Personas Privadas de Libertad (SNAI) inform� que solicitar� la revocatoria de la resoluci�n que dispuso la excarcelaci�n de los dos ciudadanos. Tambi�n presentar� una denuncia en contra de la jueza, a fin de que su actuaci�n sea declarada con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Tambi�n se pronunci� la Red de Familias V�ctimas de Femicidios, que fue fundada por la madre de Cristina Palacio, Sonia Salamea. "Exigimos a las autoridades que se mantenga la justicia con las sentencias dadas", dice un comunicado de la organizaci�n.

Junior Rold�n

Un HC favorable declar� la ilegalidad de la reclusi�n de Junior Rold�n que hab�a recibido una boleta de excarcelamiento el 3 de febrero del 2023. Junior Rold�n, uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Choneros, recuper� su libertad, la noche de este 14 de febrero. Su excarcelaci�n preocupa al Gobierno y abre un debate de las consecuencias de la liberaci�n de alias 'JR'. Su libertad se da al obtener un HC favorable que fue presentado por la defensa de JR el pasado 7 de febrero, cuatro d�as despu�s de que un juez dictara el sobreseimiento en un caso de tr�fico il�cito de armas de fuego, armas qu�micas, nucleares o biol�gicas en el que estaba siendo procesado.

El fallo lleg� tras el dictamen abstentivo del fiscal de Daule, Julio S�nchez, quien tiene disposici�n de ser detenido. Se desconoce el paradero del agente, luego de haber decidido no acusar a los trece procesados de este caso. El fiscal justifica su no acusaci�n por la presunta falta de elementos y porque las armas que en un inicio se sospechaba que eran ilegales, pertenec�an a una compa��a de seguridad y estaban registradas.

Rold�n est� sentenciado a m�s de 27 a�os de c�rcel. Adem�s, el l�der de Los Choneros tiene 20 procesos, varios de ellos por asesinato, tr�fico de armas y qu�micos, delincuencia organizada y robo", inform� un bolet�n de la Secretar�a de Comunicaci�n de la Presidencia emitido horas despu�s del dictamen del fiscal. El presidente Lasso rechaz� el accionar de jueza y fiscal a favor de Alias JR.

Rold�n recibi� una boleta de excarcelaci�n posterior a la decisi�n de este caso el pasado 3 de febrero. La defensa JR, quien ha sido sentenciado en el pasado por asesinato, delincuencia organizada e ingreso de art�culos prohibidos a la c�rcel, aleg� que la Justicia ecuatoriana estaba violentando el derecho a la libertad personal de Rold�n al mantenerlo recluido tras el sobreseimiento.

El HC favorable que recibe Rold�n responde a una falta de cumplimiento a la boleta de excarcelaci�n que debi� liberar al cabecilla de Los Choneros, por lo que se resolvi� que mantenerlo al interior de la c�rcel Regional era ilegal y arbitraria, por lo que se ordena su liberaci�n inmediata. El HC es una acci�n constitucional puesta por cualquier persona que se considere ilegal, arbitraria o ileg�tima su privaci�n de libertad

La liberaci�n de Rold�n fue informada por el Servicio Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Lo que produjo la reacci�n del Gobierno Nacional.

�Con profunda indignaci�n y gran preocupaci�n debo informarles que el d�a de hoy, y por medio de un HC, la justicia ecuatoriana ha dejado libre al m�s grande y peligroso delincuente alias Junior�, expres� el presidente Guillermo Lasso.

Junior Rold�n abandon� la c�rcel Regional de Guayaquil, el pasado el pasado 15 de diciembre, tras recibir el beneficio de la prelibertad. A su salida, la polic�a report� que los sujetos, que se encontraban custodiando al exencarcelado, llevaban consigo armas de grueso calibre, por lo que ejecutaron un operativo de control.

En la v�a a Salitre, a la altura de La Aurora (Daule), tras la intervenci�n de un centenar de agentes que detuvieron el tr�nsito y un intercambio de balas, Junior Rold�n fue nuevamente detenido, horas despu�s de haber salido del centro penitenciario. �l junto a otros sospechosos fueron llevados ante la Justicia por el presunto delito de tr�fico il�cito de armas de fuego, tipificado y sancionado en el art�culo 362 inciso primero del C�digo Org�nico Integral Penal (C�digo org�nico integral penal, 2021).

En la misma sentencia 365-18-JH se establece que el juez competente es el juez del lugar en el que se est� cumpliendo la pena, el juez penitenciario. Pero, adem�s, el art�culo 230 del C�digo de la Funci�n Judicial establece que en las localidades donde exista un centro de rehabilitaci�n social, como es el caso de Latacunga, habr� al menos un juez de garant�as penitenciarias y tendr�n competencia para la sustanciaci�n de derechos y garant�as.

En cuanto al caso de Alias JR us� todo un arsenal legal para recuperar su libertad, alegando el padecimiento de enfermedades como hipertensi�n arterial, diabetes, esteatosis hep�tica grado 3 y cirrosis hep�tica, que son dos grados de una misma enfermedad. Lo hizo no en una sola acci�n de HC, sino tres y dos de ellas interpuestas por terceros; en la resoluci�n, dada oralmente, en la que dispuso un traslado hospitalario, el entonces juez Pedro Moreira acept� el argumento de riesgo de la salud y vida de Junior Roldan alias Jr, por cuanto el fallo fue cuestionado adem�s ser ilegal era un abuso del derecho por lo que no exist�an informes m�dicos avalados por el Ministerio de Salud P�blica que confirmen los padecimientos del l�der delictivo.

 

Conclusiones

Es fundamental reconocer que el HC es un derecho constitucional esencial que garantiza la libertad. A pesar de los avances en su aplicaci�n, es crucial que este derecho se ejecute de manera eficiente, eficaz y r�pida para evitar cualquier sospecha de mal uso. Sin embargo, existen limitaciones impuestas por normas procesales y par�metros legales que dificultan el acceso a este derecho para quienes lo solicitan.

El an�lisis cr�tico del HC en la Constituci�n de Ecuador muestra que, aunque es una garant�a accesible para la sociedad, a�n ocurren detenciones arbitrarias. Esta instituci�n jur�dica es poco conocida y, cuando se conoce, se minimiza su uso debido a la desconfianza en su eficacia, especialmente por motivos pol�ticos. Es necesario que el Estado ecuatoriano no solo reconozca este derecho, sino que tambi�n establezca procedimientos jur�dicos adecuados para garantizar la libertad, un derecho fundamental de todos los seres humanos. El HC es un mecanismo honorable que protege a las personas privadas de su libertad, y debe ser aplicado con precisi�n para evitar errores o sesgos. Este derecho, consagrado en la Constituci�n Ecuatoriana, merece el respeto de quienes lo practican y administran justicia para toda la poblaci�n que lo necesite.

La falta de confianza en nuestro sistema legal particular ha ocasionado que causas que deber�an han sido interpuestas con la intenci�n de corregir o precautelar la integridad del accionante sean decididas de manera negativa ocasionando incluso que como resultado de este accionar hayan terminado en la muerte de la persona privada de libertad.

ES necesario que exista un verdadero control y an�lisis de la situaci�n en concreto ya que el HC es una herramienta jur�dica que est� concebida para garantizar los derechos constitucionales de las personas pero que ha sido utilizada de manera incorrecta, convirti�ndola en un instrumento para enga�ar al ente rector judicial acompa�ado de corrupci�n; permitiendo que se comentan irregularidades e injusticias a favor de intereses econ�micos y pol�ticos que han sumado al caos y el estado de guerra en la que se encuentra sumido el Ecuador.

 

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