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Eficacia del recurso extraordinario de revisi�n, frente al silencio administrativo negativo y el derecho a recurrir

 

Effectiveness of the extraordinary appeal for review, against negative administrative silence and the right to appeal

 

Efic�cia do recurso extraordin�rio de revis�o, face ao sil�ncio administrativo negativo e ao direito de recurso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: �lisseth.paucar@unach.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 28 de octubre de 2024 *Aceptado: 23 de noviembre de 2024 * Publicado: �04 de diciembre de 2024

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

      II.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

 

Resumen

El C�digo Org�nico Administrativo se estableci� las normas que rigen la actuaci�n de la Administraci�n P�blica en Ecuador, buscando regular eficazmente el marco legal para el funcionamiento de las entidades del sector p�blico y la relaci�n de estas con los ciudadanos, contemplando el recurso extraordinario de revisi�n se presenta ante la administraci�n cuando existen circunstancias excepcionales, siendo aplicable frente a un silencio administrativo negativo, sin embargo, hoy en la tramitaci�n de este muchos ciudadanos hoy han considerado que se ha vulnerado su derecho a recurrir, por ello la pertinencia de esta investigaci�n que se realiz� bajo un enfoque mixto; los m�todos utilizados para estudiar el problema jur�dico fueron emp�ricos, entre los que se encuentran el inductivo, hist�rico l�gico, dogm�tico, anal�tico y descriptivo jur�dico; de acuerdo con los objetivos es una investigaci�n de tipo pura, hist�rica jur�dica, descriptiva; por su complejidad es de dise�o no experimental. Entre los principales hallazgos cient�ficos y conclusiones destacan el haber establecido que se vulnera el derecho a recurrir, al desestimar un recurso extraordinario de revisi�n por silencio administrativo negativo siendo, entonces, necesaria una reforma al C�digo Org�nico Administrativo para mejorar la eficacia del recurso extraordinario de revisi�n frente al silencio administrativo negativo que asegure la tutela efectiva de los derechos de los administrados.

Palabras clave: recurso extraordinario de revisi�n; silencio administrativo; recurrir; administrado.

 

Abstract

The Organic Administrative Code established the rules that govern the performance of the Public Administration in Ecuador, seeking to effectively regulate the legal framework for the operation of public sector entities and their relationship with citizens, considering the extraordinary appeal for review presented to the administration when there are exceptional circumstances, being applicable in the face of negative administrative silence, however, today in the processing of this many citizens have considered that their right to appeal has been violated, hence the relevance of this research that was carried out under a mixed approach; The methods used to study the legal problem were empirical, among which are the inductive, historical logical, dogmatic, analytical and descriptive legal; according to the objectives it is a pure, historical legal, descriptive type research; due to its complexity it is of non-experimental design. Among the main scientific findings and conclusions, it is worth highlighting the fact that the right to appeal is violated when an extraordinary appeal for review is rejected due to negative administrative silence. Therefore, a reform to the Organic Administrative Code is necessary to improve the effectiveness of the extraordinary appeal for review in the face of negative administrative silence, ensuring the effective protection of the rights of the administered.

Keywords: extraordinary appeal for review; administrative silence; appeal; administered.

 

Resumo

O C�digo Administrativo Org�nico estabeleceu as regras que regem a atua��o da Administra��o P�blica no Equador, procurando regular eficazmente o quadro jur�dico de funcionamento das entidades do setor p�blico e a sua rela��o com os cidad�os, contemplando o recurso extraordin�rio de revis�o apresentado � administra��o quando existam circunst�ncias. excecionais, sendo aplic�veis ​​face a um sil�ncio administrativo negativo, no entanto, hoje no processamento deste muitos cidad�os hoje consideraram que o seu direito de recurso foi violado, da� a relev�ncia desta investiga��o que � realizada sob um abordagem mista; Os m�todos utilizados para estudar o problema jur�dico foram emp�ricos, incluindo o indutivo, hist�rico-l�gico, dogm�tico, anal�tico e descritivo jur�dico; De acordo com os objetivos, trata-se de uma pesquisa do tipo pura, jur�dico-hist�rica, descritiva; Devido � sua complexidade, � um projeto n�o experimental. Entre as principais constata��es e conclus�es cient�ficas, as principais constata��es e conclus�es cient�ficas incluem ter estabelecido a viola��o do direito de recurso, ao negar provimento a um recurso extraordin�rio de revis�o por sil�ncio administrativo negativo, tornando necess�ria a reforma do C�digo Administrativo Org�nico para melhorar a efic�cia do recurso extraordin�rio de revis�o face ao sil�ncio administrativo negativo que assegura a efetiva prote��o dos direitos dos administrados.

Palavras-chave: recurso extraordin�rio de revis�o; sil�ncio administrativo; apelo; administrado.

 

Introducci�n

El recurso extraordinario de revisi�n constituye una herramienta legal esencial en el �mbito administrativo, el cual permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos que afectan sus derechos e intereses. Este mecanismo cobra particular relevancia en situaciones donde una entidad p�blica opta por el silencio administrativo negativo, que se refiere a dejar sin respuesta las solicitudes presentadas por los ciudadanos y consecuentemente permite la desestimaci�n de causas.

Esta falta de respuesta plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad real del recurso extraordinario de revisi�n y sus alcances para contrarrestar el silencio administrativo negativo y, por consiguiente, garantizar de manera eficaz el derecho a recurrir que todos los ciudadanos que habitan en Ecuador tienen, dando as� cumplimiento al derecho del debido proceso reconocido en el art�culo 76 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (CRE), promulgada en el a�o 2008, el cual establece en su literal m, que todos los ciudadanos tienen el derecho a recurrir �el fallo o resoluci�n en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos�.�

Cabe se�alar que, para Garc�a de Enterr�a y Fern�ndez (2004) el recurso extraordinario de revisi�n �constituye, en principio, m�s que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza� (p. 279).

Esta investigaci�n tiene por objeto analizar, a trav�s de un estudio jur�dico doctrinario, el recurso extraordinario de revisi�n y su eficacia frente al silencio administrativo negativo y el derecho a recurrir, por cuanto, conforme lo determina el Art. 234 del C�digo Org�nico Administrativo (COA), promulgado en el a�o 2017, si la administraci�n p�blica no resuelve el recurso presentado en el plazo de un mes de planteado, se entiende que el mismo es desestimado lo que compromete la garant�a del doble conforme independientemente de que el administrado tiene la posibilidad de incoar la jurisdicci�n contenciosa administrativa. Sin embargo, se puede encontrar comprometidas las garant�as del debido proceso en la v�a administrativa, porque ello impide que se cumpla con el deber de emitir una contestaci�n motivada (Moreta, 2023). Cabe anotar que, la administraci�n p�blica no est� obligada a admitir a tr�mite el recurso presentado, cuando este no re�na las condiciones necesarias, siempre que la inadmisi�n sea motivada para el entendimiento del recurrente, y la del Tribunal Contencioso Administrativo, al realizar el posterior control de legalidad (Moreta, 2023).

Ahora bien, la problem�tica aparece cuando un ciudadano bajo la garant�a de sus derechos constitucionales activa un recurso extraordinario de revisi�n con el fin de impugnar en �ltima ratio la decisi�n administrativa de la cual se considera afectado. Este recurso es minimizado por los servidores p�blicos al momento de resguardarse bajo el art�culo 234 del C�digo Org�nico Administrativo, el cual menciona que el recurso extraordinario de revisi�n, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo t�rmino, en caso de que no se haya pronunciado la administraci�n p�blica de manera expresa, se entiende desestimado. En otras palabras, permite no responder la solicitud del ciudadano, generando el silencio administrativo negativo, y por ende violentando derechos constitucionales como el derecho a recurrir.

La metodolog�a jur�dica- anal�tica se emplea para determinar c�mo se manifiesta esta cuesti�n en la pr�ctica administrativa, identificando los fen�menos que deben ser objeto de investigaci�n desde la pregunta cient�fica: �Es eficiente el recurso extraordinario de revisi�n frente al silencio administrativo negativo y el derecho a recurrir?, la cual nos permite describir las caracter�sticas m�s relevantes del problema propuesto. El alcance descriptivo- correlacional se utiliza para esclarecer las causas que condujeron a la aparici�n del problema y para analizar los efectos asociados a la vulneraci�n de derechos, como el derecho de recurrir y la motivaci�n como garant�a del derecho al debido proceso, y dem�s.

Es relevante destacar que el dise�o es no experimental, propio de un respeto a las variables, las cuales no han sido sometidas a cambios o experimentos para evaluar su comportamiento, al contrario, se ha conservado las mismas, tal y como se desarrollan en el campo del Derecho Administrativo. Es por ello que, se estudia la unidad de an�lisis desde dos aristas la primera como el recurso extraordinario de revisi�n y la segunda como el silencio administrativo negativo y el derecho a recurrir, sin presentar poblaci�n y muestra de estudio, a causa de que la poblaci�n es indeterminada que corresponde al sector p�blico y la poblaci�n en general del Estado ecuatoriano. Es as� que la investigaci�n se ha desarrollado a lo largo de un enfoque cualitativo, el mismo que permite la recolecci�n de datos a trav�s de la t�cnica de una encuesta y por consiguiente de la aplicaci�n de un cuestionario.

 

Desarrollo

Recurso extraordinario de revisi�n

En Derecho Administrativo, un recurso extraordinario de revisi�n es una instituci�n legal que brinda a las partes afectadas la posibilidad de impugnar un acto administrativo que ya ha causado estado. Este recurso se contempla cuando existen circunstancias excepcionales o causales espec�ficas que justifican la revisi�n del acto administrativo, incluso despu�s de que haya concluido el proceso regular de impugnaci�n (COA, 2017, Art. 232).

En esencia, el recurso extraordinario de revisi�n busca equilibrar la necesidad de impugnar actos administrativos con la importancia de garantizar la justicia y corregir posibles ilegalidades que puedan surgir en el ejercicio de la administraci�n p�blica, para ello Johana Dom�nguez en palabras de Farid Villac�s (2023), respecto de este recurso, se�ala que:

La m�xima autoridad de la entidad del Estado revisa las actuaciones procesales y sustanciales de un �rgano administrativo inferior, a fin de determinar si los actos o resoluciones administrativas que podr�an incidir en los derechos de los ciudadanos hayan sido expedidas observando los presupuestos constitucionales y legales que dan legitimidad y ejecutoriedad a la voluntad administrativa (p.107).

Es menester mencionar que, �no procede recurso extraordinario de revisi�n cuando el asunto ha sido resuelto en v�a judicial, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los servidores p�blicos intervinientes en el �mbito administrativo� (COA, 2017, Art. 232, inc. 9), esta restricci�n tiene la finalidad de evitar duplicidad de procedimientos y garantizar la eficiencia y la estabilidad en la resoluci�n de controversias. Al haber obtenido una decisi�n judicial, se considera que la cuesti�n ya ha sido adecuadamente ventilada y resuelta en una instancia competente, por lo que no ser�a necesario ni procedente reabrir el caso a trav�s de un recurso extraordinario de revisi�n en el �mbito administrativo.

Es importante destacar que, a pesar de esta limitaci�n, el art�culo a�ade una cl�usula "sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los servidores p�blicos intervinientes en el �mbito administrativo� (COA, 2017, art. 232, inc. 9), esto sugiere que, aunque no se permita el recurso extraordinario de revisi�n en este contexto, la responsabilidad de los servidores p�blicos en la actuaci�n administrativa no queda eximida y puede ser objeto de evaluaci�n y posible sanci�n en otro �mbito o procedimiento.

En palabras de Mej�a citado por Moreta (2019), �est� creado para que la propia administraci�n p�blica cuide la legalidad, correcci�n y justicia de sus actuaciones, y no para que el ciudadano tenga un medio m�s de contradicci�n� (p.243), lo cual, permite pensar que no es un escal�n o una instancia m�s a la cual los ciudadanos pueden recurrir, y a su vez limita el deber de los servidores p�blicos en brindar una respuesta oportuna y motivada a los usuarios.

El recurso extraordinario de revisi�n se diferencia del recurso de apelaci�n por contener dos etapas, una de admisi�n y otra de resoluci�n. La primera debe ser notificada al interesado en el t�rmino de veinte d�as contados desde su presentaci�n, y la segunda debe ser resuelta en el plazo de un mes. Es importante recalcar que es aqu� donde nace el problema de nuestra investigaci�n, ya que, si la administraci�n p�blica no se ha pronunciado dentro de los t�rminos establecidos en l�neas anteriores la interposici�n genera autom�ticamente en silencio administrativo negativo y por ende se entiende el recurso desestimado.

 

Causales para interponer un recurso extraordinario de revisi�n

Las causales para interponer un recurso extraordinario de revisi�n suelen ser limitadas y est�n detalladamente en el C�digo Org�nico Administrativo, en su Art. 232 constan las referidas causales que permiten que, una persona interesada, pueda interponer un recurso extraordinario de revisi�n del acto administrativo que ha causado estado, en virtud de los numerales subsiguientes:

      1.            Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuesti�n de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente, en otras palabras, el error de hecho se refiere a una equivocaci�n en la percepci�n o interpretaci�n de la realidad f�ctica por parte de quienes expresan la administraci�n y evidentemente para que este error sea relevante y pueda ser motivo de impugnaci�n, debe ser obvio y f�cilmente comprobable, sin necesidad de realizar interpretaciones complejas o an�lisis exhaustivos; lo que significa que afecta la esencia o el fin del acto administrativo, no siendo un error meramente formal o accesorio.

      2.            Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de Derecho, que afecte a la cuesti�n de fondo, al respecto, es necesario anotar que, un error de Derecho se produce cuando la administraci�n interpreta incorrectamente una norma jur�dica aplicable al caso administrativo. Este error debe ser evidente, lo que implica que la equivocaci�n en la interpretaci�n o aplicaci�n de la norma debe ser clara y notoria, sin lugar a dudas razonables sobre su existencia.

      3.            Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resoluci�n del asunto que evidencien el error de la resoluci�n impugnada, siempre que haya sido imposible para la persona interesada su aportaci�n previa al procedimiento. Esta causal busca corregir situaciones en las que, por razones ajenas a la voluntad de la persona interesada, la administraci�n no cont� con toda la informaci�n relevante al tomar su decisi�n, lo que condujo a un error en la resoluci�n final. Por ello, la aparici�n de nuevos documentos como causal de impugnaci�n se justifica cuando esos documentos, que no estaban disponibles en el momento de la decisi�n original, son determinantes para modificar el resultado del procedimiento.

      4.            Que en la resoluci�n hayan influido esencialmente actos declarados nulos o documentos o testimonios declarados falsos, antes o despu�s de aquella resoluci�n, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaraci�n de nulidad o falsedad cuando fueron aportados al expediente dichos actos, documentos o testimonios.

Los actos, documentos o testimonios deben haber tenido un papel crucial en la adopci�n de�������� la resoluci�n. Esto significa que, sin ellos, el resultado del procedimiento administrativo podr�a haber sido diferente, pero para que la presente causal aplique debe existir una declaraci�n formal, emitida por la autoridad competente, que establezca que los actos son nulos de pleno derecho o que los documentos o testimonios son falsos, garantizando que las resoluciones se basen en informaci�n veraz y legalmente v�lida. Si una resoluci�n se fundamenta en elementos viciados por nulidad o falsedad, su legitimidad queda comprometida y, por tanto, debe ser revisada.

      5.            Que la resoluci�n se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado as�, en sentencia judicial ejecutoriada. Es importante comprender que una conducta punible se refiere a un acto il�cito que puede ser sancionado penalmente, como el fraude, la corrupci�n, la coacci�n, entre otros delitos. Si una resoluci�n administrativa es producto de una conducta de este tipo, cometida por funcionarios p�blicos o terceros involucrados, la validez de dicha resoluci�n se ve comprometida.

Para que esta causal sea invocable, es necesario que exista una sentencia judicial ejecutoriada, es decir, una decisi�n judicial firme e inapelable que declare la existencia de la conducta punible. Esto significa que la v�a penal ya ha sido agotada, y la condena es definitiva.

Entonces, la raz�n de esta causal es clara, una resoluci�n administrativa que ha sido influenciada por un acto delictivo no puede mantenerse en el orden jur�dico, ya que estar�a viciada en su origen. La finalidad es proteger la legalidad y la integridad del procedimiento administrativo, asegurando que las decisiones de la administraci�n se basen en actos l�citos y no en conductas il�citas que perviertan la funci�n p�blica.

 

El silencio administrativo

El silencio administrativo surge como una instituci�n propia del Derecho Administrativo, destinada a salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente al ejercicio del poder por parte de las entidades p�blicas, su objetivo es garantizar una respuesta efectiva y motivada a los administrados ante las solicitudes, quejas y peticiones formuladas a la administraci�n p�blica (Ar�valo, 2019).

Se entiende que, este principio guarda estrecha relaci�n con el derecho de recurrir reconocido por la Constituci�n del Ecuador, por el hecho de que ambos garantizan su cumplimiento cuando estos son contestados de manera concreta, motivada, notificada y dentro de los tiempos establecidos para su resoluci�n. Adem�s, es importante mencionar que, estos principios se complementan por el hecho de que al activarse el derecho a recurrir de manera simult�nea se activa el silencio administrativo, sin agotarse el primero por el acto de presentar, si no que acompa�a en la g�nesis del silencio administrativo hasta su atenci�n.

Ahora bien, una vez que no ha sido contestada la petici�n del administrado, en el tiempo establecido por los instrumentos legales ecuatorianos, permite que se de origen al silencio administrativo. El mismo que diferencia dos tipos, el de car�cter positivo y el de car�cter negativo.

 

Normativa que regula el silencio administrativo

El silencio administrativo positivo dentro del COA (2017, Art. 207) establece que �los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones p�blicas deber�n ser resueltos en el t�rmino de treinta d�as, vencido el cual, sin que se haya notificado la decisi�n que lo resuelva, se entender� que es positiva� lo cual, de manera acertada, brinda seguridad jur�dica al administrado para accionar la ejecuci�n del silencio administrativo positivo, �siempre que no incurra en ning�n vicio de nulidad� (Villac�s, 2022, p. 49).

El art�culo ibidem indica, adem�s, que para se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que surja de la petici�n, no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por el COA, determinando que el acto administrativo presunto que resulte del silencio ser� considerado como t�tulo de ejecuci�n en la v�a judicial. Al efecto, la persona interesada incluir� en su solicitud de ejecuci�n una declaraci�n, bajo juramento, de que no le ha sido notificada la decisi�n dentro del t�rmino previsto, debiendo acompa�ar el original de la petici�n en la que aparezca la fe de recepci�n.

Culmina el citado art�culo se�alando que no ser�n ejecutables, los actos administrativos presuntos que contengan vicios inconvalidables, es decir, aquellos que incurren en las causales de nulidad del acto administrativo, previstas en el COA, en cuyo caso el juzgador declarar� la inejecutabilidad del acto presunto y ordenar� el archivo de la solicitud.

Armijos (2018, p.40) en su trabajo investigativo concluye que:

En el C�digo Org�nico Administrativo se origina una contradicci�n normativa entre los efectos positivos del silencio administrativo , con los efectos negativos de la falta de manifestaci�n expresa de la voluntad administrativa en la admisibilidad y resoluci�n del recurso extraordinario de revisi�n, situaci�n que se puede corregir con la aplicaci�n del silencio administrativo formal que la ley determina ser� positivo, lo que ocasiona que en caso de que la administraci�n no se manifieste expresamente de manera oportuna, o simplemente no lo realice, se entender� como desestimado el recurso en un principio y posteriormente si se repite esta inacci�n se originara un acto administrativo ficto o presunto con efecto positivo.

 

Silencio administrativo negativo

El silencio administrativo negativo, al contrario del de car�cter positivo, nace a partir de doctrina, ya que en el COA (2017, Art. 234) no se regula, ni se presenta un concepto espec�fico, l�mites o actuaciones para activar el mismo; lo m�s cercano que podemos encontrar a esta instituci�n jur�dica, es la desestimaci�n del recurso extraordinario de revisi�n a la que se refiere el mencionado Art. 234, el cual menciona �el recurso extraordinario de revisi�n, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo t�rmino, en caso de que no se haya pronunciado la administraci�n p�blica de manera expresa se entiende desestimado�.

Para Villac�s (2022, p. 49), el de car�cter negativo �consiste en que por el paso del tiempo sin ninguna respuesta se entender� negada la pretensi�n�, lo cual, analizando de manera conjunta, evidentemente recae en una vulneraci�n de derechos, como el de recurrir por el hecho de que el administrado desconoce las razones por las cuales no continua en tr�mite el recurso extraordinario de revisi�n y recae en un desistimiento que de manera equivalente hace alusi�n a la naturaleza del silencio administrativo negativo.

Penagos en palabras de Farid Villac�s (2022) menciona que �la realidad jur�dica que presenta el silencio administrativo negativo se�ala que no es acto administrativo, ni t�cito, ni presunto, constituye, llanamente, un remedio procesal� (p.50); entonces, seg�n lo dispuesto por la normativa vigente, en ausencia de una respuesta por parte de la administraci�n, se considerar� impl�citamente como una negativa, lo cual descarta la posibilidad de inferir de manera favorable a la solicitud presentada por el administrado y, por ende, impide recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo, una vez m�s se evidencia la coacci�n al acceso a derechos fundamentales del administrado (Villac�s, 2022).� Lo que incide en una evidente inseguridad jur�dica, que no solo permite el incumplimiento de obligaciones de la administraci�n, en este caso concreto de emitir una respuesta oportuna y motivada, si no tambi�n que siembre la incertidumbre en el administrado. Para Machado y Centeno (2021), los usuarios de la administraci�n p�blica muchas de las veces son objeto de abuso, porque la misma ley los ampara y al existir vac�os legales, estos permiten estos comportamientos sin consecuencias legales o sanci�n alguna.

 

Derecho vinculante

De manera vinculante, la Corte Constitucional colombiana, respecto del derecho de petici�n y la actuaci�n de la administraci�n, aporta lo siguiente:�

El n�cleo esencial del derecho de petici�n radica en la obligaci�n de la autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petici�n elevada (iii) Esta respuesta debe, adem�s: resolver de fondo el asunto cuestionado y ser clara, precisa y guardar estrecha relaci�n con lo solicitado (iv) La garant�a de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable de lo solicitado. (v) El derecho fundamental de petici�n no se satisface a trav�s del silencio administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura constituye prueba de su desconocimiento (CC Colombia, Sentencia No. T9-20/08).

El derecho a recurrir se ve estrechamente vinculado al principio de motivaci�n, puesto que, �la motivaci�n insuficiente vulnera directamente el derecho a la defensa porque tiende a dejar inerme a la persona justiciable: a mayor insuficiencia argumentativa, menores ser�n las posibilidades de controvertir la resoluci�n del poder p�blico que afecte los intereses del usuario� (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1158-17-EP/21) fundament�ndose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien manifiesta que el respeto a la garant�a de la motivaci�n coadyuva al ejercicio de otras garant�as del derecho a la defensa previstas en la Constituci�n, como la de ser escuchado (art. 76.7.c.) o la de recurrir decisiones adversas (art. 76.7.m.) �el apoyo que brinda la motivaci�n a estas otras dos garant�as ha sido reconocido tambi�n por la Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros ��Corte Primera de lo Contencioso Administrativo�� vs. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008, p�rr. 78; Caso Chocr�n Chocr�n vs. Venezuela, sentencia, sentencia de 1 de julio de 2011, p�rr. 118 (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1158-17-EP/21).

De esta manera, se entiende que la falta de respuesta por parte de la administraci�n local o nacional trae consigo como consecuencia la negativa t�cita, que esta a su vez vulnera derechos fundamentales como; seguridad jur�dica, petici�n y recurrir. Lo que afecta de manera simult�nea al principio de buena fe, que comienza a tambalear por la desconfianza que presenta el administrado hacia la administraci�n p�blica por la omisi�n y la inobservancia de deberes estatales que por ley est�n sujetos a cumplirla.

 

Derecho a recurrir

El derecho a recurrir en el contexto del derecho administrativo se refiere a la facultad que tienen las partes afectadas por una decisi�n administrativa para impugnar dicha decisi�n mediante recursos legales. Este derecho no se presenta como �nico y absoluto, al contrario, est� vinculado al principio de tutela judicial efectiva, que garantiza a las personas el acceso a los tribunales y la posibilidad de cuestionar actos administrativos que consideren contrarios a la ley, haciendo referencia al principio de seguridad jur�dica, adem�s que los actos no sean injustos o lesivos de sus derechos y garanticen el principio del debido proceso (Bastidas y Garc�a, 2023).

Respecto de la naturaleza del derecho a recurrir, en algunos sistemas jur�dicos, por la necesidad de las personas que son afectadas por una decisi�n administrativa tienen el derecho fundamental de recurrir dicha decisi�n. Este derecho se materializa a trav�s de la existencia de diversos recursos administrativos y judiciales que permiten impugnar y revisar las actuaciones administrativas. Para ello, la Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos (1977, Art. 7, n�m. 6) menciona que toda persona �tiene derecho a recurrir a un Juez o Tribunal competente a fin de que �ste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido�, lo cual nos permite colegir que la figura del desistimiento vulnera el derecho del debido proceso dentro de un recurso extraordinario de revisi�n.

 

Derecho a recurrir como garant�a fundamental

El Derecho Administrativo, como rama del Derecho P�blico, regula la actividad de la administraci�n p�blica y sus relaciones con los ciudadanos. Su principal objetivo es asegurar que la administraci�n act�e dentro del marco de l�mites legales y en consonancia con los principios de legalidad, justicia, y protecci�n de los derechos individuales.

En este contexto, la garant�a de derechos de los ciudadanos es uno de los pilares fundamentales del derecho administrativo. Las normativas y procedimientos administrativos deben estar dise�ados de manera que protejan y promuevan los derechos y libertades de los individuos frente al poder del Estado. Esto implica que la administraci�n p�blica debe actuar de manera imparcial, transparente, y respetuosa de los derechos humanos. Garantizando as�, el adecuado acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, y la participaci�n ciudadana en los asuntos de inter�s p�blico.

Sin embargo, el COA establece algunos casos en los cuales no se puede recurrir, como es el acto de aclaraci�n, rectificaci�n o subsanaci�n �nicamente sino del acto administrativo principal, la decisi�n de adoptar el procedimiento abreviado, ampliaci�n de plazos, el acto administrativo de convalidaci�n �nicamente sin el principal y la negativa expresa o t�cita de suspensi�n del acto administrativo (Moreta, 2019).

David Blanquer (2018) establece que, si se ha dictado una sentencia sobre el mismo acto administrativo, esto no impide la presentaci�n de un recurso extraordinario de revisi�n por otra causal en caso de aparecer documentos posteriores. Para Moncayo y Narv�ez (2022, p.31) �el cumplimiento de los par�metros internacionales no radica en la cantidad sino en la calidad de la instancia de impugnaci�n, es decir: tres instancias de impugnaci�n administrativa no suponen autom�ticamente que el derecho del administrado se encuentre debidamente precautelado�.

 

Presentaci�n y discusi�n de resultados

 

Tabla 1: Cuestionario aplicado a Jueces de la Unidad Judicial Civil del Cant�n Riobamba.

Fuente: Jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el cant�n Riobamba (2024).

 

Los resultados obtenidos en la primera interrogante del instrumento investigativo aplicado revelan que del 100% de encuestados, existe una posici�n minoritaria del 14,3% respondi� afirmativamente, considerando que la normativa vigente es adecuada y suficiente, mientras que el 85,7% opin� negativamente, sugiriendo que no consideran que la normativa cumpla con las expectativas ni las necesidades jur�dicas en el contexto del recurso extraordinario de revisi�n.

Ante la segunda interrogante planteada, los encuestados reflejan una percepci�n dis�mil de la ineficacia en el uso de este recurso, pues, solo el 7,2% de los encuestados lo considera eficaz, mientras que el 92,8% opina lo contrario. Este resultado destaca un consenso general sobre las limitaciones del recurso extraordinario de revisi�n en su capacidad para proteger los derechos de los administrados frente a la inacci�n de la administraci�n. Lo que nos sugiere que el recurso, en su configuraci�n actual, no ofrece una soluci�n efectiva frente al silencio administrativo negativo, limitando as� el ejercicio del derecho a recurrir y evidenciando una necesidad de revisi�n normativa para garantizar una mayor eficacia y protecci�n en estos procedimientos.

Ante la tercera interrogante, se puede observar que, de manera un�nime, el 100% de los encuestados indic� que no ha recibido capacitaci�n en estos temas, lo cual, pone en evidencia una carencia importante en la formaci�n de quienes manejan o aplican estos procedimientos, lo que puede contribuir a su percepci�n de ineficacia y desconocimiento en la pr�ctica.

Respecto del criterio de los jueces encuestados ante la cuarta interrogante, se puede constatar que de manera mayoritaria, esto es en un 92,8%, consideran que se vulnera el derecho a recurrir al desestimar un recurso extraordinario de revisi�n por silencio administrativo negativo, mientras que, solo, un 7,2% opina lo contrario, lo cual obliga a repensar los efectos del silencio administrativo en este contexto, pues podr�a estar debilitando el acceso a una tutela adecuada y afectando la confianza del administrado para con la administraci�n. Al respecto, para la Corte Constitucional del Ecuador, lo ideal es que el recurso se mantenga:

par�metros preestablecidos por el ordenamiento jur�dico a fin de que, por una parte, permita garantizar a los litigantes el derecho constitucional a recurrir y al mismo tiempo dote de seguridad jur�dica a los litigantes (�). Este se encuentra condicionado a aspectos procesales, sin embargo, de ninguna manera su aplicaci�n a determinado caso deber�a estar desprovista de un proceso racional, expresado por medio de la motivaci�n (Sentencia No. 095-14-SEP-CC).

Sobre el quinto cuestionamiento que indaga respecto de si cree que es importante regular la desestimaci�n que produce el silencio administrativo negativo en el recurso extraordinario de revisi�n, el 64,3% de los encuestados consideran necesaria dicha regulaci�n y solo el 35,7% se encuentra en desacuerdo, lo cual, evidencia una fuerte percepci�n de que la actual regulaci�n del silencio administrativo negativo en este tipo de recurso es insuficiente por lo que requiere de medidas normativas m�s claras y protectoras, que eviten que el silencio administrativo se traduzca en una denegaci�n autom�tica del recurso, mejorando as� la transparencia y la efectividad de los procesos de revisi�n administrativa.�

Los encuestados, ante la sexta interrogante se�alan, en un 92,8% se�alan haber experimentado, en el ejercicio de su cargo, la situaci�n descrita, mientras que solo un 7,2% indic� no haberla enfrentad, lo cual permite reflejar que la pr�ctica de desestimar recursos extraordinarios de revisi�n por silencio administrativo, tras haber sido admitidos y sin resoluci�n en el plazo previsto, es notoriamente com�n.

En el �ltimo cuestionamiento, se evidenci� un amplio consenso, con un 92,8% de los encuestados, que consideran necesaria una reforma al C�digo Org�nico Administrativo para mejorar la eficacia del recurso extraordinario de revisi�n frente al silencio administrativo negativo y el derecho a recurrir, y solo un 7,2% en desacuerdo, este resultado indica una percepci�n generalizada de que el C�digo Org�nico Administrativo, en su configuraci�n actual, no garantiza la eficacia del recurso extraordinario de revisi�n ni protege adecuadamente el derecho a recurrir en la situaci�n planteada. La casi un�nime demanda de reforma sugiere una necesidad urgente de revisar el marco normativo para asegurar una mayor tutela de los derechos de los administrados y reforzar la transparencia y eficiencia en los procedimientos de revisi�n.

 

Conclusiones

En la actualidad, las limitaciones del recurso extraordinario de revisi�n, en su capacidad para proteger los derechos de los administrados frente a la inacci�n de la administraci�n, no ofrece una soluci�n efectiva frente al silencio administrativo negativo, limitando as� el ejercicio del derecho a recurrir y evidenciando una falta de pertinencia que impide garantizar la eficacia y protecci�n de derechos en estos procedimientos.

Se vulnera el derecho a recurrir, al desestimar un recurso extraordinario de revisi�n por silencio administrativo negativo, lo cual debe llevar a la reflexi�n y el debate jur�dico de los efectos del silencio administrativo en este contexto, pues, est� debilitando el acceso a una tutela adecuada y afectando la confianza del administrado para con la administraci�n.

Es necesaria una reforma al C�digo Org�nico Administrativo para mejorar la eficacia del recurso extraordinario de revisi�n frente al silencio administrativo negativo y el derecho a recurrir, esta una necesidad urgente de revisar el marco normativo debe propender al aseguramiento de una mayor tutela de los derechos de los administrados y a reforzar la transparencia y eficiencia en los procedimientos de revisi�n.

 

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