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Violation of Women's Rights: Knowledge about Legal Procedures in the Communities of Guayas Ecuador
Violao dos direitos das mulheres: conhecimento sobre os procedimentos legais nas comunidades de Guayas Equador
Correspondencia: mverdugoa@unemi.edu.ec
Ciencias Sociales y Polticas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 23 de septiembre de 2024 *Aceptado: 23 de octubre de 2024 * Publicado: 20 de noviembre de 2024
I. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Repblica del Ecuador, Docente Tcnico en la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, Milagro, Ecuador.
II. Licenciada en psicologa, Docente Tcnico en la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, Milagro, Ecuador.
III. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Repblica del Ecuador, Docente Tcnico en la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, Milagro, Ecuador.
IV. Licenciada en Administracin de Empresas, Asistente en AGROAZUCAR S.A, Milagro, Ecuador.
Resumen
La vulneracin de derechos de la mujer es un problema persistente que afecta su igualdad y seguridad en diversos contextos. Conocer los procedimientos legales de proteccin es crucial, ya que permite a las mujeres identificar, denunciar y buscar justicia en casos de violencia y discriminacin. Esta investigacin tiene como objetivo describir el conocimiento de las mujeres beneficiarias de la Gestin de Educacin Ciudadana de la Escuela de Formacin y Emprendimiento del Vicerrectorado de Vinculacin de la Universidad Estatal de Milagro sobre los procedimientos legales para la proteccin de sus derechos. Para evaluar su comprensin de los mecanismos legales, el estudio busc identificar reas de mejora en las estrategias educativas y de apoyo. La metodologa utilizada fue de tipo descriptiva, empleando tcnicas e instrumentos cuantitativos. El diseo de la investigacin fue no experimental y de corte transversal. Se trabaj con una muestra censal de 380 mujeres, a quienes se les aplic una encuesta estructurada. Los resultados revelan una significativa falta de conocimiento entre las mujeres encuestadas sobre las leyes y procedimientos que protegen sus derechos en casos de violencia intrafamiliar. Un 46.1% tiene un conocimiento limitado y solo el 4.7% muestra un buen nivel de comprensin. Muchas desconocen cmo proceder ante denuncias o utilizar medidas de proteccin, lo que dificulta su acceso a la justicia. Esta desconexin entre la legislacin y la conciencia pblica destaca la necesidad urgente de campaas educativas y una mejor difusin de los recursos legales. Se concluye que el empoderamiento a travs de la educacin es clave para que las mujeres accedan a sus derechos y a la justicia.
Palabras clave: acceso a la justicia; declaraciones; derechos de la mujer; leyes.
Abstract
The violation of women's rights is a persistent problem that affects their equality and security in various contexts. Knowing legal protection procedures is crucial, as it allows women to identify, report and seek justice in cases of violence and discrimination. This research aims to describe the knowledge of women beneficiaries of the Citizen Education Management of the School of Training and Entrepreneurship of the Vice-Rector's Office of Liaison of the State University of Milagro about the legal procedures for the protection of their rights. To assess their understanding of legal mechanisms, the study sought to identify areas for improvement in educational and support strategies. The methodology used was descriptive, using quantitative techniques and instruments. The research design was non-experimental and cross-sectional. We worked with a census sample of 380 women, to whom a structured survey was applied. The results reveal a significant lack of knowledge among the women surveyed about the laws and procedures that protect their rights in cases of domestic violence. 46.1% have limited knowledge and only 4.7% show a good level of understanding. Many do not know how to proceed with complaints or use protective measures, which makes it difficult for them to access justice. This disconnect between legislation and public awareness highlights the urgent need for educational campaigns and better dissemination of legal resources. It is concluded that empowerment through education is key for women to access their rights and justice.
Keywords: access to justice; statements; women's rights; laws.
Resumo
A violao dos direitos das mulheres um problema persistente que afecta a sua igualdade e segurana em vrios contextos. Conhecer os procedimentos de proteo legal crucial, pois permite s mulheres identificar, denunciar e procurar justia em casos de violncia e discriminao. Esta pesquisa tem como objetivo descrever o conhecimento das mulheres beneficirias da Gesto da Educao Cidad da Escola de Formao e Empreendedorismo da Vice-Reitoria de Ligao da Universidade Estadual de Milagro sobre os procedimentos legais para a proteo de seus direitos. Para avaliar a sua compreenso dos mecanismos legais, o estudo procurou identificar reas para melhoria nas estratgias educativas e de apoio. A metodologia utilizada foi descritiva, utilizando tcnicas e instrumentos quantitativos. O desenho da pesquisa foi no experimental e transversal. Trabalhamos com uma amostra censitria de 380 mulheres, s quais foi aplicado um inqurito estruturado. Os resultados revelam um significativo desconhecimento das mulheres inquiridas sobre as leis e procedimentos que protegem os seus direitos em casos de violncia domstica. 46,1% possuem conhecimento limitado e apenas 4,7% apresentam bom nvel de compreenso. Muitos no sabem como proceder com as denncias ou utilizar medidas de proteo, o que lhes dificulta o acesso justia. Esta desconexo entre a legislao e a sensibilizao do pblico reala a necessidade urgente de campanhas educativas e de uma melhor divulgao dos recursos legais. Conclui-se que o empoderamento atravs da educao fundamental para que as mulheres tenham acesso aos seus direitos e justia.
Palavras-chave: acesso justia; declaraes; direitos das mulheres; leis.
Introduccin
La Declaracin Universal de los Derechos Humanos, tal como se establecen en los primeros artculos, garantiza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distincin alguna, lo que incluye explcitamente el sexo como criterio prohibido de discriminacin. Estos principios fundamentales influyen directamente en los derechos de las mujeres al asegurar su acceso igualitario a todos los derechos y libertades, protegiendo su vida, libertad y seguridad, y promoviendo un trato fraternal y sin discriminacin en todos los mbitos de la vida (Naciones Unidas, 1948).
Martos (2023), seala que la violencia afecta a todas las personas, pero tiene una mayor incidencia en las mujeres, manifestndose de diversas formas, como violencia fsica, psicolgica, sexual y econmica. Esta violencia est vinculada a la distribucin desigual del poder en la sociedad y perpeta la desvalorizacin y subordinacin de las mujeres, lo que distingue a este tipo de violencia de otras agresiones.
La violencia contra las mujeres, segn Lubaale y Budoo-Scholtz (2022), es una violacin de derechos humanos que trasciende fronteras de geografa, cultura y clase social, afectando a mujeres en todos los entornos, ya sean pblicos o privados. Esta violencia ha sido histricamente tolerada y, en algunos casos, sancionada legalmente, reflejando relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que impiden el avance de la igualdad de gnero.
Adems, tambin se presenta como un problema con serias repercusiones en la salud pblica, que incluye lesiones, discapacidades y muertes, as como otros problemas de salud indirectos. En relaciones abusivas, el estrs, el consumo de sustancias y la falta de control sobre la fertilidad y autonoma personal son comunes, llevando a tasas elevadas de embarazos no deseados, abortos espontneos, complicaciones neonatales, infecciones de transmisin sexual (incluido el VIH) y trastornos mentales como depresin y ansiedad. La mayora de esta violencia es ejercida por parejas masculinas (Monteiro & Zaluar, 2012).
De igual manera Qureshi (2013) argumenta que la violencia contra las mujeres es una violacin de los derechos humanos, ms all de ser solo una cuestin de desigualdad, y debera ser abordada directamente como tal. Adems, enfatiza la necesidad de reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como un derecho fundamental y de revisar el enfoque tradicional de los derechos humanos que tiende a marginar a las mujeres.
En su artculo de reflexin, Zuleta (2019), analiza el principio de igualdad tanto formal como material, centrndose en la figura de la mujer como sujeto de derechos. Destaca que, segn la Constitucin y los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, la igualdad es fundamental para el Estado de derechos. A pesar de los avances normativos, persisten desigualdades debido a convencionalismos sociales y patriarcales que perpetan la discriminacin de gnero. La autora subraya la necesidad de un cambio cultural y educativo para lograr una verdadera igualdad, destacando que la igualdad formal solo se materializa cuando se logra la igualdad sustantiva. A pesar de los esfuerzos actuales, an queda un largo camino para eliminar las inequidades y garantizar los derechos de todos, especialmente de los grupos vulnerables, incluida la mujer.
Vergel y Martnez (2021) analizan la persistente vulneracin de derechos que enfrentan las mujeres indgenas en Colombia, una situacin que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar del reconocimiento multicultural en la Constitucin. A pesar de ser un grupo sujeto a especial proteccin, estas mujeres siguen siendo marginadas y vctimas de mltiples violaciones de derechos debido a su gnero y pertenencia a comunidades indgenas. Aunque las leyes actuales deberan protegerlas, la realidad sociolgica de estas mujeres muestra una desconexin con la normativa. Destaca que, es crucial ofrecer soluciones tangibles para mejorar sus condiciones de vida, considerando las mltiples formas de desplazamiento y el olvido al que han sido sometidas.
En Ecuador Snchez et al. (2019), llevaron a cabo un estudio centrado en el derecho al trabajo de las mujeres, enfocndose en la proteccin y promocin de la igualdad en el mbito laboral y la remuneracin. A pesar de los avances hacia la igualdad laboral en pleno siglo XXI, el estudio revela que en Ecuador persiste una significativa desigualdad salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo con responsabilidades equivalentes. Esta brecha salarial no se basa en normas institucionales, sino en actitudes machistas arraigadas en la cultura. Aunque las mujeres han comenzado a ocupar posiciones y profesiones previamente dominadas por hombres, siguen enfrentando barreras significativas y una disparidad en la remuneracin. Esta situacin pone de manifiesto una cultura persistente de machismo que perpeta la creencia de que las mujeres deben recibir salarios menores. Para abordar esta desigualdad, es crucial un cambio cultural profundo y una educacin que elimine las concepciones machistas sobre el papel y las capacidades de las mujeres en el entorno laboral.
El estudio de Twill y Fisher (2010) resalta la necesidad de implementar polticas que apoyen a las familias, como licencias familiares ms generosas y pensiones para mujeres dedicadas al cuidado de los nios, con el objetivo de prevenir violaciones econmicas de los derechos humanos que afectan a mujeres y sus hijos. La investigacin muestra que las madres ganan significativamente menos que las no madres y los hombres. Cifras en Estados Unidos, muestran que, las madres ganan entre un 11% y un 19% menos que las no madres, y entre un 43% y un 48% menos que los hombres a los 45 aos.
En relacin a documentos legales internacionales relacionados a los derechos de las mujeres, destacan: La Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer (CEDAW) la cual, subraya la obligacin de los Estados Parte de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los mbitos, eliminando cualquier forma de discriminacin basada en el sexo. La Convencin reafirma los principios de la dignidad humana, no discriminacin y la igualdad de derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaracin Universal de Derechos Humanos. Tambin destaca la necesidad de modificar los roles tradicionales de gnero y de adoptar medidas legislativas y polticas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, incluyendo su participacin igualitaria en la vida poltica, econmica, social y cultural. La Convencin establece un Comit para supervisar su implementacin y subraya la importancia de la educacin, el acceso a servicios de salud y la igualdad en el empleo como pilares para lograr la igualdad de gnero (Naciones Unidas, 1979).
Otros documentos importantes son, la Declaracin y Plataforma de Accin de Beijing, de las Naciones Unidas (1995), el Convenio de Estambul de Council of Europe (2011) y la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Organizacin de Estados Americanos, 1994) son marcos normativos internacionales fundamentales que abordan la igualdad de gnero y la proteccin de los derechos de las mujeres. La Plataforma de Beijing establece directrices globales para eliminar las desigualdades de gnero en diversas reas crticas, mientras que el Convenio de Estambul se centra en prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, promoviendo medidas preventivas y protecciones legales. Por su parte, la Convencin de Belem do Par refuerza estos principios en Amrica Latina y el Caribe, instando a los Estados a adoptar medidas integrales para erradicar la violencia de gnero y garantizar la proteccin efectiva de las mujeres.
Relacionados a los documentos legales nacionales, la Constitucin de la Repblica del Ecuador establece una serie de garantas y derechos para proteger a las personas, especialmente a las mujeres, en diversos mbitos. Primero, el Art. 66, numeral 3, literal b) garantiza una vida libre de violencia en el mbito pblico y privado, ordenando la adopcin de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, con especial atencin a mujeres y personas en situacin de vulnerabilidad.
En cuanto a los derechos de las mujeres embarazadas, el Art. 43 asegura que no sean discriminadas en mbitos educativos, sociales y laborales, y garantiza servicios de salud materna gratuitos, as como proteccin integral durante el embarazo, parto, y posparto. El Art. 70 establece que el Estado formular polticas para promover la igualdad de gnero, incorporando el enfoque de gnero en planes y programas, y brindando asistencia tcnica para su aplicacin obligatoria en el sector pblico.
El Art. 57, numeral 10 y el Art. 171 reconocen y protegen los derechos colectivos de las comunidades, pueblos, y nacionalidades indgenas, asegurando que su derecho consuetudinario no vulnere los derechos constitucionales, especialmente en lo que respecta a mujeres, nias, nios y adolescentes. Adems, se garantiza la participacin de las mujeres en funciones jurisdiccionales dentro de sus comunidades.
En el mbito laboral, el Art. 331 asegura la igualdad de acceso al empleo y la eliminacin de la discriminacin y violencia contra las mujeres en el trabajo. El Art. 332 protege los derechos reproductivos de los trabajadores, prohibiendo el despido de mujeres por embarazo o maternidad, y garantizando derechos relacionados con la maternidad y la lactancia. Finalmente, el Art. 333 reconoce el trabajo no remunerado de cuidado humano como una labor productiva, y promueve un rgimen laboral que facilite la armona entre el trabajo y las necesidades de cuidado, incluyendo la provisin de servicios adecuados para apoyar a las personas trabajadoras.
El Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) (2024) establece sanciones especficas para delitos de violencia de gnero y familiar. El Art. 141 tipifica el femicidio, definido como el asesinato de una mujer debido a su gnero en un contexto de relaciones de poder y violencia, con una pena de 22 a 26 aos de prisin. El Art. 155 define la violencia contra la mujer o miembros del ncleo familiar como maltrato fsico, psicolgico o sexual ejercido por un familiar. El Art. 156 establece que, si la violencia fsica causa lesiones, la pena aumenta en un tercio sobre la sancin prevista para el delito de lesiones. El Art. 157 sanciona la violencia psicolgica, donde se busca degradar o controlar a la vctima mediante amenazas, manipulacin o humillacin, con una pena de 6 meses a 3 aos de prisin, dependiendo de la vulnerabilidad de la vctima.
El Art. 158 estipula que la violencia sexual contra mujeres o miembros de la familia, especialmente si la vctima es menor de edad, anciana o discapacitada, se castiga con la pena mxima establecida para delitos sexuales. Finalmente, el Art. 159 sobre contravenciones de violencia, como agresiones menores o daos a bienes, son sancionadas con penas de prisin de corta duracin 15 a 30 das, trabajo comunitario y medidas de reparacin integral.
En relacin a la privacin de libertad el Cdigo Orgnico Integral Penal (2024) en el Art. 573, establece disposiciones especiales en relacin con la privacin de libertad para ciertos grupos vulnerables: en lugar de prisin preventiva, las mujeres embarazadas pueden ser sometidas a arresto domiciliario y vigilancia electrnica durante el embarazo y hasta 90 das despus del parto, con posibilidad de extender este periodo si el recin nacido necesita cuidados especiales.
Si una persona incumple una medida cautelar no privativa de libertad, se le podr imponer una medida cautelar privativa de libertad, y en el caso de mujeres embarazadas, esta se cumplir en secciones separadas dentro de los centros penitenciarios (Art. 542). Adems, las penas privativas de libertad se ejecutarn una vez que la sentencia est firme, y las mujeres embarazadas no podrn ser privadas de libertad ni notificadas con sentencia hasta 90 das despus del parto, durante los cuales se les impondr arresto domiciliario con vigilancia electrnica para garantizar el cumplimiento de la pena (Art. 624).
Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
La violencia contra las mujeres es un problema arraigado en relaciones de poder que desvalorizan lo femenino, manifestndose en diversas formas y afectando a mujeres de todas las edades y condiciones. Histricamente, este tema fue ignorado a nivel estatal, pero gracias a la lucha de las mujeres, en Ecuador se comenz a reconocer la violencia de gnero como un problema de salud pblica y se adoptaron medidas legales para enfrentarlo, incluyendo la Ley 103 y la creacin del Consejo Nacional de las Mujeres -CONAMU. A pesar de estos avances, las cifras de violencia siguen siendo alarmantes, lo que llev a la tipificacin del femicidio en 2014 y a la necesidad de una nueva Ley que articule un Sistema Nacional para la Prevencin y Erradicacin de la Violencia de Gnero contra las Mujeres, con enfoque en prevencin, proteccin y reparacin.
La Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2024) se basa en varios principios fundamentales:
Principios Rectores (Art. 8). En primer lugar, la Igualdad y No Discriminacin asegura que ninguna mujer sea discriminada ni se le menoscaben sus derechos, conforme a la Constitucin y la normativa internacional. La Diversidad reconoce y valora las diferencias entre las mujeres, respetando sus diversas condiciones y caractersticas. El principio de Empoderamiento se centra en proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para ejercer plenamente sus derechos y controlar sus vidas. La Transversalidad garantiza que los enfoques establecidos en la ley se apliquen en todos los niveles de gestin, asegurando un tratamiento integral de la violencia de gnero. El principio Pro-persona busca interpretar la ley de la manera ms favorable para la proteccin de los derechos de las mujeres. La Realizacin Progresiva exige al Estado cumplir gradualmente con sus obligaciones de proteger y satisfacer estos derechos. Finalmente, el principio de Autonoma respeta la libertad de las mujeres para tomar decisiones en todos los aspectos de sus vidas.
Derechos de las Mujeres (Art. 9). La ley establece una amplia gama de derechos para las mujeres en todas las etapas de la vida, desde nias hasta adultas mayores. Entre estos derechos se incluyen: la garanta de una vida libre de violencia, el respeto a la dignidad y autonoma, el acceso a una educacin igualitaria, y la recepcin de informacin clara y accesible sobre sus derechos. Tambin se asegura la confidencialidad de sus datos personales y la proteccin frente a la violencia de gnero. Las mujeres tienen derecho a servicios de proteccin y asistencia integral, orientacin legal gratuita, y a participar en decisiones que las afecten, con especial atencin a la no revictimizacin.
Otros derechos contemplados son el acceso a la vivienda segura, la igualdad salarial, el auxilio inmediato por parte de la fuerza pblica, y la proteccin frente a situaciones de amenaza. La ley tambin garantiza la no explotacin y proteccin laboral, as como el reconocimiento de los derechos laborales relacionados con la maternidad y lactancia.
Tipos de Violencia (Art. 10). La ley clasifica diversos tipos de violencia. La Violencia Fsica incluye cualquier acto que cause dao fsico o sufrimiento, mientras que la Violencia Psicolgica abarca acciones que daan la autoestima y estabilidad emocional de la mujer. La Violencia Sexual se refiere a cualquier violacin de la integridad sexual y la coercin en el mbito sexual, y la Violencia Econmica y Patrimonial implica la afectacin de los recursos econmicos y patrimoniales de las mujeres.
Adems, se define la Violencia Simblica como la reproduccin de mensajes que consolidan la dominacin y discriminacin hacia las mujeres. La Violencia Poltica afecta a mujeres en cargos pblicos o en su activismo, mientras que la Violencia Gineco-Obsttrica se refiere al maltrato en el mbito de la salud reproductiva. Finalmente, la Violencia Sexual Digital aborda la vulneracin de la intimidad a travs de tecnologas digitales.
Principios del Sistema Nacional Integral (Art. 15). El Sistema Nacional Integral para la Prevencin y Erradicacin de la Violencia se basa en varios principios clave. El principio de No Criminalizacin asegura que las vctimas no sean tratadas como responsables de los hechos denunciados. La No Revictimizacin previene que las mujeres sean sometidas a nuevas agresiones durante el proceso de atencin y reparacin. La Confidencialidad protege la informacin personal de las vctimas, mientras que la Gratuidad garantiza que todos los servicios sean sin costo para las vctimas. El principio de Oportunidad y Celeridad asegura una atencin inmediata y eficaz, y la Territorialidad del Sistema implica que las acciones se coordinen y se implementen a nivel local, facilitando as la prevencin y erradicacin de la violencia.
En relacin a los procedimientos legales en las comunidades, la ley manifiesta que, las Juntas Cantonales de Proteccin de Derechos desempean un rol crucial en la proteccin de las mujeres vctimas de violencia, con diversas atribuciones establecidas en el Art. 50. Estas incluyen intervenir de oficio o a solicitud para conocer casos de amenaza o violacin de derechos, y tomar medidas administrativas para proteger o restituir los derechos violados. Tambin tienen la facultad de interponer acciones legales en caso de incumplimiento de decisiones, requerir informacin de funcionarios pblicos, y mantener un registro de personas con medidas de proteccin. Adems, deben denunciar actos de violencia y vigilar que las entidades de atencin respeten los derechos de las mujeres.
Entre las medidas administrativas inmediatas que pueden tomar, segn el Art. 51, se incluyen la emisin de boletas de auxilio y rdenes de restriccin, la restitucin de la vctima a su domicilio habitual, la proteccin de bienes y documentos, y la instalacin de dispositivos de alerta. Tambin pueden coordinar la inclusin en programas de proteccin y apoyo, flexibilizar horarios laborales, y suspender actividades del agresor en diversas instituciones.
Sin embargo, es importante destacar que el Art. 58 establece el principio de impugnabilidad, indicando que las medidas administrativas inmediatas de proteccin pueden otorgarse sin afectar los procesos en curso, ya sean en la justicia indgena u ordinaria. Esto garantiza una respuesta efectiva y oportuna, protegiendo la integridad y derechos de las mujeres vctimas de violencia sin perjuicio de otros procedimientos legales.
Reglamento de la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
El Reglamento para la aplicacin de la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2024) tiene como objetivo establecer normas y procedimientos especficos para la prevencin, atencin, proteccin y reparacin de las mujeres vctimas de violencia (Art. 1). Su aplicacin es vlida en todo el territorio ecuatoriano, incluyendo a las mujeres ecuatorianas en situacin de movilidad humana en el exterior, quienes recibirn proteccin y asistencia de las misiones diplomticas o consulares del Ecuador, sin importar su condicin migratoria (Art. 2). En la interpretacin de la Ley y las medidas de proteccin, se deber aplicar una interpretacin favorable en caso de duda (Art. 4).
Uno de sus aspectos destacados es que, para solicitar medidas administrativas de proteccin inmediata, cualquier persona puede hacerlo ante las Juntas Cantonales de Proteccin de Derechos, Tenencias Polticas o Comisaras Nacionales de Polica, sin necesidad de patrocinio legal (Art. 47). Adems, los Gobiernos Autnomos Descentralizados deben asegurar que las Juntas Cantonales de Proteccin de Derechos cuenten con personal especializado en la defensa de derechos y violencia contra las mujeres (Art. 52).
La Defensora del Pueblo desempea un papel crucial en la vigilancia y control de las medidas administrativas de proteccin. Brinda apoyo en el seguimiento del cumplimiento de estas medidas, reporta trimestralmente sobre su otorgamiento y cumplimiento, evala anualmente la ejecucin de acciones urgentes, y documenta la informacin en el Registro nico de Violencia contra las Mujeres (Art. 53).
Como se evidencia en la literatura cientfica y legal, existen numerosos documentos normativos que respaldan y garantizan los derechos de las mujeres. No obstante, la difusin y el conocimiento de estos instrumentos siguen siendo limitados, lo que genera una brecha significativa entre la teora jurdica y la prctica cotidiana. Es crucial que instituciones acadmicas y sociales, contribuyan en la concientizacin y educacin de las mujeres sobre sus derechos legales. Una institucin que contribuye a la vinculacin con la comunidad es la Universidad Estatal de Milagro.
La Gestin de Educacin Ciudadana de la Escuela de Formacin y Emprendimiento del Vicerrectorado de Vinculacin de la Universidad Estatal de Milagro se enfoca en la vinculacin como un pilar esencial de la labor universitaria. Esta vinculacin se materializa a travs de programas y proyectos que integran un contenido acadmico y social significativo, respondiendo a las necesidades sociales, ambientales y culturales mediante una planificacin que alinea los objetivos acadmicos con las demandas sociales (Universidad Estatal de Milagro, 2022).
Los estudiantes contribuyen a la sociedad transfiriendo conocimientos especficos de sus reas de estudio, lo que no solo mejora la calidad de vida de la poblacin beneficiaria, sino que tambin fortalece las competencias adquiridas por los estudiantes durante su formacin profesional. En este marco, el Consultorio Jurdico Gratuito ofrece servicios de asesora y patrocinio legal a personas de bajos recursos y a grupos prioritarios, funcionando con la acreditacin de la Defensora Pblica del Ecuador (Universidad Estatal de Milagro, 2022).
La presente investigacin tiene como objetivo describir el nivel de conocimiento sobre los procedimientos legales relacionados con la vulneracin de derechos de las mujeres entre las beneficiarias de las comunidades atendidas por la Gestin de Educacin Ciudadana de la Escuela de Formacin y Emprendimiento del Vicerrectorado de Vinculacin de la Universidad Estatal de Milagro, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Este anlisis busca evaluar el grado de comprensin y familiaridad de estas mujeres con los mecanismos legales disponibles para la proteccin de sus derechos, con el fin de identificar reas de mejora y fortalecer las estrategias de educacin y apoyo en el mbito de la justicia y la equidad de gnero.
Metodologa
La metodologa utilizada fue de tipo descriptiva, lo que permiti caracterizar el estudio y obtener datos numricos precisos a travs de tcnicas e instrumentos cuantitativos, facilitando el anlisis estadstico del nivel de conocimiento sobre los procedimientos legales relacionados con la vulneracin de derechos de las mujeres. El diseo de investigacin fue no experimental, lo que implic que no se realizaron intervenciones ni manipulaciones de variables, sino que se observ y analiz la realidad tal como se presenta. Adems, se adopt un enfoque de corte transversal, capturando una instantnea del conocimiento de las mujeres en un momento especfico, sin realizar seguimientos en el tiempo.
La muestra estuvo compuesta por 380 mujeres, lo que proporcion una base slida para el anlisis de los datos. Se emple un muestreo probabilstico, garantizando que cada miembro de la poblacin objetivo tuviera una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionada. Se aplic una encuesta estructurada para medir el grado de comprensin y familiaridad de las mujeres con los mecanismos legales disponibles para la proteccin de sus derechos. Esta herramienta permiti recopilar informacin detallada y objetiva, facilitando la evaluacin de la efectividad de las estrategias de la Gestin de Educacin Ciudadana de la Escuela de Formacin y Emprendimiento implementadas por el Vicerrectorado de Vinculacin de la Universidad Estatal de Milagro.
Resultados
La seccin de resultados se estructura en dos partes principales que proporcionan una visin detallada de las caractersticas de la poblacin de estudio y su nivel de conocimiento sobre los procedimientos legales relacionados con la vulneracin de derechos de la mujer.
En la Seccin 1, se presentan los Datos Demogrficos, los cuales son fundamentales para contextualizar el perfil de las participantes. La Tabla 1 resume la distribucin de la poblacin segn variables clave como edad, nivel educativo, estado civil, y ocupacin, entre otros.
La Seccin 2 aborda el Conocimiento sobre Procedimientos Legales de Vulneracin de Derechos de la Mujer. Aqu, se detalla el grado de familiaridad de las participantes con los mecanismos legales disponibles para proteger sus derechos. La Tabla 2 sintetiza estos resultados, permitiendo identificar tanto fortalezas como reas que requieren mayor intervencin educativa y de difusin.
Seccin 1: Datos Demogrficos
Tabla 1. Resultados datos demogrficos poblacin de estudio
|
|
Opciones |
N |
% |
|
Edad |
45-54 aos |
98 |
25,8 |
|
25-34 aos |
94 |
24,7 |
|
|
35-44 aos |
83 |
21,8 |
|
|
55-64 aos |
46 |
12,1 |
|
|
18-24 aos |
35 |
9,2 |
|
|
65 aos o ms |
19 |
5,0 |
|
|
No responde |
3 |
0,8 |
|
|
Menos de 18 aos |
2 |
0,5 |
|
|
Total |
380 |
100% |
|
|
Nivel de escolaridad |
Secundaria |
155 |
40,8 |
|
Universidad |
103 |
27,1 |
|
|
Primaria |
64 |
16,8 |
|
|
Educacin tcnica |
30 |
7,9 |
|
|
Postgrado |
20 |
5,3 |
|
|
No responde |
8 |
2,1 |
|
|
Total |
380 |
100% |
|
|
Estado Civil |
Unin libre |
119 |
31,3 |
|
Casada |
107 |
28,2 |
|
|
Soltera |
107 |
28,2 |
|
|
Separada/Divorciada |
33 |
8,7 |
|
|
Viuda |
10 |
2,6 |
|
|
No responde |
4 |
1,1 |
|
|
Total |
380 |
100% |
|
|
Situacin laboral |
Ama de casa |
176 |
46,3 |
|
Empleada |
132 |
34,7 |
|
|
Desempleada |
48 |
12,6 |
|
|
Estudiante |
18 |
4,7 |
|
|
Jubilada |
3 |
0,8 |
|
|
No responde |
3 |
0,8 |
|
|
|
Total |
380 |
100% |
Nota. Los datos que se muestran en la tabla provienen de encuestas realizadas en varias parroquias y recintos del cantn Milagro, provincia de Guayas, Ecuador
La distribucin de edades en la muestra revela una notable concentracin de participantes en el rango de 45 a 54 aos, que representa el 26% del total, seguido de cerca por el grupo de 25 a 34 aos con un 24,9%. Estos resultados sugieren que la mayora de las mujeres encuestadas se encuentra en una etapa adulta media de su vida, lo que podra influir en sus perspectivas y conocimientos sobre los mecanismos legales para la proteccin de sus derechos.
El anlisis del nivel de escolaridad indica que la mayora de las encuestadas posee un nivel educativo limitado a la secundaria (40.8%), seguido por un menor porcentaje que ha alcanzado la educacin universitaria (27.1%). Este dato sugiere que la comprensin de procedimientos legales podra estar condicionada por el nivel de formacin acadmica, lo que destaca la necesidad de disear estrategias educativas accesibles y adaptadas a estos niveles para mejorar el conocimiento sobre los derechos legales. La baja proporcin de personas con estudios de postgrado (5.3%) o educacin tcnica (7.9%) refuerza la necesidad de una intervencin educativa enfocada en simplificar y clarificar los procedimientos legales relacionados con la proteccin de derechos.
El estado civil de las encuestadas muestra una distribucin diversa, con una mayora en unin libre (31.3%) y una proporcin similar de casadas y solteras (28.2% cada una). La situacin marital puede influir en la percepcin y enfrentamiento de las vulneraciones de derechos, especialmente en mujeres casadas o en unin libre, quienes pueden enfrentar mayores desafos debido a dinmicas familiares. Este aspecto subraya la importancia de abordar las particularidades legales que afectan a mujeres en diferentes estados civiles y de ofrecer apoyo especfico segn estas circunstancias.
La situacin laboral revela que una gran parte de las encuestadas son amas de casa (46.3%), lo que podra limitar su acceso a informacin y recursos sobre procedimientos legales. Las mujeres empleadas (34.7%) tambin podran enfrentar barreras, aunque con mayor acceso a redes de apoyo. El hecho de que el 12.6% est desempleada y el 4.7% sea estudiante subraya la vulnerabilidad econmica de estas mujeres, lo que puede afectar su capacidad para acceder a la justicia. Este escenario refuerza la necesidad de programas que integren la educacin legal con el empoderamiento econmico, para garantizar que todas las mujeres, independientemente de su situacin laboral, tengan las herramientas necesarias para proteger sus derechos.
Seccin 2: Conocimiento sobre procedimientos legales de vulneracin de derechos de la mujer.
A travs de una serie de preguntas, se evalu la comprensin de las participantes respecto a las leyes que las amparan, el proceso de denuncia, los servicios de emergencia disponibles, y sus derechos a medidas de proteccin y representacin legal. Estos resultados proporcionan una visin clara de las reas donde es necesario fortalecer la educacin y el apoyo legal para mejorar la defensa de los derechos de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Tabla 2. Resultados conocimiento sobre procedimientos legales de vulneracin de derechos de la mujer
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Nada |
Poco |
Moderado |
Bueno |
Excelente |
No responde |
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1. Conocimiento sobre leyes que amparan a la mujer en casos de violencia intrafamiliar: Qu nivel de conocimiento tiene? |
64 |
16,8% |
175 |
46,1% |
71 |
18,7% |
43 |
11,3% |
18 |
4,7% |
9 |
2,4% |
|
2. Conocimiento sobre cmo realizar una denuncia: Qu tan informada est sobre el procedimiento para realizar una denuncia formal? |
108 |
28,4% |
152 |
40,0% |
58 |
15,3% |
39 |
10,3% |
15 |
3,9% |
8 |
2,1% |
|
3. Conocimiento sobre cmo presentar una denuncia ante la fiscala: Qu tan informada est sobre el procedimiento para presentar una denuncia ante la fiscala? |
127 |
33,4% |
148 |
38,9% |
45 |
11,8% |
36 |
9,5% |
14 |
3,7% |
10 |
2,6% |
|
4. Conocimiento sobre lneas de ayuda telefnica y servicios de emergencia: Qu tan informada est sobre las lneas de ayuda telefnica y servicios de emergencia disponibles? |
76 |
20,0% |
139 |
36,6% |
50 |
13,2% |
44 |
11,6% |
53 |
13,9% |
18 |
4,7% |
|
5. Conocimiento sobre medidas de proteccin y medidas cautelares: Qu tan informada est sobre las medidas de proteccin y/o medidas cautelares disponibles para las vctimas de violencia? |
115 |
30,3% |
136 |
35,8% |
66 |
17,4% |
31 |
8,2% |
13 |
3,4% |
19 |
5,0% |
|
6. Conocimiento sobre el derecho a un abogado defensor: Qu tan informada est sobre el derecho a un abogado defensor para las vctimas de violencia intrafamiliar? |
85 |
22,4% |
134 |
35,3% |
84 |
22,1% |
37 |
9,7% |
22 |
5,8% |
18 |
4,7% |
Nota. Los datos que se muestran en la tabla provienen de encuestas realizadas en varias parroquias y recintos del cantn Milagro, provincia de Guayas, Ecuador
Discusin de los resultados
El conocimiento de las mujeres en Ecuador sobre las leyes que las protegen en casos de violencia intrafamiliar revela una preocupante desconexin entre la legislacin vigente y su aplicacin efectiva. Segn los resultados de las encuestas, el 46.1% de las mujeres tiene un conocimiento limitado de estas leyes, mientras que solo el 11.3% y el 4.7% poseen un conocimiento bueno o excelente, respectivamente.
Esta brecha significativa en la comprensin de los derechos legales bsicos dificulta el acceso efectivo a la justicia, a pesar de que la Constitucin de la Repblica del Ecuador (2008), en su artculo 66, numeral 3, garantiza la proteccin de las mujeres contra la violencia en todas sus formas. Adicionalmente, la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2024, en sus artculos 19 y 22, establece un marco para asegurar el acceso a la justicia y la proteccin efectiva de las mujeres. Sin embargo, la falta de difusin adecuada de estas disposiciones legales entre la poblacin sugiere una desconexin entre la ley y la conciencia pblica (Espn & Snchez, 2021).
El desconocimiento sobre cmo realizar una denuncia es alarmante. Un 40.0% de las encuestadas tiene un conocimiento bajo y un 28.4% no sabe cmo proceder. Este dficit de informacin es particularmente preocupante considerando que el Cdigo Orgnico Integral Penal (2024), en los artculos 155 al 158, detalla los procedimientos y sanciones relacionadas con la violencia intrafamiliar. Estas leyes obligan al Estado a proporcionar informacin clara y accesible sobre cmo y dnde denunciar, lo que no parece estar cumplindose de manera efectiva. Esta falencia crea una barrera crtica para que las mujeres accedan a la justicia (Snchez et al., 2019).
Similarmente, el conocimiento sobre cmo presentar una denuncia ante la fiscala es limitado. Un 38.9% de las encuestadas tiene poco conocimiento y un 33.4% no tiene conocimiento alguno. La Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2024), en sus artculos 19 y 22, y el Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial (2023) en su artculo 282, establecen la responsabilidad de la Fiscala General del Estado en la recepcin de denuncias, pero la desconexin con las instituciones legales sugiere una falta de confianza o percepcin de inaccesibilidad, lo cual podra disuadir a las mujeres de buscar ayuda legal (Machado et al., 2021).
La familiarizacin con lneas de ayuda telefnica y servicios de emergencia presenta serias deficiencias. Un 36.6% de las encuestadas tiene un nivel limitado de familiarizacin, y un 20.0% no tiene conocimiento alguno sobre estos recursos. A pesar de que la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2024), en su artculo 19, establece la disponibilidad de servicios como la lnea 1800-DELITO, la falta de difusin efectiva de estos recursos pone en riesgo la seguridad de las mujeres en situaciones de emergencia. Esto sugiere que el Estado no est cumpliendo plenamente con su obligacin de garantizar el acceso a esta informacin vital (Len & Ramrez, 2022).
En relacin con las medidas de proteccin y cautelares, un 35.8% tiene poco conocimiento y un 30.3% no tiene conocimiento alguno sobre estos mecanismos, los cuales son fundamentales para garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo. El Cdigo Orgnico Integral Penal (2024), en los artculos 152 al 155, y la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), en su artculo 19, establecen estas medidas, pero la falta de conocimiento sugiere deficiencias en la comunicacin y capacitacin tanto para las vctimas como para los funcionarios encargados de su implementacin (Castillo & Ruiz, 2021).
Finalmente, el derecho a un abogado defensor, garantizado por la Constitucin de la Repblica del Ecuador (2008), en su artculo 76, y la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), es poco conocido por un 35.3% de las encuestadas, y un 22.4% no tiene conocimiento alguno de este derecho. La falta de informacin sobre este derecho crucial limita el acceso a una representacin legal adecuada, lo cual es esencial en casos de violencia intrafamiliar. Esto evidencia la necesidad urgente de campaas informativas y programas de apoyo legal para mujeres en situacin de vulnerabilidad (Caizapanta et al., 2022).
Aunque Ecuador cuenta con un marco legal robusto para la proteccin de las mujeres contra la violencia intrafamiliar, existe una brecha significativa entre lo que establece la ley y el conocimiento que las mujeres tienen sobre sus derechos y los procedimientos legales disponibles. Esta desconexin, evidenciada en las encuestas, subraya la necesidad de implementar campaas de educacin y sensibilizacin masivas, fortalecer los programas de capacitacin para funcionarios pblicos, y asegurar que las leyes se apliquen de manera efectiva. (Vergel & Martnez, 2021).
1. Es fundamental implementar estrategias de educacin y sensibilizacin para mejorar la comprensin y el acceso a los derechos de las mujeres. Esto implica la difusin de informacin sobre los marcos legales nacionales e internacionales, adems de la promocin de un cambio cultural que desafe las actitudes machistas y la discriminacin de gnero arraigada en la sociedad. La educacin y el empoderamiento de las mujeres son esenciales para materializar los principios de igualdad formal y sustantiva y para erradicar la violencia de gnero en todas sus formas (Vera-Del Pezo, 2022).
Conclusiones
La evaluacin del conocimiento de las mujeres en Ecuador sobre los procedimientos legales que protegen sus derechos revela una preocupante desconexin entre la legislacin vigente y su aplicacin efectiva. A pesar de contar con un marco legal slido, el 46.1% de las encuestadas muestra un conocimiento limitado sobre estas leyes, lo que obstaculiza su acceso a la justicia. Adems, un 40.0% desconoce cmo presentar una denuncia, indicando que la informacin sobre estos procesos no se comunica adecuadamente. Esta brecha de conocimiento afecta gravemente la capacidad de las mujeres para hacer valer sus derechos y obtener el apoyo necesario.
Adems, el anlisis revela una falta de familiarizacin con recursos cruciales, como lneas de ayuda y servicios de emergencia, lo que pone en riesgo la seguridad de las mujeres en situaciones crticas. Es urgente mejorar la difusin de informacin sobre estos servicios para facilitar su acceso. Adems, la escasa comprensin sobre medidas de proteccin y el derecho a un abogado defensor indica deficiencias en la capacitacin de funcionarios pblicos y en la comunicacin de los derechos disponibles. Esto subraya la necesidad de programas de capacitacin que aseguren una correcta comprensin y aplicacin de las leyes por parte de vctimas y operadores de justicia, garantizando as el apoyo necesario para las mujeres.
Finalmente, es urgente implementar estrategias de educacin y sensibilizacin que promuevan la comprensin de los derechos de las mujeres y los procedimientos legales. Estas campaas deben enfocarse no solo en informar, sino tambin en fomentar un cambio cultural que desafe las actitudes machistas y la discriminacin de gnero profundamente arraigadas en la sociedad. El empoderamiento de las mujeres es esencial para avanzar hacia la igualdad sustantiva y formal, as como para erradicar la violencia en todas sus formas.
En conclusin, aunque Ecuador cuenta con un marco legal robusto para proteger los derechos de las mujeres, es crucial abordar las brechas en conocimiento y acceso a la justicia. Implementar estrategias de educacin y sensibilizacin, junto con la capacitacin de funcionarios pblicos, es esencial para empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. La Gestin de Educacin Ciudadana del Vicerrectorado de Vinculacin de la Universidad Estatal de Milagro tiene un papel fundamental al ofrecer programas educativos que informen y empoderen a las mujeres de las comunidades, facilitando as que las vctimas de violencia hagan valer sus derechos.
La implementacin de capacitaciones, talleres y campaas informativas desarrolladas por la Gestin de Educacin Ciudadana que pertenece a la Escuela de Formacin y Emprendimiento, contribuye al crecimiento y desarrollo de la comunidad en general en la que se promueve la actualizacin constante de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y competencias fomentando el aprendizaje permanente y la vinculacin con el entorno, fortaleciendo as la formacin integral y el desarrollo personal de las comunidades y ciudadana en general. Con estos antecedentes, es necesaria la articulacin de la comunidad con Organismos Universitarios como el Consultorio Jurdico Gratuito y Consultorio Psicolgico Gratuito, para apoyo a la Comunidad en general.
Asimismo, se ayudara a sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos y proporcionarles herramientas prcticas para ejercerlos. Esto no solo mejorara la calidad de vida de las beneficiarias, sino que tambin fortalecera las competencias de los estudiantes al involucrarlos en la solucin de problemas reales, promoviendo una educacin comprometida con un impacto social significativo. De este modo, el rea de Gestin de Educacin Ciudadana se convertira en un espacio seguro para las vctimas de violencia, brindando la gua y el apoyo necesario para hacer valer sus derechos.
Referencias
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