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El debido proceso y la presunci�n de inocencia ante la caducidad de la prisi�n preventiva en Ecuador: An�lisis de la resoluci�n No. 02-2023

 

Due process and the presumption of innocence in the face of the expiration of pretrial detention in Ecuador: Analysis of resolution No. 02-2023

 

O devido processo legal e a presun��o de inoc�ncia face � caducidade da pris�o preventiva no Equador: An�lise da resolu��o n� 02-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: johvanny.abarca.70@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 12 de septiembre de 2024 *Aceptado: 29 de octubre de 2024 * Publicado: �17 de noviembre de 2024

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

Resumen

La prisi�n preventiva es una medida cautelar utilizada en el proceso penal con el fin de garantizar la presencia del imputado en el juicio y prevenir riesgos de fuga o alteraci�n de pruebas. Esta medida, sin embargo, ha sido objeto de debate, debido a que, podr�a vulnerar derechos fundamentales como la presunci�n de inocencia, el debido proceso y el derecho a la libertad, como lo contempla la Resoluci�n No. 02-2023 que ha sido el objeto de estudio de este art�culo. Esta investigaci�n determin� que Resoluci�n No. 02-2023 de 25 de enero de 2023, emitida por la Corte Nacional de Justicia, transgrede el art�culo 77 numeral 9 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador 2008, violentando las garant�as del debido proceso, presunci�n de inocencia y derecho de libertad. Se ha aplicado una metodolog�a cualitativa, utilizando el m�todo dogm�tico y aplicando entrevistas semiestructuradas, mediante las cuales se pudo conocer la opini�n de profesionales del derecho respecto a la prisi�n preventiva y lo dispuesto por la Resoluci�n No. 02-2023. Como principal resultado se evidencio que, la aplicaci�n de la prisi�n preventiva como se establece en la mencionada resoluci�n llega a vulnerar derechos fundamentales consagrados en Carta Magna.

Palabras clave: Constituci�n; Derecho a la justicia; Administraci�n de justicia; Sanci�n penal; Debido proceso; Presunci�n de Inocencia; Libertad.

 

Abstract

Preventive detention is a precautionary measure used in criminal proceedings in order to guarantee the presence of the accused at the trial and prevent risks of flight or alteration of evidence. This measure, however, has been the subject of debate, because it could violate fundamental rights such as the presumption of innocence, due process and the right to liberty, as contemplated in Resolution No. 02-2023, which has been the subject of study of this article. This investigation determined that Resolution No. 02-2023 of January 25, 2023, issued by the National Court of Justice, transgresses article 77, numeral 9 of the Constitution of the Republic of Ecuador 2008, violating the guarantees of due process, presumption of innocence and the right to liberty. A qualitative methodology has been applied, using the dogmatic method and applying semi-structured interviews, through which the opinion of legal professionals regarding preventive detention and the provisions of Resolution No. 02-2023 was obtained. The main result was that the application of preventive detention as established in the aforementioned resolution violates fundamental rights enshrined in the Magna Carta.

Keywords: Constitution; Right to justice; Administration of justice; Criminal sanction; Due process; Presumption of innocence; Freedom.

 

Resumo

A pris�o preventiva � uma medida cautelar utilizada no processo penal com o objetivo de garantir a presen�a do arguido em julgamento e evitar riscos de fuga ou altera��o de provas. Esta medida, no entanto, tem sido objeto de debate, pois poder� violar direitos fundamentais como a presun��o de inoc�ncia, o devido processo legal e o direito � liberdade, conforme contemplado na Resolu��o n� 02-2023, que tem sido objeto de estudo deste artigo . Esta investiga��o determinou que a Resolu��o n� 02-2023 de 25 de janeiro de 2023, emitida pelo Tribunal Nacional de Justi�a, viola o artigo 77 par�grafo 9 da Constitui��o da Rep�blica do Equador de 2008, violando as garantias do devido processo, presun��o de inoc�ncia e direito � liberdade. Aplicou-se uma metodologia qualitativa, utilizando o m�todo dogm�tico e aplicando entrevistas semiestruturadas, atrav�s das quais foi conhecida a opini�o dos profissionais do direito relativamente � pris�o preventiva e o disposto na Resolu��o n� 02-2023. O principal resultado foi que a aplica��o da pris�o preventiva prevista na referida resolu��o viola direitos fundamentais consagrados na Carta Magna.

Palavras-chave: Constitui��o; Direito � justi�a; Administra��o da justi�a; san��o criminal; Devido processo; Presun��o de Inoc�ncia; Liberdade.

 

Introducci�n

La prisi�n preventiva en el Ecuador, acorde al C�digo Org�nico Integral Penal (2014), en los art�culos 522 y 534, establece a este tipo de prisi�n como una figura penal de car�cter preventivo, excepcional y de �ltima ratio, tanto as� que, nuestra constituci�n para precautelar el derecho de libertad, en su art�culo 77 numeral 9 provee que:

Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisi�n preventiva no podr� exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisi�n, ni de un a�o en los casos de delitos sancionados con reclusi�n. Si se exceden estos plazos, la orden de prisi�n preventiva quedar� sin efecto. (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008)

Es preciso mencionar que, esta caducidad de la prisi�n preventiva se convierte en una garant�a, misma que se aplica a las personas que se encuentran privadas de la libertad de forma irregular o ileg�tima, este acceso a la libertad aplicando la caducidad de la prisi�n preventiva, se encuentra limitada por la existencia de la Resoluci�n No. 02-2023 en adelante (Resoluci�n 02-2023), misma que restringe el derecho de libertad y m�s a�n, transgrede ciertos preceptos y principios constitucionales establecidos como derechos y garant�as, siendo esta medida cautelar necesaria siempre y cuando otras medidas alternativas no sean suficientes para este fin, por lo que esta tiene un fundamento exclusivamente procesal (Resoluci�n No. 02-2023, 2023).

En el mismo orden de ideas, el objetivo del presente art�culo es demostrar que la Resoluci�n No. 02-2023, vulnera principios y garant�as constitucionales como son el derecho al debido proceso, la presunci�n de inocencia y la libertad del procesado, en raz�n de que la prisi�n preventiva se la establece como una medida cautelar de car�cter personal, excepcional, no punitiva, subsidiaria, provisional, proporcionada, motivada y revocable, cuya �nica medida o funci�n es garantizar la comparecencia del imputado al proceso.

De la misma forma, se debe considerar que, la Corte Nacional, en otra Resoluci�n, como la N.�.14-2021, de 15 de diciembre de 2021, establece algunas caracter�sticas por las que proceder�a la prisi�n preventiva, limitando la propia actuaci�n de la fiscal�a, se�alando de forma espec�fica: �La prisi�n preventiva debe justificarse correctamente y de conformidad con la ley. Se ordenar� solo si se ha demostrado que la persona investigada podr�a fugarse, caso contrario, se deben dictar otras medidas menos severas para garantizar su presencia al juicio� (Resoluci�n No.14-2021, 2021).

En esta resoluci�n, se contrapone con algunas sentencias emitidas por la Corte Constitucional, en donde sus fallos favorecen en ciertos casos a los privados de la libertad; y, donde ya se ha producido la caducidad de la prisi�n preventiva, de esta forma prevaleciendo los pronunciamientos constitucionales sobre los actos o resoluciones emitidos por la Corte Nacional.

Por lo cual, es necesario demostrar que, la Resoluci�n 02-2023, no solo es inaplicable e incompatible con la normativa constitucional, sino que tambi�n vulnera principios y garant�as constitucionales como son los derechos y garant�as del debido proceso, presunci�n de inocencia, derecho de libertad, as� tambi�n y en �ltimo t�rmino proponer a trav�s de las conclusiones dar una soluci�n a estas contrariedades de car�cter jur�dico, ya que violentan, transgreden derechos y garant�as de los privados de libertad, en raz�n de otorgar una coherente aplicaci�n de justicia.�

 

Marco te�rico

Antecedentes hist�ricos sobre la prisi�n preventiva

La prisi�n preventiva es una medida cautelar que se ha utilizado desde la antig�edad en diferentes culturas y sistemas jur�dicos; su objetivo principal, es garantizar que el acusado no eluda la justicia durante el juicio. Este enfoque preventivo tambi�n se vio en el derecho germ�nico medieval, donde los sospechosos de delitos graves eran detenidos para garantizar su comparecencia ante el tribunal (P�rez & Aveiga, 2022). En la Edad Media, a medida que se desarrollaron los sistemas legales europeos, la prisi�n preventiva comenz� a volverse m�s formal; en el caso de Inglaterra, la Carta Magna de 1215 concedi� a los prisioneros ciertos derechos, incluida la protecci�n contra la detenci�n arbitraria, lo que finalmente condujo al desarrollo del recurso de h�beas corpus (Carta Magna, 1215).

Durante la Ilustraci�n y la Revoluci�n Francesa, la sociedad se preocup� m�s por los derechos humanos y las libertades personales, lo que influy� en la reforma del sistema penal; para lo cual, surgi� la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,� en la cual se enfatiza la importancia de la presunci�n de inocencia, afirmando que nadie debe ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario (Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789); este principio se ha ido incorporando paulatinamente al ordenamiento jur�dico de muchos pa�ses, limitando el uso de la prisi�n preventiva y abogando por que se utilice s�lo en casos justificados.

En el siglo XX, la prisi�n preventiva sigui� desarroll�ndose a medida que los derechos humanos se fortalecieron a nivel internacional; siendo as� que, en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de 1966, se establecen est�ndares globales para la protecci�n de los derechos de los acusados, incluidas restricciones espec�ficas a la prisi�n preventiva, estos acuerdos internacionales requieren que los Estados tomen medidas para prevenir abusos y garantizar procedimientos justos (Carrillo, 2023).

 

Conceptualizaci�n de la prisi�n preventiva en el Ecuador

El diccionario panhisp�nico conceptualiza a la prisi�n preventiva como: �medida privativa de libertad acordada judicialmente antes de que se produzca una sentencia condenatoria�. Espinoza (2022) explica que la medida de privaci�n de libertad opera hasta que el juez emite su sentencia, para el caso ecuatoriano el acusado debe existir una sentencia ejecutoriada.

As� tambi�n la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opini�n Consultiva OC-8/87 sobre "La Garant�a de los Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (art. 26 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos)", establece que la prisi�n preventiva debe ser utilizada como una medida excepcional y que su imposici�n debe cumplir con ciertos requisitos (Opini�n Consultiva OC-8/87, 1987). Seg�n la Corte, la prisi�n preventiva no debe ser aplicada de manera autom�tica, sino que debe estar basada en una evaluaci�n individualizada de cada caso, tomando en cuenta la necesidad de asegurar la comparecencia del acusado y la protecci�n de la sociedad.

Cabe destacar que, G�mez (2018, citado en Proa�o et al., 2021), explica que la prisi�n preventiva �no debe ser contraria al derecho fundamental a la libertad personal e integridad f�sica, ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente ni recibir tratos crueles ni degradantes, siendo las caracter�sticas de la prisi�n preventiva: proporcionalidad, razonabilidad, necesidad� (p�g. 5).

 

Evoluci�n y datos hist�ricos de la prisi�n preventiva en el Ecuador

El C�digo de Procedimiento Penal, emitido en el a�o 2002, y que se encontraba en vigencia hasta la emisi�n del C�digo Org�nico de Procedimiento Penal (2014), dentro de su texto normativo, a la prisi�n preventiva la caracterizaba como una medida preventiva, establecida con el objetivo de garantizar la comparecencia del acusado, y de una forma especial deja a criterio del juzgador la adopci�n de esta medida, misma que deb�a de cumplir ciertos requisitos.

Actualmente la prisi�n preventiva tiene una larga trayectoria en la ejecuci�n de penas presuntas, pues la norma establece las etapas procesales de una investigaci�n para recolectar todas las pruebas que puedan imputar responsabilidad por un delito. El principio de duda, como principio independiente de la presunci�n de inocencia, tiene diferentes �mbitos de aplicaci�n o efecto (Luque & Arias, 2021).

 

Prisi�n preventiva como figura jur�dica seg�n la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador y el C�digo Org�nico Integral Penal

La prisi�n preventiva se ve reflejada en distintas normativas, una de ellas es la Constituci�n de Ecuador, en su art�culo 77, en donde se dispone lo siguiente:

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observar�n las siguientes garant�as b�sicas:

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisi�n preventiva no podr� exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisi�n, ni de un a�o en los casos de delitos sancionados con reclusi�n. Si se exceden estos plazos, la orden de prisi�n preventiva quedar� sin efecto.

La orden de prisi�n preventiva se mantendr� vigente y se suspender� ipso jure el decurso del plazo de la prisi�n preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilaci�n ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor p�blico, peritos o servidores de �rganos auxiliares, se considerar� que estos han incurrido en falta grav�sima y deber�n ser sancionados de conformidad con la ley.

Este art�culo, subraya la importancia de que la prisi�n preventiva est� fundamentada en una decisi�n judicial debidamente motivada y que sea proporcional a la finalidad que se persigue. As� mismo se encuentra lo expuesto en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), que en sus art�culos 534 y siguientes regula de manera detallada las condiciones y procedimientos para la aplicaci�n de la prisi�n preventiva. El COIP establece que la prisi�n preventiva solo puede ser dictada cuando existan elementos suficientes de convicci�n sobre la responsabilidad del imputado y cuando se verifiquen ciertos requisitos espec�ficos, como la existencia de peligro de fuga o de obstaculizaci�n de la justicia.

 

De los pronunciamientos en sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la prisi�n preventiva. An�lisis de casos

Existe una serie de sentencias emitidas por la Corte Constitucional a trav�s de recursos extraordinarios de protecci�n, que han declarado la vulnerabilidad de algunos derechos, debido a la inadecuada aplicaci�n de la prisi�n preventiva, es el caso de la Sentencia 2583-19-EP/23, en la cual se resuelve: �2. Declarar que la, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tr�nsito de la Corte Nacional de Justicia, vulner� el derecho al debido proceso penal en la garant�a prevista en el art�culo 77, n�mero 9 de la CRE.� (Sentencia 2583-19-EP, 2023).

Esta sentencia se encuentra en armon�a con la sentencia con la No. 2505-19-EP/21, la cual presenta una acci�n de h�beas corpus en base a la temporalidad de la prisi�n preventiva ya que �[�] las autoridades jurisdiccionales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) vulneraron el debido proceso penal, en la garant�a de caducidad de la medida de prisi�n preventiva cuando supera el tiempo constitucionalmente establecido [�]� (Sentencia 2505-19-EP/21, 2021)

Lo mencionado en el p�rrafo anterior, denota claramente la falta de capacitaci�n de los juzgadores en lo relacionado a la aplicaci�n y procedencia de la medida de la prisi�n preventiva a los PPL. De la misma forma, se encuentra la Sentencia No. 2622-17-EP/21 emitida por la Corte Constitucional, que se refiere, de forma espec�fica, a que el PPL al no ser juzgado dentro del plazo razonable incumple con principios constitucionales, es as� que la Corte se pronuncia de la siguiente manera �[�] la judicatura accionada dej� sin resolver los cargos referentes a una posible privaci�n de la libertad ilegal y arbitraria producto de la privaci�n de la libertad en el pabell�n de m�xima seguridad mientras cumpl�a una prisi�n preventiva y a la afectaci�n a la integridad f�sica [�]� (Sentencia No. 2622-17-EP, 2021). Evidenciando as� los derechos de integridad, bienestar y salud relacionados con la aplicaci�n indebida de la privaci�n de libertad debido a una prisi�n preventiva.

Todas estas sentencias resueltas por la Corte Constitucional se enfocan en que existieron violaciones al debido proceso, garant�a de libertad, del plazo razonable y de la motivaci�n, debido a que imputados pasaron m�s del tiempo establecido para que surta efecto la caducidad de la prisi�n preventiva, sin embargo, continuaban con privaci�n de su libertad.�

 

Elementos Constitutivos de la prisi�n preventiva en el Ecuador

La prisi�n preventiva en el Ecuador se encuentra constituida como una medida cautelar de car�cter preventivo donde su finalidad es: �(�)� suspender el derecho a la libertad ambulatoria, siendo necesaria siempre y cuando las medidas alternativas no sean suficientes para mantener al presunto infractor inmerso dentro de su proceso penal (�)� (Mero, 2023), aunque en la realidad nacional su peyorativo uso lo ha convertido en un abuso del derecho y de la Ley.

Es preciso se�alar que, para que la prisi�n preventiva se plantee dentro de un proceso penal, debe cumplir con los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad (Luque & Arias, 2021). Los requisitos mencionados adem�s se relacionan con los elementos constitutivos de la prisi�n preventiva que de acuerdo con Game y Gende (2023) son los siguientes:

�         Indicios suficientes: Debe haber evidencia que sugiera la existencia de un delito y la participaci�n del procesado en el mismo.

�         Necesidad de la medida: La prisi�n preventiva debe ser necesaria para garantizar la comparecencia del procesado al juicio o para asegurar el cumplimiento de una eventual pena.

�         Delito que amerite pena privativa de libertad: El delito imputado debe ser sancionado con pena privativa de libertad.

�         Solicitud fundamentada del fiscal: El fiscal debe solicitar la medida de manera fundamentada ante el juez competente.

�         Proporcionalidad: La medida debe ser proporcional al delito imputado y a las circunstancias del caso.

�         Excepcionalidad: La prisi�n preventiva debe ser aplicada como �ltimo recurso, cuando otras medidas cautelares sean insuficientes.

�         Motivaci�n de la resoluci�n judicial: El juez debe fundamentar su decisi�n de ordenar la prisi�n preventiva.

�         Temporalidad: La medida tiene un l�mite temporal establecido por la ley.

Estos elementos buscan garantizar que la prisi�n preventiva se aplique de manera justificada y respetando los derechos del procesado, reflejando as� un equilibrio en la necesidad de respeto de los derechos y de una aplicaci�n adecuada para mantener la integridad del sistema judicial, protegiendo tanto los intereses de la sociedad como los derechos individuales de los acusados.

 

Elementos jur�dicos de la prisi�n preventiva�

La prisi�n preventiva, debe cumplir con una serie de elementos b�sicos para que se pueda aplicar, aparte de los elementos de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad. Existen los errores que se generan en la falta de sustentaci�n para aplicar la prisi�n preventiva y est�n relacionados con la interrupci�n de la caducidad, para justificar lo mencionado Merch�n y Dur�n (2022) mencionan que al ser una medida cautelar debe adecuada para no generar violaciones a los derechos humanos. En vista de esto Sarango y Vivanco (2018) explican que existen los siguientes elementos jur�dicos destacando su aplicabilidad:

a)      Acorde a lo que establece el art�culo 520, numeral 2 y el art�culo 534, inciso 1 del COIP, existe falta de fundamentaci�n en la solicitud de justificar la medida por Fiscal�a (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014).

b)      Acorde a lo que establece el art�culo 520, numeral 3 y el art�culo 540 del COIP; adem�s del art�culo 76, numeral 7, literal l de la Constituci�n, por parte del juzgador existe falta de motivaci�n de la resoluci�n (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014; Constituci�n de la Rep�blica del Ecaudor, 2008). De esto se genera que existan muchas personas detenidas, hacinamiento carcelario y abuso en la privaci�n de libertad.

c)      Acorde a lo que establece el art�culo 520, numeral 4 y el art�culo 534, numeral 3 del COIP, por parte de los administradores de justicia, en los actos resolutorios no se considera los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014).

d)      Acorde a lo que establece el art�culo 5, numeral 13 del COIP, existe falta en la distribuci�n de la carga de la prueba (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014). Lo cual genera que se juzgue de una forma inequ�voca, el no valorar la prueba de una forma racional y bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, ocasiona una violaci�n no solo a las garant�as del debido proceso, sino que afecta de forma directa a la presunci�n de inocencia.

Para analizar la prisi�n preventiva es necesario especificar qu� caracter�sticas debe contener dicha medida cautelar; mismas que el art�culo 534 del COIP se�ala:

a.       Es una medida de car�cter excepcional.

b.      Debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso concreto.

c.       Es de �ltima ratio

d.      Debe ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es �til y eficaz.

e.       Esta medida se aplica con la finalidad de garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014).

El mismo art�culo tambi�n nos establece ciertos requisitos a cumplirse, as� tenemos:

1.      Elementos de convicci�n suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio p�blico de la acci�n.

2.      Elementos de convicci�n claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o c�mplice de la infracci�n. En todo caso, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye raz�n suficiente para ordenar la prisi�n preventiva.

3.      Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisi�n preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena.

4.      Que se trate de una infracci�n sancionada con pena privativa de libertad superior a un a�o (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014).

Es decir, el art�culo 534 del COIP establece que la prisi�n preventiva es una medida cautelar de car�cter excepcional, aplicada como �ltimo recurso y solo cuando ninguna otra medida sea �til y eficaz, con el fin de garantizar la comparecencia del procesado y el cumplimiento de la pena. Donde su aplicaci�n requiere de varios elementos entre ellos la evidencia suficiente de un delito de acci�n p�blica, convicci�n clara y precisa de que el procesado es autor o c�mplice, indicios de que otras medidas cautelares son insuficientes, y que la infracci�n conlleve una pena privativa de libertad superior a un a�o.

Dentro de estas caracter�sticas y requisitos, tambi�n se debe mencionar que este articulado conmina al juez y al fiscal sustentar las razones por las cuales es necesario establecer dicha medida, de lo cual resulta que: �La Fiscal�a al momento de fundamentar su solicitud de prisi�n preventiva justificar� la existencia de todos los requisitos establecidos en el presente art�culo, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitarlo� (Resoluci�n No.14-2021, 2021, p�g. 13)

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisi�n preventiva deber� tener en consideraci�n si la o el procesado incumpli� una medida alternativa a la prisi�n preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. As� pues, cuando proceda ordenar la prisi�n preventiva, en su resoluci�n la o el juez obligatoriamente motivar� su decisi�n y explicar� las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. La resoluci�n contendr�:

a.       Una relaci�n de c�mo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada se ajustan a un delito de acci�n penal p�blica sancionado con una pena privativa de libertad superior a un a�o.

b.      Que los elementos aportados por Fiscal�a permiten razonadamente concluir que es probable que la persona procesada sea autor o c�mplice del hecho imputado. La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye raz�n suficiente para ordenar la prisi�n preventiva.

c.       La justificaci�n de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal, y que la prisi�n preventiva se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014).

Todas las caracter�sticas definen claramente cuando procede la prisi�n preventiva, adem�s que dicha medida debe cumplir con ciertos requisitos de car�cter espec�fico y restringidos.� En dicho sentido la Resoluci�n 02-2023 emitida por la Corte Constitucional en su art�culo 1 se�al:

Los plazos de caducidad de la prisi�n preventiva de seis meses y un a�o previstos en el art�culo 541, numerales 1 y 2 del C�digo Org�nico Integral Penal, se interrumpen desde la emisi�n de la decisi�n oral motivada y dictada en audiencia, de conformidad con el art�culo 619 del mismo C�digo. (Resoluci�n No. 02-2023, 2023, p�g. 5)

Esta ampliaci�n que hace la Corte Nacional del art�culo 541 sobre la caducidad de la prisi�n preventiva es incongruente, ya que dicho art�culo, de forma espec�fica en el art�culo referido en su numeral 3, se�ala: �. El plazo para que opere la caducidad se contar� a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisi�n preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpir�n estos plazos� (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014).

De lo expuesto con anterioridad, es evidente que dicha interrupci�n opera seg�n la emisi�n de la decisi�n oral por parte de la Corte Nacional, es ah� donde surge la interrogante �si el juzgador demora en emitir su pronunciamiento oral mucho m�s del plazo establecido en lo que opera la caducidad?, es decir, este pronunciamiento queda a discreci�n del juzgador, lo que hace peligroso para el PPL.

Por lo cual, se debe considerar que, si el juzgador demora m�s del tiempo establecido para emitir su pronunciamiento oral, el presunto sujeto activo del delito debe esperar a que ocurra aquello, esto lo convierte al PPL en un secuestrado del sistema de justicia ecuatoriano, ya se encuentra privado de forma arbitraria. En cuanto a lo que refiere y se�ala la Constituci�n, en su art�culo 77, numeral 9, sobre la caducidad de la prisi�n preventiva, claramente establece 4 caracter�sticas aplicables que son:

1.      Existe carga de responsabilidad del juez o jueza que lleva el proceso.

2.      La prisi�n preventiva no podr� exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisi�n.

3.      La prisi�n preventiva no podr� exceder de un a�o en los casos de delitos sancionados con reclusi�n.

4.      Si se exceden estos plazos, la orden de prisi�n preventiva quedar� sin efecto. (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

Estas cuatro caracter�sticas claramente se�alan que, la prisi�n preventiva en primer lugar tiene carga de responsabilidad para el juzgador que conoce el proceso, y si demora en aplicar su pronunciamiento oral, debe ser sancionado a trav�s de un r�gimen disciplinario. De igual manera, se�ala los plazos por los cuales no puede sobrepasar la prisi�n preventiva, como tambi�n si se exceden dichos plazos, la carta constitucional le da una afectaci�n de nulidad a dicha prisi�n preventiva y por ende el PPL puede aplicar alguna garant�a a la misma y solicitar su libertad.

 

Sobre la aplicabilidad de la Resoluci�n No. 02-2023

Es importante revisar la parte normativa aplicable en la que se bas� la Corte para emitir la Resoluci�n No. 02-2023 y determinar si el contexto del contenido normativo es constitucional o se contrapone a la norma constitucional. En dicho sentido se encuentra el principio pro homine, que se relaciona con la presunci�n de inocencia, la Resoluci�n No. 02-2023 limita el derecho a que el imputado permanezca en libertad y pueda entablar su defensa de una forma m�s adecuada.

La presunci�n de inocencia es definida como �(�) el derecho de toda persona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como inocente hasta la condena por sentencia firme. Se presumir� inocente hasta que la culpabilidad quede acreditada en juicio, con todas las garant�as necesarias para una defensa� (Mosquera et al., 20020),

Acorde a la Constituci�n, art�culo 76.2 el cual establece que la presunci�n de inocencia se mantendr� hasta que una resoluci�n en firme o sentencia ejecutoriada determine lo contrario, recalcando que la prisi�n preventiva no debe constituirse como una condena anticipada declarada por el juzgador, siendo entendible que en lugar de verificar todos los requisitos constitucionales, los sistemas de justicia penal se basan solo en la existencia del m�rito sustantivo para ordenar la detenci�n preventiva (Bovino, 2007), es decir se trata de un supuesto que no ha sido comprobado y que el camino para hacerlo es largo todav�a.

Rodr�guez (2018) se�ala que el debido proceso es considerado como la actividad judicial que se direcciona a resolver pretensiones, basado en principios que posean el objetivo de justicia y particularizados en las normas del procedimiento y las propias de cada proceso que se tramite, el mismo que en otras palabras es un proceso que posee garant�as para las partes procesales. Es decir, que el principio del debido proceso es una garant�a de car�cter constitucional tipificada en los art�culos 75 y 76 de la Carta de Estado; misma que se encarga de garantizar la correcta aplicaci�n de la ley.

La relaci�n del debido proceso con la prisi�n preventiva es muy estrecha, esta medida cautelar ha sido aplicada de forma abusiva en muchos casos que tal vez no lo ameritaban, y es as� como en los �ltimos a�os precisamente creci� de manera inusitada el n�mero de PPL, la mayor�a de ellos por delitos menores, inculpados y procesados en audiencias veloces de car�cter abreviado (Krauth, 2018). Esto quiere decir que, dentro de las etapas previas cuando se detiene a una persona con fines de investigaci�n, su privaci�n de libertad debe ser ejecutada acorde a un debido proceso, que previamente el fiscal y el juzgador en audiencia oral, p�blica y contradictoria deber�n justificar la detenci�n permanente del sospechoso.

La libertad definida como �Facultad y derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no proh�ben y que no perjudique a los dem�s� (Espinoza, 2022). Desde esa perspectiva, permite a los seres humanos desarrollar y actuar con todo lo permitido por la Ley, entendiendo que, lo que no est� permitido acarreara una sanci�n. Este derecho, tambi�n reconocido como un derecho humano, se encuentra concebido dentro de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos (Art. 3).

Sobre el derecho de libertad, la Constituci�n, en su art�culo 77, numeral 1, claramente se�ala que la privaci�n de la libertad no ser� una regla general, y que la misma se aplicar� de forma excepcional para garantizar la comparecencia del imputado al proceso (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). En dicho sentido, la prisi�n preventiva, compromete seriamente la privaci�n de la libertad de la persona, a pesar de ser una medida de car�cter subsidiaria y provisional, ante medidas que son insuficientes, acorde a la segunda parte del Art. 534, numeral 3 del COIP.

La ausencia de razonabilidad y la falta de consideraci�n de la necesidad de generar criterios s�lidos por parte de los jueces en la aplicaci�n de la Resoluci�n 02-2023, genera una desproporcionalidad en la interrupci�n de la detenci�n por caducidad de la prisi�n preventiva, m�s a�n cuando para que opere esta caducidad de la prisi�n preventiva, no es necesario que exista sentencia ejecutoriada.

La Resoluci�n 02-2023 se�ala claramente plazos de caducidad de la prisi�n preventiva de seis meses y un a�o, se interrumpen desde la emisi�n de la decisi�n oral motivada y dictada en audiencia, esta tipificaci�n y ampliaci�n del art�culo 541 del COIP genera una aberraci�n jur�dica por cuanto la resoluci�n modifica, reforma y ampl�a el articulado ya se�alado, y m�s que eso,� transgrede el art�culo 77 numeral 9 de la Constituci�n, vulnerando as� los derechos de la persona procesada.

Ampliando el contenido de la Resoluci�n 02-2023, se puede observar que,� existe una contradicci�n, ya que en su art�culo primero se�ala �Los plazos de caducidad de la prisi�n preventiva se interrumpen desde la emisi�n de la decisi�n oral motivada y dictada en audiencia�, hecho contradictorio con el art�culo dos que indica �Para que opere la interrupci�n de la caducidad de la prisi�n preventiva no es necesario que exista sentencia ejecutoriada.�, entonces es preciso preguntarse �Es necesario o no el pronunciamiento motivado para que opere la interrupci�n de la caducidad? Claro est�, diferenciando la sentencia ejecutoriada de las decisiones orales que tomen los jueces de diferentes niveles de juzgados y tribunales.

 

Metodolog�a

La investigaci�n se enmarc� en un enfoque cualitativo, siguiendo la propuesta de Salas (2020). Este m�todo permiti� representar los elementos del fen�meno social y jur�dico relacionado con la caducidad de la prisi�n preventiva y la aplicaci�n de la Resoluci�n No. 02-2023 del 25 de enero de 2023, como lo sugiere Guzm�n (2021). Para obtener una comprensi�n m�s profunda, se realiz� una entrevista semiestructurada con profesionales del derecho, con el fin de explorar sus opiniones sobre la aplicaci�n de dicha resoluci�n y sus implicaciones en el marco legal.

El desarrollo de la investigaci�n aplic� el m�todo descriptivo, utilizando bibliograf�a, doctrina y jurisprudencia. Estos elementos documentales aportaron teor�as relevantes para el estudio (Arredondo et al., 2020). Adem�s, se emple� el m�todo explicativo (Chacha et al., 2021), lo que permiti� examinar a fondo el problema de investigaci�n y entender los aspectos fundamentales de la prisi�n preventiva y la Resoluci�n 02-2023, identificando sus caracter�sticas, consecuencias y posibles elementos antijur�dicos.

Se usaron tambi�n los m�todos anal�tico y dogm�tico. El anal�tico facilit� una revisi�n exhaustiva de la documentaci�n, identificando ideas principales de manera estructurada, mientras que el dogm�tico se centr� en el estudio de la prisi�n preventiva en la legislaci�n ecuatoriana (Maldonado et al., 2021). Este m�todo incluy� un an�lisis bibliogr�fico de la legislaci�n penal y de la Resoluci�n 02-2023, evaluando sus posibles contradicciones con principios, derechos y garant�as legales.

Asimismo, se aplicaron m�todos descriptivo-explicativos (Elizalde et al., 2020). El m�todo descriptivo permiti� identificar las caracter�sticas principales del tema de estudio, mientras que el explicativo ayud� a determinar las causas espec�ficas del problema, evaluando si la Resoluci�n No. 02-2023 vulnera derechos y garant�as reconocidos tanto en la Constituci�n ecuatoriana como en el derecho internacional de derechos humanos.

Finalmente, se emplearon los m�todos deductivo e inductivo. El m�todo deductivo permiti� realizar inferencias que condujeron a las conclusiones finales, mientras que el inductivo facilit� la identificaci�n de patrones a partir del an�lisis de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la prisi�n preventiva, contribuyendo as� a la comprensi�n de su aplicaci�n en el contexto jur�dico ecuatoriano.

 

Resultados

El an�lisis de los resultados de la presente investigaci�n muestra claramente que la solicitud y aplicaci�n de la prisi�n preventiva debe ser plenamente justificada, tanto por los fiscales como por los jueces. Existe un consenso general en que su aplicaci�n no debe ser arbitraria y que se necesita una base s�lida para asegurar su legalidad y proporcionalidad. Este acuerdo subraya la importancia de un sistema de justicia que sea transparente, justo y respete los derechos de los acusados.

Respecto a la Resoluci�n No. 02-2023 emitida por la Corte Nacional del Ecuador, se ha observado un conocimiento b�sico de la misma, pero tambi�n se han expresado preocupaciones sobre su uso con fines pol�ticos. Se argumenta que la resoluci�n, aunque jur�dicamente vinculante, se utiliz� para reprimir a los opositores del gobierno, socavando su legitimidad y violando derechos constitucionales. Esta perspectiva resalta la tensi�n entre la aplicaci�n de medidas legales y el respeto de los principios de democracia y derechos humanos.

Existe un acuerdo generalizado en que la prisi�n preventiva no debe utilizarse arbitrariamente en todos los casos penales. Se reconoce la necesidad de evaluar cada situaci�n caso por caso, tomar medidas alternativas cuando sea posible y reservar la prisi�n preventiva para delitos graves como el asesinato o el sicariato. Este enfoque refleja una comprensi�n de la proporcionalidad en los procedimientos judiciales y busca garantizar que las medidas preventivas sean apropiadas a la naturaleza del delito y las circunstancias del acusado.

En el �mbito jur�dico se indica que la prisi�n preventiva se utiliza principalmente en casos de sicariato, lo que ha generado hacinamiento en las prisiones nacionales. Sin embargo, tambi�n se ha se�alado que las amenazas a jueces y fiscales a veces conducen a la liberaci�n de los acusados incluso en delitos graves, lo que plantea dudas sobre la coherencia y eficacia de la medida. Esta situaci�n refleja la complejidad y los desaf�os que enfrentan los sistemas legales al aplicar la prisi�n preventiva.

En cuanto, a si la prisi�n preventiva debe considerarse como un ultim�tum, se reitera que esta medida s�lo debe utilizarse en casos excepcionales. La prisi�n preventiva se considera un �ltimo recurso y tiene como objetivo garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso y evitar que se d� a la fuga. Este consenso subraya la necesidad de adoptar un enfoque cauteloso y deliberado al aplicar medidas de detenci�n para que no se comprometan los derechos fundamentales de las personas.

Por lo tanto, se puede decir que, los resultados revelan una idea general de que la prisi�n preventiva debe realizarse de manera proporcionada y razonable, respetando los derechos constitucionales y los derechos humanos. Las cr�ticas a la Resoluci�n No. 02-2023 y las preocupaciones sobre su uso pol�tico subrayan la necesidad de una vigilancia constante en la aplicaci�n de la justicia para garantizar su objetividad y equidad. La complejidad de los casos y las circunstancias espec�ficas de cada delito individual requieren un enfoque flexible e informado de las medidas preventivas.

 

Conclusiones

En base al an�lisis y el desarrollo investigativo de la aplicaci�n de la Resoluci�n No. 02-2023 emitida por la Corte Nacional de Justicia, resalta una serie de aspectos importantes que necesitan atenci�n para mejorar la gesti�n judicial y garantizar los derechos humanos. En primer lugar, cabe se�alar que, la prisi�n preventiva en su forma actual se convierte en un castigo predecible, esto debido a que, el mal uso de la aplicaci�n de la prisi�n preventiva vulnerar directamente la presunci�n de inocencia y el principio del debido proceso.

La aplicaci�n de la privaci�n de libertad, hasta que se llegue a un veredicto final socava los derechos fundamentales del acusado, afectando el derecho a la libertad de circulaci�n y el derecho a la presunci�n de culpabilidad en lugar de inocencia. Al aplicarse, la Resoluci�n N� 02-2023, se corre el riesgo de confundir gravemente el principio de presunci�n de inocencia con el de presunci�n de culpabilidad. Esto se debe a que, no siempre se aplican adecuadamente las disposiciones de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, el C�digo Penal Org�nico Integral y las normas de derechos humanos, al dictarse la medida cautelar de prisi�n preventiva como la primera opci�n, cuando en realidad es de ultima ratio.

La resoluci�n, aunque jur�dicamente vinculante, a menudo se utiliza de una manera que no respetaba plenamente los principios constitucionales y los derechos humanos, lo que demuestra un nivel significativo de incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano. El desarrollo de la prisi�n preventiva en el sistema de justicia penal debe prevenir los abusos de poder y garantizar el derecho a la libertad como un inter�s leg�timo, protegido a nivel local, nacional e internacional.

El an�lisis de la Resoluci�n No. 02-2023, muestra una clara contradicci�n entre normas subjetivas y normas objetivas, tanto en su aplicaci�n como en el ejercicio profesional. Esto significa, adoptar medidas que permitan a los jueces imponer la prisi�n preventiva de una manera que respete los derechos a la libertad, la presunci�n de inocencia y el debido proceso, mientras trabajan para hacer cumplir la justicia de manera efectiva y justa.

Adem�s, lo dispuesto en la Resoluci�n No. 02-2023, no prev� una indemnizaci�n total en caso de liberaci�n o declaraci�n de inocencia del imputado. La falta de mecanismos de reparaci�n integral, agrava las consecuencias de la prisi�n preventiva injusta, incluido el deterioro de la condici�n f�sica, mental y econ�mica de una persona y de su familia. Esta deficiencia resalta la necesidad de reformas que incluyan una compensaci�n adecuada para aquellos perjudicados por el abuso de la prisi�n preventiva.

Por lo cual, es importante que el sistema de justicia ecuatoriano revise y regule el uso de la prisi�n preventiva para garantizar que no sea utilizada como una herramienta de control pol�tico o se convierta en una sentencia esperada. La justicia debe administrarse de manera justa y equitativa, respetando los derechos humanos y el Estado de derechos. Tomar medidas para garantizar el debido proceso y la presunci�n de inocencia es fundamental para generar confianza en el sistema de justicia y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

 

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