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Alcance Jur�dico de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n en el Ecuador

 

Legal Scope of the Extraordinary Action for Protection in Ecuador

 

�mbito Legal da Ac��o Extraordin�ria de Protec��o no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: manucoi@hotmail.es

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 13 de agosto de 2024 *Aceptado: 25 de septiembre de 2024 * Publicado: �05 de octubre de 2024

 

        I.            Universidad de la Pen�nsula de Santa Elena, Maestr�a en Derecho Menci�n en Derecho Constitucional, Ecuador.

Resumen

El presente trabajo investigativo, tiene como prop�sito contribuir al conocimiento de la nueva garant�a de derechos, puesta a disposici�n de los habitantes del Ecuador por la Constituci�n de la Rep�blica, como mecanismo de jurisdicci�n constitucional para la protecci�n de sus derechos, cuando resulten vulnerados por acci�n u omisi�n de los jueces en las decisiones que les corresponde adoptar, en las causas puestas a su conocimiento. La presente investigaci�n entrega al lector un estudio jurisprudencial de sus principales caracter�sticas de esta acci�n: Su finalidad es proteger derechos constitucionales que han sido violados o que est�n en riesgo de serlo, especialmente cuando no hay otros recursos judiciales disponibles o cuando estos son insuficientes. Procedencia: Esta acci�n puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jur�dica que se considere afectada. No se requiere la demostraci�n de un perjuicio irreparable, lo que facilita su acceso. Competencia: La Corte Constitucional es el �rgano competente para conocer y resolver estas acciones. Su pronunciamiento es definitivo e inapelable. Celeridad: El proceso es sumario, lo que implica que debe ser resuelto en un corto plazo, garantizando as� una protecci�n oportuna de los derechos. Amparo de Derechos: La acci�n no solo se limita a la protecci�n de derechos individuales, sino que tambi�n puede abarcar derechos colectivos y difusos. Control de la Constitucionalidad: A trav�s de esta acci�n, la Corte Constitucional tambi�n ejerce un control sobre la legalidad. Finalmente, la tesis contiene unas conclusiones que indican el estado actual de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n en Ecuador, su alcance jur�dico es bastante amplio y est� dise�ado para ofrecer una v�a efectiva de defensa en caso de que se vulneren derechos fundamentales.

Palabras claves: Acci�n extraordinaria de protecci�n; Corte Constitucional; Derechos, Justicia Constitucional, Vulneraci�n.

 

Abstract

The purpose of this research is to contribute to the knowledge of the new guarantee of rights, made available to the inhabitants of Ecuador by the Constitution of the Republic, as a constitutional jurisdiction mechanism for the protection of their rights, when they are violated by action or omission of judges in the decisions that they are responsible for adopting, in the cases brought to their attention. This research provides the reader with a jurisprudential study of the main characteristics of this action: Its purpose is to protect constitutional rights that have been violated or that are at risk of being violated, especially when there are no other judicial resources available or when these are insufficient. Origin: This action can be brought by any natural or legal person who considers themselves affected. It does not require proof of irreparable damage, which facilitates access. Jurisdiction: The Constitutional Court is the competent body to hear and resolve these actions. Its ruling is final and unappealable. Speed: The process is summary, which implies that it must be resolved in a short period of time, thus guaranteeing timely protection of rights. Protection of Rights: The action is not only limited to the protection of individual rights, but can also cover collective and diffuse rights. Control of Constitutionality: Through this action, the Constitutional Court also exercises control over legality. Finally, the thesis contains some conclusions that indicate the current state of the Extraordinary Protection Action in Ecuador, its legal scope is quite broad and is designed to offer an effective means of defense in case fundamental rights are violated.

Keywords: Extraordinary protection action; Constitutional Court; Rights, Constitutional Justice, Violation.

 

Resumo

O objetivo deste trabalho investigativo � contribuir para o conhecimento da nova garantia de direitos, colocada � disposi��o dos habitantes do Equador pela Constitui��o da Rep�blica, como mecanismo de jurisdi��o constitucional para a prote��o dos seus direitos, quando s�o violados por a��o ou omiss�o dos ju�zes nas decis�es que lhes competem adotar, nos casos que lhes sejam levados ao conhecimento. Esta pesquisa proporciona ao leitor um estudo jurisprudencial sobre as principais caracter�sticas desta a��o: Tem como finalidade proteger os direitos constitucionais que foram violados ou correm o risco de serem violados, especialmente quando n�o existem outros recursos judiciais dispon�veis ou quando estes s�o insuficientes. Origem: Esta ac��o pode ser intentada por qualquer pessoa singular ou colectiva que se considere afectada. N�o � necess�ria a demonstra��o de dano irrepar�vel, o que facilita o acesso. Compet�ncia: O Tribunal Constitucional � o �rg�o competente para conhecer e resolver estas a��es. A sua decis�o � definitiva e inapel�vel. Rapidez: O processo � sum�rio, o que implica que deve ser resolvido num curto espa�o de tempo, garantindo assim a protec��o atempada dos direitos. Prote��o de Direitos: A a��o n�o se limita apenas � prote��o dos direitos individuais, mas tamb�m pode abranger direitos coletivos e difusos. Controlo da Constitucionalidade: Atrav�s desta ac��o, o Tribunal Constitucional exerce tamb�m um controlo sobre a legalidade. Por fim, a tese cont�m algumas conclus�es que indiciam o estado atual da A��o Extraordin�ria de Prote��o no Equador, o seu alcance jur�dico � bastante amplo e visa oferecer um meio de defesa eficaz no caso de viola��o dos direitos fundamentais.

Palavras-chave: A��o extraordin�ria de prote��o; Tribunal Constitucional; Direitos, Justi�a Constitucional, Viola��o.

 

Introducci�n

Introducci�n al Derecho Constitucional

El derecho constitucional tiene sus or�genes en la Revoluci�n Brit�nica, la cual deriv� en un r�gimen pol�tico basado en una Constituci�n no escrita y consuetudinaria, marcando el inicio de los primeros documentos que limitaban el poder pol�tico y organizaban el Estado (Ortega, 2008). A partir de estos eventos, surgieron conceptos clave como el control de constitucionalidad y la teor�a del doble pacto social, que sentaron las bases del constitucionalismo moderno.

Durante este periodo, surgieron conceptos esenciales para la redacci�n de futuras Constituciones, como el control de constitucionalidad y la teor�a del doble pacto social en los Estados democr�ticos, como mecanismos para asegurar los derechos individuales.

A partir de estos primeros esbozos del Constitucionalismo, aparecieron las primeras nociones conceptuales que permiten definir el derecho Constitucional contempor�neo como una rama del derecho p�blico que incluye un conjunto de normas destinadas a establecer los principios, derechos, organizaci�n, estructura y garant�as necesarias para el correcto funcionamiento y estabilidad de un Estado. Esto condujo al desarrollo de la interacci�n sociedad-Estado y al mantenimiento de un sistema pol�tico-social fundado en derechos y libertades.

El cambio de paradigma a partir de la Carta Magna del 2008 trajo consigo el establecimiento de lo que actualmente conocemos como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que a su vez es un Estado garantista, es decir que la Constituci�n de Montecristi prev� procedimientos dentro de ella para hacer efectivos los derechos reconocidos, impidiendo que estas se conviertan en declaraciones abstractos.

Entre estos procedimientos se encuentra la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, sin embargo, el comprender su contenido requiere abordar su origen. As� desde el Derecho Romano, se plante� la necesidad de revisar decisiones judiciales, incluyendo las de los magistrados, quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. A pesar de varios intentos en esa �poca, no se consolid� una figura jur�dica que permitiera impugnar estas decisiones, de manera que no fue hasta la Asamblea Constituyente de Francia de 1789, quien, bas�ndose en postulados romanos, cre� el Tribunal de Casaci�n para revisar decisiones judiciales de �ltima instancia. De esta forma el recurso de casaci�n �constituy� el primer gran avance para el revisionismo de decisiones judiciales, de ah�, con la tra�da del constitucionalismo, nace una nueva instituci�n que responde a los principios de esta tendencia� (Salazar P. , 2009, p�g. 45).

As�, si bien con un origen com�n, la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n se presenta como una instituci�n jur�dica propia del constitucionalismo, consolid�ndose como el amparo directo que ostentan los destinatarios de las normas frente a flagrantes vulneraciones a sus derechos constitucionales provenientes de actos jurisdiccionales.

En este sentido, la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n se diferencia del recurso de casaci�n, precisamente, en el objeto que protege, siendo la protecci�n de derechos constitucionales en la referida garant�a constitucional, mientras que, en la casaci�n, la protecci�n de la norma jur�dica y su correcta aplicaci�n. Al respecto, el m�ximo �rgano de interpretaci�n constitucional de nuestro pa�s ha referido que:

En la acci�n extraordinaria de protecci�n, la Corte Constitucional se limita estrictamente a examinar las violaciones al debido proceso constitucional u otras evidentes violaciones al contenido esencial de los derechos fundamentales, tal control contribuye antes que dificulta al correcto funcionamiento de la justicia ordinaria.�(Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 027-09-SEP-CC, 2009)

As�, se puede definir a esta garant�a constitucional como aquel mecanismo de impugnaci�n de decisiones jurisdiccionales tendiente a proteger los derechos constitucionales de una persona, ya sea en el devenir del proceso judicial o en sentencias, sin que esto implique, que la Acci�n Extraordinaria de protecci�n sea considerado un recurso. Respecto a esto �ltimo, es menester recalcar que esta garant�a constitucional no constituye un recurso per se, debido a que su proposici�n no tiene como fin la revisi�n de fondo del acto impugnado, mucho menos su modificaci�n, limit�ndose �nicamente a una eventual declaratoria de vulneraci�n de derechos constitucionales y que la causa se retrotraiga o se sortee nuevamente.

 

Desarrollo

Legitimaci�n Activa

Al respecto de quien ejerce la legitimaci�n activa dentro de este procedimiento, ni la Constituci�n ecuatoriana ni la ni la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, realizan una distinci�n precisa al respecto, es m�s, preocupa la situaci�n que, existen serias discrepancias en lo que respecta a las disposiciones que regulan legitimaci�n activa de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n entre las mentadas normativas, y entre s� mismas.

En este sentido tenemos, por una parte, que la Constituci�n de Montecristi en el art�culo 86 regula de forma general la legitimaci�n activa de las garant�as jurisdiccionales, lo cual, se interpreta que son aplicables a todas ellas, siendo su texto el siguiente: �Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad�; mientras que, el art�culo 437 ibidem restringe la amplitud otorgada para la proposici�n de esta acci�n: �Los ciudadanos de forma individual o colectiva� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). Notoriamente, existe una restricci�n para aquellas personas extranjeras que se hayan visto transgredidas de sus derechos constitucionales en una decisi�n judicial, lo cual es contrario a los principios que rigen la aplicaci�n de los derechos (Art.11 numeral 5).

Sin embargo, este conflicto quedo zanjado con un pronunciamiento tibio, aunque, relevante, de la Corte Constitucional en transici�n:

El peticionario se encuentra legitimado para interponer la presente acci�n de extraordinaria de protecci�n, en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el art�culo 437 que expone: "Los ciudadanos en forma individual o colectiva podr�n presentar una Acci�n Extraordinaria de Protecci�n contra sentencia [..]�. As� como, por lo contenido en el art�culo 439 que dice: "las acciones constitucionales podr�n ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano de la Constituci�n vigente y el art�culo 54 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de Transici�n. Cabe resaltar, que el sistema constitucional vigente es abierto en el acceso a la justicia constitucional en esta materia. Significa un cambio esencial, respecto de la Constituci�n anterior, que proh�be la revisi�n de las sentencias. (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-09-SEP-CC, 2009).

Cuesti�n que queda plenamente ratificada en el art�culo 59 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional que expresa: �La acción extraordinaria de protecci�n puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso� (Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Contr, 2009).

No obstante, dicha normativa tambi�n restringe la acci�n popular, prevista en la Constituci�n de Montecristi, empero, la legitimaci�n activa constante en el transcrito art�culo ha sido ratificada por la Corte Constitucional, siendo esta, la aplicable al proponer una acci�n extraordinaria de protecci�n:

La legitimaci�n activa en la causa (que se distingue de la legitimaci�n en el proceso, es decir, de la legitimaci�n de personería) es una condici�n necesaria para la admisibilidad de una demanda de acción extraordinaria de protección. El art�culo 59 de la LOGJCC dispone la legitimaci�n activa de esta garant�a jurisdiccional es: �La acci�n extraordinaria de protecci�n puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso. (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 838-16-EP/21, 2021).

Ahora bien, de este dilema queda claro dos aspectos: El primero, referente a qu� ser� legitimado en la causa qui�n haya sido parte del proceso, mientras que el segundo, refiere que, tambi�n goza de esta calidad, qui�n debi� ser parte del proceso. En lo concerniente al primer supuesto se determina de forma l�gica que, las partes que intervinieron en el proceso de origen son legitimados activos para la proposici�n de esta garant�a jurisdiccional. Mientras que, respecto al segundo supuesto, se destaca el acierto del legislador a ra�z de varias sentencias de la Corte Constitucional, d�nde justamente, uno de los derechos constitucionales vulnerados podr�a ser el derecho a la defensa en su especie de una carente citaci�n o notificaci�n a qui�n est� legalmente llamado a contradecir, por tanto, de acreditar vulneraci�n a cualquier derecho constitucional dentro de un proceso judicial o una sentencia, sin que necesariamente se haya sido parte procesal, es admisible la presentaci�n de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n.

Finalmente, es menester puntualizar que, las personas jur�dicas tambi�n detentan la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional a trav�s de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n con las limitaciones propias de una persona moral respecto al goce de derechos constitucionales (al debido proceso en su mayor�a), situaci�n que ha sido ratificada por la Corte Constitucional. Cuesti�n que merece un estudio pormenorizado es la legitimaci�n en el proceso que se le da a la Procuradur�a General del Estado que, pese a que no se acredite vulneraci�n a los derechos constitucionales de su instituci�n, puede proponer Acciones Extraordinarias de Protecci�n en defensa de los derechos constitucionales de las diferentes entidades estatales.

Legitimaci�n Pasiva

La legitimaci�n pasiva se refiere a qui�n debe comparecer como contradictor del demandante en un proceso judicial. Este concepto no es una simple formalidad, ya que su correcta determinaci�n es fundamental para garantizar el derecho a la defensa y para que el juez pueda tomar decisiones adecuadas respecto a las partes involucradas.

Un punto que genera confusi�n entre los juristas es la naturaleza de la acci�n de protecci�n, que algunos perciben como un recurso, cuando en realidad es una acci�n independiente. Esta confusi�n ha sido alimentada por ciertas sentencias de la Corte Constitucional, como la No. 020-09-SEP-CC, que al ordenar que un proceso se retrotraiga hasta el momento de la violaci�n de los derechos, parece tratar a la acci�n de protecci�n como un recurso de nulidad, en lugar de una acci�n destinada a proteger derechos constitucionales (Cordero, 2011).

Es importante aclarar que la acci�n de protecci�n se distingue de un recurso en cuanto a la legitimaci�n pasiva. Si se tratara de un recurso, el legitimado ser�a la misma parte del proceso de origen. Sin embargo, en la acci�n de protecci�n, el juez que emiti� el fallo impugnado es quien asume la legitimaci�n pasiva, de acuerdo con el art�culo 61 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Este art�culo exige que se identifique al juez, sala o tribunal responsable de la decisi�n violatoria de derechos constitucionales, permitiendo que se ordene la emisi�n de un informe de la causa y, en algunos casos, se determine la responsabilidad administrativa del juez.

Surge, adem�s, la cuesti�n sobre el rol de la contraparte del proceso original. Seg�n Oyarte (2017), el fallo de una acci�n de protecci�n podr�a afectar los intereses de la contraparte, por lo que esta deber�a tener la oportunidad de participar en el proceso. Existen dos formas en las que esta parte puede intervenir: como parte coadyuvante, conforme al art�culo 12 de la LOGJCC, o como amicus curiae. Sin embargo, se considera que esta �ltima figura no es adecuada, dado que est� dise�ada para quienes no tienen un inter�s directo en el caso.

A pesar de esto, la Corte Constitucional ha permitido la intervenci�n de la contraparte original como amicus curiae, lo que genera la necesidad de una regulaci�n m�s clara que proteja adecuadamente el derecho a la defensa de todas las partes involucradas.

 

 

 

Decisi�n Impugnables

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador limita en su art�culo 94 y 437, las providencias judiciales que pueden ser impugnables mediante acci�n extraordinaria de protecci�n, siendo estas sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia.

Las sentencias se refieren a decisiones judiciales que resuelven el fondo de un asunto. Cualquier sentencia emitida por los �rganos de justicia ordinaria, desde la Corte Nacional hasta los Jueces de Paz, puede ser objeto de una Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, ya que todos estos ejercen jurisdicci�n, incluso cuando dichos �rganos emiten sentencias sobre garant�as jurisdiccionales, sin perjuicio de la obligaci�n de remitir las mismas a la Corte Constitucional del Ecuador para el proceso de selecci�n.

Uno de los debates m�s relevantes en torno a esta acci�n es si puede interponerse contra sentencias emitidas por la propia Corte Constitucional. Por un lado, el constituyente, ha plasmado la expresa voluntad de someter a toda autoridad p�blica, sin excepci�n, al control de constitucionalidad a trav�s de los mecanismos constitucionales de protecci�n; criterio que ha sido ratificado por la Corte Constitucional.

Sin embargo, se se�ala tambi�n que permitir esta acci�n violar�a el principio de imparcialidad y seguridad jur�dica, ya que la Corte revisar�a sus propias resoluciones, algo que la Constituci�n proh�be. Es en este aspecto que la Corte Constitucional ha determinado que sus resoluciones, una vez ejecutoriadas, no son susceptibles de revisi�n mediante esta acci�n (Corte Constitucional del Ecuador, Auto No. 0842-09-EP, 2009).

Otro tipo de decisiones impugnables son las resoluciones con fuerza de sentencia, que son decisiones emitidas por �rganos que no forman parte de la Funci�n Judicial, pero que ejercen jurisdicci�n. Ejemplos incluyen la justicia ind�gena, el arbitraje, el Tribunal Contencioso Electoral, y los tribunales de conciliaci�n y arbitraje.

Las sentencias emitidas por la justicia ind�gena son excepciones a la regla constitucional, ya que, aunque no pertenecen a la funci�n judicial, ostentan potestad jurisdiccional. Debido al pluralismo jur�dico inserto en el modelo constitucional ecuatoriano, las decisiones de la justicia ind�gena no pueden ser revisadas por la justicia ordinaria. Sin embargo, la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales exige el agotamiento de recursos de impugnaci�n, lo cual es complicado en la justicia ind�gena, ya que sus resoluciones no suelen tener doble conforme ni ser escritas. Para enfrentar este dilema, el legislador ha establecido un tr�mite especial para la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n contra resoluciones de la justicia ind�gena.

Por otro lado, aunque el arbitraje se reconoce como una excepci�n a los �rganos judiciales, los �rbitros no poseen plena potestad jurisdiccional, ya que no pueden ejecutar lo juzgado. M�s all� de todo esto, la Corte Constitucional ya ha fijado precedentes respecto a la aceptaci�n a tr�mite de la impugnaci�n de laudos arbitrales mediante Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, para lo cual, instituy� un requisito previo agotarse:

Por tanto, la acci�n de nulidad puede considerarse un recurso, para efectos de la aplicaci�n del art�culo 61 numeral 3 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional y, por tanto, debe ser agotada previo a la interposici�n de una acci�n extraordinaria de protecci�n, con la �nica excepci�n de que dicha acci�n se muestre inadecuada o ineficaz para la resoluci�n del problema.�(Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 169-12-SEP-CC, 2012)

En consecuencia, se puede colegir con claridad meridiana que, los laudos arbitrales al ser resoluciones con fuerza de sentencia son susceptibles de impugnaci�n mediante Acci�n Extraordinaria de Protecci�n.

En cuanto a las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral, aunque este �rgano pertenece a la Funci�n Electoral, sus decisiones son de �ltima instancia y pueden ser objeto de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, excepto durante el proceso electoral. Este l�mite busca evitar la intromisi�n en el poder electoral, aunque puede dar lugar a vulneraciones de derechos de participaci�n que queden sin protecci�n.

Finalmente, los autos definitivos, que ponen fin a un proceso judicial, tambi�n pueden ser impugnados, e inclusive la Corte Constitucional ha ampliado el �mbito de la acci�n, permitiendo su interposici�n incluso contra autos no definitivos si causan un gravamen irreparable, es decir, una vulneraci�n de derechos que no puede ser revertida mediante otros mecanismos procesales.

 

Procedencia

De acuerdo con Cordero, P. (2010) la acci�n extraordinaria de protecci�n requiere para su procedencia el cumplimiento de ocho requisitos fundamentales: la intervenci�n de un �rgano judicial, que esta ocurriese en juicio, que la resoluci�n se diera mediante auto o sentencia, que esta cause agravio, se haya violado derechos constitucionales, se hayan agotado los recursos extraordinarios y ordinarios, que estos requisitos subsistan al momento en que la Corte falle, y que la sentencia o acto impugnado tenga el car�cter de definitivo.

Ahora bien, tal como se ha se�alado previamente estas trasgresiones pueden ocurrir de dos maneras, como acci�n o como omisi�n. La acci�n violatoria refiere a la actuaci�n que toman los servidores judiciales en contraposici�n de los previsto por las reglas y garant�as del debido proceso, un ejemplo de esto se puede distinguir en la sentencia No. 768-15-EP/20, donde la pena de una persona fue agravada en casaci�n, sin ser fiscal�a sino la acusaci�n quien presento este recurso.

Al determinarse que la potestad de impugnaci�n le corresponde a fiscal�a, si bien la acusaci�n pod�a presentar recurso de casaci�n esta no pod�a traer una sentencia m�s gravosa, por lo que se acept� la acci�n extraordinaria de protecci�n debido a la trasgresi�n del principio de non reformatio in peius, por parte de la Corte Nacional de Justicia.

Por otro lado, la omisi�n violatoria se produce cuando una decisi�n judicial no cumple con los requisitos establecidos para su emisi�n. Un ejemplo de esto se encuentra en la sentencia No. 2348-29-EP/21, donde la Corte Constitucional acept� la acci�n extraordinaria de protecci�n por violar el debido proceso en la garant�a de motivaci�n, al no haberse pronunciado sobre la vulneraci�n de derechos constitucionales en la acci�n original ni considerar la jurisprudencia aplicable a casos similares.

 

Tr�mite

Ahora bien, para la proposici�n de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n es necesario cumplir con ciertos requisitos formales, pese a ser una garant�a de orden constitucional, siendo indispensable interponerla dentro del t�rmino de 20 d�as contados a partir de la notificaci�n de la decisi�n jurisdiccional que se acusa como violatoria de derechos constitucionales. Precisamente, en la oportunidad de recurrir, se avizora la primera contradicci�n, pues, por mandato constitucional, en materia de garant�as jurisdiccionales todos los d�as son h�biles, por tanto, a pesar de que el art�culo 58 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales instituya el vocablo �t�rmino�, por el principio de jerarquizaci�n y aplicaci�n inmediata de la Constituci�n, se deber�a aplicar la disposici�n constante en la Carta Pol�tica, no obstante, la Corte Constitucional se ha ratificado que, el tiempo de presentaci�n de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n se cuenta �nicamente los d�as h�biles.

En el caso de personas que debieron participar en el proceso, pero no lo hicieron, el plazo para interponer recursos comienza a contar desde el momento en que el afectado toma conocimiento de la decisi�n judicial que vulnera sus derechos constitucionales. No se establece de manera clara c�mo debe probarse la fecha en que se conoci� dicha decisi�n. Este es un aspecto que, hasta el momento, la Corte Constitucional no ha dilucidado.

La presentaci�n de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n debe realizarse ante el �rgano que emiti� la decisi�n final, el cual tiene un plazo de cinco d�as para remitirla a la Corte Constitucional junto con el expediente completo, dejando copias certificadas para su ejecuci�n. El �rgano remitente no puede calificar la admisibilidad de la acci�n. Este plazo podr�a generar complicaciones si la persona que presenta la acci�n es alguien que debi� ser parte del proceso, ya que, si la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n no se presenta a tiempo, el �rgano judicial debe devolver el expediente para la ejecuci�n de la decisi�n. Esto dificultar�a cumplir con el plazo de remisi�n. El incumplimiento de estos plazos conlleva consecuencias administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios responsables.

Una vez remitido el expediente completo de la decisi�n judicial impugnada, la sala de admisi�n de la Corte Constitucional, conformada por tres integrantes de la Corte Constitucional que rotan mensualmente, es el �rgano encargado de verificar los requisitos de admisibilidad dispuesto en el art�culo 61 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional y el cumplimiento de la legitimaci�n de las partes. Todo esto debe realizarlo en el t�rmino de diez d�as contados a partir de que el expediente se encuentre en el despacho, pudiendo solicitar al recurrente que complete su demanda en el t�rmino de cinco d�as.� En este punto es menester puntualizar que, a pesar de que la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Reglamento de Sustanciaci�n de Procedimientos de la Corte Constitucional establecen de forma taxativa que el auto de inadmisi�n es inapelable, no obstante, la Sala de Admisiones, a raz�n de un inusual recurso de revocatoria, examina nuevamente la causa y la admite a tr�mite

Una vez admitida la causa, se realiza el sorteo del juez ponente, y el Pleno de la Corte Constitucional dispone de un plazo de 30 d�as, contado desde la recepci�n del expediente, para resolver el fondo de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n. El juez sustanciador tiene la facultad de convocar audiencias, solicitar informes a los jueces que emitieron la decisi�n impugnada, e incluso requerir peritajes t�cnicos, antes de presentar un proyecto de sentencia al Pleno, que podr� aprobar o rechazar dicho proyecto. Si hay al menos cinco votos salvados, el Pleno debe sortear un nuevo ponente entre los jueces que votaron en disidencia, quien tendr� diez d�as para presentar un nuevo proyecto de sentencia.

Una vez superado todo este tr�mite, la Corte Constitucional da por terminado la sustentaci�n de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n a trav�s de una sentencia que puede ser de procedencia, rechazo e incluso de inadmisi�n. Esto �ltimo debido a que, la Sala de Admisiones ha dado paso a Acciones Extraordinaria de Protecci�n manifiestamente inadmisibles, de forma que la sentencia de fondo tambi�n puede verificar los requisitos indispensables para la presentaci�n de esta demanda. Por �ltimo, se destaca que la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n a diferencia de las dem�s garant�as jurisdiccionales, el onus probandi est� a cargo del recurrente, por tanto, es �l quien deber� demostrar en el contenido de su demanda la violaci�n a sus derechos constitucionales en el proceso o en la decisi�n jurisdiccional.

 

Efectos

Como acertadamente se enunci�, en l�neas anteriores, toda Acci�n Extraordinaria de Protecci�n termina con la expedici�n de la sentencia que, de acuerdo con sus dos modalidades producen diferentes efectos. As�, en caso de rechazarse la acci�n presentada, los efectos de la decisi�n judicial impugnada quedan plenamente vigentes, sin perjuicio de que la Corte Constitucional detecte ciertas irregularidades en el proceso, a so pena de ser sancionados los funcionarios responsables.

Cuando la sentencia es favorable, el primer efecto es la declaraci�n de la vulneraci�n de derechos constitucionales y, en consecuencia, la determinaci�n de una reparaci�n integral para el afectado. Los efectos de esta declaraci�n var�an seg�n si la vulneraci�n ocurri� durante el desarrollo del proceso, afectando el debido proceso, o si la transgresi�n de los derechos fundamentales se produjo en la sentencia misma.

Respecto al primer supuesto, el efecto de esta sentencia es retrotraer la causa al estado anterior a la vulneraci�n de alguna de las reglas al debido proceso, siendo, lo habitual, que el proceso siga siendo sustanciado por el �rgano que vulner� el derecho constitucional, no obstante, la Corte Constitucional ha ido m�s all�, ordenando que sea un nuevo juez o tribunal qui�n sustancie la causa, lo que naturalmente, no exige que la nueva sentencia falle de forma distinta al pronunciamiento impugnado mediante Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, pues, el deber constitucional del �rgano designado se agota en no recaer, nuevamente, en la transgresi�n a la regla del debido proceso por la cual se dict� la procedencia de la acci�n constitucional.

En el segundo caso, si la Corte Constitucional declara la procedencia de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, el efecto del fallo es dejar sin efecto la sentencia que vulner� derechos constitucionales y ordenar al juzgado o tribunal original, con una nueva conformaci�n, que emita una nueva resoluci�n conforme a las directrices establecidas en la sentencia de la Corte. No obstante, la Corte Constitucional en transici�n ha distorsionado esta garant�a al anular sentencias de segunda instancia y mantener vigentes las de primera, algo que solo deber�a ocurrir en casos de selecci�n.

Finalmente, la Corte Constitucional ha desarrollado, a trav�s de la jurisprudencia, una competencia no contemplada por el constituyente, conocida como "control de m�ritos". Mediante esta figura, el tribunal puede revisar no solo las violaciones a los derechos constitucionales en el proceso o en la sentencia, sino tambi�n aquellas relacionadas con el fondo del caso en el proceso original. Esto la posiciona de manera excepcional como una cuarta instancia, permiti�ndole examinar integralmente los hechos que motivaron la vulneraci�n de la justicia constitucional ordinaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

(�) (i) que la autoridad judicial inferior haya violado el debido proceso u otros derechos de las partes en el fallo o prosecuci�n del juicio; (ii) que prima facie, los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneraci�n de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior; (iii) que el caso no haya sido seleccionado por la Corte para revisi�n; (iv) que el caso sea grave, novedoso, relevante o inobserve los precedentes establecidos por este Organismo. Los recaudos procesales m�nimos que la Corte deber� adoptar para dictar una sentencia de m�rito son notificar a la contraparte en el proceso originario, convocarla a audiencia, justificar en el fallo la excepcionalidad del caso. (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 176-14-EP/19, 2019)

 

Ejecuci�n e Incumplimiento

A diferencia de los procesos ordinarios, las garant�as jurisdiccionales se distinguen por no finalizar hasta que se ha cumplido plenamente lo resuelto, asegurando su ejecuci�n conforme a lo establecido tanto en la Constituci�n como en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Esta ley subraya la obligaci�n de los jueces de emplear todos los medios disponibles para la ejecuci�n de las sentencias, incluso con la asistencia de la Polic�a Nacional si es necesario.

M�s all� de los recursos horizontales que pudiesen presentarse en cuanto a la sentencia, esta se entiende de inmediato cumplimiento; as� mismo, es preciso se�alar que estas medidas no se encuentras especificadas dentro de la ley relativa a la materia, fij�ndose el uso de todas aquellas necesarias para su ejecuci�n, pudiendo as� en el caso concreto de la Corte Constitucional tomarse las atribuciones previstas en el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial.

En el contexto de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, que conlleva la anulaci�n de la decisi�n originaria, no se requieren medidas especiales para su cumplimiento. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene la autoridad para emitir autos de verificaci�n con el fin de supervisar la ejecuci�n de la sentencia. Adem�s, puede evaluar y ordenar otras medidas de reparaci�n necesarias para asegurar la plena efectividad de la decisi�n tomada.

Seg�n Oyarte (2017), el incumplimiento puede manifestarse de dos maneras: primero, de forma directa, cuando la judicatura act�a en contradicci�n con lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional; o segundo, cuando, a pesar de la decisi�n de la Corte, el fallo del proceso originario sigue ejecut�ndose. En ambos casos, se puede plantear una acci�n de incumplimiento y se impondr�n las sanciones correspondientes.

Por otro lado, si el incumplimiento ocurre cuando, al emitir una nueva decisi�n en el proceso originario, se cometen otras violaciones a los derechos constitucionales, en lugar de aplicar la acci�n de incumplimiento, se debe presentar una nueva Acci�n Extraordinaria de Protecci�n para abordar estas nuevas infracciones.

Una vez que se produce el incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, resulta necesario seguir un procedimiento independiente conocido como "acci�n de incumplimiento de sentencia". La acci�n de incumplimiento de sentencias y dict�menes constitucionales se configura como un mecanismo que impone a la administraci�n de justicia y a sus funcionarios la obligaci�n de resolver un problema jur�dico que no ha sido debidamente ejecutado y, por ende, no ha sido plenamente reparado en un proceso previamente resuelto por un juez constitucional o la propia Corte Constitucional.

Esta acci�n se realiza cuando una sentencia no se ejecuta de manera adecuada o su ejecuci�n resulta insatisfactoria. Para iniciar el proceso, se debe presentar la correspondiente acci�n ante la Corte Constitucional, que tiene la autoridad para ordenar el cumplimiento de la sentencia y, si es necesario, imponer sanciones al responsable del incumplimiento (Quintana, 2017). Es fundamental resaltar que el prop�sito de esta acci�n es asegurar la satisfacci�n de un derecho vulnerado o la efectividad de este. Su competencia es exclusiva de la Corte Constitucional, que se encargar� de proporcionar los medios necesarios para garantizar una reparaci�n integral adecuada.

 

Conclusiones

En conclusi�n, la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n es una herramienta jur�dica originada en el constitucionalismo destinada a resguardar los derechos constitucionales frente a vulneraciones evidentes en actos jurisdiccionales. A diferencia del recurso de casaci�n, que se enfoca en la correcta aplicaci�n de la norma jur�dica, la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n se centra en la protecci�n de los derechos constitucionales y no en la aplicaci�n correcta de la norma jur�dica.

Es crucial subrayar que esta garant�a constitucional no debe considerarse un recurso ordinario ni una instancia adicional, sino un mecanismo aut�nomo dise�ado espec�ficamente para proteger los derechos constitucionales en el marco del proceso judicial. Entender estas diferencias es esencial para captar adecuadamente el alcance y la naturaleza de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n en el sistema jur�dico.

Asimismo, es importante se�alar que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser impugnadas mediante la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, ya que la ley establece ciertos requisitos y limitaciones. Esta acci�n es procedente �nicamente contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia emitidas por los �rganos de la justicia ordinaria, incluidas las decisiones de los Jueces de Paz. Adem�s, la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n puede ser interpuesta cuando los �rganos judiciales ordinarios se apartan de su competencia habitual y emiten sentencias relacionadas con garant�as jurisdiccionales.

Existe un debate en torno a la posibilidad de impugnar las sentencias de la Corte Constitucional mediante la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n. No obstante, la posici�n establecida por la Corte es que sus resoluciones son definitivas e inapelables. Esta acci�n es procedente para impugnar resoluciones con fuerza de sentencia provenientes de la justicia ind�gena y del arbitraje, a pesar de sus caracter�sticas particulares. Asimismo, los autos definitivos que concluyen un proceso judicial son impugnables; si un auto causa un perjuicio irreparable, es posible recurrir a la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n.

En resumen, los efectos de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n dependen de su admisibilidad. Si es rechazada, la decisi�n impugnada permanece en vigor, pero los funcionarios responsables pueden ser sancionados por irregularidades. Si la acci�n es procedente, se reconoce la vulneraci�n de derechos constitucionales y se procede a la reparaci�n integral. En casos donde la vulneraci�n ocurri� durante el proceso, la causa se retrotrae y se designa un nuevo juez o tribunal; si la vulneraci�n se dio en la sentencia, esta se deja sin efecto y se ordena un nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones de la sentencia de procedencia. Adem�s, la Corte Constitucional ha desarrollado un mecanismo denominado "control de m�ritos", permiti�ndole revisar integralmente los casos y emitir sentencias en reemplazo, lo cual constituye el �nico medio para analizar el fondo del proceso original.

En cuanto a su cumplimiento esta acci�n no requiere medidas especiales para su cumplimiento, pero la Corte Constitucional puede dictar autos de verificaci�n y evaluar otras medidas de reparaci�n. El incumplimiento puede ser directo o posterior, y en ambos casos se puede interponer una acci�n de incumplimiento de sentencia para asegurar su ejecuci�n y aplicar sanciones, siendo aquello competencia exclusiva de la Corte Constitucional.

 

Referencias

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  15.            Corte Constitucional del Ecuador. (22 de abril de 2015). Sentencia No. 119-15-SEP-CC. D.M Quito, Ecuador: Registro Oficial.

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  19.            Corte Constitucional del Ecuador. (16 de octubre de 2019). Sentencia No. 176-14-EP/19. D.M Quito, Ecuador: Registro Oficial.

 

 

 

 

 

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