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Reflexiones en torno a los bienes jur�dicos y la reparaci�n integral en los delitos sexuales en el Ecuador

 

Reflections on legal rights and comprehensive reparation in sexual crimes in Ecuador

 

Reflex�es sobre direitos legais e repara��o integral em crimes sexuais no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: geanelizabeth11@hotmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 06 de diciembre de 2023 *Aceptado: 13 de enero de 2024 * Publicado: �29 de febrero de 2024

 

        I.            Consejo de la Judicatura, Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cant�n Pasaje, Provincia de El Oro, Ecuador.

      II.            Consejo de la Judicatura, Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cant�n Pasaje, Provincia de El Oro, Ecuador.

    III.            Consejo de la Judicatura, Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cant�n Pasaje, Provincia de El Oro, Ecuador.

    IV.            Consejo de la Judicatura, Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cant�n Pasaje, Provincia de El Oro, Ecuador.

 

Resumen

La normativa y la dogm�tica penal determinan ciertas nociones componentes del tipo penal como el bien jur�dico protegido, que enmarca los derechos, objetos, bienes y dem�s elementos que merecen una protecci�n penal, por su importancia para la sociedad y los sujetos de derechos. Entre estos bienes jur�dicos, se encuentran la integridad sexual y reproductiva. La lesi�n de estos bienes jur�dicos no s�lo deriva en la obligaci�n de investigaci�n por parte del Estado y del establecimiento de la responsabilidad penal de una persona en concreto, sino tambi�n en la ejecuci�n de una reparaci�n integral. El objetivo de este trabajo es reflexionar en torno a los bienes jur�dicos y la reparaci�n integral en los delitos sexuales en el Ecuador, a trav�s de t�cnicas documentales, y la aplicaci�n de m�todos tales como el anal�tico, sint�tico, deductivo y exeg�tico. Se concluye que los bienes jur�dicos protegidos de la integridad sexual y reproductiva son complejos, variando entre aspectos mono ofensivos y pluriofensivos, y que, en el caso de la reparaci�n integral, la complejidad mencionada obliga a un estudio concreto de cada caso para ordenar aquellas medidas certeras para alcanzar dicha reparaci�n con car�cter integral.

Palabras clave: Bien jur�dico protegido; Reparaci�n integral; delito; Integridad sexual y reproductiva; C�digo Org�nico Integral Penal.

 

Abstract

Criminal regulations and dogmatics determine certain component notions of the criminal type, such as the protected legal good, which frames the rights, objects, goods and other elements that deserve criminal protection, due to their importance for society and the subjects of rights. Among these legal rights are sexual and reproductive integrity. The injury to these legal rights not only results in the obligation of investigation by the State and the establishment of the criminal responsibility of a specific person, but also in the execution of comprehensive reparation. The objective of this work is to reflect on legal assets and comprehensive reparation in sexual crimes in Ecuador, through documentary techniques, and the application of methods such as analytical, synthetic, deductive and exegetical. It is concluded that the legal rights protected by sexual and reproductive integrity are complex, varying between mono-offensive and multi-offensive aspects, and that, in the case of comprehensive reparation, the aforementioned complexity requires a specific study of each case to order those measures. accurate to achieve said repair on a comprehensive basis.

Keywords: Protected legal asset; Comprehensive repair; crime; Sexual and reproductive integrity; Comprehensive Organic Criminal Code.

 

Resumo

A regulamenta��o e a dogm�tica penal determinam certas no��es componentes do tipo penal, como o bem jur�dico protegido, que enquadra os direitos, objetos, bens e outros elementos que merecem prote��o penal, pela sua import�ncia para a sociedade e os sujeitos de direitos. Entre esses direitos legais est�o a integridade sexual e reprodutiva. A les�o destes direitos legais n�o s� resulta na obriga��o de investiga��o por parte do Estado e no estabelecimento da responsabilidade penal de uma determinada pessoa, mas tamb�m na execu��o de uma repara��o integral. O objetivo deste trabalho � refletir sobre os bens jur�dicos e a repara��o integral dos crimes sexuais no Equador, atrav�s de t�cnicas documentais e da aplica��o de m�todos anal�ticos, sint�ticos, dedutivos e exeg�ticos. Conclui-se que os direitos jur�dicos protegidos pela integridade sexual e reprodutiva s�o complexos, variando entre aspectos mono-ofensivos e multi-ofensivos, e que, no caso da repara��o integral, a referida complexidade requer um estudo espec�fico de cada caso para ordenar aqueles medidas precisas para alcan�ar o referido reparo de forma abrangente.

Palavras-chave: Bem jur�dico protegido; Reparo abrangente; crime; Integridade sexual e reprodutiva; C�digo Penal Org�nico Abrangente.

 

Introducci�n

Socialmente, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, tienen una lamentable y frecuente comisi�n, al menos, es lo que reflejan las cifras en Ecuador. Frente a esto, el Estado debe reaccionar tanto represivamente, as� como preventivamente. En el aspecto represivo, las penas y la reparaci�n integral son ordenadas, a trav�s de un proceso penal, contra el sujeto activo del delito, que toma el rol de procesado y posteriormente, de ser acreditada su responsabilidad, como sentenciado; mientras que estas medidas de reparaci�n integral se dirigen en favor de la o las v�ctimas, mismas que deben ser establecidas en concordancia con los da�os causados, as� como revisando las caracter�sticas intr�nsecas a la v�ctima.

Por otra parte, el bien jur�dico protegido, es fundamental dentro de la estructura del tipo penal, puesto que es el derecho, objeto o elemento que es protegido por la normativa, y que, por su importancia, debe ser tutelado por el poder punitivo del Estado. Se relaciona con el sujeto pasivo del delito, debido a que dicho sujeto es el titular del bien jur�dico lesionado, y que, por dicha lesi�n, se debe activar el proceso penal, para alcanzar finalmente, la reparaci�n integral determinada en el p�rrafo previo.

Con estas consideraciones, el objetivo de este trabajo es reflexionar en torno a los bienes jur�dicos y la reparaci�n integral en los delitos sexuales en el Ecuador, a trav�s de t�cnicas documentales, y la aplicaci�n de m�todos tales como el anal�tico, sint�tico, deductivo y exeg�tico. La t�cnica documental se utiliz� para poder acceder a documentos f�sicos y digitales sobre los temas de estudio. En cuanto al m�todo anal�tico, dio paso al an�lisis y reflexi�n del objeto de estudio, a partir de un enfoque deductivo, centrado en los elementos generales a los particulares de los temas de an�lisis. Respecto del m�todo exeg�tico, permiti� el an�lisis de la normativa penal ecuatoriana, el C�digo Org�nico Integral Penal (en adelante COIP), y, por �ltimo, el m�todo sint�tico sirvi� para resumir o sintetizar los hallazgos de este trabajo en sus conclusiones.

Se concluye que los bienes jur�dicos protegidos de la integridad sexual y reproductiva son complejos, donde se puede estar frente a conductas que lesionan ambos bienes jur�dicos (el aspecto sexual y reproductivo), variando entre �pticas de bienes jur�dicos mono ofensivos y pluriofensivos. En el caso de la reparaci�n integral, es ordenada a trav�s de sentencia ejecutoriada, y es un derecho de toda v�ctima. Su complejidad obliga a un estudio concreto de cada caso, por parte de los juzgadores, para ordenar aquellas medidas certeras e id�neas para alcanzar dicha reparaci�n con car�cter integral, y que se pueda mantener la vigencia de los derechos.

 

Desarrollo

El bien jur�dico en el Derecho penal

Se parte desde la concepci�n que determina que el Derecho penal tiene como principal funci�n la protecci�n de bienes jur�dicos, as� como la generaci�n de la abstenci�n de los ciudadanos de cometer actos delictivos (Couto de Brito, 2014), es decir, de bienes que son social y jur�dicamente considerados importantes, y por ello deben ser protegidos en una doble funci�n. La primera de ellas, como parte de la disuasi�n de los potenciales sujetos activos de los delitos para que no cometan dichos delitos, y la segunda, como la determinaci�n del conjunto de elementos, derechos, espacios f�sicos y otros bienes que deben ser protegidos por el Derecho penal, es decir, que por su importancia requieren de dicha protecci�n.

Estas dos modalidades o funciones del bien jur�dico se plasman como beneficios de esta figura, en concordancia con un Estado de derechos y justicia, que no debe ponderar la cantidad de procesamientos, sino la efectividad de su sistema penal a partir de la garant�a de los derechos de las personas y su manifestaci�n en los procedimientos penales. Esto, se observar� tanto en las actuaciones de los abogados en los procesos, as� como tambi�n de dos partes fundamentales en dichos procesos, como son el fiscal y el o los jueces, que son llamados a respetar la figura de los bienes jur�dicos y sus elementos componentes, donde, adicionalmente, el respeto del bien jur�dico, conlleva a que se deban probar cada uno de sus elementos, lo que eleva el debate jur�dico en los procesos, motivando a probar m�s all� de toda duda razonable la responsabilidad de los sujetos activos.

En las sociedades actuales, la protecci�n de los bienes jur�dicos por parte del Estado ha tomado una importancia capital, dado que, en un Estado garantista, existe el compromiso y responsabilidad de los Estados por la protecci�n de sus sujetos de derechos, que, en el caso de Ecuador, constan no s�lo las personas naturales, sino tambi�n las personas jur�dicas, los pueblos, comunidades y nacionalidades, as� como la naturaleza, con la flora y la fauna incluida. Es de este modo, que la normativa penal, cumple el rol de protecci�n y prevenci�n, otorgando importancia a los bienes jur�dicos, cerrando as� un esquema que se integra no s�lo con el Derecho penal, sino tambi�n con el Derecho administrativo, como dos �mbitos complementarios de protecci�n estatal de los derechos.

Desde un aspecto dogm�tico, el bien jur�dico protegido es un instrumento creado por el Derecho, donde se le otorga un valor o inter�s formal, orden�ndose la tutela y la protecci�n de estos bienes, indic�ndose adem�s que �gracias al principio de exclusiva protecci�n de bienes jur�dicos pueden llevarse a cabo interpretaciones restrictivas, garantistas y racionales, de los tipos penales� (Cardona Barber, 2019, p. 154), restringido �nicamente a lo tipificado en la normativa penal, para de esta forma no realizar interpretaciones extensivas que puedan llevar a confusi�n o a analog�as. De este modo, se protegen los derechos de las personas al no ser procesados o investigados por delitos inexistentes y/o deformados.

La respuesta del Estado, respecto a escoger el Derecho administrativo o penal para la protecci�n del bien jur�dico en cuesti�n, se califica seg�n la importancia de dicho bien jur�dico. Es as� que Ambos (2020, p. 4), determina que �cuanto m�s importante sea el derecho o el bien jur�dico constitucionalmente garantizado (y, por lo tanto, a ser protegido por el Estado), m�s aumenta la posibilidad de establecer un deber estatal de protecci�n jur�dico-penal�, de modo tal que cada Estado, a trav�s de sus poderes (judicial, legislativo, ejecutivo), la sociedad, con sus reclamos y posturas, as� como la academia, todos ellos articulados, realizar�n las valoraciones pertinentes de cara a lograr cuantificar la importancia de estos derechos o bienes jur�dicos, por ejemplo, con el objetivo de se�alar las penas m�s proporcionales a los da�os que causa la conducta (acci�n u omisi�n) en cuesti�n.

Dentro de la composici�n del tipo penal, Vega Arrieta (2016) se�ala que, entre varios elementos, se encuentra el bien jur�dico. Este bien jur�dico es contemplado como el objeto jur�dico, la esencia del delito (Lascura�n S�nchez, 2007), y que del mismo se desprenden derechos y obligaciones. Derechos para los sujetos pasivos, que son titulares del bien jur�dico, conforme se ver� a continuaci�n, pero tambi�n como una obligaci�n de respetar dichos bienes jur�dicos, so pena de la responsabilidad que de esto se desencadene. cabe mencionar adicionalmente, que, en la teor�a del tipo penal, la l�gica indica que el titular del bien jur�dico es el sujeto pasivo del delito, mientras que las acciones u omisiones del sujeto activo son dirigidas a lesionar dicho bien, razones por las cuales, el estudio del bien jur�dico es fundamental para la entera comprensi�n de la teor�a del tipo penal.

Adicionalmente, se reflexiona por parte de la doctrina que el bien jur�dico, hist�ricamente, ha �cumplido una funci�n de garant�a para los sujetos, en cuanto pretend�a dar raz�n del porqu� de la intervenci�n estatal� (Bustos Ram�rez, 2019, p. 467), en otras palabras, se justifica la aplicaci�n del poder punitivo del Estado a trav�s de la definici�n de las conductas penalmente relevantes, para as� darle a los sujetos de derechos, el respaldo donde todas estas conductas estar�n establecidas de modo previo (seguridad jur�dica), tomando en consideraci�n que es a trav�s del Derecho penal que se aplica el ius puniendi estatal de forma m�s severa (P�riz Smith, 2022). Esta severidad, amerita que el Estado tome las precauciones necesarias, para evitar posibles abusos de poder.

Agrega Vega Arrieta (2016, p. 59) que:

El tipo penal seg�n el bien jur�dico tutelado se clasifica en tipo penal mono ofensivo y pluriofensivo, en el primero se tutela un solo bien jur�dico y en el segundo se tutelan varios bienes jur�dicos, lo que de inmediato exige para la configuraci�n de estos que se acredite que fueron lesionados o puestos en peligro efectivo todos los bienes jur�dicos tutelados en ese tipo penal concreto.

Esto significa que la determinaci�n de los bienes protegidos en las infracciones penales no est� limitada a un solo bien jur�dico, sino que la complejidad de los delitos muchas veces lleva a que se protejan m�s de un bien jur�dico, es decir, varios derechos con un mismo tipo penal. As� mismo, en el caso de delitos complejos, como los que se abordar�n en este trabajo (delitos sexuales y contra el derecho de reproducci�n), las lesiones pueden ser amplias y esto perjudicar m�ltiples aspectos de la vida del sujeto pasivo. Ante esto, la preocupaci�n siempre reside en que el legislador, con la correcta t�cnica legislativa, pueda interpretar todos los derechos potencialmente vulnerables, para que as�, sean incluidos como bienes jur�dicos en el delito que se est� tipificando. De este modo, se limita el concepto de bien jur�dico con el prop�sito de definir qu� es lo leg�timamente criminalizable, como manifestaci�n del temor a que el poder estatal contravenga las libertades que est� llamado a proteger (Szczaranski Vargas, 2012). Por ello, las delimitaciones conceptuales, literales que realiza el tipo penal, superan la esfera de las meras descripciones, para pasar a establecerse como verdaderos l�mites al poder punitivo del Estado, y como una garant�a a las v�ctimas.

Un �ltimo aspecto interesante de resaltar es que el bien jur�dico, conforme se ha podido observar hasta el momento, delimita las conductas penalmente relevantes, a partir de la se�alizaci�n de un bien o bienes que deben ser protegido por el poder punitivo del Estado. Esta protecci�n, activa posteriormente una potencial sanci�n, de modo que la lesi�n deviene en una respuesta del ius puniendi. Pero m�s all� de estos efectos pr�cticos, subyace una funci�n elemental del bien jur�dico y del tipo penal en su conjunto, que es la b�squeda de la vigencia del Derecho. Es decir, que, al se�alarse los bienes jur�dicos protegidos, y al articularse esto con las sanciones respectivas, se motiva que el ordenamiento jur�dico sea respetado, y enviar un mensaje a la sociedad, donde las contravenciones a los bienes jur�dicos tienen una respuesta punitiva, que reafirma el poder del

Derecho y del Estado.

 

Reparaci�n integral

En un Estado constitucional, de derechos y justicia, se protegen los derechos a trav�s de la aplicaci�n de las normas jur�dicas, as� como de los principios constitucionales y legales, de cara a lograr un ejercicio pleno de dichos derechos, tanto los de car�cter internacional, y los surgidos del seno constitucional. Pero comprendiendo que m�s all� de todos los elementos preventivos que puede ordenar el Estado, a trav�s del Derecho administrativo y penal, existen casos donde las lesiones de derechos son inevitables, lo cual requiere que se accionen procesos tendientes a la determinaci�n de responsabilidades de los sujetos activos.

Una vez que se alcanza la determinaci�n de responsabilidades antes mencionada, es preciso que quien dicte resoluci�n o sentencia, eval�e la necesidad de aplicar ciertas medidas de reparaci�n, que estar�n dise�adas y especificadas para cada caso en concreto, reuniendo, entre varios requisitos, que sean medidas id�neas para lograr la reparaci�n del o los derechos vulnerados, y de los distintos tipos de v�ctimas, tanto directas como indirectas. Conforme se analizar� a continuaci�n, un car�cter excluyente de la reparaci�n es que esta debe ser integral, abordando los diferentes aspectos lesionados, para que los bienes jur�dicos afectados puedan retomar, en la medida de lo posible, las mismas caracter�sticas que pose�an de manera previa a la lesi�n de los derechos.

Como la reparaci�n nace del da�o o lesi�n a un bien jur�dico protegido, se debe comprender que:

El da�o transita por un nuevo paradigma del derecho que debe ser entendido, como todo perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, cr�dito, afectos, creencias, etc., debiendo ser reparado por parte de quien lo caus� hacia quien lo padeci�, por no haber estado en la obligaci�n jur�dica de soportarlo (Machado L�pez et al, 2018).

Los sujetos de derechos no deben soportar la lesi�n de los bienes jur�dicos de los cuales son titulares. Esto, es claro y hasta l�gico, puesto que los derechos de cualquier �ndole, no han sido insertados en el ordenamiento jur�dico para ser vulnerados, sino, para ser protegidos. Es por ello, que, al momento de constatarse la responsabilidad por alg�n da�o, se activa la necesidad de su reparaci�n, con car�cter integral. El marco constitucional vigente en el Ecuador, hace �nfasis directo en los derechos, su tutela, la prevenci�n y tambi�n, de presentarse lesiones a los derechos, propender a su reparaci�n.

Se�alan Ortega P�rez & Peraza de Aparicio (2021) que el modelo constitucional ecuatoriano se ha dirigido desde el a�o 2008 al reconocimiento del goce y del ejercicio de los derechos, donde las vulneraciones a estos derechos deben ser reparadas, situando la reparaci�n como el derecho que tiene la v�ctima de retomar el ejercicio de sus derechos violentados, donde el Estado tiene el deber de canalizar los procesos necesarios para la ejecuci�n de estas reparaciones. Esto torna compleja la actividad reparatoria, debido a que, en los procesos judiciales, se debe probar no s�lo el da�o causado, sino tambi�n, la necesidad de la reparaci�n integral, para que los juzgadores, con estas precisiones, ordenen las medidas de reparaci�n integral que mejor se adapten al caso en concreto, y posteriormente, activar los mecanismos para el cumplimiento de esta reparaci�n.

Esto se concatena con la tercera arista de la tutela judicial efectiva, que es la emisi�n de una sentencia que pueda ser ejecutada, porque en el escenario contrario, donde no se pueda ejecutar la sentencia y su reparaci�n integral, el proceso ser� est�ril y no surtir� efectos de reparar derechos, y la Constituci�n y la ley perder�n efectividad en contra de las conductas penalmente relevantes. Otro pensamiento que se extrae de esto, no es s�lo la ineficacia de la reparaci�n integral, sino en mayor escala, la ineficacia del Estado para la protecci�n de los derechos, siendo entonces sometido por causa de las conductas lesivas de derechos, lo que perjudica la supremac�a de los derechos.

Con estos antecedentes, los autores del presente trabajo, pueden determinar que la reparaci�n integral es concebida como una serie de mecanismos y �rdenes que, nacidas de una autoridad competente, tienen como objetivo la restituci�n de los derechos vulnerados al estado previo a las lesiones, tomando en consideraci�n tambi�n todos aquellos perjuicios directos e indirectos ocasionados por la vulneraci�n de derechos. Se anexa, adicionalmente, que tanto las v�ctimas directas, as� como indirectas, tienen derecho a ser protegidos y amparados por esta reparaci�n integral, donde el juez debe actuar con un rol garantista de derechos.

La integralidad de la reparaci�n es un car�cter fundamental, puesto que, si el da�o activa la reparaci�n, esta �ltima debe ser concordante con el da�o que ocasion� las lesiones, es decir, nunca en la reparaci�n deben ordenarse medidas que no cubran las necesidades derivadas de los da�os. Por ello, esta integralidad requiere que las partes procesales acusadoras, demuestren al �rgano de justicia, todos los da�os recibidos, su cuantificaci�n econ�mica, y tambi�n, las lesiones a derechos o bienes jur�dicos inmateriales, cuya determinaci�n cuantitativa es m�s compleja que en el resto de bienes jur�dicos, pero que, respondiendo al car�cter integral, tambi�n deben ser reparados.

En el �rea constitucional, pero plenamente trasladable al �rea del Derecho penal que se aborda en este art�culo cient�fico, se se�ala que la reparaci�n integral:

Exige a los jueces constitucionales que, al momento de ordenar la reparaci�n integral, miren a la persona como un todo, buscando por todos los medios disponibles restablecer la situaci�n de la persona afectada. El principio de dignidad humana juega un rol preponderante a la hora de reparar, toda vez que permite a la v�ctima dejar atr�s las consecuencias o efectos negativos que gener� la violaci�n de sus derechos constitucionales (Secretar�a T�cnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador, 2018, p. 77).

De esto se extrae que la dignidad humana es lesionada por los atentados a los bienes jur�dicos protegidos, dado que esta dignidad es transversal a todos los derechos. Lesionar un derecho constitucional o humano, deviene inevitablemente en la lesi�n de la dignidad de la persona, concepto complejo de abordar, y tambi�n de reparar. Por su parte, mirar a la persona como un todo, hace referencia a que se deben comprender los derechos y facultades de los sujetos de derechos en un sentido articulado, inseparable. Por ello, cuando se aborde en l�neas posteriores, el tema de los delitos sexuales, se podr� apreciar que este elemento de aspectos indivisibles en los derechos de las personas, cobra importancia, por ejemplo, cuando se trata de la comisi�n de delitos cuyos tipos penales tienen bienes jur�dicos pluriofensivos.

En cuanto a la determinaci�n de todos los medios disponibles para reparar los derechos vulnerados, con el objetivo de restablecer las situaciones al momento previo a la lesi�n, esto es central al momento de articular los fines para los que son previstas las reparaciones integrales, y de concatenarlo con la necesidad de ordenar medidas posibles y alcanzables, que permitan cumplir con la ejecutoriedad de la sentencia o resoluci�n, haciendo efectivo por ende al proceso y al Derecho penal. Por �ltimo, la reparaci�n integral �hace referencia a elementos, instrumentos o componentes fundamentales en atenci�n a resarcir el da�o producido en una persona, v�ctima del cometimiento de un delito� (Machado Maliza et al, 2021, p. 8), de modo que estos elementos, instrumentos o componentes deben ser valorados judicialmente, para que su elecci�n sea concordante con el o los derechos que se busca reparar, sin perjuicio de las adaptaciones l�gicas que se deban hacer a las medidas de reparaci�n, en beneficio de su cumplimiento y efectividad.

 

Delitos sexuales y reproductivos, su tipificaci�n y realidad social en el Ecuador

Aterrizando con los conceptos antes analizados, es pertinente revisar de qu� modo se recogen los diversos delitos sexuales, advirtiendo que la tipificaci�n ecuatoriana agrupa a todos estos delitos sexuales dentro de la se�alizaci�n de Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva (Secci�n Cuarta, Cap�tulo Segundo del COIP), lo cual genera una serie de debates interesantes, respecto del car�cter de estos bienes jur�dicos y de c�mo, de una manera extensiva, el legislador ecuatoriano no s�lo ha incluido delitos con connotaciones sexuales dentro de esta Secci�n Cuarta, sino en todo el COIP, aunando adem�s circunstancias agravantes espec�ficas, lo que muestra un determinado inter�s en la prevenci�n y sanci�n de estas conductas penalmente relevantes.

La se�alizaci�n de los Delitos contra los Derechos de Libertad (Cap�tulo Segundo), se desglosa en la Secci�n Cuarta de los Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva, donde el propio t�tulo de la Secci�n antes mencionada identifica que el bien protegido en estos delitos es la integridad sexual y reproductiva, que puede ser separada en dos bienes jur�dicos separados (integridad sexual e integridad reproductiva, en dos v�as apartadas). Respecto de la inclusi�n de los delitos sexuales y reproductivos dentro de la categor�a de los bienes mediatos de la libertad, esto deja entrever que jur�dicamente, se valoran los derechos sexuales y reproductivos como derechos de libertad.

As�, los bienes jur�dicos inmediatos de estos delitos, dependiendo de cada caso en concreto, ser�n tanto el derecho a la integridad sexual, as� como a la integridad reproductiva; y como bien jur�dico mediato, protegido de modo indirecto, la libertad. En estos casos, y de modo cr�tico, se puede mencionar que ser� sujetos pasivos de estos delitos, y, por ende, titulares de este bien jur�dico, �nicamente las personas naturales, excluyendo otros sujetos de derechos, debido a que l�gicamente, no gozan de dichos derechos, que son restrictivos a los seres humanos, algo que se reafirma al analizar el bien jur�dico protegido mediato, que es la libertad, que asiste de modo �nico a las personas naturales.

As�, dentro de la Secci�n indicada, los delitos que se contemplan son la inseminaci�n no consentida (art. 164), la privaci�n forzada de capacidad de reproducci�n (art. 165), acoso sexual (art. 166), estupro (art. 167), distribuci�n de material pornogr�fico a ni�as, ni�os y adolescentes (art. 168), corrupci�n de ni�as, ni�os y adolescentes (art. 169), abuso sexual (art. 170), violaci�n (art. 171), violaci�n incestuosa (art. 171.1), utilizaci�n de personas para exhibici�n p�blica con fines de naturaleza sexual (art. 172), extorsi�n sexual (art. 172.1), contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho a�os por medios electr�nicos (art. 173) y oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho a�os por medios electr�nicos (art. 174).

De todos ellos, se aprecia que los delitos que poseen como bien jur�dico a la integridad sexual y reproductiva aparentemente ser�an compuestos, pero la exigencia de probar la lesi�n a los dos bienes jur�dicos, por una parte, la integridad sexual y por otra, la integridad reproductiva, termina por cerrar el debate en cuanto son delitos que pueden ser tanto mono ofensivo, as� como pluriofensivos, dependiendo de cada caso en concreto. Esto, toda vez que, por ejemplo, en el caso de la privaci�n forzada de capacidad de reproducci�n, esta conducta puede darse a trav�s de medios que no conlleven una lesi�n sexual, sino netamente reproductiva, y lo mismo con aquellas conductas que lesionen el bien jur�dico de la integridad sexual, sin perjudicar la capacidad reproductiva del sujeto pasivo.

Estas consideraciones sobre la caracter�stica mono o pluriofensiva de los delitos sexuales y reproductivos, llevan a reflexionar respecto de cada caso en concreto, como se mencion� supra, para as� llegar a la conclusi�n de si el �rgano acusador debe probar la lesi�n a un s�lo bien jur�dico protegido, o a los dos que conforman la Secci�n del COIP estudiada. A su vez, se puede dar la concurrencia de diferentes delitos sexuales y reproductivos, todo ello, seg�n las diversas lesiones y modus operandi que tenga el sujeto activo. Por ejemplo, se puede lesionar la capacidad de reproducci�n a partir de una violaci�n, de modo tal que all� se debe valorar si se aplica un concurso real o ideal de infracciones.

Ahora bien, un an�lisis exeg�tico, amplificado de la normativa penal nacional presenta que no s�lo en la Secci�n Cuarta antes mencionada del COIP, se tipifican conductas con trascendencia jur�dico-penal en materia de delitos sexuales, dicho de otro modo, donde el bien jur�dico de integridad sexual tambi�n puede verse afectado. Ejemplo de esto, son los delitos de lesa humanidad (art. 89), trata de personas (art. 91), explotaci�n sexual de personas (art. 100), prostituci�n forzada (art. 101), turismo sexual (art. 102), pornograf�a con utilizaci�n de ni�as, ni�os o adolescentes (art. 103), atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida (art. 116), violencia sexual contra la mujer o miembros del n�cleo familiar (art. 158), secuestro extorsivo (art. 162), donde en todos ellos, aparece el elemento sexual, y donde las personas que son sujetos pasivos de estos delitos, tambi�n pueden sufrir lesiones al derecho de integridad sexual.

El objetivo de esta enunciaci�n, es mostrar al lector la gran cantidad de conductas que tienen incidencia en los bienes jur�dicos de la integridad sexual y de los derechos reproductivos, y que su comisi�n tiende a lesionar dichos bienes jur�dicos. Por esta raz�n, es central la investigaci�n y defensa que realice la Fiscal�a General del Estado, as� como los aportes que pueda realizar la acusaci�n particular, esto de cara a lograr no s�lo identificar correctamente el tipo penal, sino tambi�n en la posibilidad de articular o encuadrar la conducta del o de los sujetos activos en dos o m�s delitos, para a partir de ello, defender la idea de un posible concurso real de delitos, con las consecuencias jur�dicas y punitivas que de esto se derivan.

A su vez, la preocupaci�n del legislador por la protecci�n de este bien jur�dico llev� a que se lleve a cabo la inclusi�n de Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva dentro del COIP (art. 175), que se dividen en las siguientes disposiciones que se analizan a continuaci�n:

      1.            �En estos delitos, la o el juzgador, adicional a la pena privativa de libertad puede imponer una o varias penas no privativas de libertad� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 71). De este modo, el COIP otorga la posibilidad a los prestadores de justicia, de colocar a m�s de las penas privativas de la libertad que contempla cada delito sexual y reproductivo en concreto, aquellas medidas no privativas de la libertad, que se encuentran en la Parte General del COIP, m�s precisamente, en el art. 60. Un ejemplo de esto, puede ser la prohibici�n de aproximaci�n o comunicaci�n con la v�ctima, de forma tal que se protege la integridad del sujeto pasivo del delito.

      2.            �En los casos en los que la o el presunto agresor sea ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, c�nyuge, ex c�nyuge, conviviente, ex conviviente, pareja o ex pareja en uni�n de hecho, tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona a cargo del cuidado o custodia de la v�ctima, el juez de Garant�as Penales como medida cautelar suspender� la patria potestad, tutor�a, curatela y cualquier otra modalidad de cuidado sobre la v�ctima a fin de proteger sus derechos. Esta medida tambi�n la podr� solicitar la o el fiscal, de oficio o petici�n de parte la o el juez competente. Una vez emitidas las medidas cautelares, la o el Juez de Garant�as Penales tambi�n podr� ordenar se dispongan las medidas de protecci�n necesarias, a las Juntas Cantonales y Metropolitanas de Protecci�n de Derechos o a las o los Jueces de Familia, Mujer, Ni�ez y Adolescencia, o multicompetentes, con el fin de que se realice un abordaje integral para la protecci�n y restituci�n de derechos de mujeres; ni�as, ni�os o adolescentes; o, personas con discapacidad� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 71). Esta medida, va dirigida a que en los casos donde exista una de las relaciones antes mencionadas, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, para precautelar la integridad del sujeto pasivo, se suspendan dicha relaci�n. Esto tiene como finalidad el alejamiento de los sujetos, para que no se pongan en peligro otros derechos del sujeto pasivo, comprendiendo que la cercan�a entre ellos puede ser perjudicial para el correcto desarrollo del proceso penal. La interconexi�n de las distintas entidades p�blicas debe ponerse al servicio de la justicia y de la parte procesal que representa al sujeto pasivo del delito, para que la protecci�n a llevarse a cabo sea integral, y no se maximicen los riesgos de haber denunciado cualquiera de los delitos sexuales o reproductivos mencionados en l�neas anteriores.

      3.            �Para estos delitos no ser� aplicable la atenuante prevista en el n�mero 2 del art�culo 45 de este C�digo� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 71). Para comprender esta disposici�n, es preciso referir a la atenuante mencionada, que es �Art. 45.- Circunstancias atenuantes de la infracci�n. - Son circunstancias atenuantes de la infracci�n penal: 2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 26). En este caso, es l�gico que esta circunstancia atenuante no puede ser aplicada para aquellas personas que sean sujetos activos de delitos sexuales y reproductivos, puesto que no domina el miedo a sus acciones. En otras palabras, nadie, por miedo o bajo violencia lesiona derechos sexuales y reproductivos de otras personas.

      4.            �El comportamiento p�blico o privado de la v�ctima, anterior a la comisi�n de la infracci�n sexual, no es considerado dentro del proceso� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 71). Esta disposici�n es fundamental de cara a retirar de los procesos penales, todas aquellas alegaciones que tiendan a derivar la responsabilidad por los hechos sexuales y/o reproductivos a la propia v�ctima. De este modo, si la persona p�blicamente, o de modo privado, practica o practicaba ciertas conductas sexuales, tiene o ten�a alguna inclinaci�n sexual en concreto, previo a la comisi�n del delito en su contra, todo esto queda excluida de posibles valoraciones jur�dicas, dado que el proceso penal no puede convertirse en un espacio de discriminaci�n contra la v�ctima, sino, centrarse en demostrar si existi� o no responsabilidad penal por parte del sujeto activo del delito. Esto surge tambi�n como un garantismo del Estado moderno.

      5.            �En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la v�ctima menor de dieciocho a�os de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de catorce a�os que se encuentren en capacidad de consentir en una relaci�n sexual� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 71). Esta disposici�n no est� exenta de debates, dado que socialmente existen corrientes diversas de pensamiento. Por una parte, aquellos que piensan que todo menor de 18 a�os es incapaz de decidir sobre su vida sexual, y, por otra parte, aquellos que entienden que desde una edad determinada (14 a�os, tomando en caso del numeral antes citado), ya existe una cierta madurez psicol�gica, social y sexual que les permita tomar una decisi�n tan compleja como su vida sexual.

      6.            �Las v�ctimas en estos delitos pueden ingresar al programa de v�ctimas y testigos� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 71). La naturaleza de los delitos sexuales, la muy probable cercan�a (social, familiar, laboral, educativa, religiosa, entre otros aspectos), entre el sujeto activo y pasivo del delito, as� como la posibilidad de la toma de represalias desde el sujeto activo a la v�ctima, motiv� a que el legislador penal ecuatoriano incluyera esta disposici�n de protecci�n.

Si bien algunas de las disposiciones antes estudiadas, son redactadas de manera facultativa, bajo frases tales como �las v�ctimas pueden�, o �el juzgador puede�, se reflexiona que m�s all� de ser facultades, que pueden ser elegidas o no por el sujeto en cuesti�n, estas disposiciones se deben articular entre s� para una protecci�n efectiva de los derechos de las v�ctimas, evitando su revictimizaci�n.

Por otra parte, y desde un aspecto m�s pr�ctico, alejado de lo dogm�tico y legal, la realidad muestra que los delitos sexuales y reproductivos tienen una peligrosa y frecuente comisi�n. As�, el Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos (2011) se�ala que 1 de cada 4 mujeres ha experimentado violencia sexual, y 21% de ni�os, ni�as y adolescentes han sufrido violencia sexual; sin embargo, solo el 15% de los casos de abuso sexual se denuncian y el 5% se sancionan. En cuanto a la denuncia de estos delitos y su posterior persecuci�n penal, la Fiscal�a General del Estado, citada en Plan International Ecuador (2021) remarca que, como un promedio, se reciben 14 denuncias de violaci�n por d�a, de las cuales tres son contra ni�as menores de 14 a�os. Adem�s, siete ni�as menores de 14 a�os dan a luz cada d�a, la mayor�a de ellas por violencia sexual por un adulto conocido.

Estas cifras, dan muestra que es una realidad que, en el Ecuador, la violencia sexual y reproductiva tienen altos �ndices, donde los sujetos pasivos de estos delitos var�an desde mujeres mayores de edad, a ni�os, ni�as y adolescentes. Se reflexiona que esto debe motivar a una persecuci�n penal efectiva de este tipo de delitos, no s�lo por la gravedad de los mismos, sino porque muchos de sus sujetos pasivos son parte de los grupos de atenci�n prioritaria determinados en el art. 35 de la Constituci�n de la Rep�blica. Por otro sentido, no s�lo la represi�n penal es necesaria, sino tambi�n la articulaci�n de pol�ticas p�blicas sociales y culturales que lleven al debate a este tipo de conductas, para que sean reprochadas, erradicadas y prevenidas.

 

 

Bien jur�dico y reparaci�n integral en delitos sexuales en el Ecuador

Una vez que se ha podido desarrollar un an�lisis de estas variables por separado, tanto en el caso del bien jur�dico, de la reparaci�n integral, as� como de los delitos sexuales, queda pendiente articular dichas variables, para interpretar de qu� modo se conectan entre s�. Partiendo de la base donde el bien jur�dico es entendido, desde un punto de vista amplio, como �inter�s vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jur�dico� (Kierszenbaum, 2009, p. 188), es claro que la protecci�n de la integridad sexual de las personas tiene importancia jur�dica, y como contrapartida, toda amenaza o lesi�n de un bien jur�dico, motivar� las sanciones correspondientes.

Las cifras que se mostraron en apartados anteriores, sumado a los estudios de pol�tica criminal que reflejan la necesidad de tipificar delitos cuyos bienes jur�dicos protegidos sean aquellos con car�cter sexual o reproductivo, pero tambi�n algunos bienes jur�dicos conexos, como la integridad psicol�gica y la imagen de las v�ctimas, elementos que est�n interrelacionados entre s�, comprendiendo que la complejidad de estos delitos afecta varias esferas de la vida de los sujetos pasivos.

Si fuera posible realizar una categorizaci�n de los bienes jur�dicos, existir�an aquellos de mayor importancia, y otros que quedar�an relegados a un segundo plano. Este ejercicio se puede hacer, por ejemplo, con bienes jur�dicos tales como la vida, la libertad, que ocupar�an un lugar central, y secundariamente, bienes jur�dicos como en el caso de aquellos relacionados con lo econ�mico, hurtos, estafas, defraudaciones tributarias, entre otros. Vale aclarar que esto no queda exento de debates, m�s a�n cuando en el Ecuador, se considera que todos los derechos tienen el mismo grado de importancia, pero en la sociedad, existen aquellos m�s importantes que otros.

Con base a la reflexi�n antes realizada, se puede determinar que los bienes jur�dicos integridad sexual y reproductiva, ocupan de los puestos m�s altos en materia de importancia, puesto que se est� hablando no s�lo de lesiones que derivan en un sentido f�sico, sino que van m�s all� y afectan al aspecto ps�quico, por lo que sus da�os son conductas penalmente relevantes, las cuales el Estado debe prevenir de forma urgente, y en el caso reactivo, su reparaci�n y la determinaci�n de responsabilidades a los culpables tambi�n deben ser una tarea inminente por parte del Estado. Con estas se�alizaciones, los derechos derivados de lo sexual y reproductivo son de importancia personal y social, conforme se ha podido apreciar hasta este apartado.

La referencia a los bienes jur�dicos de integridad sexual y reproductiva y su protecci�n en Ecuador obliga a que una vez m�s, se recurra al COIP como normativa que concentra el cat�logo delitos sexuales y reproductivos. As�, los delitos de inseminaci�n no consentida (art. 164) y de privaci�n forzada de capacidad de reproducci�n (art. 165), son delitos cuyo bien jur�dico tutelado inmediato es la integridad reproductiva, sin dejar de lado que su lesi�n se puede dar por conductas tales como la violaci�n, pero el bien jur�dico en estos casos es mono ofensivo.

Por su parte, en el estupro (art. 167), el abuso sexual (art. 170), la violaci�n (art. 171) y la violaci�n incestuosa (art. 171.1), estas conductas lesivas tienen como consecuencia un tocamiento, actos de naturaleza sexual y en los casos de violaci�n y violaci�n incestuosa, el acceso carnal, de forma tal que el bien jur�dico protegido es la integridad sexual, de un modo directo. En el caso del acoso sexual (art. 166), la conducta tipificada es amplia, llevando en su interior actos de naturaleza sexual, tanto en un car�cter f�sico, as� como a trav�s de medios electr�nicos, de comunicaci�n, donde el acoso no es directo, pero igualmente es suficiente para ser penalizado. En el caso del acoso sexual, es l�gico que el bien jur�dico protegido es la integridad sexual, aunque en una esfera diferenciada, por ejemplo, de la violaci�n.

Unas categor�as diferentes de delitos sexuales son aquellos que a m�s de un car�cter nocivo sexualmente hablando, tienen tambi�n un aspecto de imagen y privacidad del sujeto activo. Ejemplo de esto, son las conductas penalmente relevantes de distribuci�n de material pornogr�fico a ni�as, ni�os y adolescentes (art. 168), corrupci�n de ni�as, ni�os y adolescentes (art. 169),� utilizaci�n de personas para exhibici�n p�blica con fines de naturaleza sexual (art. 172), extorsi�n sexual (art. 172.1), contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho a�os por medios electr�nicos (art. 173) y oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho a�os por medios electr�nicos (art. 174). En todas estas conductas, el bien jur�dico protegido de modo inmediato es la integridad sexual, pero de manera mediata, se protege la imagen e integridad psicol�gica de los sujetos pasivos.

En cuanto a la reparaci�n integral, conforme se analiz� en apartados anteriores, su rol en el Estado de derechos y justicia ecuatoriano, es referente a la necesidad de volver en el tiempo las lesiones que se ocasionaron a los diferentes bienes jur�dicos protegidos, siempre que esta reparaci�n sea posible. Por ejemplo, en el caso de los femicidios, la reparaci�n nunca alcanzar� a ser integral porque la vida de la mujer fallecida no puede ser recuperada, pero s� se pueden articular reparaciones en torno a su familia. Igualmente, en el caso de los delitos que afectan a los derechos reproductivos, pueden darse da�os irreversibles y permanentes que no puedan ser reparados en su car�cter completo o integral.

Por ello, es necesario centrar la atenci�n en todas aquellas medidas de reparaci�n que, aplicadas en los casos de delitos sexuales y reproductivos, puedan resarcir los da�os causados. En un aspecto amplio, el art. 1 del COIP determina que la finalidad de dicho C�digo se centra, entre varios elementos, en la reparaci�n integral de las v�ctimas, acogiendo un modelo de sistema penal reparador, a m�s de los enfoques sancionadores. Como principio general, el COIP contiene que �se aplicar�n los principios de tutela judicial efectiva y debida diligencia a fin de garantizar la reparaci�n integral para las v�ctimas y la prevenci�n de la reincidencia y de la impunidad� (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 10), de forma que la tutela judicial efectiva se ejecutar� para permitir el acceso a la justicia a las v�ctimas, la diligencia en la actuaci�n procesal y el derecho de llegar a la ejecuci�n de una sentencia que permita dicha reparaci�n integral de modo efectivo.

El art. 77 del COIP determina que:

La reparaci�n integral radicar� en la soluci�n que objetiva y simb�licamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisi�n del hecho y satisfaga a la v�ctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las caracter�sticas del delito, bien jur�dico afectado y el da�o ocasionado.

La restituci�n integral constituye un derecho y una garant�a para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporci�n con el da�o sufrido (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, pp. 42-43).

As�, el COIP divide las reparaciones en dos tipos, las objetivas y las simb�licas. Las primeras de ellas, tienden a reparar derechos tangibles, y por ello es el car�cter objetivo, contrario a lo subjetivo, que es lo reparado por lo simb�lico. En el caso de los delitos sexuales y reproductivos, las reparaciones objetivas ser�n todas aquellas dirigidas a reparar los da�os visibles, apreciables con los sentidos; mientras que, por otra parte, aquellas medidas de b�squeda de la verdad, la justicia, las disculpas p�blicas, entre otras, ser�n dirigidas a la reparaci�n de derechos subjetivos, de dif�cil valoraci�n, destacando que ambos tipos de reparaciones, tienen una naturaleza propia. De modo definitorio y complementario, tanto el art. 78 del COIP, establece los siguientes mecanismos de reparaci�n integral: la restituci�n, la rehabilitaci�n, las medidas de satisfacci�n o simb�licas y las garant�as de no repetici�n, as� como el art. 628 del mismo cuerpo normativo indica que dentro de las reglas sobre la reparaci�n integral, toda sentencia condenatoria debe contener medidas que sirvan para reparar los derechos vulnerados, donde si existe m�s de un responsable penal, la o el juzgador debe se�alar la modalidad de la reparaci�n seg�n las circunstancias de la infracci�n y del grado de participaci�n en la infracci�n (autor o c�mplice), y en cuanto a la obligaci�n de reparar monetariamente a la v�ctima, esto tiene preferencia o prelaci�n respecto de sanciones tales como la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable penalmente.

Derivado del art. 11 del COIP, que establece los derechos de las v�ctimas, se resalta que uno de estos derechos es acceder:

A la adopci�n de mecanismos para la reparaci�n integral de los da�os sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnizaci�n, la garant�a de no repetici�n de la infracci�n, la satisfacci�n del derecho violado y cualquier otra forma de reparaci�n adicional que se justifique en cada caso (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, p. 14).

De este art�culo antes citado se desprenden las siguientes caracter�sticas:

a)      Reparaci�n integral de los da�os sufridos: Esta artista refiere a que todos los aspectos lesionados, de la v�ctima, deben ser reparados. Esto conlleva a que el �rgano acusador identifique de modo claro todas las vulneraciones, y que los juzgadores penales determinen en sentencia, cada aspecto en concreto, con las obligaciones positivas o negativas que llevar�n a la reparaci�n integral.

b)      Evitaci�n de dilaciones: Es importante que, en el caso de las reparaciones a los derechos vulnerados, no se retrase o retarde su aplicaci�n, debido a que toda demora acrecienta la vulneraci�n de los derechos, y puede agravarlos de forma definitiva. Caso claro es en cuanto a los delitos contra la integridad reproductiva, cuya lesi�n se mantiene en el tiempo hasta que no se puedan revertir los da�os causados, de ser posible, por ejemplo, con tratamientos m�dicos.

c)      Conocimiento de la verdad de los hechos: Derivado desde aspectos internacionales y constitucionales, donde se valora la emisi�n de las sentencias como una medida propia de reparaci�n, el conocimiento de los hechos es fundamental para que la v�ctima y la sociedad comprendan c�mo y de parte de qui�n se han generado las lesiones a los bienes jur�dicos protegidos. Por fuera de la privacidad que reviste a los procesos judiciales en casos sexuales y de integridad reproductiva, el conocimiento de la verdad pasa tambi�n por la determinaci�n de las responsabilidades penales, la pena establecida y el cumplimiento de la sentencia.

d)      Restablecimiento del derecho lesionado: En los casos donde es posible, se debe restablecer el derecho lesionado. Si la conducta penalmente relevante tuvo efectos que pueden ser reparados, estas medidas ser�n tendientes a retornar los bienes jur�dicos protegidos, al estado previo a la lesi�n. Por ejemplo, el caso antes mencionado de los tratamientos m�dicos que lleven a la recuperaci�n de la integridad reproductiva.

e)      Indemnizaci�n: Desde un aspecto netamente econ�mico, las sentencias que condenan por delitos sexuales y reproductivos pueden llevar inmersa la obligaci�n econ�mica de resarcir da�os de esta �ndole. Esta reparaci�n no afecta de forma directa al bien jur�dico lesionado, pero puede coadyuvar a su recuperaci�n. Ejemplos de esto, es la indemnizaci�n econ�mica, que no repara las vulneraciones psicol�gicas que se desprenden de una violaci�n, pero s� permite que la v�ctima reciba tratamientos dirigidos a recuperarse de los da�os causados.

f)       Garant�a de no repetici�n: A diferencia de la indemnizaci�n, donde el obligado es el sujeto activo del delito, en el caso de la garant�a de no repetici�n, se aprecia que el obligado es el Estado, que debe articular las medidas preventivas para que no vuelvan a suceder los hechos que derivaron en la lesi�n de derechos. Estas medidas, pueden contener obligaciones de no hacer dirigidas al o la condenado/a, como en el caso de no frecuentar lugares comunes a la v�ctima; u obligaciones de hacer, como medidas simb�licas de reparaci�n, como reconocimientos p�blicos de responsabilidades y conmemoraciones u homenajes a las v�ctimas.

g)      Satisfacci�n del derecho violado: Similar al caso del restablecimiento del derecho lesionado, la satisfacci�n en los casos de delitos sexuales y reproductivos es compleja, puesto que una vez cometida la infracci�n y vulnerados los derechos, no hay una marcha atr�s, dado que son clases de delitos cuyos efectos perduran en el tiempo. Este tipo reparaci�n puede darse en otros delitos, aquellos de �ndole econ�mica donde la devoluci�n de los valores hurtados, robados o estafados, llevar�a a la satisfacci�n del derecho violentado.

h)      Cualquier otra forma de reparaci�n adicional que se justifique en cada caso: En este aspecto, el legislador penal reconoce que los juzgadores penales deben adaptar las medidas de reparaci�n integral no s�lo tomando en consideraci�n las opciones dadas anteriormente, sino, analizando el caso en concreto y revisando qu� tipos de medidas son las m�s id�neas para reparar los derechos vulnerados.

 

Conclusiones

Luego de estos an�lisis se puede concluir que:

      1.            El bien jur�dico es un componente central dentro de la teor�a del tipo penal, por cuanto es el derecho, bien o elemento protegido por el tipo, cuyo titular es el sujeto pasivo. La lesi�n del bien jur�dico protegido deviene o tiene como consecuencia la necesidad de activar el proceso penal, as� como la potencial reparaci�n objetiva y simb�lica, dependiendo de los diversos da�os que se desprendan de las conductas (acciones u omisiones) del sujeto activo.

      2.            La reparaci�n integral, como consecuencia de la lesi�n al bien jur�dico protegido, es un concepto complejo, puesto que la gran diversidad de formas de manifestaci�n de los da�os, obliga a que los prestadores de justicia, adecuen del modo m�s id�neo, las reparaciones, concibiendo al ser humano como un todo, por lo tanto, se deben reparar todos y cada uno de los aspectos violentados. A su vez, la reparaci�n no s�lo es un derecho de las v�ctimas, sino que se consolida como una obligaci�n contra los sentenciados, por lo que el o los juzgadores deben delimitar de modo claro las reparaciones, tanto de hacer (positivas) as� como las de no hacer (negativas).

      3.            Los delitos sexuales en el Ecuador son una lamentable pr�ctica frecuente, tal como lo muestran los diversos �ndices, as� como la comisi�n de delitos reproductivos, que tienen como derivaciones, graves lesiones f�sicas, pero tambi�n profundos problemas manifestados en otras �reas de dif�cil tratamiento, como son los traumas y dem�s consecuencias psicol�gicas, desprendidas de la lesi�n a los bienes jur�dicos de integridad sexual y reproductiva del sujeto pasivo.

      4.            La aplicaci�n de los conceptos de bienes jur�dicos y de la reparaci�n integral en los delitos sexuales y reproductivos, muestra, por una parte, que estos bienes jur�dicos oscilan entre aspectos mono ofensivos y pluriofensivos, por lo que uno o varios bienes jur�dicos pueden ser lesionados con una misma conducta, lo cual conllevar�a a potenciales concursos reales de delitos. Por otra parte, lo extenso de los da�os y en ocasiones, su imposible cuantificaci�n, genera que los delitos sexuales y reproductivos deban ser analizados de forma integral, para lograr reparar todos los aspectos lesionados en la v�ctima, sin dejar de lado a la familia, que, de modo indirecto, tambi�n puede sufrir diversas lesiones.

 

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