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Tributaci�n sobre Transacciones Digitales en el Ecuador frente al Principio de Legalidad

 

Taxation on Digital Transactions in Ecuador against the Principle of Legality

 

Tributa��o sobre transa��es digitais no Equador contra o princ�pio da legalidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: eordoez99@yahoo.com

 

Ciencias Econ�micas y Empresariales

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 03 de febrero de 2024 *Aceptado: 14 de marzo de 2024 * Publicado: �30 de abril de 2024

 

        I.            Estudiante de Derecho de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica de la Rep�blica del Ecuador, Ecuador.

      II.            Mag�ster en Derecho Menci�n Derecho Constitucional, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica del Ecuador, Docente de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

 

Resumen

La r�pida expansi�n de la econom�a digital a nivel global ha impulsado a los Estados, incluido Ecuador, a crear legislaci�n para regular las transacciones digitales y preservar el orden tributario, aunque estas medidas se han implementado m�s lentamente que en otros pa�ses. Aunque las definiciones de comercio electr�nico en la Ley de Comercio Electr�nico (2002) y en el nuevo C�digo de Comercio (2019) han evolucionado, siguen siendo generales y no ofrecen una gu�a clara para la tributaci�n. La investigaci�n se centrar� en adaptar la metodolog�a cient�fica, involucrando enfoques cualitativos, te�ricos descriptivos e inductivos para examinar estas normativas. La fase inicial recopilar� y describir� la legislaci�n ecuatoriana sobre transacciones digitales para luego interpretar cualitativamente la intenci�n legislativa y su alineaci�n con el principio de legalidad. Se propone extender la definici�n de establecimiento permanente en la legislaci�n para incluir la presencia digital, lo cual permitir�a gravar eficazmente las actividades econ�micas digitales. Esto podr�a realizarse en concordancia con los est�ndares de la OCDE, aunque Ecuador todav�a no ha avanzado lo suficiente en esta regulaci�n. La investigaci�n sugiere la posibilidad de alcanzar una tributaci�n efectiva mediante la expansi�n de la definici�n de residencia fiscal a las entidades que operan digitalmente en Ecuador.

Palabras clave: Comercio Digital; Econom�a Digital; Impuesto a la Renta; Equidad Tributaria; Principio de Legalidad; Tributaci�n.

 

Abstract

The rapid expansion of the digital economy globally has prompted States, including Ecuador, to create legislation to regulate digital transactions and preserve tax order, although these measures have been implemented more slowly than in other countries. Although the definitions of electronic commerce in the Electronic Commerce Law (2002) and in the new Commercial Code (2019) have evolved, they remain general and do not offer clear guidance for taxation. The research will focus on adapting scientific methodology, involving qualitative, descriptive and inductive theoretical approaches to examine these regulations. The initial phase will compile and describe Ecuadorian legislation on digital transactions to then qualitatively interpret the legislative intent and its alignment with the principle of legality. It is proposed to extend the definition of permanent establishment in the legislation to include digital presence, which would allow effective taxation of digital economic activities. This could be done in accordance with OECD standards, although Ecuador has not yet made sufficient progress in this regulation. The research suggests the possibility of achieving effective taxation by expanding the definition of tax residence to entities that operate digitally in Ecuador.

Keywords: Digital Commerce; Digital Economy; Income tax; Tax Equity; Principle of Legality; Taxation.

 

Resumo

A r�pida expans�o da economia digital a n�vel mundial levou os Estados, incluindo o Equador, a criar legisla��o para regular as transa��es digitais e preservar a ordem fiscal, embora estas medidas tenham sido implementadas mais lentamente do que noutros pa�ses. Embora as defini��es de com�rcio eletr�nico na Lei do Com�rcio Eletr�nico (2002) e no novo C�digo Comercial (2019) tenham evolu�do, permanecem gerais e n�o oferecem orienta��es claras para a tributa��o. A pesquisa ter� como foco a adapta��o da metodologia cient�fica, envolvendo abordagens te�ricas qualitativas, descritivas e indutivas para examinar essas regulamenta��es. A fase inicial ir� compilar e descrever a legisla��o equatoriana sobre transa��es digitais para depois interpretar qualitativamente a inten��o legislativa e o seu alinhamento com o princ�pio da legalidade. Prop�e-se alargar a defini��o de estabelecimento est�vel na legisla��o para incluir a presen�a digital, o que permitiria uma tributa��o eficaz das atividades econ�micas digitais. Isto poderia ser feito de acordo com as normas da OCDE, embora o Equador ainda n�o tenha feito progressos suficientes nesta regulamenta��o. A pesquisa sugere a possibilidade de alcan�ar uma tributa��o efetiva ampliando a defini��o de resid�ncia fiscal para entidades que operam digitalmente no Equador.

Palavras-chave: Com�rcio Digital; Economia Digital; Imposto de Renda; Patrim�nio Tribut�rio; Princ�pio da Legalidade; Tributa��o.

 

Introducci�n

La econom�a digital ha ido creciendo a nivel mundial, por lo tanto, los pa�ses en base a su facultad reguladora se han visto obligados a generar leyes para precautelar el orden jur�dico tributario. En Ecuador, esta realidad se ha dado de forma tard�a con relaci�n a otros pa�ses, y no se evidencia mayor regulaci�n en su orden jur�dico interno (realidad que se expondr� a lo largo de esta investigaci�n).

Asimismo, la Ley de Comercio Electr�nico (2002) define por primera vez al comercio electr�nico, en su disposici�n general novena, de la siguiente manera: �Es toda transacci�n comercial realizada en parte o en su totalidad, a trav�s de redes electr�nicas de informaci�n�. De igual manera, en el nuevo C�digo de Comercio (2019), se define al comercio electr�nico con una visi�n m�s integral, normando en su Art. 74 lo siguiente: �Comercio electr�nico es toda transacci�n comercial de bienes o servicios digitales o no, realizada en parte o en su totalidad a trav�s de sistemas de informaci�n o medios electr�nicos, considerando los tipos de relaci�n existente�.

Sin embargo, estas definiciones son muy generales y en cierto punto aportan a la determinaci�n tributaria. No obstante, es importante abordar en este contexto lo que refiere la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), al respecto, el r�gimen tributario se rige por varios principios, como el de equidad. Asimismo, la Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�mico (en adelante OCDE) la equidad es trascendental para la normativa tributaria a fin de que se mitiguen los riesgos en la econom�a digital y reg�menes fiscales.

En esa l�nea, la OCDE ha desarrollado que la equidad respecto de la econom�a digital se encauza en que los contribuyentes que est�n en circunstancias similares deben tener una carga tributaria similar. A pesar de que el marco legal tributario en el Ecuador no ha mostrado un desarrollo significativo en lo que respeta a adaptarse a las particularidades de la econom�a digital, se ha dado un paso importante con la promulgaci�n de la Ley Org�nica de la Simplificaci�n y Progresividad. Tributaria. Esta nueva legislaci�n introduce reformas a la Ley de R�gimen Tributario Interno, entre las cuales destaca la aplicaci�n del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales. De igual forma, se debe considerar el reglamento de esta ley, especialmente el Art.9 en el cual se determinan los establecimientos permanentes de empresas extranjeras, sin embargo, la definici�n de estos resulta muy ambigua.

Por lo tanto, se ha tomado en cuenta lo desarrollado por la OCDE, es porque, se debe analizar si lo generado por este organismo se puede aplicar al orden jur�dico interno ecuatoriano, si bien se sabe que no es vinculante, se pueden tomar en cuenta estos insumos para afrontar los retos tributarios en los modelos de negocio digitales, para generar un mejor control.

En consecuencia, con relaci�n a las sociedades extranjeras que no residen en el Ecuador, pueden ser sujetos pasivos del impuesto a la renta, en el caso de tener un establecimiento permanente en el pa�s. Estas aristas problem�ticas, afectan al principio de legalidad, por cuanto podr�an generarse anomias normativas para hacer m�s eficiente el r�gimen tributario y recaudatorio en la realidad ecuatoriana.

El objetivo de este an�lisis es evaluar la viabilidad de aplicar las recomendaciones de la OCDE sobre equidad en la econom�a digital al r�gimen tributario ecuatoriano, a fin de generar un entorno fiscal m�s justo y eficiente. Adem�s, buscar soluciones para las problem�ticas que surgen en relaci�n a las sociedades extranjeras que no residen en el Ecuador y su posible sujeci�n al impuesto a la renta. Para llevar a cabo esta investigaci�n, se examinar�n los casos judiciales anteriores de relevancia y se estudiar�n las sentencias que han establecido los fundamentos de este estudio. Adem�s, tambi�n se analizar�n las leyes relacionadas que contienen las disposiciones pertinentes y se realizar� una comparaci�n. El an�lisis se dividir� en diferentes aspectos en base a las premisas planteadas.

 

Desarrollo

El principio de legalidad

El principio de legalidad es un concepto fundamental en el derecho y establece que todas las personas, instituciones y entidades p�blicas y privadas est�n sujetas a las leyes vigentes de un Estado. Este principio es esencial para el Estado de Derecho, ya que garantiza que el ejercicio del poder est� limitado y regulado por normas previamente establecidas y conocidas.

Seg�n Crist�bal (2020) el principio de legalidad tiene sus ra�ces en el pensamiento ilustrado y en la teor�a del contrato social, especialmente en las obras de fil�sofos como John Locke y Montesquieu. Se consolid� con la Revoluci�n Francesa y la declaraci�n de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, que proclamaba que la ley es la expresi�n de la voluntad general y que todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formaci�n (p.12).

En palabras de Parra (2020) el principio de legalidad se compone de varios elementos clave:

�         Legalidad de los delitos y las penas: Nadie puede ser condenado por un acto que no est� previamente establecido como delito en la ley, ni sometido a penas que no est�n establecidas en la misma. Esto se conoce como "nullum crimen, nulla poena sine lege".

�         Reserva de ley: Determinadas materias, como las que afectan a los derechos fundamentales, deben ser reguladas exclusivamente por la ley, y no por normas de rango inferior.

�         Irretroactividad de la ley: Las leyes no deben tener efectos retroactivos, especialmente en materia penal, salvo que sean m�s favorables al reo.

�         Seguridad jur�dica: Las leyes deben ser claras, precisas y su aplicaci�n predecible, para que los ciudadanos puedan conocer las consecuencias jur�dicas de sus actos.

�         Publicidad de las normas: Las leyes deben ser publicadas antes de su entrada en vigor para que sean conocidas por todos.

�         Jerarqu�a normativa: Las normas inferiores deben respetar y no contradecir a las de rango superior. (p.16)

Asimismo, Fern�ndez (2021) indica que �el principio de legalidad se aplica en todos los �mbitos del derecho, aunque es especialmente relevante en el derecho penal, administrativo y tributario� (p.08).

�         Derecho Penal: En este �mbito, el principio de legalidad protege a los ciudadanos de sanciones arbitrarias y de la creaci�n ex post facto de delitos y penas.

�         Derecho Administrativo: Asegura que la administraci�n act�e conforme a la ley y no de manera discrecional, garantizando los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos.

�         Derecho Tributario: Establece que solo se pueden exigir impuestos, tasas y contribuciones que est�n establecidos en la ley.

De esta forma, Orbegoso (2020) manifiesta que este principio enfrenta desaf�os como la complejidad legislativa, la proliferaci�n de normas y la necesidad de adaptarse a una sociedad en constante cambio. Adem�s, la globalizaci�n y el desarrollo de nuevas tecnolog�as plantean cuestiones sobre la aplicaci�n transfronteriza de las leyes y la regulaci�n de espacios como internet (p.09).

Es as�, que el principio de legalidad es un pilar del Estado de Derechos y Justicia y una garant�a esencial para la protecci�n de los derechos y libertades de los ciudadanos. Su respeto y fortalecimiento son fundamentales para la democracia y la justicia, y requieren un compromiso constante por parte de los poderes p�blicos y la sociedad en su conjunto.

 

El principio de reserva de ley y de legalidad en el derecho tributario

El principio de reserva de ley es un concepto fundamental en el derecho tributario que establece que lo relacionado con la tributaci�n debe ser regulado por ley en materia tributaria, reserv�ndose exclusivamente al poder legislativo. Este principio tiene su origen hist�rico en el surgimiento de los primeros parlamentos medievales, cuando el poder del Monarca comenz� a ser limitado.

En el contexto ecuatoriano, Vallejo (2023) manifiesta que:

El principio de reserva de ley se encuentra consagrado en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Seg�n el art�culo 300 de la Constituci�n, el r�gimen tributario se regir� por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Adem�s, el art�culo 301 establece que solo por iniciativa de la Funci�n Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se pueden crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos (p.17).

El principio de reserva de ley en el derecho tributario ecuatoriano tiene varias funciones. Desde una perspectiva colectiva o democr�tica, este principio responde a la tradicional exigencia de la auto imposici�n. Adem�s, este principio cumple una funci�n de garant�a de los derechos de libertad y propiedad de los particulares, ya que, en los sistemas democr�ticos, la ley es el instrumento de autogobierno de la colectividad.

En el derecho tributario ecuatoriano, Galarza (2020) indica que:

El principio de legalidad y el principio de reserva de ley se manifiestan en la exigencia de que las prestaciones patrimoniales p�blicas se establezcan de acuerdo con la ley. Este principio es un l�mite establecido al Estado para la exigencia del pago del tributo para el sostenimiento del gasto p�blico. Adem�s, este principio asegura que las cargas impuestas al ciudadano no quebranten su libertad individual ni patrimonial (p.14).

Ahora bien, respecto al principio de legalidad en el derecho tributario es un concepto fundamental que asegura que la imposici�n de tributos y la actuaci�n de la administraci�n tributaria se realicen conforme a las leyes vigentes. En el contexto de Ecuador, este principio se manifiesta en varios aspectos del proceso tributario, desde la creaci�n de impuestos hasta su recaudaci�n y control.

En palabras de Vilca (2021) en Ecuador, el control de legalidad en el �mbito tributario se ejerce tanto en la sede administrativa como en la contenciosa. La administraci�n tributaria act�a bas�ndose en el principio de legalidad, y su actuaci�n puede ser revisada a trav�s del Recurso de Revisi�n. Este mecanismo permite un control sobre los actos emitidos por la Administraci�n, y puede ser iniciado de oficio o por petici�n de una persona natural o jur�dica afectada por un acto administrativo firme o resoluci�n de naturaleza tributaria (p.08).

El arbitraje y otros medios alternativos de soluci�n de controversias en materia tributaria tambi�n se han desarrollado en Ecuador. Estos m�todos alternativos deben respetar los principios de legalidad y de indisponibilidad de la obligaci�n tributaria, as� como el principio de exclusividad de jurisdicci�n. El arbitraje tributario, tanto a nivel interno como internacional, se ha defendido frente a estos principios, y se ha utilizado en casos como la devoluci�n del IVA por diversas empresas en Ecuador.

Seg�n Moya (2020)

El principio de legalidad enfrenta desaf�os contempor�neos como la complejidad legislativa y la necesidad de adaptarse a cambios sociales y tecnol�gicos. En Ecuador, como en otros pa�ses, la administraci�n tributaria debe garantizar que sus procedimientos y m�todos de imposici�n de tributos se ajusten a la legalidad y respeten los derechos de los contribuyentes (p.21).

Por lo tanto, el principio de legalidad en el derecho tributario en Ecuador es un pilar que garantiza que la creaci�n, recaudaci�n y control de los tributos se realicen conforme a la ley. Este principio se refleja en el control de legalidad tanto en la sede administrativa como en la contenciosa, en el respeto a los principios durante los procesos de arbitraje y soluci�n de controversias, y en la necesidad de que los m�todos de determinaci�n de impuestos como el de la renta respeten las normas legales. La administraci�n tributaria debe actuar siempre dentro del marco legal para proteger los derechos de los contribuyentes y mantener la confianza en el sistema tributario del pa�s.

Ahora bien, el control de legalidad en el derecho tributario ecuatoriano asegura que la administraci�n y aplicaci�n de impuestos se realicen legalmente. Se aplica en dos �mbitos: administrativo y contencioso. En la sede administrativa, la administraci�n tributaria verifica que su gesti�n de impuestos cumpla con la ley, enfoc�ndose en la transparencia y en proteger los derechos de los contribuyentes. En la sede contenciosa, si surgen conflictos entre contribuyentes y la administraci�n tributaria que escalan a procesos judiciales, se eval�a la adherencia a la legalidad de las decisiones tributarias. Este control independiente resuelve apelaciones y recursos contra posibles arbitrariedades. Ambos �mbitos del control de legalidad buscan evitar la arbitrariedad, proteger los derechos contribuyentes y mantener la confianza en la justicia del sistema tributario, fundament�ndose en la conformidad con la ley.

Ecuador ha implementado medidas para gravar los servicios digitales proporcionados por empresas no residentes. Desde 2020, los servicios digitales proporcionados por entidades extranjeras que no tienen establecimiento permanente en Ecuador est�n sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) est�ndar del 12%. Esto incluye servicios como streaming de m�sica y video, publicidad en l�nea, y plataformas de software como servicio (SaaS).

En cuanto al Impuesto a la Renta, las empresas que operan en la econom�a digital y que tienen presencia f�sica o establecimiento permanente en Ecuador est�n sujetas a las mismas reglas tributarias que las empresas tradicionales. Sin embargo, para las empresas digitales no residentes, se han discutido propuestas para establecer una base imponible en el pa�s basada en ciertos indicadores de presencia econ�mica digital, como usuarios o contratos digitales (Ortiz, 2023).

Seg�n P�ez (2021), para facilitar la recaudaci�n de impuestos de empresas digitales no residentes, Ecuador ha establecido mecanismos de retenci�n en la fuente (p.17).

Asimismo, Boada (2021), indica que:

La retenci�n en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado de impuestos, donde ciertos agentes, denominados agentes de retenci�n, est�n obligados a retener y pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) un porcentaje del impuesto correspondiente al momento de realizar un pago o acreditar un cr�dito en cuenta. Este sistema se aplica tanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como al Impuesto a la Renta (p.21).

Los intermediarios de pago, como las compa��as de tarjetas de cr�dito, est�n obligados a retener y remitir el IVA correspondiente a las transacciones de servicios digitales.

En palabras de Novoa (2020), �Ecuador ha avanzado en la implementaci�n de la facturaci�n electr�nica, lo que es relevante para la tributaci�n digital. La facturaci�n electr�nica es obligatoria para ciertos contribuyentes y facilita el control y la recaudaci�n de impuestos sobre las transacciones digitales� (p.23).

La legislaci�n tributaria en Ecuador contin�a evolucionando para abordar los desaf�os de la econom�a digital. Esto incluye la necesidad de actualizar las leyes para abordar la tributaci�n de la econom�a colaborativa, criptomonedas y otros modelos de negocio emergentes.

Por lo tanto, la tributaci�n digital en Ecuador se rige por un conjunto de regulaciones que buscan asegurar que las empresas digitales contribuyan de manera justa al fisco. Esto incluye la aplicaci�n del IVA a los servicios digitales, la posible introducci�n de impuestos a la renta basados en la presencia econ�mica digital, y la implementaci�n de mecanismos de retenci�n en la fuente. La legislaci�n sigue en desarrollo para mantenerse al d�a con las pr�cticas internacionales y los cambios en la econom�a digital.

Respecto a lo mencionado sobre la presencia econ�mica digital, se debe indicar que esto significa que Ecuador podr�a imponer impuestos a empresas que, aunque no tienen sede f�sica en el pa�s, generan ingresos significativos o tienen una interacci�n comercial importante en su territorio a trav�s de medios digitales. Esto incluir�a ventas en l�nea y la recolecci�n de datos de usuarios ecuatorianos. Este enfoque busca que las empresas contribuyan fiscalmente donde tienen actividad econ�mica relevante, adapt�ndose a la realidad de la econom�a digital que permite operaciones comerciales a gran escala sin presencia f�sica.

 

El principio de Legalidad en las transacciones digitales en Ecuador

La jurisprudencia es una fuente importante para analizar las cuestiones legales y constitucionales que se plantean en un determinado caso. A trav�s del estudio de los fallos judiciales y las interpretaciones que se han realizado sobre diversas problem�ticas, se pueden extraer conclusiones y establecer argumentos fundamentados.� De esta forma, la sentencia No. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador representa un punto de inflexi�n en la jurisprudencia ecuatoriana respecto a la garant�a de la motivaci�n en el debido proceso. estableci� varias pautas para examinar la vulneraci�n de la garant�a de la motivaci�n, incluyendo un criterio rector que dicta que toda argumentaci�n jur�dica debe tener una estructura m�nimamente completa, conforme al art�culo 76.7.l de la Constituci�n. Adem�s, se incorpor� una tipolog�a de deficiencias motivacionales que incluye:

�         Inexistencia: Ausencia total de los elementos m�nimos de la motivaci�n.

�         Insuficiencia: Cumplimiento defectuoso de los elementos m�nimos.

�         Apariencia: Parece suficiente a primera vista, pero incurre en vicios que afectan su suficiencia.

�La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que, en el contexto del comercio electr�nico, el concepto de justicia fiscal exige que aquellos con mayor poder adquisitivo asuman una mayor carga impositiva. Este fundamento se asocia con la doctrina de progresividad fiscal, determinando que la contribuci�n impositiva debe ser acorde con los niveles de ingreso econ�mico. Este principio establece que se debe considerar la capacidad econ�mica de los contribuyentes, de modo que aquellos con mayor capacidad deben asumir mayores obligaciones tributarias. En otras palabras, el impuesto que deben pagar debe ser proporcional a su capacidad de pago. La equidad, como principio constitucional, implica que un tributo solo ser� considerado justo si cumple con las garant�as de legalidad, generalidad, progresividad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, razonabilidad y capacidad contributiva. Estas garant�as limitan el poder tributario del Estado y protegen los derechos de los contribuyentes. Es fundamental que se apliquen de manera adecuada en la relaci�n entre los administrados y el poder p�blico (Sentencia N.� 030-15-SIN-CC, 2015).

Con lo dicho, la premisa resultante radica en que el principio de equidad es fundamental en la justicia fiscal, ya que establece que los contribuyentes deben ser tratados de manera justa y equitativa.

El principio de equidad tributaria busca evitar situaciones injustas a trav�s de la tributaci�n. Esto implica que el sistema tributario debe afectar de la misma manera a personas en la misma situaci�n, es decir, que sea igual para iguales y desigual para desiguales. Adem�s, la equidad tributaria implica que quienes tienen mayores recursos econ�micos deben contribuir m�s que aquellos con menores ingresos, aplicando un criterio de equidad vertical. Asimismo, para personas con igual capacidad econ�mica, la contribuci�n debe ser igual, siguiendo un criterio de equidad horizontal.

El Impuesto a la renta ha tenido un gran efecto en los impuestos relacionados con la econom�a digital. Esto se debe a que muchas empresas importantes en esta econom�a no est�n ubicadas en el pa�s donde se consumen sus servicios, lo que representa un desaf�o para las autoridades tributarias y resulta en una disminuci�n en la recaudaci�n de impuestos en esos pa�ses.

La equidad busca asegurar que el impuesto sea justo y equitativo, de manera que el monto total recaudado a lo largo de una cadena de suministro sea proporcional al precio pagado por el consumidor final. Las normas relativas al impuesto a la renta deben ser dise�adas de manera que no sean el factor principal que condicione las decisiones empresariales. Hay otros aspectos que tambi�n influyen en estas decisiones, por lo que el impuesto a la renta no deber�a ser determinante en la elecci�n de una forma jur�dica para operar. En cuanto al nivel impositivo, las empresas extranjeras y nacionales deben ser tratadas de manera equitativa en la jurisdicci�n en la que se les deba o se les pague el impuesto. Esto busca promover una competencia justa entre las empresas extranjeras y nacionales, evitando que se otorguen ventajas competitivas injustificadas y se distorsione el comercio internacional o se limite la capacidad de los compradores. Respecto a la inequidad, esta podr�a surgir por distintos factores:

�         Reg�menes tributarios diferentes permiten a empresas extranjeras beneficiarse de incentivos fiscales, posiblemente resultando en impuestos reducidos comparados con empresas locales.

�         Las empresas extranjeras pueden eludir impuestos m�s eficazmente, utilizando estrategias legales y para�sos fiscales, algo no tan accesible para empresas nacionales peque�as.

�         Variaciones en la base imponible entre empresas locales y extranjeras, particularmente con aquellas sin presencia f�sica en el pa�s, pueden introducir disparidades.

�         La recaudaci�n de impuestos a empresas digitales extranjeras es compleja, afectando la eficacia del cumplimiento tributario.

Las jurisdicciones tienen la opci�n de establecer diferentes mecanismos para asegurar que las empresas extranjeras no sean capaces de evitar el pago del impuesto a la renta. Estas directrices tienen como objetivo principal que el impuesto a la renta se aplique en el pa�s donde se consume el bien o servicio, por lo tanto, se busca implementar medidas que eviten que las empresas extranjeras se beneficien de no pagar el impuesto a la renta. Cuando se consideren necesarios requisitos tributarios espec�ficos para las empresas extranjeras, es importante que estos no sean excesivos ni inapropiados. Tanto las empresas extranjeras como las nacionales deben estar sujetas a imposiciones tributarias equilibrados para evitar cualquier forma de discriminaci�n en los mercados internacionales. Para lograr esto, las autoridades tributarias pueden utilizar herramientas disponibles como acuerdos comerciales o convenciones multilaterales.

Por otra parte, la Corte Constitucional, referente a la legalidad en el impuesto a la renta dentro del comercio digital, ha mencionado que el principio de legalidad establece l�mites al poder de la administraci�n y requiere que esta solo pueda actuar dentro de las facultades que la ley le otorga. La administraci�n no puede arrogarse poderes de actuaci�n que no est�n previamente establecidos por ley. Adem�s, este principio exige que la administraci�n se comporte de manera restrictiva, actuando dentro de sus competencias y coordin�ndose con otras entidades y �rganos de la administraci�n para lograr sus objetivos, y garantizando el pleno ejercicio de los derechos (Sentencia No. N.� 014-12-SIN-CC, 2012).

El principio de legalidad en el campo tributario es de suma importancia, ya que garantiza la seguridad jur�dica de los contribuyentes al establecer que no puede haber impuestos sin una ley previa que los respalde. Este principio asegura que la relaci�n entre el Estado y los contribuyentes est� marcada por normas claras y precisas que limiten el ejercicio del poder estatal. A lo largo del tiempo, este principio ha evolucionado y en la actualidad se considera la base fundamental del derecho tributario.

De lo analizado, la premisa en este caso es que el principio de legalidad establece que la administraci�n p�blica no puede tener discrecionalidad en la creaci�n, modificaci�n, exoneraci�n o extinci�n de impuestos.

El Estado tiene la facultad de establecer impuestos mediante el poder tributario a sus ciudadanos como una forma de equidad jur�dica. Sin embargo, esta imposici�n debe realizarse de manera justa y no arbitraria. Para asegurar esto, existen controles y garant�as constitucionales que protegen los derechos de los contribuyentes frente al poder del Estado. En el sistema jur�dico ecuatoriano, basado en el Estado de Derecho y Justicia, se establecen mecanismos de tutela que otorgan protecci�n a los ciudadanos ante la autoridad estatal.

El principio de legalidad en la creaci�n de impuestos tiene diversas funciones. No solo se basa en la representaci�n popular, sino que tambi�n busca proteger a los ciudadanos al establecer reglas claras y garantizar un dise�o coherente en la pol�tica fiscal de un pa�s. Por lo tanto, el principio de legalidad busca satisfacer la necesidad de que todos los aspectos que configuran un tributo est�n claramente establecidos en la ley, sin que sea necesario recurrir a regulaciones de menor jerarqu�a. Esto incluye el supuesto de hecho, la base imponible, los sujetos involucrados y las tasas aplicables.

Respecto al tema plateado, en t�rminos generales, se debe tener en cuenta que el impuesto a la renta es un tributo directo que se aplican a los ingresos generados en un pa�s durante un per�odo fiscal determinado, ya sea a nivel individual o corporativo. Para abordar los desaf�os de la econom�a digital en relaci�n con estos impuestos, es necesario analizar c�mo una jurisdicci�n puede implementar mecanismos adecuados. Cabe destacar que los Estados tienen la facultad legal para crear, modificar o eliminar impuestos, as� como para aplicarlos y exigirlos a los sujetos dentro de su territorio. Esta autoridad se sustenta en dos fuentes: las externas, que se refieren a las normas y principios del derecho tributario internacional, principalmente tratados internacionales y derecho comunitario, que regulan las relaciones entre diferentes jurisdicciones; y las internas, que se basan en la legislaci�n local de cada pa�s en el que se ejerce la autoridad tributaria sobre los residentes en su territorio.

 

Discusi�n de Resultados

La Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�mico (OCDE) ha promovido desde 1996 el estudio y seguimiento del comercio electr�nico en diversos foros internacionales. Han creado grupos de trabajo en temas como pr�cticas del comercio electr�nico, seguridad de la informaci�n, t�rminos electr�nicos, protecci�n al consumidor y tributaci�n fiscal. Todo esto como parte de su pol�tica de promoci�n del desarrollo tecnol�gico y liberalizaci�n del comercio. En relaci�n con la protecci�n al consumidor, la OCDE desarroll� en abril de 1998 una serie de lineamientos dirigidos a garantizar la protecci�n de los consumidores en el comercio electr�nico. Estas recomendaciones est�n destinadas a los gobiernos, organizaciones empresariales, consumidores y sus representantes, para servir como referencia y gu�a en la creaci�n de pol�ticas y normas que regulen esta forma de comercio. En diciembre de 1999, la OCDE aprob� el documento "Recomendaci�n del Consejo de la OCDE Relativa a los Lineamientos para la Protecci�n al Consumidor en el contexto del Comercio Electr�nico". (Armijos, 2021)

El documento establece claramente que estos Lineamientos se aplican exclusivamente a las transacciones comerciales realizadas de empresa a consumidor, y no a las operaciones realizadas entre empresas. Esto implica que solo se considerar�n las transacciones comerciales en las que una empresa vende bienes o servicios directamente a un consumidor final. Esta limitaci�n se justifica en la necesidad de proteger al consumidor, quien generalmente tiene menos conocimiento y recursos para realizar compras en l�nea, y promover as� un mayor n�mero de transacciones electr�nicas. En este sentido, la OCDE ha recomendado a los pa�ses miembros tomar medidas para asegurar la protecci�n del consumidor en el comercio electr�nico.

La Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�mico, abarcan aspectos importantes del comercio electr�nico, incluyen la protecci�n transparente y efectiva de los consumidores, la equidad en las pr�cticas empresariales y publicitarias, y la garant�a de que las empresas se identifiquen claramente y no utilicen t�rminos contractuales desleales. Tambi�n se hace hincapi� en la importancia de implementar mecanismos para que los consumidores puedan expresar su decisi�n de recibir o rechazar mensajes comerciales por correo electr�nico, especialmente en el caso de grupos de personas m�s vulnerables como los ni�os y los ancianos.

Las directrices de la OCDE ofrecen una soluci�n para reducir los riesgos de ser gravado dos veces o de evitar el pago voluntario de impuestos. Estas directrices instan a las jurisdicciones a adoptar mecanismos que regulen el comercio internacional y eviten pr�cticas desleales entre empresas nacionales y extranjeras. Bas�ndose en el principio de destino, se pretende que el cliente sea responsable de declarar el impuesto correspondiente en lugar de imponer cargas innecesarias a los proveedores. Es importante que el comprador conozca la legislaci�n nacional y las pr�cticas administrativas al importar servicios e intangibles, para cumplir con las normas tributarias de su pa�s. Es decir, estas directrices enfatizan que la tributaci�n no debe recaer sobre las empresas a menos que la legislaci�n lo exija, permitiendo que los clientes puedan deducir los impuestos y compensar la carga tributaria de los impuestos.

La transformaci�n digital de los negocios ha generado un cambio en la forma tradicional de hacer comercio. Los modelos de negocio en la econom�a digital ya no dependen de la presencia f�sica de personal o activos, ni de la interacci�n cara a cara con los clientes. Adem�s, estos modelos de negocio son multilaterales, conectando a diferentes agentes del mercado e intercambiando informaci�n que les permite obtener ventajas competitivas. Sin embargo, en Ecuador, el desarrollo de la econom�a digital ha sido m�s lento y la regulaci�n al respecto es limitada. La Ley de Comercio Electr�nico, Firmas Electr�nicas y Mensajes de Datos, introducida en 2002, fue la primera norma que defini� el comercio electr�nico en el pa�s como "toda transacci�n comercial realizada en parte o en su totalidad a trav�s de redes electr�nicas de informaci�n".

La econom�a digital plantea desaf�os relacionados con la evasi�n fiscal y la transferencia de beneficios. Esto se refiere a c�mo ciertas empresas utilizan estructuras societarias complejas para aprovechar lagunas legales y sistemas tributarios favorables, evitando as� pagar impuestos de manera justa. A menudo, estas empresas no tienen presencia f�sica en las jurisdicciones donde operan a trav�s de plataformas digitales, lo que dificulta la imposici�n y recaudaci�n de impuestos por parte de los gobiernos. Esta falta de tributaci�n efectiva sobre las transacciones comerciales representa un riesgo para los sistemas fiscales y las autoridades tributarias.

Jara (2020) establece dos principios sobre qu� jurisdicci�n tiene el derecho de someter a impuestos y determinar qu� Estado puede gravar una renta. Estos principios son el personalista y el de fuente de la renta.

El principio personalista establece que la jurisdicci�n fiscal de una renta pertenece al pa�s en el que la persona sea residente, ya sea por su permanencia f�sica o su nacionalidad. Por otro lado, el principio de fuente de la renta establece que la jurisdicci�n fiscal de una renta se basa en el pa�s en el que se gener�, independientemente de la residencia fiscal del sujeto. Por ejemplo, en Estados Unidos se aplica el principio personalista y se somete a impuestos la renta generada por cualquier residente, sin importar su fuente (p.12).

Los desaf�os que plantea la econom�a digital para la tributaci�n internacional se pueden clasificar en diferentes categor�as, como la conexi�n, los datos y la caracterizaci�n del ingreso. En este art�culo nos centraremos en los desaf�os relacionados con la conexi�n. La cuesti�n clave es c�mo determinar la conexi�n entre el contribuyente y la jurisdicci�n que tiene derecho a imponer impuestos sobre los ingresos generados. Existe un debate sobre si los principios existentes son adecuados para determinar esta conexi�n, considerando las caracter�sticas espec�ficas de los negocios digitales.

Desde 2013, la OCDE ha estado trabajando en soluciones para abordar los riesgos asociados con la econom�a digital. Se han propuesto dos pilares principales para enfrentar estos desaf�os. El primer pilar se centra en establecer reglas claras para determinar qu� jurisdicci�n tiene el derecho a gravar y c�mo se debe calcular la renta imponible. Se propone atribuir mayor autoridad de imposici�n a aquellas jurisdicciones donde residen los consumidores o usuarios. El segundo pilar busca implementar reglas para reducir los riesgos adicionales de erosi�n de las bases imponibles y traslado de beneficios. En resumen, la OCDE ha propuesto asignar la potestad tributaria sobre la renta generada por la econom�a digital a las jurisdicciones donde se encuentran los consumidores y donde se producen interacciones econ�micas a trav�s de medios digitales. (Jara, 2020)

El grupo de trabajo de la OCDE ha expresado la necesidad de establecer nuevas reglas para determinar el v�nculo entre una jurisdicci�n y una empresa, alej�ndose de la regla tradicional basada en la presencia f�sica a trav�s de una sede permanente. Una propuesta consiste en otorgar la jurisdicci�n sobre la renta residual de la empresa a la jurisdicci�n del mercado en el cual haya una interacci�n o presencia significativa, como una forma de gravar de manera efectiva los modelos de negocio digitales, como motores de b�squeda en l�nea, redes sociales y plataformas de intermediaci�n o transmisi�n de contenido, que plantean riesgos significativos.

De la exposici�n anterior se desprende la necesidad de establecer criterios objetivos para determinar cu�ndo se debe gravar la renta de la econom�a digital. Aunque la OCDE propone la creaci�n de un nuevo derecho, ser�a m�s conveniente modificar ciertas reglas existentes, como la del establecimiento permanente, para gravar los ingresos de acuerdo con la normativa actual. En cuanto al segundo pilar de la soluci�n propuesta por la OCDE, incluye medidas para gravar la renta en casos en los que haya sido grabada en jurisdicciones con tasas impositivas m�s bajas o nulas, y la eliminaci�n de deducciones para combatir los pagos que erosionan la base imponible.

Es evidente que uno de los riesgos de la tributaci�n de la econom�a digital es la transferencia de beneficios hacia jurisdicciones con reg�menes tributarios preferenciales o una menor carga impositiva. Por lo tanto, es necesario implementar medidas para mitigar este riesgo. La propuesta de la OCDE de eliminar deducciones para aquellos que realizan estos pagos podr�a ser efectiva, pero tambi�n se podr�an aplicar otras soluciones como retener impuestos en la fuente al realizar estos pagos. Sin embargo, se deben considerar los desaf�os que podr�an surgir al determinar la tarifa aplicable y garantizar su efectivo cumplimiento.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador establece que el r�gimen tributario se basa en principios, incluyendo el principio de equidad. La OCDE considera que este principio es esencial para contrarrestar los riesgos que la econom�a digital plantea a los reg�menes fiscales. De acuerdo con la OCDE, la equidad implica que los contribuyentes en situaciones similares deben tener una carga tributaria similar. En Ecuador, la legislaci�n tributaria no ha abordado espec�ficamente la tributaci�n de la econom�a digital, aunque se han realizado algunas reformas recientes para incluir a los servicios digitales en el Impuesto al Valor Agregado. Es necesario analizar si las soluciones propuestas por la OCDE son aplicables en el contexto normativo ecuatoriano y si existen mecanismos para abordar los desaf�os fiscales de los modelos de negocio digitales en relaci�n con el impuesto a la renta de sociedades. Adem�s, es importante considerar otras opciones disponibles en Ecuador para ejercer un mayor control sobre la tributaci�n de la econom�a digital.

Es importante recordar que uno de los principales riesgos de la econom�a digital es el traslado de beneficios y la erosi�n de bases imponibles, ya que estos modelos de negocio suelen generar una tributaci�n m�nima o nula. Asimismo, la falta de presencia f�sica de los agentes econ�micos plantea desaf�os para determinar qu� jurisdicci�n tiene el derecho de imponer impuestos sobre la renta y c�mo establecer el v�nculo entre el agente econ�mico y esa jurisdicci�n.

 

Conclusiones

Concerniente a la investigaci�n, respecto del Reglamento para la Aplicaci�n de la Ley de R�gimen Tributario Interno, agregando un nuevo punto al art�culo 9, es prescindible ampliar la definici�n de establecimiento permanente. De esta forma, se contemplar�a la presencia digital de los contribuyentes y se los considerar�a sujetos a tributaci�n en el pa�s. Se propone establecer que una empresa extranjera tenga establecimiento permanente en Ecuador cuando preste servicios o venda bienes a trav�s de medios digitales, entendiendo estos como cualquier plataforma, red o aplicaci�n en internet utilizada para realizar transacciones. Esto permitir�a que Ecuador pueda tener mecanismos m�s efectivos para controlar y gravar las actividades econ�micas llevadas a cabo en el �mbito digital.

El problema de recaudaci�n y control de sujetos pasivos puede resolverse a trav�s de acuerdos bilaterales o multilaterales. Adem�s, el Ecuador tiene mecanismos en los convenios internacionales para la asistencia en el cobro de impuestos. Tambi�n se menciona la posibilidad de implementar legalmente las directrices de la OCDE en esta materia, al igual que se ha hecho con los precios de transferencia. Desde la promulgaci�n de la Ley Org�nica de Simplificaci�n y Progresividad Tributaria, se han establecido normas reglamentarias para aplicar el impuesto al valor agregado a los servicios digitales, tanto a nivel local como en la importaci�n. Se ha creado un catastro de prestadores de servicios digitales, que incluye a empresas residentes y no residentes en el pa�s, para facilitar el control y la retenci�n de impuestos.

De acuerdo a lo investigado, existen riesgos en la imposici�n de la econom�a digital para los Estados, ya que puede haber dificultades para asegurar una tributaci�n efectiva de los ingresos generados en diferentes lugares por los sujetos que operan en este �mbito. Se destaca la importancia de que estos sujetos tributen de la misma manera que cualquier otro contribuyente que realice la misma actividad econ�mica, pero sin el uso predominante de tecnolog�a digital. Sin embargo, se se�ala que la legislaci�n ecuatoriana carece de mecanismos efectivos para abordar los desaf�os de la tributaci�n en la econom�a digital, ya que se centra en la presencia f�sica como base para la imposici�n en el pa�s.

Una posible soluci�n para abordar la tributaci�n de la econom�a digital podr�a ser ampliar la definici�n de establecimiento permanente. En este caso, se deber�a establecer que los sujetos se sometan a impuestos solo por aquellos bienes vendidos o servicios prestados en el Ecuador a trav�s de medios digitales. Esto permitir�a que estos sujetos sean considerados residentes fiscales en el pa�s y tributen en consecuencia. Es importante destacar que, hasta el momento, el Ecuador no ha avanzado en la regulaci�n de la tributaci�n de la econom�a digital en el impuesto a la renta. Sin embargo, las normas recientemente emitidas referentes a la tributaci�n de los servicios digitales y el Impuesto al Valor Agregado podr�an servir como base para regular este aspecto en el impuesto a la renta de manera directa.

 

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