����������������������������������������������������������������������������������

 

 

An�lisis Constitucional del derecho a la resistencia de los ind�genas en el Ecuador

 

Constitutional Analysis of the right to resistance of indigenous people in Ecuador

 

An�lise Constitucional do direito � resist�ncia dos povos ind�genas no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: rifevamo@outlook.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 09 de marzo de 2024 *Aceptado: 30 de abril de 2024 * Publicado: �21 de mayo de 2024

 

        I.            Licenciado en Ciencias Sociales Pol�ticas y Econ�micas, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica del Ecuador, Doctor en Jurisprudencia, Mag�ster en Ciencias Internacionales, Doctor en Derecho (PhD); Coronel de Polic�a de Estado Mayor, Comandante de la Zona 4, Ecuador.

      II.            Doctor en Derecho (UCV, 1990), Mag�ster en Administraci�n de empresas (UCAB, 1997), Abogado Summa Cum Laude (UCAB, 1974), Licenciado en Letras Magna Cum Laude (UCV, 2016), Diplomado en Historia Contempor�nea de Venezuela (Universidad Pedag�gica Experimental Liberador y Fundaci�n R�mulo Betancourt, 2020), Ecuador.

 

Resumen

El estudio corresponde al an�lisis constitucional del Derecho a la Resistencia de los ind�genas en el Ecuador,� su objetivo es determinar la constitucionalidad del derecho a la resistencia teniendo como referencia el levantamiento del 2019.Se utiliz� metodolog�a cualitativa de tipo interpretativa y fenomenol�gica, el instrumento aplicado fue la entrevista dirigida, de cuyos resultados se extracta, un mal manejo del criterio pol�tico por parte del Ejecutivo �al emitir el Decreto N�883, que ocasionara una crisis social, �donde �intervinieron varios grupos sociales organizados por la dirigencia ind�gena, la base legal que brind� el soporte legal a �este movimiento fue el �Art. 98 de la CRE, que corresponde al derecho a la resistencia. Se concluye en el cometimiento de abusos por parte del gobierno y los manifestantes; as� como, el vac�o legal que acompa�a al referido derecho.

Palabras claves: Levantamiento ind�gena; Decreto Ejecutivo No 883; Derecho a la resistencia; Constitucionalidad; Derechos fundamentales.

 

Abstract

The study corresponds to the constitutional analysis of the Right to Resistance of indigenous people in Ecuador, its objective is to determine the constitutionality of the right to resistance with the 2019 uprising as a reference. Qualitative methodology of an interpretive and phenomenological type was used, the instrument applied was the directed interview, from whose results are extracted, a mismanagement of political criteria by the Executive when issuing Decree No. 883, which caused a social crisis, where several social groups organized by the indigenous leadership intervened, the legal basis that The legal support provided to this movement was Art. 98 of the CRE, which corresponds to the right to resistance. It concludes that abuses have been committed by the government and the protesters; as well as the legal vacuum that accompanies the aforementioned right.

Keywords: Indigenous uprising; Executive Decree No 883; Right to resistance; Constitutionality; Fundamental rights.

 

Resumo

O estudo corresponde � an�lise constitucional do Direito � Resist�ncia dos povos ind�genas no Equador, seu objetivo � determinar a constitucionalidade do direito � resist�ncia tendo como refer�ncia o levante de 2019. Foi utilizada uma metodologia qualitativa de tipo interpretativo e fenomenol�gico. O instrumento aplicado foi a entrevista dirigida, de cujos resultados s�o extra�dos, uma m� gest�o de crit�rios pol�ticos por parte do Executivo ao editar o Decreto n� 883, que causou uma crise social, onde intervieram v�rios grupos sociais organizados pelas lideran�as ind�genas, base legal que o O respaldo jur�dico dado a esse movimento foi o Art. 98 da CRE, que corresponde ao direito � resist�ncia. Conclui que foram cometidos abusos pelo governo e pelos manifestantes; bem como o vazio jur�dico que acompanha o referido direito.

Palavras-chave: Levante ind�gena; Decreto Executivo n� 883; Direito � resist�ncia; Constitucionalidade; Direitos fundamentais.

 

Introducci�n

El derecho a la resistencia� surge en la Constituci�n del 2008, como una necesidad de incorporar nuevos elementos legales, que no fueran contemplados en anteriores documentos supremos, se incorporan aspectos relacionados con los derechos de los pueblos ind�genas y su reconocimiento dentro del principio de la igualdad, con todos sus derechos y el respeto a sus costumbres; consider�ndose adem�s otros elementos legales que se traducen en la transformaci�n del Ecuador como un pa�s de derecho� y justicia social, los postulados� gemelares en m�ltiples aspectos de las Constituciones de Ecuador y Bolivia, permiten en forma legal el derecho al disenso, a la capacidad de que el pueblo emita su criterio, frente a las decisiones equ�vocas de los gobiernos de turno, sin embargo, la literatura evidencia que la ausencia de elementos de soporte legal a este articulado en las dos naciones.

El estudio tiene como objetivo �Analizar en el orden jur�dico y constitucional el levantamiento ind�gena de octubre 2019 en Ecuador, en el contexto del derecho a la resistencia frente a otros derechos fundamentales�,� para ello, se analizan los hechos que se produjeron en �la huelga nacional convocada por la (CONAIE) el 7 de octubre del 2019, como una respuesta al �Decreto Ejecutivo 883, emitido el 2 de octubre del mismo a�o, por parte del primer mandatario Lenin Moreno y la necesidad inminente de su derogatoria.

En Ecuador, las protestas sociales de octubre del 2019 se consideran las m�s grandes que se han producido en los �ltimos 14 a�os, desde el retorno a la democracia en �el a�o 1979, desde sus inicios se observ� el potencial de convocatoria de los grupos ind�genas, quienes a su paso fueron incorpor�ndose en una marcha convocada desde la provincia austral de Loja, aparentemente la caracter�stica de una protesta pac�fica, se transform� en la entrada a la capital de la Rep�blica, en una revuelta completamente diferencia, donde se fusionaron a la misma partidos pol�ticos y gente infiltrada en las marcha, evidenciada por un� modelo de respuesta diferente con armas artesanales, frente a la actitud de los organismos de control de la seguridad ciudadana, a quienes se les acus� de uso excesivo de la fuerza.

El gobierno ha utilizado el nivel m�s alto de contenci�n, frente a la crisis; varios grupos de defensa de los derechos humanos han afirmado que se utiliz� la fuerza p�blica de manera excesiva contra los manifestantes, quienes ejercieron su derecho a la protesta en forma pac�fica en ciertos momentos y en un alarmante desfogue de vandalismo en la ciudad de Quito en otros.

Siendo un hecho probado que hubo ausencia jur�dica, as� como falta de elementos �legales que llevaron a la toma de decisiones ��tanto como en el gobierno, los sectores intervinientes y la colectividad en general se hace imperativo para el investigador conocer a profundidad desde el estudio jur�dico el caso en cuesti�n para brindar aportes desde el an�lisis coherente, visto el derecho a la resistencia como derecho subjetivo desde las perspectivas jurista, quien observa que este derecho se represent� como un elemento legal tomado por la dirigencia ind�gena, quienes gestaron la propuesta y convocaron a sus asociados a resistirse frente al gobierno, que a su vez, no guardo los protocolos apropiados para emitir un Decreto Ejecutivo, plagado de errores de forma y fondo.

A cuatro a�os de estos hechos, las evidencias de una revuelta con elementos pol�ticos en su desarrollo, se demuestra la impunidad jur�dica,� en el contexto de un mal abordaje de� y discrepancias ante hechos punibles que ameritaban la sanci�n adecuada; no obstante y al abrigo de los derechos ind�genas, que se determina por el �respeto a sus costumbres y leyes ancestrales, se observa �una laguna legal, en la cual no existe juzgamiento, en virtud de que las comunidades ind�genas se pronuncian desde su legislaci�n; no obstante, queda una interrogante al reconocer que la Carta Magna del Estado conjuga el ordenamiento legal en su totalidad y dentro de este espectro, se encuentra el respeto a los principios que cubren a todos los ciudadanos ecuatorianos, sin excepci�n , por lo tanto surge la pregunta: �El derecho a la resistencia se encuentra dentro de una escala superior a los principios fundamentales dispuestos en la CRE?; es un cuestionamiento que no tiene respuesta, toda vez, que el Estado no ha declarado culpables a quienes irrespetaron los derechos b�sicos de la sociedad ecuatoriana, fundamentalmente quite�a.

 

 

Desarrollo

Derechos de participaci�n

La postura de un derecho relacionado con la desobediencia civil u objeci�n a la norma, es un elemento innovador dentro del modelo constitucional de la Rep�blica del Ecuador, sin embargo, los miembros de la Asamblea Constituyente del 1019, consideraron apropiado incluir en el articulado de la Carta Magna, la posibilidad para que el pueblo pueda expresarse, frente a la toma inadecuada de decisiones que pudiera tener el gobierno nacional; sin embargo, aquella realidad pac�fica de un pueblo que otrora y previo a la CRE (2008), ha quedado opacada, frente a un modelo de protesta completamente distinto, por la forma en que el conglomerado actu� con la finalidad de obtener resultados favorables a su pedido, irrumpiendo con di�logos plagados de violencia, que llevaba a una conducta preventiva por parte del gobierno nacional.

Indudablemente que la nueva Constituci�n marca elementos que transforman el entorno pol�tico en una realidad humana, caracterizada con la convergencia social y la participaci�n de todos los sectores en el desarrollo del pa�s, es as� como forma parte de la Carta Magna� en el cap�tulo V. Art�culos 61-65 que se conducen en forma distinta a la representatividad dentro del ejercicio real de sus derechos democr�ticos �dispuestos en la Constituci�n de 1998, transformando esta participaci�n a la real �participaci�n �de los ciudadanos en asuntos de inter�s p�blico� (Morales, 2008).

 

El Derecho a la resistencia

Las ideas de Thoreau como libertades, ecolog�a, activismo, objeci�n de conciencia a�n contin�an vigentes, permitiendo cuestionar las acciones de gobiernos que aun cuando fueron elegidos, se rigen, en ciertas oportunidades por dudosos mecanismos de representatividad; demandando, por ende, resistencia cuando esas acciones transgreden los principios de la libertad y de la conciencia popular. (Madeiros, Alves, y Vale, 2020).

El an�lisis planteado por Mora, respecto al pensamiento de Thoreau,� a quien los determina denomina como la persona que acu�� el t�rmino �desobediencia civil� como una forma de negaci�n por parte de la sociedad al reconocimiento de una autoridad o un mandato por considerarlo injusto, reconociendo que el pensamiento de Thoreau se direcciona hacia emplear la desobediencia como mecanismo legal que deber�a implementarse en la legislaci�n, como un determinante �tico y pol�tico mediante el cual el ser humano tiene el derecho a ser escuchado frente a la injusticia (Mora, 2008):

Locke (1994) comienza su trabajo en este �mbito donde se establecen estas libertades. Basa este an�lisis en su conocimiento de la naturaleza humana y en su deseo de obtener una respuesta a la pregunta "�Qu� es el poder?", en particular en relaci�n con el poder pol�tico.

��[...]el estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos; y la raz�n que es esa ley, ense�a a toda la humanidad que quiera consultarla, que, siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe da�ar a otro en lo que ata�e a su vida, salud, libertad o posesiones� (Locke, 1994, p�g. 36).

Las formas primarias�� para expresar el rechazo a estas pol�ticas contrarias a su bienestar, se transportan en disputas continuas� transformadas en modelos de protesta que pretend�a generar espacios donde sea escuchada su voz, mediante la obstaculizaci�n de procesos sociales, a lo cual podr�a denominarse rebeli�n, que dentro de su propia naturaleza determinan el estado de rebeld�a propio de quien no se encuentra satisfecho con su realidad;� en este caso es la resistencia a la autoridad, quien tras su investidura como representante del pueblo y del poder a trav�s de normas y preceptos, ha transformado su discurso inicial en un modelo en�rgico de proceder ante las necesidades pol�tico econ�micos olvid�ndose de la realidad de los mandantes (Locke, 1994).

Consecuentemente, el simple hecho del rechazo o�� resistencia a aquellos actos ileg�timos del gobierno; conllevan a un acto donde el pueblo eleva su protesta, ante un gobierno constituido que se ha enfrentado con la sociedad, debiendo asumir la responsabilidad �nica de haberse fracturado la confianza de sus electores

No existe una definici�n concreta al derecho a la resistencia, no obstante la posici�n de Ugartemend�a,� es concreta y permite comprender fundamentos que a trav�s de la historia abrazan el ejercicio de este derecho, cuando sostiene , para� que se pueda ejercer este derecho se requieren los l�mites al poder ejecutivo, que estos l�mites necesitan para su existencia de la presencia de la norma y el convencimiento de que se ha configurado en derecho el sometimiento del poder p�blico al pueblo (Ugartemend�a, 1999, p�g. 214).

Por consiguiente, se concibe que el derecho que nos encontramos analizando no puede ser considerado como una actuaci�n t�pica, debido a que se enfoca a representar la distancia de la poblaci�n, lo cual puede aumentar o no dependiendo del baremo ante la coerci�n de variadas situaciones nacionales.

El art�culo 98 de la Constituci�n de 2008 reconoce el derecho a la resistencia, diciendo:

�Los individuos y los colectivos podr�n ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder p�blico o de las personas naturales o jur�dicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos��(Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, p�g. 25)

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, la Carta Pol�tica ecuatoriana del 2008, en su art. 98, determina la posibilidad de respaldar su accionar, sus pensamientos, as� como manifestar su incomodidad con el mandato que vulneren sus derechos, pudiendo manifestarse en forma personal o grupal, como lo sustenta el art.99.

 

Derechos Fundamentales dentro de la Constituci�n del Ecuador, 2008

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) no s�lo consagra dentro de su articulado los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano, sino que tambi�n define los deberes nacionales del pueblo ecuatoriano, es importante resaltar que garantizamos su pleno goce, de los derechos que, gracias a acuerdos internacionales, protegen la salud, educaci�n, la vida y el manejo de recursos perecibles.

En el mismo cuerpo legal se determina que los extranjeros residentes en territorio ecuatoriano, se benefician de todos los derechos que los ciudadanos ecuatorianos, asumiendo gran parte de los enunciados en el Buen Vivir.�

El derecho a la resistencia es una respuesta al trato desigual y autoritario de quien ostenta cargos de poder, en el aspecto jur�dico se hablar�a del rechazo a la opresi�n e ilegitimidad, comprendi�ndose que es una forma de enfrentar los desatinos del gobierno en su forma y fondo, al desgobierno que ocasiona malestar en los mandantes. (Ram�rez, 2012).

Kaufmann (1999) elucida algunos argumentos establecidos dentro del derecho a la resistencia contra una autoridad o cuando sus decisiones no se encuentran debidamente documentadas y aprobadas para el bienestar social; siendo un elemento hist�rico que se rese�a con el derecho (Ramos, 2014) ��

 

Limitaciones al derecho a la resistencia

En relaci�n a los l�mites determinados por el Derecho Internacional en cuanto al ejercicio del derecho a la resistencia, se ratifica el hecho de que corresponde a uno de los derechos propios del ser humano; pese a lo cual, se reconoce que para constituirse en un derecho legal, debe someterse a la Norma Suprema de un estado y a su vez contar con la norma que determine derechos y deberes de las autoridades, de esta manera se contar� con el argumento jur�dico para obtener el amparo legal al manejo civilizado de este derecho (Ramos, 2014).

En lo referente al derecho a la resistencia, aun cuando no se reconoce� expresamente en los acuerdos internacionales, por lo tanto, tampoco se han determinado limitaciones concretas en tales acuerdos adem�s de los l�mites que rigen a todo derecho humano; sin embargo, debido a que al ejercer este derecho puede comprometer paralelamente a otros derechos como la igualdad, asociaci�n entre otros, entonces en tal suposici�n, el derecho de resistencia encontrar�a restricciones espec�ficas a observarse en su ejercicio.

�Un� obst�culo que se encuentra a colocar l�mites al derecho a la resistencia es b�sicamente el hecho de que el ciudadano, a pesar de la norma descrita en forma clara donde se respetan todos sus derechos, no cuenta con elementos reales que legitimen su participaci�n en acciones de protesta, debido a que no existe el engranaje legal adecuado que faculte el verdadero sentido de este derecho, con l�mites y elementos que marquen el canal legal, al cual pueden sujetarse para llevar adelante una protesta o las sanciones que podr�an recaer en actuaciones inadecuadas.

 

Pluriculturalidad en Ecuador

An�lisis de la pluriculturalidad en el contexto Constitucional

A partir del 2008 con la aprobaci�n del nuevo texto constitucional ecuatoriano,� se inicia el reconocimiento de la justicia de los pueblos y nacionalidades ind�gena� en� el� pa�s, la cual es el resultado de a�os de lucha para conquistarlo y que su ejercicio pleno antes de la nueva Constituci�n hubiese sido imposible, A este respecto, actualmente la Constituci�n ha establecido las diferentes maneras de solventar los problemas en el entorno cultural y pol�tico ind�gena, revisti�ndolo de la legitimidad requerida y� asoci�ndolo al Derecho estatal a trav�s de los diversos instrumentos de control� constitucional� contemplados en� la� Carta Magna y las leyes (Zuleta y Ortiz, 2021)

Al leer el pre�mbulo del Decreto Supremo (2008), se infiere que corresponde ineludiblemente al Estado el deber de facilitar la �concurrencia intercultural de los pueblos y nacionalidades ind�genas� existentes en el Ecuador, bas�ndose en el respeto a sus costumbres ancestrales, no obstante, aquellos caos extremos deben ser atendidos por la justicia general que constan en la Constituci�n, normas, leyes y otros documentos que forman parte del andamiaje legal dentro del pa�s (Zuleta y Ortiz, 2021).

En este sentido, interculturalidad como base de la plurinacionalidad significa �entre culturas�, implicando una �pertenencia, relaci�n, aprendizaje y comunicaci�n entre grupos de personas que como objeto de dicha simbiosis comparten conocimientos, valores y tradiciones propias de cada nacionalidad� (Zuleta y Ortiz, 2021, p�g. 94).

 

Levantamiento de octubre 2019

Las pol�ticas econ�micas del Presidente del entonces, provocaron descontento social, y las protestas comenzaron con llamamientos a huelgas y levantamiento ind�gena a nivel nacional como efecto del Decreto Ejecutivo No.883 que conten�a una serie de disposiciones que afectaban a los sectores populares entre ellos el sector del transporte, generando marchas ind�genas globales, del 3 al 13 de octubre de 2019, generando un panorama poco favorable a toda la poblaci�n ecuatoriana.

Las medidas del gobierno fueron consideradas inconsultas sin participaci�n de� la sociedad civil, fuerzas pol�ticas y el tejido socio productivo nacional, por tanto, la situaci�n se agudiz� ante la intransigencia oficial al no cesar y desistir de las medidas asumidas, la ausencia de di�logo entre las partes acerca de la implementaci�n de las medidas; aspecto, que gener� el descontento y de cierta manera se construy� un escenario en el cual era imposible que no terminara en un levantamiento popular.

Las disposiciones emanadas del Decreto 883 se clasifican en cinco l�neas fundamentales:

�                    Liberaci�n del precio de los combustibles

�                    Eliminaci�n de la carga tributaria (impuestos) a las importaciones

�                    Aprobaci�n de una reforma tributaria para favorecer a los grandes capitales en cuanto a su evasi�n, flexibilizaci�n y fuga del territorio nacional

�                    Aprobaci�n de una reforma laboral que precarizaba y flexibilizada las condiciones laborales del trabajador ecuatoriano, dando ventajas a los patronos y no a sus empleados.

 

Insurrecci�n de octubre

Los d�as de movilizaci�n acontecidos en el pa�s en el mes de octubre del a�o 2019, se caracterizaron por la multiplicidad de actores y gestores sociales involucrados, all� estuvieron presentes: el sector estudiantil, las casas de estudio universitarias, grupos de mujeres independientes y asociaciones feministas, diferentes gremios,� simpatizantes y afectos al partido de la Revoluci�n Ciudadana, sectores ecologistas, barriadas populares, campesinos, trabajadores, ciudadanos sin ning�n tipo de filiaci�n, agrupaciones ind�genas, as� como el sector de transporte.� No solo fue una movilizaci�n nacional, sino que fue internacional porque migrantes ecuatorianos en diferentes partes del mundo manifestaron a las puertas de sus Embajadas y ante Organismos Internacionales, el descontento por las acciones acontecidas dentro del territorio ecuatoriano.

La manifestaci�n popular originalmente fue pac�fica, pero ante la respuesta oficial, present� estados de violencia que fueron reportados oficialmente por la Defensor�a del Pueblo con un saldo de 11 fallecidos, miles de heridos y detenidos. El pueblo asumi� diversas formas de protesta, no determinadas si fueron parte del levantamiento ind�gena o gente infiltrada, contrarios al gobierno quienes crearon el caos social y acciones vand�licas en todo cuanto estaba a su paso; en tanto que el gobierno respondi� de manera represiva frente a hechos que sal�an de una protesta social y se encaminaban hacia el vandalismo, llegando finalmente a un acuerdo que termin� con la derogaci�n del Decreto 883.

 

An�lisis y Discusi�n�

Una vez analizadas aquellas respuestas emitidas por parte de los profesionales entrevistados, se pueden establecer ciertos aspectos sobre el alzamiento popular que aconteci� en Ecuador en octubre 2019 en el marco de las medidas tomadas por el gobierno del entonces presidente constitucional Licdo. Lenin Moreno.

Es posible considerar que las medidas contempladas en el Decreto Ejecutivo N� 883 del gobierno de Lenin Moreno respond�an a leg�timas aspiraciones presidenciales sobre la realidad econ�mica del pa�s, para salvaguardar los intereses del �Gubernamentales �y de esta manera, �disminuir �el contrabando de combustibles y disminuir el gasto p�blico en materia salarial y contractual del sector p�blico equilibrando el presupuesto nacional, sin embargo, parte de los entrevistados cree que fue la presi�n del Fondo Monetario Nacional la que dio origen al Decreto in comento, y que el gobierno asumi� poderes libremente sin considerar la opini�n del poder legislativo, de manera que se lleguen a consensos� y evitar el �ostentar funciones que no le correspond�an, desviando la atenci�n del pueblo y a su vez asumir acciones arbitrarias que demostraron abuso y mal manejo de la pol�tica ejecutiva. �

Estos hallazgos son coherentes con el estudio adelantado por Unda (2020), quien sostiene que el �Decreto 883 emitido �por parte del gobierno, gener� la resistencia y rebeld�a popular , que articularon su descontento e insatisfacci�n a trav�s de acciones de protesta que favorecieron la canalizaci�n publica de del descontento� social, decant�ndolas en la derogaci�n del Decreto Ejecutivo N� 883, cuya finalidad fue �recuperar los privilegios de ciertas elites empresariales, por una parte, y proteger los intereses del siempre exitoso sector financiero bancario, por otra, en el marco general de una tan cuestionada como desgastada institucionalidad democr�tica� (p�g. 352).

Liberaci�n del precio de los combustibles:

En cuanto al descontento, este se generaliz� por cuanto el Gobierno de Moreno no tom� en cuenta a todos los sectores interesados para informar y dialogar lo que pretend�a realizar, lo ideal era recibir propuestas de la ciudadan�a seg�n sea el caso. Se considera la falta de sensibilidad del gobierno al no realizar acercamientos con los actores sociales, con la finalidad de analizar la posibilidad de tomar medidas emergentes planteadas desde el ejecutivo para paliar la crisis fiscal del entonces, como elemento previo y de consenso antes de la emisi�n arbitraria del Decreto 883. �Las agrupaciones sociales, as� como el poder legislativo, fueron excluido en la toma de decisiones tan importantes como la emisi�n del mencionado Decreto, cuyo efecto fue altamente lesivo para la realidad.

Casales (2020), se�ala �que a pesar de que el Gobierno nacional, dirigiera sus esfuerzos para explica las razones por las cuales se tomaron estas medidas, sin embargo, la elevaci�n de los combustibles, se convirti� en el nudo cr�tico del problema, al considerar que la transportaci�n deber� elevar el pasaje, en cuanto al transporte de alimentos, se evidenciar� una elevaci�n sustantiva en el costo de la canasta b�sica, es decir el aparataje productivo tendr�a un desbalance inmediato, con este �nico factor que a juicio de la poblaci�n se constitu�a en el que mayor impacto tendr�a en la sociedad ecuatoriana

El derecho al disenso se establece en el Art�culo 98 de la Carta Suprema ecuatoriana, cuando los individuos o grupos sociales manifiestan su descontento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, ante acciones u omisiones del poder ejecutivo. Los derechos de las personas y los grupos afectados est�n protegidos por la legislaci�n. Seg�n el art�culo 99 de la Constituci�n, es relevante acudir r�pidamente a las instancias correspondientes para ejercer su derecho de acci�n en contra de estas medidas si se conciben como atentatorias a sus derechos que se encuentran seriamente vulnerados.�

Sin embargo, la situaci�n se torn� muy compleja para estos colectivos al ejercer su derecho a la resistencia como protesta social, la misma que alter� la esencia del mismo, debido a la intervenci�n de infiltrados y activistas pol�ticos que aprovecharon la ocasi�n, cambiando la naturaleza de la protesta, este fue un peque�o grupo que buscaba desestabilizar al Gobierno central al� crear tensi�n dentro de la sociedad ecuatoriana, incluso cometiendo acciones contrarias a la ley como el alterar el orden p�blico, destruir bienes p�blicos, cierre de v�as, delitos contra la propiedad, vandalismo, saqueos, etc.; ocult�ndose estos infiltrados en la gran masa poblacional� que reclamaba sus derechos para crear el caos. Tampoco se puede decir que fue una revuelta bien organizada y sustentada porque fue opacada de manera inmediata y estrat�gica por las fuerzas de seguridad del Estado, atemorizando al pueblo con detenciones arbitrarias, causando temor al resto de los involucrados.

En este sentido, estos hallazgos son consistentes con el estudio realizado por Novoa (2020), quien argumenta que la resistencia, es una f�rmula opositora a los actos de autoridad ejercido por los ciudadanos, la cual es representativa y a la vez problem�tica, porque menoscaba la capacidad de coaccionar del Estado, el ejercicio de sus capacidades, y la actividad institucional. El derecho a la resistencia puede ser invocado no solo cuando se violan derechos civiles, pol�ticos o econ�micos, sino tambi�n cuando se violan los derechos de participaci�n o los derechos de grupos considerados vulnerables por parte del Estado.

A su vez, la respuesta del Gobierno al emitir Decretos Ejecutivos subsiguientes como el 884, y la actuaci�n de del m�ximo organismo en la ratificaci�n y modificaci�n de este Decreto, los entrevistados creen que el Presidente Moreno aplic� debidamente la declaratoria de� estado de emergencia, sustentado en �los art�culos 164 y 165 de la Constituci�n de la Rep�blica e invocando los art�culos 28, 30, 32, 36 y 37 de la� Ley de Seguridad P�blica�, y �en base al informe presentado por el Comandante General de Polic�a de 1 de octubre quien argument� elementos fundamentales para tal decisi�n; entre ellos, �la grave conmoci�n interna que viv�a el pa�s y garantizar la seguridad del Estado

El Decreto Ejecutivo 884, dispuso por el lapso de 60 d�as, la intervenci�n de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional, suspendiendo el derecho a la libertad de asociaciones o reuniones, se limit� la libertad de transitar en el territorio nacional, a la�� vez que se dispuso la requisici�n, para mantener el orden p�blico. Se reconoce adicionalmente la demora de 10 d�as que mantuvo el r�gimen para llevar adelante di�logos para alcanzar acuerdos que conduzcan a finalizar la problem�tica.

Estos resultados son similares a los presentados en el estudio de Izurieta (2020), que aclara que los principales actores de estos hechos fueron la polic�a, los militares, los gremios de transportistas (al principio), los ind�genas y un grupo de manifestantes agresivos que no se identificaron como miembros de la comunidad ind�gena.� Los polic�as y militares, estaban dirigidos por el presidente Moreno, en su calidad de Jefe de Estado, quien actu� erradamente desde el inicio al no actuar estrat�gicamente a la hora de tomar decisiones. Si solamente el Presidente Moreno �hubiese empleado la l�gica, la intuici�n, la metacognici�n, la imaginaci�n, la capacidad anal�tica y un an�lisis de medios antes de ejecutar el Decreto 883, seguramente la reacci�n del pueblo ecuatoriano ante las medidas econ�micas hubiese sido distinta��(Izurieta, 2020, p�g. 105).

Esta misma fuente, considera que los ind�genas, dirigidos por Jaime Vargas, Presidente (en aquella �poca) de la CONAIE, actu� prepotentemente, mostrando una tendencia dominante y de poder que con sus opiniones evidenci� la falta de criterio y an�lisis para el levantamiento, as� como la ausencia de elementos adecuados que den un marco real a la convocatoria, demostrados, en un marco de excesiva codicia de poder y de figuraci�n pol�tica. Vargas estimul� el caos, convoc� actos de violencia. �Dentro de los �ltimos actores se encuentran el grupo de manifestantes infiltrados agresivos no identificados como miembros de la comunidad ind�gena, pero que causaron estragos, terrorismo y bandidaje con la intenci�n de desestabilizar al Gobierno para convocar a elecciones presidenciales de manera anticipada y salir del Presidente Moreno.

Referente al traslado de las actividades gubernamentales a la ciudad de Guayaquil se reconoce i) fue una decisi�n estrat�gico � pol�tico que debi� ser analizada con mucha cordura, frente a la delicada situaci�n en que se encontraba el pa�s. Lo ideal era que la sede del Gobierno �permanezca en la capital �por cuanto las manifestaciones se presentaban en varias ciudades a nivel nacional, incluido el puerto principal: ii) no hab�a tal inestabilidad democr�tica como para trasladar la sede del gobierno a otra ciudad; iii) s� estaba en peligro la estabilidad de la democracia, por ello fue trasladada la sede del Gobierno a la ciudad en la que �ste tiene el apoyo de las �lites econ�micas evidentemente beneficiarias, adem�s, ciudad en la que el control lo tiene un partido pol�tico que ya lleva dirigiendo la ciudad de Guayaquil por d�cadas.

Los resultados se relacionan completamente con criterios como el de Adatti (2020), quien opina que; �el Gobierno consider� a las manifestaciones populares como una intimidaci�n a su autoridad, y se form� la idea de que iban contra de la seguridad de la ciudadan�a�. Por tal raz�n, populariz� verbal y no verbal la alocuci�n de mano dura para responder a lo que originalmente fue una movilizaci�n pac�fica. Igualmente, la institucionalidad oficial y su estructura legal limitaron el leg�timo derecho a la resistencia a pesar de estar contemplado constitucionalmente.

En cuanto a si los �rganos de seguridad estatal, �se extralimitaron o no en el manejo de control de la situaci�n, y de si se extralimitaron los manifestantes de tal forma que merec�an ser judicializados por sus acciones los consultados opinan que se presentaron excesos por parte de miembros del Ej�rcito y la Polic�a Nacional, que lastimosamente terminaron en la p�rdida de vidas humanas; as� como tambi�n los excesos que cometieron algunos manifestantes como atacar a la propiedad privada, atacar negocios, saqueos, suspensi�n arbitraria de servicios b�sicos, todo ello como conductas que van en contra la ley. La judicializaci�n es para cada uno de los responsables de estos hechos, lo cual cambia la esencia del derecho a la resistencia, evidenciando un marco sui g�neris de �la poblaci�n contra la poblaci�n�. Todo se hubiera evitado si el Gobierno inmediatamente hubiera fomentado el di�logo con los sectores involucrados y no esperar 10 d�as donde se agrav� la situaci�n.

En este aspecto, estos hallazgos son an�logos a los de Adatti (2020), quien en su investigaci�n relata que, durante una Rueda de Prensa, el Ministro de la Defensa Oswaldo Jarr�n expresa que �nicamente la seguridad del pa�s y el retorno a la paz se lograr� con acciones contundentes de las fuerzas p�blicas del Estado, justificando que los manifestantes son los �nicos causantes del caos. La contradicci�n a esta postura es indudable cuando el 12 de octubre, el Gobierno admite dialogar con los movimientos ind�genas, en virtud del fracaso de las fuerzas de seguridad p�blicas, por tanto, solo el di�logo y el esfuerzo mancomunado de los sectores involucrados fue lo que facilit� el retorno a la normalidad. Tambi�n debe considerarse que el origen del paro y el caos fue el Decreto 883.

El Dr. Freddy Carri�n, Defensor del Pueblo durante los sucesos de octubre 2019, presenta ante el pleno del Consejo de Participaci�n Ciudadana y Control Social un �informe que re�ne los datos recopilados por la instituci�n sobre detenciones, personas heridas y fallecidas� (Carri�n, 2019) durante las manifestaciones, afirmando que la postura de la Defensor�a del Pueblo fue positiva e interesante. Fue una postura apropiada para la majestuosidad de su puesto.

�Es necesario reconocer si en el contexto de los hechos acaecidos en octubre 2019 en el Pa�s, se puede considerar que realmente se violentaron los derechos de la poblaci�n o que existi� el ejercicio justo del derecho a la resistencia, los entrevistados que aportaron con su criterio sobre el tema, concluyen que este levantamiento del 2019 re�ne dos caracter�sticas esenciales: 1) violaci�n de derechos fundamentales de la poblaci�n como la p�rdida de vidas humanas, detenciones arbitrarias, personas heridas de parte y parte, obstaculizaci�n de servicios b�sicos, saqueos, atentados a la propiedad privada, negocios, vandalismo, atentados a bienes p�blicos� por parte de infiltrados. 2) los actos vand�licos surgidos en la protesta, dejaron entrever, acciones delictivas, ajenas a las protestas ind�gena con claras demostraciones de vandalismo, acciones re�idas con el respeto a los derechos fundamentales como secuestros, violaciones, destrucci�n de propiedad p�blica y privada y agresiones graves a integrantes de las de las fuerzas del orden; que desvirtuaron totalmente el sentido inicial de la protesta.

Finalizan complementando que s� existi� una clara violaci�n a los derechos constitucionales, y humanos, a la poblaci�n ecuatoriana, para lo cual debe considerarse que el Jefe de Estado ten�a bajo su control todos los poderes estatales y� no se ejerci� un pleno Estado de Derecho,� ya que fue autoritario, dejando a la poblaci�n ecuatoriana en completo abandono de sus derechos como tal,� e incluso el poder judicial estaba a merced de las decisiones del Jefe de Estado, con lo cual se puede apreciar claramente un total y abandono al pueblo de sus derechos.

Seg�n este informe, durante las protestas y el conflicto ocurridos en octubre de 2019, la sociedad ecuatoriana se enfrent� a los eventos desde dos perspectivas distintas: una parte de la poblaci�n que se opuso a las decisiones arbitrarias del Gobierno, las injusticias socioecon�micas, a m�s de aquellas personas quienes se solidarizaron con la protesta, y otra parte de la sociedad que experiment� tiempos de presi�n, que objetaba la violencia y el abuso de los manifestantes.

 

Conclusiones

Terminada la investigaci�n documental y de campo se concluye con el siguiente, marco de los eventos acontecidos en Ecuador en la protesta de octubre del 2019.

En octubre del a�o 2019, el Ex presidente del Ecuador. Lenin Moreno emiti� el Decreto N� 883 con la finalidad de ajustar algunos aspectos de la econom�a para evitar el d�ficit fiscal y reconducir el presupuesto nacional para supuestamente generar m�s trabajo, m�s emprendimiento y mejores oportunidades, tendientes a generar el desarrollo econ�mico del pa�s, el Decreto ten�a dos aspectos muy importantes que terminar�an afectando a la sociedad ecuatoriana, especialmente a la clase media y los sectores m�s populares, estos eran la eliminaci�n del subsidio a los combustibles y la disminuci�n de aspectos salariales y contractuales de los empleados del sector p�blico. Ambas medidas, la primera incrementar�a el aumento de los pasajes urbanos y extraurbanos, impactando negativamente en el gasto de transporte de los usuarios y la segunda en la disminuci�n del ingreso y poder adquisitivo de los servidores p�blicos. Ambas medidas surtir�an efectos inflacionarios en bienes y servicios, as� como la ca�da del consumo.

Esta medida fue tomada inconsultamente y sin el aval legislativo de la Asamblea Nacional. Inconsultamente porque los gremios transportistas, ni de los servidores p�blicos fueron consultados al este respecto, ni mucho menos los diferentes actores de la sociedad civil organizada de Ecuador, as� como del sector pol�tico, situaci�n que gener� la protesta en un marco del derecho constitucional a la resistencia, cuando la ciudadan�a percibe o parec�a que el Imperio del Poder del Estado vulnera sus derechos.

El paro del transporte fue la medida inicial asumida por los gremios transportistas, a estos se sum� una masa popular sin coordinaci�n, la cual fue posteriormente abordada por la CONAIE agrupando a la poblaci�n ind�gena del pa�s, quienes marcharon a la ciudad de Quito, y desde all� el conflicto se extendi� a toda la naci�n. Un aspecto importante, es que durante las manifestaciones grupos violentos infiltraron las protestas originando caos y terror, causando destrozos en bienes p�blicos y alteraci�n del orden pacifico de las manifestaciones.� Esto origino el Decreto Ejecutivo N� 884, implementando el estado de excepci�n y posteriormente trasladando la sede del Gobierno a la Ciudad de Guayaquil. Medida considerada como una estrategia distractora m�s que pol�tica, pues Guayaquil es sede pol�tica af�n al Gobierno de la �poca. En medio de la discordia nacional la Corte Constitucional aval� el Decreto N� 884 como ajustado a derecho, pero sugiri� la disminuci�n de los d�as del estado de excepci�n de 60 d�as a 30 d�as y exigiendo al Gobierno el porqu� de su declaraci�n.

El Gobierno se aferr� a sus medidas econ�micas durante 10 d�as desatendiendo la oportunidad de una convocatoria al dialogo, e implement� una l�nea dura de represi�n a trav�s de sus cuerpos de seguridad Polic�a Nacional y Ejercito, lo cual gener� enfrentamientos que terminaron en muerte, heridos, represi�n, privaci�n de libertad y criminalizaci�n de la protesta, deslegitimando al movimiento ind�gena a trav�s de comunicaciones y juicios discriminatorios. Sin embargo, no fue la l�nea dura de los cuerpos de seguridad la que favoreci� la vuelta a la normalidad sino la convocatoria al dialogo televisado donde participaron el Gobierno del Presidente Moreno, la representaci�n ind�gena, la mediaci�n de la Conferencia Episcopal de Ecuador y la representaci�n de la Organizaci�n de las Naciones Unidas. Este dialogo termin� con la derogatoria del Decreto Ejecutivo N� 883 y la conformaci�n de una comisi�n para perfeccionarlo.

 

Es importante concluir que hubo falta de voluntad en la llamada al dialogo para evitar la paralizaci�n del pa�s, las inmensas p�rdidas econ�micas para todos los sectores, pero lo m�s importante, se hubiesen podido evitar la p�rdida de vidas y la violaci�n de DDHH fundamentales de los ecuatorianos consagrados en su Constituci�n Nacional. Un aporte valioso fue la postura de la Defensor�a del Pueblo que durante el periodo de conflicto emiti� continuamente informes comunicando al pa�s sobre la situaci�n de la violaci�n de DDHH de manera oficial y acallar las �fake news� de los diarios y medios afines al Gobierno quienes se encargaron de desvirtuar la veracidad noticiosa y aumentar m�s el caos reinante. La Defensor�a instalo y cre� una Comisi�n Especial para la Verdad y la Justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019, la cual elabor� un informe sobre lo ocurrido en materia de violaci�n de DDHH a la sociedad ecuatoriana y al mundo entero.�

 

Referencias

1.      Adatti, N. (2020). Crimilizaci�n del ciclo de protestas suscitadas en el Ecuador en Octubre de 2019 por parte del Estado. Quito : Universidad de los Hemisferios - Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas .

2.      Ajila, D. Q. (2022). El Ejercicio al Derecho a la Resistencia como Garant�a Constitucional. Polo del conocimiento, 1821-1836. doi:DOI: 10.23857/pc.v7i5.4131

3.      Casado, F. (2020). La vigencia del modelo de propaganda de Herman y Chomsky en las protestas en Ecuador de octubre de 2019. IC � Revista Cient�fica de Informaci�n y Comunicaci�n 17, 59 - 78. DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.12795/IC.2020.I17.03.

4.      Conrado, H. (1996). Constituci�n y derecho constitucional ,en Varios, Manual de Derecho Constitucional, trad. Por Antonio L�pez Pi�a . Madrid: Ed, Instituto Vasco de Administraci�n P�blica y Marcial Ponsa.

5.      Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449. Quito: Asamblea Nacional .

6.      Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008. . Quito: Asamblea Nacional Ultima modificaci�n: 25-ene.-2021.

7.      Defensor�a del Pueblo de Ecuador. (2021). Informe de la Comisi�n Especial para la Verdad y la Justicia respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019. Quito: Direcci�n de Comunicaci�n e Imagen Institucional de la Defensor�a del Pueblo de Ecuador. Disponible en: https://www.rindhca.org/images/notas_actualidad_indh/Informe_comision_de_la_verdad_-_andina.pdf.

8.      Izurieta, B. (2020). �Qu� pas� en Ecuador en octubre de 2019? El Outsider. Universidad San Francisco de Quito USFQ. Edici�n Esoecial., 99-107. DOI: https//dx.doi.org/10.18272/eo.v5i0.1567 octubre de 2019?

9.      Kaufmann, A. (1999). La validez del derecho. Derecho de Resistencia. Desobediencia civil. Filosof�a del Derecho. Bogot�: Universidad Externado de Colombia, 376-378.

10.  Locke, J. (1994). Segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil. Madrid, Espa�a.: Ediciones Altaya, S.A.

11.  Medeiros, E., Alves, I., & Vale, M. (2020). Civil Resistance|In Accord with Nature � On the Bicentennial of H. D. Thoreau. Anglo Saxonica, 17(1). art. 16., 1-7. DOI: https://doi.org/10.5334/as.28.

12.  Mora, E. (2009). Desobediencia civil de Thoreaua Gandhiy M. L King. . Quito: Corporaci�n de Estudios y Publicaciones.

13.  Morales, P. (2009). Los nuevos horizontes de la participaci�n. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

14.  Nivelo, C., Erazo, J., Guerra, M., & Narv�ez, C. (2020). Derechos de Participaci�n: Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Principio de Progresividad de los Derechos. Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jur�dicas. A�o V. Vol. V. N�8. Enero � Junio, 493-510.

15.  Novoa, E. (2020). Derecho y Resistencia: Juventud y resistencia, abriendo caminos en Ecuador: Experiencias octubre 2019. Palabra: Revista de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. , 240-269.

16.  Pino, C. (2020). El estado de excepci�n de octubre: el retorno de la doctrina de seguridad nacional del Estado. En Octubre y el derecho a la resistencia : revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador. Franklin Ram�rez Gallegos (EDS). CLACSO. Bs. Aires, 221-245.

17.  Ram�rez, D. (2012). Antecedentes hist�ricos del derecho de resistencia a la opresi�n en el art�culo 36 de la Constituci�n Argentina. . Universidad Nacional Nordeste: VIII Jornadas de Comunicaciones Cient�ficas de la Facultad de Derecho.

18.  Ramos, M. (2014). El Derecho a la Resistencia en el Ecuador: Alcance y l�mites leg�timos en su ejercicio a partir de la Constituci�n de 2008 (Tesina). Quito: Universidad San Francisco de Quito. Colegio de Jurisprudencia.

19.  Sag��s, N. (2003). Reflexiones sobre la imprevisi�n constitucional. M�xico: Programa de investigaci�n del Centro Interdisciplinario de Derecho Procesal Constitucional,.

20.  Schwartz, B. (1966). Los poderes del Gobierno, trad. por Jos� J. Olloque. M�xico : UNAM.

21.  Ugartemend�a, J. (1999). El derecho de resistencia y su constitucionalizaci�n. . Revista de Estudios Pol�ticos (Nueva �poca), N� 103, 213-245.

22.  Unda, R. (2020). Ecuador: levantamiento popular y democracia en crisis en Octubre y el derecho a la resistencia, Editor Franklin Ram�rez Gallegos. CLACSO.

23.  Zuleta, A., & Ortiz, G. (2021). An�lisis desde la plurinacionalidad y la interculturalidad de la justicia ind�gena en el Ecuador. Revista RES NON VERBA, 11(1), abril, 92-105.

24.  Zuleta, A., Ort�z,G. (2021). An�lisis desde la plurinacionalidad y la interculturalidad de la justicia ind�gena en el Ecuador. Res Non VERBA Revista Cient�fica, 11(1), 92-105. doi:DOI:10.21855/resnonverba.v11i1.421

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2024 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������