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El Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador frente al Estado Laico reconocido en la Constituci�n ecuatoriana del 2008

 

The Regulations of the Military Bishopric of Ecuador regarding the Secular State recognized in the Ecuadorian Constitution of 2008

 

O Regulamento do Bispado Militar do Equador relativo ao Estado Laico reconhecido na Constitui��o Equatoriana de 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: carlosj_cardenas@hotmail.com

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 05 de marzo de 2024 *Aceptado: 19 de abril de 2024 * Publicado: �15 de mayo de 2024

 

        I.            Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manab�, Ecuador.

      II.            Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manab�, Ecuador.

Resumen

La investigaci�n desarrollada en este trabajo, tiene como finalidad evidenciar las contradicciones a preceptos constitucionales por la aplicaci�n actual del Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996, en el que se expide el Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador; de tal manera que, se efect�a una rese�a hist�rica ecuatoriana respecto de la relaci�n Estado-Iglesia y se analiza el contenido del reglamento del Obispado Castrante en Ecuador, frente a la neutralidad religiosa del Estado, al amparo de la vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica (R.O. 499 de 20 de octubre de 2008), determin�ndose posteriormente los problemas jur�dicos que comporten. Para el efecto, se tomar� de referencia el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 005-11-SIN-CC - Caso No. 0046-09-IN y 0071-09-IN acumulados.

Palabras claves: Reglamento del obispado castrense; Neutralidad religiosa; Estado laico; Constituci�n de la Rep�blica.

 

Abstract

The purpose of the research developed in this work is to demonstrate the contradictions to constitutional precepts due to the current application of Executive Decree 3565 of February 29, 1996, published in the Official Registry 899 of March 7, 1996, in which the Regulations of the Military Bishopric of Ecuador; In such a way that, an Ecuadorian historical review is carried out regarding the State-Church relationship and the content of the regulations of the Castrante Bishopric in Ecuador is analyzed, in the face of the religious neutrality of the State, under the protection of the validity of the Constitution of the Republic. (R.O. 499 of October 20, 2008), subsequently determining the legal problems they entail. For this purpose, the ruling of the Constitutional Court of Ecuador in judgment No. 005-11-SIN-CC - Case No. 0046-09-IN and 0071-09-IN accumulated will be taken as a reference.

Keywords: Regulations of the military bishopric; Religious neutrality; secular state; Constitution of the Republic.

 

 

 

Resumo

O objetivo da pesquisa desenvolvida neste trabalho � demonstrar as contradi��es aos preceitos constitucionais decorrentes da atual aplica��o do Decreto Executivo n� 3.565, de 29 de fevereiro de 1996, publicado no Di�rio Oficial n� 899, de 7 de mar�o de 1996, no qual o Regulamento do Bispado Militar do Equador; De tal forma que se faz uma revis�o hist�rica equatoriana sobre a rela��o Estado-Igreja e se analisa o conte�do dos regulamentos do Bispado Castrante no Equador, diante da neutralidade religiosa do Estado, sob a prote��o do validade da Constitui��o da Rep�blica (R.O. 499 de 20 de outubro de 2008), determinando posteriormente os problemas jur�dicos que acarreta. Para tanto, tomar-se-� como refer�ncia a decis�o do Tribunal Constitucional do Equador na Senten�a n� 005-11-SIN-CC - Processo n� 0046-09-IN e 0071-09-IN acumulado.

Palavras-chave: Regulamento do bispado militar; Neutralidade religiosa; Estado secular; Constitui��o da Rep�blica.

 

Introducci�n

La interacci�n hist�rica entre el Estado y el clero ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y en el Ecuador no ha sido la excepci�n, es as� que el Obispado Castrense o militar, anteriormente denominado Vicario General Castrense, se constituye en el Estado ecuatoriano con el objetivo de brindar asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional, considerando el riesgo que el ejercicio de sus actividades laborales representa. Sin embargo, con la vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica del 2008, se puede cuestionar la estructura administrativa y la aplicabilidad de esta asistencia religiosa por parte del clero cat�lico en virtud de que el Ecuador es un Estado laico; de manera que, se analiza si la aplicaci�n actual del Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador, se adecua o no a la normativa constitucional vigente, determin�ndose como conclusi�n contravenciones de preceptos constitucionales en referido acto normativo.

 

Relaci�n Estado - Iglesia

Para mayor ilustraci�n se considera oportuno efectuar una definici�n al t�rmino Estado; es as� que, el concepto de Estado difiere seg�n los autores, pero sin embargo alguno de ellos termina definiendo al Estado como un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad administrativa para establecer normas que regulen la sociedad.

Al respecto, Max Weber, citado por Juan Francisco Camino Apunte, define al Estado como una organizaci�n que tiene capacidad de ejercer el monopolio leg�timo de la violencia en un territorio determinado, para obligar a quienes habitan en dicho lugar, le obedezcan�(Apunte, 2020, p�g. 65).

Sin embargo, debemos a Nicolas Maquiavelo en el inicio de su obra principal �El Pr�ncipe� (1515), la expresi�n �lo stato� para definir el mero estado pol�tico (Tutti lis tato, tutti e� domini che hanno avuto ed hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono reppubliche o principati). En sentido amplio, puede entenderse por Estado �un conglomerado social, pol�tico y jur�dicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a trav�s de sus propios �rganos, y cuya soberan�a es reconocida por otros Estados�. En esta definici�n encontramos los elementos constitutivos del Estado: a) Un �conglomerado social, pol�tica y jur�dicamente constituido�, esto es la poblaci�n; b) un territorio determinado, elemento f�sico; c) una �autoridad que se ejerce a trav�s de sus propios �rganos�, es decir, el poder p�blico soberano; y d) el reconocimiento de la soberan�a por otros Estados�(Bravo, 2018., p�g. 181).

De igual manera una definici�n com�nmente aceptada del Estado es la que se dio en la Convenci�n de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados en 1933, donde se defini� al Estado como un espacio que posee lo siguiente: Una poblaci�n permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros Estados.

Ahora bien, la relaci�n Iglesia - Estado comienza a establecerse cuando la religi�n cristiana pasa a convertirse en la religi�n oficial del imperio Romano, esto en virtud del control que ten�an los emperadores sobre la religi�n y que inclusos algunos llegaron a ser considerados dioses en vida, este hecho tuvo como consecuencia una aparente subordinaci�n de la Iglesia al Imperio, que se lo ha denominado Cesaro-Papismo, y que elimino la separaci�n inicial entre pol�tica y religi�n.

Sin embargo, con la coronaci�n de Carlomagno en Roma como emperador, por el papa Le�n III (800), se inicia el sacro imperio germ�nico rom�nico, con dicha coronaci�n se produce el apoyo de la Iglesia cristiana al Estado y viceversa, que termino derivando en un cesaropapismo que, apoy�ndose en el origen divino de los reyes, consideraban disponer de un poder absoluto sobre la religi�n y el gobierno a la vez.

La relaci�n entre el Estado ecuatoriano y la Iglesia cat�lica surge desde la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica del Ecuador de 1830, en la que Ecuador al constituirse como un Estado independiente de la Rep�blica de la Gran Colombia, estableci� en el art�culo 8 de la norma suprema: �la Religi�n Cat�lica, Apost�lica, Romana es la del Estado. El Gobierno, debe protegerla, con exclusi�n de cualquier otra�. Como lo indica Ayala Mora �se declar� como principio oficial el origen divino de la autoridad y el Ecuador se autodefini� como un Estado confesional�, consagr�ndose la religi�n cat�lica como la oficial en el pa�s (Ayala Mora, 1996, p�g. 5).

Esto se mantiene hasta la revoluci�n liberal en el caso ecuatoriano, en el a�o 1895 liderada por el General Eloy Alfaro, que con la Constituci�n de 1896 en el art�culo 12, se reconoce otros cultos que no atenten contra la moral y solo se indica que el Estado est� obligado a proteger a la religi�n cat�lica y hacerla respetar.

Debemos indicar que esta ruptura entre la Iglesia y Estado se consolido con la entrada en vigencia de la Constituci�n de 1906, en la cual se garantizaba la libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones, en tanto estas no sean contrarias a la moral y al orden p�blico (Art. 26.3), estableci�ndose de igual manera que la educaci�n p�blica es libre, sin m�s restricciones que las se�aladas en las leyes respectivas; pero la educaci�n oficial y la costeada por las Municipalidades, son esencialmente seglares y laicas (Art. 16).

A partir de la constituci�n de 1906, se fueron desarrollando nuevos componentes de laicidad en las constituciones que fueron aprobadas con posterioridad, es as�, que la Constituci�n de 1929, ya reconoce como garant�a fundamental a la libertad de conciencia, en todos sus aspectos y manifestaciones (Art. 151.13).

Continuando con ese desarrollo de componentes de laicidad, la Constituci�n de 1945, contin�a plasmando la libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones como derechos individuales; sin embargo, incorpora como un nuevo derecho fundamental la libertad de cultos y religi�n, no reconociendo como Estado ninguna religi�n oficial. (Art. 141.11).

Estos Derechos fundamentales de libertad y de car�cter individual se mantuvieron en la Constituci�n de 1946, a la cual se incorpora como novedad que nadie podr� ser discriminado por motivos religiosos, ideol�gicos o raciales. Sin embargo, en la Constituci�n de 1967, se siguen reconociendo a la libertad de cultos y religi�n (Art. 28.8) y la no discriminaci�n por motivos religiosos (Art. 25), pero no se establece la libertad de conciencia como derecho fundamental.

A partir de la Constituci�n de 1979, se estable nuevamente la libertad de conciencia y se mantiene la libertad de religi�n y cultos (Art. 19.5) al igual que la no discriminaci�n por motivos religiosos (Art. 19.4). Derechos fundamentales que se mantienen en la Constituci�n de 1998, en los (Art. 23.3 y 23.11). Igual situaci�n recoge la Constituci�n del 2008 respecto a la libertad de conciencia (Art. 66.12), libertad de cultos y religi�n (Art. 66. 8) y la no discriminaci�n por condiciones religiosas (Art. 11.2), sin embargo, es en esta Constituci�n del 2008 donde se establece al Estado ecuatoriano como laico (Art. 1), lo que a la postre representa un significativo avance de las Constituciones anteriores, pero el desarrollo constitucional hacia esa laicidad estatal, es lo que ha hecho que normas de car�cter secundario que no han sufrido una actualizaci�n� en la actualidad sean objeto de estudio, por cuanto estas fueron aprobadas con Constituciones que no establec�an esta laicidad directa del estado con la iglesia.

 

La neutralidad religiosa en la actual Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador

Debemos empezar indicando el consenso de algunos tratadistas en cuanto al concepto de neutralidad religiosa, como la posici�n neutral que el Estado debe asumir en materia de creencias, sin privilegiar ni impedir ninguna de ellas a menos que de su exteriorizaci�n se deriven da�os a terceros o se afecte el orden o la moral p�blica.� En este sentido, el Estado no puede prohibir ni promover ninguna religi�n en especial, as� como tampoco adoptar oficialmente una creencia religiosa o exigir que los individuos deban o no tener alguna.

Al respecto, Micheline Milot, establece: �La neutralidad del Estado se logra a partir de la separaci�n del Estado y los grupos religiosos. La neutralidad no es una abstenci�n del Estado sino una intervenci�n que permite que se pueda garantizar los derechos de la laicidad�. �No hay una laicidad perfecta o ideal hacia la cual tender como sociedad�. �El r�gimen de laicidad tiene que estar constantemente ajust�ndose frente a nuevas situaciones que surgen en las sociedades�.�(Milot, 2011).

No obstante estos derechos en nuestro pa�s han ido evolucionando desde el inicio de la Rep�blica a lo largo de la historia, desde la imposici�n de una sola religi�n por parte del Estado en �pocas conservadoras, pasando a un liberalismo laico donde inclusive se prohib�a toda pr�ctica religiosa, a la condici�n actual en la que se encuentra protegida constitucionalmente la libertad de religi�n y la objeci�n de conciencia como derecho propiamente dicho, en el que se garantiza a las personas la libertad de profesar la religi�n de su elecci�n, contradecir y rechazar situaciones que se vayan en contra de sus principios morales y religiosos.

En consecuencia, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador del 2008, otorga una importancia especial a la libertad y a la igualdad religiosa, en este sentido, en el cap�tulo sexto sobre los Derechos de Libertad, el art�culo 66.8, reconoce y garantiza a las personas �el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en p�blico o en privado, su religi�n o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos�.

En corolario de lo anteriormente dicho, el mismo art�culo hace referencia al compromiso del Estado de proteger la pr�ctica religiosa voluntaria y la expresi�n de quienes no profesan ninguna religi�n, as� como a favorecer un ambiente de pluralidad y tolerancia. Por lo que, si bien es cierto el Estado a trav�s del nuevo modelo constitucional adoptado a partir de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), tiene la potestad de proteger la pr�ctica religiosa, sin embargo, esto no le da la facultad de que como Estado pueda proferir o imponer alg�n tipo de religi�n diferente u obligar a los ciudadanos a que se inclinen por alguna otra religi�n, que de suceder se estar�a rompiendo ese principio de laicidad estatal.

Hacemos aqu� una relaci�n con lo que estable la Primera Enmienda de la Constituci�n de los Estados Unidos, que protege los derechos a la libertad de religi�n y a la libertad de expresi�n sin interferencia del gobierno, incorporando en esta Primera Enmienda una cl�usula de establecimiento - Establishment Clause - y una cl�usula de libre ejercicio de esa enmienda, lo que forman el derecho fundamental de la libertad de religi�n, funcionando la primera de estas como una doble seguridad, ya que, proh�be que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religi�n oficial o muestren preferencia por una religi�n sobre otra, y la segunda como prohibici�n de impedir el libre ejercicio de la religi�n.

En el Ecuador, Jos� Peralta, en su obra �La cuesti�n religiosa y el poder p�blico en el Ecuador�, manifest�: Imponer una doctrina por la fuerza abusando del poder y de las leyes, aunque no fuese sino a la minor�a de los ecuatorianos, no ser�a conforme a la justicia, la libertad, la ciencia o el inter�s mismo de los gobernantes. [�] El legislador tiene que respetar la inviolabilidad de la conciencia de todos los ciudadanos, sin declararse partidario de la fe de las mayor�as o las minor�as; porque, si el que ejerce el m�s augusto de los poderes p�blicos no se despoja de toda parcialidad, la ley no tendr�a conciencia general sino que ser�a defectuosa cuando no monstruosa y tir�nica [�] tan tir�nico seria imponer una creencia a uno de los ecuatorianos como el contrariar, en lo absoluto, la religi�n de las mayor�as; la ciencia del legislador est� en establecer el respeto mutuo entre las diversas ideas religiosas, una tolerancia justa y racional para el establecimiento de todas las conciencias, un equilibrio estable entre todos los elementos de la sociedad [�] la necesidad de garantizar toda la conciencia de todos los asociados es un fundamento cient�fico y justo de la abolici�n del exclusivismo y predominio de una sola religi�n en el Estado. (Peralta, 1901, p�gs. 16, 18, 19).

En este sentido podemos indicar que el Ecuador es un Estado laico, producto de la laicidad, separaci�n y neutralidad, ya que, en un Estado constitucional no pueden existir religiones de car�cter estatal. Y es as� que la propia Constituci�n de la Rep�blica, en su art�culo 1, define: �El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democr�tico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de rep�blica y se gobierna de manera descentralizada�.

Tomando en cuenta lo establecido en el p�rrafo precedente hemos decidido indicar lo que dice DE LEMUS DIEGO (2016) en su libro titulado �Libertad religiosa, simbolog�a y derecho comparado�, establece que: �El derecho a la libertad religiosa tiene una doble dimensi�n, objetiva y subjetiva. En nuestro ordenamiento jur�dico, la dimensi�n objetiva se manifiesta como un principio informador de la actuaci�n del Estado en materia religiosa, que exige, por un lado, la neutralidad del Estado, y, por otro, la obligada cooperaci�n de los poderes p�blicos con el hecho religioso, como factor social� (Diego, 2016, p�g. 581).

Entonces podr�amos decir que, en cuanto a la libertad de religi�n objetiva, la misma se la establece tomando en cuenta el principio de laicidad o neutralidad estatal establecido en el art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, dicho de otro modo, el Estado debe eliminar todo tipo de injerencia en la religi�n, y simplemente debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales debidamente reconocidos.

En cuanto a la libertad de religi�n subjetiva, va encaminada a las convicciones que posee cada ser humano, la cual posee dos dimensiones interna y externa, la primera de ellas focalizada en cuanto a sus creencias y valores religiosos, y la segunda enfocada a la exteriorizaci�n de esas creencias y pr�cticas religiosas a trav�s de la libertad de cultos.

En el� Estado ecuatoriano, mediante Decreto Supremo No. 46 publicado en el Registro Oficial No.30, el 14 de septiembre de 1937, aprueba y ratifica el Modus Vivendi para el restablecimiento de relaciones amistosas y diplom�ticas entre la Rep�blica del Ecuador y la Santa Sede, y para delimitar las relaciones entre el Estado e Iglesia Cat�lica, Apost�lica y Romana dentro del marco de la laicidad, garantiz�ndole: i) El libre ejercicio de las actividades que dentro de su esfera propia le correspondan y; ii) la libertad de ense�anza.� De la misma manera, la Santa Sede ordena al clero ecuatoriano mantenerse al margen de participaciones pol�ticas.

En este sentido, la neutralidad es una exigencia de la libertad de todos los ciudadanos sin que las diferencias de creencias entra�en divergencia alguna ante el Estado; e, implica autonom�a de las Iglesias y las confesiones religiosas en relaci�n del Estado, el mismo no provee protecci�n especial a ninguna de las creencias, y los principios y valores religiosos no son par�metros de la justicia o legitimidad de las decisiones de los poderes p�blicos (Campa�a, 2013., p�g. 50).

Recapitulando, el Estado es una instituci�n jur�dica que carece de capacidad de profesar religi�n alguna, esto con la finalidad de preservar el principio de igualdad y no discriminaci�n con respecto a otras instituciones religiosas, ya que su car�cter laico no permite privilegio alguno, pero, tampoco, priva el ejercicio del derecho a la libertad de religi�n, lo cual se encuentra reconocido en nuestra Constituci�n de la Rep�blica como lo hemos se�alados en p�rrafos anteriores en el que se hizo cita al art�culo 1 que se refiere a que el Ecuador es un Estado laico; as� como el reconocimiento que se realiza a la libertad de religi�n en el art�culo 66.8 de la citada norma constitucional.

 

El Obispado Castrense en Ecuador

El vicariato castrense es una instituci�n de car�cter eclesi�stico, que est� destinada al acompa�amiento y formaci�n religiosa de todos los integrantes de las fuerzas militares. Esto debido a que la Iglesia ha considerado que los miembros de la Fuerza P�blica, dada la particularidad y riesgo de sus labores, deben recibir un acompa�amiento pastoral especifico que dialogue con la cultura castrense (Carrascal, 2019, p�g. 83).

En el Ecuador, el Obispado Castrense de igual manera se encuentra reconocido como un organismo eclesi�stico de la Iglesia Cat�lica que se dedica a la atenci�n pastoral de los militares y polic�as de la Rep�blica del Ecuador, as� como a sus familiares y el personal que labora en las instituciones castrenses.

Desde el siglo XIX, las Fuerzas Armadas del Ecuador mantuvieron asistencia religiosa para el personal cat�lico de su instituci�n, la misma que se consolid� por el Concordato de 1862 (Baquero, 2010, p�g. 10). Sin embargo, al quebrantarse en el a�o 1895 las relaciones diplom�ticas del Ecuador con la Santa Sede y el haberse desconocido el concordatario, el personal de las Fuerzas Armadas y sus familiares quedaron sin asistencia espiritual especializada; no obstante, la asistencia religiosa fue restablecida por la suscripci�n del Modus Vivendi a consecuencia de la intervenci�n diplom�tica de don Carlos Manuel Larrea en 1937, en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores de la �poca, cuyo tratado internacional establece una mutua cooperaci�n entre la Iglesia y el Estado ecuatoriano a nivel familiar, educativo y social.

La Santa Sede y el Gobierno del Ecuador, suscribieron la Convenci�n Adicional al Modus Vivendi, el 24 de julio de 1937, publicado en el Registro Oficial No. 30 del 14 de septiembre de 1937. Referidos instrumentos internacionales se encuentran vigentes y sus disposiciones no han sido objeto de revisi�n o declaratoria de inconstitucionalidad alguna.

El 3 de agosto de 1978, se celebr� el Acuerdo entre la Rep�blica del Ecuador y la Santa Sede, sobre el Servicio Religioso a las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional conocido como Obispado Castrense o militar, denominado con anterioridad como Vicariato General Castrense. El mismo otorg� facilidades para que las personas que viven en los cuarteles puedan formarse religiosamente y vivir bajo las exigencias de la religi�n cat�lica. El Congreso Nacional ratific� este Convenio en 1982, publicado en el Registro Oficial 372 del 19 de noviembre de 1982 (Campa�a, 2013., p�g. 109).

El art�culo 9 del Acuerdo enunciado en el ac�pite que antecede, establece: ART�CULO NOVENO. - El Ministerio de Defensa Nacional de Acuerdo con el Vicario Castrense expedir� el Reglamento concerniente a los cuadros, ingresos y ascensos de los Capellanes Militares, as� como los derechos y obligaciones de ellos en su car�cter de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Polic�a. Dicho Reglamento entrar� en vigor con todos sus efectos despu�s de que la Santa Sede haya manifestado no tener objeciones sobre el mismo.

Sobre la base del art�culo citado precedentemente, se emite el Decreto Ejecutivo 3565 de 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996, mediante el cual de Gobierno del Ecuador (Presidencia de la Rep�blica, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno y Polic�a) expide el Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador.

 

Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador

�El presente reglamento objeto de estudio, tiene por finalidad dictar normas y procedimientos, que permitan la correcta aplicaci�n del Acuerdo suscrito el 3 de agosto de 1978, entre la Santa Sede y la Rep�blica del Ecuador, relacionado con la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional (Art. 1). Como se puede observar el fin �ltimo del presente reglamento era poder establecer una correcta aplicaci�n del acuerdo y consecuentemente poder brindar la asistencia religiosa a los miembros de la fuerza p�blica en general, sin embargo, en aquella �poca en que se realiz� su promulgaci�n la situaci�n estatal era muy diferente y por ende permiti� que se lo realizara de esa manera.

Se indica en el mismo, que el servicio religioso a las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional, de conformidad con el Acuerdo celebrado con la Santa Sede el 3 de agosto de 1978, se enmarca dentro del sentido y esp�ritu de libertad religiosa, que garantiza la Constituci�n de la Rep�blica en su Art. 19, numeral 5. (Art. 3), cabe se�alar que la Constituci�n Pol�tica del A�o 1979, publicada en el Registro Oficial 800 de 27 de marzo de 1979, si bien era cierto reconoc�a la libertad de religi�n, liberta de cultos y no discriminaci�n, no llevaba impl�cito el principio de laicidad estatal, lo cual permiti� que a priori se promulgara dicho reglamento, este indicaba que, por respeto a la libertad de conciencia de los miembros de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional, no se impondr� ni se considerar� ning�n acto religioso como obligatorio, pero sin embargo de no ser obligatorio exist�a ya la imposici�n de un clero religioso a nivel institucional.

El citado reglamento establece que, para coordinar los asuntos administrativos y operativos, concernientes al servicio religioso a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa Nacional asignar� una oficina en dicha Cartera de Estado; y para la Polic�a Nacional lo har� el Ministerio de Gobierno (Art.5). A la fecha de promulgaci�n del Reglamento, el Ecuador no se encontraba constituido como Estado Laico, por lo que, constitucionalmente no exist�a limitaciones o prohibiciones para la emisi�n de este tipo de actos normativos que implican la intervenci�n, en este caso, de las enunciadas carteras de Estado.

Se estableci� que el ejercicio del Obispado Castrense se regir� por la Constituci�n de la Rep�blica (1979), por el Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la Rep�blica del Ecuador de 3 de agosto de 1978, por las normas del Derecho Can�nico y seg�n las Leyes y Reglamentos de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional (Art.9).

Se detalla como estar� integrado el Obispado Castrense, indicando que, para efectos de sus remuneraciones econ�micas, el personal del Obispado Castrense de la Fuerza P�blica, constar� en los respectivos org�nicos del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandos Generales de Fuerza y Comando General de la Polic�a Nacional, con contrato de conformidad a las disponibilidades presupuestarias de los citados organismos (Art.10).

Otro de los aspectos que nos parece importante se�alar es que se estableci� un r�gimen econ�mico al personal del Obispado Castrense, el cual se lo deb�a hacer constar en los respectivos org�nicos funcionales de las instituciones que se encontraban inmersa en el Reglamento, sin embargo, pese a que el Ecuador para aquella �poca hab�a dejado de lado el estado confesional, podemos observar que en el Reglamento se segu�a incluyendo a la iglesia cat�lica dentro de la estructura estatal. Como ya se ha insinuado, actualmente esto no podr�a ser permisible por el principio de laicidad que pregona el art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

Se indica tambi�n que el Obispado Castrense en su calidad de m�xima autoridad religiosa, seleccionar� el personal religioso del Obispado y previa solicitud a los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno y Polic�a, propondr� los respectivos contratos, de acuerdo a las Vacantes org�nicas de cada Fuerza, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional y Comando General de la Polic�a Nacional (Art.13). Como se observa se le daba esa prerrogativa a la m�xima autoridad religiosa para que hiciera la selecci�n del personal, proponiendo los respectivos contratos de acuerdo a las vacantes org�nica en cada fuerza estatal, sin embargo, consideramos que en la actualidad esto no deber�a seguir sucediendo, por cuando, al seguir vigente dicha prerrogativa se rompe todo principio de neutralidad religiosa que debe tener el Estado.

Dentro de las disposiciones generales se establece tambi�n, que los organismos militares y policiales en sus respectivos repartos y las autoridades correspondientes, destinar�n las �reas f�sicas necesarias para el desarrollo de las actividades pastorales, proporcionando lugares adecuados, para capilla, oficina y vivienda para el capell�n (Art.27).

 

Problemas jur�dicos originados

�La norma contenida en el Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador) vulnera los principios de supremac�a constitucional y de laicidad

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (R.O. 499 de 20 de octubre de 2008), en su art�culo 424 determina: La Constituci�n es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico. Las normas y los actos del poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica. La Constituci�n y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos m�s favorables a los contenidos en la Constituci�n, prevalecer�n sobre cualquier otra norma jur�dica o acto del poder p�blico.

Al respecto, Rafael Oyarte, en su libro Derecho Constitucional Tercera Edici�n, establece: La supremac�a constitucional implica la existencia de una norma promulgada que tiene valor superior a los dem�s preceptos positivos y que logra superior vigencia sobre ellos. As�, la constituci�n es condici�n de validez y de unidad del ordenamiento jur�dico positivo. La condici�n de validez implica que toda norma debe fundamentarse, formal y materialmente, en una superior, de la que derivan las inferiores. La condici�n �ltima de validez del ordenamiento jur�dico est� en la Constituci�n: de ella derivan todas las dem�s. Siendo que en el ordenamiento jur�dico existen normas de las m�s diversa jerarqu�a y contenido, todas encuentran su unidad en una sola norma positiva que es la constituci�n. (�) El control de constitucionalidad busca el mantenimiento de los principios de supremac�a constitucional y de regularidad del ordenamiento jur�dico, impidiendo que las normas inferiores alteren o contradigan las disposiciones constitucionales (Oyarte, 2019, p�g. 49).

En Sentencia No. 1116-13-EP/20 - CASO No. 1116-13-EP # 20, la Corte Constitucional estableci� que: (�) El principio de supremac�a constitucional y el principio de aplicabilidad directa de la Constituci�n est�n esencialmente aparejados pues a trav�s de ellos se consigue no s�lo que la norma suprema prevalezca sobre cualquier otra norma del ordenamiento jur�dico, sino tambi�n que la norma suprema realmente tenga un efecto �til y se aplique a casos concretos.

Por su parte, el principio de laicidad que prev� el art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (R.O. 499 de 20 de octubre de 2008), no significa el desconocimiento del Estado para con los credos religiosos, al contrario, garantiza su reconocimiento como elemento importante en la sociedad, en la que se materializan libertades y derechos fundamentales de las personas, correspondiendo su protecci�n por parte de las autoridades p�blicas con estricta imparcialidad frente a las diferentes religiones y sin que constituya intervenci�n del poder p�blico en los asuntos religiosos. Es as� que, para garantizar derechos fundamentales, del principio de laicidad se origina la neutralidad religiosa, misma que, impide al Estado: (i) establezca una religi�n o iglesia oficial; (ii) se identifique formal y expl�citamente con una iglesia o religi�n; (iii) realice actos oficiales de adhesi�n a una creencia; (iv) tome medidas o decisiones con una finalidad exclusivamente religiosas; y (v) adopte pol�ticas cuyo impacto sea promover, beneficiar o perjudicar a una religi�n o iglesia�(Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, 2019).

De lo expuesto, al ser la Constituci�n la norma suprema, no admite ninguna otra norma positiva que le sea superior y su aplicabilidad debe ser directa y vinculante para cualquier servidora o servidor p�blico, administrativo o judicial. En este contexto, el Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador), contiene varias disposiciones que tienen relaci�n directa con principios y derechos constitucionales como los que se cita a continuaci�n: laicidad del Estado, igualdad y no discriminaci�n y libertad de religi�n; por lo que, corresponde a todas las autoridades p�blicas realizar una interpretaci�n en el sentido m�s favorable a los derechos, cumpliendo consecuentemente la supremac�a constitucional.

Ahora bien, con la vigencia de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (R.O. 499 de 20 de octubre de 2008), la aplicaci�n de las normas y procedimientos, que permitan la correcta aplicaci�n del Acuerdo suscrito el 3 de agosto de 1978, entre la Santa Sede y la Rep�blica del Ecuador, relacionado con la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional (Art. 1 - Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador), en su contexto integral se torna de inconstitucional, ya que la emisi�n del citado reglamento establece la preferencia clara y directa por la religi�n cat�lica, contraviniendo que el Ecuador se ha constituido entre otras como un Estado laico, entendi�ndose este, por ser neutro en el trato con las diversas creencias religiosas sin mantener preferencias especificas entre una y otra. Lo indicado no limita que la Iglesia Cat�lica como cualquier otro credo religioso ejerzan de forma aut�noma, esto es, sin comprometer al Estado ecuatoriano, el derecho de practicar o profesar en p�blico o en privado su religi�n y creencias.

Con fundamento al principio de supremac�a constitucional y bajo el argumento que la constituci�n es condici�n de validez y de unidad del ordenamiento jur�dico positivo, de ah� que la condici�n �ltima de validez del ordenamiento jur�dico est� en la Constituci�n, el Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador), al contravenir con el principio de laicidad previsto en el art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, debe ser extinguido de la vida jur�dica, pudi�ndose generar su extinci�n en sede administrativa por quien ostente el cargo de Presidente de la Rep�blica o por medio del Control de Constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional a trav�s de una acci�n p�blica de inconstitucionalidad.

 

 

La norma contenida en el Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador) atenta contra el principio de libertad religiosa

La Constituci�n Pol�tica del Ecuador (R.O. 800 de 27 de marzo de 1979), en su periodo de vigencia, estableci�: Art. 19.- Toda persona goza de las siguientes garant�as: (�) 5. La libertad de conciencia y la de religi�n, en forma individual o colectiva, en p�blico o privado. Las personas practican libremente el culto que profesen, con las �nicas limitaciones que la ley prescriba para proteger la seguridad, la moral p�blica o los derechos fundamentales de las dem�s personas; norma constitucional que tiene relaci�n a lo previsto en el art�culo 3 y 9 del Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador).

La actual Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (R.O. 499 de 20 de octubre de 2008), indica: Art. 66.- Se reconoce y garantizar� a las personas: (�) 8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en p�blico o en privado, su religi�n o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado proteger� la pr�ctica religiosa voluntaria, as� como la expresi�n de quienes no profesan religi�n alguna, y favorecer� un ambiente de pluralidad y tolerancia.

Para Proa�o, la libertad religiosa es: El derecho del hombre a la inmunidad de toda injusta coerci�n social en materias religiosas, inmunidad que debe estar garantizada jur�dicamente por la sociedad de tal manera que sea posible para todo hombre actuar libre y responsablemente en la aceptaci�n o el rechazo de la fe religiosa y en la expresi�n externa de su convicci�n interior (Campa�a, 2013., p�g. 32).

La actual constituci�n, materializa sustancialmente la libertad de religi�n objetiva, que se ejecuta tomando en cuenta la laicidad que establece el art�culo 1 de la constituci�n; este argumento mantiene sustento en virtud de que la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional no es contraria al principio de laicidad, porque un laicismo abierto no es opuesto a la libertad religiosa. De esta manera, es jur�dicamente inaceptable cualquier tipo de interferencia del estado en la religi�n.

Al respecto, Llamazares Fern�ndez, se�ala: Un s�mbolo religioso presidiendo la realizaci�n de una actividad p�blica supone una contradicci�n con la laicidad [�] Toda funci�n p�blica, toda autoridad p�blica y toda instituci�n p�blica est�n obligadas a la m�s exquisita neutralidad religiosa e ideol�gica a un margen de las creencias religiosas en el cumplimiento de sus funciones. [�] Es evidente que la neutralidad es una obligaci�n del Estado y los poderes p�blicos, entonces, es contrario a la Constituci�n y el principio de laicidad que realicen su funci�n p�blica portando s�mbolos de identificaci�n religiosa porque en la realizaci�n de esa funci�n est�n obligados por el �deber de reserva� que en aras de la neutralidad les obliga a actuar de acuerdo con su propia conciencia pero sin imponer a los dem�s los dictados de la misma que no se identifiquen con los valores constitucionales comunes (Campa�a, 2013., p�g. 43).

La normativa constitucional prev� una serie de derechos que permiten el respeto a las creencias religiosas de las personas, entre ellos la libertad de religi�n y culto. En consecuencia, al continuarse aplicando el Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador, indudablemente se atenta con el principio de libertad de religi�n, por cuanto la asistencia religiosa supone que la persona asistida (miembros de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional) se encuentra en un r�gimen reglamentario de sujeci�n, direccionando sus creencias a un determinado credo para que lo profesen.

 

La norma contenida en el Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador) vulnera los derechos de igualdad y no discriminaci�n

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (R.O. 499 de 20 de octubre de 2008), sobre la igualdad y no discriminaci�n, se�ala: Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regir� por los siguientes principios: (�) 2. Todas las personas son iguales y gozar�n de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podr� ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de g�nero, identidad cultural, estado civil, idioma, religi�n, ideolog�a, filiaci�n pol�tica, pasado judicial, condici�n socio-econ�mica, condici�n migratoria, orientaci�n sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia f�sica; ni por cualquier otra distinci�n, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionar� toda forma de discriminaci�n. El Estado adoptar� medidas de acci�n afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaci�n de desigualdad. (�) Art. 66.- Se reconoce y garantizar� a las personas: (�) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminaci�n.

De las normas constitucionales enunciadas, la Corte Constitucional en Sentencia No. 292-16-SEP-CC - Caso No. 0734-13-EP, respecto al principio de igualdad, se�al�: Doctrinariamente podemos decir que el principio de igualdad es un principio normativo que requiere la protecci�n de las diferencias, comenzando por la diferencia de g�nero. Precisamente porque -de hecho-, existen diferencias por sexo, nacionalidad, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas, condiciones personales y sociales. Al respecto Luis Ferrajoli ha se�alado: ��� he definido en muchas ocasiones el principio de igualdad como el igual valor asociado a las diferencias de identidad que hacen de toda persona un individuo diferente de todos los dem�s y de todo individuo una persona como todas las dem�s. (...) La igualdad impone la tutela de las diferencias y la reducci�n de las desigualdades". (P�g. 23)

La Corte de igual manera indica que "La igualdad formal implica que ante el sistema jur�dico todas las personas deben tener un trato igualitario. Por igualdad material, en cambio, se refiere a un an�lisis de la realidad de la persona, el cual ha sido recogido a trav�s del principio consagrado en el art�culo 11 numeral 2 de la Constituci�n de la Rep�blica, el mismo que persigue la igualdad real en favor de los titulares de los derechos que se encuentren en situaci�n de desigualdad"(Sentencia 050-15-SIN-CC, caso N. 035-11-IN). Es decir, que nadie podr� ser discriminado por cualquier distinci�n, personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

Respecto a la discriminaci�n, la Corte Constitucional en citada Sentencia No. 292-16-SEP-CC - Caso No. 0734-13-EP, determin�: (�) la norma constitucional del art�culo 11 numeral 2 proh�be tanto una discriminaci�n directa, as� como una discriminaci�n indirecta, que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La discriminaci�n directa que tiene por objeto, es una discriminaci�n expresa, directa -valga la redundancia-, y expl�cita; en tanto que la discriminaci�n indirecta que tiene por resultado, es una discriminaci�n que a primera vista aparece como neutral o invisible, pero que es irrazonable, injusta y desproporcional. (P�g. 22)

La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-664 de 2016, refiri�ndose al principio de laicidad, indic�: (�) Se trata de la garant�a de independencia mutua que, como qued� explicado, no implica ausencia de relaciones, sino que �stas deben garantizar que no exista confusi�n entre las funciones p�blicas y las funciones clericales (C-68/93). Se trata de verificar que la relaci�n no conduzca, en los t�rminos del Lemon Test, a una excesiva confusi�n de las funciones del Estado con las de las iglesias. En este sentido, esta Corte ha determinado que: �Empero, las actividades que desarrolle el Estado en relaci�n con la religi�n deben tener como �nico fin el establecer los elementos jur�dicos y f�cticos que garanticen la libertad de conciencia, religi�n y culto de las personas, sin que se encuentre fundamento leg�timo para que las funciones p�blicas se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas� (negrillas no originales) (C-766/10). Dicho pronunciamiento consider� necesario determinar el �impacto primordial� de la medida (C-766/10).� En el mismo sentido, una sentencia de este a�o indic� que �Aunque la laicidad no significa el aislacionismo de la religi�n respecto de los intereses del Estado, s� reclama que las funciones p�blicas no se confundan con las que son propias de las instituciones religiosas� (C-224/16) (negrillas no originales).

Es as� que, al estar vigente el Decreto Ejecutivo 3565 del 29 de febrero de 1996, publicado en el Registro Oficial 899 de 7 de marzo de 1996 (Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador), le corresponde al Estado ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Defensa y Ministerio de Gobierno, asignar espacios f�sicos (capilla, oficinas y vivienda) tanto para la sede del Obispo Castrense del Ecuador, como para coordinar los asuntos administrativos y operativos, concernientes al servicio religioso a las Fuerzas Armadas y de la Polic�a Nacional (Art�culo 5 - Disposici�n General Art�culo 27); adicionalmente le corresponde el pago de remuneraciones econ�micas al personal del Obispado Castrense de la Fuerza P�blica (Art�culo 10), de esta forma se genera un trato preferencial y privilegiado en favor exclusivo del credo cat�lico y se deja a un lado la neutralidad estatal. Se considera que, la aplicaci�n del Reglamento del Obispado Castrense del Ecuador, se encuentran vulnerando el derecho de igualdad y no discriminaci�n de otras organizaciones religiosas que podr�an profesar en igualdad de condiciones sus creencias a los miembros de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional que tengan orientaci�n a otras religiones, sin que lo indicado implique intervenci�n de las funciones p�blicas del Estado con las de las instituciones religiosas.

 

Sentencia No. 005-11-SIN-CC - Caso No. 0046-09-IN y 0071-09-IN acumulados

La presente sentencia constitucional se refiere a las Acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional del Ecuador para el Per�odo de Transici�n, por parte de la se�ora Martha Roldas Bucaram y Azucena del Roc�o Soledispa toro y otros, en contra de los decretos ejecutivos N.� 1780 y 15, publicados en los registros oficiales N.� 620 de 25 de junio de 2009 y 15 de 31 de agosto de 2009, argumentando entre otros, la violaci�n de los art�culos 1, 11.2 y 66.8 de la Constituci�n de la Rep�blica.

Al respecto, la Corte en la parte considerativa de la sentencia, se�al�: En primer lugar, la Corte Constitucional tiene competencia exclusiva para conocer las acciones p�blicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma contra "actos normativos de car�cter general" emitidos por �rganos y autoridades del Estado; es decir;� la Corte Constitucional, corno m�ximo �rgano� de interpretaci�n de la Constituci�n, tiene la atribuci�n de pronunciarse respecto a la constitucionalidad o no de una norma determinada, lo cual conlleva una confrontaci�n entre el texto constitucional y el de la , norma acusada de inconstitucional, mediante la utilizaci�n de diversas reglas de interpretaci�n constitucional, a partir de los argumentos expuestos por los accionantes. (�) De ello se colige que la Corte Constitucional se pronunciar� respecto de actos normativos de car�cter general, ll�mese normas, leyes, decretos ley, reglamentos, etc., es decir, de aquellos actos normativos que re�nan las caracter�sticas de generalidad y abstracci�n (fuerza normativa de las disposiciones que contienen).

En el presente caso los decretos ejecutivos impugnados contienen �nicamente criterios generales sobre los cuales se deber� suscribir un acuerdo con las misiones cat�licas. En otras palabras, se trata de par�metros generales decretados por el presidente de la rep�blica. Recu�rdese que el Decreto Ejecutivo N.� 1780 y su reforma constituye un decreto de delegaci�n al ministro de Gobierno, en el cual el presidente de la rep�blica sugiere los t�rminos en los cuales se suscribir� un contrato a futuro. (�)

En segundo lugar, una vez revisado el contenido �ntegro de los decretos ejecutivos cuya inconstitucionalidad se demanda, no es posible determinar una vulneraci�n de derechos constitucionales, puesto que se trata de par�metros generales en base a los cuales se suscribir� un acuerdo posterior con las misiones cat�licas, que no pueden ser declarados inconstitucionales per se. Adem�s, el presidente de la rep�blica tiene la posibilidad de establecer o suscribir este tipo de contratos, amparado en las atribuciones y deberes previstos en la Constituci�n de la Rep�blica, adem�s de los determinados en la ley.

Por las consideraciones expuestas en sentencia de mayor�a, la Corte neg� las acciones de inconstitucionalidad planteadas por las accionantes.

Sin embargo, se gener� voto salvado en el cual, disintiendo con la mayor�a del pleno de la Corte, los Doctores Hernando Morales Vinueza y Alfonso Luz Yunes, consideraron que el �rgano m�ximo de control constitucional es competente para efectuar el an�lisis de forma y de fondo de las normas impugnadas.

En referencia al an�lisis de constitucionalidad por el fondo de los decretos ejecutivos impugnados, se indic�: (�) al mencionar que todos los actos del poder p�blico deben guardar armon�a con el texto constitucional y esencialmente con los derechos consagrados en el mismo, es por ello que los actos derivados del Presidente de la Rep�blica no pueden alejarse de este principio de supremac�a constitucional, por tanto, al encontrarse que varias disposiciones contenidas en los decretos objeto de impugnaci�n guardan relaci�n con derechos consagrados en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, lo menos que pod�a hacer el ejecutivo al emitir el Decreto No. 1780 y posteriormente su reforma, era observar las normas constitucionales y sus disposiciones respecto a la tutela y protecci�n de los derechos constitucionales, dando de esta forma cumplimiento al principio de supremac�a constitucional; (�)

Los decretos impugnados tambi�n atentan en contra del derecho de libertad de cultos consagrado en el art. 66, numeral 8 de la Constituci�n de la Rep�blica; (�) A trav�s de estos decretos se estar�a direccionando para que las misiones cat�licas evangelicen a los habitantes de estas circunscripciones territoriales para que profesen la religi�n cat�lica.

Los decretos impugnados contienen prerrogativas para miembros de las misiones cat�licas, exoner�ndoles incluso del pago de tributos y concedi�ndoles beneficios para la obtenci�n de visas, acreditaci�n de t�tulos y nombramientos p�blicos. Igualmente, se otorga privilegios que implican la cooperaci�n para sus tareas de instituciones del Estado, as� como asignaciones presupuestarias para cumplir con sus objetivos lleg�ndose a establecer preasignaciones presupuestarias permanente para la realizaci�n de sus tareas como misiones (�) El literal e) faculta a que estas misiones puedan ser beneficiarias de frecuencias de radio y televisi�n, esto constituye una vulneraci�n al principio de igualdad y denota una discriminaci�n en raz�n de la religi�n ya que se hace extensiva exclusivamente a las misiones cat�licas.

Entre otras, por las consideraciones expuestas el voto salvado determin� aceptar la acci�n p�blica de inconstitucionalidad presentada por Martha Rold�s Bucaram; Azucena del Roc�o Soledispa Toro y otros; declarando la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo del Decreto Ejecutivo No. 1780, publicado en el Registro Oficial No. 620 de 25 de junio de 2009; y, el Decreto Ejecutivo No. 15, publicado en el Registro Oficial No. 15 de 31 de agosto del 2009.

Conforme el objeto del presente art�culo; y, no obstante, a la sentencia de mayor�a, se consider� relevante el an�lisis de constitucionalidad (voto salvado) por el fondo de los decretos ejecutivos impugnados, puesto que, genera un precedente respecto de la laicidad del Estado ecuatoriano y el derecho a la libertad de religi�n. Lo indicado tiene sustento en virtud de que la Corte Constitucional en el Ecuador, no ha generado pronunciamientos espec�ficos respecto del principio de laicidad del Estado, en virtud de aquello, al ser esta una sentencia que contiene criterios que de cierta manera guardan semejanza a los planteados en el presente trabajo, se ha puesto en consideraci�n a fin de poder realizar una correlaci�n entre ciertos derechos y la laicidad estatal.

 

Conclusi�n

En la actualidad, el ejercicio de la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas y Polic�a Nacional del Ecuador, genera un trato preferencial y privilegiado en favor de la religi�n cat�lica, puesto que, le corresponde al Estado a trav�s del Ministerio de Defensa y Ministerio de Gobierno, asignar espacios f�sicos (capilla, oficinas y vivienda) tanto para la sede del Obispo Castrense del Ecuador, como para coordinar los asuntos administrativos y operativos; adicionalmente al incorporar a esta instituci�n religiosa como parte del org�nico de las carteras de Estado enunciadas, le corresponde la erogaci�n de recursos econ�micos por concepto de pago de remuneraciones al personal del Obispado Castrense de la Fuerza P�blica, contrari�ndose por estos argumentos a la neutralidad estatal.

 

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