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Desaf�os de la mejora de las garant�as procesales de los derechos e intereses de los participantes en los procesos penales

 

Challenges of improving procedural guarantees of the rights and interests of participants in criminal proceedings

 

Desafios da melhoria das garantias processuais dos direitos e interesses dos participantes em processos penais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: andrelove38@hotmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 29 de marzo de 2024 *Aceptado: 02 de abril de 2024 * Publicado: �07 de mayo de 2024

 

        I.            Mag�ster en Derecho, Menci�n en Derecho Constitucional, Defensor�a P�blica, Ecuador.

 

Resumen

Hoy en d�a, una de las cuestiones m�s apremiantes en Uzbekist�n es la manera en c�mo se toma, despu�s y dentro, el camino de la democratizaci�n de los estados referente a la vida en libertad, en donde la mayor estima debe darse hacia el ser humano. Para esto es clave la disposici�n de garant�as s�lidas y efectivas de los derechos y flexibilidades de los individuos, su seguridad, y en particular dentro del c�rculo de los procedimientos penales, se debe manejar la situaci�n de presi�n que poseen los jueces, y el estado mental negativo para la parte de los participantes de los procedimientos penales. No se puede afirmar que las cuestiones de garantizar y actualizar los derechos humanos aseguran la correcta actuaci�n de los jueces, pero se debe destacar el uso de m�todos de apoyo en los procedimientos penales, lo cual ha sido ampliamente investigado y es lo que se recopilar� en este documento.

Palabras clave: Proceso penal; Garant�as procesales penales; Prueba; Legislaciones; Derechos de los intervinientes.

 

Abstract

Today, one of the most pressing issues in Uzbekistan is the way in which the path of democratization of the states is taken, afterwards and within, regarding life in freedom, where the greatest esteem should be given to the human being. . Key to this is the provision of solid and effective guarantees of the rights and flexibilities of individuals, their security, and particularly within the circle of criminal procedures, the pressure situation that judges have, and the mental state must be managed. negative for the part of the participants in criminal proceedings. It cannot be stated that the issues of guaranteeing and updating human rights ensure the correct performance of judges, but the use of support methods in criminal procedures should be highlighted, which has been widely researched and is what will be compiled in this document.

Keywords: Criminal process; Criminal procedural guarantees; Proof; Legislations; Rights of the interveners.

 

Resumo

Hoje, uma das quest�es mais prementes no Uzbequist�o � a forma como se toma o caminho da democratiza��o dos estados, depois e dentro, no que diz respeito � vida em liberdade, onde a maior estima deve ser dada ao ser humano. A chave para isso � a presta��o de garantias s�lidas e eficazes dos direitos e flexibilidades dos indiv�duos, da sua seguran�a e, particularmente no �mbito do processo penal, da situa��o de press�o que os ju�zes enfrentam e do estado mental que deve ser gerido de forma negativa por parte. dos participantes no processo penal. este documento.

Palavras-chave: Processo penal; Garantias processuais penais; Prova; Legisla��es; Direitos dos intervenientes.

 

Introducci�n

En la actualidad, existe la necesidad de mejorar las disposiciones te�ricas del principio de protecci�n de los derechos humanos y las libertades en los procesos penales, as� como en el desarrollo de un mecanismo operativo y de aplicaci�n de este principio. La renovaci�n de Uzbekist�n no s�lo reconoce los principales derechos humanos y libertades, sino que tambi�n eleva su protecci�n a una de las principales tareas de los procesos penales y su funci�n m�s importante, de cuya aplicaci�n se encargan los �rganos de investigaci�n preliminar y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley que interact�an con ellos [1].� Dado que una de las partes de la relaci�n jur�dica procesal es siempre un �rgano estatal o un funcionario investido con poderes de autoridad que adquieren especial relevancia en el proceso penal las garant�as procesales de la persona, protecci�n de sus derechos e intereses jur�dicos, asegurando el derecho a la tutela judicial. La garant�a real de los derechos de la persona, en primer lugar, del acusado, es un criterio de valoraci�n del humanismo del proceso penal. La base de las garant�as de los derechos individuales en el �mbito del proceso penal est� fijada y garantizada por la Constituci�n de la Rep�blica Checa y en los derechos humanos y civiles y las libertades. Estas normas fundamentales se especifican en la ley de procedimiento penal en relaci�n con las fases del proceso y los derechos se conceden a los participantes y otros sujetos del proceso penal.� Un sospechoso, un acusado (procesado, condenado) pueden defender sus derechos tanto personalmente como con la ayuda de un defensor, representantes. La ley garantiza los derechos de la v�ctima, el demandante civil, y otros participantes en el proceso (el acusado, el condenado). Tambi�n del demandado y otros participantes en el proceso (testigos, peritos, especialistas, testigos que dan fe, traductores, etc.) [3].

�El sistema de garant�as cubre toda la gama de fondos que garantizan los derechos humanos en el curso de proceso penal. La garant�a del derecho es el cumplimiento por otra persona de sus obligaciones que asegura las condiciones para la realizaci�n de su derecho. Garant�as de los derechos humanos e intereses leg�timos en los procesos penales sirven como medio para asegurar la posibilidad del uso real de los previstos su derecho. En el mecanismo de garant�a de los derechos humanos, es necesario distinguir sustancialmente entre derechos y garant�as de su correcta prestaci�n, incluida su aplicaci�n por los participantes en procedimientos penales (por ejemplo, la notificaci�n de un texto con los derechos procesales de un sospechoso durante la detenci�n de una persona sospechosa) y la defensa en casos de delitos.� En los procesos penales, todos los sujetos est�n dotados de derechos procesales, cuyos fundamentos est�n la Constituci�n de Uzbekist�n y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las garant�as de los derechos humanos y las libertades se consideran un conjunto de medios y m�todos jur�dicos especiales mediante los cuales se realizan y protegen los derechos y libertades y se reprimen sus violaciones y se restablecen los derechos vulnerados. Las garant�as de la realizaci�n de los derechos humanos y las libertades incluyen las normas jur�dicas consagradas, los l�mites de su aplicaci�n, los m�todos de concreci�n; los hechos jur�dicos relacionados con sus formas procesales de ejercicio de los derechos y libertades; los incentivos para su leg�tima aplicaci�n leg�tima [2].

Entre las garant�as procesales penales, un lugar especial corresponde a las disposiciones constitucionales que act�an en el proceso penal como los principios b�sicos del proceso penal Son la base del mecanismo para garantizar los derechos humanos. Los textos constitucionales de Italia, Espa�a, Francia, Alemania y otros pa�ses contienen referencias a los derechos humanos inalienables. Sin embargo, aun reconociendo el car�cter excesivamente positivo de algunos derechos humanos, cabe se�alar que la consolidaci�n positiva de los derechos fundamentales por la Constituci�n es un requisito previo necesario para su protecci�n por el Estado [6]. En el marco del proceso penal, todas las garant�as procesales en su conjunto aseguran el cumplimiento de las tareas, Las garant�as procesales est�n unidas por una finalidad com�n, los mecanismos de sus acciones tambi�n est�n interconectados.

El mecanismo de acci�n de los derechos de las garant�as legales que participan en el proceso penal es un sistema de normas procesales y los participantes en el proceso penal. El prop�sito del sistema de garant�as de los derechos y los intereses leg�timos de una persona se expresan en el hecho de que, en los procesos penales en primer lugar, act�an como un medio para minimizar los errores judiciales en relaci�n con estos participantes en el proceso penal, aplicando as� los requisitos.� En segundo lugar, es un medio para permitir el uso real de los derechos se les concede y darles car�cter real. La eficacia de todos los sistemas de garant�a de los derechos est� determinada por los siguientes criterios:

A)    la presencia de cada derecho procesal de una garant�a procesal adecuada; la conformidad entre las garant�as generales y especiales;

B)    la presencia derechos que pueden limitarse a m�s de uno.

C)    las garant�as generales incluyen aquellas con contenido universal y la capacidad de proporcionar la protecci�n necesaria de la diferente naturaleza de los derechos del sospechoso y del acusado;

D)    las condiciones generales y los medios especiales que proporcionan los fundamentos econ�micos, sociales, pol�ticos y espirituales de la existencia de la sociedad.

Las garant�as especiales son medios de seguridad procesal destinados a proteger los derechos individuales del sospechoso, del acusado, medios legales de aplicaci�n directa y protecci�n de los derechos [5].� Un papel importante en el aseguramiento de la legalidad y validez de los procesos penales lo desempe�an las garant�as procesales, es decir, aquellas que son establecidas por medios de derecho procesal que crean las condiciones para el cumplimiento de las tareas del proceso penal, la justicia imparcial. Las garant�as procesales son en realidad derechos subjetivos; se trata de medios procesales que protegen, aseguran los derechos e intereses leg�timos de los participantes en el proceso penal:� "Establecido por las normas del derecho procesal penal, diferentes en su contenido espec�fico significa, en conjunto, proporcionar a las personas, que participan en el caso con la oportunidad de ejercer los derechos". E.F. Kutsova entiende las garant�as de los derechos individuales en el proceso penal, los derechos y obligaciones espec�ficos de los participantes en las relaciones procesales penales. Seg�n A.L. Tsypkin, las garant�as procesales deben incluir nuevas normas jur�dicas.

Otros autores consideran garant�as como los medios son establecidos por las normas del derecho procesal penal, diferentes en su contenido, en su conjunto, est�n dise�ados para proporcionar a los participantes en el proceso la oportunidad de ejercer, los derechos se les conceden. A lo anterior, es posible a�adir que las garant�as jur�dicas deben entenderse como ciertas formas de ejercicio de los derechos y libertades por los participantes de determinadas relaciones jur�dicas [4]. Las garant�as procesales y legales son medios jur�dicos contenidos en las normas de derecho que proporcionan a todos los sujetos de la actividad procesal penal, la capacidad de cumplir las obligaciones y hacer uso de los derechos concedidos. La opini�n de que las garant�as procesales tienen contenido complejo, esto es la "forma procesal (motivos, procedimiento, condiciones) para su aplicaci�n y ejecuci�n", y un medio independiente de garantizar los derechos e intereses leg�timos de los sujetos del proceso penal (ciudadanos y personas jur�dicas y personas), y "la posibilidad de una ofensiva para los infractores de la ley de procedimiento penal (funcionarios), ciertos tipos de responsabilidad y la aplicaci�n de sanciones a la rama pertinente de la ley".�

Es necesario distinguir entre las garant�as procesales de la justicia y las garant�as de los derechos y libertades individuales. Los derechos humanos procesales est�n garantizados por aquellas normas procesales que consagran los derechos subjetivos de los participantes en el proceso penal, correspondi�ndolos con los derechos - deberes procesales de los funcionarios - personas, �rganos que conducen los procesos judiciales, sus actividades procesales y las actividades procesales de un abogado defensor en el curso de las cuales reciben su aplicaci�n.� En el sistema de garant�as procesales, las garant�as de los derechos subjetivos de la persona y las garant�as de inter�s p�blico tienen por objeto garantizar la ley y el orden. Estas garant�as trabajan en estrecha colaboraci�n, sin embargo, su identificaci�n no es permisible, ya que conduce a la erosi�n de los fines de los procesos penales.��� Las garant�as procesales personales, por ejemplo, el sospechoso y el acusado, las normas especiales estipuladas formuladas por la ley. disposiciones independientes separadas, elementos de principios u orden (forma), o en la forma de los derechos y obligaciones del sospechoso y el acusado, sus representantes, defensor, derechos y deberes de los funcionarios y organismos por sus esencias que tienen por objeto, asegur� la aplicaci�n y protecci�n de los derechos, sus intereses leg�timos y obligaciones [6].�

 

Materiales y m�todos

Las disposiciones de derechos humanos de los instrumentos internacionales son importantes, especialmente en consideraci�n de que el proceso penal es una de las �reas m�s importantes de la actividad del Estado y la �nica esfera en la que las medidas coercitivas estatales se aplican m�s amplia e intensamente.

Como demuestra la pr�ctica de los procedimientos penales, el actual sistema de garant�as para asegurar los derechos y libertades prescritos por el C�digo de Procedimiento Penal no es lo suficientemente perfecto y no garantiza plenamente que las personas afectadas est�n efectivamente protegidas de los delitos cometidos o est�n protegidas de la persecuci�n penal, como lo exigen las normas internacionales de administraci�n de justicia penal.� Inicialmente, parece importante establecer en detalle en la legislaci�n nacional de procedimiento penal las normas internacionales clave para la protecci�n de los derechos y libertades individuales, as� como resolver las cuestiones organizativas y jur�dicas, es decir, formas de procedimiento penal coherentes con las disposiciones de los instrumentos internacionales en los procedimientos en casos penales espec�ficos. Cada participante en el proceso penal tiene su propia funci�n, es decir, desempe�a una funci�n de servicio que representa la direcci�n de la actividad.� Esta naturaleza de funciones est� determinada por las tareas que realizan estos participantes en el proceso y sus intereses protegidos. Los procesos penales se rigen por el derecho procesal penal aplicable.�

Los participantes en el proceso se clasifican de la siguiente manera:�

Los �rganos del Estado son responsables de los procedimientos y funcionarios penales:��

a)      el Tribunal (art�culo 28);

b)      el fiscal (art�culo 33);

c)      el investigador (art�culo 35);

d)      el jefe del departamento de investigaci�n, divisi�n, subdivisi�n, grupo y adjunto (art�culo 37);

e)      �rganos de investigaci�n (art�culo 38);

Los intereses morales y personales, materiales en los procesos penales, los participantes defensores son:

a)      el acusado (art�culo 45);

b)      la sospecha (art�culo 46);

c)      la v�ctima (art�culo 54);��

Como participantes en el proceso penal, los procedimientos penales en la forma prescrita por la ley, la ley ejecutiva y estatutaria y los organismos gubernamentales, los funcionarios y los ciudadanos se les dice:�

a)      al acusado (art�culo 45);

b)      a la sospecha (art�culo 46);

c)      a la v�ctima (art�culo 54); (art�culo 56);

d)      al demandante civil (art�culo 57);

e)      a la responsabilidad civil (art�culo 58);�

Los participantes representan los intereses:

a)      un abogado (art�culo 49);

b)      el abogado del testigo (art�culo 66);

c)      un representante legal (art�culo 60);

d)      representantes (art�culo 62).�

Los participantes representan los intereses de otros:

a)      un abogado (art�culo 49);

b)      el abogado del testigo (art�culo 66);

c)      un representante legal (art�culo 60);

d)      representantes (art�culo 62).�

Los participantes act�an en nombre del p�blico:

a)      asociaciones p�blicas, comunidades y sus representantes (art�culos 40-41);

b)      fiscales (art�culo 43);

c)      defensores p�blicos (art�culo 44).�

Para contribuir a aumentar la eficacia de los participantes en el proceso penal se tiene:

a)      testigo (art�culo 65);

b)      perito (art�culo 67);

c)      traductor (art�culo 71);

d)      imparcial (art�culo 73);

e)      especialista (art�culo 69);

f)       secretario judicial (art�culo 32).�

 

Discusi�n

Los participantes en los procesos penales tienen sus propios poderes precisos y los procesos penales en el �mbito de servir al cumplimiento. Los participantes en el proceso penal se clasifican en grupos de acuerdo con la colocaci�n antes de las funciones, que se mantiene o se realiza la clasificaci�n y se divide en cuatro grupos:�

Las asociaciones p�blicas, las comunidades y sus miembros que participan en el proceso penal:

a)      Congregaci�n acusadora

b)      Congregaci�n�

Los organismos gubernamentales que son responsables de los procesos penales:�

a)      Juez�

b)      Asesores del Pueblo�

c)      secretario del Tribunal�

d)      Fiscal�

e)      Investigador�

f)       Divisi�n del Departamento de Investigaci�n, Jefe de Divisi�n, Jefe de Equipo y Jefe Adjunto

g)      Autoridades de investigaci�n�

h)      Jefe del Organismo de Investigaci�n e Investigador�

En la Defensa de los intereses de las personas en los procesos penales se tiene a:

a)      Acusado�

b)      El sospechoso�

c)      Acusado�

d)      La v�ctima�

e)      Demandante civil�

f)       Civil�������

En la participaci�n en el proceso penal se tiene a:

a)      Testigo�

b)      Experto�

c)      Especialista�

d)      Traductor�

e)      Neutral�

El poder judicial es el �rgano central de los organismos y funcionarios gubernamentales que se encargan de los procedimientos penales. Despu�s de todo, es el tribunal el que realiza la funci�n de justicia y toma la decisi�n final sobre el delito.� Hoy en d�a, en el proceso de reforma judicial, se ha mejorado algo el orden procesal, se ha establecido un sistema m�s eficaz de selecci�n y nombramiento del personal judicial y se ha reforzado por ley la igualdad de los participantes en los procedimientos judiciales. Cabe se�alar que el t�rmino "garant�as procesales penales" s�lo se utiliza en la ciencia de los procesos penales, pero no se aplica en la legislaci�n procesal penal nacional ni en los actos jur�dicos internacionales sobre los derechos y libertades civiles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aplicaci�n de todas las "garant�as procesales penales", que es de hecho el t�rmino cient�fico y te�rico probablemente en muchos aspectos depende del marco legislativo correcto, es decir, junto con las circunstancias locales, nacionales, tradicionales, sin duda debe centrarse en las normas internacionales de preservaci�n de los derechos y libertades de las personas en la organizaci�n y aplicaci�n de los procedimientos penales.�

La lista de actos normativos internacionales que regulan la protecci�n de las personas y de los derechos y libertades civiles, reconocidos como normas com�nmente aceptadas, es bastante extensa. Los m�s significativos son los siguientes:

a)      Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos (1948);

b)      Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional (1966);

c)      Declaraci�n sobre la Protecci�n de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975);

d)      Declaraci�n sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las V�ctimas de Delitos o del Abuso de Poder (1985);

e)      Reglas M�nimas para el Tratamiento de los Reclusos (1957);

f)       Reglas M�nimas de las Naciones Unidas para la Administraci�n de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing"), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1985);

g)      Convenci�n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950); Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (1959); Conjunto de Principios para la Protecci�n de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci�n o Prisi�n (1988), [7].�

Las disposiciones de la Resoluci�n del presidente de la Rep�blica de Uzbekist�n No. PR-3723 de fecha 14 de mayo de 2018 "Sobre las acciones de mejora radical del sistema de procedimiento penal y la legislaci�n procesal penal" son de particular importancia para la mejora del procedimiento penal en los casos penales, como uno de los componentes (elementos) del sistema de garant�as de los derechos de las partes en los procedimientos penales, donde se indican los siguientes entre los problemas sist�micos y las deficiencias de la regulaci�n organizativa y jur�dica de los procedimientos penales:�

a)      Problemas legales en el sistema de legislaci�n procesal penal que impiden la protecci�n de los derechos, la libertad y los intereses leg�timos de los ciudadanos, garantizando la legitimidad de la ley en los procedimientos previos al juicio y en el juicio sobre causas penales;�

b)      Calidad insatisfactoria de la investigaci�n y utilizaci�n de datos como pruebas obtenidas con violaci�n de la legislaci�n procesal;�

c)      El bajo nivel de introducci�n de tecnolog�as avanzadas de informaci�n y comunicaci�n en la pr�ctica jur�dica y de investigaci�n.�

El Concepto para la Mejora de la Legislaci�n Penal o Procesal Penal de la Rep�blica de Uzbekist�n aprobado por la Resoluci�n antes mencionada junto con los dem�s se determina la necesidad de introducir las nuevas formas y procedimientos del procedimiento penal, que incluyen:���

a)      desarrollo de procedimientos simplificados para los procedimientos previos y judiciales, introducci�n de formas y m�todos innovadores de investigaci�n judicial;�

b)      creaci�n de mecanismos �ptimos de aplicaci�n de procedimientos judiciales y de investigaci�n separados durante la investigaci�n previa al juicio para el establecimiento de la existencia o no de elementos de delito;�

c)      la reforma de la etapa de la designaci�n de la causa penal a juicio mediante la introducci�n de la instituci�n de la audiencia preliminar basada en el principio de contradicci�n de las partes;�

d)      creaci�n de los mecanismos que prev�n el cambio de acusaci�n en los procedimientos judiciales, incluido el cambio a acusaci�n grave, as� como el mecanismo procesal de renuncia a la acusaci�n por parte del fiscal;�

e)      introducci�n de un procedimiento penal eficaz y medidas organizativas de protecci�n de los testigos, las v�ctimas y las personas afectadas por delitos;�

f)       instituci�n del dep�sito del testimonio de testigos y v�ctimas, principalmente en los casos en que no puedan ser interrogados posteriormente por razones objetivas;��

g)      garantizar el uso eficaz de las tecnolog�as de la informaci�n y la comunicaci�n en la actividad judicial y de investigaci�n, incluida la introducci�n del sistema de causas penales electr�nicas y el "interrogatorio a distancia";

h)      mayor desarrollo de la instituci�n de verificaci�n de la legalidad, validez e imparcialidad de los decretos judiciales, teniendo en cuenta las nuevas instituciones de procedimiento penal que se est�n introduciendo;�

i)       creaci�n de mecanismos eficaces de autorizaci�n de las cuestiones relativas a la ejecuci�n de sentencias, definiciones y resoluciones del tribunal [8].�

El car�cter decisorio de las principales direcciones y tareas establecidas en la mencionada Resoluci�n requiere sin duda la adopci�n de medidas eficaces adecuadas para aplicar sus disposiciones por la Comisi�n Interdepartamental, as� como obliga a la ciencia procesal penal nacional a intensificar significativamente las actividades de investigaci�n con el fin de estudiar la legislaci�n moderna de los pa�ses extranjeros, las mejores pr�cticas de sus �rganos policiales y judiciales, as� como la justificaci�n te�rica de la posibilidad y conveniencia de utilizar formas y procedimientos procesales eficaces y probados en la legislaci�n procesal penal nacional, lo que reforzar� las garant�as de asegurar todos los derechos de los ciudadanos determinados por su situaci�n procesal en todas las etapas de los procedimientos [9]. Es notable que las medidas concretas que se adoptan en Uzbekist�n para mejorar el procedimiento penal, su base legislativa y jur�dica destinada a optimizar las actividades de los sistemas de aplicaci�n de la ley y judicial y, al mismo tiempo, mejorar la eficacia del sistema de garant�as para la protecci�n de los derechos y la libertad de las partes en el proceso penal, atraen la atenci�n de las organizaciones internacionales y sus unidades especializadas,� en particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que en junio de 2018 prepar� un documento anal�tico titulado "Propuestas sobre el concepto de mejora del sistema de legislaci�n penal y procesal penal de la Rep�blica de Uzbekist�n" (m�s adelante - Propuestas), que contiene una serie de recomendaciones muy interesantes, que, en opini�n de los autores, pueden proporcionar asistencia efectiva para resolver los problemas generales de la reforma de la legislaci�n procesal penal y sus instituciones individuales [10].� Entre las garant�as procesales para la protecci�n de los derechos figuran las siguientes:�

a)      igualdad del acusado y del abogado defensor con los dem�s participantes en el proceso penal en la presentaci�n de pruebas, alegaciones de mociones;�

b)      participaci�n personal en el proceso tanto en el tribunal como durante la revisi�n;�

c)      el veredicto de un tribunal superior�

d)      el derecho del acusado a comparecer en los alegatos despu�s del fiscal;�

e)      la norma sobre la inadmisibilidad del turno de agravios en la revisi�n de la sentencia por los�

f)       tribunales;�

g)      libertad de recurso contra las acciones y decisiones de los �rganos y funcionarios del Estado,�

h)      la participaci�n en procedimientos penales;�

i)       la posibilidad de anular la sentencia por violaci�n del derecho de defensa del acusado [11].�

Las garant�as procesales incluyen los principios de la justicia penal, como el contradictorio, la presunci�n de inocencia, la administraci�n de justicia s�lo por el tribunal, la libertad de evaluaci�n, la prueba, etc. Por ejemplo, la presunci�n de inocencia es una posici�n objetiva, no depende de la opini�n, ciertas personas, agentes de la ley que son detenidos y convencidos, la presencia de la culpabilidad de la persona acusada.� Esta disposici�n es v�lida durante toda la duraci�n de la investigaci�n, a partir de la apertura de una causa penal contra una persona determinada y hasta el pronunciamiento de la sentencia. El significado de la presunci�n de inocencia es principalmente que los derechos de la persona conducen a la responsabilidad penal y al mismo tiempo proporciona una objetiva investigaci�n objetiva de las circunstancias del caso. Violaciones de la presunci�n de inocencia, las desviaciones son inevitables, dar a la investigaci�n de las circunstancias del caso, el car�cter, que no contribuye a descubrir la verdad en el caso.�

Por supuesto, con el fin de garantizar los derechos de la persona acusada en el proceso penal, es necesario para la consolidaci�n legislativa de estos derechos, la regulaci�n legislativa de las condiciones para su prestaci�n, el cumplimiento preciso por los funcionarios de los requisitos de la ley para asegurar las garant�as de los derechos de las personas acusadas, as� como el conocimiento de sus derechos y obligaciones por los participantes en el proceso penal y, por supuesto, su aplicaci�n. Especial inter�s para la reflexi�n te�rica tienen las recomendaciones recogidas en las Propuestas, que se refieren en todo o en parte a la reforma de la forma procesal penal del proceso interno, que est� estrechamente interrelacionada con el contenido, es decir, con el establecimiento de la base probatoria y que incide en la eficacia de la observaci�n de las partes del proceso penal, especialmente durante las fases de instrucci�n. Las Propuestas proponen abandonar las fases de verificaci�n previa a la investigaci�n y de incoaci�n del proceso penal, as� como integrar las disposiciones de la legislaci�n de las actividades de b�squeda operativa en el marco de un �nico procedimiento penal.� En su opini�n, el rechazo de estas formas ineficaces de organizaci�n de la investigaci�n previa al juicio debe compensarse con un control judicial eficaz e independiente.� control.� Adem�s, se consideran necesario simplificar el propio procedimiento de instrucci�n, que, en su opini�n, sigue siendo engorroso, ineficaz, caracterizado por la burocracia y por la escasez de garant�as en materia de derechos humanos. Los diversos autores argumentan sus opiniones de la siguiente manera:��

�Al inicio de la instrucci�n, por un lado, se violan a menudo los derechos de la v�ctima como consecuencia de la negativa a aceptar su declaraci�n sobre la comisi�n del delito y, por otro, se protegen escasamente los derechos del sospechoso, imputado, detenido. Como razones de estas violaciones, son frecuentes los casos de ocultaci�n por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los hechos de la presentaci�n de declaraciones por parte de las v�ctimas o del momento y lugar de detenci�n del sospechoso, ya que esta circunstancia se asocia la mayor�a de las veces con el deseo del organismo o funcionario encargado de hacer cumplir la ley de evitar una disminuci�n de la eficacia de su trabajo.� En este sentido, se recomienda la creaci�n de un Registro Unificado de Investigaciones Penales, del que ser� responsable la fiscal�a general de la Rep�blica de Uzbekist�n (titular), y al aplicar esta recomendaci�n, incluir El C�digo de Procedimiento Penal de la Rep�blica de Uzbekist�n contiene las normas pertinentes que rigen las cuestiones de organizaci�n, los derechos y obligaciones de los usuarios y otras condiciones para el funcionamiento del Registro Unificado de Investigaciones Penales. Al mismo tiempo, el titular debe tener derecho a establecer los par�metros para la introducci�n de una determinada categor�a de informaci�n en el Registro Unificado de Investigaciones Penales, las normas generales para el registro y la identificaci�n del uso de la base de datos, y ser� responsable de la formaci�n de esta �ltima. El Registro Unificado de Investigaciones Criminales, que incluye bases de datos integradas, puede contener datos sobre sospechosos; diferentes categor�as de delitos; el progreso de la investigaci�n y los funcionarios que llevan a cabo la investigaci�n. El Registro Unificado de Investigaciones Criminales puede ser considerado como una etapa inicial en el desarrollo de la matriz digital de casos criminales y por lo tanto es necesario estudiar la experiencia internacional que existe en Letonia, Estonia, Kazajst�n y Ucrania y as� sentar las bases para el desarrollo de la digitalizaci�n de toda la cadena de justicia penal.�

El uso del Registro Unificado de Investigaciones Criminales, seg�n los autores, evitar� que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lleven a cabo acciones de investigaci�n (excepto las urgentes prescritas por el C�digo de Procedimiento Penal de la Rep�blica de Uzbekist�n) en las etapas previas al juicio antes de registrar la informaci�n sobre el delito en el Registro Unificado de Investigaciones Criminales, as� como dar� a la v�ctima el derecho a recurrir ante los tribunales la negativa a inscribir su solicitud en el Registro Unificado de Investigaciones Criminales. La inscripci�n de los delitos en el Registro Unificado de Investigaciones Penales contribuir� a garantizar los derechos de las v�ctimas a la investigaci�n de los delitos cometidos contra ellas y a minimizar los casos de denegaci�n injustificada del inicio de un proceso penal, as� como a contribuir a una mayor garant�a de los derechos de los sospechosos.� Adem�s, estos sistemas de automatizaci�n simplificar�n y acelerar�n considerablemente el trabajo de los �rganos de instrucci�n. Cabe se�alar que, de conformidad con la Resoluci�n del Presidente de la Rep�blica de Uzbekist�n No. PR-3723 de fecha 14 de mayo de 2018 "Sobre las acciones de mejora radical del sistema de procedimiento penal y la legislaci�n procesal penal", ya se han tomado las medidas desde diciembre de 2018 para el proyecto piloto "Caso penal electr�nico" en dos distritos administrativos de Tashkent, cuyos resultados de las pruebas se est�n analizando y resumiendo actualmente y se utilizar�n para la preparaci�n de propuestas sobre la mejora de la legislaci�n penal y procesal penal sobre la introducci�n de procedimientos penales electr�nicos. En segundo lugar, las Propuestas contienen una serie de recomendaciones para ampliar y reforzar el control judicial sobre las restricciones de los derechos de los ciudadanos en las fases previas al juicio de los procedimientos penales, entre las que se incluyen:��

       I.            Determinar al �rgano jurisdiccional como el �nico que debe autorizar previamente la detenci�n en todos los casos, salvo la detenci�n en el lugar de los hechos y otros supuestos excepcionales, verificar la legalidad y validez de la detenci�n, y si se comete sin autorizaci�n judicial previa, aplicar medidas cautelares a los detenidos, as� como autorizar cualquier otra restricci�n de los derechos humanos en el proceso penal.��

     II.            En vista de la expansi�n prevista del control judicial en las fases previas al juicio, as� como de la necesidad de separar la resoluci�n sustantiva de los casos de las cuestiones resueltas por el tribunal en las fases previas al juicio, se propone crear un subsistema judicial independiente: los tribunales de derechos humanos en el curso de los procedimientos previos al juicio, que pueden organizarse en el territorio de acuerdo con principios distintos de los tribunales que conocen de los casos penales en primera instancia.��

  III.            Se propone unificar en el curso de la investigaci�n previa al juicio la actividad operativa y de b�squeda (OSA) y las acciones de investigaci�n que requieren el permiso (sanci�n) del tribunal mediante la combinaci�n de medidas t�citas en un �nico sistema de acciones de investigaci�n t�citas basado en el C�digo de Procedimiento Penal de la Rep�blica de Uzbekist�n. En este sentido, la reforma deber�a incluir:

a)      Ampliaci�n del control judicial a la mayor�a de las medidas t�citas de investigaci�n, incluidas las comprendidas en el concepto de OSA;�

b)      Detalles legislativos de las acciones de investigaci�n t�citas;�

c)      Limitaci�n de las actuaciones t�citas de investigaci�n en casos de delitos graves y especialmente graves;�

d)      Introducci�n del procedimiento de notificaci�n a las personas sobre la realizaci�n de investigaci�n secretas;�

e)      Reconocimiento de protocolos de investigaci�n t�citos de importancia probatoria similar a los protocolos de investigaci�n.�

f)       Aumento de la responsabilidad por el uso ilegal de medios y m�todos de acciones de investigaci�n t�cita (actividades de b�squeda operativa), as� como, en general, por la invasi�n ilegal de la intimidad.��

La idea de unificar las acciones de investigaci�n y las acciones de b�squeda operativa en la legislaci�n procesal penal no es nueva, especialmente porque ciertas medidas t�cnico-operativas ya han sido consagradas en las normas del C�digo Procesal Penal nacional y se utilizan con �xito en el proceso de realizaci�n de acciones de investigaci�n en inter�s de la investigaci�n de casos penales como fuentes leg�timas de informaci�n sobre el delito para formar la base de pruebas.�

 

Conclusiones��

Los derechos para la protecci�n humana se pueden caracterizar de la siguiente manera:

a)      En primer lugar, en cuanto a su contenido, es la ley general que consiste en un conjunto de derechos procesales son otorgados por la ley a una parte, el proceso penal;�

b)      En segundo lugar, el objeto (finalidad), la cuesti�n de derecho se dirige no s�lo para refutar las sospechas, acusaciones, sino tambi�n para proteger otros intereses leg�timos, incluida la defensa de la aplicaci�n ilegal e injustificada de las medidas de coerci�n procesal;��

c)      En tercer lugar, de acuerdo con los m�todos de aplicaci�n, este derecho es ejercido tanto por el sospechoso, el acusado, sus defensores y representantes legales;�������

d)      En cuarto lugar, para asegurarlo (garant�as), presupone la obligaci�n de los �rganos que llevan a cabo el enjuiciamiento penal de realizar la posibilidad de protecci�n;�

En conclusi�n, los procedimientos previos al juicio y el tribunal son una de las garant�as m�s importantes de los derechos, la personalidad en el proceso penal: tal divisi�n permite investigar y considerar el caso de forma completa y exhaustiva en cuanto al fondo, revelar los errores, observar los derechos del individuo, as� como los intereses de la justicia.� Sin duda, el tribunal ocupa una posici�n especial en el sistema de �rganos que garantizan el cumplimiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, la actividad normal del tribunal est� garantizada por las condiciones procesales.� Entre ellas: independencia de los jueces y subordinaci�n s�lo a la ley, invariabilidad de la composici�n del tribunal, colegialidad, examen de una causa penal, espontaneidad y oralidad, publicidad, igualdad de los ciudadanos ante la ley y el tribunal.�

 

Referencias

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