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La renuncia al debido proceso en los contratos privados. Un an�lisis desde la Constituci�n de Ecuador

 

The waiver of due process in private contracts. An analysis from the Constitution of Ecuador

 

A dispensa do devido processo legal nos contratos privados. Uma an�lise da Constitui��o do Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: dmu�oz@upse.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 18 de noviembre de 2023 *Aceptado: 30 de noviembre de 2023 * Publicado: �31 de diciembre de 2023

 

        I.            Investigadora Independiente, Abogada, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Postagradista en Maestr�a en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal Pen�nsula de Santa Elena, Ecuador.

      II.            Universidad Estatal Pen�nsula de Santa Elena, Ecuador, Abogado, M�ster en Derecho Penal menci�n en Procesal Penal por la Universidad T�cnica Particular de Loja, Docente Universitario en Pregrado y Posgrado, Universidad Estatal Pen�nsula de Santa Elena, Ecuador

 

Resumen

En los contratos civiles donde se pacta una resoluci�n de controversias mediante un proceso diligenciado por alguna de las dos partes, existe diferencia de criterios acerca de c�mo deber�a resolverse este particular, si en un estricto apego al contrato o si, por otra parte, deber�a considerarse lo dispuesto en la constituci�n con respecto a las garant�as del debido proceso, el objetivo de este estudio es determinar lo procedente en estos casos; por medio de un m�todo descriptivo que� analice la normativa y las diferentes doctrinas aplicables al debido proceso en los contratos civiles; de modo que, del contraste entre la normativa y el aporte realizado por distintos autores se describen las implicaciones que conlleva la aplicaci�n del debido proceso en contratos civiles. Finalmente, en apego y estricta observancia a lo dispuesto en la Constituci�n de la rep�blica con respecto al debido proceso, se concluye que, es necesario aplicar el debido proceso, aunque se trate de casos pactados entre particulares.

Palabras Clave: Renuncia al debido proceso; Contratos civiles; Casos privados; Estado constitucional de derecho; Constituci�n de la Rep�blica de Ecuador.

 

Abstract

In civil contracts where a dispute resolution is agreed upon through a process completed by one of the two parties, there is a difference in criteria about how this matter should be resolved, whether in strict adherence to the contract or whether, on the other hand, it should be considered. the provisions of the constitution regarding the guarantees of due process, the objective of this study is to determine what is appropriate in these cases; through a descriptive method that analyzes the regulations and the different doctrines applicable to due process in civil contracts; So, from the contrast between the regulations and the contribution made by different authors, the implications of the application of due process in civil contracts are described. Finally, in adherence and strict observance of the provisions of the Constitution of the Republic regarding due process, it is concluded that it is necessary to apply due process, even if these are cases agreed upon between individuals.

Keywords: Waiver of due process; Civil contracts; private cases; constitutional rule of law; Constitution of the Republic of Ecuador.

 

 

Resumo

Nos contratos civis em que a resolu��o de lit�gios � acordada atrav�s de um processo conclu�do por uma das duas partes, existe uma diferen�a de crit�rios sobre a forma como esta quest�o deve ser resolvida, se no estrito cumprimento do contrato ou se, por outro lado, devem ser consideradas as disposi��es da Constitui��o relativas �s garantias do devido processo, o objetivo deste estudo � determinar o que � apropriado nestes casos; atrav�s de um m�todo descritivo que analisa as normas e as diferentes doutrinas aplic�veis ​​ao devido processo legal nos contratos civis; Assim, a partir do contraste entre a regulamenta��o e a contribui��o de diferentes autores, s�o descritas as implica��es da aplica��o do devido processo legal nos contratos civis. Por fim, na ades�o e estrita observ�ncia das disposi��es da Constitui��o da Rep�blica relativas ao devido processo legal, conclui-se que � necess�ria a aplica��o do devido processo legal, ainda que se trate de casos acordados entre particulares.

Palavras-chave: Dispensa do devido processo; Contratos civis; casos privados; estado de direito constitucional; Constitui��o da Rep�blica do Equador.

 

Introducci�n

El derecho al debido proceso es un pilar fundamental dentro del estado constitucional de derecho actual. La garant�a a que se respete un debido proceso dentro de cualquier tr�mite sea este administrativo o judicial, e independientemente del fondo del asunto sobre el que se est� resolviendo (Escudero, 2017), tiene una importancia trascendental dentro del estado de derecho actual, tanto as� que se ha observado c�mo el Ecuador ha sido demandado y juzgado ante tribunales internacionales por no respetar el debido proceso dentro de diversos casos que se han dado alrededor de la historia del Ecuador; adem�s, es uno de los derechos por los que m�s se inician acciones de protecci�n y otras medidas para poder resarcirlo.

Sin embargo, existen casos en los cuales se puede poner en duda la prevalencia del derecho al debido proceso, por ejemplo, en el derecho civil, donde puede existir la posibilidad de re�irse con el debido proceso, en particular en la situaci�n donde la suscripci�n de contratos entre privados podr�a convenir una renuncia expresa o t�cita al debido proceso para resolver ciertos asuntos dentro del contrato, por lo general en caso de que existan controversias dentro del mismo contrato.

Por principio general de derecho civil, se debe respetar el derecho de la libre voluntad de las partes a convenir lo que sea adecuado para sus intereses y seg�n su criterio siempre que est� acorde a la normativa (Gobbi, 2015); bajo esta premisa de la libre voluntad de las partes, ser�a factible la renuncia al debido proceso aunque esto lleve a una discusi�n con el derecho constitucional acerca de esta posibilidad de someterme a una arbitrariedad, por ser la voluntad de uno de los suscriptores la implicada en este convenio.

A manera de ejemplo, esto es algo que se puede dar en los contratos de prestaci�n de servicios donde se convenga que, para resolver ciertas controversias, quedar� a la simple apreciaci�n de una de las partes determinar multas, sanciones e intereses solo por medio de la verificaci�n de una de las empresas. Si bien la renuncia a un debido proceso es algo que puede verse como una manifestaci�n de la voluntad de las partes en convenir a sus mejores intereses, de igual manera debe tomarse en cuenta si es posible la renuncia al derecho constitucional al debido proceso en pos de un contrato privado, lo que inevitablemente lleva la discusi�n acerca de qu� factor prima entre ambos derechos: el debido proceso o la libre voluntad de las partes.�

En el Art�culo 66, la constituci�n de la Rep�blica del Ecuador menciona los derechos a la libertad que contienen primero en su numeral 15: El derecho a desarrollar actividades econ�micas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Luego, en el numeral 16 se menciona el derecho a la libertad de contrataci�n. Siendo estos los pilares constitucionales que sostienen el derecho a la libre contrataci�n con base en lo que el individuo considere conveniente para sus intereses�(Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

Sin embargo, corresponde cuestionar si el debido proceso es aplicable dentro de un contrato privado en caso de que no se haya mencionado el t�rmino debido proceso, pues es posible considerar que no existe la obligaci�n de remitirse a este o tomar la postura contraria y alegar que las disposiciones de la Constituci�n son obligatorias e independientemente de si se haya hecho menci�n a estas o no, por lo que solamente con la simple alusi�n a un proceso se estar�a considerando estar incurso dentro de un debido proceso que deber�a garantizarse dentro de la ejecuci�n del contrato, esto con base en el art�culo 7 numeral 18 del C�digo Civil (2005).

 

 

 

Materiales y m�todos

El presente estudio es de car�cter exploratorio en vista de que no se ha abordado anteriormente el problema jur�dico a causa de la renuncia del debido proceso dentro de los contratos civiles. Asimismo, el problema es expuesto mediante la aplicaci�n del m�todo descriptivo para poder delimitar el problema jur�dico y se�alar las caracter�sticas del problema en s�. Seguidamente, se procede a un an�lisis deductivo mediante el estudio de normativas y doctrinas que, adicionalmente al empleo del m�todo exeg�tico ayuda a determinar el alcance de la normativa constitucional y legal con respecto al problema planteado; determinando si estas normas son aplicables o no, sobre la voluntad de las partes establecidas en los contratos. De modo que, mediante la ayuda de la revisi�n de doctrina de autores relevantes se logra debatir cu�l de los derechos aqu� re�idos debe prevalecer al momento de resolver por parte de una autoridad o particular, este tipo de casos.

 

Contratos privados

El art�culo 1561 del C�digo Civil (2005) establece que �Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.� Por lo que es una m�xima en materia de contrataci�n privada que las partes se deben someter estrictamente a las cl�usulas que contenga el contrato dado que las mismas reflejan sus intereses y una manifestaci�n de la voluntad que fue otorgada en su momento sin abuso o coacci�n alguna que medie la suscripci�n del contrato. Tal como menciona Vallespinos (1984) el hecho de que el contrato privado se vea como una m�xima no solamente en el aspecto civil sino en la generalidad de todo el aparato jur�dico responde a cierta ideal liberal que fue aplicado en los sistemas jur�dicos modernos �Los dogmas jur�dicos sobre los que se estructur� el contrato del sistema liberal fueron: libertad de contrataci�n, fuerza obligatoria, igualdad de los contratantes y autonom�a de la voluntad� (p.107).

Para Rodr�guez (2007) los contratos tiene ciertos elementos que son esenciales a su existencia misma �existen en los contratos elementos esenciales que pueden ser estructurales (voluntad y su manifestaci�n l�cita) y funcionales (con respecto a la causa).�(pg. 7), siendo la voluntad el elemento que prima al referirnos a contratos privados adem�s de la sujeci�n que debe existir al orden legal existentes y por otra parte el objetivo con el cual se realiza el contrato. As� mismo, este autor se�ala que �en la contrataci�n privada la manifestaci�n de voluntad de obligarse, de contratar, expresada sin vicios es suficiente para que exista el contrato deseado. Es decir, la contrataci�n privada es consensual y excepcionalmente solemne, cuando la ley lo exige.� (p. 7) En este punto el autor deja claro la naturaleza de la contrataci�n privada que es su caracter�stica de consensual y la visi�n t�pica que maneja esta de que solo se requiere las solemnidades que la ley exige para que pueda materializar su celebraci�n.

 

La libertad de contrataci�n

La libertad de contrataci�n es un principio fundamental de los sistemas jur�dicos modernos puesto que, faculta a las personas para celebrar acuerdos en funci�n de sus propias elecciones y preferencias, estando claramente arraigada en los principios de autonom�a y agencia personal. De modo que, esta doctrina ha desempe�ado un papel fundamental en la configuraci�n de la din�mica del comercio, las relaciones y el panorama socioecon�mico m�s amplio. Sin embargo, el concepto de libertad de contrataci�n no est� exento de complejidades y limitaciones, por lo que se observa como la importancia y la naturaleza evolutiva de la libertad de contrataci�n ha cambiado a trav�s del tiempo dependiendo de la visi�n que se tenga sobre la libertad econ�mica en el pa�s, incluso destacando su papel en la promoci�n del crecimiento econ�mico, las libertades individuales y el bienestar social, generando al mismo tiempo preocupaciones relacionadas con los desequilibrios de poder, la explotaci�n y la necesidad de salvaguardas regulatorias.

Cabe destacar que, la libertad de contrataci�n surgi� como respuesta al feudalismo y al mercantilismo, donde las r�gidas estructuras legales y la intervenci�n del gobierno sofocaban el crecimiento econ�mico y la autonom�a personal. As� que, la Ilustraci�n defendi� el individualismo y el derecho a realizar transacciones voluntarias sin interferencias indebidas e igualmente, el derecho contractual se convirti� en una herramienta poderosa para promover el progreso econ�mico, permitiendo a las partes asignar recursos de manera eficiente y negociar los t�rminos que mejor se adapten a sus intereses (Escuela Diplom�tica Espa�a, 2023).

De manera que, en esencia, la libertad de contrataci�n defiende el principio de la autonom�a individual, lo que permite a las partes dar forma a sus relaciones jur�dicas en funci�n de sus circunstancias y necesidades �nicas. Por tal raz�n, este principio se extiende m�s all� de las transacciones econ�micas para abarcar las libertades personales y civiles, brindando a las personas la capacidad de definir los t�rminos de sus asociaciones, desde contratos de matrimonio hasta acuerdos laborales. En este sentido, la libertad de contrataci�n fomenta la eficiencia del mercado al facilitar el libre intercambio de bienes y servicios; as� como tambi�n la innovaci�n, la competencia y el esp�ritu empresarial, ya que las personas est�n facultadas para buscar oportunidades econ�micas sin restricciones legales indebidas. Por ello, esta flexibilidad no solo estimula el crecimiento econ�mico, sino que tambi�n contribuye a la diversificaci�n de productos y servicios, beneficiando a los consumidores�(Organizaci�n Mundial del Comercio, 2019).

Si bien la libertad de contrataci�n ofrece numerosos beneficios, su aplicaci�n desenfrenada ha generado preocupaciones sobre los desequilibrios de poder y el potencial de explotaci�n; en vista de que, las partes vulnerables, como los empleados o los consumidores, pueden verse obligadas a aceptar condiciones desfavorables debido a un poder de negociaci�n desigual. Adem�s, la doctrina puede conducir a resultados socialmente indeseables, como contratos que perpet�an la discriminaci�n o da�an el bienestar p�blico. En respuesta a estos desaf�os, los sistemas legales han introducido regulaciones para lograr un equilibrio entre la autonom�a individual y los intereses de la sociedad. Asimismo, las leyes laborales, las regulaciones de protecci�n al consumidor y las medidas antimonopolio son ejemplos de intervenciones regulatorias que buscan garantizar la equidad y prevenir abusos (D�vila, 2013). As� que, estas salvaguardas mitigan el riesgo de contratos que vulneran derechos fundamentales o explotan a partes vulnerables.

La libertad de contrataci�n sigue siendo un principio fundamental en los ordenamientos jur�dicos modernos, que encarna la autonom�a individual y el crecimiento econ�mico (Mu�oz, 2020). Si bien ha sido fundamental para dar forma a la din�mica del comercio y las relaciones personales, su aplicaci�n requiere una cuidadosa consideraci�n de la din�mica del poder, las responsabilidades sociales y el bienestar general de la sociedad. Al lograr un delicado equilibrio entre la autonom�a sin restricciones y las regulaciones necesarias, los marcos legales pueden defender la esencia de la libertad de contrataci�n mientras protegen contra la explotaci�n y promueven el bienestar colectivo.

 

El debido proceso

El debido proceso es un principio fundamental que se encuentra en el coraz�n de los sistemas legales de todo el mundo que se encuentra arraigado en las nociones de equidad, justicia y protecci�n de los derechos individuales; garantizando as�, que cada individuo reciba un proceso legal justo e imparcial antes de ser privado de la vida, la libertad o la propiedad�(Agudelo, 2005).

La importancia, la evoluci�n hist�rica, los componentes clave y los desaf�os contempor�neos asociados con el concepto de debido proceso, destacan su papel en la defensa del estado de derecho y la preservaci�n de los derechos humanos fundamentales. En consecuencia, el concepto de debido proceso tiene profundas ra�ces hist�ricas, que se remontan a civilizaciones antiguas que reconocieron la necesidad de procedimientos legales justos y equitativos; obteniendo as�, prominencia a trav�s de documentos hist�ricos como la Carta Magna y la Constituci�n de los Estados Unidos, los cuales consagraron la idea de que las personas deben estar protegidas de acciones gubernamentales arbitrarias.

De manera similar, el debido proceso a menudo se clasifica en dos principios principales: el debido proceso procesal y el debido proceso sustantivo�(Palma, 2005). Con respecto al debido proceso judicial, garantiza que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa y transparente, lo que brinda a las personas la oportunidad de presentar su caso, impugnar las pruebas y recibir a un tomador de decisiones neutral. Por su parte, el debido proceso sustantivo se centra en el contenido de las leyes y reglamentos, asegurando que no vulneren los derechos fundamentales sin una raz�n de peso.

Seg�n lo antes expuesto, el debido proceso sirve como escudo contra la extralimitaci�n y el abuso de poder del gobierno y protege los derechos de las personas frente a acciones arbitrarias o injustas de las autoridades. De modo que, al exigir que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera justa, el debido proceso garantiza que las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su condici�n, creencias o antecedentes. De igual manera, el debido proceso no se limita al derecho penal; se extiende a varios aspectos de los procedimientos legales, incluidos los asuntos civiles, administrativos y constitucionales (Wray, 2023). Por lo tanto, ya sea en juicios penales, disputas de propiedad o audiencias administrativas, el principio del debido proceso garantiza que las personas tengan una oportunidad significativa de ser escuchadas y de impugnar las decisiones que puedan afectar sus derechos.

Particularmente, en la era moderna, el debido proceso enfrenta nuevos desaf�os, incluida la tensi�n entre las preocupaciones de seguridad y las libertades civiles, el auge de las tecnolog�as digitales y la necesidad de procedimientos legales oportunos y eficientes. Por lo cual, lograr un equilibrio entre la protecci�n de los derechos individuales y la atenci�n de los intereses sociales m�s amplios es una tarea delicada que requiere un examen y una adaptaci�n continuos. En consecuencia, el debido proceso es la piedra angular de la justicia y la equidad en los sistemas legales de todo el mundo (Fiscal�a General del Estado Ecuador, 2022).

De modo que, la evoluci�n hist�rica del debido proceso, arraigada en la lucha por las libertades individuales, sigue configurando normas y est�ndares jur�dicos; ya que, al defender los principios de equidad procesal y derechos sustantivos, el debido proceso no solo protege a las personas de acciones arbitrarias, sino que tambi�n refuerza el estado de derecho y la integridad de las sociedades democr�ticas. De manera que, a medida que se atraviesa las complejidades del mundo moderno, la importancia perdurable del debido proceso sigue siendo un testimonio del compromiso permanente con la justicia y la dignidad humana.

Lo anterior indica que, la renuncia al debido proceso no puede admitirse a la ligera, simplemente por darse como una expresi�n de la voluntad de las partes que intervienen en el contrato, sino que se debe tomar en cuenta que es un derecho base de nuestra sociedad por lo que permitir que no se tome en cuenta este, es obviar las bases fundamentales del derecho en nuestra sociedad. Si bien la renuncia se puede plantear como una expresi�n del derecho individual se debe recordar que en el propio sistema jur�dico existen ciertos derechos que son irrenunciables y por lo tanto la voluntad queda anulada al momento de expresar la renuncia de dichos derechos; por lo cual, bajo el an�lisis que se ha realizado no ser�a algo novedoso que una expresi�n de la voluntad quedara anulada bajo el cobijo de derechos que se consideran irrenunciables bajo el orden constitucional.

 

Alcance de las disposiciones constitucionales en el debido proceso en contratos

Particularmente, el derecho al debido proceso est� contenido en el art�culo 76 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008); estableciendo en su numeral 1 que es obligatorio para toda autoridad dentro de un proceso judicial o administrativo observar los derechos de las partes. En especial es posible acotar que, sobre esto se refiere el art�culo en menci�n a la propias reglas y principios del debido proceso; por lo que, se debe tomar en cuenta que la Constituci�n en este art�culo antes mencionado solo prescribe esto para la esfera p�blica. Por otra parte, para el caso de contratos privados cuando se hace una referencia al proceso a seguirse dentro de una controversia suscitada en la ejecuci�n de este es necesario analizar el alcance de las disposiciones constitucionales sobre los contratos privados, pero antes de esto se debe realizar un hipoteco an�lisis de lo que prescribe el propio contrato siendo este una ley para las partes (C�digo Civil, 2005).

En consonancia con lo anterior, se considera necesario tomar en cuenta las varias posibilidades dentro de la redacci�n del contrato que ocasionar�an un an�lisis distinto para cada caso. Primeramente, la posibilidad de que dentro del propio contrato sea especificado que se va a seguir un proceso y que el mismo estar� apegado a la normativa vigente. Asimismo, otra posibilidad ser�a que solo se mencione que en caso de que se suscite alguna controversia esto ser� resuelto por las partes, y; la �ltima posibilidad es que se convenga que una de las partes tiene la potestad para resolver cualquier proceso que genere controversia sin necesidad de acudir a la otra parte.

De manera que, en el primer caso se da una situaci�n ideal dado que las partes han acordado un proceso de resoluci�n de conflictos y el mismo est� mediado por un proceso que por acuerdo de las partes este sujeto a la normativa vigente. Por lo tanto, quiere decir que expresamente se encuentran las normas del debido proceso integradas al contrato; por lo cual, en caso de que se resuelva la controversia lo esperable ser�a que existan al menos dos posturas con respecto a lo que se est� debatiendo y que cada una de estas posturas se sustente en pruebas y argumentos sobre el derecho que le asiste, todo en observaci�n al art�culo 76 de la Constituci�n.

No obstante,� lo� relevante es discutir el segundo caso en el cual no se ha especificado en el contrato con respecto a c�mo se debe solucionar la controversia, por lo que,� al mencionarse dentro de la redacci�n del contrato que la resoluci�n de controversias queda a libertad de las partes y no se hace ninguna especificaci�n con respecto a c�mo debe solucionarse estos causa una suerte de vac�o legal y como consecuencia, en caso de que no exista ninguna convenci�n posterior deber�a suplirse con la normativa vigente; lo cual significa� que una soluci�n ser�a la integraci�n de las disposiciones constitucionales a falta de convenci�n para solucionar controversias.

Finalmente, en el �ltimo caso, en el que se ejemplifica que en el contrato se ha estipulado que la resoluci�n de dicho procedimiento s�lo se realizar� por simple apreciaci�n de una parte, pues esto ser�a algo cuestionable dado que el propio sujeto se estar�a sometiendo a la arbitrariedad de la otra parte y en cuanto a esto, debe observarse que la constituci�n al ser una norma suprema deber�a ser integrada dentro de cualquier procedimiento o al menos esa ser�a una postura a debatir en contra de la libre voluntad de las partes de renunciar a su derecho al debido proceso. Tambi�n debe tomarse en cuenta que finalmente si no se resuelve una controversia de forma adecuada y un contrato termina someti�ndose al conocimiento de un juez de lo civil el juzgador deber� resolver la controversia apegado a la constituci�n y bajo esta premisa el juzgador debe valorar si es necesario que todo procedimiento dentro del contrato respete la libre voluntad de las partes, pero tambi�n se encuentra apegado a la constituci�n.

 

El equilibrio entre debido proceso y cl�usulas contractuales

Los �mbitos de la ley y el contrato son parte integral del funcionamiento de las sociedades modernas, cada uno con prop�sitos distintos pero interconectados. As� que, el debido proceso garantiza la equidad, la justicia y la protecci�n de los derechos individuales en los procedimientos judiciales, mientras que las declaraciones contractuales establecen los t�rminos y obligaciones que rigen los acuerdos privados. Si bien ambos conceptos tienen una importancia significativa, se requiere un examen matizado para determinar cu�l tiene mayor peso en contextos espec�ficos y c�mo pueden interactuar armoniosamente.

De igual manera, el debido proceso es un principio fundamental que sustenta el estado de derecho y salvaguarda las libertades individuales ya que, garantiza que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa, transparente y sin acciones arbitrarias o injustas. Cabe destacar que, el concepto tiene ra�ces hist�ricas profundas, que protegen a las personas de la extralimitaci�n y el abuso de poder del gobierno; donde, se abarca la equidad procesal, la imparcialidad, el acceso a representaci�n legal y el derecho a ser escuchado�(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023). Es por ello que, su papel en la preservaci�n de la justicia y la protecci�n de los derechos humanos es primordial en las sociedades democr�ticas.

Por su parte, las declaraciones contractuales, forman la base de los acuerdos privados, pues los contratos permiten a las partes definir sus obligaciones, derechos y responsabilidades mutuos, lo que facilita los intercambios econ�micos y las interacciones sociales. En cuanto a la autonom�a de las personas para negociar y celebrar contratos libremente es un principio fundamental del comercio moderno (N��ez, 2007). De tal modo que, las declaraciones contractuales especifican los t�rminos de las transacciones, creando obligaciones legalmente exigibles entre las partes y contribuyendo a la estabilidad de las relaciones econ�micas.

Es preciso acotar que, la relaci�n entre el debido proceso y las declaraciones contractuales no es de conflicto, sino de simbiosis porque ambos conceptos sirven para promover el orden, la previsibilidad y la equidad en diferentes esferas. En asuntos contractuales, el debido proceso asegura que la negociaci�n, formaci�n y ejecuci�n de acuerdos est�n libres de coerci�n, tergiversaci�n o coacci�n ya que, evita que una parte explote a la otra y mantiene la integridad de las relaciones contractuales. Por el contrario, las declaraciones contractuales juegan un papel en el debido proceso cuando surgen disputas porque los t�rminos de un contrato definen las intenciones de las partes y gu�an la resoluci�n de conflictos�(V�squez & Vidal, 2019). Finalmente, el debido proceso garantiza que las disputas contractuales se resuelvan de manera justa, con base en los t�rminos y principios legales acordados. En este particular, los �rbitros y jueces interpretan y aplican las declaraciones contractuales al tiempo que garantizan que el proceso se adhiera a los principios de equidad y justicia.

La importancia relativa del debido proceso y las declaraciones contractuales depende del contexto; puesto que, en los procedimientos judiciales, el debido proceso tiene prioridad, ya que garantiza el respeto de los derechos fundamentales. En las transacciones comerciales, las declaraciones contractuales gu�an la conducta de las partes, pero no deben contravenir las consideraciones del debido proceso. Por lo tanto, lograr el equilibrio adecuado entre estos conceptos requiere sensibilidad ante las circunstancias espec�ficas y los valores sociales m�s amplios en juego.

En consecuencia, el debido proceso y las declaraciones contractuales son componentes integrales de los marcos legales y contractuales porque cada uno tiene su significado distintivo en la defensa de la justicia y la facilitaci�n de acuerdos privados. Es por esto que, en lugar de competir, interact�an para proporcionar una estructura integral que promueve la equidad, los derechos individuales y las interacciones econ�micas (Guano, 2020). As� que, reconocer los roles esenciales del debido proceso y las declaraciones contractuales y asegurar su coexistencia armoniosa contribuye al mantenimiento de una sociedad justa y equitativa.

 

El debido proceso en los contratos con cl�usula de arbitraje

Sin embargo no en todos los casos esta disputa va a resolverse por parte de un juzgador, esta discusi�n avanza al campo de los contratos privados que tienen cl�usula de arbitraje, definiendo esta compleja relaci�n entre el debido proceso y el arbitraje contractual en el cual se debe ce�ir a los procedimientos establecidos en el contrato, centr�ndose en la tensi�n entre la flexibilidad y la informalidad de los procedimientos de arbitraje y la necesidad de garantizar la equidad y las garant�as procesales para las partes involucradas en disputas contractuales. As� el debido proceso es trascendente en el arbitraje contractual, pues se refiere a la equidad fundamental y los derechos procesales que las partes deben tener durante la resoluci�n de disputas (Menkel-Meadow, 2007).

Seg�n la (Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual, 2023) la percepci�n tradicional del arbitraje como un m�todo m�s informal y acelerado de resoluci�n de disputas en comparaci�n con el litigio; es una informalidad, aunque ventajosa en muchos casos, plantea preocupaciones sobre si las partes est�n recibiendo suficientes protecciones del debido proceso. Con respecto a la informaci�n es de destacar la importancia de proporcionar a las partes una notificaci�n adecuada de los procedimientos de arbitraje y el acceso a la informaci�n; ya que, la informaci�n relevante, la falta de notificaci�n adecuada o el acceso limitado a la informaci�n pueden socavar la capacidad de una parte para presentar su caso de manera efectiva.

En cuanto al tema de la selecci�n de �rbitros y el impacto potencial en el debido proceso, se consideran factores tales como la participaci�n de las partes en el proceso de selecci�n, la imparcialidad y las calificaciones del �rbitro. Por su parte, la ejecuci�n de laudos arbitrales ocasiona posibles conflictos que pueden surgir cuando las partes buscan impugnar o resistir la ejecuci�n de un laudo; ya que, este tiene la capacidad de ser considerado un t�tulo de ejecuci�n de acuerdo a lo estipulado por el art�culo 363 del C�digo General de Procesos (2015), por lo que asegurar un proceso justo y transparente para revisar y hacer cumplir los laudos es vital para defender el debido proceso.

Por su parte, el arbitraje trae ciertos beneficios como la flexibilidad, la eficiencia y la confidencialidad del arbitraje. Sin embargo, enfatiza que estas ventajas deben equilibrarse con los principios fundamentales del debido proceso para garantizar que las partes reciban un trato justo durante todo el proceso de arbitraje. (Centro de Comercio Internacional, 2023). La necesidad de discusiones y esfuerzos continuos para lograr un equilibrio entre la informalidad del arbitraje contractual y la protecci�n de los derechos del debido proceso lleva a analizar qu� postura se debe tener con respecto al arbitraje y el debido proceso las mismas que pueden ser contractualistas o jurisdiccionalitas.

La primera postura est� centrada en que se haya apegado a la voluntad de las partes, o sea del contrato y la segunda reconociendo que el arbitraje se desarrolla en base a un orden legal establecido y por lo tanto debe apegarse a �ste�(Mireles, 2023). Las preocupaciones del debido proceso no deben pasarse por alto en la b�squeda de una resoluci�n eficiente de disputas sino que se profundiza en la intrincada interacci�n entre la naturaleza flexible del arbitraje y la equidad fundamental que las partes merecen bajo el principio del debido proceso. Es as� como, subraya la importancia de mantener garant�as procesales para mantener la integridad del arbitraje contractual mientras se adapta a las necesidades cambiantes de las partes involucradas en disputas.

Existe un equilibrio entre eficiencia y equidad dentro del �mbito del arbitraje comercial, centr�ndose particularmente en el concepto de debido proceso porque aborda los desaf�os planteados por la b�squeda de la eficiencia procesal al mismo tiempo que defiende los principios fundamentales de equidad en el contexto de la resoluci�n alternativa de disputas. (Paulson, 2012) As� mismo, existe cierta tensi�n entre lograr la eficiencia y mantener el debido proceso en el arbitraje comercial; por lo que, es un objetivo lograr que el arbitraje pueda conseguir un equilibrio armonioso entre estos dos aspectos esenciales.

Si bien el arbitraje encierra ciertas ventajas en su parte comercial, incluyendo su eficiencia, rapidez y adaptabilidad; se debe reconocer que un enfoque excesivo en la eficiencia puede potencialmente comprometer los derechos al debido proceso de las partes involucradas. Por lo que, la importancia del debido proceso radica en subrayar sus aspectos m�s importantes, enfatizando que las partes deben tener oportunidades razonables y equitativas para presentar sus casos, acceder a informaci�n relevante y recibir un trato justo durante todo el proceso para que consideren que tuvieron la oportunidad de salvaguardar su patrimonio. (Comisi�n Interamericana de los Derechos Humanos, 2023)

Igualmente, existen desaf�os en el equilibrio para analizar los desaf�os que surgen cuando se intenta equilibrar la naturaleza del arbitraje impulsada por la eficiencia con la necesidad de proporcionar un marco s�lido para el debido proceso. Por lo tanto, es necesario examinar las posibles trampas y preocupaciones que pueden surgir, por varias garant�as procesales que se pueden implementar para garantizar el debido proceso en el arbitraje comercial. Estas salvaguardas pueden incluir garantizar un aviso adecuado, permitir la presentaci�n efectiva de pruebas y permitir la selecci�n imparcial de �rbitros. En este sentido, los �rbitros y las partes deber�an considerar personalizar el proceso de arbitraje para lograr un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, esto en el caso de Ecuador es mencionado en la Ley de Arbitraje y Mediaci�n� (2006) en su art�culo 3 donde se hace distinci�n entre fallo en derecho o a falta de este los fallos se realizar�n bajo el criterio de equidad.

Como se expuso anteriormente, adaptar los procedimientos a las circunstancias espec�ficas de la disputa puede ayudar a abordar las preocupaciones del debido proceso y una forma de mejorar esto puede ser mediante la importancia de la transparencia y la rendici�n de cuentas para mantener el debido proceso. Con respecto a las partes, los �rbitros y las instituciones involucradas en el arbitraje deben priorizar la comunicaci�n abierta y el cumplimiento de las reglas establecidas. (Centro de Estudios de Justicia de las Am�ricas, 2023) Por lo tanto, es reiterada la necesidad de esfuerzos continuos para armonizar la eficiencia y la equidad en el arbitraje comercial y para ello, se debe enfatizar que lograr este equilibrio requiere un enfoque consciente y reflexivo por parte de todas las partes interesadas. Igualmente, si se examina el delicado equilibrio entre la eficiencia procesal y el debido proceso en el arbitraje comercial se debe subrayar la importancia de mantener la equidad mientras se aprovechan las ventajas del arbitraje y ofrece informaci�n sobre c�mo las partes y los �rbitros pueden navegar este intrincado panorama.

 

An�lisis de resultados

El debido proceso dentro de los contratos privados es un tema de discusi�n que tiene varios puntos de vista que dentro del estudio han sido contrastados, primero su aspecto legalista respetando la voluntad de las partes tal como lo establece el derecho civil y la libertad de contrataci�n que es reconocida como un derecho constitucional, esto por ciertos autores es la esencia misma del sistema de derecho en el que se vive;� un sistema en el cual la libre voluntad de las partes determinan el destino del individuo y es el motor de la econom�a por lo que no debe existir ninguna injerencia m�s que lo establecido en los contratos.

No obstante, existen autores que se adhieren a la teor�a de que el derecho constitucional se encuentra inmerso en todos los aspectos de la sociedad y el derecho. Por lo tanto, no es posible considerar que pueda existir un contrato donde se establezca un proceso para resolver controversias y que este proceso sea totalmente arbitrario y no siga los par�metros m�nimos del debido proceso establecidos por la constituci�n.

De manera que, el punto intermedio que se tiene� dentro de esta discusi�n es lo m�s similar a lo que sucede con el arbitraje privado ya que,� si bien este� garantiza ciertas reglas que pueden ser establecidas por los sujetos contractuales y luego procesales en caso de que exista un proceso, el arbitraje a pesar de ser un proceso privado se debe remitir a la normativa respectiva y por lo tanto a la constituci�n siendo esta una directriz fundamental que debe existir en todo proceso de arbitraje.�

A manera de analog�a,� lo mismo sucede con los procesos que se establecen dentro de contratos privados pues si bien,� las cl�usulas determinan las condiciones en las cuales se deben sustanciar y resolver las controversias que pueden existir dentro de desarrollo del contrato y su ejecuci�n;� estas condiciones establecidas no pueden simplemente ignorar lo dispuesto por la constituci�n y debe tomarse en cuenta al momento de su redacci�n que si existen procesos en los cuales se pueda ocasionar afectaciones de derechos a la otra parte debe garantizarse los m�nimos establecidos por la constituci�n para el debido proceso tal como lo establece el art�culo 76.

 

Discusi�n de resultados

El debido proceso es necesario en cualquier acto legal al que debe enfrentarse un individuo, incluso hasta en los procesos m�s sencillos. De acuerdo con Agudelo (2005), el debido proceso se trata de un principio fundamental que se encuentra en el coraz�n de los sistemas legales y arraigado en las nociones de equidad, justicia y protecci�n de los derechos individuales; y que se presenta para garantizar que cada individuo reciba un proceso legal justo e imparcial antes de ser privado de la vida, la libertad o la propiedad.� No obstante, ante ciertos contratos privados existe el dilema de si debe existir apego al contrato, renunciando al debido proceso constitucional.

El estudio sobre la renuncia al debido proceso en contratos civiles arroja resultados significativos que merecen una atenci�n detallada. En este sentido, uno de los hallazgos clave es la tensi�n inherente entre la libertad de contrataci�n y la protecci�n de los derechos fundamentales. De esta manera, se ha demostrado que, si bien la libertad de contrataci�n a la que se refiere N��ez (2007), es un principio vital que permite a las partes definir sus propios t�rminos y condiciones, su ejercicio sin restricciones puede conducir a situaciones en las que una parte tenga un poder abrumador sobre la otra, lo que podr�a resultar en renuncias al debido proceso que son inherentemente injustas.

Asimismo, el an�lisis tambi�n revela que la renuncia al debido proceso en contratos privados a menudo se presenta como una cl�usula de arbitraje obligatoria. Lo anterior, permite a las partes acordar y resolver sus disputas fuera de los tribunales convencionales. Sin embargo, cabe se�alar que, en la pr�ctica, el arbitraje puede carecer de ciertas salvaguardias procesales que son fundamentales para garantizar un proceso justo. Por ejemplo, la selecci�n de �rbitros puede estar sesgada hacia una de las partes, y el proceso de arbitraje puede ser menos transparente que el sistema judicial tradicional.

Sobre el arbitraje, el Centro de Comercio Internacional (2023) menciona que trae ciertos beneficios como la flexibilidad, la eficiencia y la confidencialidad del proceso. No obstante, dichas ventajas deben equilibrarse con los principios fundamentales del debido proceso para garantizar que las partes reciban un trato justo durante todo el procedimiento de arbitraje.

Seguidamente, un aspecto crucial que es fundamental destacar es la importancia de garantizar que las partes que renuncian al debido proceso en un contrato lo hagan de manera informada y voluntaria. Es as� como, esto plantea la pregunta de que si las partes que firman un contrato est�n plenamente conscientes de las implicaciones de renunciar a sus derechos fundamentales. Los anterior sugiere que, en muchos casos, las cl�usulas de renuncia al debido proceso se incluyen en contratos complejos y largos que pueden no ser completamente comprendidos por todas las partes involucradas.

Adem�s, se resalta la necesidad de una supervisi�n y regulaci�n adecuadas en el contexto de la renuncia al debido proceso. Destacando la idea de que, esto implica revisar la validez de las cl�usulas de renuncia en t�rminos de su conformidad con los principios legales y constitucionales. De igual forma, el estudio muestra que la interpretaci�n y aplicaci�n de estas cl�usulas var�a en diferentes jurisdicciones y en funci�n de las circunstancias espec�ficas del contrato.

Otro aspecto importante de los resultados es el papel de las disposiciones constitucionales en la renuncia al debido proceso en contratos civiles. En este �mbito, se ha argumentado que estas disposiciones deben ser aplicables incluso en el �mbito de los contratos privados, especialmente cuando se involucran derechos fundamentales. Sin embargo, el estudio revela que la interpretaci�n de estas disposiciones puede ser controvertida y su aplicaci�n no siempre est� clara.

En consecuencia, los resultados del estudio subrayan la complejidad de la renuncia al debido proceso en contratos civiles y la importancia de encontrar un equilibrio adecuado entre la libertad de contrataci�n y la protecci�n de los derechos fundamentales. Tambi�n resaltan la necesidad de una supervisi�n efectiva y la regulaci�n en este �mbito para garantizar que las partes que renuncian al debido proceso lo hagan de manera informada y voluntaria. La interpretaci�n de las disposiciones constitucionales en este contexto tambi�n sigue siendo un tema debatido. Estos resultados tienen implicaciones significativas para el campo legal y la forma en que se abordan las disputas en contratos privados.

 

Conclusi�n

Debe existir un equilibrio entre la libertad de contrataci�n y el debido proceso dentro de los contratos civiles que realizan los privados, esto se puede dar remiti�ndose a un an�lisis del propio contrato y en caso de que el contrato consigne a un proceso para solucionar alguna controversia que exista entre las partes efectivamente esto debe realizarse observando el debido proceso.

Por otro lado, en el caso de que la parte expresamente haya aceptado que la otra parte tiene la potestad para obviar cualquier tipo de proceso y puede por s� misma resolver cualquier controversia o inconveniente que se suscite dentro del contrato, aunque esto pueda perjudicar sus derechos o patrimonio se debe entender de que ha existido una renuncia expresa al beneficio del debido proceso y esto debe respetarse con base en la propia libertad de contrataci�n. De manera que, lo que no podr�a existir es una aplicaci�n t�cita de la renuncia al debido proceso dado que la primac�a de la constituci�n s�lo podr�a darse en caso de que una de las partes de forma consciente realice esta renuncia de derechos.

Para el caso en que existan vac�os dentro del convenio con respecto a c�mo se deben resolver ciertas controversias o inconvenientes suscitados en el desarrollo del contrato se debe tomar en cuenta la constituci�n para esto. Tambi�n es posible interpretar que la constituci�n deber�a aplicarse en caso en que no se exprese la palabra proceso para resolver alg�n inconveniente dentro del contrato dado que aqu� s� se podr�a comprender; ciertas expresiones quedar�an a considerar que existe un proceso t�cito dentro del contrato a pesar de que �ste no se haya expresado de forma literal en la relaci�n del contrato esto siempre en base a que la interpretaci�n normativa se realiza en el sentido m�s favorable los derechos de la constituci�n.

 

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