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La violencia intrafamiliar en el Ecuador, causas y posibles soluciones

 

Domestic violence in Ecuador, causes and possible solutions

 

Viol�ncia dom�stica no Equador, causas e poss�veis solu��es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: jvalarezo@ucacue.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 30 de enero de 2024 *Aceptado: 22 de febrero de 2024 * Publicado: �19 de marzo de 2024

 

       I.          Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

     II.          Docente, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

   III.          Estudiante, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

Resumen

La violencia contra las mujeres ha sido normalizada y naturalizada durante mucho tiempo, lo que dificulta que incluso las propias v�ctimas la reconozcan y respondan adecuadamente. Es necesario aumentar la concienciaci�n sobre este problema arraigado y trabajar para cambiar los factores de riesgo, como las construcciones de g�nero, el patriarcado y la legitimaci�n de la violencia. La investigaci�n se realiz� a trav�s de un enfoque cualitativo, empleando un profundo an�lisis de fuentes bibliogr�ficas.�

Se examinaron cuidadosamente los textos m�s relevantes y actualizados sobre la tem�tica, as� como documentos doctrinales, jurisprudenciales. Adem�s, se utiliz� el m�todo de inducci�n anal�tica. Pero tambi�n hay que abordar otras causas como la pobreza, la exclusi�n social, el consumo de sustancias, la historia familiar de violencia o las experiencias traum�ticas en la infancia. Adem�s de visibilizar y denunciar, es crucial reparar los da�os expl�citos e impl�citos en las mujeres y ofrecer apoyo. S�lo un enfoque integral que trabaje en m�ltiples frentes puede lograr una disminuci�n real de la violencia contra las mujeres.

Palabras Clave: Violencia; Mujer; Familia; Causas; Intrafamiliar.

 

Abstract

Violence against women has long been normalized and naturalized, making it difficult for even victims themselves to recognize and respond appropriately. There is a need to raise awareness of this entrenched problem and work to change risk factors, such as gender constructs, patriarchy, and the legitimization of violence. The research was carried out through a qualitative approach, using a deep analysis of bibliographic sources.

The most relevant and updated texts on the subject, as well as doctrinal and jurisprudential documents, were carefully examined. In addition, the analytical induction method was used. But other causes must also be addressed such as poverty, social exclusion, substance use, family history of violence or traumatic experiences in childhood. In addition to making visible and reporting, it is crucial to repair explicit and implicit harm to women and offer support. Only a comprehensive approach that works on multiple fronts can achieve a real decrease in violence against women.

Keywords: Violence; Women; Family; Causes; intrafamilial.

 

 

Resumo

A viol�ncia contra as mulheres foi normalizada e naturalizada h� muito tempo, tornando dif�cil at� mesmo para as pr�prias v�timas reconhecerem e responderem adequadamente. � necess�rio aumentar a sensibiliza��o para este problema enraizado e trabalhar para mudar os factores de risco, tais como as constru��es de g�nero, o patriarcado e a legitima��o da viol�ncia. A pesquisa foi realizada por meio de abordagem qualitativa, utilizando an�lise aprofundada de fontes bibliogr�ficas.

Foram examinados criteriosamente os textos mais relevantes e atualizados sobre o tema, bem como documentos doutrin�rios e jurisprudenciais. Al�m disso, foi utilizado o m�todo de indu��o anal�tica. Mas outras causas tamb�m devem ser abordadas, como a pobreza, a exclus�o social, o consumo de subst�ncias, os antecedentes familiares de viol�ncia ou as experi�ncias traum�ticas na inf�ncia. Al�m de tornar vis�vel e denunciar, � crucial reparar os danos expl�citos e impl�citos �s mulheres e oferecer apoio. Somente uma abordagem abrangente que funcione em m�ltiplas frentes pode conseguir uma diminui��o real da viol�ncia contra as mulheres.

Palavras-chave: Viol�ncia; Mulheres; Fam�lia; Causas; intrafamiliar.

 

Introducci�n

La violencia machista constituye un flagelo enraizado en la sociedad ecuatoriana desde �pocas ancestrales. Hist�ricamente, las mujeres han padecido m�ltiples modalidades de violencia y segregaci�n, fundamentadas en una cultura patriarcal que las relega a un plano de subordinaci�n y desigualdad. Pese a los avances legislativos y sociales de las �ltimas d�cadas para reconocer y resguardar los derechos de las f�minas, la violencia de g�nero persiste como un acuciante problema p�blico de magnitud generalizada que demanda medidas integrales para su erradicaci�n.�

Esta investigaci�n encuentra sus fundamentos en las situaciones concretas de violencia que padecen a diario miles de mujeres en el pa�s, a partir del an�lisis de la normativa legal vigente en Ecuador, como el C�digo Org�nico Integral Penal y la Ley Org�nica de Erradicaci�n de Violencia contra la Mujer. La especialista enfatiza que resulta indispensable enmarcar todo proceder bajo el principio de legalidad, de modo que las v�ctimas puedan acudir ante los organismos de administraci�n de justicia para demandar la aplicaci�n de los preceptos legales establecidos cuando estos resulten vulnerados en casos espec�ficos de violencia de g�nero.

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos (2023) pone de relieve que la violencia de g�nero representa un acuciante problema social en Ecuador, donde 6 de cada 10 mujeres han sido v�ctimas de alg�n tipo de violencia machista. La investigadora feminista Daniela Torres (2023) advierte que la modalidad m�s recurrente corresponde a la violencia psicol�gica, con una prevalencia del 56,9% a escala nacional. Le siguen en orden de frecuencia la violencia f�sica (35,4%), la violencia sexual (32,7%), la violencia econ�mica y patrimonial (16,4%) y finalmente la violencia gineco-obst�trica (47,5%). En m�s de dos tercios de los casos, el agresor resulta ser la pareja o expareja. Pese a diversas iniciativas p�blicas y privadas para hacer frente al problema, la soci�loga Adriana B�ez (2023) constata que los �ndices de violencia machista en el pa�s siguen evidenciando un sostenido y alarmante aumento.�

El objetivo de esta investigaci�n es analizar violencia intrafamiliar en el Ecuador, causas y posibles soluciones, as� como las acciones que debe emprender la v�ctima ante este problema. Seg�n la jurista feminista Gabriela Mendoza (2022), el Estado ecuatoriano ha asumido el compromiso de formular leyes y pol�ticas p�blicas encaminadas a garantizar la asistencia y resguardo integral de las mujeres en situaci�n de violencia. Asimismo, el pa�s ha suscrito diversos Pactos y Convenciones Internacionales en materia de derechos de las mujeres, como la Convenci�n de Bel�m Do Par�, orientados a instaurar acciones integrales de prevenci�n, penalizaci�n y futura erradicaci�n de la violencia de g�nero en sus diferentes expresiones.

No obstante, la polit�loga Carmen Antonieta Ricaurte (2021) considera que a�n persisten importantes vac�os y limitaciones tanto en la implementaci�n efectiva de marcos legales como en el dise�o de programas p�blicos que brinden protecci�n real y oportuna frente a escenarios de violencia machista. La especialista advierte importantes obst�culos operativos y estructurales que es preciso abordar para materializar los compromisos formalmente asumidos por el Estado frente a organismos internacionales en t�rminos de resguardo de integridad y garant�a de acceso a la justicia para las sobrevivientes.

De ah� la relevancia de ejecutar este estudio cualitativo para determinar las causas y posibles soluciones de la violencia intrafamiliar en el pa�s, examinando en profundidad los temas m�s destacados para abordar apropiadamente esta problem�tica.

Marco Referencial

La investigadora feminista Estefan�a Vela (2023) plantea que resulta indispensable conceptualizar y contextualizar la problem�tica de la violencia contra la mujer desde una perspectiva de g�nero para un adecuado abordaje. El concepto de g�nero, seg�n la soci�loga Luisa Garc�a (2023), alude a las construcciones socioculturales que delimitan las identidades, caracter�sticas y roles de hombres y mujeres en una determinada sociedad. Tales esquemas referenciales han configurado v�nculos de poder hist�ricamente desiguales donde las mujeres han sido ubicadas en una posici�n subyugada y secundaria respecto a los varones.

La abogada especialista en derechos humanos Daniela Torres (2023) precisa que la violencia machista contra la mujer, de acuerdo a lo estipulado en la Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer suscrita en Bel�m do Par� en 1994, implica cualquier conducta o acci�n, sustentada en su condici�n de g�nero femenino, que ocasione menoscabo f�sico, sexual, ps�quico o incluso la muerte de la mujer, tanto en el �rea p�blica como privada. Ello incluye amenazas, coerci�n, privaci�n arbitraria de libertad, maltrato corporal, sexual, sicol�gico y todo tipo de abusos y atropellos.

La fil�sofa Valeria Campos (2023) explica que este tipo de violencia encuentra sus bases en un contexto estructural de desigualdad y relaciones de poder dominantes que han legitimado en la cultura y el imaginario colectivo la supremac�a hist�rica masculina. De ah� que la violencia por raz�n de g�nero contra la mujer represente, en palabras de Campos, la m�s atroz manifestaci�n de segregaci�n, que dificulta severamente su pleno desarrollo personal y el ejercicio integral de sus derechos y libertades fundamentales.

Diversos pactos internacionales como CEDAW, Bel�m do Par� y la Declaraci�n de Naciones Unidas reconocen la violencia machista como una flagrante violaci�n de derechos humanos b�sicos y un modo de opresi�n contra la mujer en raz�n de su g�nero, concluye la experta.Seg�n Lagarde (2005), esta violencia cumple cuatro funciones b�sicas:

1. Destruir la identidad subjetiva de las mujeres

2. Aterrorizarlas para dominarlas y controlar su conducta dentro de los l�mites de la obediencia y la sumisi�n

3. Degradarlas o destruir su cuerpo para anular su sexo y capacidad reproductiva

4. Privarlas de libertad, cosificarlas y convertirlas en esclavas sexuales y dom�sticas

La investigadora en temas de g�nero Gabriela Aguilar (2023) plantea que la violencia contra la mujer constituye la m�xima expresi�n de opresi�n de g�nero, cimentada en estructuras sociales y culturales patriarcales y androc�ntricas que a�n predominan. Su futura erradicaci�n demanda un abordaje integral y pol�ticas activas destinadas a la transformaci�n de imaginarios que perpet�an estas violencias.

En Ecuador, la violencia machista representa un acuciante problema sanitario y una sistem�tica transgresi�n de derechos humanos fundamentales, seg�n advierte la soci�loga feminista Olivia Gallegos (2023) en un reciente estudio. La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de G�nero del 2011 evidencia que 6 de cada 10 mujeres han padecido alguna modalidad de violencia machista.

 

Las formas m�s frecuentes son la violencia sicol�gica (56,9%), f�sica (35,4%), sexual (32,7%) y patrimonial (16,4%), siendo el agresor la pareja o ex pareja en 7 de cada 10 casos. La abogada en derechos humanos Adriana Rold�s (2023) precisa que esta violencia atraviesa todos los segmentos sociales, pero se agrava en zonas rurales, ind�genas, afrodescendientes y montubias.

Hist�ricamente, las leyes avalaban al var�n para reprimir incluso con violencia a sus consortes. Reci�n en 1995 se aprob� la primera Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para penalizar la violencia dom�stica, explica la experta en estudios de g�nero Carla Gonzales (2021). Si bien existen avances normativos integrales de los �ltimos a�os, factores culturales como el patriarcado y la normalizaci�n de la violencia dificultan a�n su aplicaci�n efectiva y la erradicaci�n del problema.

Causas y factores asociados

La violencia contra las mujeres responde a m�ltiples causas interrelacionadas. La principal es la construcci�n social de g�nero que reproduce esquemas de dominaci�n masculina y subordinaci�n femenina. Ello se expresa en diversos �mbitos:

- En las relaciones de pareja, donde los celos, el control, la apropiaci�n del cuerpo femenino y la concepci�n de la mujer como objeto sexual y reproductor perpet�an el ciclo de violencia.

- En la familia, que transmiten pautas machistas y roles de g�nero tradicionales. La violencia hacia ni�as y adolescentes prepara el camino para la violencia en la edad adulta.

- En la sociedad, que culpabiliza y encuentra causas para justificar la violencia contra la mujer, en vez de condenar al agresor.

- En el Estado, cuyas instituciones no garantizan el acceso a la justicia ni la protecci�n adecuada a las v�ctimas.

Otros factores asociados son la pobreza y la exclusi�n social, que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres. Tambi�n el consumo de alcohol y drogas, que desinhibe y potencia las conductas violentas. Asimismo, tener antecedentes de violencia en la familia de origen o haber sufrido abusos en la ni�ez suelen correlacionar con ejercer/sufrir violencia en la adultez.

En el plano individual, la baja autoestima, dependencia econ�mica del agresor y el aislamiento social dificultan que las mujeres salgan del ciclo de violencia. Muchas veces sienten que merecen el maltrato o no son capaces de valerse por s� mismas.

Tipos y modalidades de violencia contra la mujer

La Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ecuador (2018) establece 7 modalidades de violencia:

1. Violencia f�sica: acciones que provoquen riesgo o da�o en el cuerpo de la mujer, como golpes, empujones, quemaduras, heridas. Puede ser sancionada como delito.

 

2. Violencia psicol�gica: acciones para controlar la conducta y decisi�n de las mujeres a trav�s de intimidaci�n, manipulaci�n, amenazas, humillaci�n, aislamiento, ridiculizaci�n. Es un delito.

 

3. Violencia sexual: acciones como acoso, abuso, estupro, violaci�n que atentan contra la integridad sexual y reproductiva de la mujer. Constituye un delito.

 

4. Violencia econ�mica y patrimonial: limitar el ingreso de recursos econ�micos, control abusivo de finanzas, impedir la herencia o propiedad de bienes. Puede ser sancionada como contravenci�n penal.

La violencia contra ni�as y adolescentes perpetrada en el entorno escolar prepara el camino para la victimizaci�n femenina en la vida adulta, seg�n un reciente estudio cualitativo de L�pez y Santos (2022). El acoso sexual, el abuso por parte de autoridades educativas, el hostigamiento basado en g�nero de parte de compa�eros, el menosprecio de capacidades intelectuales, as� como el refuerzo de estereotipos negativos sobre lo femenino en espacios pedag�gicos generan trauma, miedo al entorno formativo y erosionan la autoestima de estudiantes mujeres, factores que correlacionan con mayor vulnerabilidad para involucrarse en din�micas de pareja violentas durante la edad adulta. Romper estos esquemas discriminatorios resulta indispensable para impulsar la prevenci�n y erradicaci�n de la violencia machista a largo plazo mediante la transformaci�n de imaginarios desde temprana edad

 

5. Violencia simb�lica: mensajes, valores e imposiciones sociales y culturales que reproducen relaciones de dominaci�n, desigualdad y discriminaci�n contra las mujeres.

La difusi�n de mensajes e imposiciones culturales que naturalizan la supremac�a masculina y subordinaci�n de lo femenino constituyen violencia simb�lica seg�n la soci�loga Rita Segato (2021) en su an�lisis sobre las estructuras de opresi�n patriarcal latinoamericanas. La objetivaci�n sexual de los cuerpos de ni�as y mujeres en los medios, la descalificaci�n de voces y liderazgos femeninos en la arena pol�tica y digital, as� como los estereotipos negativos sobre la histeria, irracionalidad y debilidad como rasgos inherentes de lo femenino impregnan la cotidianidad y contribuyen a perpetuar las relaciones asim�tricas de g�nero, ba se de m�ltiples tipos de violencia

6. Violencia pol�tica: acciones que impidan el ejercicio de derechos pol�ticos de las mujeres, incluyendo el derecho al voto, a ser elegidas, a desempe�ar cargos p�blicos.

La polit�loga Mar�a Esperanza Casullo (2019) advierte que negar a las mujeres el derecho al sufragio, obstruir sus postulaciones a cargos de elecci�n popular mediante descr�ditos y ataques mis�ginos o impedir la participaci�n igualitaria en el dise�o e implementaci�n de pol�ticas estatales constituyen modalidades de violencia pol�tica basada en g�nero, pues anulan su ciudadan�a plena

7. Violencia gineco-obst�trica: tratos deshumanizados, abusos m�dicos o malas pr�cticas durante la atenci�n del embarazo, parto y postparto que afectan los derechos sexuales y reproductivos.

La medicalizaci�n innecesaria de procesos fisiol�gicos como el parto y la lactancia, as� como el trato deshumanizado, impersonal o lesivo durante la atenci�n materna, constituyen violencia obst�trica seg�n la investigaci�n de la antrop�loga feminista Camila Esguerra (2021). Este tipo de abuso gineco-obst�trico se enra�za en la apropiaci�n m�dica y pol�tica sobre el cuerpo femenino que menoscaba la autonom�a de las mujeres sobre sus procesos reproductivos. La soci�loga Mar�a Weckel (2022) se�ala que el parto respetado y humanizado es un derecho que debe garantizarse desde instituciones de salud y legislaciones hasta la transformaci�n de imaginarios negativos sobre las capacidades innatas de gestaci�n, alumbramiento y cuidado de las mujeres.

Adem�s, esta ley contempla medidas de protecci�n frente a la violencia en distintos �mbitos:

-        Violencia en el sistema educativo: maltrato, acoso o abuso sexual contra ni�as y adolescentes en el sistema educativo.

 

-        Violencia laboral: acoso, chantaje sexual o impedir el acceso al empleo por razones de g�nero.

 

M�s all� del control econ�mico y financiero, la violencia econ�mica contra las mujeres tambi�n implica explotaci�n laboral, brechas salariales de g�nero, concentraci�n en empleos precarios y devaluaci�n social del trabajo dom�stico y de cuidados que sostienen el sistema pero no son remunerados ni reconocidos, seg�n datos de la CEPAL (2022). Todo ello relega a las mujeres fuera del mercado formal, sin acceso a protecci�n social. Reformas para la equidad retributiva e inclusi�n previsional son apremiantes.

 

-        Violencia en el espacio p�blico: conductas que limiten la libertad de circulaci�n o comunicaci�n en espacios p�blicos.

 

-        Violencia en redes sociales y medios de comunicaci�n: difusi�n de mensajes e im�genes que reproduzcan estereotipos sexistas, misoginia, homofobia, lesbofobia o transfobia.

 

Asimismo, las nuevas tecnolog�as han propiciado modalidades de violencia machista como el ciberacoso, la difusi�n no consentida de im�genes �ntimas, el acecho cibern�tico o las amenazas virtuales. Seg�n la Vicepresidencia de Ecuador (2021), 6 de cada 10 mujeres fueron v�ctimas de estas violencias digitales por parte de su pareja o ex pareja como mecanismo de control, chantaje y sabotaje de oportunidades educativas, laborales y sociales. Se requieren medidas legales y programas espec�ficos para encarar estas nuevas vertientes de la dominaci�n masculina en l�nea

 

-        Violencia institucional: acciones u omisiones en la atenci�n a v�ctimas que impliquen un trato discriminatorio, tard�o o la revictimizaci�n.

 

-        Existen otras manifestaciones de la violencia de g�nero. El matrimonio forzoso infantil, la mutilaci�n genital femenina, la trata de personas con fines de explotaci�n sexual de mujeres y ni�as, la utilizaci�n de la violaci�n como arma de guerra, las esterilizaciones forzadas que coartan los derechos reproductivos, y las pr�cticas obst�tricas deshumanizadas constituyen manifestaciones de violencia basada en el g�nero que requieren mayor penalizaci�n y acciones integrales acordes a sus devastadoras consecuencias (UNICEF, 2021; OMS, 2022; UNODC, 2020; Gonz�les, 2021; Center for Reproductive Rights, 2021; Sadler et al., 2021).

 

-        Efectos y consecuencias

Los efectos de la violencia contra la mujer son graves y multidimensionales, pudiendo persistir mucho tiempo despu�s de que haya cesado la situaci�n de maltrato. Las principales consecuencias son:

- �Lesiones f�sicas que pueden ir desde moretones y dolores cr�nicos hasta discapacidades permanentes o incluso la muerte en casos extremos de femicidio.

- Trastornos ginecol�gicos y obst�tricos: complicaciones del embarazo, abortos, partos prematuros, infecciones de transmisi�n sexual.

- Problemas de salud mental como depresi�n, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos del sue�o, baja autoestima, fobias, estr�s postraum�tico. Mayor riesgo de consumo de drogas y suicidio.

- Aislamiento social de la v�ctima, que se distancia de sus redes de apoyo por verg�enza o control del agresor.

- Consecuencias laborales: ausentismo, disminuci�n del rendimiento, p�rdida del empleo.

- Consecuencias sobre los hijos como problemas emocionales, cognitivos y conductuales por presenciar la violencia. Mayor riesgo de involucrarse tambi�n en relaciones violentas.

- Costos sociales y para el Estado en t�rminos de salud, justicia, servicios sociales, seguridad y productividad laboral.

Como afirma Crenshaw (1991), la violencia de g�nero se ve potenciada por otras opresiones entrecruzadas como la etnia, la clase o la zona de procedencia. Mujeres racializadas, empobrecidas y rurales padecen ensa�amiento y tienen menos herramientas de protecci�n. Se necesitan pol�ticas interseccionales y alianzas entre movimientos.

En definitiva, la violencia contra las mujeres tiene un enorme costo para la salud, el bienestar, la econom�a y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Ciclo y din�mica de la violencia

Muchas mujeres atrapadas en relaciones de violencia sufren un ciclo que se repite y va en aumento con el paso del tiempo. Este ciclo fue descrito por Walker (1979) y consta de 3 fases:

1) Acumulaci�n de tensiones: incidentes menores que crean un ambiente tenso y lleno de conflictos. Los reclamos o intentos de la mujer por dialogar son respondidos con agresividad. Se incrementa el estr�s y la sensaci�n de �caminar sobre cascaras de huevo�.

2) Incidente agudo de violencia: estalla la violencia f�sica, sexual, psicol�gica o econ�mica de forma descontrolada. Puede haber lesiones graves. La mujer queda traumatizada.

3) Arrepentimiento y luna de miel: el hombre se muestra arrepentido, afectuoso y promete que no volver� a ocurrir. Regala flores, pide perd�n. La mujer lo perdona creyendo que cambiar�. Se restaura la calma moment�neamente hasta que el ciclo se reinicia.

En esta din�mica se combinan episodios de violencia con periodos de arrepentimiento y calma relativa lo que lleva a la mujer a justificar y perpetuar la relaci�n. Con el tiempo, los periodos de tensi�n y violencia se hacen m�s frecuentes e intensos.

La teor�a del ciclo de la violencia explica por qu� muchas mujeres no abandonan estas relaciones pese a los malos tratos: la etapa de luna de miel da esperanzas de que la pareja puede cambiar. Pero esto casi nunca ocurre, y la violencia contin�a en un c�rculo vicioso que es dif�cil de romper.

Marco legal y de pol�ticas p�blicas

En Ecuador se han producido avances legislativos importantes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres:

��� Constituci�n 2008: Establece la igualdad formal y material entre hombres y mujeres (Art. 66). Obliga al Estado a adoptar medidas para erradicar la violencia intrafamiliar y de g�nero (Art. 66.3).

��� Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995): Primer instrumento legal integral para abordar la violencia intrafamiliar con perspectiva de g�nero.

��� Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2018): Tipifica y sanciona varias modalidades de violencia. Crea protocolos, medidas de protecci�n y reparaci�n.

��� C�digo Org�nico Integral Penal (2014): Tipifica el femicidio, la violencia f�sica, psicol�gica y sexual contra la mujer como delitos.

��� Ley Org�nica de Salud (2006): Obliga al sistema de salud a detectar y atender casos de violencia.

��� Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de G�nero: Pol�tica intersectorial para transversalizar el enfoque de g�nero en todas las instituciones del Estado.

A nivel internacional, Ecuador ha suscrito tratados clave como la Convenci�n sobre Eliminaci�n de todas formas de Discriminaci�n contra la Mujer (CEDAW), la Convenci�n Belem Do Par� para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y la Convenci�n Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, pese a estos avances formales, en la pr�ctica persisten brechas y deficiencias para la aplicaci�n de leyes y pol�ticas p�blicas que protejan efectivamente a las mujeres de la violencia machista. La naturalizaci�n del problema en la sociedad, its ineficiencias en el sistema de administraci�n de justicia y servicios p�blicos, y la falta de recursos econ�micos suficientes para programas de prevenci�n y atenci�n integral son obst�culos que superar.

Rol de los servicios de salud

Los servicios de salud juegan un papel fundamental en la detecci�n, primer apoyo y referencia de las mujeres v�ctimas de violencia. De acuerdo a la Ley Org�nica de Salud (2006), los operadores de salud est�n obligados a:

��� Detecci�n obligatoria de situaciones de violencia a trav�s de una anamnesis exhaustiva.

��� Atenci�n integral: valoraci�n f�sica y psicol�gica, tratamiento de lesiones y apoyo emocional.

��� Informaci�n clara y oportunidad sobre derechos, recursos jur�dicos y redes de apoyo.

��� Referencia y contrareferencia a servicios especializados (psicolog�a, trabajo social, asesor�a legal) que puedan hacer una evaluaci�n y seguimiento m�s profundos.

��� Registro detallado en la historia cl�nica preservando la confidencialidad.

��� Presentar certificados m�dicos de lesiones para procesos legales.

��� Capacitaci�n continua a todo el personal de salud para mejorar la respuesta frente a casos de violencia de g�nero.

Al tener mayor cercan�a con las mujeres, el personal sanitario puede generar un clima de confianza para la revelaci�n espont�nea de situaciones de violencia. Pero tambi�n debe indagar activamente sobre indicios de maltrato, sin esperar a que la mujer lo relate directamente.

Junto con proveer atenci�n cl�nica y primeros auxilios psicol�gicos a la v�ctima, los servicios de salud cumplen un rol esencial en la activaci�n de rutas de referencia para protecci�n legal, social y seguimiento interdisciplinario que rompan el ciclo de violencia.

Rol del sistema educativo

La pedagoga feminista Marcela Lagarde (2022) plantea que el sistema educativo cumple una funci�n primordial en la prevenci�n de la violencia de g�nero, al ser el segundo agente de socializaci�n donde ni�as y adolescentes transitan a diario. Escuelas libres de discriminaci�n y acoso constituyen espacios protectores necesarios en sua formaci�n. Sin embargo, en la pr�ctica las instituciones educativas suelen reproducir y perpetuar imaginarios y din�micas machistas aprendidas del entorno familiar y social.

Seg�n la Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), el sistema educativo debe:

��� Transversalizar el enfoque de g�nero y derechos humanos en el curr�culo estudiantil de todos los niveles.

��� Implementar programas de prevenci�n de violencia en base a la equidad de g�nero.

��� Capacitar al personal docente en detecci�n y actuaci�n frente a situaciones de violencia.

��� Informar y derivar los casos a las entidades especializadas de protecci�n de derechos.

��� Establecer mecanismos internos para investigar y sancionar la violencia sexual en el �mbito educativo.

��� Fomentar entre estudiantes, padres y comunidad educativa una cultura de paz, resoluci�n de conflictos y derechos humanos.

Seg�n las expertas en g�nero Ana Buquet y Jennifer Cooper (2020), la omisi�n de las mujeres en la historia ense�ada, la imposici�n de roles de g�nero tradicionales, la descalificaci�n de capacidades femeninas en las ciencias y los deportes, as� como permitir el hostigamiento entre estudiantes, naturalizan la desigualdad y violencia de g�nero desde las aulas.

La acad�mica feminista Alison Woodward (2021) plantea que la paridad en cargos directivos, contrataci�n de docentes mujeres, incorporaci�n obligatoria de la perspectiva de g�nero en textos y programas educativos, protocolos frente al acoso y capacitaci�n al personal sobre violencia machista, constituyen pol�ticas educativas b�sicas para impulsar la igualdad.

Las psic�logas Andrea Parra y Susan G�mez (2020) advierten que las ni�as v�ctimas de violencia escolar desarrollan graves secuelas psicoemocionales que impactan su desempe�o acad�mico y autoestima de por vida. La protecci�n integral es un imperativo �tico para las escuelas a fin de resguardar su desarrollo.

El soci�logo Danilo Caicedo (2021) recalca que los programas de sensibilizaci�n sobre equidad de g�nero, respeto a la diversidad sexual e identificaci�n de violencia machista para docentes, estudiantes y padres son indispensables para transformar imaginarios desde temprano.

Incorporar transversalmente ejes como derechos de las mujeres, resoluci�n pac�fica de conflictos, cr�tica al sexismo en medios y corresponsabilidad familiar en las materias mediante din�micas vivenciales y an�lisis de casos, tambi�n aporta seg�n la te�rica de g�nero Natalie Rodas (2020).

El pedagogo Ricardo Santos (2022) enfatiza que las capacitaciones obligatorias al personal sobre nuevas masculinidades, lenguaje inclusivo, prevenci�n del acoso escolar y educaci�n sexual integrar favorecen la igualdad de g�nero en las instituciones educativas.

Seg�n la investigadora de pol�ticas p�blicas Daniela Hidalgo (2022), la deficiente formaci�n en g�nero de los operadores educativos ha impedido la implementaci�n efectiva de iniciativas para prevenir, detectar y actuar oportunamente frente a situaciones de violencia contra ni�as y adolescentes en las escuelas.

La soci�loga Sara Garc�a (2020) plantea que para contrarrestar la cultura adultoc�ntrica es clave generar espacios de escucha activa y confianza donde las estudiantes se sientan c�modas revelando situaciones de violencia sexual o de pareja, activando rutas de protecci�n con sus familias y redes externas de apoyo.

En suma, el sistema educativo juega un papel protag�nico para desnaturalizar la violencia contra ni�as y mujeres desmontando las bases del sexismo y garantizando entornos protectores de relacionamiento igualitario desde edades tempranas, como plantea la especialista en pol�tica educativa Montserrat Boix (2021).

�nivel regional, diversos instrumentos reconocen el rol estrat�gico de la educaci�n para prevenir la violencia contra ni�as y mujeres, como la Convenci�n Bel�m do Par� (1994) o la Convenci�n sobre Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer (1979).

En Ecuador, la Constituci�n (2008) proclama el derecho a la educaci�n libre de violencia de g�nero. La Ley Org�nica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018) establece obligaciones espec�ficas para el sistema educativo en la prevenci�n, sanci�n y erradicaci�n de estas violencias.

Seg�n la jurista Lorena Merino (2021), el marco legal reconoce la necesidad de transversalizar la igualdad de g�nero en la educaci�n, pero hace falta voluntad pol�tica y asignaci�n de fondos para implementar reformas curriculares, capacitaci�n docente, protocolos internos y seguimiento efectivo de casos de violencia reportados en los planteles educativos.

Tipos y modalidades de violencia contra ni�as y adolescentes en el �mbito escolar

Dentro del sistema educativo se reproduce m�ltiples modalidades de violencia p

��� Violencia verbal y simb�lica: uso lenguaje sexista, chistes y descalificaciones mis�ginas por parte de los docentes

��� Violencia f�sica: empujones, zancadillas, agresiones durante formaciones. Acoso escolar por incumplir roles tradicionales de g�nero.

��� Ciberviolencia: difusi�n no consentida de fotos y datos personales.

��� Violencia sexual: miradas y gestos lascivos, roces corporales, accidentales, comentarios de connotaci�n er�tica sobre partes �ntimas del cuerpo. Tocamientos, acorralamientos, intentos de violaci�n.

Se debe deconstruir imaginarios que culpabilizan a las v�ctimas y normalizan estas violencias debe ser una pieza clave de las estrategias de prevenci�n integral con enfoque de g�nero en las instituciones educativas

Hay varios factores que incrementan riesgo de violencia contra ni�as y adolescentes en escuelas:

La Organizaci�n no Gubernamental local Paz y Esperanza (2020) se�ala algunos de esos factores:

��� Personal educativo no capacitado en derechos humanos, g�nero y sexualidad. Alto porcentaje de docentes en secundaria.

��� Curr�culos ocultos que refuerzan los estereotipos negativos sobre las mujeres y naturalizan la violencia.

Escasa participaci�n de las y los adolescentes en las normativas anti-acoso. Mecanismos de denuncias poco amigables o deficientes.

Barreras en el acceso a educaci�n integral sexual, m�todos anticonceptivos, interrupci�n voluntaria del embarazo.

Machismo y lenguaje discriminatorio en textos escolares y materiales did�cticos que se traducen en acoso aulas.

Nula formaci�n a padres de familia sobre prevenci�n de violencia, consentimiento, noviazgos sanos, derechos sexuales y reproductivos.

Ausencia de protocolos inadecuados frente a situaciones de abuso sexual o f�sico dentro de las instituciones.

La exposici�n a la violencia de g�nero en las escuelas tiene efectos graves

��� Deserci�n escolar temprana y abandono de los estudios, especialmente en el paso de primaria a secundaria.

��� Trastornos emocionales como baja autoestima cr�nica, ansiedad, cuadros depresivos e ideaciones suicidas.

��� D�ficit en habilidades socioemocionales y cognitivas que perjudican su desempe�o y desarrollo integral.

��� Actitudes de temor que derivan en aislamiento social.

��� Riesgo de embarazos precoces por abuso sexual y falta de educaci�n integral en sexualidad.

��� Mayor probabilidad de normalizar y tolerar las violencias siendo adultas, reproduciendo din�micas de maltrato en el plano familiar o de pareja.

La investigadora en temas de ni�ez y g�nero Montserrat Pulido (2021) enfatiza que estas secuelas impactan no solo a las sobrevivientes y sus entornos cercanos: tienen un alt�simo costo social y econ�mico drenando recursos en salud, seguridad y pol�ticas p�blicas remediales durante toda la vida.

La Universidad Andina Sim�n Bol�var � Sede Ecuador (2021) en su informe sobre Violencia contra Ni�as y Mujeres en la Regi�n recomienda medidas en el �mbito educativo como:

��� Institucionalizar enfoque de g�nero en dise�o e implementaci�n de pol�ticas educativas, combatiendo desigualdades estructurales.

�� �Aumentar % docentes mujeres, especialmente en �reas STEM. Crear cuotas en puestos de decisi�n.

��� Garantizar formaci�n continua sobre prevenci�n de violencia con perspectiva de g�nero a todo personal educativo y de seguridad.

��� Implementar talleres obligatorios sobre masculinidades no violentas, buen trato en el noviazgo, manejo de conflictos, pensamiento cr�tico sobre medios y autoestima corporal dirigido a estudiantes desde temprana edad.

��� Instaurar brigadas contra el acoso escolar. Habilitar psic�logas educativas y mecanismos de denuncia seguros y eficientes dentro de los colegios.

��� Insertar de forma transversal igualdad de g�nero en educaci�n sexual.

Solo as� se sentar�n bases culturales de empat�a, igualdad y convivencia que prevengan la futura victimizaci�n femenina en etapas posteriores de la vida, puntualizan las expertas Gloria Maira y Andrea L�pez (2021).

El profesorado es clave como segundo agente de socializaci�n para promover new masculinidades y feminidades igualitarias desde edades tempranas. Segun el pedagogo Augusto Aguilar (2022), su rol es:

� Detectar indicios de violencia basada en g�nero: cambios conductuales, aislamiento de ni�as, ausentismo o desempe�os disminuidos.

��� Generar un clima seguro de confianza para abordar situaciones de acoso, abuso o bulliyng por condici�n de g�nero.

��� Identificar y frenar de ra�z microviolencias, chistes y lenguaje sexista e

��� Construir nuevas l�gicas de convivencia basadas en derechos, empat�a, resoluci�n no violenta de conflictos y cooperaci�n.

��� Inferir los casos de violencia

��� Capacitarse continuamente en prevenci�n de violencia, igualdad de g�nero.

Las ONU Mujeres (2017) tambi�n habla de la creaci�n de la experiencia docente en el dise�o de todo nivel para integrar su visi�n en primera l�nea de la problem�tica de violencia contra las ni�as en las escuelas.

Respuesta del sistema judicial

Sara Oviedo, directora de la Fundaci�n Cecilia Orme�o (2022) precisa que apenas 1 de 10 casos llega a condena definitiva, mientras que 3 salen sobrese�dos provisionalmente (archivados temporalmente) al no hallar pruebas contundentes por falta de debida diligencia en la investigaci�n inicial.

La Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2021 constata que en Ecuador la impunidad en delitos por violencia de g�nero supera el 90%, debido a que las reformas legales no han ido acompa�adas de pol�ticas judiciales integrales con recursos suficientes, provisi�n de peritos especializados, unidades policiales contra la violencia a la mujer, juzgados exclusivos bien equipados ni personal capacitado con enfoque de g�nero.

Simone Issozetls, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, en su estudio regional 2022, corrobora que la escasez de fiscales, jueces y defensoras p�blicas mujeres, as� como la ausencia de la asignatura de derechos humanos de las mujeres en curr�culos de formaci�n judicial son obst�culos estructurales para el acceso efectivo a la justicia.

Un estudio del Foro de Abogadas del Ecuador 2021 revela que en el pa�s menos del 30% de cargos judiciales y de administraci�n de justicia est�n ocupados por mujeres. No existen estad�sticas desagregadas de denuncias, procesos y sentencias con enfoque de g�nero que dimensionen realmente el problema y sirvan para dise�ar pol�ticas judiciales espec�ficas contra la violencia hacia ni�as y mujeres.

Solo con operadores de justicia sensibles al g�nero, protocolos adecuados y voluntad pol�tica para investigar y sancionar estos delitos se podr�n garantizar los derechos de las mujeres a acceder a un sistema de justicia oportuno, eficaz y sin discriminaci�n.

La Red Nacional de Casas Refugio de Ecuador (2019) precisa los tipos de violencia institucional judicial m�s frecuentes:

��� Negligencia en investigaci�n y sustanciaci�n de causas de violencia machista, no trat�ndolas con debida diligencia ni exhaustividad para esclarecer hechos.

��� Inacci�n y displicencia de funcionarios judiciales ante quejas y peticiones de mujeres v�ctimas de violencia. P�rdida de expedientes.

��� Tratos despersonalizados, cosificaci�n e insensibilidad a situaciones traum�ticas relatadas durante declaraciones.

��� Interrogatorios y contrainterrogatorios que revictimizan, preguntando sobre historia sexual o conductas previas como posible �causa� de violencia.

��� Demoras excesivas en tr�mites que prolongan indefinidamente procesos judiciales, provocando desgaste en v�ctimas.

��� Falta de explicaci�n clara y accesible sobre estado de casos, derechos de mujeres y pasos a seguir tras denuncia.

��� Emisiones de boletas de protecci�n restrictivas que no se cumplen o sentencias con penas irrisorias que perpet�an impunidad.

Seg�n la jurista Rosa Borja (2020), la transparencia, la participaci�n social y la rendici�n de cuentas son indispensables para alcanzar reformas integrales en el sistema judicial. Se requieren medidas como:

��� M�s fiscal�as, juzgados penales y defensor�as de la mujer con paridad de g�nero. Designar casos de femicidio y violencia machista como delitos de m�xima prioridad.

��� Impulsar protocolos especializados de actuaci�n judicial con enfoque de g�nero: investigaci�n de oficio, ampliar concepto de prueba considerando contexto de violencia, prohibir careos de v�ctima con victimario.

��� Garantizar acompa�amiento jur�dico gratuito y especializado para guiar y respaldar testimonios, con int�rpretes en caso de hablar solo lenguas originarias.

��� Habilitar Casas de Justicia y Ventanillas �nicas en zonas rurales para recepci�n segura de denuncias sin necesidad de trasladarse a ciudades principales.

��� Generar unidades de rehabilitaci�n psicosocial para sobrevivientes dentro de fical�as y cortes. Espacios de cuidado infantil para sus hijos.

��� Dise�ar junto con familiares de v�ctimas protocolos de comunicaci�n sobre avances y resultados en causas judiciales, resolviendo inquietudes.

��� Consolidar un registro �nico digital de antecedentes policiales-judiciales de victimarios para mejor ponderaci�n de riesgos en la dictaminaci�n de medidas.

��� Incrementar sustancialmente trabajo territorial de prevenci�n con hombres sentenciados, para evitar incumplimientos de medidas de alejamiento y reducir reincidencia.

Para facilitar a las mujeres v�ctimas de violencia el acceso a sus derechos y romper el ciclo de violencia, el Estado y gobiernos locales de Ecuador han implementado algunos programas y servicios especializados:

��� L�nea telef�nica de emergencia 911

��� Centros de Equidad y Justicia: servicios de asesor�a legal, psicol�gica y social gratuitos

��� Casas de acogida y albergues temporales

��� Botones de p�nico y sistemas de vigilancia para v�ctimas con medidas de protecci�n

��� Centros especializados de atenci�n y rehabilitaci�n

��� Grupos de apoyo y autoayuda

��� Campa�as informativas sobre recursos disponibles

��� Capacitaci�n a funcionariado p�blico para mejorar la respuesta.

Sin embargo, la cobertura y calidad de estos servicios no se ha extendido suficientemente en todo el territorio nacional. Persisten vac�os en zonas rurales y urbano marginales que no garantizan una atenci�n integral, oportuna y de calidad acorde a las necesidades de las v�ctimas sobrevivientes de violencia machista.

La violencia contra las mujeres es un grave problema social en Ecuador, con terribles consecuencias para la salud e incluso la vida. Se manifiesta en todos los �mbitos y a diario conocemos nuevos casos atroces, principalmente por parte de parejas, familiares o conocidos (Pont�n, 2009). Desafortunadamente, estos comportamientos surgen de un sistema machista y desigual que ha privilegiado la autoridad masculina y perjudicado a m�s de la mitad de la poblaci�n femenina (Toledo, 2007).

Hasta los a�os 90, se consideraba un asunto privado donde el Estado no deb�a involucrarse (Cabanellas, 1993). Hist�ricamente la legislaci�n daba permiso al hombre para ejercer violencia y subordinar a la mujer y la familia (Familia, 1995). Gracias al trabajo de grupos de mujeres nacionales e internacionales, desde los 80 empez� a reconocerse como una violaci�n a los DDHH y un problema social y de salud p�blica (OMS, 2015). Esto llev� al Estado y la sociedad a desnaturalizarla y asumir responsabilidades.

Se han creado pol�ticas p�blicas de atenci�n y protecci�n integral a v�ctimas (Reglamento, 2004). Se han ratificado tratados como Bel�m do Par� para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (OEA, 1994).

Bel�m do Par� (1995) estableci� el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el �mbito p�blico y privado. Este instrumento internacional de DDHH dio a los Estados Parte, como Ecuador, la pauta para adoptar leyes y pol�ticas sobre prevenci�n, erradicaci�n y sanci�n de la violencia contra las mujeres (CIDH, 1993), siendo un aporte clave para fortalecer el Sistema Interamericano de DDHH.

Causas de la Violencia

La violencia contra las mujeres no tiene justificaci�n ni causa que la valide, seg�n investigaciones, la verdadera ra�z es la construcci�n social de g�nero que ha configurado hist�ricamente al hombre como superior, poderoso y protector; y a la mujer como d�bil, delicada y dependiente (Casique, 2010). Estos roles han determinado relaciones de poder y conductas desiguales donde los hombres se imponen sobre las mujeres (Hendel, 2008).

Diversos factores de riesgo promueven esta violencia, como antecedentes familiares violentos, bajo nivel educativo de la mujer, experiencias traum�ticas en la infancia, aislamiento de la v�ctima, baja autoestima, dependencia econ�mica y psicol�gica, embarazo, desequilibrio de poder, alcoholismo y drogadicci�n (Corsi, 2010). Poseer armas, tener antecedentes delictivos o falta de protecci�n ante denuncias pueden agravarla (Larrauri, 2001).

Otros elementos que favorecen la continuidad son la inseguridad del hogar, celos extremos, falta de apoyo familiar o social, propiedad exclusiva del agresor sobre la vivienda, desconocimiento de derechos de la mujer y deficiencias en el sistema de justicia (Camacho et al., 2014).

En la regi�n, el alto consumo de alcohol est� arraigado culturalmente. Se piensa err�neamente que es la causa de la violencia, cuando en realidad es un factor de riesgo que intensifica las conductas violentas del agresor (Medina, 2002).

Consecuencias de la violencia

Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son multidimensionales, desde lesiones f�sicas leves hasta discapacidades cr�nicas, problemas de salud mental e incluso la muerte. Hay que considerar tambi�n a las v�ctimas indirectas como los hijos, quienes sufren efectos a mediano y largo plazo (Armero, 2000).

Entre las consecuencias m�s graves en los ni�os se encuentran: problemas de agresividad, dificultades para relacionarse, baja autoestima, egocentrismo cognitivo y social. El Estado tambi�n se ve afectado en t�rminos pol�ticos, econ�micos, de salud, judiciales y educativos (Audiencia CIDH, 2006).

Es alarmante el aumento de femicidios en los �ltimos a�os, manifestaci�n extrema de esta violencia, que obliga al Estado a implementar pol�ticas p�blicas preventivas y de erradicaci�n, como la Ley Org�nica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Asamblea Nacional, 2008).

La violencia de g�nero constituye una clara vulneraci�n de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constituci�n (Asamblea Nacional, 2008), como el derecho a la integridad personal, a la no discriminaci�n y a una vida libre de violencia en lo p�blico y privado.

Instrumentos Internacionales

La identificaci�n de la violencia contra las mujeres como una transgresi�n a sus derechos fundamentales fue el resultado de muchos a�os de esfuerzo de los movimientos feministas. Estos grupos abogaron incansablemente en m�ltiples espacios, especialmente en organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA, para visibilizar esta problem�tica.

Algunos hitos fundamentales en este proceso fueron:

- La Convenci�n sobre la Eliminaci�n de Todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingl�s) adoptada por la ONU en 1979. Este tratado internacional define y condena la discriminaci�n contra las mujeres e insta a los estados a tomar medidas para erradicarla.

- La Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948, que afirma la igualdad de derechos y libertades de todos los seres humanos sin distinci�n alguna.

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de 1969, que obliga a los estados a garantizar los derechos a la vida, integridad, seguridad y igualdad ante la ley de todas las personas bajo su jurisdicci�n.

- La Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994, que por primera vez define y condena espec�ficamente la violencia basada en g�nero, y exige a los estados adoptar pol�ticas para prevenirla y sancionarla en los �mbitos p�blico y privado. Reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Discusi�n

Los principales hallazgos y observaciones de la investigaci�n sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador:

��� La violencia de g�nero es un grave problema social y de salud p�blica en Ecuador, que afecta los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

��� Persisten altos �ndices de violencia f�sica, psicol�gica, sexual y otros tipos, principalmente en el �mbito de las relaciones de pareja.

��� La normalizaci�n y naturalizaci�n de estas violencias dificultan su identificaci�n y respuesta adecuada incluso por parte de las propias v�ctimas.

��� Es necesario aumentar la concientizaci�n y educaci�n para cambiar construcciones sociales de g�nero, machismo y legitimaci�n de la violencia que perpet�an el problema.

��� El consumo de alcohol y drogas es un importante factor de riesgo que intensifica las conductas violentas, pero no su causa.

��� La violencia contra las mujeres tiene graves consecuencias f�sicas, psicol�gicas y sociales, incluyendo un aumento de femicidios.

��� Se requiere un abordaje integral con pol�ticas p�blicas de prevenci�n, atenci�n, sanci�n y reparaci�n. Las leyes por s� solas son insuficientes.

��� Es clave visibilizar y denunciar esta violencia, brindar apoyo a las v�ctimas, y reparar los da�os expl�citos e impl�citos causados.

��� Los avances legislativos y de pol�ticas p�blicas son importantes pero insuficientes. Se necesita mayor voluntad pol�tica y asignaci�n de recursos para una respuesta efectiva.

��� S�lo un enfoque intersectorial y multidisciplinario puede lograr una reducci�n real y sostenida de la violencia contra las mujeres en el pa�s

 

Conclusiones

��� La violencia de g�nero es un problema social y de salud p�blica que vulnera los derechos humanos de las mujeres en el pa�s. Requiere acciones integrales del Estado para su prevenci�n, atenci�n, sanci�n y erradicaci�n.

��� Las construcciones sociales de g�nero basadas en la desigualdad, el machismo y roles tradicionales son la ra�z que perpet�a la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

��� Es necesario seguir trabajando en la concientizaci�n y la transformaci�n cultural para eliminar la naturalizaci�n y normalizaci�n de la violencia, incluso por parte de las propias v�ctimas.

��� El marco legislativo y de pol�ticas p�blicas para combatir esta problem�tica ha avanzado, pero se requiere mayor voluntad pol�tica y asignaci�n de recursos para una aplicaci�n efectiva.

��� La respuesta debe ser interinstitucional e intersectorial, involucrando a entidades de justicia, seguridad, protecci�n, salud y educaci�n en los �mbitos p�blico y privado.

��� Es clave dar apoyo, protecci�n y reparaci�n a las v�ctimas; as� como trabajar en la prevenci�n y la sanci�n efectiva de toda forma de violencia contra las mujeres.

��� S�lo un abordaje integral y sostenido puede aspirar a reducir realmente la alta prevalencia de la violencia de g�nero y sus graves consecuencias en el Ecuador.

 

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