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La correcta Administraci�n de Justicia y la Institucionalidad Operativa de Alta Administraci�n P�blica, referente a la autonom�a judicial sin injerencia de los dem�s poderes del Estado, como respuestas a intereses partidistas de las administraciones de turno

 

The correct Administration of Justice and the Operational Institutionality of High Public Administration, referring to judicial autonomy without interference from the other powers of the State, as responses to partisan interests of the administrations in power

 

A correta Administra��o da Justi�a e a Institucionalidade Operacional da Alta Administra��o P�blica, referindo-se � autonomia judicial sem interfer�ncia dos demais poderes do Estado, como respostas aos interesses partid�rios das administra��es no poder

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: mariajose.arreguimanssur@gmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 30 de enero de 2024 *Aceptado: 22 de febrero de 2024 * Publicado: �12 de marzo de 2024

 

       I.          Investigador Independiente, Ecuador.

 

Resumen

El art�culo aborda la crucial importancia de garantizar la independencia en la Administraci�n de Justicia y la Alta Administraci�n P�blica para mantener un sistema legal democr�tico y justo. Se destacan principios como la inamovilidad de los jueces, la autonom�a presupuestaria y la transparencia en la selecci�n de jueces como pilares fundamentales de esta independencia. Se subraya que la independencia judicial es vital para preservar la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales, fortaleciendo as� la legitimidad del sistema legal y la confianza p�blica en la justicia. Sin embargo, se se�ala que la influencia pol�tica en la designaci�n de altos funcionarios judiciales representa un desaf�o importante para la independencia judicial. En conclusi�n, se enfatiza la necesidad de garantizar la independencia en estos �mbitos para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la estabilidad democr�tica del pa�s.

Palabras Clave: independencia judicial; administraci�n de justicia; alta administraci�n p�blica; imparcialidad; transparencia.

 

Abstract

The article addresses the crucial importance of guaranteeing independence in the Administration of Justice and High Public Administration to maintain a democratic and fair legal system. Principles such as the tenure of judges, budgetary autonomy and transparency in the selection of judges are highlighted as fundamental pillars of this independence. It is emphasized that judicial independence is vital to preserve impartiality in judicial decision-making, thus strengthening the legitimacy of the legal system and public confidence in justice. However, it is noted that political influence in the appointment of senior judicial officials represents a significant challenge to judicial independence. In conclusion, the need to guarantee independence in these areas is emphasized to ensure respect for the fundamental rights of citizens and the democratic stability of the country.

Keywords: judicial independence; Justice administration; high public administration; impartiality; transparency.

 

Resumo

O artigo aborda a import�ncia crucial de garantir a independ�ncia da Administra��o da Justi�a e da Alta Administra��o P�blica para manter um sistema jur�dico democr�tico e justo. Princ�pios como o mandato dos ju�zes, a autonomia or�amental e a transpar�ncia na sele��o dos ju�zes s�o destacados como pilares fundamentais desta independ�ncia. Enfatiza-se que a independ�ncia judicial � vital para preservar a imparcialidade na tomada de decis�es judiciais, fortalecendo assim a legitimidade do sistema jur�dico e a confian�a do p�blico na justi�a. Contudo, salienta-se que a influ�ncia pol�tica na nomea��o de altos funcion�rios judiciais representa um desafio significativo � independ�ncia judicial. Em conclus�o, sublinha-se a necessidade de garantir a independ�ncia nestas �reas para garantir o respeito pelos direitos fundamentais dos cidad�os e a estabilidade democr�tica do pa�s.

Palavras-chave: independ�ncia judicial; Administra��o da justi�a; alta administra��o p�blica; imparcialidade; transpar�ncia.

 

Introducci�n

Esta investigaci�n se refiere a la importancia de una adecuada Administraci�n de Justicia y a una institucionalidad operativa de alta direcci�n p�blica que sea independiente, autofinanciada, funcionalmente aut�noma y que no est� influenciada por los dem�s poderes del Estado, ni por intereses partidistas de las administraciones pol�ticas entrantes o salientes, que puedan afectar a la creaci�n, aplicaci�n y ejecuci�n de pol�ticas p�blicas interdimensionales e interseccionales con las dem�s Carteras de Estado, en un pa�s gobernado por un Estado partidista que registra el bienestar del hombre como medio y no como fin de sus pol�ticas totalitarias. Se sostiene que es fundamental contar con un sistema de justicia eficiente y transparente, as� como con una Administraci�n P�blica de alta calidad, que sea capaz de tomar decisiones de manera imparcial y objetiva, protegida por la investidura del aforo gupernamental. Esto implica que los diversos poderes del Estado no deben interferir en la administraci�n de justicia y que �sta debe ser independiente a los intereses pol�ticos de las administraciones de turno, sin respuestas funcionales, estructurales o estad�sticas, que permitan la medici�n en el rendimiento del cumplimiento de proyectos o propuestas.

La Administraci�n de Justicia se refiere al conjunto de procesos y acciones que tienen lugar en el sistema judicial para impartir justicia, as� como para resolver conflictos legales de manera imparcial y equitativa. Es el sistema encargado de asegurar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos de las personas. Tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia y asegurar que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria ante la ley. Esto implica que los administradores de justicia deben ser imparciales y tomar decisiones basadas en un sistema legal configurado para su protecci�n y cumplimiento, en la aplicaci�n objetiva de las normas legales�(Segura, 2023).

La Administraci�n de Justicia abarca aspectos varios, como la recepci�n de denuncias, investigaci�n de los hechos, celebraci�n de audiencias, anunciaci�n, presentaci�n y pr�ctica de pruebas de manera oral y su an�lisis debe extenderse hasta la emisi�n de resoluciones, decisi�nes, sentencias, ejecuci�n de las mismas y seguimiento en el cumplimiento de la pena. Todo este proceso busca garantizar que se cumplan las decisiones emitidas por las autoridades competente, adem�s que, la Administraci�n de Justicia no solo se limita a los tribunales, sino que tambi�n involucra a otros actores, como los abogados, fiscales, defensores p�blicos, notarios y dem�s profesionales del derecho que intervienen en los procesos legales.

En resumen, la Administraci�n De Justicia es el conjunto de procesos y acciones que se llevan a cabo en el sistema judicial y extrajudicial para impartir justicia, resolver conflictos legales y proteger los derechos de las personas. Busca garantizar el acceso a la justicia, la imparcialidad en las decisiones y el cumplimiento de las leyes�(Barrezueta, Mac�as, Mac�as, & Bravo, 2022).

En el mismo sentido, la Independencia de la Justicia, como principio fundamental y la Alta direcci�n en la Administraci�n P�blica es esencial para garantizar la coexistencias en ecosistemas jur�dicos imparciales, equitativos y de transparencia, frente a la toma de decisiones �de gran trascendencia e impacto en los �mbitos jur�dicos que no requieran de un procesamiento judicial; mas, que se encuentre consistente y que sea de gran val�a el fomento de la pr�ctica de la ley y la promoci�n de un sistema de normas direccionado al perfecto funcionamiento� de engranaje sist�mico. Todo aquello contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a asegurar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Se destaca la importancia de una correcta Administraci�n de Justicia y la Institucionalidad Operativa de pr�ctica constante de una corriente P�blica de Alta Administraci�n, que sean independientes y no est�n influenciadas por los poderes del Estado ni por intereses partidistas. Esto es considerado esencial para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el sistema legal y para proteger los Derechos Fundamentales de los ciudadanos.

• Planteamiento del problema

Las hip�tesis creacionales para establecer premisas claras que permitan ir mitigando los posibles impactos de necesidades sociales e institucionales de las grandes estructuras gubernamentales que se sujetan en una correcta Administraci�n P�blica, destinada a lograr una correcta Administraci�n de Justicia de calidad, basada en principios de rango internacional y una Institucionalidad Transparente que honre la discrecionalidad de los planes y objetivos p�blicos deben ser independiente y no estar sujeta a la influencia de los dem�s poderes del Estado, ni a los intereses partidistas de las administraciones de turnos cortos. El verdadero problema que se plantea como v�rtice de existencias de posibles injerencias y falta de independencia en la Administraci�n de Justicia, responde a un mismo sistema cad�co basado en las pr�cticas peludicianas del gatopardismo, lo que contrar�a la vasilaci�n positiva de una Administraci�n P�blica eficiente y con fines p�blicos. Esto puede obstaculizar la imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones y en la aplicaci�n de la ley, lo cual afecta el funcionamiento del sistema legal y puede poner en riesgo el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos�(Reina Valles, Arias Collaguazo, Maldonado Gudi�o, Carrera Cuesta, & Castro Morales, 2020).

Los mecanismos y pol�ticas p�blicas ue buscan solventar la problem�tica populista y creacional de un sistema pol�tico acaparador de poderes revelan que no existen garant�as que puedan ser exigidas bajo la m�xima y tan repetida Independencia Judicial. Este pensamiento de estrecho an�lisis coexiste con las grandes problem�ticas que ya conocemos desde que las diferentes Constituciones del Ecuador se han ido escribiendo y reformando y en todas ellas, pese a responder a sistemas novedosos y en otras ocasiones cad�cos, su importancia debe evitar la influencia de los poderes pol�ticos, de los intereses particulares y partidistas en la planificaci�n de marcos politicos de ejecuci�n, la toma de decisiones para su cumplimiento y en la gesti�n de la Administraci�n P�blica que debe mantenerse de manera congruente al funcionamiento y vigencia de las t�cticas que se implementen a corto, mediano y largo plazo.

• Objetivos

Objetivo general:

Determinar si la Administraci�n de Justicia del estado ecuatoriano responde a una correcta Institucionalidad Operativa, en el marco del desarrollo de una gesti�n de Alta Administraci�n P�blica.

Objetivos espec�ficos:

• Analizar c�mo participan los poderes del Estado en base a los intereses partidistas de las Administraciones de turno.
• Establecer cu�les son los factores id�neos para una correcta Administraci�n P�blica y para su operatividad normativa, en cuanto a su ejecuci�n.
• Analizar si la institucionalidad operativa en la Administraci�n P�blica de Justicia en el Ecuador mantiene la independencia como un Principio Constitucional de no injerencia frente a los dem�s poderes del Estado.
• Justificaci�n

Para cumplir los objetivos planteados se debe analizar la importancia de garantizar una correcta Administraci�n de Justicia, as� como la institucionalidad del Sector P�blico para un ejercicio operativo de Alta Administraci�n que sea permeable e independiente, frente a las necesidades urgentes y mediatas de los dem�s poderes del Estado; no a los intereses partidistas de las administraciones pol�ticas de turno que puedan servirse de los dineros o fondos comunes pagados por los ecuatorianos. Por esta raz�n, argumentar que la independencia judicial y la Alta Administraci�n P�blica son esenciales para asegurar la imparcialidad, la equidad y la transparencia en la toma de decisiones y en la exigibilidad para la aplicaci�n de la ley, es de vital importancia. Esto contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tambi�n se plantea que la falta de independencia judicial y la influencia de los poderes pol�ticos, con sus propios intereses partidistas arriban un sistema de Administraci�n de Justicia basado en decisiones sesgadas, como consecuencia de una gesti�n ineficiente, de calidad b�sica y de escasos argumentos jur�dicos pobremente contrastarlos con teor�as de gran valor legal. Lo expuesto, puede generar una percepci�n de injusticia de desconfianza en el sistema legal y afectar a la estabilidad democr�tica de un pa�s en el que las leyes, sus procedimientos y programas de ejecuci�n se deben de forma independiente a las pr�cticas de otras instituciones p�blicas. Todo ello, evidencia la necesidad de abordar esta problem�tica al indicar la importancia de una correcta Administraci�n de Justicia, basada en una suficiente autonom�a uniforme y bien institucionalizada como pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, equitativa y democr�tica.

Los procesos de evoluci�n y de progresi�n de los derechos en los diferentes sistemas de justicia a nivel internacional reconocen la necesidad irrestricta de la interacci�n estatal para generar y crear pautas con �pticas p�blicas que aseguren la independencia de la misma, la imparcialidad, la equidad y la transparencia en el florecimiento de decisiones que coadyuven al fortalecimiento de las Fuentes Jur�dicas que conforman al Derecho. �sta es la �nica forma en que un Estado democr�tico puede fortalecer la Administraci�n de Justicia, en miras de la protecci�n de los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos y brindar la oportunidad de coexistir entre sistemas que aunque son diversos forman parte de una estabilidad democr�ctica necesaria para el incremento del valor local e internacional ecuatoriano.

• Antecedentes

 

Los fundamentos te�ricos de la investigaci�n radican en el an�lisis de conceptos y principios m�s significativos relacionados con la adecuada Administraci�n De Justicia y el funcionamiento efectivo de las instituciones de Alta Administraci�n P�blica. Estos antecedentes se apoyan en diversas teor�as y enfoques provenientes del campo del Derecho, la Ciencia Pol�tica y la Administraci�n P�blica (Rojas, 2021).

Desde la perspectiva del Derecho, se exploran teor�as sobre el estado de Derecho, que enfatizan la necesidad de un sistema legal que sea predecible, equitativo y transparente, adem�s, se consideran las teor�as de la justicia, que se centran en conceptos como la equidad, la imparcialidad y la protecci�n de los derechos individuales y colectivos como pilares esenciales para una Administraci�n De Justicia justa y eficaz.

En el �mbito de la Ciencia Pol�tica, se examinan teor�as sobre la institucionalidad democr�tica y la gobernanza, que se enfocan en la importancia de las instituciones s�lidas y transparentes para el funcionamiento adecuado del sistema pol�tico y administrativo de un pa�s. Estas teor�as tambi�n abordan la participaci�n ciudadana y la rendici�n de cuentas como elementos esenciales para una Administraci�n P�blica Efectiva (Rodr�guez & Coll, 2020).

En el campo de la Administraci�n P�blica, se analizan teor�as sobre la gesti�n p�blica, que incluyen enfoques como la Teor�a de la Nueva Gesti�n P�blica (TNGP) y la Teor�a de la Elecci�n P�blica. Estas teor�as proponen modelos y estrategias para mejorar la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia en las instituciones p�blicas, incluyendo aquellas de alta administraci�n (Rebolledo, 2021).

Por tanto, los antecedentes te�ricos de este tema se fundamentan en un an�lisis interdisciplinario que combina Teor�as del Derecho, la Ciencia Pol�tica y la Administraci�n P�blica. Estos enfoques proporcionan una base conceptual s�lida para comprender y abordar la correcta Administraci�n de Justicia y la institucionalidad operativa de la Alta Direcci�n P�blica, en contextos nacionales e internacionales, en el que la institucionalizaci�n de sus pr�cticas permiten la construcci�n de una estructura organizativa pragm�tica para efectos del sector p�blico.

Los antecedentes de la Administraci�n P�blica se remontan a las antiguas civilizaciones, donde se evidenciaban rudimentarios sistemas administrativos para organizar y gestionar recursos y servicios p�blicos. A lo largo de la historia, diversas culturas y sociedades han desarrollado m�todos para administrar asuntos comunes y resolver disputas, estableciendo as� los fundamentos de lo que hoy conocemos como administraci�n p�blica (Gavil�nez, Higuera, Oviedo, & Jacome, 2019).

En la antigua Grecia, por ejemplo, se practicaban formas incipientes de democracia directa en las ciudades-estado, donde los ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones p�blicas. Por otro lado, en el Imperio Romano, se desarrollaron estructuras administrativas complejas para gestionar vastos territorios, incluyendo sistemas de recaudaci�n de impuestos, sistemas legales y sistemas de infraestructura.

Durante la Edad Media, la Administraci�n P�blica estaba vinculada estrechamente con la Administraci�n Eclesi�stica y Feudal, los monarcas y se�ores de las mismas ten�an poderes administrativos significativos sobre sus territorios, estableciendo sistemas legales y de justicia locales (�lvarez, Rodr�guez, Macho, & Almeida, 2023). Durante el Renacimiento y la Era Moderna, la administraci�n p�blica comenz� a separarse de las estructuras eclesi�sticas y se institucionaliz� en forma de burocracias estatales y sistemas judiciales m�s organizados.

La Revoluci�n Industrial trajo consigo cambios significativos en la administraci�n p�blica, con el surgimiento de gobiernos centralizados y la expansi�n de servicios p�blicos para satisfacer las necesidades de las crecientes poblaciones urbanas. Este per�odo tambi�n vio el desarrollo de Teor�as Administrativas, como la Teor�a Cl�sica de la Administraci�n, que enfatizaba la eficiencia y la estructura organizativa.

En el siglo XX, la Administraci�n P�blica se transform� a�n m�s con el advenimiento de nuevas teor�as y enfoques, como la teor�a de la Administraci�n Cient�fica y la Teor�a de las Relaciones Humanas. Estos enfoques llevaron a la creaci�n de sistemas de gesti�n m�s flexibles y orientados hacia las personas, lo que influy� en la forma en que se gestionan las Organizaciones P�blicas en la actualidad.

Con el tiempo, la Globalizaci�n y los avances tecnol�gicos han continuado transformando la Administraci�n P�blica, llevando a la adopci�n de enfoques de gesti�n basados en datos, la automatizaci�n de procesos y la colaboraci�n internacional en temas de inter�s p�blico.

La importancia de una institucionalidad operativa de Alta Administraci�n P�blica que mantenga independencia radica en su capacidad para salvaguardar la integridad, la eficiencia y la transparencia en el funcionamiento del gobierno y sus organismos. Una Administraci�n P�blica independiente es esencial para el desarrollo y la estabilidad de una sociedad, ya que garantiza que las decisiones y acciones est�n libres de influencias pol�ticas indebidas y se basen en criterios objetivos, racionales y con su debida motivaci�n.

La independencia en la alta Administraci�n P�blica es principal para promover la rendici�n de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales; y, para generar una cadena de valor de alto impacto frente a pa�ses desarrolladas o en v�as de desarrollo. Al ser independientes, estas entidades pueden actuar sin temor a represalias p�blicas, lo que les permite tomar decisiones imparciales y basadas en la ley, as� tambi�n, ayuda a prevenir la corrupci�n y a mantener altos est�ndares �ticos en la Administraci�n de Justicia.

Adem�s, una Alta Administraci�n P�blica Independiente es crucial para el funcionamiento eficaz de un gobierno y la creaci�n y protoc�lo de ejecuci�n efectiva de pol�ticas p�blicas de �pico valor. La independencia permite a las agencias gubernamentales tomar medidas r�pidas, efectivas y proporcionales en situaciones de crisis, por ende, responder a las necesidades cambiantes de la sociedad sin estar sujetas a pol�ticas indebidas o a autoridades que se encuentran viciadas por alg�n inter�s en particular.

La independencia en la Alta Administraci�n P�blica tambi�n fomenta la innovaci�n y el progreso en todas las �reas del Derecho y de sus dem�s especialidades. Cuando los expertos y profesionales tienen la libertad de trabajar sin restricciones pol�ticas, pueden desarrollar soluciones recursivas, creativas, de alto riesgo e innatas para los desaf�os complejos que enfrenta la sociedad cada d�a y que los pueden llevar a avances significativos, con criterios jurisprudenciales en las diversas �reas del Derecho y de los dem�s ambitos sociales, por decir algunas: como la econom�a, la educaci�n, la salud y el medio ambiente, beneficiando a la comunidad en su conjunto.

En resumen, la Independencia en la Institucionalidad Operativa de Alta Administraci�n P�blica es esencial para preservar la integridad y la credibilidad del gobierno frente a las pr�cticas de aplicaci�n de sus proyectos y programas sociales y que aquello vaya concatenado a la promoci�n de la rendici�n de cuentas para garantizar la eficiencia de las decisiones tomadas previamente, desarolladas durante el proceso, fomentadas de manera innovadora y replicadas internamente en la sociedad a la cual sirven. En todos los �estratos, niveles, procesos, procedimientos deben agotarse para el cumplimiento del bagaje normativo, sin que los procedimientos burocr�ticos se conviertan en impedimentos que afecten al desarrollo legal y el bienestar de los ciudadanos.

• Desarrollo

 

La independencia judicial es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de un sistema legal democr�tico y justo. Varios principios fundamentales sustentan esta independencia, siendo la inamovilidad de los jueces uno de los aspectos centrales. Este principio asegura que los jueces no pueden ser destituidos ni transferidos de manera arbitraria, proporcion�ndoles estabilidad laboral y protecci�n contra presiones e intereses externos que podr�an influir en sus decisiones (Linares, 2004).

Otro principio crucial es la irretroactividad de la ley penal m�s gravosa, misma que implica que ninguna persona puede ser castigada por una acci�n que en el momento de cometerse no estaba tipificada como delito, o que no llevaba consigo una sanci�n m�s severa, es decir, la aplicaci�n retroactiva de leyes penales m�s rigurosas socavar�a la seguridad jur�dica y podr�a prestarse a la manipulaci�n pol�tica de la justicia (Latas, Pedro, & Lousada Arochena, 2015).

Por otro lado, la autonom�a presupuestaria es tambi�n un elemento fundamental, ya que garantiza que el poder judicial tenga la capacidad de gestionar sus propios recursos financieros sin interferencias vedadas de los otros poderes del Estado, al contar con un presupuesto independiente, los tribunales pueden administrar el dinero acorde a las necesidades del mismo, sin depender de decisiones pol�ticas que podr�an comprometer su imparcialidad.

As� tambi�n, la independencia judicial se refuerza mediante la garant�a de la inmunidad judicial. Este principio protege a los jueces de acciones legales derivadas de sus decisiones y opiniones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La inmunidad busca resguardar la libertad de los magistrados para emitir fallos basados en derecho y equidad, sin temor a represalias o persecuciones, ya que se encuentran protegidos por la normativa vigente (Castilla Ju�rez, 2016).

Asimismo, la transparencia en la selecci�n y nombramiento de jueces es esencial para mantener la independencia y certeza judicial, en virtud de que existen procesos abiertos y objetivos, basados en m�ritos, habilidades y preparaci�n constante por los profesionales del derecho, lo que contribuye a evitar influencias partidistas o intereses pol�ticos en la designaci�n de los miembros del poder judicial.

En el mismo sentido, la importancia de una Judicatura, Unidad o Tribunal libre de coacciones externas radica en la salvaguarda de la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales y la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales. M�s cualquier sistema judicial debidamente estructurado pueden acaeser de falencias que debiliten la correcto funcionalidad de su Administraci�n, la soluci�n debe ser propuesta desde los diversos sectores del Estado y que los jueces operen con las garant�as necesarias, sin interferencias indebidas, con absoluta confianza para interpretar y aplicar la ley de manera justa y equitativa, asegurando que cada individuo reciba un trato imparcial cubierto de sus derechos fundamentales y garant�as constitucionales.

La imparcialidad judicial es esencial para la legitimidad del sistema legal y la confianza p�blica en la administraci�n de justicia, ya que existe la presi�n externa, ya sea pol�tica, econ�mica o social, puede distorsionar el proceso judicial y comprometer la resoluci�n de los jueces para decidir de acuerdo con el derecho y la equidad (Aguil�-Regla, 1997). Adicional, una judicatura independiente act�a como un contrapeso esencial a los dem�s poderes del Estado, garantizando que las decisiones judiciales no est�n influenciadas por intereses partidistas o agendas pol�ticas (Aguil�-Regla, Imparcialidad y concepciones del derecho, 2009).

Adem�s, una judicatura libre de presiones externas es fundamental para la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales. Los jueces, al no estar sujetos a influencias externas, pueden desempe�ar su papel crucial en la defensa de los derechos individuales y colectivos. La independencia judicial asegura que las decisiones judiciales est�n basadas en el respeto a la constituci�n y los tratados internacionales, sin comprometer la integridad de los derechos humanos (Aguil�-Regla, Imparcialidad y aplicaci�n de la ley. AA. VV. La imparcialidad judicial, 2009).

En �ltima instancia, el ente administrativo que regule la Administraci�n de sus administrados debe coexistir sin presiones externas que contribuyan a la generaci�n de un miedo irreverente ante la delincuencia com�n, as� como las pr�cticas ma�osas e intervenci�n insesante de los dem�s poderes p�blicos. La independencia judicial no solo garantiza la aplicaci�n de la ley, sino que tambi�n fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial como un medio justo para la resoluci�n de conflictos y la protecci�n de sus derechos, por lo que, la preservaci�n de la autonom�a judicial es esencial para el funcionamiento eficiente de un Estado de derecho y el respeto continuo de los principios fundamentales que sustentan una sociedad justa y equitativa.

A nivel nacional e internacional, diversas estrategias y mecanismos se implementan para salvaguardar la independencia judicial. En muchos pa�ses, se establecen sistemas de nombramiento de jueces basados en m�ritos y capacidades, con procedimientos transparentes que evitan la influencia pol�tica directa, los tribunales multisujetivos, organismos independientes encargados de la administraci�n y gesti�n del poder judicial y dem�s pr�cticas desconcentradoras, desempe�an un papel crucial para garantizar la autonom�a presupuestaria y la toma de decisiones libres de intereses externos que, en muchas ocasiones se encuentran incluso autofinanciados; siendo esto �ltimo, incluso una pr�ctica de delincuencia com�n para sostener sistemas de gobiernos cad�cos que no permiten una Administraci�n P�blica de calidad, con est�ndares altamente calificados y disponibles a la carta de nuevas experiencias en la organizaci�n de pa�ses en v�as de desarollo.

A nivel internacional, organismos como la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos supervisan y defienden la independencia judicial, ofreciendo mecanismos de revisi�n y protecci�n. La existencia de asociaciones de jueces y magistrados tambi�n contribuye a la preservaci�n de la independencia judicial, al proporcionar un respaldo colectivo frente a posibles amenazas externas (Allauca Vargas, 2023).

Adem�s, la implementaci�n de c�digos de �tica y normas de conducta para jueces refuerza la integridad del sistema judicial. Estas estrategias combinadas promueven un entorno donde los jueces pueden ejercer sus funciones de manera imparcial, sin temor a represalias externas, fortaleciendo as� la confianza p�blica en el sistema de justicia (Higa, Trelles, & Cavani).

La independencia judicial, en el contexto de la Alta Administraci�n P�blica, se ve amenazada por desaf�os espec�ficos, siendo la influencia pol�tica en la designaci�n de altos funcionarios judiciales uno de los principales, la persecusi�n constante de actores o l�deres pol�ticos que juegan un papel significativo en la selecci�n de decisiones de alto rango, existe el riesgo de que dichos nombramientos se basen en consideraciones partidistas en lugar de m�ritos profesionales. Todo lo que puede y as� ha ocurrido, comprometer la imparcialidad de la judicatura y minar la confianza p�blica en la objetividad de un sistema judicial que no solo responde al endurecimiento de una consecuencia jur�dica sino a la correcta aplicabilidad del Derecho.

Adem�s, la presi�n para alinear las decisiones judiciales con agendas pol�ticas representa otro desaf�o que contrarian o desmayan al principio de uniformidad en la toma de decisiones. Los jueces de la Alta Administraci�n enfrentan, en la actualidad, coerci�n y coacci�n pol�tica, en todos los niveles del sistema sobre los cuales debe residir una decisi�n aunque en algunas ocasiones este separada del Derecho: el Derecho o su popia vida o la de su familia. La imparcialidad, debe radicar en la pr�ctica justa del Derecho, con las debidas herramientas de protecci�n de sus servidores y la inexistencia de una presi�n que pueda socavar la integridad del poder judicial, poner en peligro la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales de diferentes personas, convirtiendo a la justicia �en un instrumento pol�tico, en lugar de un garante de justicia que va m�s all� de la arquitectura de una formaci�n homog�nea en la pr�ctica del Derecho Constitucional y dem�s ramas del mismo.

Estos desaf�os destacan la necesidad de salvaguardas efectivas, como procesos de nominaci�n transparentes en la participaci�n de organismos independientes y la promoci�n de una cultura que defienda la independencia judicial como un pilar fundamental del Estado de Derecho, y de esa manera superar los desaf�os y mantener la integridad y seguridad del Sistema Judicial en el que se garantice la Administraci�n de Justicia y que la misma no est� sujeta a influencias pol�ticas indebidas, porque el m�s alto deber del Estado ecuatoriano es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constituci�n y dem�s instrumentos normativos.

Conclusiones

La independencia judicial, respaldada por principios como la inamovilidad de los jueces, la irretroactividad de la ley penal m�s gravosa como principio de reserva de legalidad, la autonom�a presupuestaria para la planificaci�n proyectada de un plan estatal, la inmunidad judicial en la aplicaci�n de las instituciones jur�dicas comtempladas en las leyes y la transparencia en la decisiones, actualizaci�n y calificaci�n constante de jueces altamente preparados con conceptos de calidad jur�dica, juega un papel crucial en la preservaci�n de la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales.

La investigaci�n, de acuerdo a las diversas materias del Derecho, destaca que la independencia judicial no solo es esencial para la legitimidad del sistema legal, sino que tambi�n contribuye al fortalecimiento y a la confianza ciudadana en la Administraci�n de la Justicia. Una justicia que responda a los confines de su creaci�n y al esp�ritu de su G�nesis debe representar la voluntad p�blica y soberana de decisiones libre de presiones externas ni a�n deber�an actuar como un contrapeso necesario frente a los dem�s poderes del Estado, porque la Justicia es aut�noma, independiente y justa en pro de los derechos de los ciudadanos para que las decisiones judiciales se basen en el respeto de la Constituci�n y los Tratados Internacionales, sin comprometer la integridad de los derechos fundamentales de los mismos.

La Alta Administraci�n P�blica tambi�n enfrenta desaf�os espec�ficos, como la influencia pol�tica en la designaci�n de altos funcionarios judiciales, seg�n los procedimientos de meritocracia y oposici�n contemplados en las normas, regidos por las autoridades facultadas para el efecto, en raz�n de los actores de participaci�n de la mesa de sesion de los Plenos en cuanto a la alineaci�n de decisiones judiciales; lo que debe socavar e imposibilizar los pronunciamientos judiciales y que los mismos se vean afectados por los intereses pol�ticos que la no interferencia de procesos decisorios en las mesas t�cnicas de trabajo administrativo ya que la pr�ctica de la justicia no puede supeditarse a decisiones de car�cter administrativo, ni pol�cito, por muy polifuncional que sea la mesa de trabajo. As� las decisiones judiciales no responden a agendas jur�dicas partidiscas, ni a intereses particulares, sino que se sobrevienen de procesos de nominaci�n transparentes.

La investigaci�n propone una serie de objetivos espec�ficos para abordar esta problem�tica, incluyendo el estudio de c�mo participan los poderes del Estado en base a los intereses partidistas, la identificaci�n de factores id�neos para una correcta Administraci�n P�blica, y el an�lisis de la institucionalidad operativa en la Administraci�n P�blica de Justicia en el Ecuador.

En �ltima instancia, la independencia en la Alta Administraci�n P�blica y en la Administraci�n de Justicia contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, la protecci�n de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la estabilidad democr�tica del pa�s. Es imperativo reconocer la interacci�n e importancia de garantizar la independencia de estos elementos para asegurar la imparcialidad, la equidad y la transparencia en la toma de decisiones y en la aplicaci�n de la ley que servir�n como aspectos esenciales para el desarrollo sostenible de una justicia restaurativa y el bienestar de los derechos de los ciudadanos que forman parte de una naci�n.

 

Referencias

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