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Hipernormatividad en el Sistema Penal Ecuatoriano para asegurar el cumplimiento de los Principios y Derechos Humanos y Garant�as legales y fundamentales

 

Hypernormativity in the Ecuadorian Penal System to ensure compliance with Human Principles and Rights and legal and fundamental guarantees

 

Hipernormatividade no Sistema Penal Equatoriano para garantir o cumprimento dos Princ�pios e Direitos Humanos e das garantias legais e fundamentais

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: mariajose.arreguimanssur@gmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 30 de enero de 2024 *Aceptado: 22 de febrero de 2024 * Publicado: �12 de marzo de 2024

 

       I.          Investigador Independiente, Ecuador.

 

Resumen

La investigaci�n sobre hipernormatividad en el Sistema Penal Ecuatoriano revela la proliferaci�n excesiva de leyes, generando confusi�n e ineficiencia. Se destaca la afectaci�n a principios fundamentales como la presunci�n de inocencia y la proporcionalidad de penas. La carga administrativa resultante dificulta la aplicaci�n �gil de leyes y obstaculiza procesos judiciales. La falta de claridad normativa compromete la integridad del sistema legal. Las soluciones propuestas enfocan la revisi�n y simplificaci�n normativa para contrarrestar los efectos negativos. La investigaci�n resalta la importancia de restaurar la funcionalidad del sistema, buscando reformas sustanciales que beneficien a la sociedad ecuatoriana, promoviendo un sistema legal justo y alineado con principios fundamentales del Derecho Penal.

Palabras Clave: hipernormatividad; sistema penal ecuatoriano; principios fundamentales; eficiencia judicial; revisi�n normativa.

 

Abstract

Research on hypernormativity in the Ecuadorian Penal System reveals the excessive proliferation of laws, generating confusion and inefficiency. The impact on fundamental principles such as the presumption of innocence and the proportionality of penalties is highlighted. The resulting administrative burden hinders the agile application of laws and hinders judicial processes. The lack of regulatory clarity compromises the integrity of the legal system. The proposed solutions focus on regulatory review and simplification to counteract the negative effects. The research highlights the importance of restoring the functionality of the system, seeking substantial reforms that benefit Ecuadorian society, promoting a fair legal system aligned with fundamental principles of Criminal Law.

Keywords: hypernormativity; Ecuadorian penal system; fundamental principles; judicial efficiency; regulatory review.

 

Resumo

As pesquisas sobre a hipernormatividade no Sistema Penal Equatoriano revelam a prolifera��o excessiva de leis, gerando confus�o e inefici�ncia. � destacado o impacto em princ�pios fundamentais como a presun��o de inoc�ncia e a proporcionalidade das penas. A carga administrativa resultante dificulta a aplica��o �gil das leis e prejudica os processos judiciais. A falta de clareza regulat�ria compromete a integridade do sistema jur�dico. As solu��es propostas centram-se na revis�o e simplifica��o regulamentares para neutralizar os efeitos negativos. A pesquisa destaca a import�ncia de restaurar a funcionalidade do sistema, buscando reformas substanciais que beneficiem a sociedade equatoriana, promovendo um sistema jur�dico justo e alinhado aos princ�pios fundamentais do Direito Penal.

Palavras-chave: hipernormatividade; sistema penal equatoriano; princ�pios fundamentais; efici�ncia judicial; revis�o regulat�ria.

 

Introducci�n

La hipernormatividad en el �mbito penal ecuatoriano se presenta como un desaf�o para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, Principios Fundamentales y Garant�as de Ley en sus diferentes rangos dentro el sistema de justicia, contemplados en nuestra Carta Magna y dem�s instrumentos legales y jurisprudenciales, nacionales e internacionales que, seg�n la piramide Kelseniana a la que nos regimos, se encuentren vigentes seg�n la perpetraci�n actual de ciertos actos recientes contemplados en la norma, materia de los hechos que est�n siendo evacuados por todo un Sistema de Administraci�n de Justicia en el que las partes juegan un rol sustancial sometidos a una estructura sistem�tica, en procesos orales ahora tambi�n denominados adversariales. Todo lo que se circunscribe en un contexto, en un que el marco legal y normativo, se ha vuelto excesivamente complejo y minucioso por la trascendencia de su proyecci�n hacia los Derechos Fundamentales, Garant�as y dem�s Instituciones Legales, inherentes a los seres humanos y al com�n de todos los procesos jurisdiccionales. En virtud de aquello es necesario analizar y evaluar c�mo esta hipernormatividad afecta directamente y de manera degenerativa sobre la aplicaci�n de los Principios B�sicos y Comunes a todos los procesos, que oxigenan y son protegidos por Derecho Constitucional, materias no penales y Penal. Como consecuencia de esta postura, el fin �ltimo de la Administraci�n de Justicia se convierte en un examen exhaustivo de una sistema colapsado de normas de diferentes rangos, lo que ataca al criterio de uniformidad resolutiva por parte de los Jueces, por subyacer una comprensi�n ineficaz y en muchos de los casos contrarios a preceptos constitucionales, todo lo que es referente a la hipernormatividad en el �mbito penal ecuatoriano, la perdurabilidad de la norma y el impacto de su ejecuci�n por el cumplimiento de los principios jur�dicos del sistema de justicia, comunes a todos los procesos. Para ello, se realizar� un estudio integral de la legislaci�n penal vigente direccionado al an�lisis divergente y transversalizado de las normas, as� como el estudio minucioso de las regulaciones e instituciones jur�dicas competentes complementarias para su efectivo acompa�amiento e inmediata y directa aplicaci�n.

Adicional a aquello, el discernimiento como metodolog�a suspicaz refiere con trascendencia la forma en la que la hipernormatividad afecta a los principios del debido proceso, la presunci�n de inocencia, el principio de legalidad, la proporcionalidad de las penas y otros aspectos cruciales que el Dereho objetivo y adjetivo exige para el efecto, en dicha materia. En el mismo sentido, la necesidad de entender c�mo el exceso de normas y regulaciones puede generar confusi�n, interpretaciones contradictorias y obst�culos para una administraci�n de justicia eficiente y equitativa, obstruyendo de esta manera la constelaci�n de una justicia retauradora que vela por el derecho de las partes, encaminada en la aplicaci�n directa de la Constituci�n.�(Gargarella & Roa Roa, 2020).

A trav�s de esta investigaci�n, el conocimiento y propuestas concretas para abordar la hipernormatividad en el �mbito penal ecuatoriano y promover una mayor coherencia, claridad y efectividad en la aplicaci�n de la Legislaci�n Penal ecuatoriana, debemos dirigir los resultados que se obtengan a la utilidad irrestricta para que los legisladores, los operadores de justicia y todos los actores involucrados en materia penal, puedan fundametar, justificar y motivar el cumplimiento de los principios fundamentales, procesales y de esta forma fortalecer el estado de Derecho en el Ecuador, basado en el seguimiento y ejecuci�n de los mandatos legales, judiciales y jurisprudenciales.

• Planteamiento del problema

La hipernormatividad en el contexto ecuatoriano se refiere a la existencia de un exceso de leyes, normas, decretos, reglamemtos, protocolos y regulaciones en �mbitos varios de la sociedad, recayendo su sustento en el que una de las fuentes primordiales del Derecho es la costumbre e incluyendo este mismo paradigma, en el concepto creacional desde el �mbito penal. Esta situaci�n se caracteriza por la proliferaci�n de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones que regulan minuciosamente cada aspecto de la vida social y jur�dica del pa�s.

Se manifiesta en una cantidad abrumadora de normas legales que abarcan desde aspectos generales hasta situaciones espec�ficas, por medio de m�todos deductivos sin que las formulas doctrinarias que rigen la ponderaci�n normativa representen la modalidad primigenia. Esta metodolog�a de confundirlo todo, sin que exista un hilo conductor conlleva a generar conflictos legales, confusi�n en la interpretaci�n, contradicciones contraposiciones y dificultades para su efectiva aplicaci�n. La abundancia de normas puede resultar en una innecesaria complejidad innecesaria que dificulta la comprensibilidad y el cumplimiento de adecuado y pertinente de las disposiciones legales, por parte de los ciudadanos y los operadores de justicia.

En el �mbito penal, la hipernormatividad implica una regulaci�n exhaustiva y detallada de los delitos, las penas y los procedimientos legales que la materia exije, porque al no existir tipo penal en la que la conducta pueda subsumirse, se generan problemas relacionados con el principio de legalidad, del debido proceso, la presunci�n de inocencia y la proporcionalidad de las penas, ya que el exceso de normas conlleva de manera inequ�voca a interpretaciones contradictorias y a la falta de claridad en la aplicaci�n de la ley. Adem�s, puede generarse una carga administrativa excesiva para los operadores de justicia, quienes deben familiarizarse con un gran n�mero de normas y regulaciones para llevar a cabo en sus labor de manera adecuada, en raz�n de sus atribuciones, funciones y facultades otorgadas por la propia ley, pero a�n es m�s preocupante que la abundancia normativa pueda comprometer la interpretaci�n restrictiva que proscribe la norma y que se sugieran subjetividades arbitrarias al momento en que se motive una decisi�n. La afectaci�n en la eficiencia, la calidad resolutiva y la agilidad en la Administraci�n de Justicia, no solo que baja el rendimiento funcional provocando un impacto negativo en la garant�a de los Principios Fundamentales del Sistema Penal�(Proa�o Tamayo, Coka Flores, & Chug� Quemac, 2021).

As� mismo, en el �mbito penal ecuatoriano, se plantea un desaf�o significativo para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales en el sistema de justicia, como consecuencia de la existencia de un exceso de normas y regulaciones en el marco legal, �sto dificulta la aplicaci�n efectiva de los principios b�sicos del derecho penal, le quita el impacto de seguimiento exigido por las autoridades competentes, reduce la capacidad de construcci�n de una linea estructurada sobre la motivaci�n en las decisiones y en definitiva, esto afecta agresivamente a los dem�s principios que lo conforman y que se traducen en aspectos de contextos cruciales para su correcta apolog�a.

La complejidad confusa de las regulaciones normativas y la abundancia de normas, no son arm�nicas y �estas interpretaciones contradictorias que hemos venido recogiendo, se convierten en obst�culos para una administraci�n de justicia eficiente, eficaz, justa, r�pida, equitativa pero sobretodo restaurativa. Los Operadores de Justicia, as� como los ciudadanos, se enfrentan a dificultades para comprender y cumplir adecuadamente los mandatos judiciales, debido no s�lo a la gran cantidad de normas y regulaciones que reglan cada aspecto de la vida social y jur�dica del pa�s, respecto de situaciones jur�dicas concretas, sino que adem�s generan una necesidad expectante y err�nea a la ciudadan�a de que el mecanismo o soluci�n al Sistema Penal Ecuatoriano es el endurecimiento de la pena y esto no permite reconocer que no se trata de la cantidad de a�os de sanci�n, sino de la calidad de investigativa, procesal y de aplicablidad y seguimiento que se le da a todo el marco penal ya existente.

Esta hipernormatividad tambi�n puede generar una carga administrativa excesiva para los operadores de justicia, ya que como bien sabemos los mismos tienen que estar en constante actualizaci�n y aprendizaje en virtud de las regulaciones nuevas existentes, esto para llevar a cabo su labor de manera adecuada, lo que de una u otra manera puede afectar negativamente la eficiencia y la agilidad en la administraci�n de justicia, lo que a su vez puede tener un impacto en la garant�a de los principios fundamentales del Sistema Penal, �(Bayancela Delgado, 2022).

Ante este panorama, es necesario realizar un an�lisis exhaustivo de la hipernormatividad en el �mbito penal ecuatoriano y evaluar su impacto en el cumplimiento de los principios fundamentales. Es de car�cter trascendental comprender c�mo el exceso de normas y regulaciones afecta la aplicaci�n efectiva de la ley y la b�squeda de soluciones que promuevan una legislaci�n m�s clara, coherente y efectiva; definitivamente no es tan solo la ley, sino quienes tienen la obligaci�n de hacer que se cumpla. De esta manera, se podr�n fortalecer los principios fundamentales del sistema de justicia y garantizar el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho en el Ecuador, pero si tenemos una estructura organico funcional p�blica endeble, no habra norma que se cumpla en su correcto esp�ritu de creaci�n.

• Objetivos
• Objetivo general:

Analizar la hipernormatividad en el �mbito penal ecuatoriano y su impacto en la garant�a de los principios fundamentales del Sistema de Justicia.

• Objetivos espec�ficos:
• Determinar el impacto negativo de la hipernormatividad de car�cter penal en el respeto de los derechos humanos.
• Estudiar la relaci�n entre la hipernormatividad y el debido proceso dentro de los procesos penales ecuatorianos.
• Analizar la prevenci�n de delitos y el cumplimiento del fin �ltimo del Derecho Penal respecto a la hipernormatividad actual.
• Establecer que la prosecuci�n de una justicia, digna de ser celebrada firmemente, no consiste en la cantidad normativa de su marco legal sujeto a sus diferentes jurisdicciones, sino en la eficiencia en la aplicabilidad de la administraci�n de justicia, en sus diferentes etapas y procesos.
• Justificaci�n

La justificaci�n para la investigaci�n se basa en la necesidad de analizar y evaluar la existencia de un exceso de normas y regulaciones en el Sistema Penal de Ecuador, con la finalidad de garantizar el respeto y la aplicaci�n efectiva de los principios fundamentales del Derecho Penal. En primer lugar, se argumenta que la hipernormatividad, entendida enotonces como la proliferaci�n excesiva de leyes, reglamentos y disposiciones en el �mbito penal, puede generar confusi�n e ineficiencia en administraci�n de justicia del sistema de justicia ecuatoriano, no �nicamente en procesos judiciales, sino tambi�n administrativos y extrajudiciales. La sobrecarga normativa dificulta la comprensi�n y aplicaci�n de las leyes, lo que puede conducir a interpretaciones err�neas, arbitrariedades y falta de uniformidad en las decisiones judiciales; lo que se aleja completamente del esp�ritu que motiv� la creaci�n de las diversas normas que conforman el conglomerado penal y un Sistema de Justicia amplio, que podr�a ser eficiente con una correcta aplicaci�n. �

Adem�s, se sostiene que la hipernormatividad puede afectar la garant�a de los principios fundamentales del Derecho Penal, como la presunci�n de inocencia, el debido proceso, la proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley; as� como otros principios comunes a todos los procesos que deben ajustarse a la ejecuci�n inequ�voca de su promoci�n para lo cual fue creado y configurado. El exceso de normas puede dar lugar a situaciones en las que los derechos de los acusados no se respeten adecuadamente, ya sea por falta de claridad en las leyes o por la aplicaci�n desproporcionada de sanciones; pero peor a�n, puede llegar al mal apercibimiento sobre la reparaci�n integral de las v�ctimas de infracciones delictivas; y, tristemente incluso, al no cumplimiento del fin �ltimo de la restauraci�n del reo que cumple una sentencia condenatoria en el estado ecuatoriano.

Asimismo, se argumenta que la hipernormatividad puede obstaculizar la eficacia y la eficiencia del Sistema Penal, en su cumplimiento y que el exceso de regulaciones puede generar una carga administrativa excesiva para los operadores de justicia, lo que puede dificultar la aplicaci�n �gil y oportuna de las decisiones, ocasionando la distorci�n y la vulneraci�n de Derechos declarados por nuestras propias leyes. Adem�s, la falta de claridad y coherencia en las normas puede generar demoras y obst�culos en los procesos judiciales y acarrear sumarios o sanciones administrativas para los operadores de justiciai y el equipo que lo conforman. Por lo tanto, la justificaci�n de esta tesis radica en la necesidad de analizar y evaluar cr�ticamente la hipernormatividad en el �mbito Penal Ecuatoriano, con el objetivo de identificar posibles problem�ticas y proponer soluciones que permitan asegurar el cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho Penal y sin que ninguna otra funci�n del Estado tengan injerencia sobre las decisiones judiciales, tal como lo reana nuestra propia Constitucional. Esto incluye la revisi�n y simplificaci�n de las normas, la promoci�n de la claridad y la coherencia normativa, as� como el fortalecimiento de los mecanismos de protecci�n de los derechos de los acusados con un correcto seguimiento del cumplimiento de la pena impuesta.

 

Marco te�rico

• Hipernormatividad

La hipernormatividad se refiere a la proliferaci�n excesiva de normas, regulaciones y disposiciones en un determinado �mbito o sistema. Este fen�meno se caracteriza por la existencia de un n�mero abrumador de leyes y reglamentos que pueden llegar a ser confusos, contradictorios o redundantes. En el contexto legal, la hipernormatividad implica la creaci�n y acumulaci�n constante de normas, lo que puede generar una sobrecarga normativa que dificulta su comprensi�n, implementaci�n adecuada y correcta aplicaci�n. Lo que conllevar�a a situaciones en las que los operadores de justicia y los ciudadanos se enfrentan a un exceso de regulaciones que pueden ser dif�ciles de seguir, entender y aplicar.

Puede tener diversas causas, como la respuesta a problemas sociales complejos seg�n los aspectos sociol�gicos y antropol�gicos que atraves� la construcci�n de la historia de sus ciudadanos en la conquista de los territorios, la influencia de diferentes actores y grupos de inter�s en la creaci�n de leyes, la falta de coordinaci�n y armonizaci�n normativa, intereses particulares de las administraciones pol�ticas de turno, ingerencia constante o intermitente en la ejecuci�n del Derecho, entre otros factores. Esto puede resultar en una acumulaci�n desordenada de normas que pueden generar confusi�n, ineficiencia y falta de uniformidad en las decisiones y la aplicaci�n de las mismas�(Garc�a & Rebollo, 2022).

Adem�s, la hipernormatividad, vista desde cualquier arista, tiene impactos negativos en la eficacia y eficiencia de un Sistema Judicial pr�spero. Puede generar una carga administrativa excesiva para los operadores de justicia, lo que dificulta la agilidad y prontitud en la toma de decisiones. Adem�s, la falta de claridad y coherencia en las normas puede dar lugar a demoras y obst�culos en los procesos legales. Esta se refiere a la existencia de un exceso de normas y regulaciones en un �mbito espec�fico, como el legal. Esto puede generar confusi�n, ineficiencia y falta de uniformidad en la aplicaci�n de las leyes. Es importante analizar y evaluar cr�ticamente este fen�meno para identificar posibles problemas y buscar soluciones que permitan una regulaci�n m�s clara, coherente y eficiente.

• �mbito Penal Ecuatoriano

El �mbito Penal Ecuatoriano se refiere al sistema de justicia y las leyes que regulan los delitos y las sanciones penales en Ecuador. Este �mbito se rige por un conjunto de normas y procedimientos legales establecidos para garantizar el cumplimiento de la ley y la protecci�n de los derechos de los ciudadanos como infractores de las normas, as� como las v�ctimas de las conductas t�picas y antijur�dicas de quienes cometen los delitos. En Ecuador, el Derecho Penal est� regido principalmente por el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), que establece las normas y los procedimientos para la persecuci�n y sanci�n de los delitos, as� como el procedimiento para conseguir la justicia restaurativa. El COIP abarca una amplia gama de cat�logo de delitos, desde delitos contra la vida y la integridad personal, hasta delitos contra la propiedad, la Seguridad P�blica y la Administraci�n de Justicia.

El �rea Penal ecuatoriana, se basa en los principios fundamentales del Derecho Penal, como la presunci�n de inocencia, el debido proceso, la proporcionalidad de las penas, la igualdad ante la ley, entre otros. Estos principios buscan garantizar que los acusados sean tratados de manera justa y que se respeten sus derechos durante todo el proceso penal. tambi�n se caracteriza por la existencia de instituciones, figuras legales y actores claves, como la Fiscal�a General del Estado, encargada de la investigaci�n y persecuci�n de los delitos; los jueces y tribunales, responsables de impartir justicia y dictar sentencias; y los defensores p�blicos y abogados, encargados de brindar asistencia legal a los acusados. Sin perjuicio, de las dem�s finalidades trascendentales del Derecho Penal, como lo es su capacidad restaurativa bajo el principio de M�nima Intervenci�n Penal, su capacidad innata de reinscersi�n social y la reparaci�n integral de los da�os causados a las v�ctimas y/o sus familiares, seg�n corresponda.

Adem�s, el Sistema adversarial ecuatoriano abarca principalmente la aplicaci�n de Medidas Alternativas a la Prisi�n Preventiva y, como elemento de �ltima Ratio la Prisi�n y Medidas de car�cter real sobre los bienes de quien sea sospechoso, procesado o responsable de un delito, como medida de aseguramiento del cumplimiento de la multa y dem�s sanciones que pudiese imponer la norma en su estricta denotaci�n. Ahora, tambi�n existen Instituciones Jur�dicas como la Mediaci�n Penal, la Conciliaci�n y el Cumplimiento de Penas no Privativas de Libertad, con el objetivo de fomentar la reinserci�n social y reducir la sobrepoblaci�n carcelaria�(Cove�a-Le�n, Noblecilla, & Romero, 2022).

• Principios Derecho Penal

El Derecho Penal es una rama del sistema jur�dico que se encarga de regular los delitos, las penas y las sanciones aplicables a las conductas consideradas como, antijur�dicas, il�citas, perjudiciales y destructivas para una sociedad pac�fica. Su principal objetivo es mantener el orden social y proteger los derechos de los individuos a trav�s de la aplicaci�n de normas y procedimientos legales. Establece un marco jur�dico que define y clasifica los diferentes tipos de infracciones, sean �stas delitos o contravenciones de cualesquiera de la tipolog�a a la cual correspondan, respectivamente, as� como las consecuencias legales que se derivan de ellos. Estos delitos pueden abarcar una amplia gama de conductas, desde delitos contra la vida y la integridad personal, hasta delitos contra la propiedad, el orden p�blico, contravenciones, tr�sitos y la Administraci�n de Justicia Per Se.

Al fundamentarse el Derecho Penal sobre la relevancia de los Derechos de los seres humanos, los principios fundamentales, como la presunci�n de inocencia, el debido proceso, la proporcionalidad de las penas, la igualdad ante la ley, etc; los. mismos buscan garantizar que los acusados sean tratados de manera justa, que se respeten sus derechos durante todo el proceso penal, en todas sus etapas y modalidades, incluso durante el cumplimiento de la pena y esta capacidad de extiende hacia la b�squeda irrestricta de la reparaci�n a la v�ctima.

El Derecho Penal tambi�n establece el papel de las instituciones y los actores involucrados en el sistema de justicia penal, conocidos legalmente por la norma como sujetos procesales: los fiscales, los jueces, los abogados y los organismos encargados de la ejecuci�n de las penas. Estos actores tienen la responsabilidad de investigar, acusar, juzgar y sancionar a los presuntos delincuentes, de acuerdo con las leyes y los procedimientos establecidos, con la consecuencia jur�dica de cumplir el objeto final del Derecho Penal.

Adem�s, el Derecho Penal tambi�n considera la aplicaci�n de medidas alternativas a la prisi�n, como la medidas cautelares de car�cter personal, as� como medidas de protecci�n, seg�n sea el caso, o medidas reales y todo lo que se encuentra previsto en la conciliaci�n y el cumplimiento de penas no privativas de libertad, con el objetivo de fomentar la reinserci�n social y reducir la sobrepoblaci�n carcelaria. Los principios del Derecho Penal son los fundamentos b�sicos que gu�an y orientan la aplicaci�n de la ley penal en un sistema jur�dico. Estos principios buscan garantizar la Justicia, la protecci�n de los Derechos Humanos y el respeto al debido proceso, como los mecanismos m�nimos y residuales. A continuaci�n, se describen algunos de los principios m�s relevantes del Derecho Penal:

-        Presunci�n de Inocencia: Establece que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Esto implica que la carga de la prueba recae en la acusaci�n, y no en el acusado, quien no tiene la obligaci�n de probar su inocencia.

-        Legalidad: Tambi�n conocido como el principio de reserva legal, este principio establece que no se puede condenar a una persona por un acto que no est� expresamente tipificado como delito en la ley. Esto significa que los delitos deben estar claramente definidos por la ley y ser conocidos por todos.

-        Proporcionalidad: Determina que las penas y sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido. Es decir, la pena debe ser adecuada y no excesiva, teniendo en cuenta la naturaleza y las circunstancias del delito, as� como la culpabilidad del acusado.

-        Humanidad: Busca garantizar que los procedimientos, las etapas procesales, las penas y sanciones no sean crueles, inhumanas o degradantes. Se proh�be el uso de tortura, tratos inhumanos y se promueve el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas.

-        Lesividad: Explica que solo se puede castigar una conducta si esta causa un da�o o pone en peligro un bien jur�dico protegido por la ley,� fuera del riesgo que la ley permite. Es decir, el delito debe tener una lesi�n o amenaza real para la sociedad o los individuos.

-        Legalidad de la Pena: Este principio establece que las penas y sanciones deben estar previamente establecidas por la ley, de forma clara y precisa. No se pueden aplicar penas retroactivas, ni penas que no est�n previamente establecidas; sin perjuicio de que, ciertas figuras legales creadas posteriormente a la imputaci�n de un delito, puede hacer beneficiario al reo, por su creaci�n�(Gonz�lez, 2023).

• Principios fundamentales:

Los principios fundamentales son la plataforma b�sica y esencial que rige una determinada �rea o sistema. Estos principios son los pilares sobre los cuales se construye y desarrolla el Sistema de Derecho y son el evidente sustento para la toma de decisiones y la aplicaci�n de normas y procedimientos. En el �mbito del Derecho, los principios son los principios b�sicos que fundamentan todo el sistema jur�dico y son aplicables a todas las ramas del derecho. Estos principios buscan garantizar la justicia, la equidad y la protecci�n de los derechos humanos.

Son considerados como normas supremas que deben ser respetadas y aplicadas en todas las situaciones jur�dica. Estos Principios son Fundamentales para asegurar un Sistema Jur�dico justo y equitativo, sin arbitrariedades subjetivas, subyasentes de intereses particulares para cualquier fin que no sea la procecuci�n de la justicia. As�mismo, los Principios para la protecci�n de los derechos y libertades de los individuos deben estar estrechamente ligados con la motivaci�n resolutiva que emita un operador de justicia. Por asentuar algunos ejemplos, contamos con el Principio Fundamental del Derecho a la Presunci�n de Inocencia, mismo que establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El Debido Proceso, que garantiza que todas las partes involucradas en un proceso legal tengan la oportunidad de ser escuchadas, deben cumplirse con est�ndares m�nimos de procedibilidad, incluso para anunciar pruebas y luego practicarlas; y la igualdad ante la ley, que asegura que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria, sin discriminaci�n alguna.

Estos principios fundamentales son la base de todo un Sistema Jur�dico instaurado desde una estructura constitucional y son aplicables en todas las ramas del Derecho. Su objetivo es asegurar la justicia, la protecci�n de los derechos humanos y la equidad en la aplicaci�n de la ley�(Sosa Salazar, Campoverde Nivicela, & S�nchez Cuenca, 2019).

• Principio al Debido Proceso:

El Debido Proceso es un Principio Fundamental del sistema legal que garantiza que todas las personas tengan el derecho a un proceso justo y equitativo cuando se les acusa de un delito o se les imponen sanciones legales. En principio pudiese considerarse que esta instituci�n jur�dica s�lo debe ser apreciada para la parte m�s sensible y vulnerable, pero este principio se basa en la idea de que ninguna persona puede ser privada de sus dem�s Derechos en medio de juicio, un juicio justo y con todas las garant�as necesarias para defenderse, en la misma medida, bajo los mismos medios, tiempos y condiciones que todos los sujetos procesales. Implica una serie de garant�as legales y procedimentales que deben ser respetadas durante todo el procedimiento, ofreciendo las garant�as debidas y comunes a todos los juicios procesales. Estas garant�as incluyen el Derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a un juicio imparcial y p�blico, el derecho a presentar pruebas y a confrontar a los testigos (Principio de Contradicci�n), el derecho a contar con asistencia legal de confianza, entre otros.

Tambi�n implica que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas y argumentos legalmmente obtenidos, siguiendo las reglas del Debido Proceso y, en este sentido, �los jueces deben ser imparciales e independientes. Adem�s, el Debido Proceso garantiza que las personas tengan el derecho a apelar las decisiones judiciales y a acceder a recursos legales para impugnar cualquier violaci�n de sus derechos. Este principio es esencial para asegurar la justicia y proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso legal. El Debido Proceso se aplica en todos los �mbitos del Derecho, incluyendo el Derecho Penal, Civil, Laboral, Administrativo, Tributario, entre los dem�s existentes y es reconocido como un Derecho Humano Fundamental por numerosos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos�(Dur�n-Ch�vez & Fuentes-Aguila, 2021).

Este principio incluye una serie de garant�as legales y procedimentales que deben ser respetadas, y busca precisamente asegurar la justicia y proteger la situaci�n jur�dica y los Derechos Fundamentales circunscritos a las personas involucradas en un proceso legal. Est� respaldado en varios art�culos de la Constituci�n del Ecuador y dem�s normativa de car�cter especial, supeditada a los criterios constitucionales. Estos art�culos establecen los principios y garant�as que aseguran un proceso legal justo y equitativo para todas las personas y la necesidad y obligatoriedad de que el Estado es el primer interesado de respetar y hacer que se respeten todos los preceptos constitucionales, legales y normativos, en su nivel de rango e importancia.

-        La Constituci�n del Ecuador reconoce y garantiza el derecho al Debido Proceso en diferentes secciones. Estos art�culos establecen que todas las personas tienen derecho a un juicio justo, a ser escuchadas y defendidas y a que sus derechos sean respetados durante todo el proceso legal.

-        La Constituci�n establece que nadie puede ser condenado sin haber sido juzgado previamente y sin haber tenido la oportunidad de presentar pruebas y argumentos en su defensa; tal es el caso que, el Ministerio P�blico, trat�ndose de temas Penales de Acci�n P�blica, como el titular de la misma de actuar con absoluta objetividad y suministrar informaci�n bajo elementos de cargo y de descargo como resultado de su investigaci�n, en el marco de las diversas etapas de un proceso penal. Tambi�n se establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (Principio Non Bis Idem) y que todas las personas tienen derecho a contar con un abogado defensor de su absoluta confianza y, de no tener la capacidad econ�mica necesaria para contratar uno, el Estado ofrecer� un Defensor P�blico pagado por el Gobierno, como beneficio estatal.

-        Adem�s, la Constituci�n garantiza que todas las personas tienen derecho a ser informadas de los cargos que tienen en su contra, a tener acceso a los expedientes y a presentar pruebas en su defensa; sin perder el juicio de que, la ruptura del prinicpio de inocencia debe resolverla la Fiscal�a General del Estado. Asimismo, se establece que todas las personas tienen derecho a un juicio imparcial y a contar con jueces y tribunales independientes e imparciales, que direccionen el juicio seg�n las reglas del Debido Proceso.

-        La Constituci�n tambi�n establece que todas las personas tienen derecho a recurrir las diferentes decisiones judiciales y a acceder a recursos legales para impugnar, hacer valer y exigir el cumplimiento de sus Derechos, cuando los mismos est�n en evidente riesgo o hayan sido conculcados. Adem�s, como menci�n ut supra, se proh�be el uso de pruebas obtenidas de manera ilegal, il�cita, arbitraria, faltando a las reglas del procedibilidad y prejudicialidad o mediante tortura o tratos inhumanos�(Paredes & Ruperti, 2022).

 

• Desarrollo

Se han realizado varias investigaciones respecto a la hipernormatividad y el impacto de �sta en la Gesti�n Administrativa del Derecho. Seg�n el profesor Rebollo (2022) el Derecho sirve y ayuda, ordenando conductas, determinar tendencias, imponiendo acciones, a trav�s de su funci�n principal de consolidar fen�menos sociales. No obstante, si la norma no cala en la sociedad, es decir que no la asume del todo, se genera un incumplimiento normativo, un precepto jur�dico, una figura legal, una garant�a constitucional y un derecho fundamental. En este sentido, Mart�n indica que la hipernormatividad se somete al mismo fen�meno de incumplimiento generalizado; seg�n concluye el catedr�tico, la existencia de muchas normas en pro de una mejora en la sociedad, la hiperactividad causada por esas normas dificulta la gesti�n administrativa que deber�a caracterizarse por la eficacia y la previsibilidad, esencialmente el exceso de normas que producen interpretaciones contradictorias y, por ende, inseguridad jur�dica y violaci�n al principio de legalidad.

Un ejemplo de hipernormatividad en el contexto ecuatoriano se devela en el estudio de Solano (Solano, 2020) en el que se evidencia que la expedici�n de un Decreto Ejecutivo, una norma de jerarqu�a inferior a una ley regula procedimientos administrativos de la Funci�n Ejecutiva y de las dem�s funciones del Estado incluyendo los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados. Teniendo en cuenta la categorizaci�n de la norma, cada entidad p�blica regul� los procedimientos afines a sus �mbitos materiales lo que adem�s de generar una ingobernabilidad de las actuaciones administrativas, resalta la hipernormatividad en la gesti�n p�blica.

De acuerdo con el estudio de Guti�rrez (2017) la hipernormatividad tiende a generar anacronismos, contradicciones y afectaciones en el contexto jur�dico de los servidores p�blicos, sus competencias y facultades tanto legales como administrativas. En concordancia, Olivas (2007) manifiesta que este fen�meno descubre una ciudadan�a d�bil encubierta con una dr�stica inflaci�n legislativa. As� mismo Balc�zar (Balc�zar A., 2016) acota que la idea de un expansionismo del derecho penal en la b�squeda de la protecci�n de m�s bienes jur�dicos es la causante de una hipernormatividad penal. Por ende, el Estado al no contar con los recursos ni los medios necesarios, recurre a compartir la lucha contra la delincuencia desplazando sus responsabilidades hacia el sector privado (Requena & C�rdenas Guti�rrez, 2016), lo que deriva en una autorregulaci�n en las materias que no le conciernan al Estado o no constituyan un riesgo a los intereses p�blicos o sociales; develando una hipernormatividad desproporcionada.

La prevenci�n de delitos en el contexto del Sistema Penal Ecuatoriano se refiere a un conjunto de estrategias, pol�ticas y medidas dise�adas para evitar la comisi�n de delitos y promover la seguridad p�blica en la sociedad. Esta dimensi�n de la Justicia Penal va m�s all� de la respuesta punitiva a los delincuentes y busca abordar las causas subyacentes de la criminalidad, reduciendo as� la incidencia de delitos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos (Gargarella & Roa Roa, 2020).

En Ecuador, la prevenci�n de delitos se aborda en varias leyes y regulaciones, con un enfoque en la protecci�n de los derechos y la seguridad de los ciudadanos. El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), por ejemplo, establece medidas destinadas a prevenir la comisi�n de delitos, como la regulaci�n de la tenencia y porte de armas, la penalizaci�n de la violencia de g�nero, y la promoci�n de programas de rehabilitaci�n y reinserci�n social para infractores (Rodr�guez Dut�n, 2011).

La prevenci�n de delitos en el Sistema Penal Ecuatoriano tambi�n se refleja en pol�ticas gubernamentales y programas orientados a reducir factores de riesgo, como la pobreza, la desigualdad social y la falta de acceso a la educaci�n y la atenci�n m�dica. Estas pol�ticas buscan abordar las causas subyacentes de la criminalidad y proporcionar a las comunidades herramientas para prevenir la delincuencia.

Sin embargo, la hipernormatividad en el Sistema Penal Ecuatoriano puede afectar la efectividad de estas medidas de prevenci�n de delitos de varias maneras. La proliferaci�n de leyes, reglamentos y disposiciones relacionadas con la prevenci�n de delitos genera confusi�n y complejidad, lo que dificulta su aplicaci�n efectiva en autonom�a y uniformidad por parte de los Administradores de Juicia. Los ciudadanos y los profesionales del Derecho pueden tener dificultades para comprender y cumplir con todas las regulaciones, lo que a su vez puede llevar a una implementaci�n deficiente de las pol�ticas de prevenci�n.

Adem�s, la hipernormatividad puede conducir a una carga administrativa excesiva para las autoridades encargadas de implementar las medidas de prevenci�n de delitos, de clasificaci�n de los mismos y de la perdurabilidad de las normas con la previsibiidad e identificaci�n de los problemas sociales. La necesidad de cumplir con una multitud de regulaciones puede agotar los recursos y retrasar la implementaci�n de programas y pol�ticas p�blicas de alta administraci�n, lo que afectar directamente a la capacidad de respuesta, respecto a las necesidades de seguridad p�blica.

La hipernormatividad puede afectar la prevenci�n de delitos en Ecuador de varias maneras y es crucial abordar este problema debido a sus impactos negativos en la efectividad de las pol�ticas de prevenci�n y en la justicia del sistema penal. La proliferaci�n de normas y regulaciones puede generar una mara�a legal que dificulta la comprensi�n y el cumplimiento de las leyes de prevenci�n de delitos. La falta de claridad en las regulaciones puede llevar a interpretaciones err�neas y malentendidos, lo que a su vez puede debilitar la aplicaci�n efectiva de las pol�ticas p�blicas de prevenci�n y sobretodo al desarrollo de Defensas T�cnicas o Especializadas, por parte de los Sujetos Procesales �(Rodr�guez Dut�n, 2011).

Este fen�meno exige a las autoridades encargadas de implementar pol�tica p�blicas en el ejercicio o investidos del poder legistavo y fiscalizaci�n, en cuanto a lo �prevenci�n de delitos que se familiaricen con una gran cantidad de regulaciones. Esta sobrecarga administrativa puede agotar recursos y retrasar la ejecuci�n de programas y medidas preventivas al Sistema Global de Justicia Penal. Como resultado, la capacidad de respuesta a las necesidades de seguridad p�blica se ve comprometida. La multiplicidad de regulaciones puede dar lugar a una amplificaci�n desconcentrada, incongruente en mucho de los casos e ineficaz de las pol�ticas de prevenci�n de delitos. La falta de coherencia y uniformidad en las regulaciones puede generar demoras y obst�culos en la ejecuci�n de programas y proyectos destinados a prevenir la delincuencia y a controlarla.

Una excesiva cantidad de regulaciones puede hacer que las autoridades y los profesionales del derecho centren sus esfuerzos en la comprensi�n y el cumplimiento de las regulaciones, en lugar de la efectiva implementaci�n de pol�ticas preventivas que hacen eco de la globalizaci�n que vivimos. Esto puede resultar en una asignaci�n inadecuada de recursos y energ�a, lo que disminuye la capacidad de prevenci�n de delitos.

Es importante abordar la hipernormatividad en el contexto de la prevenci�n de delitos en Ecuador porque su impacto negativo puede minar la eficacia de las pol�ticas que han seguido un tratamiento p�blico para su implementaci�n progresiva, en cuanto a derechos �se refiere, su permeabilidad inmediata para su aplicaci�n y la alta direcci�n en cuanto a la administraci�n p�blica que amerita un tema de tanta complejidad. As�, como los ah�ncos en los esfuerzos destinados a mantener el Principio Seguridad Jur�dica en la Administraci�n de Justicia y de atribuir en descargo la funci�n de administrar justicia de una manera efectiva y cumpliendo con las disposiciones del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, cuerpo normativo en el que se encuentran involucradas las facultadres, atribuciones y dem�s figuras macro legales que advierten sobre un comportamiento ajeno o contrario a la norma como prevenci�n en el cometimiento de delitos o infracciones, por parte de los administradores de justicia debidamente clasificadas; todo lo que se convierte en vertientes fundamentales para la promoci�n del bienestar de la sociedad, la evoluci�n continua y la protecci�n de los Derechos de los Ciudadanos; mas la hipernormatividad tambi�n promueve un papel paralizador en la ejecuci�n d heechos tentatorios terminando su consumaci�n o pepor a�n que, la transgresi�n de los Derechos, se sigan vulnerando como Derechos Fundamentales protegidos desde un rango Constitucional e incluso supraconstituci�n, refiri�ndome a la potencial descomposici�n del esp�ritu de incluir un Derecho en nuestro sistema normativo y no �nicamente como un mero procedimiento, sino como un reconocimiento progresivo del Derecho Constitucional, pero jam�s de regresi�n. Cuando las pol�ticas p�blicas de prevenci�n no son efectivas debido a la hipernormatividad y a una imposible incongruencia constitucional que debe ser absuelta por la m�xica autoridad competente para el efecto; justo en este sentido, la comunidad corre un riesgo mayor que es el de sufrir la comisi�n constante de delitos y la poca reprochabilidad para juzgarlos, dejando desprotegidos los derechos de los ciudadanos poni�ndolos en un inminen peligro. Al abordar la hipernormatividad, estudiarla desde su g�nesis problem�tica y aprovechar sus falencias para convertirla en fortalezas de institucionalizaci�n, se podr�a lograr un Sistema Penal m�s eficaz, justo y enfocado en la prevenci�n, en la reparaci�n e inserci�n. Todo lo que conllevar� a contribuir al principio de seguridad y al principio de bienestar legal frente a la sociedad ecuatoriana.

 

Conclusiones

La investigaci�n exhaustiva sobre la hipernormatividad en el Sistema Penal Ecuatoriano ha arrojado conclusiones significativas, abordando los objetivos planteados con claridad y profundidad. En primera instancia, el an�lisis detallado de la hipernormatividad en el contexto legal ecuatoriano revela la proliferaci�n excesiva de leyes, reglamentos y disposiciones, generando confusi�n e ineficiencia en el sistema de justicia e incluso contrariedades y contradicciones de rango constitucional y supraconstitucional cuando a Derechos se refiere. La complejidad normativa identificada dificultad frente a la comprensi�n y aplicaci�n de las leyes, lo que puede llevar a interpretaciones err�neas, arbitrariedades y con absoluta falta de uniformidad en los criterior que se resuelven en decisiones judiciales. Este fen�meno se aleja del esp�ritu de las normas y del prop�sito fundamental de un Sistema de Justicia, que deber�a caracterizarse por su eficacia y su previsibilidad.

En relaci�n con los principios fundamentales del Derecho Penal, se evidencia que la hipernormatividad impacta negativamente la garant�a de principios como la presunci�n de inocencia, el debido proceso, la proporcionalidad de las penas, la igualdad de toda persona ante la ley y de muchos m�s
Principios, Garant�as y Derechos. La falta de claridad en las leyes y la aplicaci�n desproporcionada de sanciones pueden conducir a situaciones en las que los derechos de los acusados no se respetan adecuadamente o, que en su defecto, no se logre cocn total eficacia el cumplimiento de la reparaci� integral. Este hallazgo subraya la importancia de abordar la hipernormatividad desde diversas aristas impermeables y no sujetas a interpretaciones subjetivas, para de esta manera salvaguardar la integridad y la equidad del sistema legal.

Asimismo, la investigaci�n corrobora que la hipernormatividad obstaculiza la eficacia y eficiencia del Sistema Penal. La carga administrativa excesiva que genera para los operadores de justicia dificulta la aplicaci�n �gil y oportuna de las leyes. La falta de claridad y coherencia en las normas puede resultar en demoras y obst�culos en los procesos judiciales. Por tanto, la hipernormatividad no solo afecta la calidad de la justicia, sino que tambi�n impacta la capacidad del sistema para cumplir con sus funciones de manera eficiente.

En cuanto a las soluciones propuestas, se destaca la necesidad de revisar y simplificar las normas, promover la claridad y coherencia normativa, fortalecer los mecanismos de protecci�n de los derechos de los acusados y descongestionar la estrategia burocr�tica de los procedimientos para brindar un sistema judicial �gil y de calidad. Estas medidas apuntan a contrarrestar los efectos perniciosos de la hipernormatividad como una problem�tica f�ctica, buscando una regulaci�n m�s eficiente y alineada con los principios fundamentales del Derecho Penal. La revisi�n y simplificaci�n de las normas se erigen como herramientas cruciales para recuperar la funcionalidad y la transparencia del sistema legal ecuatoriano.

En base a lo expuesto, la hipernormatividad en el Sistema Penal Ecuatoriano se presenta como un desaf�o multidimensional e interseccional que impacta a la coherencia, eficacia y equidad del sistema legal de administraci�n de justicia, desde sus diversas sedes. La proliferaci�n desordenada de normas requiere una atenci�n inmediata para salvaguardar la integridad del sistema judicial y proteger los derechos de los ciudadanos. Las soluciones propuestas, fundamentadas en la revisi�n y simplificaci�n normativa, as� como en el fortalecimiento de mecanismos de protecci�n, delinean un camino hacia la restauraci�n de la funcionalidad y eficacia del Sistema Penal Ecuatoriano. La importancia de esta investigaci�n radica en su potencial reestructuraci�n para orientar reformas sustanciales que beneficien no solo a los operadores de justicia, sino a toda la sociedad ecuatoriana en la b�squeda de un sistema legal justo, eficiente y alineado con los principios fundamentales del Derecho Penal, las reglas del Debido Proceso y el cumplimiento �ltimo de sus m�s grandes objetivos: brindar justicia reparatoria y restaurativa.

 

 

 

Referencias

Balc�zar A., E. D. (2016). La Responsabilidad Penal de la Persona Jur�dica y "el debido control" en la empresa. Revista electr�nica EXLEGE, 55-74.

Bayancela Delgado, M. T. (2022). Compliance Programs y su incorporaci�n en la legislaci�n penal ecuatoriana. Iuris Dictio, 29, 129-140.

Cove�a-Le�n, C. L., Noblecilla, K. V., & Romero, G. Y. (2022). An�lisis de la imprescriptibilidad de infracciones en el marco del c�digo org�nico integral penal ecuatoriano. Polo del Conocimiento, 7(1), 1386-1403.

Dur�n-Ch�vez, C. E., & Fuentes-Aguila, M. R. (2021). El debido proceso penal y su constitucionalizaci�n en Ecuador. Polo del conocimiento, 6(7), 1083-1103.

Garc�a, J. R., & Rebollo, L. M. (2022). Dos valores b�sicos que debe cumplir la Administraci�n p�blica: la eficacia y el control. Estado & comunes, 1(14).

Gargarella, R., & Roa Roa, J. (2020). Di�logo democr�tico y emergencia en Am�rica Latina (Democratic Dialogue and Emergency in Latin America). Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper.

Gonz�lez, E. L. (2023). Derecho penal contempor�neo. Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI, 7(1), 119-129.

Guti�rrez, S. M. (2017). Hacia la construcci�n de un nuevo r�gimen disciplinario para el Poder Judicial de la Federeaci�n en M�xico. Revista del Instituto de la Judicatura Federal.

Olivas, E. (2007). Des�rdenes sociales y ajustes constitucionales. N�madas. Revista Cr�tica de Ciencias Sociales y Jur�dicas, 16(2), 16.

Paredes, P. L., & Ruperti, C. G. (2022). Vulneraci�n al derecho del debido proceso: Perspectiva desde los derechos humanos en Ecuador. 593 Digital Publisher CEIT, 7(1), 724-734.

Proa�o Tamayo, D. S., Coka Flores, D. F., & Chug� Quemac, R. E. (2021). Los recursos penales de impugnaci�n en Ecuador. Dilemas contempor�neos: educaci�n, pol�tica y valores, 9(SPE1).

Requena, C., & C�rdenas Guti�rrez, S. (2016). Compliance legal de la empresa, una tendencia regulatoria mundial. M�xico: Dofiscal Editores.

Rodr�guez Dut�n, A. G. (2011). Prevenci�n del delito y la violencia en el Ecuador.

Solano, B. S. (2020). La impunidad de las infracciones administrativas en el sector de las telecomunicaciones, por conflictos en la normativa legal que regula la potestad sansionadora de la administraci�n. Quito: Instituto de los Altos Estudios Nacionales.

Sosa Salazar, E. G., Campoverde Nivicela, L. J., & S�nchez Cuenca, M. E. (2019). Los principios de titularidad, exigibilidad e igualdad y no discriminaci�n como principios de aplicaci�n de los derechos en el estado ecuatoriano. Revista universidad y Sociedad, 11(5), 428-436.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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