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Los derechos y la atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas

 

The rights and priority care of people deprived of liberty with catastrophic illnesses

 

Os direitos e cuidados priorit�rios das pessoas privadas de liberdade com doen�as catastr�ficas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: francisco.martinez@unach.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 30 de diciembre de 2023 *Aceptado: 03 de enero de 2024 * Publicado: �29 de febrero de 2024

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

      II.            Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

Resumen

El presente estudio se propone examinar minuciosamente los derechos y la atenci�n prioritaria que deben recibir las personas privadas de libertad, en adelante PPL, que sufren de enfermedades catastr�ficas. El enfoque se centra en analizar exhaustivamente los derechos humanos de este grupo vulnerable y las violaciones que experimentan durante su periodo de encarcelamiento en los centros de rehabilitaci�n social en Ecuador. Estas personas enfrentan una situaci�n de doble vulnerabilidad, lo que acent�a la importancia de proteger y garantizar sus derechos en este contexto adverso. El prop�sito fundamental de esta investigaci�n es evaluar si las condiciones y elementos presentes en estos centros son adecuados y suficientes para asegurar la provisi�n de la atenci�n prioritaria establecida tanto en los Tratados Internacionales como en la Constituci�n. Los resultados revelan una notable falta de acceso a servicios y atenci�n preferente para las personas encarceladas que sufren de enfermedades catastr�ficas, impidi�ndoles vivir con dignidad acorde a su condici�n. Se identifica que el derecho m�s frecuentemente vulnerado por el sistema penitenciario es el derecho a la salud. Los hallazgos de esta investigaci�n evidencian que la normativa vigente no logra satisfacer adecuadamente las necesidades de este grupo en doble situaci�n de vulnerabilidad y se destaca la urgencia de implementar directrices o pol�ticas espec�ficas en los centros de rehabilitaci�n social para garantizar los derechos consagrados en la legislaci�n.

Palabras Clave: Derecho a la salud; Discriminaci�n; Legislaci�n; Derechos humanos.

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Abstract

The present study aims to thoroughly examine the rights and priority attention that people deprived of liberty, hereinafter PPL, who suffer from catastrophic illnesses, should receive. The focus is on exhaustively analyzing the human rights of this vulnerable group and the violations they experience during their period of imprisonment in social rehabilitation centers in Ecuador. These people face a situation of double vulnerability, which accentuates the importance of protecting and guaranteeing their rights in this adverse context. The fundamental purpose of this research is to evaluate whether the conditions and elements present in these centers are adequate and sufficient to ensure the provision of priority care established both in International Treaties and in the Constitution. The results reveal a notable lack of access to services and preferential care for incarcerated people who suffer from catastrophic illnesses, preventing them from living with dignity commensurate with their condition. It is identified that the right most frequently violated by the prison system is the right to health. The findings of this research show that current regulations fail to adequately meet the needs of this group in a double situation of vulnerability and the urgency of implementing specific guidelines or policies in social rehabilitation centers to guarantee the rights enshrined in the legislation is highlighted.

Keywords: Right to health; Discrimination; Legislation; Human rights.

 

Resumo

O presente estudo visa examinar minuciosamente os direitos e a aten��o priorit�ria que devem receber as pessoas privadas de liberdade, doravante PPL, que sofrem de doen�as catastr�ficas. O foco est� na an�lise exaustiva dos direitos humanos deste grupo vulner�vel e das viola��es que sofrem durante o per�odo de pris�o em centros de reabilita��o social no Equador. Estas pessoas enfrentam uma situa��o de dupla vulnerabilidade, o que acentua a import�ncia de proteger e garantir os seus direitos neste contexto adverso. O objetivo fundamental desta investiga��o � avaliar se as condi��es e os elementos presentes nestes centros s�o adequados e suficientes para garantir a presta��o de cuidados priorit�rios estabelecidos tanto nos Tratados Internacionais como na Constitui��o. Os resultados revelam uma not�vel falta de acesso a servi�os e cuidados preferenciais para pessoas encarceradas que sofrem de doen�as catastr�ficas, impedindo-as de viver com dignidade proporcional � sua condi��o. Identifica-se que o direito mais violado pelo sistema prisional � o direito � sa�de. Os resultados desta investiga��o mostram que a regulamenta��o actual n�o consegue responder adequadamente �s necessidades deste grupo em dupla situa��o de vulnerabilidade e destaca-se a urg�ncia de implementa��o de directrizes ou pol�ticas espec�ficas nos centros de reabilita��o social para garantir os direitos consagrados na legisla��o.

Palavras-chave: Direito � sa�de; Discrimina��o; Legisla��o; Direitos humanos.

 

Introducci�n

Dentro del complicado sistema de la justicia penal y la protecci�n de los derechos humanos, surge un reto de suma importancia, brindar el debido cuidado a las Personas Privadas de la Libertad PPL, que deben afrontar enfermedades catastr�ficas. Este estudio examina detalladamente la complicada relaci�n entre el sistema de rehabilitaci�n social y las condiciones de salud que se proveen a las personas que sufren de una enfermedad catastr�fica, en otras palabras, desde una perspectiva legal, analiza la situaci�n en la que se encuentran los centros penitenciarios para este grupo de atenci�n prioritaria.

La indagaci�n se sustenta en la creciente conciencia de las complejidades inherentes a una enfermedad catastr�fica, especialmente en un mundo globalizado donde proteger los derechos humanos es fundamental. Las PPL que enfrentan enfermedades catastr�ficas se encuentran en una situaci�n de vulnerabilidad extrema, lo cual plantea dudas sobre si los sistemas penitenciarios son capaces de garantizar sus derechos de manera efectiva. Es en este escenario que surge la pregunta central para esta investigaci�n: �c�mo pueden disfrutar plenamente de sus derechos aquellos que se encuentran privados de libertad y padecen enfermedades catastr�ficas, y qu� garant�as deben ser proporcionadas por los Estados? Esta interrogante gu�a un an�lisis exhaustivo sobre la eficacia de las protecciones legales y los derechos inherentes a estas personas en situaci�n de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.

Desde una visi�n amplia a nivel mundial, los sistemas penitenciarios alrededor del mundo se encuentran confrontando desaf�os parecidos sin importar su ubicaci�n geogr�fica. A nivel mundial, el tema de los derechos y la atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas se enmarca en los derechos humanos universales. Organizaciones internacionales como la Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU) y la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS) han establecido normas y directrices para garantizar el acceso a la atenci�n m�dica adecuada para todas las personas, incluidas aquellas en situaci�n de privaci�n de libertad (Neira et al., 2023).

A nivel regional, en Am�rica Latina y el Caribe, se han desarrollado normativas y mecanismos para proteger los derechos de las PPL con enfermedades catastr�ficas. La Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH han emitido pronunciamientos sobre la importancia de garantizar el acceso a la atenci�n m�dica en contextos de privaci�n de libertad (Ruiz-Carcel�n et al., 2018). La cruda realidad que enfrentan las PPL en Ecuador, seg�n el informe de la CIDH (2022), revela un panorama desolador en t�rminos de acceso a atenci�n m�dica; pues este informe detalla que numerosos centros penitenciarios carecen de servicios m�dicos adecuados, padecen de una escasez cr�nica de personal m�dico y en ocasiones, se enfrentan a la renuencia de los profesionales de la salud para ingresar a otros recintos, temerosos por su propia seguridad. Tambi�n se�ala, un d�ficit significativo de trabajadores de la salud en los centros de privaci�n de libertad, con ratios alarmantes, como uno o dos especialistas por cada cinco mil reclusos, lo que genera conflictos al momento de buscar la programaci�n de una cita m�dica.

Aunque la Constituci�n y la legislaci�n no detallan exhaustivamente los derechos de las personas con enfermedades catastr�ficas, si establecen principios fundamentales y orientadores, como la gratuidad y la atenci�n preferente y oportuna en el �mbito p�blico y privado. Estos preceptos generales, aunque valiosos, pueden considerarse m�s abstractos y aplicables de manera amplia a diversas situaciones de salud. En contraste, cuando se aborda la cuesti�n de las PPL, la legislaci�n establece derechos espec�ficos de manera m�s detallada. Este �nfasis espec�fico en el contexto penitenciario reconoce la vulnerabilidad de quienes se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad.

El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) (2021), en sus art�culos 4 y 12 numeral 11, establece derechos fundamentales para las PPL, como el respeto a su dignidad, la prohibici�n de hacinamiento y el cuidado de su salud. Es importante se�alar que en Ecuador no se cumple con el porcentaje establecido por el Sistema Nacional de Atenci�n Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), lo cual agrava la situaci�n de las personas con enfermedades catastr�ficas que requieren celdas individuales para su tratamiento, pero se ven afectadas por el hacinamiento. Sin embargo, la legislaci�n s� desarrolla y resalta el derecho a la salud, especialmente para quienes padecen enfermedades catastr�ficas, asegurando tratamiento especializado y la presencia de m�dicos especialistas las 24 horas del d�a, como medio esencial para garantizar el bienestar y la dignidad de las PPL en esta condici�n.

Seg�n lo establecido en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) (2009), se tiene que la finalidad de las garant�as constitucionales reside en asegurar de manera eficiente y sin demora la protecci�n de los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los tratados internacionales de derechos humanos. Adem�s, se incluye la declaraci�n de la violaci�n de uno o varios derechos, as� como la reparaci�n completa de los perjuicios ocasionados.� Vascones (2023) establece que las garant�as jurisdiccionales consisten en medios de car�cter judicial para la protecci�n de los derechos constitucionales, que se activan ya sea para prevenir una violaci�n o para solicitar su reparaci�n cuando ya se ha sufrido un da�o. El art�culo 89 de la CRE (2008), y el art�culo 43 de la LOGJCC (2009), disponen que el Habeas Corpus, protege la libertad, la vida, la integridad f�sica y otros derechos relacionados de las personas privadas o restringidas de libertad.

 

Estudio jur�dico comparado y cr�tico de los derechos de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas

El derecho comparado sobre los derechos de las PPL con enfermedades catastr�ficas permite se�alar que, en distintos pa�ses de la regi�n, gestionan y protegen estos derechos fundamentales. Examinar detenidamente las garant�as legales y las pr�cticas adoptadas, permite identificar similitudes, diferencias y enfoques destacados en la salvaguarda de la salud y dignidad de estas personas en condici�n de vulnerabilidad.� Este an�lisis busca arrojar luz sobre las diversas perspectivas y normativas existentes, contribuyendo as� al entendimiento global de la proyecci�n de derechos en este contexto especifico.

En Colombia, por ejemplo, el C�digo Penal (2000), los jueces tienen la facultad de permitir que la pena privativa de prisi�n se cumpla en la residencia del privado de la libertad o en el centro hospitalario determinado por el Instituto Nacional Penitenciario Carcelario, en caso de que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave que no puede ser tratada en los centros carcelarios. La legislaci�n colombiana implementa una reclusi�n hospitalaria como una alternativa a la pena tradicional para las personas con enfermedades graves, siendo un requisito fundamental, que esta enfermedad requiera tratamiento, rehabilitaci�n, cuidado, medicaci�n y atenci�n especializada, condiciones que evidentemente son incompatibles con los centros de privaci�n de libertad.

En Panam�, la Ley 55 de Reorganizaci�n del Sistema Penitenciario (2003), garantiza el tratamiento de las PPL enfermas, en las cl�nicas penitenciarias o en los hospitales de servicio p�blico, para su posterior reintegro al centro penitenciario cuando dicho estado de enfermedad hubiere cesado.� En este Estado, se establece la opci�n de reclusi�n hospitalaria para aquellos individuos afectados por enfermedades graves o catastr�ficas, dado que los centros de privaci�n de libertad carecen de la infraestructura y cuidados necesarios para atender adecuadamente a estas personas vulnerables debido a su condici�n m�dica. Este tipo de disposici�n es concedida por el Juez competente; sin embargo, cabe destacar que no existe ninguna figura legal que permita el cumplimiento de una pena alternativa a la privaci�n de libertad en estos casos.

La legislaci�n chilena (1998), por su parte, establece que los detenidos en prisi�n preventiva pueden ser liberados por orden del juez en casos graves de enfermedad o accidente, siempre y cuando no obstaculicen la acci�n de la justicia y se informe inmediatamente al juez de la causa y al director regional de Gendarmer�a de Chile. Cabe destacar que la legislaci�n de dicho pa�s no contempla un r�gimen de detenci�n diferente exclusivamente por motivos de enfermedad, sino �nicamente aquellos contemplados en la Ley Nro. 18.216 sobre Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.

En Argentina, el C�digo Penal de la Naci�n (1984), establece que los internos que no puedan recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad en la c�rcel, o que tengan una enfermedad incurable en etapa terminal, o que sean discapacitados y su encarcelamiento sea inadecuado por su condici�n, podr�n cumplir su pena en detenci�n domiciliaria, seg�n lo decida el Juez competente.

En el Estado de Bolivia, en el Art�culo 58 (2003) la legislaci�n en materia penal establece que la detenci�n domiciliaria como mecanismo para el cumplimiento y ejecuci�n de la pena, podr� ser dispuesta cuando la pena no supere los seis meses, adem�s menciona que, se permitir� la detenci�n domiciliaria para mujeres sin antecedentes y personas mayores o con problemas de salud. Seg�n la Real Academia Espa�ola (2014), el t�rmino valetudinario refiere a quien sufre los achaques de la edad, es decir, una persona enfermiza, delicada y de salud quebrada�.

En Brasil, por otra parte, Ballesteros (2019) indica que la norma reconoce la libertad vigilada mediante dispositivos electr�nicos y la suspensi�n condicional de la pena como medidas alternativas a la privaci�n de libertad (p.19). Puesto que el sistema legal de este pa�s reconoce las dos medidas alternativas con el objeto de evitar la reclusi�n innecesaria, se ha expedido un modelo de gesti�n para monitoreo electr�nico en materia penal, y criterios para acceder a la suspensi�n de la pena, fundamentalmente, que la pena de prisi�n sea inferior a dos a�os. Las medidas establecidas en la legislaci�n brasile�a reflejan un enfoque limitado, pero a la vez flexible y orientado a la reintegraci�n social, brindando opciones para la gesti�n de casos penales sin recurrir autom�ticamente a la privaci�n de libertad, y buscando adaptar las sanciones a la gravedad y circunstancias de los delitos cometidos.

 

La atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas en los centros de rehabilitaci�n del Ecuador

El derecho a la atenci�n prioritaria se refiere a la prerrogativa reconocida a ciertos grupos o individuos para recibir servicios de manera preferencial y r�pida, por encima de otros, con el prop�sito de garantizar condiciones equitativas de acceso a la atenci�n. Este derecho se fundamenta en la idea de que ciertas personas, debido a circunstancias espec�ficas, requieren asistencia especializada y oportuna; por lo que la atenci�n prioritaria busca asegurar que estos individuos puedan acceder a los servicios necesarios de manera expedita, contribuyendo as� a preservar su salud, dignidad y calidad de vida.

Este concepto se enmarca en los principios de justicia y equidad, reconociendo la importancia de responder de manera adecuada a las necesidades particulares de aquellos que enfrentan condiciones que demandan una atenci�n diferenciada. Seg�n lo establecido en el art.35 de la CRE (2008) �se garantiza que adultos mayores, ni�as, ni�os y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y aquellos que padecen enfermedades catastr�ficas o de alta complejidad, recibir�n una atenci�n especializada y priorizada tanto ya sea en instituciones p�blicas como privadas. De igual manera, ser�n prioridad aquellos individuos en situaci�n de riesgo, a las v�ctimas de violencia dom�stica y sexual, al maltrato infantil, y a aquellos afectados por desastres naturales o causados por el ser humano�. El gobierno se enfocar� de manera particular en mejorar la situaci�n de las personas que se encuentren en una condici�n de doble vulnerabilidad. Seg�n Arandia et al. (2022) doctrinariamente se define al grupo de atenci�n prioritaria como personas con caracter�sticas que requieren cuidado inmediato del Estado y sus entes p�blicos (p.260). En Ecuador, los grupos de atenci�n prioritaria son hist�ricamente identificados como personas en condiciones de riesgo debido a diversas situaciones sociales, econ�micas, culturales y pol�ticas.

El art. 50 de la CRE (2008), garantiza atenci�n especializada, gratuita y prioritaria en todos los niveles a quienes padezcan enfermedades catastr�ficas o de alta complejidad. Esta medida intenta cuidar la salud de quienes tienen estas enfermedades y resalta la importancia de ofrecer servicios especializados y sin costo. El �nfasis en la atenci�n a todos los niveles, de manera oportuna y preferente, subraya la urgencia y prioridad que se otorga a estos casos.

De igual forma, la Constituci�n, reconoce y garantiza una serie de derechos fundamentales para las PPL, con el objetivo de asegurar un trato digno y respetuoso en el contexto de su reclusi�n. As�, la prohibici�n de aislamiento como sanci�n disciplinaria destaca el compromiso con la dignidad y salud mental de los reclusos; la garant�a de comunicaci�n refuerza los lazos familiares y legales, fundamentales para la reinserci�n; la posibilidad de declarar sobre el trato recibido ante una autoridad judicial promueve la rendici�n de cuentas y la prevenci�n del abuso; la atenci�n a necesidades educativas, laborales y culturales subraya la importancia de la rehabilitaci�n y la integraci�n; mientras que el tratamiento preferente para grupos espec�ficos, como las personas con enfermedades catastr�ficas, evidencia la consideraci�n hacia la diversidad de situaciones que pueden enfrentar los reclusos.

A consideraci�n de Gonz�lez (2018), se limitan los derechos fundamentales de las PPL con el objetivo de preservar el orden p�blico y la armon�a social. En este contexto, se busca proteger al recluso y garantizar que retenga sus derechos fundamentales dentro de los l�mites impuestos por la pena y la normativa penitenciaria. De manera similar, el sistema de gesti�n penitenciaria de Ecuador considera que la atenci�n prioritaria garantiza la inclusi�n y el acceso a servicios especializados, al ser un principio fundamental.

 

Derechos que se vulneran a las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas en los centros de rehabilitaci�n del Ecuador

El Censo Penitenciario inaugural de Ecuador, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estad�sticas y Censos (INEC) (2023), revel� la presencia de 3.429 individuos con diagn�sticos de hipertensi�n en los centros penitenciarios del pa�s; del mismo modo, se identificaron 1.457 personas con tuberculosis, 1.284 con diabetes, 169 diagnosticadas con alg�n tipo de c�ncer y 10 con insuficiencia renal.

La comparaci�n entre los censos penitenciarios de Ecuador de 2019 y 2022 pone de manifiesto la persistencia de condiciones de salud desfavorables en la poblaci�n carcelaria. En 2019, se diagnosticaron a 398 PPL con hipertensi�n, 237 con tuberculosis, 79 con VIH, 74 con diabetes, 51 con hipertensi�n/diabetes, 18 con epilepsia y 255 con otras enfermedades (Pol�tica P�blica de Rehabilitaci�n Social, 2022). En 2022, 3429 PPL fueron diagnosticadas con hipertensi�n, 1457 con tuberculosis, 1284 con diabetes, 169 reportaron alg�n tipo de c�ncer y 10 padecen insuficiencia renal (INEC, 2023). Esta comparaci�n revela un aumento en la identificaci�n de patolog�as cr�ticas entre los reclusos, lo que puede deberse al impacto de la vida en prisi�n en la salud y posiblemente a mejoras en la detecci�n y registro de enfermedades. No obstante, ambos conjuntos de datos subrayan la necesidad urgente de estrategias integrales en el �mbito penitenciario y de salud p�blica para garantizar una atenci�n adecuada y oportuna. Es evidente que no ha habido un progreso significativo en la protecci�n de los derechos de este grupo de personas en situaci�n de doble vulnerabilidad, lo que destaca la importancia de considerar estas estad�sticas en el dise�o de pol�ticas de salud y justicia en el pa�s.

Seg�n la informaci�n proporcionada por el SNAI, en el a�o 2019, la tasa de hacinamiento a nivel nacional alcanz� el 39,64%. Este indicador revela que el sistema penitenciario albergaba 39.874 personas, superando significativamente su capacidad nominal de 28.554 individuos. Este escenario resalta los desaf�os adicionales para brindar atenci�n m�dica efectiva a aquellos con condiciones de salud graves dentro de un entorno penitenciario abrumadoramente saturado.

El censo penitenciario del a�o 2022 evalu� las condiciones de vida de las PPL. Los resultados mostraron que, en este grupo, 7180 personas comparten su celda con entre 6 y 10 personas en promedio. El 42.4% de hombres comparte celda con m�s de 5 personas, mientras que el 70.0% de mujeres comparte espacio con 5 personas. El 46.9% de las PPL califica la ubicaci�n de su celda como regular, mientras que el 12.6% la considera mala (INEC, 2023).

 

Metodolog�a

La unidad de an�lisis del trabajo investigativo se ubica en los Centros de Rehabilitaci�n Social de la Zona 3 del Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua), lugar donde se estudi�, los derechos y la atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas; los investigadores asumen un enfoque mixto cualicuantitativo; por los objetivos alcanzados y la complejidades la investigaci�n es de tipo pura, dogm�tica, documental, de campo y jur�dica descriptiva; de dise�o no experimental; la poblaci�n involucrada est� constituida por 10 Jueces de Garant�as Constitucionales y 10 servidores p�blicos de SNAI, a quienes se les aplic� un cuestionario de 7 preguntas en formato likert; el tratamiento de la informaci�n se realiz� mediante la utilizaci�n de t�cnicas matem�ticas (tabulaci�n de resultados), inform�ticas (procesamiento estad�stico de resultados) y l�gicas (an�lisis y discusi�n de resultados).

 

Resultados y discusi�n

Pregunta 1: �Se garantizan los derechos de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas?

 

Tabla 1: Derechos de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: Garantizar los derechos de las PPL con enfermedades catastr�ficas es esencial para una sociedad justa e inclusiva. Los jueces, como actores clave en el sistema judicial, son mayoritariamente positivos en cuanto a la garant�a de estos derechos, lo que sugiere un reconocimiento de la importancia de proteger a las personas en situaci�n de doble vulnerabilidad. En este sentido, la respuesta neutra del 20% de los jueces podr�a indicar la necesidad de una mayor claridad o revisi�n de las pol�ticas existentes para abordar las necesidades espec�ficas de esta poblaci�n. Por otro lado, el 90% de los servidores p�blicos del SNAI sugiere que, desde la perspectiva de la administraci�n penitenciaria, se est�n tomando medidas efectivas para garantizar los derechos de estas personas.

Pregunta 2: �Se garantizan el derecho a la atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas?

 

Tabla 2: Derecho a la atenci�n prioritaria

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: El derecho a la atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas es fundamental para garantizar su bienestar y dignidad. Sin embargo, los resultados de la encuesta revelan una percepci�n variada tanto entre los jueces como entre el personal del SNAI en cuanto a la efectividad de la garant�a de este derecho. El 50% de los jueces que respondieron de manera neutra podr�a indicar una falta de claridad o informaci�n sobre las pol�ticas existentes relacionadas con la atenci�n prioritaria. Esta ambig�edad puede ser abordada mediante la mejora de la comunicaci�n y la transparencia en las pol�ticas que rigen la atenci�n m�dica para este grupo de personas; el 30% de los jueces en desacuerdo y el 20% del personal del SNAI en desacuerdo, sugieren que hay preocupaciones significativas sobre la implementaci�n y eficacia de las medidas existentes. Este desacuerdo podr�a deberse a la falta de recursos, capacitaci�n o infraestructura adecuada para proporcionar una atenci�n m�dica prioritaria de calidad.

La respuesta neutra del 70% del personal del SNAI tambi�n es notable y puede indicar una falta de claridad en las pol�ticas internas o una necesidad de revisi�n y mejora en la atenci�n m�dica dentro de los centros penitenciarios. Ser�a beneficioso explorar las razones detr�s de las respuestas neutras y en desacuerdo mediante entrevistas adicionales o encuestas detalladas. Esto proporcionar�a informaci�n valiosa sobre los desaf�os espec�ficos que enfrenta la implementaci�n de la atenci�n prioritaria y permitir�a la formulaci�n de soluciones m�s efectivas.

Pregunta 3: �Se cumple las obligaciones internacionales en relaci�n con los derechos de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas?

 

Tabla 3: Obligaciones internacionales

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: Es fundamental evaluar si el pa�s cumple con los est�ndares internacionales de derechos humanos en cuanto a los derechos de las PPL con enfermedades catastr�ficas. La falta de claridad o informaci�n sobre obligaciones internacionales espec�ficas podr�a ser indicada por la respuesta neutra del 70% de los jueces. Ser�a valioso realizar una revisi�n detallada de los tratados y convenciones internacionales ratificados por el pa�s para identificar las �reas espec�ficas que pueden estar generando ambig�edad o incertidumbre. El 30% de los jueces en desacuerdo sugiere la existencia de preocupaciones significativas o desaf�os en la implementaci�n de las obligaciones internacionales. Es fundamental investigar m�s a fondo estas preocupaciones para identificar las barreras que impiden el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales.

La respuesta positiva del 10% de los profesionales del SNAI podr�a reflejar una percepci�n de que se est�n tomando medidas efectivas para cumplir con las obligaciones internacionales. Sin embargo, la mayor�a (80%) que responde de manera neutra indica una falta de consenso o informaci�n clara sobre el estado actual del cumplimiento de estas obligaciones en el �mbito penitenciario. El 10% de los profesionales del SNAI est� en desacuerdo y tienen preocupaciones espec�ficas o cr�ticas en la implementaci�n de las obligaciones internacionales. Deben explorarse m�s a fondo para identificar �reas de mejora.

Pregunta 4: �Las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas reciben atenci�n m�dica adecuada y oportuna?

 

Tabla 4: Personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: La pregunta sobre la atenci�n m�dica a las PPL con enfermedades catastr�ficas es fundamental para evaluar el acceso a servicios de salud en el sistema penitenciario. Los resultados, sin embargo, indican una percepci�n variada tanto entre los jueces como entre el personal del SNAI. El 50% de los jueces que respondieron en desacuerdo podr�a se�alar una preocupaci�n significativa sobre la calidad y oportunidad de la atenci�n m�dica en este grupo. Ser�a crucial indagar m�s profundamente para entender las razones detr�s de esta percepci�n negativa y si hay �reas espec�ficas que necesitan mejoras. La respuesta neutra del 50% de los jueces sugiere una falta de consenso o claridad en la evaluaci�n de la atenci�n m�dica. Se deber�an realizar investigaciones adicionales para entender mejor las causas de esta ambig�edad y si se debe a una falta de informaci�n, comunicaci�n o experiencia directa en la materia. El 10% de profesionales del SNAI que considera que s� se brinda atenci�n m�dica adecuada y oportuna podr�a indicar una percepci�n positiva en la administraci�n penitenciaria. Sin embargo, el 20% que est� en desacuerdo y el 70% que responde de forma neutra sugieren que existe una necesidad urgente de evaluaci�n y mejora en la prestaci�n de servicios de salud para esta poblaci�n.

Pregunta 5: �Se garantiza el derecho a la atenci�n m�dica especializada de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas?

 

Tabla 5: Derecho a la atenci�n m�dica especializada

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: El derecho a la atenci�n m�dica especializada es esencial para asegurar el bienestar de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas. Sin embargo, los resultados de la encuesta reflejan una percepci�n mixta entre los jueces y los profesionales del SNAI en cuanto a la garant�a de este derecho.

El 40% de los jueces que respondieron en desacuerdo y el 20% en total desacuerdo indican preocupaciones significativas sobre la disponibilidad y acceso a la atenci�n m�dica especializada. Ser�a fundamental investigar las razones detr�s de estas percepciones negativas y determinar si existen obst�culos espec�ficos que impiden la provisi�n efectiva de atenci�n m�dica especializada.

El 40% de jueces que respondieron de forma neutra sugiere una falta de consenso o claridad en la percepci�n sobre la garant�a de este derecho. Esto podr�a se�alar la necesidad de una mayor comunicaci�n y transparencia en las pol�ticas relacionadas con la atenci�n m�dica especializada en el sistema penitenciario. El 60% de los profesionales del SNAI que respondieron de forma neutra y el 40% en desacuerdo indican una percepci�n similar a la de los jueces. Esta discrepancia entre la administraci�n penitenciaria y la percepci�n de la garant�a del derecho a la atenci�n m�dica especializada resalta la importancia de una evaluaci�n conjunta y colaborativa para identificar �reas de mejora.

Pregunta 6: �Se garantiza el principio de igualdad y no discriminaci�n a las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas?

 

Tabla 6: Principio de igualdad y no discriminaci�n

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: La igualdad y no discriminaci�n son esenciales para tratar justa y equitativamente a todas las personas, incluso a aquellas con enfermedades catastr�ficas que est�n privadas de su libertad. Los resultados de la encuesta muestran que tanto los jueces como los profesionales del SNAI tienen una percepci�n mayoritaria de neutralidad respecto a la garant�a de este principio.

El 80% de jueces y profesionales del SNAI que respondieron de forma neutra podr�a indicar una falta de claridad o informaci�n sobre las pol�ticas y pr�cticas espec�ficas implementadas para garantizar la igualdad y prevenir la discriminaci�n en el contexto de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas. El 20% que considera que s� se garantiza este principio podr�a representar aquellos que perciben que existen medidas efectivas para asegurar la igualdad y prevenir la discriminaci�n en el tratamiento de estas personas. Ser�a valioso examinar en detalle las razones detr�s de esta percepci�n positiva para identificar pr�cticas exitosas que podr�an replicarse o fortalecerse.

Pregunta 7: �Se garantiza las acciones afirmativas y los beneficios penitenciarios a las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas?

 

Tabla 7: Acciones afirmativas y los beneficios penitenciarios

FUENTE: Cuestionario dirigido a los Jueces de Garant�as Constitucionales y a los servidores p�blicos de SNAI

AUTORES: Carlos Herrera & Francisco Mart�nez (2023).

 

Discusi�n: Las acciones afirmativas y los beneficios penitenciarios constituyen herramientas fundamentales para abordar las necesidades espec�ficas de las PPL que enfrentan enfermedades catastr�ficas. No obstante, los resultados de la encuesta revelan una percepci�n mayoritaria de neutralidad respecto a la garant�a de estas acciones tanto entre los jueces como entre el personal del SNAI. La respuesta neutral del 70% de los jueces y el 80% del personal del SNAI sugiere una posible falta de claridad o informaci�n sobre las pol�ticas y pr�cticas espec�ficas implementadas para ofrecer acciones afirmativas y beneficios penitenciarios a este grupo. Esto subraya la necesidad imperante de una comunicaci�n m�s efectiva y transparente en relaci�n con las medidas adoptadas para atender las necesidades particulares de estas personas.

La percepci�n positiva del 10% de los jueces que considera que s� se garantizan estas acciones y el 20% del personal del SNAI que comparte esta opini�n podr�a se�alar la existencia de medidas efectivas en este sentido. Ser�a esencial profundizar en las razones detr�s de esta percepci�n positiva para identificar buenas pr�cticas que puedan ser ampliadas o fortalecidas.

 

Conclusiones

La investigaci�n revela una percepci�n variada entre los jueces y el personal del SNAI en cuanto a la efectividad de la garant�a de los derechos de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas en los centros de rehabilitaci�n social del Ecuador. Aunque la mayor�a de los jueces muestra una actitud positiva, con un 90% sugiriendo que se est�n tomando medidas efectivas desde la perspectiva de la administraci�n penitenciaria, se observa una respuesta neutra significativa del 20%, indicando posibles �reas de ambig�edad en las pol�ticas existentes.

Es necesario revisar las pol�ticas y pr�cticas actuales para proteger y aplicar en la pr�ctica el derecho a la atenci�n prioritaria de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas, debido a la falta de consenso o claridad, especialmente evidenciada por las respuestas neutras. Evidencian la necesidad de solucionar las carencias de informaci�n, recursos, capacitaci�n e infraestructura que podr�an interferir en la implementaci�n eficaz de medidas protectoras.

Adem�s, se destaca la importancia de profundizar en el an�lisis de las respuestas neutras y en desacuerdo, particularmente de los jueces, para comprender las razones detr�s de la percepci�n ambivalente. Se sugiere la posibilidad de llevar a cabo investigaciones adicionales para identificar desaf�os espec�ficos en la implementaci�n de medidas protectoras y proponer soluciones concretas. Para fortalecer a�n m�s la validez de los hallazgos, se propone comparar estos resultados con investigaciones similares a nivel nacional o internacional sobre los derechos de las personas privadas de la libertad con enfermedades catastr�ficas. Esto permitir�a obtener un contexto m�s amplio y evaluar si los resultados son consistentes con tendencias m�s amplias o si existen variaciones significativas que requieran atenci�n espec�fica.

 

Referencias

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