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Problemas de interpretaci�n de los elementos del delito de enriquecimiento privado no justificado en el Ecuador

 

Problems of interpretation of the elements of the crime of unjustified private enrichment in Ecuador

 

Problemas de interpreta��o dos elementos do crime de enriquecimento privado injustificado no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: alarconcarlos1@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 30 de diciembre de 2023 *Aceptado: 09 de enero de 2024 * Publicado: �11 de febrero de 2024

 

        I.            Especialista en Derecho Penal y Justicia Ind�gena, Universidad Regional Aut�noma de los Andes, Doctor en Jurisprudencia, Universidad Cat�lica De Cuenca, Abogado de los Tribunales de Justicia de la Rep�blica, Universidad Cat�lica de Cuenca, Licenciado en Ciencias Jur�dicas y Sociales, Universidad Cat�lica de Cuenca, Ecuador.

Resumen

La presente investigaci�n realiza un an�lisis detallado del delito de enriquecimiento privado no justificado en Ecuador, enfoc�ndose en su interpretaci�n dentro del marco del Derecho penal econ�mico y la necesidad de adaptar la legislaci�n a los nuevos desaf�os en delitos econ�micos. Utilizando una metodolog�a que examina la interpretaci�n judicial y leyes penales en blanco, el estudio resalta la arbitrariedad en las interpretaciones judiciales y analiza dos casos espec�ficos para demostrar desviaciones en la interpretaci�n legal. El objetivo de este estudio es proponer reformas legales para garantizar interpretaciones m�s precisas y coherentes, asegurando as� la justicia en casos de enriquecimiento no justificado y la protecci�n del r�gimen de desarrollo y orden econ�mico. En conclusi�n, el estudio destaca la necesidad de una reforma legal que evite interpretaciones extensivas y asegure un proceso legal m�s justo y coherente.

Palabras clave: Derecho Penal Econ�mico; Enriquecimiento Privado; Interpretaci�n Judicial; Justicia Econ�mica.

 

Abstract

This research carries out a detailed analysis of the crime of unjustified private enrichment in Ecuador, focusing on its interpretation within the framework of economic criminal law and the need to adapt the legislation to the new challenges in economic crimes. Using a methodology that examines judicial interpretation and blank criminal laws, the study highlights the arbitrariness in judicial interpretations and analyzes two specific cases to demonstrate deviations in legal interpretation. The objective of this study is to propose legal reforms to ensure more precise and consistent interpretations, thus ensuring justice in cases of unjustified enrichment and the protection of the development regime and economic order. In conclusion, the study highlights the need for legal reform that avoids extensive interpretations and ensures a fairer and more coherent legal process.

Keywords: Economic Criminal Law; Private Enrichment; Judicial Interpretation; Economic Justice.

 

 

 

Resumo

Esta investiga��o realiza uma an�lise detalhada do crime de enriquecimento privado injustificado no Equador, centrando-se na sua interpreta��o no �mbito do direito penal econ�mico e na necessidade de adaptar a legisla��o aos novos desafios dos crimes econ�micos. Utilizando uma metodologia que examina a interpreta��o judicial e as leis penais em branco, o estudo destaca a arbitrariedade nas interpreta��es judiciais e analisa dois casos espec�ficos para demonstrar desvios na interpreta��o jur�dica. O objetivo deste estudo � propor reformas jur�dicas que garantam interpreta��es mais precisas e consistentes, garantindo assim a justi�a nos casos de enriquecimento injustificado e a prote��o do regime de desenvolvimento e da ordem econ�mica. Em conclus�o, o estudo destaca a necessidade de uma reforma jur�dica que evite interpreta��es extensas e garanta um processo jur�dico mais justo e coerente.

Palavras-chave: Direito Penal Econ�mico; Enriquecimento Privado; Interpreta��o Judicial; Justi�a Econ�mica.

 

Introducci�n

En una nueva sociedad, influenciada y sometida al poder econ�mico internacional o globalizaci�n, los nuevos fen�menos delictivos que han traspasado fronteras internacionales y las nuevas tecnolog�as que facilitan la comisi�n de delitos de esta naturaleza, se ha identificado la necesidad de que el Derecho penal intervenga en estos nuevos fen�menos con sanciones penales acordes a estos. Es decir, el nuevo Derecho penal moderno y econ�mico, es el llamado a dar respuestas a conductas que anteriormente no se encontraban tipificadas como delitos, pero que en la actualidad se han transformado en una necesidad, para que las mismas no queden en la impunidad y el poder econ�mico no haga de la sociedad lo que a este m�s convenga (Racines-Vivas, 2022).

En este sentido, es necesario recurrir al Derecho penal econ�mico para investigar un delito que protege el r�gimen de desarrollo y el orden econ�mico, ya que ambos van de la mano seg�n los art�culos 275 y 283 de la Constituci�n de la Rep�blica (Ecuador, 2008). Es importante aclarar que los bienes jur�dicos protegidos por el Derecho penal econ�mico nacen de la Constituci�n y no de la disciplina represiva.

As�, se realiza una breve descripci�n del Derecho penal econ�mico, destacando que el delito de enriquecimiento privado no justificado se encuentra dentro de esta disciplina, ya que es un delito nuevo tipificado para responder a un fen�meno delictual nuevo y atentar contra el r�gimen de desarrollo y econ�mico, que tambi�n es un bien jur�dico protegido en esta disciplina de delitos. Adem�s, se estudia la interpretaci�n judicial arbitraria que ciertos casos realizan los jueces y que incluso pueden ser objeto de sanci�n penal. Finalmente, se analizan las leyes penales en blanco, ya que permiten verificar que el tipo penal materia de estudio es un tipo penal cerrado que no remite a otras leyes.

 

Marco te�rico

El Derecho Penal Econ�mico, seg�n Luis Garc�a Mart�n (2013), debe adaptarse para abordar delitos modernos, incluyendo el enriquecimiento privado no justificado, como parte esencial de esta rama jur�dica. Miguel Bajo Fern�ndez y Hernando A. Hern�ndez Quintero (2018) definen los delitos econ�micos en dos sentidos: el estricto, que afecta directamente el orden econ�mico, y el amplio, que incide en la regulaci�n jur�dica de bienes y servicios. Por otro lado, Percy Garc�a Cavero (2012) y Francisco Mu�oz Conde (2007) destacan la importancia de estas regulaciones en el contexto de las relaciones econ�micas, subrayando el rol del Estado en la protecci�n del orden socioecon�mico y el desarrollo a trav�s de la legislaci�n penal.

El enfoque de Garc�a (2012) sobre el delito econ�mico resalta que su naturaleza no se define por la protecci�n de ciertos aspectos del sistema econ�mico, sino por la comisi�n de actos delictivos dentro de estructuras econ�micas. Este enfoque diferencia claramente el delito econ�mico de la estructura general del sistema econ�mico. Por su parte, Mu�oz (2007)� subraya la intervenci�n activa del Estado en las relaciones econ�micas, caracterizando al orden p�blico econ�mico como un bien jur�dico espec�ficamente protegido por el Derecho penal. Este enfoque destaca la consolidaci�n de la intervenci�n estatal en la vida econ�mica, se�alando que el Derecho penal econ�mico debe responder a conductas que amenazan el r�gimen econ�mico y de desarrollo.

 

El orden socioecon�mico, como bien jur�dico protegido en los delitos econ�micos

El orden socioecon�mico es un bien jur�dico protegido en los delitos econ�micos, lo que ha generado un amplio debate en la doctrina alemana y espa�ola. Se discute si el orden socioecon�mico es un bien jur�dico, con una posici�n dominante que sostiene que en los delitos econ�micos se protegen bienes jur�dicos supraindividuales, colectivos o difusos, como el orden econ�mico para el libre desarrollo de las personas. Esta perspectiva considera que el bien jur�dico protegido es la vigencia de la norma puesta en tela de juicio por la conducta delictiva, estableciendo deberes b�sicos de respeto e intervenci�n a partir del reconocimiento social de determinados bienes, intereses, facultades e instrumentos econ�micos (Cesano, 2008).

Otra perspectiva, representada por los profesores Bajo Fern�ndez y Suarez en Derecho Penal Econ�mico y de la Empresa Parte General de Mart�nez (2022), sostiene que el orden econ�mico se concreta en un inter�s jur�dico del Estado, espec�fico y determinado para cada delito en particular. Adem�s, se destaca la importancia de la protecci�n del orden socioecon�mico en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, que garantiza el r�gimen de desarrollo y el sistema econ�mico como social y solidario, siendo este bien jur�dico protegido de manera directa en el delito de enriquecimiento privado no justificado, conforme lo determina el art�culo 297 del COIP (2014).

 

La interpretaci�n de la ley penal

El an�lisis del Derecho penal econ�mico aborda las teor�as y m�todos desarrollados para la interpretaci�n de la ley penal. La doctrina ofrece diversas clases de interpretaci�n de la ley, centr�ndose en la interpretaci�n por su origen o por los sujetos que la realizan, los m�todos empleados y los resultados. En particular, de acuerdo con S�enz (2017) la interpretaci�n judicial, realizada por los jueces y tribunales, es de inter�s para este trabajo, ya que se materializa mediante las resoluciones y sentencias que se emiten en ejercicio de jurisdicci�n y competencia penal. Los administradores de justicia, al realizar esta interpretaci�n, consideran la interpretaci�n legislativa, la doctrinal y su propio criterio, lo que constituye un proceso que debe efectuarse paso a paso sin dejar de observar las exigencias de la ley.

Adem�s, se destaca que la interpretaci�n judicial no puede ir m�s all� del tenor literal posible del texto que las declara, ya que hacerlo implicar�a rebasar las funciones del poder legislativo, contradiciendo las exigencias del principio de legalidad. Por lo tanto, interpretar la ley m�s all� de las competencias no solo tiene graves consecuencias legales, administrativas y morales, sino que tambi�n vulnera derechos fundamentales y principios universales del Derecho penal, como el de legalidad (Cu�llar et al., 2019). En este sentido, es crucial que la interpretaci�n judicial se realice de manera correcta y objetiva, sin ser arbitraria o tergiversada, para no perjudicar a las partes involucradas en el proceso penal, incluido el Estado a trav�s del �rgano titular de la acci�n penal, que es la Fiscal�a General.

La interpretaci�n de la ley penal se basa en tres m�todos: el literal o gramatical, el hist�rico y el teleol�gico. El m�todo literal se centra en el significado de las palabras, el hist�rico en el contexto en que se crearon las normas, y el teleol�gico en la finalidad perseguida por la norma. Estos m�todos buscan garantizar que la ley sea clara y comprensible para la ciudadan�a, evitando confusiones o enga�os, y que se cumpla y respete. Adem�s, se considera la interpretaci�n por sus efectos o resultados, que puede ser declarativa, restrictiva o extensiva, buscando asegurar la coherencia entre la letra de la ley y su voluntad, y evitando interpretaciones que excedan la voluntad de la norma (L�pez et al., 2020).

Asimismo, se basa en m�todos que buscan garantizar la claridad y comprensi�n de la ley, evitando confusiones o enga�os, y que se cumpla y respete. Estos m�todos incluyen el literal o gramatical, el hist�rico y el teleol�gico, que se centran en el significado de las palabras, el contexto en que se crearon las normas, y la finalidad perseguida por la norma. Adem�s, se considera la interpretaci�n por sus efectos o resultados, que puede ser declarativa, restrictiva o extensiva, buscando asegurar la coherencia entre la letra de la ley y su voluntad, y evitando interpretaciones que excedan la voluntad de la norma. Estos m�todos buscan garantizar que la ley sea clara y comprensible para la ciudadan�a, evitando confusiones o enga�os, y que se cumpla y respete (Cu�llar et al., 2019).

 

La interpretaci�n judicial arbitraria

 El art�culo 13 del COIP (2014) establece que los tipos penales y las penas se interpretar�n en forma estricta, respetando el sentido literal de la norma. La arbitrariedad judicial se produce cuando los jueces penales unipersonales o tripartitos realizan una interpretaci�n fuera de lo que el esp�ritu de la ley determina. La arbitrariedad es una conducta censurable que se produce como consecuencia del abuso de poder, mientras que la discrecionalidad es un poder necesario del cual precisa la Administraci�n para alcanzar sus fines de la mejor manera posible. La arbitrariedad judicial es una actividad que se realiza en contra de la ley y el Derecho, es una conducta antijur�dica que, si se desarrolla en el �mbito penal, incluso puede tener consecuencias penales graves (Otero, 1995).

La arbitrariedad judicial acarrea la violaci�n a la seguridad jur�dica, reconocida como un derecho fundamental en la Constituci�n de la Rep�blica y en el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, la falta de motivaci�n de una decisi�n judicial que se encuentra reconocida como garant�a en la Constituci�n y, en general, violaci�n de todo el debido proceso garantizado en la Constituci�n (Otero, 1995). En el �mbito penal, la arbitrariedad judicial es una conducta prohibida o relevante para el Derecho penal cuando se adecua en el delito de prevaricato tipificado en el art�culo 268 del COIP. Los jueces de garant�as penales deben adecuar su actuaci�n y aplicaci�n del Derecho a las competencias que el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial le faculta.

 

Leyes penales en blanco

Estas leyes remiten su contenido o elementos a otra ley para completarse, y solo en esos casos el juzgador puede acudir a completar el tipo, pero no de forma arbitraria, creando elementos que no existen en la estructura del mismo. Se destaca que el delito de enriquecimiento privado no justificado, tipificado en el art�culo 297 del COIP, es completo, claro y expreso, y no remite a otras leyes para completarse, ya que hace referencia a personas que obtienen incremento patrimonial no justificado, sin necesidad de recurrir a otras leyes.

El profesor Santiago Mir Puig (1994) explica que la mayor�a de las proposiciones jur�dico-penales no expresan normas penales completas en cuanto a su contenido, y que es excepcional que una disposici�n legal deje totalmente sin expresar el supuesto de hecho o la consecuencia jur�dica. Por su parte, el profesor alem�n Claus Roxin se�ala que las leyes penales en blanco consisten en conminaciones penales que remiten a otros preceptos en cuanto a los presupuestos de la punibilidad, y en ellas rige la prohibici�n de analog�a respecto de la regulaci�n complementadora, que constituye el tipo propiamente dicho.

 

An�lisis del delito de enriquecimiento privado no justificado y sus elementos

El delito de enriquecimiento privado no justificado es un tipo penal cerrado que se encuentra tipificado en el art�culo 297 del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) vigente desde el 10 de agosto de 2014. Este delito es parte de los delitos del nuevo Derecho penal moderno-econ�mico y se encuentra como conducta penalmente relevante desde su tipificaci�n en el COIP. El bien jur�dico protegido en este delito es el r�gimen de desarrollo de forma directa, pero tambi�n se protege el r�gimen econ�mico. El incremento patrimonial mayor a doscientos salarios b�sicos unificados se demuestra con un peritaje contable, en el que se determina cu�les son los valores de patrimonio del autor del delito y su incremento desde la fecha que se presume han cambiado con respecto a sus ingresos (Sabando, 2018).

Continuando con el an�lisis del delito de enriquecimiento privado no justificado, es importante destacar que este delito se encuentra dentro de los delitos econ�micos, los cuales son aquellos que afectan el patrimonio de las personas y de la sociedad en general. En este sentido, Almeida (2012) menciona que el enriquecimiento privado no justificado se refiere a aquel incremento patrimonial que no tiene una justificaci�n legal o leg�tima, lo que implica que se ha obtenido de manera il�cita o fraudulenta. Es por ello que este delito se encuentra tipificado en el COIP y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco a�os, con el fin de proteger el bien jur�dico del r�gimen de desarrollo y econ�mico.

Por otro lado, es importante mencionar que la tipificaci�n del delito de enriquecimiento privado no justificado en el COIP se debe a la necesidad de procesar y sancionar las nuevas acciones da�inas para los bienes jur�dicos colectivos y los nuevos fen�menos delictuales, cuyo proceso se encuentra en consolidaci�n a fin de que el sistema punitivo, de respuesta a estas, aplicando el Derecho penal. Es decir, este delito surge como respuesta a la necesidad de proteger los bienes jur�dicos colectivos y evitar que se cometan acciones que afecten el patrimonio de las personas y de la sociedad en general (Angueta, 2016).

 

Los elementos del delito de la doctrina y del delito de enriquecimiento privado no justificado desarrollados por el COIP

El COIP en su art�culo 18 determina que infracci�n penal es la conducta t�pica, antijur�dica y culpable y el art�culo 19 clasifica a la misma en delitos y contravenciones. En nuestra legislaci�n, el delito est� constituido por cuatro elementos, de los cuales se analiza hasta la tipicidad por ser los m�s importantes para el caso que nos ocupa. La tipicidad y sus subelementos nos permite clarificar c�mo est� constituido el delito de enriquecimiento privado no justificado, por lo cual, se los analiza de forma individual y se los adecua al tipo penal materia de estudio.

La conducta del delito de enriquecimiento privado no justificado es obtener, es decir, un agente personalmente o mediante terceros, voluntariamente realiza una conducta con el fin de obtener patrimonio il�cito. La acci�n o conducta es un comportamiento voluntario que implica una finalidad, es decir, que el autor se adscribe a la teor�a de la acci�n final, dato relevante para esta investigaci�n, por cuanto el COIP es de corte finalista. La tipicidad se encuentra relacionada con la actividad judicial, aquel ejercicio que realiza el juez o jueces al momento de adecuar el hecho real al supuesto de hecho descrito en la norma. La tipicidad es la adecuaci�n de un hecho cometido a la descripci�n que de ese hecho se hace a la ley penal (Mu�oz, 2007). Ning�n hecho, por antijur�dico y culpable que sea, puede llegar a la categor�a de delito si, al mismo tiempo, no es t�pico, es decir, sino que corresponde a la descripci�n contenida en una norma penal.

El delito de enriquecimiento privado no justificado es doloso, y la tipicidad se describe en objetiva y subjetiva, y dentro de ella se encuentran otros subelementos como el sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y objeto material del delito (Sabando, 2018). El art�culo 297 del COIP describe la tipicidad del delito de enriquecimiento privado no justificado, que consiste en la obtenci�n de un incremento patrimonial no justificado mayor a doscientos salarios b�sicos unificados del trabajador en general, por lo cual, se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco a�os.

El an�lisis de la tipicidad objetiva del delito de enriquecimiento privado no justificado se refiere a varios elementos fundamentales. El sujeto activo, definido como el titular de la conducta que lesiona o pone en peligro un bien jur�dico protegido, puede ser cualquier persona, ya que la f�rmula legal no establece ninguna cualidad adicional. El sujeto pasivo, a su vez, es la persona que tiene la calidad de titular del bien jur�dico protegido por el legislador en el tipo penal, en este caso, el Estado y otras instituciones p�blicas afectadas. El verbo rector del delito es �obtener�, el cual implica la obtenci�n injustificada de un incremento patrimonial. Por �ltimo, el objeto material del delito es el incremento patrimonial injustificado mayor a doscientos salarios b�sicos unificados del trabajador en general, que puede consistir en bienes muebles o inmuebles, dinero, u otros bienes, y debe ser justificado y demostrado con peritajes correspondientes (B. Mart�nez, 2014).

En cuanto a la tipicidad subjetiva, Sabando (2018) argumenta que esta est� constituida por el dolo, que a su vez se compone del conocimiento y la voluntad. El dolo se define como el querer dominado por el saber, es decir, la voluntad de actuar referida al resultado que sustenta la acci�n. La persona act�a con dolo si conoce los elementos objetivos del tipo penal y ejecuta voluntariamente la conducta. En el caso del delito de enriquecimiento privado no justificado, el dolo implica querer obtener bienes que no correspondan a los ingresos legales y saber que los mismos pueden ser observados y objetados por la justicia penal porque no tienen un origen que se pueda justificar legalmente.

 

Estudio de casos y propuesta de reforma jur�dica

Se analizan las resoluciones de las causas penales No. 17282-2017-03001 y No. 09288-2022-00631, y se examina el razonamiento judicial de los jueces que emitieron sentencia o auto por este delito. Se concluye que la actuaci�n de la administraci�n de justicia que fall� en los casos en estudio es una actuaci�n arbitraria.

Para abordar este problema, se propone una reforma jur�dica de algunos art�culos del COIP, del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial y de la Ley Org�nica de R�gimen Tributario Interno. Esta reforma busca ajustar la actuaci�n de los administradores de justicia y afianzar legalmente, ya que, a pesar de existir normas claras para el procesamiento y sanci�n del delito, los jueces buscan otros caminos para no encontrar responsables y absolver.

 

Caso No. 17282-2017-03001

Hechos. Los hechos del presente caso se resumen de la siguiente manera:

La sociedad conyugal entre el se�or Marcelo E y su c�nyuge, una ex funcionaria del nivel jer�rquico superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre los a�os 2008 hasta el 2016, obtuvo un incremento patrimonial no justificado de dos millones de d�lares americanos (2.000.000,00 USD). Para el caso espec�fico del se�or Marcelo E, Fiscal�a determin� a trav�s de un peritaje contable que su patrimonio injustificado era de quinientos seis mil seiscientos d�lares americanos (506.600,00 USD).

Estos hechos ingresan al �mbito de investigaci�n, procesamiento y sanci�n penal, por la emisi�n del informe de la Contralor�a General del Estado No. DAAC-0055-2017, los reportes del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de An�lisis Financiero y Econ�mico, remitido el primero de ellos a la Fiscal�a General del Estado, el 13 de junio de 2017.

Desarrollado el proceso penal, el sujeto procesal acusado fue sentenciado, emiti�ndose sentencia condenatoria en primera y segunda instancia; sin embargo, en casaci�n la Corte Nacional de Justicia, acepta el recurso de casaci�n interpuesto por el sentenciado y ratifica su estado de inocencia.

Todos los hechos del caso fueron debidamente probados y acreditados con la prueba practicada por Fiscal�a General del Estado, es decir, existe la materialidad del delito.

Fundamentos de la resoluci�n. Los fundamentos de la sentencia de casaci�n se resumen a continuaci�n:

Se inicia realizando un an�lisis del delito de enriquecimiento privado no justificado y a pesar de que se admite que el bien jur�dico protegido es el orden socio econ�mico, es grande la confusi�n que se hace del mismo al compararlo con el delito de lavado de activos.

Se crea un verbo rector adicional, a pesar de que como ya se ha analizado con exhaustividad anteriormente, el delito en an�lisis tiene un solo verbo rector que es obtener.

Se dice en la sentencia que de acuerdo a la legislaci�n tributaria la autoridad que tiene la facultad para determinar el incremento patrimonial es el SRI y que, en el presente caso, esta instituci�n no ha sido parte del proceso.

Que supuestamente no existi� peritaje contable, sino solo un informe pericial (as� se menciona en la sentencia de casaci�n) que hace referencia a una diferencia en las declaraciones realizadas en los a�os 2015 y 2016.

Resoluci�n: A pesar de que en primera y segunda instancia el procesado fue declarado culpable, en la sentencia de casaci�n se ratifica su estado de inocencia, esto, porque a criterio del tribunal de casaci�n los hechos probados no se adecuan al tipo penal.

An�lisis: De acuerdo a todo lo analizado y explicado hasta aqu�, se puede verificar que la sentencia de casaci�n de la causa en estudio no se encuentra acorde con la verdad procesal y con el ordenamiento jur�dico vigente y aplicable para los hechos.

Esto porque, en primer t�rmino, desde el �mbito dogm�tico-jur�dico el delito de enriquecimiento privado no justificado no puede ser comparado con el delito de lavado de activos, el primero es un delito aut�nomo y no depende de la comisi�n primaria o precedente de otros delitos.

Existi� un peritaje contable en el que se pudo corroborar el informe de Contralor�a y el valor de ingresos que no correspond�an a la actividad econ�mica del procesado, esto es, el enriquecimiento privado no justificado.

Las disposiciones de la ley tributaria son aplicables para el �mbito procesal administrativo, que nada tiene que ver con el �mbito penal, por lo cual, crear un requisito de procedibilidad indicando que el SRI es el �nico �rgano competente para determinar el enriquecimiento privado no justificado, es actuar arbitrariamente e interpretar la ley penal de manera equ�voca.

El art�culo 13, numeral 2 del COIP proh�be la interpretaci�n arbitraria de los tipos penales y la doctrina penal desarrolla estas categor�as de manera amplia, de tal manera que crear un verbo rector adicional en un delito que tambi�n tiene un solo verbo rector y no remite a otras normas, tal como se lo ha realizado en el presente caso de estudio, tambi�n es arbitrario.

 

Caso No. 09288-2022-00631

Los hechos del presente caso se resumen de la siguiente manera:

El se�or Ra�l P y su c�nyuge obtuvieron incremento patrimonial y econ�mico injustificado desde el a�o 2015 hasta el 2021, esto mediante la utilizaci�n de terceras personas, mismas que en total son aproximadamente veintiuno.

Las terceras personas obteniendo su propio RUC empezaron a participar en varios procesos de contrataci�n p�blica con unidades de salud, una en particular que es el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. La forma de operar de estas personas era presentando proformas de manera conjunta con el objetivo de que la adjudicaci�n de un determinado contrato recaiga en cualquiera de ellos, contraviniendo los principios de la Ley Org�nica del Sistema Nacional de Contrataci�n P�blica.

Para obtener el dinero de los pagos de los contratos, los procesados hicieron abrir cuentas bancarias a las terceras personas en varias entidades financieras, mismo que a su vez, era entregado a otras personas o regresaba directamente al patrimonio de estos.

En total, de acuerdo a los peritajes contable financiero y tributario, el valor injustificado que constan en el patrimonio de los procesados Ra�l P y su c�nyuge es de aproximadamente diez millones novecientos cuatro mil seiscientos noventa y tres d�lares americanos (10.904.693,97 USD).

Fundamentos de la resoluci�n. Los fundamentos de la sentencia de primera instancia se resumen a continuaci�n:

Se menciona que el informe de la Unidad de An�lisis Financiero y Econ�mico (UAFE) no determin� que los dineros tienen un origen il�cito o inusual y que el dinero es producto de actividades de comercio l�citas.

Pero principalmente, el juez de garant�as penales fundamenta su resoluci�n indicando que: �Si es un documento pertinente esa acta de determinaci�n del SRI, conforme el art�culo 23 y 24 de la Ley de R�gimen Tributario Interno, puesto que con ese an�lisis del SRI se puede determinar el incremento patrimonial injustificado y que debi� existir en el expediente�.

Agrega que el �nico documento que pod�a existir para que se materialice la infracci�n es el acta de determinaci�n de incremento patrimonial injustificado del SRI. Que al SRI le corresponde determinar el incremento patrimonial y es el �nico que pod�a determinar el supuesto incremento.

Que el documento de determinaci�n de incremento patrimonial injustificado es un asunto de prejudicialidad o procedibilidad, seg�n el precedente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, aqu� se toma en sentido literal la sentencia de casaci�n de la causa No. 17282-2017-03001 que se analiz� anteriormente y se profundiza en los argumentos administrativos-tributarios.

Resoluci�n. Sin considerar ning�n peritaje y pr�cticamente dejando de lado los elementos de convicci�n incorporados por fiscal�a al proceso, se emite auto de sobreseimiento a favor de los procesados.

An�lisis. El presente caso y espec�ficamente su resoluci�n son muy similares a la causa anterior, como se dijo anteriormente, se realiza una mayor argumentaci�n (aunque falaz e inv�lida) sobre los �mbitos de aplicaci�n en materia administrativa-tributaria.

Aqu� es importante mencionar que de acuerdo al art�culo 430 inciso cuarto del COIP, la fiscal�a tiene la obligaci�n de investigar, esto incluso cuando una denuncia no cumple con todos los datos, no se puede omitir realizar una investigaci�n. Por lo cual, fundamentar una argumentaci�n en reglas de una ley tributaria para crear un requisito de prejudicialidad o procedibilidad y absolver con este argumento, es incluso atentar contra el desarrollo normal de la administraci�n de justicia y desmerecer el trabajo que Fiscal�a realiza para investigar y sancionar los delitos econ�micos que tanto da�o hacen a la sociedad.

De forma errada se confunde un precedente judicial obligatorio, con una sentencia de casaci�n que como qued� analizado en el estudio del caso anterior, se desarroll� con argumentos no acordes a la verdad procesal, por lo cual, fundamentar una resoluci�n en la misma tiene un doble sentido equivocado. Uno porque no es jurisprudencia obligatoria y dos porque sus argumentos son arbitrarios y contrarios a Derecho.

Se vulnera el principio de universalidad de la prueba, mismo que para su aplicaci�n, manda que la prueba debe ser analizada toda en su conjunto, no solo una parte. En el presente caso, el juzgador no considera los peritajes contable financiero y tributario. Me acojo nuevamente a las observaciones realizadas al caso anterior en el apartado denominado an�lisis, porque como se mencion�, las resoluciones de los dos casos tienen mucha similitud.

 

Tabla 1: Resumen del an�lisis de los casos

 

Propuesta de reforma jur�dica

La Asamblea Nacional de Ecuador (Ecuador, 2008), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha aprobado la Ley reformatoria para el efectivo procesamiento, sanci�n e impedimento de impunidad del delito de enriquecimiento privado no justificado. Esta ley surge en un contexto en el que el Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia, debe garantizar que las personas gocen de todos los derechos reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica y en los instrumentos internacionales. Asimismo, reconoce la necesidad de respuestas desde el Derecho penal para sancionar los nuevos fen�menos criminales y delitos, en l�nea con la evoluci�n de la sociedad y los riesgos de seguridad.

El delito de enriquecimiento privado no justificado, tipificado como conducta penalmente relevante en respuesta a la voluntad popular expresada en la consulta popular del a�o 2011, es abordado a trav�s de reformas a diferentes cuerpos legales, como el Reglamento a la Ley de R�gimen Tributario Interno, el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial y el C�digo Org�nico Integral Penal. Estas reformas buscan garantizar un procesamiento efectivo, la imposici�n de sanciones adecuadas y el impedimento de la impunidad en casos relacionados con este delito.

La ley establece disposiciones espec�ficas, como la prohibici�n de crear elementos o requisitos adicionales en los tipos penales, la definici�n de informes que no constituyen requisitos para la investigaci�n y sanci�n del delito, y la prohibici�n de la creaci�n de elementos en los tipos penales que no consten en la f�rmula legislativa. Con la entrada en vigencia de esta ley, se busca fortalecer el marco legal para combatir el enriquecimiento privado no justificado, asegurando un proceso legal s�lido y coherente con los principios constitucionales y los est�ndares internacionales de justicia (Anexo1).

 

Conclusiones

El delito de enriquecimiento privado no justificado es un tema nuevo y poco explorado que requiere an�lisis y propuestas de soluciones para evitar interpretaciones antojadizas del art�culo 297 del COIP. Las actuaciones de la administraci�n de justicia en los casos estudiados fueron arbitrarias, vulnerando el Art. 13 del C�digo Org�nico Integral Penal. El bien jur�dico protegido del tipo penal de enriquecimiento privado no justificado es el r�gimen de desarrollo y el orden econ�mico, que van de la mano seg�n los art�culos 275 y 283 de la Constituci�n de la Rep�blica. Por lo tanto, es imprescindible establecer las reformas propuestas en el presente trabajo. En el estudio se han planteado reformas al C�digo Org�nico Integral Penal, C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial y Reglamento a la Ley de R�gimen Tributario Interno para evitar interpretaciones extensivas jurisdiccionales en el pa�s. Adem�s, se ha analizado la interpretaci�n judicial arbitraria y las leyes penales en blanco, que permiten verificar que el tipo penal materia de estudio es un tipo penal cerrado que no remite a otras leyes.

 

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