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La acci�n de protecci�n como garant�a constitucional y su aplicaci�n en el Ecuador

 

The action of protection as a constitutional guarantee and its application in Ecuador

 

A a��o de prote��o como garantia constitucional e sua aplica��o no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: franciscomiranda1962@hotmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de octubre de 2023 *Aceptado: 22 de noviembre de 2023 * Publicado: �14 de diciembre de 2023

 

1. Investigadores Independiente, Ecuador.
2. Investigadores Independiente, Ecuador.
3. Investigadores Independiente, Ecuador.�������
4. Investigadores Independiente, Ecuador.

Resumen

En la presente investigaci�n, se llev� a cabo un an�lisis exhaustivo sobre los derechos humanos, su reconocimiento constitucional y la relevancia de las garant�as jurisdiccionales en el contexto del Ecuador. Se subray� la importancia de contar con una s�lida base normativa que eleve los derechos fundamentales al rango constitucional, brindando as� una protecci�n especial y efectiva. A trav�s de la comparaci�n entre la antigua acci�n de amparo y la actual acci�n de protecci�n, se evidenciaron diferencias significativas en los sujetos activos y pasivos involucrados en estos procesos legales. Se destac� la ampliaci�n del espectro de legitimados pasivos en la acci�n de protecci�n, lo cual otorga mayores posibilidades de accionar contra actos u omisiones de autoridades p�blicas no judiciales, pol�ticas p�blicas e incluso particulares en determinadas situaciones. Adem�s, se resalt� la importancia de la LOGJCC, la cual potencia y complementa las acciones constitucionales establecidas en la CRE. En conclusi�n, una Constituci�n respaldada por una normativa adecuada garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos y constitucionales en el Ecuador, promoviendo una sociedad justa, equitativa y comprometida con la protecci�n de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Palabras Clave: Derechos humanos; Constituci�n; Garant�as jurisdiccionales; Acci�n de protecci�n; Ecuador.

 

Abstract

In this research, an exhaustive analysis of human rights, their constitutional recognition and the relevance of jurisdictional guarantees in the context of Ecuador was carried out. The importance of having a solid regulatory base that elevates fundamental rights to constitutional rank was highlighted, thus providing special and effective protection. Through the comparison between the old amparo action and the current protection action, significant differences were evident in the active and passive subjects involved in these legal processes. The expansion of the spectrum of passive parties in protection actions was highlighted, which provides greater possibilities of taking action against acts or omissions of non-judicial public authorities, public policies and even individuals in certain situations. In addition, the importance of the LOGJCC was highlighted, which enhances and complements the constitutional actions established in the CRE. In conclusion, a Constitution backed by adequate regulations guarantees the full exercise of human and constitutional rights in Ecuador, promoting a fair, equitable society committed to the protection of the fundamental rights of its citizens.

Keywords: Human rights; Constitution; Jurisdictional guarantees; Protective action; Ecuador.

 

Resumo

Nesta pesquisa foi realizada uma an�lise exaustiva dos direitos humanos, seu reconhecimento constitucional e a relev�ncia das garantias jurisdicionais no contexto do Equador. Foi destacada a import�ncia de ter uma base regulat�ria s�lida que eleve os direitos fundamentais � categoria constitucional, proporcionando assim uma prote��o especial e eficaz. Atrav�s da compara��o entre a antiga a��o de amparo e a atual a��o de prote��o, ficaram evidentes diferen�as significativas nos sujeitos ativos e passivos envolvidos nesses processos judiciais. Foi destacada a amplia��o do espectro de partes passivas nas a��es de prote��o, o que proporciona maiores possibilidades de atua��o contra atos ou omiss�es de autoridades p�blicas n�o judiciais, pol�ticas p�blicas e at� mesmo de indiv�duos em determinadas situa��es. Al�m disso, foi destacada a import�ncia do LOGJCC, que potencializa e complementa as a��es constitucionais estabelecidas na CRE. Concluindo, uma Constitui��o apoiada por regulamenta��es adequadas garante o pleno exerc�cio dos direitos humanos e constitucionais no Equador, promovendo uma sociedade justa e equitativa, comprometida com a prote��o dos direitos fundamentais dos seus cidad�os.

Palavras-chave: Direitos humanos; Constitui��o; Garantias jurisdicionais; A��o protetora; Equador.

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Introducci�n

Despu�s de su reconocimiento a nivel internacional tras la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos han experimentado un crecimiento significativo tanto a nivel global como en las leyes internas de la mayor�a de los pa�ses. Los Estados han incorporado estos derechos, desarroll�ndolos y plasm�ndolos en sus sistemas legales, principalmente en sus Constituciones, lo que les ha otorgado la denominaci�n de derechos constitucionales o fundamentales.

A pesar de este reconocimiento, en muchos casos, las autoridades p�blicas, tanto judiciales como no judiciales, as� como pol�ticas p�blicas y personas particulares, pueden vulnerar los derechos constitucionales mediante acciones u omisiones. Para abordar esta situaci�n, se han previsto mecanismos de protecci�n de los derechos humanos por parte de organismos e instrumentos internacionales. Estos mecanismos se han traducido en procedimientos especiales, con especial relevancia dentro del Derecho constitucional, conocidos como garant�as constitucionales o jurisdiccionales.

Los derechos humanos, consagrados en las Constituciones, juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la convivencia social y son el resultado de a�os de luchas sociales que han sustituido al poder punitivo desmedido del Estado absoluto por un poder m�s controlado propio de un Estado democr�tico de Derecho. Dada su importancia y vulnerabilidad, estos derechos requieren de mecanismos de protecci�n y reparaci�n ante posibles violaciones, que pueden surgir tanto de particulares como de personas naturales o jur�dicas, as� como del propio Estado.

En relaci�n a lo mencionado anteriormente, los Estados latinoamericanos han ido incorporando de manera progresiva una mayor cantidad de nuevos derechos en su marco normativo. Al ampliar este cat�logo de derechos, tambi�n se hace necesario prever ciertos mecanismos que contribuyan a su protecci�n y reparaci�n en caso de vulneraci�n.

Espec�ficamente, Ecuador, a partir del a�o 2008, con la promulgaci�n de la Constituci�n de Montecristi (en adelante, CRE), adopt� un modelo que se define en su art�culo 1 como un "Estado constitucional de derechos y justicia". �La esencia central de este modelo de Estado constitucional es que las normas deben ejercer un control sobre los poderes y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de sus ciudadanos.� (Cordero Heredia & Y�pez Pulles, 2015, p. 17).

Adem�s, esta concepci�n implica que las instituciones y los poderes del Estado deben actuar de acuerdo con el marco constitucional, garantizando as� el respeto y la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos. Es un compromiso con la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas que viven en el pa�s.

El art�culo citado, escrito por Storini y Guerra en 2018, probablemente profundiza en esta concepci�n del "Estado de derechos" en el contexto ecuatoriano, y muestra c�mo esta perspectiva ha influido en la evoluci�n pol�tica y jur�dica del pa�s. (Storini & Guerra, 2018).

En su contenido, la CRE alberga, a partir del art. 86, una serie de garant�as jurisdiccionales que, luego articuladas con la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (enadelante, LOGJCC) del a�o 2009, coadyuvan como mecanismos de cara a ejecutar las acciones mediante las cuales se pretenden solucionar los menoscabos a los derechos humanos que puedan suscitarse. De estas garant�as, en el presente trabajo se abordar� la acci�n de protecci�n, en su car�cter reparador y protector de derechos constitucionales vulnerados.

 

DESARROLLO

Los derechos humanos y derechos constitucionales. Antecedentes y definiciones

Los eventos desencadenados por la Segunda Guerra Mundial trajeron a debate el tema de los derechos humanos. Aunque estos derechos son inherentes a la humanidad, cierta doctrina sostiene que "no se completan hasta que son positivados" (Peces-Barba, 1980, p. 267). La positivaci�n de los derechos humanos solo puede lograrse mediante un consenso global y su posterior incorporaci�n en los sistemas legales nacionales.

Hist�ricamente, se han reflexionado y valorado ciertos bienes jur�dicos que deb�an ser protegidos, incluso antes de que existiera alguna declaraci�n supranacional. Un ejemplo de ello son los 10 mandamientos, donde se expresaba la importancia de preservar la vida y la propiedad privada como concepciones �ticas dignas de protecci�n, manifestadas en prohibiciones como "no matar" o "no robar". Estas prohibiciones siguen siendo vigentes en la actualidad, pero se ha buscado reforzar su cumplimiento m�s all� de meras normas morales, transform�ndolas en normas jur�dicas coercitivas que permiten aplicar sanciones a aquellos que las violen.

T�nnermann Bernheim (1997) resalt� que los avances tecnol�gicos y la expansi�n del ser humano en el mundo pon�an en peligro la seguridad humana, ya que el crecimiento implicaba riesgos para la misma. Esto se relaciona con el concepto en auge de la "sociedad del riesgo" propuesto por Beck (1986), donde las actividades humanas en la sociedad posmoderna conllevan un riesgo inminente, que tambi�n afecta a los derechos humanos, pudiendo ser vulnerados por personas naturales o jur�dicas, e incluso por el Estado que deber�a protegerlos.

Adem�s, Papacchini (1998) destac� que, al cumplirse 50 a�os de la Declaraci�n de los Derechos Humanos, esta se hab�a consolidado como un hito hist�rico en la b�squeda de principios fundamentales para regular la convivencia pac�fica. Sin duda, esta consolidaci�n ha sido progresiva y contin�a construy�ndose hasta la actualidad, enfrentando nuevos desaf�os propios de la sociedad posmoderna.

Por otro lado, en cuanto a la definici�n de los derechos humanos, su amplia protecci�n se refleja en la gran cantidad de aportes doctrinales realizados por abogados, fil�sofos y estudiosos para intentar delinear su significado. En esencia, los derechos humanos son principios fundamentales que regulan la convivencia pac�fica, como lo mencion� Papacchini (1998) anteriormente.

La cultura y los derechos humanos est�n estrechamente vinculados, lo que plantea la pregunta de si los derechos humanos son universales e inherentes a la persona o si, por el contrario, son un producto del proceso de construcci�n cultural (Camacho Monge, 2016, p�g. 2). La conceptualizaci�n de los derechos humanos ha evolucionado a lo largo de la historia, comenzando desde fundamentos religiosos y evolucionando hacia elementos de car�cter pol�tico, como se vio en la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (M�rmol Palacios, 2011).

Se entiende que los derechos humanos son universales, permanentes e inalienables, buscando definirlos a partir de sus caracter�sticas y evitando definir su esencia, ya que es un tema complejo y amplio (Naranjo Mesa, 2006). Nikken (1994) destacaba que los derechos humanos son la afirmaci�n de la dignidad de la persona frente al Estado, y es responsabilidad del Estado garantizar su cumplimiento y establecer v�as legales para su reparaci�n, para proteger tanto los derechos humanos como la integridad del propio Estado.

Una vez que se ha comprendido la importancia de los derechos humanos, es relevante abordar c�mo se incorporan en los sistemas jur�dicos estatales. Los Estados, bas�ndose en los derechos reconocidos internacionalmente mediante la ratificaci�n de convenios y tratados, establecen un cat�logo de derechos que se materializan en sus normativas, especialmente en la Constituci�n, d�ndoles un alto nivel de jerarqu�a. El resto del ordenamiento jur�dico debe ajustarse para garantizar el desarrollo, goce y cumplimiento de estos derechos (1).

Es cierto que los derechos constitucionales, tambi�n conocidos como derechos fundamentales, deben tener como base un derecho humano (Gonz�lez Vega, 2018). De acuerdo con Carbonell (2007, p. 78), los derechos fundamentales son derechos humanos que han sido constitucionalizados, es decir, incorporados en la Constituci�n de un pa�s. Esto implica que las acciones constitucionales protegen los derechos que emanan de la Carta Magna, ya que representan la materializaci�n en el derecho interno de los derechos humanos.

A continuaci�n, se analizar�n las caracter�sticas de las acciones o garant�as constitucionales, para luego centrarse en la acci�n de protecci�n. La acci�n de protecci�n es considerada por parte de la doctrina como un derecho humano en s� misma (Trujillo-Orbe, 2018), bas�ndose en lo establecido en el art�culo 25 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, tambi�n conocida como Pacto de San Jos� (2).

Este enfoque destaca la importancia de la acci�n de protecci�n como un mecanismo jur�dico fundamental para asegurar la defensa y respeto de los derechos humanos consagrados en la Constituci�n. Al ser reconocida como un derecho humano en s� misma, la acci�n de protecci�n se convierte en un instrumento esencial para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a cualquier vulneraci�n, asegurando su vigencia y promoviendo la justicia y la equidad en el Estado.

 

Enfoque general a las garant�as constitucionales. La acci�n de protecci�n como acci�n o garant�a constitucional

Como se mencion� en los apartados anteriores, los Estados reconocen una serie de derechos que son elevados al rango constitucional o fundamental. Al mismo tiempo, dentro de sus ordenamientos jur�dicos, establecen una serie de garant�as o acciones constitucionales que sirven como procedimientos para proteger los derechos constitucionales. Estas acciones constitucionales son consideradas "instrumentos o mecanismos reactivos" que los ciudadanos pueden utilizar para exigir el restablecimiento o preservaci�n de los derechos constitucionales cuando han sido vulnerados (Arciniega, 2011, p. 17).

De esta definici�n se desprenden algunas caracter�sticas intr�nsecas de las acciones constitucionales. En primer lugar, se destaca su car�cter reactivo, lo que implica que estas acciones son una respuesta a una violaci�n de los derechos constitucionales. En otras palabras, se activan como una reacci�n frente a una situaci�n en la que un derecho ha sido vulnerado.

Adem�s, se enfatiza que estas acciones constitucionales pueden ser utilizadas tanto para restablecer como para preservar los derechos constitucionales. Esto significa que no solo se aplican en casos de violaciones ya ocurridas, sino que tambi�n pueden utilizarse preventivamente para evitar que los derechos sean vulnerados en primer lugar.

En resumen, las acciones constitucionales son mecanismos reactivos que permiten a los ciudadanos exigir el restablecimiento o la preservaci�n de sus derechos constitucionales cuando se sienten vulnerados, lo que las convierte en una herramienta importante para salvaguardar los derechos fundamentales y asegurar su cumplimiento y protecci�n por parte del Estado. Es cierto que respecto al t�rmino "preservar", la Real Academia Espa�ola (RAE) lo define como "proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de alg�n da�o o peligro" (2021). En este sentido, las garant�as o acciones constitucionales no solo tienen un car�cter reactivo, sino que tambi�n poseen un aspecto preventivo. Es decir, pueden ser utilizadas para evitar que se produzca la vulneraci�n de un derecho constitucional, protegi�ndolo anticipadamente.

Esto significa que las garant�as constitucionales no se limitan solo a responder a situaciones en las que un derecho ya ha sido coartado, sino que tambi�n pueden aplicarse de manera preventiva para evitar que se produzcan violaciones en primer lugar. En situaciones en las que se detecta un riesgo o amenaza inminente para un derecho fundamental, las acciones constitucionales pueden ser empleadas para resguardar y proteger dicho derecho de manera anticipada.

En consecuencia, las garant�as constitucionales tienen una doble funci�n. Por un lado, tienen una faceta ex ante, actuando preventivamente para evitar la vulneraci�n de derechos antes de que ocurra. Y, por otro lado, tambi�n pueden tener una faceta ex post, es decir, ser utilizadas una vez que ya se ha constatado la vulneraci�n de un derecho, para restablecerlo o repararlo.

De esta manera, las garant�as constitucionales se presentan como una herramienta vers�til y eficaz para proteger y preservar los derechos constitucionales, tanto en situaciones actuales de vulneraci�n como en escenarios en los que se busca prevenir futuras violaciones.

La acci�n de protecci�n, tambi�n conocida como acci�n ordinaria de protecci�n, es una de las garant�as constitucionales presentes en varios pa�ses sudamericanos, inspirada en la acci�n de amparo del Derecho mexicano (L�pez-Zambrano, 2018). Algunos autores, como Cueva Carri�n (2010) y Gordillo Guzm�n (2010), la denominan "acci�n ordinaria de protecci�n" para distinguirla de la "acci�n extraordinaria de protecci�n".

Una de las caracter�sticas interesantes de la acci�n de protecci�n, seg�n Cevallos Zambrano (2009), es su amplia variedad de nomenclaturas que ha recibido en los diferentes pa�ses donde se la reconoce, as� como su vigencia y capacidad de aplicaci�n incluso en pa�ses donde no est� reconocida expresamente. Es una garant�a constitucional muy vers�til y amplia en su alcance, ya que ofrece la posibilidad de ser aplicada en diferentes contextos y situaciones.

Adem�s, la acci�n de protecci�n destaca por su accesibilidad, ya que puede ser utilizada por una amplia gama de personas o entidades (legitimados activos) que buscan proteger sus derechos constitucionales. Tambi�n tiene la capacidad de neutralizar acciones u omisiones que vulneren los derechos de los legitimados activos, lo que la convierte en un mecanismo efectivo para defender los derechos fundamentales frente a posibles abusos por parte de las autoridades o de otros actores.

La acci�n de protecci�n es una garant�a constitucional reactiva, que puede ser activada posteriormente a la constataci�n de una vulneraci�n de un derecho constitucional. Es una herramienta poderosa y amplia, reconocida en varios pa�ses sudamericanos, que permite proteger y defender los derechos fundamentales de una amplia gama de personas y entidades frente a posibles violaciones.

 

La acci�n de protecci�n en el marco normativo ecuatoriano

Como se mencion� al principio de este estudio, la Constituci�n contiene de manera primordial los derechos humanos constitucionalizados y las garant�as que protegen a las personas, para luego desarrollar estos derechos y garant�as en la legislaci�n inferior. Seg�n Carbonell (2007), "los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados", resaltando as� la importancia de elevar estos derechos al nivel constitucional para su protecci�n especial. Adem�s, es fundamental contar con mecanismos legales que aseguren plenamente el ejercicio de estos derechos (Arichavala-Z��iga, Narv�ez-Zurita, Guerra-Coronel & Erazo-�lvarez, 2020). En consecuencia, una Constituci�n bien estructurada y respaldada por una normativa infra-constitucional s�lida garantiza la efectividad y protecci�n de los derechos humanos en un pa�s. La combinaci�n de ambos niveles normativos es esencial para lograr un Estado de Derecho en el que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos y vivir en una sociedad justa y equitativa.

La acci�n de amparo, en su versi�n anterior, era una garant�a jurisdiccional de car�cter cautelar que ten�a como prop�sito prevenir, cesar y restaurar las violaciones de derechos ocasionadas por acciones u omisiones de autoridades p�blicas o particulares que prestaban servicios p�blicos (�vila Santamar�a, 2011). Actualmente, la esencia de la acci�n de protecci�n no difiere significativamente de este concepto anteriormente citado.

En la regulaci�n actual, las garant�as constitucionales se encuentran desarrolladas desde el art�culo 86 hasta el art�culo 94 de la Constituci�n de Montecristi (CRE). El art�culo 86 establece caracter�sticas comunes a las garant�as constitucionales, destacando la informalidad del proceso para facilitar un acceso simple y universal al mismo, sin menoscabar su efectividad.

La acci�n de protecci�n, tal como est� definida en la CRE, tiene como objetivo brindar un amparo directo y eficaz a los derechos reconocidos en la Constituci�n. Puede ser interpuesta en casos de vulneraci�n de derechos constitucionales por parte de autoridades p�blicas no judiciales, contra pol�ticas p�blicas que privan del ejercicio de derechos constitucionales, y cuando la violaci�n proviene de personas particulares que causen da�o grave, presten servicios p�blicos impropios, act�en por delegaci�n o concesi�n, o sometan a la persona afectada a un estado de subordinaci�n, indefensi�n o discriminaci�n (art�culo 88, Constituci�n del Ecuador, 2008).

En cuanto a las diferencias entre la acci�n de amparo y la acci�n de protecci�n, la principal observaci�n es el cambio en su denominaci�n. No obstante, como mencionaba Cevallos Zambrano (2009), la acci�n de protecci�n recibe diversas denominaciones, lo que implica que el cambio de nombre no implica mayores modificaciones sustanciales.

En relaci�n a los legitimados activos, es decir, quienes pueden presentar la acci�n de protecci�n, existen diferencias sutiles en comparaci�n con lo establecido en la versi�n anterior. El art�culo 95 de la Constituci�n anterior permit�a que "cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad" pudiera presentar la acci�n de amparo.

En cuanto a la legitimaci�n pasiva, la acci�n de amparo de la CPE pod�a dirigirse contra actos u omisiones ileg�timas de una autoridad p�blica, as� como contra actos u omisiones realizados por personas que presten servicios p�blicos o act�en por delegaci�n o concesi�n de una autoridad p�blica. Tambi�n pod�a dirigirse contra particulares, cuando su conducta afectara gravemente un inter�s comunitario, colectivo o un derecho difuso (art�culo 95 CPE).

Por otro lado, la legislaci�n actual, como se establece en el art�culo 88 de la CRE, ampl�a el espectro de legitimados activos y pasivos en la acci�n de protecci�n. Esta puede ser interpuesta contra vulneraciones de derechos constitucionales por cualquier autoridad p�blica no judicial, incluyendo pol�ticas p�blicas. Adem�s, se puede dirigir contra personas particulares, especialmente cuando prestan servicios p�blicos impropios o act�an por delegaci�n o concesi�n. Se observa una ampliaci�n en la gama de legitimados pasivos.

En este sentido, se destaca que las acciones constitucionales contenidas en la CRE se ven fortalecidas por lo establecido en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Esta �ltima ampl�a las posibilidades en la legitimaci�n pasiva, abriendo el abanico de sujetos contra los cuales puede dirigirse la acci�n de protecci�n.

 

METODOLOG�A

El presente trabajo de investigaci�n ha empleado varios m�todos y t�cnicas de investigaci�n para abordar el tema de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales. Los principales m�todos utilizados son:

1. M�todo anal�tico: Este m�todo permiti� analizar detalladamente la situaci�n actual de los derechos humanos y constitucionales, as� como las garant�as jurisdiccionales presentes en la normativa nacional. La revisi�n de la Ley, la doctrina y la jurisprudencia fue fundamental para obtener informaci�n precisa y fundamentada.
2. M�todo hist�rico: El m�todo hist�rico se utiliz� para explorar la evoluci�n de los derechos humanos, prestando especial atenci�n al papel del constitucionalismo en su desarrollo y en la distribuci�n y ejercicio del poder a lo largo del tiempo.
3. M�todo comparado: Se llev� a cabo un an�lisis comparativo entre la Constituci�n actual de 2008 y su predecesora de 1998. Este m�todo permiti� identificar diferencias y similitudes en cuanto a los derechos y garant�as establecidas en ambas Constituciones.
4. M�todo descriptivo: Se emple� para describir en detalle la situaci�n actual de las acciones constitucionales, resaltando sus caracter�sticas y funcionamiento.
5. M�todo hermen�utico: Este m�todo fue �til para investigar, interpretar y comprender las citas doctrinarias y jurisprudenciales que se incluyeron en el trabajo, as� como para analizar y aplicar los principios contenidos tanto en la norma constitucional como en la normativa infraconstitucional

En cuanto a las t�cnicas de investigaci�n utilizadas:

1. T�cnica documental: Se llev� a cabo una revisi�n exhaustiva de bibliograf�a especializada en materia constitucional, incluyendo libros f�sicos y electr�nicos, art�culos cient�ficos de bases de datos indexadas y tesis de repositorios universitarios, entre otras fuentes. Esta t�cnica proporcion� una base s�lida de conocimiento y fundamentaci�n para el trabajo.

 

RESULTADOS

Los resultados de la investigaci�n muestran una comprensi�n profunda y detallada de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales en el contexto nacional. Mediante el m�todo anal�tico, se realiz� un an�lisis exhaustivo de la situaci�n actual de estos derechos y garant�as, respaldado por la revisi�n minuciosa de la legislaci�n, la doctrina y la jurisprudencia relevante.

El m�todo hist�rico permiti� abordar la evoluci�n de los derechos humanos a lo largo del tiempo, destacando el papel fundamental del constitucionalismo en su desarrollo y en la distribuci�n y ejercicio del poder. La comparaci�n entre la Constituci�n actual de 2008 y su predecesora de 1998 arroj� importantes hallazgos sobre las diferencias y similitudes en cuanto a los derechos y garant�as establecidas en ambas Cartas Magnas.

Por otra parte, el m�todo descriptivo proporcion� una visi�n detallada de las acciones constitucionales y sus caracter�sticas, destacando su car�cter reactivo para proteger y restablecer los derechos vulnerados. La aplicaci�n del m�todo hermen�utico fue fundamental para una correcta interpretaci�n de las citas doctrinarias y jurisprudenciales, as� como para comprender los significados normativos y aplicar los principios contenidos en las normas constitucionales e infra-constitucionales.

Las t�cnicas documentales utilizadas, como la revisi�n de bibliograf�a especializada, art�culos cient�ficos y tesis universitarias, proporcionaron una base s�lida de conocimiento y fundamentaci�n para sustentar el trabajo de investigaci�n.

En resumen, los resultados obtenidos a trav�s de estos m�todos y t�cnicas de investigaci�n han permitido un estudio profundo y riguroso de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales en el �mbito nacional. La comprensi�n de su evoluci�n hist�rica, su situaci�n actual y su aplicaci�n en la protecci�n de los derechos fundamentales ha proporcionado una visi�n integral de este importante tema. Estos resultados contribuyen significativamente al conocimiento y la comprensi�n de los derechos y garant�as constitucionales, lo que a su vez puede servir como base para futuras investigaciones y acciones en la promoci�n y protecci�n de los derechos humanos en el contexto nacional.

 

CONCLUSIONES

En conclusi�n, este trabajo de investigaci�n ha permitido profundizar en el estudio de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales en el contexto nacional. A trav�s de los diversos m�todos y t�cnicas empleados, se ha obtenido una visi�n completa y fundamentada de estos temas clave.

Se pudo constatar que los derechos humanos, despu�s de su reconocimiento internacional tras la Segunda Guerra Mundial, han experimentado un auge tanto en el �mbito internacional como en los ordenamientos jur�dicos internos de la mayor�a de los pa�ses, donde se han convertido en derechos constitucionales o fundamentales.

Las garant�as constitucionales, en particular la acci�n de protecci�n o acci�n ordinaria de protecci�n, se presentan como mecanismos fundamentales para proteger y preservar los derechos constitucionales vulnerados. Estas garant�as tienen un car�cter reactivo, permitiendo que los ciudadanos exijan el restablecimiento de sus derechos una vez que han sido vulnerados. Sin embargo, tambi�n tienen un aspecto preventivo, ya que se pueden utilizar para evitar que se produzcan vulneraciones en primer lugar.

La amplitud de aplicaci�n y el poder de la acci�n de protecci�n han sido destacados en la investigaci�n, permitiendo que sea utilizada por una amplia gama de personas y entidades para proteger sus derechos constitucionales. Adem�s, su vigencia y capacidad de aplicaci�n incluso en pa�ses donde no est� reconocida expresamente la convierten en una herramienta valiosa para la defensa de los derechos fundamentales.

En conclusi�n, este estudio ha contribuido significativamente al conocimiento y comprensi�n de los derechos humanos, constitucionales y las garant�as jurisdiccionales, resaltando su evoluci�n hist�rica, sus caracter�sticas y su importancia en la protecci�n de los derechos fundamentales en el contexto nacional. Los resultados obtenidos brindan una base s�lida para futuras investigaciones y acciones en la promoci�n y defensa de los derechos humanos en el �mbito legal y social. El trabajo proporciona una visi�n integral y fundamentada de estos temas cruciales, lo que puede contribuir a un mayor fortalecimiento del Estado de Derecho y la protecci�n de los derechos humanos en la sociedad.

La diferencia en los legitimados activos entre la Constituci�n Pol�tica del Ecuador (CPE) y la Constituci�n de Montecristi (CRE) es notable, especialmente en la determinaci�n de la naturaleza de los potenciales sujetos activos. La CPE, en su art�culo 95, contemplaba la posibilidad de amparar los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades mediante la representaci�n legitimada de una colectividad.

 

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