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Primer inciso del Art 156 del C�digo Org�nico General de Procesos en el contexto del principio de igualdad

 

First paragraph of Art 156 of the General Organic Code of Processes in the context of the principle of equality

 

Par�grafo primeiro do Art. 156 do C�digo Org�nico Geral de Processos no �mbito do princ�pio da igualdade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: ghidalgo@upse.edu.ec

 

 

Ciencias Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 30 de septiembre de 2023 *Aceptado: 24 de octubre de 2023 * Publicado: �06 de noviembre de 2023

 

1. Abogada, Investigadora Independiente, Ecuador.
2. Abogado, Universidad Estatal Pen�nsula de Santa Elena, Ecuador.

Resumen

La vulneraci�n a los derechos de igualdad y por lo tanto al acceso a la justicia se observa de forma clara en el art�culo 156 del C�digo Org�nico General de Procesos debido a una diferencia en el t�rmino que se otorga a la parte actora que cuenta con 5 d�as para completar la demanda y la parte demandada que solo cuenta con 3 d�as para completar la contestaci�n a la demanda o reconvenci�n, este trabajo tiene por finalidad determinar la existencia de una inconstitucionalidad en esta diferencia en la normativa, para esto se realizar� un an�lisis descriptivo del problema y que establece la constituci�n, normativa y doctrina nacional e internacional, por medio de este an�lisis se obtiene que esta diferencia aunque parezca sencilla evidencia una vulneraci�n al derecho a la igualdad, mismo que es un derecho humano y un mandato constitucional que permite el acceso a la justicia efectiva por lo que se concluye que no es admisible que el propio Estado ecuatoriano por medio de su cuerpo legislativo no preste atenci�n al mandato constitucional y garantice la igualdad formal y material dentro de los procesos civiles.

Palabras Clave: Principio de igualdad; Proceso civil; Inconstitucionalidad; C�digo Org�nico General de Procesos.

 

Abstract

The violation of the rights of equality and therefore access to justice is clearly observed in article 156 of the General Organic Code of Processes due to a difference in the term granted to the plaintiff who has 5 days to complete the claim and the defendant who only has 3 days to complete the answer to the claim or counterclaim, this work aims to determine the existence of unconstitutionality in this difference in the regulations, for this a descriptive analysis of the problem and that establishes the constitution, regulations and national and international doctrine, through this analysis it is obtained that this difference, although it may seem simple, evidences a violation of the right to equality, which is a human right and a constitutional mandate that allows access to effective justice, which is why it is concluded that it is not admissible that the Ecuadorian State itself, through its legislative body, does not pay attention to the constitutional mandate and guarantee formal and material equality within civil processes.

Keywords: Principle of equality; civil process; Unconstitutionality; General Organic Code of Processes.

 

Resumo

A viola��o dos direitos de igualdade e, portanto, de acesso � justi�a � claramente observada no artigo 156.� do C�digo Org�nico Geral de Processo devido a uma diferen�a no prazo concedido ao autor que tem 5 dias para concluir a reclama��o e ao r�u que apenas tem 3 dias para completar a resposta � reclama��o ou reconven��o, este trabalho tem como objetivo apurar a exist�ncia de inconstitucionalidade nesta diferen�a na regulamenta��o, para isso � realizada uma an�lise descritiva do problema e que estabelece a constitui��o, a regulamenta��o e a doutrina nacional e internacional, atrav�s desta an�lise obt�m-se que esta diferen�a, embora possa parecer simples, evidencia uma viola��o do direito � igualdade, que � um direito humano e um mandato constitucional que permite o acesso a uma justi�a eficaz, raz�o pela qual se conclui que n�o � admiss�vel que o pr�prio Estado equatoriano, atrav�s do seu corpo legislativo, n�o atenda ao mandato constitucional e garanta a igualdade formal e material nos processos civis.

�Palavras-chave: Princ�pio da igualdade; processo civil; Inconstitucionalidade; C�digo Org�nico Geral de Processos.

 

Introducci�n

El art�culo 156 del C�digo Org�nico General de Procesos (2019) en su primer inciso no equipara el t�rmino de tres d�as que concede a la parte demandada para completar o aclarar su contestaci�n a la demanda o su reconvenci�n, al mismo t�rmino de cinco d�as que existe en el art�culo 146 para completar la calificaci�n a la demanda que le otorga al accionante, lo que constituye una desigualdad de las partes en el proceso y que lleva a una discriminaci�n afectando el principio constitucional de la igualdad formal y material as� como lo contemplado en el numeral 4 del art�culo 11 de nuestra Carta Magna (2008), que consagra que ninguna norma jur�dica podr� restringir el contenido de los derechos ni de las garant�as constitucionales.

A pesar de que la reforma al C�digo General de Procesos fue reciente, no se tuvo en cuenta esta diferencia que afecta el derecho de la parte demandada dentro del proceso, debido a que mediante la aplicaci�n del art�culo 19 de la Ley Org�nica Reformatoria del C�digo Org�nico General de Procesos (2019) se estableci� esta ampliaci�n de t�rmino de tres� a cinco d�as, que se le otorga al actor para que complete la demanda, esta ampliaci�n de plazo no se consider� para la parte demandada dej�ndola as� en desigualdad ante la otra parte.

Se debe tomar en cuenta que el principio de igualdad es tan necesario para el sistema procesal civil que en el primer considerando del C�digo Org�nico General de Procesos (2015) se menciona este principio; �Que, por mandato constitucional, los derechos se podr�n ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, no discriminaci�n�, as� tambi�n tenemos el art�culo 9 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial (2009) que nos establece la obligaci�n a los jueces al ejercer su cargo y actuar deben realizarlo con imparcialidad y respetando la igualdad que la constituci�n les garantiza a las partes,

Esta diferencia de t�rminos en los art�culos antes mencionados, aunque parezca m�nima se convierte en una vulneraci�n al principio de igualdad de la parte demandada dado que no se le permite tener el mismo tiempo para poder completar su participaci�n procesal dentro del juicio. Bajo la �ptica del derecho constitucional se observa que a pesar de que el legislador tuvo la oportunidad de aplicar el art�culo 11 de la constituci�n y velar por que progresivamente se alcance la igualdad de las partes dentro del proceso civil, por medio de este desarrollo normativo, sin embargo, no se tuvo en cuenta por parte del legislador que el t�rmino no era el mismo para el actor y el demandado al momento de completar su participaci�n procesal, si bien bajo la perspectiva del derecho procesal civil se puede alegar que completar la demanda tiene mayor peso dentro del proceso que completar la calificaci�n a la demanda dentro del proceso civil.

De tal manera que, se debe tomar en cuenta el efecto que tienen ambos actos en el proceso dado que el peso dentro del proceso y en contra de los derechos de las partes no es el mismo, debido a que el ato de completar la demanda efectivamente al no cumplirse pone fin al proceso pero la parte a�n mantiene el derecho de iniciar otra acci�n judicial nuevamente debido a que se tiene a la demanda como no admitida y se archiva, pero en el caso del proceso en el cual la demanda ya ha sido aceptada por el juzgador, la parte demandada ya se encuentra inmersa dentro del proceso, lo que quiere decir que al no completar la contestaci�n o reconvenci�n a la demanda efectivamente esto tiene efectos inmediatos dentro del proceso, por lo tanto es una afectaci�n y vulneraci�n a sus derechos.

Por ejemplo, pierde el derecho a presentar la prueba con la que se crea asistida o plantear la reconvenci�n, este momento procesal es el �nico donde se puede aceptar la contestaci�n o la reconvenci�n dado que en ning�n otro punto del proceso es posible todo esto en base a lo dispuesto por el art�culo 156 del C�digo Org�nico General de Procesos (2015), por lo que es razonable garantizar a la parte demandada un mayor t�rmino para poder contestar la demanda y as� participar del proceso de forma v�lida, o al menos a la parte demandada se le debe garantizar como a la parte actora se le garantiza el mismo t�rmino para poder continuar el proceso, aqu� lo medular es tomar en cuenta el efecto que tiene la calificaci�n de la demanda y que la misma se acepte a tr�mite pues esto quiere decir que el proceso se ha iniciado y por lo tanto todo acto que se realice posterior a la calificaci�n en la demanda posiblemente vaya a tener un resultado dentro de la sentencia o auto resolutorio del proceso.

La inconstitucionalidad

Para fines de este art�culo, es importante definir lo que es la inconstitucionalidad ya que, a lo largo de este se estar� usando dicho t�rmino para hacer referencia al art�culo 156 del C�digo Org�nico General de Procesos. En este sentido, Zavaleta (2018) referencia que, la inconstitucionalidad se trata del hecho de que una norma o ley deba ser expulsada del ordenamiento jur�dico debido a su violaci�n de los intereses y los derechos de otras personas o de un grupo de individuos. Lo anterior, es claramente aplicable al art�culo 156 del C�digo Org�nico General de Procesos, ya que favorece la desventaja de la persona demandada frente al demandante en los tiempos dispuestos para cada uno, lo que viola los intereses individuales.

Por su parte, la declaraci�n universal de los derechos humanos expedidos por la Asamblea General ONU (1948) en su art�culo 7 destaca que, todos gozan de igualdad ante la ley y tienen el derecho, sin excepci�n, a recibir una protecci�n igualitaria por parte de la ley. Asimismo, todos tienen el derecho a igual protecci�n contra cualquier forma de discriminaci�n que contravenga esta Declaraci�n y contra cualquier incitaci�n a dicha discriminaci�n. En este sentido, se considera inconstitucional cualquier ley o mandato que viole este principio fundamental de igualdad.

Por otro lado, seg�n lo establecido en el art�culo 3 numeral 1 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) el deber fundamental del estado es asegurar, sin ning�n tipo de discriminaci�n, que todos disfruten plenamente de los derechos establecidos en la Constituci�n y en los acuerdos internacionales. Lo anterior, va en concordancia con el art�culo 6 que expresa que, todas las personas en Ecuador, independientemente de su g�nero, son consideradas ciudadanas y ciudadanos, y disfrutar�n de los derechos establecidos en la Constituci�n. Por lo tanto, toda ley que viole lo expresado por los art�culos antes mencionados, se considera inconstitucional.

Igualdad normativa

La igualdad normativa se refiere a la idea de que todas las personas deben ser tratadas por igual bajo la ley, sin importar su origen �tnico, g�nero, religi�n, orientaci�n sexual, discapacidad u otras caracter�sticas personales o sociales. En este sentido es pertinente analizar algunas de layes o normas nacionales e internacionales que fomentan la igualdad normativa. Al respecto un art�culo de la ONU (2018) destaca lo expresado por el art�culo 7 de la Declaraci�n Internacional de Derechos Humanos que se�ala que todas las personas gozan de igualdad ante la ley y tienen derecho, sin excepci�n, a recibir igual tratamiento legal. Asimismo, se garantiza a cada individuo la misma protecci�n contra cualquier forma de discriminaci�n contraria a los principios establecidos en esa Declaraci�n, as� como frente a cualquier incitaci�n a dicha discriminaci�n.

De esta manera, seg�n la ONU (2018) el art�culo 7 establece que la ley se aplica de igual manera a todas las personas y exige un trato justo sin discriminaci�n, enfatizando esta prohibici�n en 39 palabras. Es as� como, estos principios de igualdad y no discriminaci�n son fundamentales en el Estado de Derecho. De tal modo que, dichos compromisos, se han ampliado en diversos acuerdos internacionales que abordan formas espec�ficas de discriminaci�n, no solo hacia las mujeres, sino tambi�n hacia comunidades ind�genas, migrantes, minor�as y personas con discapacidad. Esto tambi�n engloba el combate al racismo, a la discriminaci�n religiosa, a la orientaci�n sexual y a la igualdad de g�nero.

En consecuencia, a lo largo del tiempo, una serie de tratados internacionales de derechos humanos han ampliado los derechos originalmente establecidos en el Art�culo 7. Con el paso de las d�cadas, la jurisprudencia ha impuesto una serie de obligaciones adicionales relacionadas con la prohibici�n de la discriminaci�n. De tal forma que, ya no es suficiente para los pa�ses simplemente abstenerse de tratar de manera desfavorable a ciertos grupos; en la actualidad, deben tomar medidas positivas para remediar la discriminaci�n. Por ejemplo, seg�n la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados tienen la responsabilidad de respaldar a las personas con discapacidad, permiti�ndoles tomar decisiones legales por s� mismas en lugar de negarles su capacidad legal.

En este particular, en lo que respecta a Ecuador, seg�n la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) se apoya y establece la igualdad normativa. Al respecto, el art�culo 3 se�ala que todas las personas son consideradas iguales ante la ley. En cuanto al ejercicio de los derechos civiles, no se pueden imponer limitaciones basadas en diferencias de nacionalidad, raza, g�nero o religi�n.

Asimismo, el art�culo 66 establece un s�lido marco legal para garantizar que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria bajo la ley, prohibiendo la discriminaci�n basada en nacionalidad, raza, g�nero o religi�n. Adem�s, protege la integridad personal, promueve la libertad de expresi�n y opini�n sin discriminaci�n, garantiza la libertad religiosa y reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones libres sobre su sexualidad y salud reproductiva.

Materiales y m�todos

Este estudio es exploratorio, debido a que las cuestiones jur�dicas de la doctrina de igualdad a�n no han sido abordadas en el marco de la COGEP ni el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial de una forma directa, por lo que para realizar este estudio la aplicaci�n del m�todo de la escritura fue necesario para que pueda delimitarse la cuesti�n jur�dica revelando el problema y caracterizando el mismo. Luego se realiz� un an�lisis deductivo mediante el an�lisis de normas y doctrinas, esto mediante el uso de m�todos exeg�ticos, determina el alcance de la regulaci�n de los marcos constitucionales y legales, teniendo en cuenta lo estudiado, es decir, cu�les son las posibles interpretaciones de las normas que aporte a este estudio. Adicional se menciona si es aplicable o no la norma, en base en la situaci�n jur�dica descrita y con la ayuda de la revisi�n del autor pertinente, para resolver sobre cu�l de los derechos en disputa prevalece sobre la decisi�n de la autoridad en este caso.

Derechos de las partes en el proceso civil

En el �mbito de los procedimientos civiles, el principio de igualdad es base dado que sustenta el aparataje de la justicia, el derecho de los participantes a ser considerados en igualdad de condiciones es fundamental para la integridad y equidad de los procesos civiles (Bayefsky, 1990). Este derecho garantiza que todas las partes, independientemente de sus antecedentes o circunstancias, tengan igual acceso a la justicia y sean tratadas equitativamente durante todo el proceso legal, por lo que el derecho a ser considerado en igualdad de condiciones encarna el principio de que todo participante en un proceso civil debe ser tratado sin discriminaci�n ni favoritismo. Este principio tiene sus ra�ces en el concepto m�s amplio de igualdad ante la ley, que sostiene que todas las personas tienen derecho a los mismos derechos, protecciones y oportunidades dentro del sistema legal y sirve como salvaguardia contra los prejuicios y garantiza que los resultados est�n determinados �nicamente por el fondo del caso, dado que los procesos civiles a menudo involucran a partes con diversos grados de poder, influencia y recursos, el derecho a la igualdad de consideraci�n act�a como contrapeso a tales disparidades al garantizar que las partes con menos recursos o menos influencia social no est�n en desventaja �nicamente debido a sus circunstancias por lo que la igualdad de trato evita una situaci�n en la que las ventajas financieras o sociales de una de las partes influyan injustamente en el procedimiento, lo que promueve la igualdad de condiciones (Esquivel, Jim�nez, & Esquivel-S�nchez, 2009).

El derecho a la igualdad de consideraci�n dentro del proceso se materializa al momento en que los tribunales est�n obligados a tratar a todos los participantes con el mismo nivel de respeto y dignidad, independientemente de sus caracter�sticas. Esto no solo se alinea con los principios b�sicos de los derechos humanos, sino que tambi�n refuerza la credibilidad y confiabilidad del sistema legal, la igual consideraci�n en los procesos civiles exige una aplicaci�n uniforme de la ley, esto significa que los est�ndares y procedimientos legales deben aplicarse de manera consistente a todos los participantes, al adherirse a este principio, el sistema legal demuestra su compromiso de tratar a todas las partes de manera imparcial y transparente, asegurando que nadie reciba un trato preferencial.

Cuando a los participantes se les asegura que sus casos ser�n considerados en igualdad de condiciones, crece la confianza p�blica en el sistema legal, dado que la confianza es esencial para mantener una sociedad justa y ordenada, as� tambi�n cuando las personas creen que recibir�n una audiencia justa independientemente de sus antecedentes, es m�s probable que participen en el proceso legal y busquen reparaci�n por sus quejas (Pommier, 2020). El derecho de los participantes a ser considerados en igualdad de condiciones en los procesos civiles es un pilar de la justicia, que promueve la equidad, la transparencia y la imparcialidad, encapsula la esencia de la igualdad ante la ley y garantiza que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, (Defensor�a del Pueblo de Ecuador, 2019) tengan las mismas oportunidades para presentar sus casos y buscar justicia , el defender este derecho no solo fortalece la credibilidad del sistema legal, sino que tambi�n refuerza los principios de una sociedad justa y equitativa.

La igualdad de medios procesales se refiere a la obligaci�n de proporcionar a cada parte una oportunidad razonable para presentar su caso y realizar la prueba en condiciones que no coloquen en clara desventaja respecto al oponente. Ambos se basan en el principio de igualdad de medios procesales, por ejemplo, al conceder reclamaciones contra una de las partes (incluidas reclamaciones de reparaci�n legal); sin darle a la otra persona la oportunidad de responder realizar diligencias procesales para beneficiar a una parte en detrimento de otra, retrasando plazos, negando acceso o informaci�n, o no reuniendo pruebas. Dirigir a una parte o permitir la disparidad de tiempo opciones de intervenci�n partidaria esto tambi�n contradice al principio. (Marcheco, 2020)

El derecho de las partes en los procesos seg�n la Constituci�n

La Constituci�n de Ecuador, aprobada en 2008, enfatiza los principios de igualdad, debido proceso y acceso a la justicia, estos principios son fundamentales para garantizar que todas las personas reciban un trato justo e imparcial en los procedimientos civiles. Si bien la constituci�n no proporciona un desglose completo de las normas procesales, s� establece el marco m�s amplio dentro del cual deben operar los procedimientos civiles. Una debida aplicaci�n de igualdad inevitablemente nos lleva a considerar que se respeta el derecho al debido proceso, la Constituci�n garantiza el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a un proceso justo e imparcial, el derecho a ser informado de los cargos o reclamos en su contra, el derecho a presentar pruebas, y el derecho a la representaci�n legal (Rannauro, 2011).

Para que sea posible considerar que el proceso en cuesti�n ha sido imparcial con ambas partes, lo m�nimo es que se conceda el mismo t�rmino a las partes para diligencias con el mismo nivel de complejidad pero as� mismo de importancia dentro del proceso como lo son completar una demanda o una contestaci�n a la demanda, dado que ambos actos procesales en caso de no ser completados dejan a las partes en estado de indefensi�n, en el caso del actor por no poder continuar con el proceso y ver archivada su demanda y en el caso del demandado no se tiene por admitida la contestaci�n lo que le quita el derecho a presentar prueba y argumentos a su favor, por lo que un plazo menor para una de las partes constituye en una restricci�n al derecho de acceso a la justicia el cual la Constituci�n enfatiza, estableciendo que la importancia del acceso a la justicia se consigue por medio de asegurar que todas las personas tengan derecho a iniciar procedimientos legales y que sus quejas sean escuchadas por un tribunal competente e imparcial.

Adem�s, es un mandato constitucional mantener procedimientos oportunos y eficientes, si bien esto no aborda expl�citamente el procedimiento civil, la constituci�n enfatiza la importancia de los procedimientos legales oportunos y eficientes para evitar demoras indebidas y garantizar que la justicia se administre con prontitud. La constituci�n puede abogar por la transparencia y publicidad en los procedimientos judiciales, asegurando que los casos se lleven a cabo abiertamente y que las decisiones se tomen con base en una comprensi�n clara de los hechos y argumentos presentados por todas las partes. Asimismo, se puede mencionar que al no equiparar los t�rminos en el art�culo 156 del c�digo org�nico general de procesos se vulnera lo dispuesto en el art�culo 76 numeral 7 literal b, de la constituci�n de la rep�blica en el que garantiza que ambas partes deben tener el mismo tiempo para preparar su defensa y presentar los argumentos por los cuales se consideren asistidos por lo que la existencia de estos 2 d�as de diferencia entre la parte actora y la parte demandada ser�a una contravenci�n directa a lo dispuesto por la constituci�n.

Al no concederse el tiempo adecuado, se le est� privando a la parte demandada de presentar sus argumentos con los que se crea asistido y as� mismo, se est� contraviniendo el literal h del numeral 7 del art�culo antes mencionado de la constituci�n de la rep�blica, por lo que as� es posible observar c�mo la norma adjetiva no recoge lo dispuesto por la constituci�n, a pesar de ser un mandato constitucional y estar claramente expresado en su art�culo 76 que aborda todos los derechos que tienen las partes dentro de cualquier proceso donde se discutan derechos.

Autores como Marcheco (2020) se�alan a la equidad procesal como ese componente que garantiza el aspecto de igualdad dentro del proceso y lo define como la existencia de un proceso contradictorio para escuchar las opiniones de las partes y que permite al juez realizar una investigaci�n con base en esa opini�n. Las faltas aisladas en la equidad del proceso no deben considerarse en su conjunto por lo probablemente una falta no sea suficiente para que todo el proceso sea considerado nulo. El concepto de equidad procesal incluye dos aspectos importantes como son la igualdad de medios procesales y el derecho a contradicci�n en la instancia.

El principio de igualdad en el proceso civil en el Ecuador

En el Ecuador, el principio de igualdad sirve como una el soporte base en el proceso, siendo una herramienta para defender los principios de justicia, equidad y debido proceso dentro del proceso civil, este principio garantiza la igualdad de trato para todos los participantes, independientemente de sus antecedentes o circunstancias, no es s�lo un elemento esencial del marco jur�dico sino tambi�n un pilar fundamental de una sociedad justa. El principio de igualdad en el proceso civil no s�lo se alinea con los valores constitucionales, sino que tambi�n refleja el compromiso de Ecuador de defender los derechos humanos y los ideales democr�ticos (Cajas, 2011). Defender los valores constitucionales es un mandato para todo ciudadano ecuatoriano, la Constituci�n del Ecuador, adoptada en 2008, pone un fuerte �nfasis en los principios de igualdad y no discriminaci�n, el art�culo 11 de la Constituci�n (2008) consagra expl�citamente el derecho a la igualdad, garantizando que todas las personas sean iguales ante la ley y tengan derecho a igual protecci�n y trato, este compromiso constitucional subraya la importancia del principio de igualdad en el proceso civil.

En una sociedad marcada por la diversidad, brindar igualdad de acceso a la justicia defiende los derechos de todos los ciudadanos y fortalece el tejido social, fomentando la confianza y la transparencia, es por eso por lo que la igualdad de trato dentro del proceso civil fomenta estos aspectos, cuando las partes perciben que reciben un trato justo y sin prejuicios, es m�s probable que participen en el proceso legal y cumplan con sus resultados, adem�s, un sistema legal transparente e imparcial refuerza la confianza p�blica, reforzando el contrato social entre los ciudadanos y el Estado (Montoya, 2018). Obteniendo as� un fortalecimiento del estado de derecho debido a que el principio de igualdad est� estrechamente vinculado al estado de derecho, es el soporte de cualquier sociedad democr�tica, que se presta de garantizar que todas las partes est�n sujetas a las mismas normas y procedimientos legales refuerza el principio fundamental del estado de derecho de que nadie est� por encima de la ley, a su vez, refuerza un sentido de justicia y responsabilidad.

Finalmente, el respeto de las normas internacionales de derechos humanos es parte del compromiso de Ecuador con los derechos humanos se ve subrayado por su adhesi�n a convenciones y tratados internacionales. (Canciller�a de Ecuador, 2020) El principio de igualdad dentro del proceso civil se alinea con estos est�ndares, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos y reflejando la dedicaci�n de Ecuador a respetar los derechos de sus ciudadanos.

En Ecuador, el principio de igualdad en el proceso civil es un testimonio del compromiso de la naci�n con la justicia, la equidad y los derechos humanos, al garantizar que todos los participantes sean tratados en igualdad de condiciones, la ley ecuatoriana no s�lo defiende los valores constitucionales, sino que tambi�n fomenta un entorno donde se protegen los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos. A medida que la situaci�n jur�dica contin�a evolucionando, el principio de igualdad sigue siendo una luz gu�a, asegurando que el proceso civil no sea s�lo un mecanismo para la resoluci�n de disputas sino un reflejo de la dedicaci�n de Ecuador a una sociedad justa y equitativa.

Dentro del �mbito de los sistemas legales en todo el mundo, el principio de igualdad se erige como un pilar fundamental que defiende los ideales de justicia, equidad y derechos humanos, (Equal Right Trust, 2008) en ninguna parte este principio es m�s crucial que en el proceso civil, donde se resuelven disputas, se defienden los derechos y se mantiene el Estado de derecho. El principio de igualdad dentro del proceso civil garantiza que todas las personas sean tratadas de manera imparcial, previniendo la discriminaci�n y los prejuicios y fomentando una sociedad construida sobre los cimientos de la equidad y el respeto, este adscribe a la idea de defender el Estado de derecho por lo que el principio de igualdad constituye la base del Estado de derecho, siendo as� el principio una el soporte de las sociedades democr�ticas.

Cuando todas las partes en un proceso civil reciben el mismo trato, se afirma el principio de que nadie est� por encima de la ley y que la justicia se administra sin prejuicios, dado que el principio de igualdad refuerza la idea de que los resultados legales est�n determinados �nicamente por los m�ritos del caso, lo que mejora la credibilidad y legitimidad del sistema legal (Council of Europe, 2023). La igualdad en el proceso civil ayuda como un poderoso ant�doto contra la discriminaci�n y los prejuicios, al garantizar que todos los participantes, independientemente de su origen, raza, g�nero, estatus socioecon�mico u otras caracter�sticas, sean tratados de manera justa, el sistema legal previene la perpetuaci�n del trato desigual, lo que esto cultiva un entorno en el que todos los individuos tienen confianza en que sus derechos ser�n respetados, fomentando la armon�a y la cohesi�n social.

Asimismo, act�a en fomento de la confianza p�blica dado que la igualdad dentro del proceso civil refuerza la confianza p�blica en el sistema legal, cuando los ciudadanos perciben que sus derechos e intereses est�n salvaguardados y que los procedimientos judiciales se llevan a cabo de manera justa, es m�s probable que participen en el proceso legal y respeten sus resultados. Este compromiso fortalece el contrato social entre los ciudadanos y el Estado, apoyando la estabilidad general de la sociedad, un aspecto esencial del principio de igualdad es la transparencia que aporta al proceso civil cuando todas las partes reciben el mismo trato, mejora la transparencia y la rendici�n de cuentas de los procedimientos judiciales las decisiones se toman bas�ndose en est�ndares objetivos y el razonamiento detr�s de esas decisiones es claro, esta transparencia ayuda a prevenir la corrupci�n, las decisiones arbitrarias y el abuso de poder.

Garantizar la dignidad y los derechos humanos es en esencia, el principio de igualdad materializado dado que el Estado que respeta la dignidad y los derechos inherentes de cada individuo, al tratar a todos los participantes con igual consideraci�n, el proceso legal reafirma el valor de la vida humana y la importancia de tratar a cada persona con respeto y justicia (Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos, 2023). El principio de igualdad es el soporte de una sociedad justa y armoniosa, y su significado nunca es m�s evidente que en el contexto del proceso civil. Este principio garantiza que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera justa, transparente y sin discriminaci�n. Al defender la igualdad, el proceso civil no s�lo administra justicia, sino que tambi�n salvaguarda la dignidad humana, promueve la cohesi�n social y reafirma los valores fundamentales sobre los que se construyen las sociedades modernas.

Igualdad y acceso a la justicia

En el intrincado conjunto de interacciones que existen en una sociedad, los principios de igualdad y acceso a la justicia se mantienen como pilares fundamentales que mantienen unido el aparataje jur�dico, su importancia arraigada inicialmente en los derechos humanos, dado que la igualdad garantiza que todas las personas sean tratadas con imparcialidad y respeto, independientemente de sus or�genes, pero al mismo tiempo, el acceso a la justicia permite a las personas accionar el sistema con sus complejidades jur�dicas y buscar reparaci�n cuando se violan sus derechos. (Civilis Derechos Humanos, 2017) Estos principios se refuerzan mutuamente: a medida que la justicia se hace accesible a todos, se afirma la igualdad y, a medida que se defiende la igualdad, la justicia se extiende a todos los rincones de la sociedad.

Los desaf�os como las barreras econ�micas, las disparidades geogr�ficas y las complejidades procesales a menudo impiden el acceso igualitario a la justicia, lo que destaca la necesidad de iniciativas como programas de asistencia jur�dica, procedimientos simplificados, extensi�n comunitaria y m�todos alternativos de resoluci�n de disputas, lograr la igualdad de acceso a la justicia tiene profundas implicaciones sociales y de estado de derecho, ya que fomenta la confianza, la unidad y la legitimidad dentro de las sociedades. (Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, 2007)

Adem�s, estos principios resuenan a escala global y coinciden con las normas internacionales de derechos humanos, por lo que la convergencia de la igualdad y el acceso a la justicia encierra un potencial transformador, capaz de remodelar las sociedades rompiendo ciclos de desigualdad y amplificando las voces de las comunidades marginadas, al entrelazarse, estos principios allanan el camino hacia un mundo donde la justicia sea un derecho fundamental accesible a todos, que encarna la esencia misma de una sociedad justa y armoniosa.

Al mencionar a la igualdad como pilar fundacional, se debe tomar en cuenta que la igualdad, consagrada en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, constituye la base sobre la que se construyen sociedades justas lo que significa que todos los individuos poseen un valor inherente y deben ser tratados de manera imparcial y sin discriminaci�n en el contexto del acceso a la justicia, la igualdad garantiza que los procedimientos, mecanismos y recursos legales sean igualmente accesibles para todos los individuos, independientemente de su estatus socioecon�mico, raza, g�nero u otras caracter�sticas definitorias (Organizaci�n de las Naciones Unidas, 1948).

Asimismo, se considera el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, integrante de la realizaci�n de otros derechos, este derecho abarca la capacidad de las personas de participar en procedimientos legales, obtener asesoramiento jur�dico y buscar reparaci�n cuando se violan sus derechos, inherente a este principio es la noci�n de que a nadie se le debe negar la justicia debido a barreras como la pobreza, la falta de educaci�n o una representaci�n legal inadecuada. La interacci�n entre igualdad y acceso a la justicia es evidente cuando a las personas se les concede igualdad de acceso a la justicia, significa que su igualdad inherente est� siendo respetada y defendida dentro del �mbito legal, por el contrario, cuando la justicia es accesible s�lo a ciertos segmentos de la sociedad, la desigualdad se perpet�a, socavando la esencia misma de la justicia misma.

Sin embargo, los desaf�os para la igualdad de acceso a la justicia son varios, por lo que, a pesar de la promesa te�rica de igualdad de acceso a la justicia, los desaf�os actualmente son:

Barreras econ�micas: Los procedimientos legales pueden ser financieramente onerosos, lo que disuade a las personas con recursos limitados de buscar justicia.���

Disparidades geogr�ficas: La distribuci�n desigual de los recursos legales puede limitar el acceso a la justicia para quienes viven en �reas rurales o remotas.

Barreras ling��sticas y culturales: La falta de comprensi�n de los procedimientos legales y las barreras ling��sticas pueden impedir el acceso de las comunidades marginadas.

Asistencia jur�dica inadecuada: La disponibilidad limitada de representaci�n legal de calidad puede obstaculizar la igualdad de acceso a la justicia, particularmente para los vulnerables.

Complejidad procesal: Los procedimientos legales complejos pueden intimidar y confundir a las personas sin conocimientos jur�dicos, disuadi�ndolas de buscar justicia.

Los desaf�os antes mencionados se pueden enfrentar por medio de estrategias para mejorar la igualdad y el acceso a la justicia, existen diversas estrategias como:

Programas de asistencia jur�dica: Los gobiernos y las organizaciones pueden establecer y fortalecer programas de asistencia jur�dica para garantizar que todas las personas tengan acceso a una representaci�n legal competente, independientemente de sus medios econ�micos.

Simplificaci�n Procesal: Se pueden hacer esfuerzos para simplificar los procedimientos legales, haci�ndolos m�s accesibles y comprensibles para el p�blico en general.

Educaci�n y extensi�n comunitaria: Las iniciativas para educar a las personas sobre sus derechos legales y los recursos disponibles pueden empoderarlas para buscar justicia con confianza.

Resoluci�n alternativa de conflictos: Fomentar el uso de m�todos de resoluci�n alternativa de conflictos como la mediaci�n puede proporcionar alternativas rentables y expeditas a los litigios tradicionales.

Tecnolog�a e innovaci�n: Aprovechar la tecnolog�a para proporcionar recursos legales en l�nea, audiencias virtuales y formularios simplificados puede facilitar el acceso a la justicia.

La igualdad de acceso a la justicia tiene profundas implicaciones sociales, cuando personas de todos los �mbitos de la vida pueden buscar justicia en igualdad de condiciones, se fomenta un sentido de pertenencia, confianza y unidad dentro de la sociedad lo que refuerza la idea de que la ley es una herramienta para la protecci�n de todos, no s�lo de unos pocos privilegiados. As� tambi�n el principio de igualdad en el acceso a la justicia refuerza el Estado de derecho, cuando la justicia es igualmente accesible, se env�a un poderoso mensaje de que el sistema legal opera sin prejuicios ni favoritismo esto, a su vez, mejora la credibilidad y legitimidad de las instituciones legales. Por lo que en un contexto global y derechos humanos la igualdad de acceso a la justicia no es s�lo una preocupaci�n interna sino tambi�n un imperativo global, los instrumentos internacionales de derechos humanos enfatizan la importancia de garantizar la igualdad de acceso a la justicia.

 

Discusi�n de resultados

Todo lo expresado a lo largo de este art�culo sobre el art�culo 156 del C�digo Org�nico General de Procesos, se origina de la igualdad normativa, el cual es un principio fundamental en el �mbito de los derechos humanos y el derecho constitucional. Se refiere al principio de que todas las personas deben ser tratadas de manera igualitaria y justa ante la ley, sin importar sus caracter�sticas personales como g�nero, raza, religi�n, orientaci�n sexual o discapacidad. Es por ello que existen varios art�culos de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador 2008 que respaldan este principio al garantizar la igualdad formal y material, as� como la no discriminaci�n en diversas esferas de la vida.

Este enfoque en la igualdad normativa es esencial para construir una sociedad justa y equitativa. A trav�s de la igualdad ante la ley, se protegen y promueven los derechos fundamentales de todas las personas, y se previene la discriminaci�n y el trato desigual. Es as� como, los derechos a la integridad personal, la libertad de expresi�n, la libertad religiosa y la autonom�a personal son ejemplos de �reas en las que se protege la igualdad normativa. Adem�s, es importante destacar que la igualdad normativa no solo implica la ausencia de discriminaci�n, sino tambi�n la promoci�n de pol�ticas y medidas positivas para garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades. Lo anterior, se refleja en la protecci�n de la salud, la educaci�n, el empleo y otros aspectos de una vida digna.

Desde una perspectiva del derecho constitucional es claro que existe una evidente transgresi�n a lo dispuesto en la constituci�n con respecto a la igualdad que debe existir y se debe garantizar por parte del estado a cualquier individuo y adem�s en cualquier proceso judicial en el que se encuentre inmerso. Dentro de todo lo que compone el debido proceso y el acceso a justicia es claro que la igualdad de las partes dentro de �ste es la esencia de estos principios antes mencionados, por lo que este principio se debe ver materializado dentro del C�digo Org�nico General de Procesos siendo un defecto que existan diferencias para las partes con respecto a su participaci�n dentro del proceso.

El principio de igualdad garantiza no solo la igualdad al momento de ser considerados dentro del proceso con la misma calidad de sujeto procesal que es su aspecto formal, pero tambi�n se expresa en el aspecto objetivo de la igualdad, dado que los art�culo del C�digo Org�nico General de Procesos pertenecen al el derecho positivo y es este el que hace la discriminaci�n entre sujetos, pero adem�s tambi�n la discriminaci�n tiene un aspecto subjetivo ya que no le provee al sujeto procesal la oportunidad de participar en igual condici�n que la parte contraria otorgando el mismo tiempo para que haga efectivo su derecho a la defensa, por lo que la propia norma le resta eficacia a su derecho a la defensa (Le�n, 1987)

Es cuando se hace referencia a un factor material como el tiempo, que se deja entrever que a pesar de que se haga menci�n a un aspecto formal dentro de la normativa el aspecto material siempre ser� relevante para poder considerar que se tiene una igualdad material en el proceso, (Sierra, 2018) dado que la igualdad material finalmente desemboca en un resultado espec�fico dentro del campo del derecho procesal civil o sea su campo formal, es as� que, es menester hacer referencia a la esfera material de la igualdad dado que la restricci�n que no equipara los t�rminos en su campo formal finalmente se traduce en una afectaci�n material, esto es que, se cuenta con menor tiempo para presentar una defensa adecuada y por lo tanto se debe utilizar mayores recursos en menor tiempo para poder lograr esta defensa adecuada, lo que no sucede con la parte contraria que tiene un tiempo superior otorgado por la normativa y por lo tanto, un mayor tiempo es un recurso material que a su vez le permite disponer de forma m�s holgada de otros recursos.

Lo anterior, con el prop�sito de lograr obtener una defensa adecuada dentro del proceso civil, por lo que las implicaciones de la desigualdad dentro de un proceso civil van m�s all� simplemente de una observaci�n de la parte formal, sino que tambi�n tienen implicaciones en la parte material que se debe garantizar a todo ciudadano para que pueda ejercer su derecho a una defensa adecuada. Igualmente, es importante destacar que la falta de igualdad en el proceso civil no solo afecta a las partes involucradas, sino que tambi�n tiene un impacto en la percepci�n de la justicia por parte de la sociedad en general; puesto que, cuando las personas perciben que el sistema legal es injusto o sesgado, pueden perder la confianza en las instituciones judiciales y optar por resolver sus disputas de manera extrajudicial o incluso evadir la ley; lo cual puede debilitar el Estado de derecho y socavar la legitimidad del sistema legal.

Por ello, se resalta la necesidad de reformas legales para garantizar una verdadera igualdad de acceso y participaci�n en el proceso civil. Es por ello que, esto podr�a incluir la revisi�n y modificaci�n de disposiciones espec�ficas del C�digo Org�nico General de Procesos que generen desigualdades, como los plazos desiguales mencionados anteriormente. Cabe mencionar que, la jurisprudencia y la interpretaci�n de los tribunales pueden desempe�ar un papel crucial en la aplicaci�n efectiva del principio de igualdad en el proceso civil. Los tribunales pueden establecer precedentes que refuercen la igualdad de trato y proporcionen directrices claras sobre c�mo deben interpretarse las disposiciones legales en este contexto.

Por tal raz�n, se vuelve relevante analizar c�mo se compara la situaci�n de igualdad en el proceso civil en Ecuador con est�ndares y normas internacionales de derechos humanos. Lo anterior, podr�a resaltar si existen brechas significativas entre la legislaci�n nacional y las expectativas internacionales en materia de igualdad en el acceso a la justicia. Por ello, es de vital importancia la participaci�n activa de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos en la promoci�n de reformas legales que garanticen la igualdad en el proceso civil. Dichas organizaciones, pueden desempe�ar un papel fundamental en la vigilancia y defensa de los derechos legales de las personas.

Por otro lado, la falta de igualdad en el proceso civil puede tener efectos a largo plazo en la sociedad, como la perpetuaci�n de desigualdades socioecon�micas y la exclusi�n de ciertos grupos de la poblaci�n. De esta manera, esto podr�a tener implicaciones m�s amplias en t�rminos de justicia y cohesi�n sociales. Lo anterior, resalta la importancia de estudiar las implicaciones y ramificaciones de la falta de igualdad en el proceso civil, tanto a nivel formal como material, y abogar por la necesidad de reformas legales y una mayor conciencia p�blica sobre este tema para fortalecer el Estado de derecho y la justicia en la sociedad ecuatoriana.

 

Conclusiones

El principio de igualdad dentro de los procesos de car�cter civil tiene una importancia fundamental para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, por lo tanto, contribuye mantener el orden constitucional del estado de derecho, debido a esto es que la relaci�n del principio de igualdad no puede ser tomada a la ligera. El legislador al tener la oportunidad de poder igualar los plazos de ciertos actos que tienen el mismo peso procesal o incluso mayor peso para la parte demandada tuvo que haber garantizado la igualdad de las partes a participar dentro del proceso con el mismo tiempo disponible para preparar su defensa mediante el otorgamiento de un t�rmino igual para las partes dentro del proceso.

Dentro del proceso civil se debe hacer una correcta valoraci�n de los actos procesales que se utilizan en cada instancia para garantizar el derecho a la defensa, el asamble�sta por medio de una mala valoraci�n de los actos procesales otorga un t�rmino menor a la parte demandada para poder presentar su acto de completar la defensa dentro del proceso, ocasionando esta desigualdad entre la parte actora y la parte demandada en el acto de completar dentro del proceso civil, a pesar de que se puede concluir que la parte demandada que no completa la contestaci�n a la demanda o reconvenci�n tiene efectos mayores para su defensa derecho a la defensa en contraparte a la parte actora que no completa la demanda y tiene el derecho de presentarla nuevamente.

As� mismo, es necesario zanjar esta cuesti�n entre igualdad formal e igualdad material dado que, la desigualdad se produce formalmente en el c�digo org�nico general de procesos lo que obliga al juzgador a otorgar este t�rmino menor pero el efecto de un t�rmino menor que se traduce en menor tiempo para poder preparar y presentar su defensa no solamente no garantiza la igualdad dentro del proceso y el acceso a la justicia sino que tambi�n acent�a la desigualdad entre las partes dado que hace prevalecer otras desigualdades que hayan existido de forma material precedente al inicio del proceso civil.

 

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