����������������������������������������������������������������������������������

 

 

La legitimaci�n activa del Estado en las garant�as jurisdiccionales en el derecho constitucional ecuatoriano

 

The active legitimation of the State in jurisdictional guarantees in Ecuadorian constitutional law

 

A legitima��o ativa do Estado nas garantias jurisdicionais no direito constitucional equatoriano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: abgnathalymorenog@hotmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

��

* Recibido: 23 de julio de 2023 *Aceptado: 30 de agosto de 2023 * Publicado: �24 de septiembre de 2023

 

1. Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.
2. Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

Resumen

Ecuador ha establecido garant�as jurisdiccionales para salvaguardar los derechos, especialmente frente a posibles abusos en la esfera p�blica. Una de estas garant�as es la acci�n de protecci�n, que reemplaz� al recurso de amparo que rigi� hasta el 2008 cuando la Constituci�n vigente estructur� las garant�as. La evoluci�n del derecho constitucional ecuatoriano trajo consigo un gran avance en la protecci�n de los derechos constitucional. Sin embargo, es importante considerar la posibilidad de que se distorsione el alcance de estas garant�as y se utilice de manera indebida, raz�n por la cual, su estudio es fundamental, y el debate de su alcance est� siempre en el debate jur�dico. En este estudio, abordamos las restricciones del Estado al ser parte demandante en la acci�n de protecci�n, especialmente en lo que corresponde a los derechos constitucionales de car�cter procesal.

Palabras Clave: Acci�n de protecci�n; Legitimaci�n activa; Derechos fundamentales; Dignidad; Titularidad de derechos; Derechos de protecci�n.

 

Abstract

Ecuador has established jurisdictional guarantees to safeguard rights, especially against possible abuses in the public sphere. One of these guarantees is the protection action, which replaced the appeal for protection that was in effect until 2008 when the current Constitution structured the guarantees. The evolution of Ecuadorian constitutional law brought with it a great advance in the protection of constitutional rights. However, it is important to consider the possibility that the scope of these guarantees may be distorted and used improperly, which is why their study is fundamental, and the debate on their scope is always in the legal debate. In this study, we address the restrictions of the State when being a plaintiff in the protection action, especially in what corresponds to constitutional rights of a procedural nature.

Keywords: Protective action; Active legitimation; Fundamental rights; Dignity; Ownership of rights; Protection rights.

 

Resumo

O Equador estabeleceu garantias jurisdicionais para salvaguardar os direitos, especialmente contra poss�veis abusos na esfera p�blica. Uma dessas garantias � a a��o de prote��o, que substituiu o apelo � prote��o que vigorou at� 2008, quando a atual Constitui��o estruturou as garantias. A evolu��o do direito constitucional equatoriano trouxe consigo um grande avan�o na prote��o dos direitos constitucionais. Contudo, � importante considerar a possibilidade de que o alcance destas garantias possa ser distorcido e utilizado indevidamente, raz�o pela qual o seu estudo � fundamental, e o debate sobre o seu alcance est� sempre no debate jur�dico. Neste estudo abordamos as restri��es do Estado ao ser autor na a��o tutelar, especialmente no que corresponde a direitos constitucionais de natureza processual.

Palavras-chave: A��o protetora; Legitima��o ativa; Direitos fundamentais; Dignidade; Titularidade de direitos; Direitos de prote��o.�����������������������������������������������

 

Introducci�n

El objetivo principal de este estudio es determinar la viabilidad de las acciones de protecci�n presentadas por el Estado Ecuatoriano contra particulares. Para lograr esto, se abordar�n los siguientes aspectos: 1) Los requisitos de legitimaci�n activa y pasiva en la acci�n de protecci�n; 2) La titularidad de derechos constitucionales por parte de las instituciones estatales; y 3) La procedencia de las acciones de protecci�n presentadas por el Estado Ecuatoriano como legitimado activo. A trav�s de un enfoque metodol�gico adecuado, se espera alcanzar los objetivos propuestos y determinar la viabilidad de las acciones de protecci�n presentadas por el Estado y sus instituciones. La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido sentencias que abordan la legitimaci�n activa de las instituciones p�blicas, pero a�n no se ha abordado completamente el problema legal que involucra los diferentes tipos de legitimaci�n activa, el prop�sito de la acci�n de protecci�n en relaci�n con los derechos que salvaguarda, y otros aspectos necesarios para comprender su aplicaci�n en el derecho constitucional ecuatoriano.

En la acci�n de protecci�n en Ecuador, existen requisitos espec�ficos tanto para la legitimaci�n activa como para la legitimaci�n pasiva. A continuaci�n, se detallan estos requisitos:

Legitimaci�n activa:

- Cualquier ciudadano o ciudadana, de manera individual o colectiva, puede presentar una acci�n de protecci�n (seg�n el Art�culo 439 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008).

- Tambi�n pueden presentar acciones de protecci�n cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, de acuerdo con el numeral 1 del Art�culo 86 de la Constituci�n.

Adem�s, la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) establece en su Art�culo 9 que las acciones para efectivizar las garant�as jurisdiccionales pueden ser ejercidas por:

a) Cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, ya sea actuando por s� misma o a trav�s de un representante o apoderado.

b) El Defensor del Pueblo.

Legitimaci�n pasiva:

La legitimaci�n pasiva se refiere a las entidades o personas contra las cuales se puede presentar una acci�n de protecci�n. Seg�n el Art�culo 88 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, la acci�n de protecci�n procede contra:

- Actos u omisiones efectuados por cualquier autoridad p�blica no judicial.

- Pol�ticas p�blicas que supongan la privaci�n del goce o ejercicio de los derechos constitucionales.

- Violaciones de derechos cometidas por personas particulares, si la violaci�n del derecho provoca un da�o grave, si prestan servicios p�blicos impropios, si act�an por delegaci�n o concesi�n, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinaci�n, indefensi�n o discriminaci�n.

En resumen, para la legitimaci�n activa se requiere que cualquier ciudadano o ciudadana, persona, grupo, comunidad, pueblo o nacionalidad pueda presentar una acci�n de protecci�n. Para la legitimaci�n pasiva, la acci�n de protecci�n procede contra actos u omisiones de autoridades p�blicas no judiciales, pol�ticas p�blicas que afecten derechos constitucionales y violaciones de derechos por parte de personas particulares en determinadas circunstancias.

De lo expuesto, se puede colegir que la naturaleza de la acci�n de protecci�n permite entenderla como un instrumento de protecci�n en contra de los abusos y la arbitrariedad del Estado y sus funcionarios. Sin embargo, esto no implica que el mismo Estado, sus dependencias, no puedan presentarlas cuando se han emitido actos que vulneren sus derechos establecidos en la constituci�n. 

 

Metodolog�a 

El presente estudio se enmarca en el �mbito de la investigaci�n documental, la cual desempe�a un papel fundamental en el proceso de investigaci�n cient�fica. Esta metodolog�a se basa en la observaci�n y el an�lisis sistem�tico de diversas realidades a trav�s del examen, desciframiento y presentaci�n de datos e informaci�n contenidos en diferentes tipos de documentos. Su objetivo principal radica en obtener resultados que sirvan como base para el avance de la creaci�n cient�fica.

En este sentido, se ha desarrollado un proceso metodol�gico que involucra diversos m�todos, entre ellos el inductivo, deductivo, hermen�utico, sist�mico y exeg�tico. El m�todo inductivo se centra en el estudio del problema a partir de sus elementos constituyentes, es decir, partiendo de hechos particulares para llegar a conclusiones generales. Por otro lado, el m�todo deductivo aborda el problema desde una perspectiva opuesta, partiendo de conclusiones generales para llegar a explicaciones particulares y espec�ficas.

En cuanto al m�todo hermen�utico, el cual es particularmente relevante en esta �rea de investigaci�n, su aplicaci�n adecuada permite utilizar t�cnicas que facilitan una interpretaci�n precisa, as� como identificar la relaci�n existente entre un hecho determinado y el contexto en el que se desarrolla. Asimismo, el m�todo sint�tico posibilita el estudio exhaustivo e integral de los hechos espec�ficos objeto de esta investigaci�n.

El m�todo exeg�tico se emplea para el estudio de la norma jur�dica, buscando comprender su origen etimol�gico y las implicaciones asociadas. Mediante este enfoque, se puede analizar en profundidad el marco normativo y su relaci�n con el tema abordado en el estudio.

Este estudio documental se fundamenta en una variedad de m�todos que permiten un an�lisis riguroso y completo de la informaci�n recopilada. Mediante la aplicaci�n de estos enfoques metodol�gicos, se busca obtener una interpretaci�n precisa y contextualizada que contribuya al desarrollo del conocimiento cient�fico en el �rea de estudio.

 

Desarrollo

Como resultado de un proceso hist�rico dio inicio a la acci�n de protecci�n perfeccionando el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, que garantiza los derechos de las personas frente a potestades, como la limitaci�n al ejercicio del poder p�blico. Lo anterior demuestra que el derecho constitucional del Ecuador ha seguido la l�nea de las garant�as, como se evidencia en lo establecido en el art�culo 1 de la Constituci�n de la Rep�blica, que define al Estado como un Estado constitucional en derechos y justicia.

Ferrajoli (2006) define las garant�as como v�nculos normativos que garantizan derechos y valores fundamentales consagrados en el derecho; En este nivel y con base en el rol de garante del Estado, en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, se determinan las disposiciones de control constitucional, justicia y jurisdicci�n, as� como las garant�as de jurisdicci�n. Al respecto, Iv�n Castro (2019) se�ala que la defensa de los derechos constitucionales ha sustentado la inclusi�n del derecho procesal constitucional como una nueva rama de estudio.

Seg�n Luis Cueva (2010), la justicia constitucional da paso a la efectividad para la mejora �normativa de la Constituci�n de la Rep�blica, concibi�ndola como �el producto del desarrollo de los procesos constitucionales; permitiendo que estas se restituyan� o se reconozcan a los sujetos sus derechos fundamentales y cuando esto ocurre en la pr�ctica, donde se evidencia que se ha administrado justicia constitucional� (p. 47), por lo que no se limita al simple reconocimiento de los derechos, sino al control del poder p�blico y la promulgaci�n de sus actos que se encuentran sometidos a sus disposiciones, las que pueden ser de aplicaci�n directa e inmediata por todos las instituciones de tienen jurisdicci�n constitucional que incluye a los jueces ordinarios y la propia Corte Constitucional.

Las garant�as tienen efectos como la creaci�n de una esfera indecidible, para explicar este concepto, Ana Micaela Alterio (2011), parafraseando a Luigui Ferrajoli, muestra que

la esfera de lo indecidible se trata del conjunto de principios que, en democracia, han sido sustra�dos a la voluntad de la mayor�a. Este concepto nos remite tanto a lo que nunca se puede decidir como a lo que no se puede dejar de decidir, tambi�n de manera inmutable.

En pocas palabras se expresa a la realidad, la realidad es que los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados ni aun con apoyo mayoritario. El sistema de garant�a tambi�n ha creado que todas las actividades de las jurisdicciones, organismos y funcionarios p�blicos est�n sujetas al derecho constitucional.

La acci�n de protecci�n es anterior al amparo, figura que comenz� a incorporarse formalmente en la Constituci�n de 1967, pero que no ha tenido un alcance m�s amplio debido a la falta de desarrollo normativo que permita su aplicaci�n. Juan Larrea Holgu�n (2001), refiri�ndose al amparo, se�ala que "(...) no se trata de un recurso en el sentido del derecho procesal � una apelaci�n o impugnaci�n de una sentencia o de otra orden judicial-, sino de una garant�a de los derechos reconocidos por la constituci�n, mediante una acci�n" (p. 327). La definici�n del autor ayuda a despejar las dudas existentes sobre la naturaleza de esta figura, al mostrar que representa una nueva acci�n, un proceso que resuelve un problema, y ​​no un recurso.

En la misma l�nea, Ramito �vila Santa Mar�a (2012) destaca que �la acci�n de protecci�n no es el amparo ni tampoco es cautelar. La acci�n de protecci�n es de conocimiento y las medidas cautelares son provisionales� (p�g. 216). El autor no define una acci�n de protecci�n, pero s� contribuye significativamente a aclarar la naturaleza de esta garant�a jurisdiccional. Se reafirma que el car�cter del amparo es conservatorio, pues s�lo tiene por objeto poner fin a un acto que lesiona severamente los derechos constitucionales y que en �ltima instancia exige la actuaci�n ante la justicia ordinaria para que se dicten sentencias de valor; El modelo garante permite litigar bajo un proceso constitucional, �gil, eficiente por las infracciones a la ley y reparar los da�os que debieron causarse por dichas infracciones.

El tratadista Rafael Oyarte (2014) define a la acci�n de protecci�n manifestando que:

la acci�n de protecci�n ordinaria tiene por objeto que las personas protejan sus derechos fundamentales �derechos no protegidos por otras garant�as constitucionales � contra actos u omisiones, en principio de autoridad p�blica, aunque tambi�n contra particulares en determinadas condiciones formales y materiales. (p. 942)

Al describir sus caracter�sticas, Luis Cueva (2010) indica que una acci�n de protecci�n �es� oral, universal, informal y sumaria que busca garantizar y proteger los derechos constitucionales que han sido vulnerados por �rganos no judiciales. Sin embargo, del an�lisis de la naturaleza de esta acci�n se debe meditar las circunstancias sobre las que se justifican su origen; seg�n la Constituci�n, esta garant�a de autoridad obra contra las transgresiones de los poderes p�blicos extrajudiciales, por acci�n u omisi�n.

Tambi�n se indica que las acciones u omisiones que dan lugar a una violaci�n de los derechos constitucionales pueden originarse de un individuo, se da cuando este ejerce el poder estatal, cuando ejerce el poder sobre otro, sin importar que esta sea econ�mico, cultural o de otro tipo, as� como la discriminaci�n

Adem�s de las caracter�sticas mencionadas y de las condiciones de su origen, la acci�n de protecci�n tiene el car�cter de no excedente, y tampoco es subsidiaria. En lo que corresponde al no excedente, comprende que esta garant�a jurisdiccional no necesita que el accionante haya agotado otros recursos o acciones de car�cter ordinario; en lo que respecta a la subsidiaridad, la acci�n de protecci�n no requiere prueba de la existencia de otros mecanismos para protegerla. Evidenci�ndose por el principio de la aplicaci�n inmediata de la constituci�n y la protecci�n inmediata de las violaciones a los derechos reconocidos.

�la sentencia No. 157-12-SEP-CC emitidida por la Corte Constitucional, se estableci� la� universalidad del principio de aplicaci�n directa de las normas constitucional, determinando:

debiendo primar en este caso la voluntad del constituyente por encima de cualquier contradicci�n en una norma secundaria o cualquier ambig�edad del texto; adem�s, y como criterio fundamental, se debe observar el principio de supremac�a de la Constituci�n se�alado en el art�culo 424 de la Constituci�n (�) (p. 8).

Criterio que es corroborado en la sentencia No. 078-16-SEP-CC, en la que se determin� que no se puede inferir en cuestiones de legalidad para no emitir un juicio sobre la existencia o no de una violaci�n de derechos constitucionales imputados en la acci�n. La sentencia determin� que �propende a una protecci�n directa y eficaz a trav�s de la impugnaci�n de actos u omisiones de cualquier autoridad p�blica no judicial que vulnere derechos constitucionales.� (p. 18). La disputa en torno a la subsidiaridad fue abordada por Ismael Quintana (2019), esto frente al exigencia de probar la inexistencia de una v�a adecuada o eficaz, finiquitando que la impugnaci�n en disputa no pod�a entenderse de una forma completa, ni mucho menos eficiente, puesto que esta v�a atiende aspectos de legalidad, y las garant�as jurisdiccionales atienden aspectos de constitucionalidad; as� mismo, no es posible comprender la ruta administrativa real por falta de tiempo.

En cuanto a la legalidad de la acci�n de protecci�n, es preciso consultar las normas que la regulan. Por un lado, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, establece por escrito que: �

Art. 86.- Las garant�as jurisdiccionales se regir�n, en general, por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podr� proponer las acciones previstas en la Constituci�n.

Y, por otro lado , la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional establece:

Art. 9. - Las acciones para hacer efectivas las garant�as jurisdiccionales previstas en la Constituci�n y esta ley, podr�n ser ejercidas:

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, quien actuar� por s� misma o a trav�s de representante o apoderado; y,

b) Por el Defensor del Pueblo.

Se consideran personas afectadas quienes sean v�ctimas directas o indirectas de la violaci�n de derechos que puedan demostrar da�o.

Se entender� por da�o la consecuencia o afectaci�n que la violaci�n al derecho produce. En el caso de -las acciones de h�beas corpus y extraordinaria de protecci�n, se estar� a las reglas espec�ficas de legitimaci�n que contiene esta ley

.Estableciendo de forma literal una legitimaci�n amplia, que fue revisada por la Corte Constitucional en la sentencia No. 170-17-SEP-CC que modul� el presupuesto normativo del Art. 9 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional que establec�a que la certificaci�n activa la ejerce la persona que haya sido �vulnerada o amenazada en uno o m�s de sus derechos constitucionales�

Claramente tanto el texto constitucional como la Ley se ocupan de que la legitimaci�n activa la ejerza cualquier persona, sin excluir a las v�ctimas directas o indirectas, ni a las personas jur�dicas, no discrimina persona jur�dica de derecho p�blico o privado; en este sentido, queda abierto se abre el debate al respecto de la legitimaci�n activa de las instituciones del Estado para presentar garant�as jurisdiccionales. Ramiro �vila Santamar�a (2012) indica que este proceder del constituyente deviene de la limitaci�n que existi� en la presentaci�n del recurso de amparo, en el que se exig�a que se demande por sus propios derechos, impidiendo que la presentaci�n de este recurso en los que la v�ctima no era reconocida.

Al respecto, Quintana (2019) se cuestiona, tal como se ha reformado el art�culo 9 de la LOGJCC, si cualquier persona en representaci�n de un tercero puede actuar o si la regla se refiere a que solo el titular del derecho incumple, por s� o por cuenta ajena. A trav�s de un representante o apoderado. Parecer�a que la Corte opta por actuar populariz�ndolo al establecerlo por escrito en su jurisprudencia, sin embargo, tal como lo entiende el autor citado, para alguien que act�a en nombre de otra persona, de lo contrario, necesita poder o justificar su representaci�n, tal como lo regula el C�digo Org�nico General de Procesos, que es norma supletoria de la LOGJCC. Por ello la acci�n com�n, seg�n Quintana, quedar�a en letra muerta. Si bien este argumento puede ser aplicable en la pr�ctica, no es un argumento perfectamente v�lido, ya que las normas constitucionales no pueden anular una garant�a y entorpecerla. Quintana, se�ala que, a los efectos de la protecci�n de los derechos vulnerados, as� como de su funci�n de restauraci�n, la acci�n de protecci�n beneficia �nicamente a aquellos cuyos derechos han sido comprometidos y quienes deben denunciar la conducta u omisi�n y demostrar los derechos comprometidos.

Cabe se�alar que la constituci�n tiene como regla general de legitimaci�n activa prevista en su Art. 86, para todas las garant�as jurisdiccionales, diversas acciones de su materia y naturaleza jur�dica. Se respeta efectivamente la frase toda persona en r�gimen jur�dico activo que establece la citada norma, en el sentido de que no se niega el derecho de obrar por condiciones discriminatorias y permite asegurar que uno de los componentes del derecho a la efectiva, tutela judicial objetiva y pronta, es acceso a la justicia, pero no puede contradecir la naturaleza misma de la acci�n de protecci�n.

En este sentido, la regulaci�n normativa sobre la legitimaci�n activa establecida en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sentencia No. 170-17-SEP-CC indic�:

Todas las normas citadas, al regular la sustanciaci�n de las garant�as jurisdiccionales de los derechos constitucionales, hacen diferenciaci�n expresa entre el accionante y la persona afectada y consienten en que puedan ser personas diferentes. M�s a�n, establecen provisiones cuando la persona accionante no conozca d�nde se encuentra la persona afectada. (Sentencia No. 170-17-SEP-CC)

Este precedente vinculante, dictado por la Corte Constitucional, le otorga una legitimaci�n amplia, interpreta la disposici�n general establecida en el Art. 86 de la Constituci�n para todas las garant�as jurisdiccionales. El Estado y su legitimaci�n en las acciones de protecci�n, la constituci�n precisa que el mediador tiene como obligaci�n comparecer a estos procesos, conforme se encuentra establecido en el Art. 215 de la Constituci�n, por lo que no puede ser objeto del mismo an�lisis separado en relaci�n con los dem�s organismos del Estado, siendo esta, su funci�n constitucional.

�De acuerdo con lo que corresponde a otras instituciones del Estado, debe analizarse en los mismos t�rminos invocados por la Corte, es decir, la legitimaci�n de la causa y la titularidad de los derechos. Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 282-13-JP/19 ha determinado que la participaci�n del Estado como parte leg�timamente activa en la acci�n de protecci�n no es contraria a su naturaleza, se�alando que

la presentaci�n de acciones de protecci�n por parte de representantes de las distintas funciones del Estado, sus �rganos o personas jur�dicas p�blicas no es per se incompatible con la acci�n de protecci�n. Al analizar la procedencia de una acci�n de protecci�n presentada por representantes de organismos estatales o personas jur�dicas de derecho p�blico, lo fundamental es determinar si la demanda cumple o no con el objeto constitucional previsto para tal garant�a jurisdiccional; es decir, la protecci�n y tutela de derechos.

La corte reconoci� reiteradamente el alcance de la legitimaci�n activa determinada en el Art. 86 de la Constituci�n, pero se enfatiz� claramente en hacer una distinci�n de los conceptos "legitimaci�n activa" y "titularidad del derecho", que consiste "[...] en la separaci�n entre el derecho de acci�n y el derecho sustantivo, objeto de la demanda" (Sentencia No. 126-14-SEP-CC)

En lo que corresponde a los derechos de propiedad y la presentaci�n de acciones de protecci�n por parte del Estado, �al respecto la Corte Constitucional manifiesta que

dado el objeto constitucional de la acci�n de protecci�n, as� como su legitimaci�n activa amplia, podr�an existir casos en que las instituciones p�blicas presenten acciones de protecci�n con el objetivo de tutelar derechos de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, e incluso de la naturaleza. No obstante, fuera de las excepciones se�aladas supra, el Estado y sus �rganos no son titulares de derechos, sino que, por el contrario, el Estado a trav�s de sus �rganos es el principal obligado a proteger y garantizar tales derechos. De ah� que, al considerar la procedencia de las acciones de protecci�n presentadas por los diversos �rganos y entidades del Estado, los jueces constitucionales deben analizar con especial atenci�n si la acci�n planteada cumple o no con el objeto previsto por la Constituci�n. Las acciones de protecci�n presentadas por instituciones p�blicas con la pretensi�n de tutelar como propios derechos constitucionales inherentes a la dignidad humana son improcedentes. (No. 282-13-JP/19)

Bajo este indicio, se requiere de la pretensi�n que se analice el punto de relevancia y de donde mana su fuente. Por lo tanto, si una instituci�n del Estado requirente vigila una violaci�n de un derecho del cual el Estado reclama la propiedad, la acci�n no ser� admisible. El objeto de la misma es la defensa y amparo de los derechos consagrados en la constituci�n, as� lo establece el art�culo 88 de la Carta Magna �La acci�n de protecci�n tendr� por objeto la defensa directa y efectiva de los derechos consagrados en la Constituci�n, y puede interponerse en caso de vulneraci�n de derechos constitucionales (�)� (2008). Acerca de �las dem�s puntualizaciones sobre el objeto de la acci�n, como la protecci�n de derechos libertades y derechos fundamentales ante actuaciones y omisiones efectuadas por instituciones p�blicas, pareciera incoherente creer que el mismo Estado proponga por s� solo acciones judiciales para defender del acto y prepotencia de derecho que no le ata�en.

Evidentemente, el asunto se resuelve cuando la Corte determina que el Estado no es titular de los derechos humanos y concluye que se debe considerarse la distinci�n entre legitimaci�n activa y titularidad de derechos, entendidos el primero como el derecho de acci�n y el segundo como el derecho subjetivo al que se busca tutelar.

El Estado, sin dignidad, es m�s bien un llamado a respetarla y promoverla; y la dignidad es el fundamento, es el valor superfluo, de los derechos b�sicos, el Estado no puede detentar estos derechos. Cabe entonces afirmar que es necesario reconocer la posibilidad de legitimidad en este proceso, pero al mismo tiempo negar la legitimidad en el caso de que se trate de derechos enraizados en la dignidad. Sin embargo, la Corte no ha dejado esto claro, por lo que parece probable que vuelva a caer en el error de confundir la legalidad en el caso con la legalidad en el proceso. El caso del funcionario p�blico, que por cuenta propia es diferente porque las condiciones de trabajo es un establecimiento p�blico no le impiden ejercer sus derechos como cualquier otra persona.

 

Discusi�n de resultados

Si bien es cierto, se ha dejado claro que los derechos b�sicos son inherentes a los seres humanos por su naturaleza e inherentes a su dignidad, lo que luego les sucede a las personas jur�dicas. Si el Estado carece de dignidad, cabe preguntarse por qu� el ejercicio de los derechos est� en manos de grupos de una comunidad o de un pueblo, Al respecto, cabe mencionar que los individuos no necesariamente act�an de forma aislada, sino que se unen y participan colectivamente en el ejercicio de derechos b�sicos como el de reuni�n y asociaci�n.

(�) que el individuo desarrolle su personalidad en sociedad y, por tanto, a trav�s de ella desarrolle la dignidad de la persona garantizada en el art. 10.1 CE, por lo que la capacidad jur�dica fundamental en la que aqu�lla se refleja debe plasmarse en la titularidad de los derechos no s�lo cuando el individuo act�a aislado, sino tambi�n cuando entra en contacto social y act�a de forma colectiva� (Bastida, y otros, 2004, p. 75)

Por medio de la actividad en sociedad de �las personas desarrollan su dignidad. Estas personas jur�dicas que se crean pueden ejercer derechos como libertad ideol�gica, derecho de asociaci�n, libertad de asociaci�n, libertad de expresi�n y derecho a la informaci�n entre otros. Seg�n los autores citados solo los derechos que por su naturaleza podr�an ser ejercidos por las personas jur�dicas; por ejemplo, la integridad f�sica, el sufragio o el derecho a la vida, no corresponden a las personas jur�dicas.

Adem�s, diferencian que el contenido y objeto del derecho subjetivo puede variar en este tipo de personas.

(�) en el caso del domicilio de una persona jur�dica la inviolabilidad s�lo se extiende a los espacios f�sicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de direcci�n de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad que quedan reservados al conocimiento de terceros (STC 69/1999, F.J. 2�), pero no a cualquier espacio en el que se desarrolle la vida reservada de un ente que carece de intimidad (Bastida, et al., 2004, p. 76)

Existe una salvedad de las personas jur�dicas con respecto de� derechos de protecci�n dejada como salvedad� dentro de la jurisprudencia ecuatoriana desarrollados desde el art�culo 75 al 82 de la constituci�n. La Corte ha estimado que el �mbito procesal de estos derechos puede ser ejercido por el Estado: �Ejerzan algunos derechos �de contenido procesal, en la medida en que existen �mbitos jur�dicos protegidos por disposiciones constitucionales que no se vinculan directamente con la dignidad�. (Sentencia No. 282-13-JP/19, 2019)

Un an�lisis que se le puede dar a este extracto de jurisprudencia, es que se debe verificar si el Estado busca amparar un derecho de protecci�n �nicamente en su �mbito procesal, pues dentro de esa categorizaci�n de derechos podr�an encontrarse �mbitos ligados directamente a la dignidad humana. Por ejemplo, el derecho a no ser re victimizado en la obtenci�n de las pruebas o en los dem�s actos del proceso penal, corresponde exclusivamente a un ser humano; o el derecho a la no extradici�n y el derecho de los adolescentes ha medidas socioeducativas no deber�an ser alegados por el Estado en su pretensi�n como legitimado activo.

El derecho de defensa garantizan el proceso en paralelismo de condiciones, cuyo contenido se encuentra en el �mbito procesal. El Estado puede ejercer a la funci�n judicial para exigir que se reconozcan sus pretensiones y que se respeten las garant�as procesales �como a cualquier persona. Adem�s del derecho al debido proceso, se debe garantizar una tutela �efectiva, el derecho al libre acceso gratuito a la justicia, la motivaci�n fundamentada de las decisiones, la imparcialidad e independencia del juzgador, entre otros. Estos derechos se extienden al �mbito administrativo. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que

De ah� que, si bien se reconoce una �ntima conexi�n entre los derechos yla dignidad, al punto que los derechos son preexistentes al Estado ysu validez no depende de su reconocimiento escrito, no se puede excluir del todo la posibilidad de que los �rganos de la administraci�n del Estado ejerzan algunos derechos de contenido procesal, en la medida en que existen �mbitos jur�dicos protegidos por disposiciones constitucionales que no se vinculan directamente con la dignidad. As�, la personalidad jur�dica de ciertos �rganos que integran la administraci�n del Estado no es un argumento v�lido para legitimar la titularidad de derechos fundamentales, pero tampoco permite descartar del todo la posibilidad de ejercer el �mbito procesal de ciertos derechos reconocidos en la Constituci�n. Resulta indispensable determinar, caso a caso, si se procura tutelar derechos �ntimamente vinculados con la dignidad, o proteger �mbitos jur�dicos que no se vinculan directamente con la dignidad humana. (No. 282-13-JP/19)

Las instituciones pueden ser parte de un �procedimiento administrativo o estar influenciadas por las acciones de otras autoridades p�blicas. A menudo participan ejerciendo la autotutela en el cual forma sus decisiones.

Hasta la fecha, la jurisprudencia ecuatoriana no ha limitado con claridad cuando el Estado puede ejercer estos derechos procesales y a su vez tratar de protegerlos a trav�s de medios constitucionales. Por lo se puede decir que el derecho comparado, en concreto la jurisprudencia espa�ola. A estos efectos la orden 175/2001, de 26 de julio de 2001, dispone que, con car�cter general, las instituciones p�blicas no son titulares de los derechos de protecci�n. Solo por excepci�n podr�n gozarlos y plantear la acci�n de amparo.

Las excepciones que se contienen en nuestra jurisprudencia contemplan, en primer lugar, a las figuras p�blicas en disputas cuya situaci�n de litigio es similar a la de los individuos. En este sentido, ya en la STC 19/1983, de 18 de marzo, FJ 2, declaramos que una entidad p�blica (la Diputaci�n Foral de Navarra) est� protegida por el art. 24.1 CE �en sus relaciones laborales� y en un proceso de orden social. Siguiendo este precedente, en otras Sentencias hemos otorgado la protecci�n contra violaciones del art. 24.1 CE en procesos donde la situaci�n jur�dica de los empleados p�blicos es equiparable a la de una persona f�sica. (Sentencia No. 175/2001, 2001).

En otras palabras, sin la posici�n privilegiada del Estado, participan en el proceso como cualquier otro individuo. Otro punto importante en dicha sentencia, es que garantizar a las personas p�blicas los derechos a no quedar indefensos, no solo sirve a los intereses inmediatos de la instituci�n, sino que respalda que el proceso funcione de manera correcta para la funci�n jurisdiccional y para fortalecer la confianza de las otras personas a que no exista indefensi�n en los procesos.

De lo anterior, se propone una clasificaci�n razonable para la legitimaci�n del Estado. Cuando el Estado accione por la violaci�n del derecho de un tercero, con deber constitucional de m�xima defensa, lo har� bajo una legitimaci�n en el proceso. Es decir, �es menester el� consentimiento del afectado para actuar en su defensa. ���Por otra parte, cuando act�e en el marco del proceso de defensa para el ejercicio del derecho de protecci�n, lo har� como legitimado en la causa, ya que tiene relaci�n directa con el asunto en cuesti�n y es la persona requerida se vulnera la protecci�n de los derechos , esto solo si se acepta lo definido en el art�culo 9 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Conclusiones

Para abordar la cuesti�n jur�dica de la capacidad del Estado para otorgar acciones de protecci�n, comenzamos por explicar los art�culos 86 numeral 1 de la constituci�n y 9 de la LOGJCC acerca de la legitimaci�n activa de forma general hacia todas las garant�as. Cuando se refiere a toda persona se establece que no existe discriminaci�n por alguna condici�n, po lo que , cada garant�a merece procedimiento diferente de acuerdo con su objeto y naturaleza. En el caso de la acci�n de protecci�n, al tutelar un derecho subjetivo individual, corresponde al transgredido, que puede ser cualquier persona que se sienta �afectada en su derecho constitucional.

Del estudio de la titularidad de los derechos a favor del Estado, se demostr� que el Estado no es titular de Derechos que puedan fundamentar sobre la dignidad humana, por lo que no tiene legitimaci�n activa cuando procure que se declaren vulneraci�n de derechos como propios. A pesar de esto, la Corte Constitucional determin� que podr�a hacerlo amparando derechos de terceros que si son titulares.

Es procedente que el Estado y sus instituciones sea legitimado activo y que sobre estas pretensiones no solo las ejerza si no �que se reconozca la existencia de violaci�n en los derechos constitucionales, siempre que sean estas de contenido procesal; es decir, que la acci�n se base en esferas jur�dicas protegidos por disposiciones constitucionales que no se relacionen de manera directa con la dignidad humana. �

 

Referencias

�vila, R. (2012). Los derechos y sus garant�as ensayos cr�ticos. Quito: Centro de Estudios y Difusi�n del Derecho Constitucional.

Bastida, F., Villaverde, I., Requejo, P., Presno, M., Al�ez, B., & Sarasola, I. (2004). TEOR�A GENERAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCI�N ESPA�OLA DE

1978. Retrieved from https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/librodf.PDF

Castro, I. (2019). Las Acciones Constitucionales Por Incumplimiento y De Cumplimiento en los Pa�ses de la Can. Guayaquil: Murillo Editores.

C�digo del Trabajo. (2016) Constituci�n de la Rep�blica. (2008).

Cueva, L. (2010). Acci�n Constitucional Ordinaria de Protecci�n. Quito: Ediciones Cueva Carri�n.

Ferrajoli, L. (2006). Derecho y Raz�n. Madrid: Editorial Trotta.

Ferrajoli, L. (2009). Derechos y Garant�as. La ley del m�s d�bil. Madrid: Editorial Trotta. Ferrajoli, L. (2015). Derechos Fundamentales y Garantismo. Quito: Cevallos Editora Jur�dica. Larrea, J. (2001). Derecho Constitucional. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones.

Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional. (2009).

Moreta, A. (2019). COA Procedimiento Administrativo y Sancionador. Quito: Ediciones Continente.

Oyarte, R. (2014). Derecho Constitucional Ecuatoriano y Comparado. Quito: Corporaci�n de Estudios y Publicaciones.

Quintana, I. (2019). La Acci�n de Protecci�n. Quito: Corporaci�n de Estudios y Publicaciones.

SENTENCIA N.� 157-12-SEP-CC (Corte Constitucional Abril 17, 2012). Sentencia No. 078-16-SEP-CC (Corte Constitucional Marzo 9, 2016). Sentencia No. 170-17-SEP-CC (Corte Constitucional Junio 7, 2017).

Sentencia No. 175/2001 (Tribunal Constitucional de Espa�a Julio 26, 2001). Sentencia No. 282-13-JP/19 (Corte Constitucional Septiembre 04, 2019).

Zavala Egas, J., Zavala Luque, J., & Acosta Zavala, J. (2012). Comentarios a La Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional. Guayaquil: Edilex S.A. Editores.

 

 

 

 

 

� 2023 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).