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La participacin del peritaje social en los procesos penales
The participation of social expertise in criminal proceedings
A participao da percia social no processo penal
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Correspondencia: caojedace@uide.edu.ec
Ciencias Tcnica y Aplicadas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 10 de junio de 2023 *Aceptado: 18 de julio de 2023 * Publicado: 22 de agosto de 2023
- Universidad Internacional del Ecuador, Loja, Ecuador.
- Docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Maestra en Justicia Penal y Criminologa, Universidad del Este, Puerto Rico.
Resumen
La pericia social, se refiere a la evaluacin y asesoramiento realizado por profesionales capacitados en ciencias sociales, como psiclogos o trabajadores sociales, con el fin de proporcionar informacin relevante sobre aspectos psicosociales y contextuales que pueden influir en la toma de decisiones judiciales. El presente artculo se enfoca en analizar y explorar de manera crtica la participacin del peritaje social en los procesos penales. Su objetivo es examinar el papel que desempea esta disciplina, as como los desafos y beneficios potenciales que conlleva su aplicacin en el sistema judicial. Mediante esta investigacin, se busca comprender de manera ms profunda la importancia de los aspectos sociales en la toma de decisiones judiciales, considerando la normativa vigente. El propsito es avanzar hacia un sistema de justicia penal ms informado, equitativo y sensible a las realidades sociales de las personas involucradas en los casos penales. Adems, se pretende impulsar el reconocimiento y la aplicacin adecuada de la pericia social como un recurso valioso para lograr una justicia ms justa y compasiva. Al abordar crticamente el papel del peritaje social en el proceso judicial, se busca promover un enfoque ms humano y comprensivo en la administracin de justicia, tomando en cuenta los factores sociales que pueden influir en la conducta delictiva y en las circunstancias de los individuos implicados.
Palabras clave: Pericia social; conducta delictiva; circunstancias individuales; administracin de justicia; factores sociales; justicia penal.
Abstract
Social expertise refers to the evaluation and advice carried out by professionals trained in the social sciences, such as psychologists or social workers, in order to provide relevant information on psychosocial and contextual aspects that can influence judicial decision-making. This article focuses on critically analyzing and exploring the participation of social expertise in criminal proceedings. Its objective is to examine the role of this discipline, as well as the challenges and potential benefits that its application in the judicial system entails. Through this research, we seek to understand in a deeper way the importance of social aspects in judicial decision-making, considering current regulations. The purpose is to move towards a criminal justice system that is more informed, equitable and sensitive to the social realities of the people involved in criminal cases. In addition, it is intended to promote the recognition and proper application of social expertise as a valuable resource to achieve a fairer and more compassionate justice. By critically addressing the role of social expertise in the judicial process, it seeks to promote a more humane and comprehensive approach in the administration of justice, taking into account the social factors that can influence criminal behavior and the circumstances of the individuals involved.
Keywords: Social expertise; criminal conduct; individual circumstances; Justice administration; social factors; criminal justice.
Resumo
A percia social refere-se avaliao e aconselhamento realizado por profissionais formados em cincias sociais, como psiclogos ou assistentes sociais, a fim de fornecer informaes relevantes sobre aspectos psicossociais e contextuais que podem influenciar a tomada de decises judiciais. Este artigo tem como foco analisar e explorar criticamente a participao da percia social no processo penal. O seu objetivo examinar o papel desta disciplina, bem como os desafios e potenciais benefcios que a sua aplicao no sistema judicial acarreta. Atravs desta pesquisa, buscamos compreender de forma mais aprofundada a importncia dos aspectos sociais na tomada de decises judiciais, considerando as regulamentaes vigentes. O objectivo avanar para um sistema de justia criminal mais informado, equitativo e sensvel s realidades sociais das pessoas envolvidas em casos criminais. Alm disso, pretende-se promover o reconhecimento e a aplicao adequada da percia social como um recurso valioso para alcanar uma justia mais justa e compassiva. Ao abordar criticamente o papel da percia social no processo judicial, procura promover uma abordagem mais humana e abrangente na administrao da justia, tendo em conta os factores sociais que podem influenciar o comportamento criminoso e as circunstncias dos indivduos envolvidos.
Palavras-chave: Percia social; conduta criminosa; circunstncias individuais; Administrao da justia; fatores sociais; Justia Criminal.
Introduccin
En la actualidad, la pericia social ha despertado un creciente inters, sin embargo, su relevancia an no ha sido completamente reconocida por los juzgadores y profesionales del derecho durante la investigacin o la imposicin de una pena. La participacin del peritaje social emerge como un recurso valioso para aportar una perspectiva especializada sobre los aspectos sociales relevantes que pueden influir en las decisiones judiciales (Reyes, 2018). Esta prueba de expertos, conocida tambin como pericia, peritaje, dictamen pericial, reconocimiento pericial, informe tcnico pericial o simplemente experticia, desempea un papel crucial en los procesos judiciales, llegando a ser en ciertos casos determinante para sus resoluciones (Villacura & Rojas 2006).
La pericia social constituye un medio fundamental para que tanto el profesional del derecho como el juzgador comprendan, desde una perspectiva en la que no son expertos, la influencia de los hechos y el entorno social en la persona objeto de la pericia (Ortega & Oviedo, 2019). Al profundizar en los antecedentes socio-familiares y analizar detalladamente las circunstancias que llevaron a la ocurrencia del hecho y las consecuencias posteriores del suceso (Reyes, 2018), se logra obtener una comprensin ms holstica de la situacin.
La pericia social se convierte, por tanto, en una valiosa herramienta para adoptar un enfoque ms humano y comprensivo en la administracin de justicia, permitiendo que el juzgador se involucre de manera ms integral en la causa objeto de la experticia. Adems, al considerarla como un medio para conocer el lado humano del caso, se establece un vnculo ms cerc0ano con la persona implicada, gracias a la intervencin de un perito social (Gallo, 2018).
Bajo este contexto, el presente artculo tiene como objetivo analizar y explorar crticamente la intervencin del peritaje social en los procesos penales, examinando su papel, sus desafos y sus beneficios potenciales. Al comprender mejor la importancia de los aspectos sociales en la toma de decisiones judiciales mediante la normativa, podemos avanzar hacia un sistema de justicia penal ms informado, equitativo y sensible a las realidades sociales de las personas involucradas en los casos penales. A travs de esta investigacin, se pretende impulsar el reconocimiento y la aplicacin adecuada de la pericia social como un recurso valioso para alcanzar una justicia ms justa y compasiva.
Funciones del peritaje social en el proceso penal
El peritaje social forense se trata de un recurso pericial que se centra en analizar y comprender las implicaciones sociales que rodean el caso, involucrando no solo al procesado y a las vctimas directas, sino tambin a todas aquellas personas que forman parte de su entorno social (Gallo, 2018).
El peritaje social forense va ms all de la recoleccin de pruebas y testimonios. Los peritos sociales, que son profesionales altamente capacitados en trabajo social, se encargan de examinar en profundidad los antecedentes socio-familiares, el contexto educativo, laboral y comunitario del procesado y las vctimas (Ortega & Oviedo, 2019). Adems, analizan las posibles dinmicas sociales que pudieron influir en el delito o que pueden tener un impacto en la resolucin del caso.
Esta experticia no solo se enfoca en el individuo aislado, sino que tambin considera las interacciones y relaciones que existen con su entorno cercano, como familiares, amigos y comunidad. De esta manera, Barrera (2022) menciona que, el peritaje social forense proporciona una visin integral de cmo los factores sociales pueden haber contribuido al delito o haber sido afectados por l.
La informacin recopilada y el anlisis realizado por el peritaje social forense son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y para una toma de decisiones judiciales ms informada y equitativa. Ferri & Cintado (2018) mencionan que, al considerar las implicaciones sociales, se pueden identificar aspectos relevantes para la determinacin de responsabilidades, la aplicacin de medidas cautelares o penas y, en general, para asegurar que la justicia se administre de manera ms compasiva y sensata.
Evaluacin social
Dentro del mbito de la Administracin de Justicia, el trabajador social forense desempea un papel crucial como ordenador de situaciones de crisis y facilitador de la comunicacin. Uno de los principales roles del trabajador social forense es garantizar que la administracin de justicia considere adecuadamente las situaciones sociales y familiares de los individuos involucrados (Medina, 2017). Esto implica ayudar a identificar factores que puedan haber contribuido al delito o a la situacin legal en cuestin, as como evaluar las necesidades y recursos de las personas afectadas. El trabajador social forense se esfuerza por proporcionar informacin relevante y recomendaciones que contribuyan a una toma de decisiones ms informada y justa.
Evaluar y comprender los factores sociales que pueden haber influido en la conducta delictiva, esto implica analizar aspectos como el entorno familiar, las condiciones de vida, la educacin, el empleo, las relaciones sociales y cualquier otro factor social relevante (Canaza et al., 2019), mediante la recopilacin de informacin y diferentes evaluaciones, ayuda a proporcionar al tribunal una comprensin ms profunda de la situacin social y personal de las personas involucradas en el caso penal, la colaboracin del perito social y el equipo legal en recopilar datos relevantes, se lleva a cabo entrevistas, visitas domiciliarias y recopilar informes y documentos pertinentes.
Un peritaje social implica una investigacin que se ajusta a los trminos de la Litis, lo que significa que los expertos analizarn el caso desde dos perspectivas fundamentales (Gallo, 2018):
La perspectiva jurdica: Se refiere al aspecto legal del caso, evaluando la adecuacin de los procedimientos conforme a la normativa actual en materia social.
La perspectiva social: Consiste en analizar los hechos desde el punto de vista social del individuo, considerando su contexto y las circunstancias relacionadas con el hecho daoso. En el contexto penitenciario, el peritaje social evala las medidas de privacin de la libertad en relacin con los derechos sociales del individuo, lo cual puede abarcar medidas como trabajos para la comunidad, libertades vigiladas, medidas teraputicas u otras adecuadas para cada caso en particular.
El evaluador social desempea una funcin esencial en el peritaje social de los procesos penales al proporcionar al tribunal una visin ms amplia y completa de las circunstancias sociales y personales de las personas involucradas (Menndez et al., 2017). Su labor es fundamental para contextualizar el delito, evaluar su impacto social y proponer medidas adecuadas de intervencin y rehabilitacin. De este modo, contribuye a una toma de decisiones ms informada y justa por parte del sistema de justicia penal. Gracias al trabajo del evaluador social, se obtiene una visin ms completa de la situacin del individuo y cmo estos factores sociales pueden haber influido en la comisin del delito (Turiel, 2016).
La prueba pericial como objeto
Existen diversos criterios para evaluar la prueba pericial, algunos de los cuales se enfocan en el perito como profesional o individuo, otros en su comportamiento durante los interrogatorios, y tambin los relacionados con la fiabilidad de la prueba en s, incluyendo aspectos cientficos o tcnicos. Adems, hay criterios ms generales aplicables a cualquier tipo de prueba (Ruiz, 2015).
Estos criterios de fiabilidad pueden utilizarse como parmetros para determinar la admisibilidad de la prueba pericial, y, por supuesto, sern empleados por las partes involucradas en el proceso para controlar los interrogatorios a los peritos (Pelez & Sanabria, 2017). La inclusin de estos parmetros en la legislacin procesal puede tener consecuencias jurdicas, como el rechazo o la exclusin de la prueba en cuestin.
Elaboracin del informe de pericia social
En el Cdigo Orgnico Integral Penal (2014) en su artculo 454 manifiesta que El anuncio y prctica de la prueba se regir por los siguientes principios Pertinencia.- Las pruebas debern referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisin de la infraccin y sus consecuencias, as como a la responsabilidad penal de la persona procesada.
La elaboracin de peritajes sociales est sujeta a los requerimientos del sistema judicial, entre los ms solicitados en el mbito penal: Para contrastar peritajes de la contraparte; para aportar una mirada integral a problemticas complejas; para solicitar revisin de medidas cautelares y salidas alternativas; para los efectos de solicitar beneficios alternativos al cumplimiento efectivo de la pena, entre otros (Gutirrez, 2023). Los elementos relevantes, estn ntimamente relacionados con los objetivos del peritaje. As, por ejemplo, si lo que se quiere acreditar desde la Defensora Penal Pblica, que el imputado es una persona apta para beneficios alternativos a la condena de privacin de libertad, importar cul es su entorno social, que redes sociales tiene, etc (Pelez & Sanabria, 2017).
Se basa en los criterios que los aspectos sociales tienen un impacto significativo en el comportamiento humano y en la comisin de delitos, estos informes buscan evaluar y proporcionar informacin detallada sobre la situacin social de las personas involucradas en un proceso penal, incluyendo acusados, vctimas y testigos, basndose estos informes en determinados enfoques tericos (Luca et al., 2013), como los siguientes:
Mediante un enfoque sistmico, reconocen que el individuo est inmerso en un contexto social complejo que influye en su comportamiento, con la cual se consideran factores como la estructura familiar, el entorno socioeconmico, la educacin, la cultura y otras variables relevantes.
Perspectiva holstica, se comprende al individuo de manera integral, considerando no solo los aspectos legales y delictivos, sino tambin las circunstancias personales, sociales y psicolgicas que pueden estar relacionadas con el caso.
Evaluacin de necesidades y riesgos sociales, se identifica las condiciones sociales y los factores de riesgo que pueden haber contribuido a la comisin del delito, as como las necesidades de apoyo y recursos para la rehabilitacin y reintegracin social (Galindo, 2009).
Enfoque basado en evidencia, se fundamentan la evidencia de una manera emprica y terica del trabajo social y disciplinas relacionadas, la cual se una mtodos y tcnicas de evaluacin respaldados por investigaciones y teoras reconocidas para recopilar y analizar informacin relevante (Ramon, 2014).
Imparcialidad y objetividad, se evita sesgos personales o prejuicios, el perito social se esfuerza por presentar una evaluacin equilibrada y fundamentada en datos verificables (Ferrer et al., 2018).
Aplicacin de principios ticos, se rigen por los principios ticos del trabajo social, que incluyen el respeto a la dignidad y los derechos de las personas involucradas, la confidencialidad, la honestidad y la integridad profesional (Menndez et al., 2017).
Contribucin a la toma de decisiones judiciales, tienen como objetivo proporcionar al tribunal una visin informada y completa de los aspectos sociales relevantes en un caso penal, ayudan a los jueces a comprender mejor la situacin social de los involucrados y a tomar decisiones ms justas y equitativas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).
Estos elementos tericos proporcionan un marco conceptual y metodolgico para evaluar y comprender los aspectos sociales relacionados con los delitos y las personas involucradas.
Metodologa
La metodologa empleada en este artculo se bas en la bsqueda y anlisis de informacin bibliogrfica y documental relacionada con el tema en cuestin. Para ello, se llev a cabo una revisin sistemtica de bases de datos acadmicas y jurdicas, tales como PubMed, JSTOR, Google Scholar y fuentes gubernamentales, entre otras. La bsqueda se realiz utilizando palabras clave pertinentes, como "peritaje social en procesos penales", "intervencin pericial en justicia penal" y "evaluacin de factores sociales en casos penales".
Se seleccionaron y evaluaron cuidadosamente las fuentes encontradas, con el objetivo de incluir aquellas que cumplieran con criterios de calidad, relevancia y rigor cientfico. Se prioriz la inclusin de artculos acadmicos revisados por pares, libros especializados y documentos oficiales relacionados con el peritaje social en procesos penales.
Una vez recopilada la informacin, se procedi a su anlisis crtico y comparativo. Se identificaron patrones, tendencias y hallazgos relevantes en la literatura para obtener una visin completa del tema.
Resultados y Discusin
El tema de la participacin del peritaje social en los procesos penales es de suma importancia en el mbito de la justicia y la administracin de justicia penal. El peritaje social se refiere a la evaluacin y asesoramiento realizado por profesionales capacitados en ciencias sociales, como psiclogos o trabajadores sociales, con el propsito de proporcionar informacin relevante sobre aspectos psicosociales y contextuales que pueden influir en las decisiones judiciales (Ortega & Oviedo, 2019).
El anlisis de este tema pone de relieve la relevancia de considerar los aspectos sociales en el proceso de toma de decisiones judiciales. Los profesionales del peritaje social realizan una investigacin minuciosa y especializada (Menndez et al., 2017), utilizando mtodos como entrevistas, pruebas psicolgicas y anlisis del contexto, para obtener una comprensin ms completa de la situacin de las personas involucradas en el caso penal.
La participacin del peritaje social puede tener un impacto significativo en el enfoque adoptado por los tribunales, permitiendo tomar decisiones ms informadas y consideradas (Gutirrez, 2023). Al entender los factores psicosociales que rodean a las personas bajo investigacin, el sistema judicial puede abordar de manera ms precisa las circunstancias individuales y el entorno social que pueden haber influido en la conducta delictiva (Ortega & Oviedo, 2019).
Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafos ticos y prcticos asociados con la implementacin del peritaje social en procesos penales. La subjetividad en las evaluaciones y la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados y estndares ticos slidos son aspectos crticos a considerar para garantizar una adecuada aplicacin de esta herramienta en el mbito legal.
Para que el informe del perito social sea considerado como una prueba en el proceso penal, debe pasar por diversos filtros judiciales. Entre estos filtros se encuentra la evaluacin de su legalidad, teniendo en cuenta que la pericia social fue ordenada por la autoridad competente, como el fiscal o el juez a cargo del caso. Adems, se verificar si se ha cumplido con los principios de inmediacin y contradiccin, los cuales estn establecidos en la Constitucin del Ecuador ( 2008), tipificado en el artculo 454, numeral 2 y 3, menciona que el principio de inmediacin, sobre la presencia de las partes juzgadoras en la prctica de la prueba, en este caso sera en lo que es la exposicin de la prueba pericial, si esta es calificada como prueba, y con lo que tiene que ver con el principio de contradiccin, menciona sobre el derecho que tienen las partes procesadas, en conocer o controvertir las pruebas que son practicadas en la audiencia de juicio, una de ellas seria como las pruebas testimoniales, las mismas que se practican de manera anticipada.
El propsito de considerar la pericia social como prueba se fundamenta en las regulaciones del Cdigo Orgnico Integral Penal. Para ser admitida como evidencia, la pericia social debe cumplir con criterios especficos, que incluyen legalidad, autenticidad, credibilidad y rigurosidad cientfica. Si la pericia carece de estas cualidades, podra ser considerada de menor valor en su evaluacin, y su eficacia y tica dependeran en gran medida de la competencia y tica del perito.
El informe del perito juega un papel crucial al convencer al juez y determinar la relevancia de la pericia en el proceso de toma de decisiones o para generar dudas razonables. Cuando la pericia social se acepta como prueba, se convierte en un elemento esencial en la defensa del acusado, ya sea para demostrar su inocencia o para ser considerada durante la fase de sentencia por el juez.
El derecho a la defensa est estrechamente vinculado con el derecho procesal, que establece las reglas para un juicio justo y garantiza la correcta aplicacin del derecho sustantivo, definiendo los derechos y obligaciones de las personas y regulando sus relaciones con la sociedad. El derecho a la defensa busca respetar plenamente los derechos de las personas cuando estn involucradas en un proceso penal, asegurando que las leyes sustantivas se apliquen correctamente. En las normativas internacionales, nos menciona sobre el derecho a la defensa lo siguiente:
El numeral 1 del artculo 8 de la Convencion Americana Sobre Derechos Humanos Pacto De San Jos De Costa Rica Violencia (1969) manifiesta que:
Toda persona tiene derecho a ser oda, con las debidas garantas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacin de cualquier acusacin penal formulada contra ella, o para la determinacin de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carcter.
Analizando este artculo, se enfoca a la libertad que tiene toda persona en demostrar su inocencia, pero todo mediante el tiempo que la normativa nos regule, es decir, que la persona tiene la facultad de gozar todas las garantas y las cuales utilizarlas para elaborar pruebas que la incriminen de lo que la estn juzgando o por la causa que se est llevando el proceso, y la obligacin que tiene el juez de garantizar el ejercicio del cumplimiento de la ley, por las dos partes y todo diligencia procesal se la de mediante el tiempo regulado.
El derecho de la defensa no se la debe considerar como medio de prueba, basndonos en la pericia social como prueba, esta no sera considerada como la prueba que considere la inocencia del procesado, si no es el cumplimiento que tiene toda persona a ser sometida a un mtodo de defensa, es decir que se cumpla lo que la ley regula, a que la persona tiene el derecho a no auto incriminarse, tambin se debe mencionar que es un derecho constante, el cual debe durar en todo el proceso penal, no debe ser denegado por ninguna autoridad y por ninguna circunstancia que se presente, y la facultad se aplicar cualquier recurso legal, siempre y cuando cumpla de formar oportuna en lo que son las etapas del procedimiento.
Los derechos humanos nos tipifican sobre el derecho a la defensa, con el fin de proteger a las personas de posibles violaciones cuando se encuentran en procesos judiciales, los derechos humanos considerados en estas instancias son los siguientes:
Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitucin o por la ley.
Este derecho es de vital importancia, el garantizar a toda persona que se considere que se est vulnerando sus derechos, en este caso en lo que es el derecho a la defensa, puede acudir a los tribunales para obtener una proteccin adecuada y exigir una solucin justa y equitativa, nos indica que las personas tienen la libertad de impugnar acciones o decisiones de las autoridades competentes que violen los derechos fundamentales de las personas.
Art. 9.- Nadie podr ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es esencial para proteger la libertad y la dignidad de las personas, implica que solo se puede privar de libertad a alguien de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y por razones legtimas, como la comisin de un delito y bajo el debido proceso legal, la detencin, prisin o destierro arbitrario es aquella que se lleva a cabo sin una base legal vlida o sin justificacin razonable, deben tener fundamentos legales y evidencia adecuada para privar a una persona de su libertad, tambin implica que toda persona tiene derecho a ser informada de los motivos de su detencin, a ser llevada sin demora ante un juez imparcial y a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Adems, establece el derecho a impugnar la legalidad de la detencin ante un tribunal competente, prevenir abusos por parte del Estado y garantizar que las personas sean tratadas de manera justa y conforme a los estndares internacionales de derechos humanos. Protege contra la detencin arbitraria, la privacin ilegal de la libertad y el destierro injustificado.
Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oda pblicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinacin de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusacin contra ella en materia penal.
Garantiza el derecho fundamental de las personas a un juicio justo y equitativo, se destaca como requisito de que el tribunal sea independiente e imparcial, se busca asegurar que el proceso sea transparente, libre de influencias indebidas y que se otorgue igualdad de oportunidades a todas las partes involucradas, a ser odo pblicamente significa que los procedimientos judiciales deben ser accesibles al pblico, a menos que existan razones legtimas para mantener la confidencialidad, promueve la transparencia y la rendicin de cuentas en el sistema de justicia, la igualdad de condiciones se refiere al principio de trato justo y no discriminatorio, todas las personas tienen derecho a ser tratadas de manera igualitaria ante la ley, sin importar su origen tnico, gnero, religin u otras caractersticas protegidas, esto garantiza que todas las partes tengan las mismas oportunidades de presentar su caso y hacer valer sus derechos, se enfoca en la importancia de que el tribunal sea independiente e imparcial, la independencia judicial es crucial para garantizar que los jueces tomen decisiones basadas en la ley y los hechos, sin estar sujetos a influencias externas o presiones indebidas, la imparcialidad, por su parte, asegura que el tribunal sea imparcial y no tenga prejuicios a favor o en contra de alguna de las partes.
Art 11: 1 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio pblico en el que se le hayan asegurado todas las garantas necesarias para su defensa.
Presuncin de inocencia es fundamental para proteger los derechos y la dignidad de las personas acusadas de delitos, desde el momento en que una persona es acusada, se le debe considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un juicio justo y con pruebas vlidas y suficientes, coloca la carga de la prueba en la acusacin, es decir, es responsabilidad de los juzgadores competentes, demostrar la culpabilidad del acusado ms all de una duda razonable, el acusado no est obligado a probar su inocencia, sino que se le debe otorgar el beneficio de la duda y todas las garantas necesarias para ejercer su derecho a la defensa, la importancia de un juicio pblico, lo cual implica que el proceso debe ser transparente y accesible para el pblico en general, contribuye a la rendicin de cuentas, la confianza en el sistema de justicia y la prevencin de abusos, deben asegurar todas las garantas necesarias para su defensa, esto incluye el derecho a contar con asistencia legal, a ser informado de los cargos en su contra, a interrogar y llamar a testigos, y a presentar pruebas en su favor.
2. Nadie ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos segn el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondr pena ms grave que la aplicable en el momento de la comisin del delito.
La irretroactividad de la ley penal implica que ninguna persona puede ser condenada por actos u omisiones que en el momento de cometerse no eran considerados delictivos segn el derecho nacional o internacional, significa que una persona no puede ser penalizada por conductas que en el momento de su realizacin no eran consideradas ilegales o punibles, esta garanta protege los principios de seguridad jurdica y certeza del derecho.
Por otro lado, la prohibicin de imponer penas ms graves que las aplicables en el momento de la comisin del delito establece que una persona no puede ser condenada a una pena ms severa que la que estaba prevista en la legislacin en el momento en que se cometi el delito, esta proteccin garantiza que las personas no sean objeto de sanciones retroactivas que aumenten la gravedad de las penas despus de que se haya cometido el delito.
Estas garantas son fundamentales para asegurar la equidad y la justicia en el sistema de justicia penal. Protegen a las personas de cambios retroactivos en la legislacin que podran afectar sus derechos y evitar que se les impongan penas ms severas de las que tenan conocimiento al momento de la comisin del delito.
Mediante el artculo 76 de la Constitucin del Ecuador analizaremos los literales que nos compete en lo que es llevar un debido proceso, el cual nos garantiza un derecho a la defensa eficiente.
Artculo 76.- En todo proceso se incluir las siguientes garantas bsicas del debido proceso:
1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
Establece que todas las autoridades administrativas o judiciales tienen la obligacin de garantizar que las normas establecidas por la ley se cumplan y de proteger los derechos de todas las partes involucradas en un asunto legal o administrativo, se refiere a las entidades gubernamentales encargadas de hacer cumplir las regulaciones y normativas en el mbito administrativo, mientras que la autoridad judicial se refiere a los tribunales y jueces que administran la justicia y resuelven disputas legales, se espera que acten imparcialmente y tomen las medidas necesarias para garantizar que las normas se cumplan adecuadamente y que los derechos de todas las partes involucradas estn protegidos, asegurarse de que se respeten los procedimientos legales adecuados, que se brinde un juicio justo y equitativo, y que se tomen acciones para remediar cualquier violacin de la ley o de los derechos de las partes.
2.- Se presumir la inocencia de toda persona, y ser tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolucin firme o sentencia ejecutoriada.
Toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestra lo contrario mediante una "sentencia ejecutoriada", mientras no exista una decisin final y definitiva por parte de un juez que establezca la responsabilidad de una persona en un delito, esa persona debe ser tratada como inocente y gozar de todos los derechos y garantas correspondientes, evitar que las personas sean estigmatizadas o sufran consecuencias negativas antes de que se haya llevado a cabo un proceso legal adecuado y se haya probado su culpabilidad ms all de toda duda razonable, es una salvaguardia importante para proteger los derechos individuales y garantizar la justicia en el sistema legal.
3. Nadie podr ser juzgado ni sancionado por un acto u omisin que, al momento de cometerse, no est tipificado en la ley como infraccin penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicar una sancin no prevista por la Constitucin o la ley. Slo se podr juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trmite propio de cada procedimiento.
Establece varios principios fundamentales relacionados con el derecho al debido proceso y la prohibicin de la retroactividad de la ley penal, nadie puede ser juzgado o sancionado por un acto u omisin que no est expresamente tipificado como una infraccin penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza, solo se puede imponer una sancin si existe una ley que establezca claramente esa infraccin, tambin ninguna persona puede recibir una sancin que no est prevista en la Constitucin o en la ley, es decir, las sanciones deben estar establecidas en el marco legal y no pueden ser impuestas arbitrariamente o sin fundamentos legales slidos, y por ultimo que ninguna persona puede ser juzgada o sancionada por un acto u omisin que no estuviera tipificado como infraccin en el momento en que se cometi, esto significa que las leyes penales o administrativas no pueden aplicarse retroactivamente para castigar actos que eran legales en el momento en que ocurrieron. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez o autoridad competente y que se debe seguir el procedimiento legal adecuado en cada caso, implica que se deben respetar las garantas procesales, como el derecho a la defensa, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a presentar pruebas.
4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violacin de la Constitucin o la ley no tendrn validez alguna y carecern de eficacia probatoria.
La exclusin de pruebas obtenidas o actuadas de manera ilegal o en violacin de la Constitucin o la ley o la "exclusin de pruebas ilcitas" y es una salvaguardia para proteger los derechos y garantas de las personas involucradas en un proceso legal, si una prueba ha sido obtenida o actuada de manera contraria a lo establecido en la Constitucin o la ley, dicha prueba no tendr validez alguna y carecer de eficacia probatoria, no se podr utilizar esa prueba en el proceso judicial para respaldar una acusacin o sustentar una decisin, mediante este literal, busca desincentivar las prcticas ilegales o violatorias de los derechos fundamentales en la obtencin de pruebas por parte de las autoridades, como la violacin de la privacidad, la tortura o el uso de pruebas obtenidas mediante coaccin, al eliminar las pruebas obtenidas de manera ilcita, se busca garantizar que los derechos de los individuos sean respetados y que el proceso judicial se base en pruebas legales y legtimas.
5.- En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicar la menos rigurosa, aun cuando su promulgacin sea posterior a la infraccin. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicar en el sentido ms favorable a la persona infractora.
La existencia de una ley ms reciente que establezca una sancin menos grave que una ley anterior, prevalecer la ley ms favorable para la persona involucrada, incluso si se promulg despus de que se haya cometido la infraccin, tambin establece que, en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se debe interpretar en el sentido ms favorable a la persona infractora, si existe ambigedad o incertidumbre en la interpretacin de una ley con respecto a las sanciones, se debe optar por la interpretacin que beneficie ms a la persona acusada de la infraccin, el fin es buscar proteger los derechos y garantas de las personas involucradas en casos legales y asegurar que no se apliquen sanciones ms severas de lo necesario, promover la seguridad jurdica al establecer criterios claros para resolver conflictos entre leyes y dudas sobre las sanciones aplicables.
6.- La ley establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza
Las sanciones deben ser adecuadas y proporcionales al grado de culpabilidad y la gravedad del delito o infraccin cometida, el principio de proporcionalidad tiene como objetivo evitar la imposicin de sanciones excesivas o desproporcionadas que puedan violar los derechos fundamentales de las personas y garantizar que el castigo se ajuste a la gravedad del acto cometido, adems, busca asegurar que las sanciones administrativas o de otra naturaleza, que no son de ndole penal, tambin se rijan por este principio, debe tener en cuenta diversos factores, como la naturaleza del delito, el dao causado, la intencionalidad del infractor, las circunstancias especficas y los principios de justicia y equidad.
7.- El derecho de las personas a la defensa incluir las siguientes garantas.
El derecho de defensa implica la base del debido proceso, con lo cual se deduce su preeminencia dentro del debido proceso, est ntimamente relacionado con la garanta del juicio previo, necesario para la imposicin de una sancin.
Toda persona acusada de un delito o infraccin a contar con las garantas necesarias para presentar su versin de los hechos, ofrecer pruebas, argumentar su inocencia y recibir un juicio justo e imparcial, este derecho es considerado uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia y est frecuentemente ligado al principio del debido proceso, implica que toda persona tiene derecho a un juicio justo, en el cual se respetan sus derechos y se siguen los procedimientos legales adecuados, en este sentido, el artculo mencionado sostiene que el derecho de defensa es la base misma del debido proceso, ya que sin una adecuada defensa, se comprometera la equidad y la justicia del proceso legal.
El derecho de defensa est ntimamente relacionado con la garanta del juicio anterior, es decir, antes de imponer una sancin a una persona, es necesario que se le brinde la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y de presentar sus argumentos y pruebas en su favor, el juicio previo garantiza que la persona sea escuchada y tenga la oportunidad de impugnar las alegaciones en su contra antes de que se tome una decisin que pueda afectar sus derechos o libertades.
El anlisis del tema de la participacin del peritaje social en los procesos penales destaca su valor como recurso valioso para alcanzar una justicia penal ms comprensiva, equitativa y humana. La consideracin de los aspectos sociales en la toma de decisiones judiciales es fundamental para lograr un sistema de justicia ms informado y sensible a las realidades sociales de las personas involucradas en los casos penales. No obstante, se debe trabajar en el reconocimiento y aplicacin adecuada de la pericia social, evaluando crticamente su peso probatorio y asegurando una formacin especializada para los profesionales involucrados.
Conclusiones
En conclusin, este artculo resalta la relevancia del peritaje social como un recurso valioso para lograr una justicia penal ms comprensiva y equitativa. Se destaca la necesidad de una formacin especializada y estndares ticos slidos para los profesionales involucrados en su aplicacin. La comprensin adecuada de los aspectos sociales en la toma de decisiones judiciales contribuye a un sistema de justicia ms informado y sensible a las realidades sociales de las personas involucradas en los casos penales. Es fundamental seguir promoviendo el reconocimiento y la adecuada aplicacin de la pericia social como un recurso valioso para alcanzar una justicia ms justa y compasiva en el mbito penal.
La inclusin de la pericia social como prueba en el proceso penal puede enriquecer la toma de decisiones judiciales al proporcionar una comprensin ms completa de los factores sociales y humanos involucrados en un caso, su adecuada utilizacin, respaldada por la formacin especializada de los peritos y el reconocimiento de su importancia por parte del sistema judicial, puede contribuir a una justicia que respeta lo que nos indica los diferentes cuerpos normativos, tanto nacionales como internacionales, los nacionales en lo que nos indica la Constitucin Nacional del Ecuador, Cdigo Orgnico Integral Penal, cdigo Orgnico General de Procesos y por ltimo el Cdigo Orgnico Integral Penal, y en el mbito internacional Los Derecho Humanos, asegurando que las decisiones legales se basen a lo que es el debido proceso, respetando las garantas de las persona procesado como el respeto del derecho a la defensa.
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