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La naturaleza de la relaci�n entre las plataformas digitales y los trabajadores en el Ecuador

 

The nature of the relationship between digital platforms and workers in Ecuador

 

A natureza da rela��o entre plataformas digitais e trabalhadores no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: hgpillajo@espe.edu.ec

 

 

Ciencias T�cnica y Aplicadas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de abril de 2023 *Aceptado: 12 de mayo de 2023 * Publicado: �22 de junio de 2023

 

1. Docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Ecuador.

Resumen

La presente investigaci�n tiene como objeto estudiar la naturaleza de la relaci�n entre las plataformas digitales y los trabajadores en el �mbito de la denominada econom�a de demanda en Ecuador, en aras de establecer una regulaci�n que no limite el auge de la econom�a digital, a la par que salvaguarde los derechos de los trabajadores aut�nomos. Este estudio se encamina a determinar si los v�nculos de trabajo subyacente son de tipo subordinado o aut�nomo, para lo cual se tendr� en cuenta lo previsto en la Uni�n Europea y en el Derecho Espa�ol, sistemas que han visibilizado las caracter�sticas de las plataformas digitales y han realizado un an�lisis t�cnico-jur�dico del v�nculo existente entre las plataformas y los trabajadores digitales.

Palabras Clave: Plataformas digitales de trabajo; trabajador dependiente; trabajador aut�nomo; servicio de la sociedad de informaci�n.

 

Abstract

The purpose of this research is to study the nature of the relationship between digital platforms and workers in the field of the so-called demand economy in Ecuador, in order to establish a regulation that does not limit the rise of the digital economy, at the same time that safeguards the rights of self-employed workers. This study is aimed at determining whether the underlying work links are of a subordinate or autonomous type, for which the provisions of the European Union and Spanish Law will be taken into account, systems that have made visible the characteristics of digital platforms and have carried out a technical-legal analysis of the link between platforms and digital workers.

Keywords: Digital work platforms; dependent worker; autonomous worker; information society service.

 

Resumo

O objetivo desta pesquisa � estudar a natureza da rela��o entre plataformas digitais e trabalhadores no campo da chamada economia de demanda no Equador, a fim de estabelecer uma regulamenta��o que n�o limite o surgimento da economia digital, no ao mesmo tempo que salvaguarda os direitos dos trabalhadores independentes. Este estudo visa determinar se os v�nculos de trabalho subjacentes s�o de tipo subordinado ou aut�nomo, para os quais ser�o levados em considera��o as disposi��es da Uni�o Europ�ia e do Direito espanhol, sistemas que tornaram vis�veis as caracter�sticas das plataformas digitais e realizaram uma an�lise t�cnico-jur�dica do v�nculo entre plataformas e trabalhadores digitais.

Palavras-chave: Plataformas digitais de trabalho; trabalhador dependente; trabalhadores por conta pr�pria; servi�o da sociedade da informa��o.

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Introducci�n

A nivel mundial, el n�mero de plataformas digitales ha aumentado exponencialmente, debido al desarrollo de las nuevas tecnolog�as. El objeto social de las plataformas digitales es variado, la doctrina ha identificado dos tipos de plataformas digitales: a) las plataformas en l�nea que mediante convocatorias abiertas a nivel mundial seleccionan a los trabajadores; b) las aplicaciones m�viles (o apss) que asignan trabajos f�sicos^[1] en una zona geogr�fica determinada^[2].

No cabe duda que las plataformas digitales incentivan la creaci�n de nuevas formas de trabajo,^[3] que suponen una ruptura con la organizaci�n y condiciones de trabajo tradicionales, de ah� que la Comisi�n Europea, en su Comunicaci�n del 2016 sobre la Agenda europea para la econom�a colaborativa, fue una de las primeras instituciones en ponerle cara a este fen�meno. En su documento identific� quienes intervienen en las plataformas colaborativas:

�i) prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias �pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional (�pares�) o prestadores de servicios que act�en a t�tulo profesional (�prestadores de servicios profesionales�); ii) usuarios de dichos servicios; y iii) intermediarios que �a trav�s de una plataforma en l�nea� conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos (�plataformas colaborativas�)�.^[4]

Para la doctrina, esta forma de organizar el trabajo diferencia dos modelos: un modelo de negocio de la econom�a colaborativa en sentido propio o estricto, donde las plataformas digitales act�an solo como intermediarias, y un modelo de negocio impropio o en sentido amplio, donde la plataforma preste un servicio subyacente, que requiere incorporar a su servicio fuerza de trabajo.^[5] Este �ltimo modelo ha sido objeto de numerosas investigaciones dirigidas a determinar la naturaleza jur�dica de la relaci�n entre los trabajadores y las plataformas digitales.

 

LA NATURALEZA DE LA RELACI�N DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y LOS TRABAJADORES DIGITALES EN EL DERECHO COMPARADO

LA REGULACI�N DE PLATAFORMAS DIGITALES EN LA UNI�N EUROPEA

La actividad de las plataformas digitales en la Uni�n Europea (en adelante UE) se ha encauzado a trav�s de la regulaci�n de los servicios de la sociedad de la informaci�n, que ha sido ampliamente regulada en varias Directivas:

Primero. La versi�n modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998^[6], que en su art�culo 1 define los servicios de la sociedad de informaci�n como �todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneraci�n, a distancia, por v�a electr�nica y a petici�n individual de un destinatario de servicios�.

Segundo. La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000^[7], sobre aspectos jur�dicos de los servicios de la sociedad de la informaci�n, en particular el comercio electr�nico en el mercado interior, en su art�culo 4.1 se�ala que �Los Estados miembros garantizar�n que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la informaci�n y el ejercicio de esta actividad no puedan someterse a autorizaci�n previa ni a ning�n otro requisito con efectos equivalentes� no obstante el prestador de servicio est� obligado proveer informaci�n b�sica de su actividad.

Del marco normativo de la UE sobre los servicios de la sociedad de la informaci�n se deduce la existencia de un marco normativo flexible dirigido a consolidar un mercado interior de bienes y servicios, no obstante, el dictamen del Comit� de las Regiones Europeo enfatiz� que �no deber�a permitirse que las iniciativas de econom�a colaborativa utilicen el paradigma colaborativo �nicamente para falsear los mercados preexistentes solo con miras a una estrategia de reducci�n de costes basada en evitar los costes reglamentarios�.^[8] De tal forma que los Estados deber�n alcanzar un equilibrio entre una regulaci�n que no restrinja el auge de la econom�a digital^[9] y proteja los derechos de los trabajadores^[10].

En la praxis judicial, el 29 de octubre de 2014, �lite Taxi interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.� 3 de Barcelona en la que solicita que dicho juzgado declare que las actividades de Uber Systems Spain son contrarios a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. El Juzgado de lo Mercantil n.� 3 de Barcelona, antes de calificar de desleal las pr�cticas de Uber Systems Spain consider� necesario plantear al Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (en adelante TJUE) la siguiente cuesti�n prejudicial: la actividad realizada por Uber, con car�cter lucrativo, de intermediaci�n entre el titular de un veh�culo y la persona que necesita realizar un desplazamiento dentro de una ciudad, debe considerarse una mera actividad de transporte o ha de considerarse un servicio electr�nico de intermediaci�n, o un servicio propio de la sociedad de la informaci�n en los t�rminos que define el art�culo 1.2 de la Directiva� 98/34 y art 3 y 4 de la� Directiva 2000/31^[11].

El TJUE en su sentencia de 20 de diciembre de 2017 se�al� que el papel que desempe�a UBER

�no se limita a un servicio de intermediaci�n consistente en conectar, mediante una aplicaci�n para tel�fonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio veh�culo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano�^[12]

�Sobre este �ltimo punto, consta en particular que Uber, mediante la aplicaci�n ep�nima, establece al menos el precio m�ximo de la carrera, que recibe este precio del cliente para despu�s abonar una parte al conductor no profesional del veh�culo y que ejerce cierto control sobre la calidad de los veh�culos, as� como sobre la idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entra�ar la exclusi�n de �stos�.

�Por consiguiente, debe considerarse que este servicio de intermediaci�n forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificaci�n de servicio de la sociedad de la informaci�n� ^[13].

De la interpretaci�n del TJUE se puede deducir que el papel que desempe�a la plataforma digital no es la de una mera intermediaria, sino la de ofertante de un servicio integral, su principal efecto ser� la exclusi�n de los beneficios que regula la Directiva 2000/31/CE sobre los servicios de la sociedad de la informaci�n, de forma que, los Estados ser�n competentes para determinar los permisos que necesitan las plataformas digitales para su operaci�n; la naturaleza de la relaci�n con los trabajadores digitales, y si existe o no competencia desleal.

 

LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE TRABAJO EN EL DERECHO ESPA�OL

El derecho interno de los pa�ses miembros de la UE ser�n los que determinen la naturaleza de la relaci�n de trabajo entre las plataformas digitales y los trabajadores digitales, en este sentido se analizar� sucintamente el marco normativo y la evoluci�n de la jurisprudencia espa�ola en este campo.

En atenci�n a la clasificaci�n de plataformas digitales citadas ut supra en Espa�a, las plataformas m�s importantes son UBER, BLABLACAR, GLOBO Y DELIVEROO, a pesar de ser empresas que presentan un alto n�mero de semejanzas, al abordar la naturaleza de la relaci�n entre la plataforma digital y trabajador cada una presentan caracter�sticas espec�ficas.

 

A)   Naturaleza de las relaciones de trabajo subyacente en las plataformas de servicios de la sociedad de la informaci�n.

En el marco de los servicios de la sociedad de la informaci�n en Espa�a se puede encontrar varios pronunciamientos judiciales que abordan la competencia desleal de plataformas como BLABLACAR, plataformas que para la doctrina es paradigma de la llamada econom�a colaborativa, los cuales tiene como objetivo aumentar el uso de bienes y servicios infrautilizados a fin de conseguir una sociedad m�s sostenible y eficiente.^[14] Los pronunciamientos judiciales ser�n determinantes para definir la naturaleza de las relaciones subyacentes y guiar al poder legislativo en su regulaci�n.

A continuaci�n, se abordar� la naturaleza de las relaciones de trabajo subyacente en las plataformas de BLABLACAR.

La Confederaci�n Espa�ola de Transporte en Autob�s (en adelante CONFEBUS) interpuso demanda de juicio ordinario contra COMUTO IBERIA, S.L. y COMUTO, S.A. demanda que fue desestimada en primera instancia, frente a la cual se interpuso recurso de alzada ante la Audiencia Provincial de Madrid. En su recurso, la actora argumenta que las demandadas realizan una actividad de mediaci�n en el transporte que precisa ser titular de autorizaci�n administrativa y habilitaci�n espec�fica al amparo de lo dispuesto en los  art�culos 22   y  53 de la Ley de Ordenaci�n de Transporte Terrestre, de 30 de julio 1987^[15] (en adelante LOTT). Por su parte, COMUTO, S.A. se�ala que a trav�s del sitio web BLABLACAR conecta a conductores que tienen asientos vac�os con pasajeros que se dirigen al mismo destino para compartir los costes del desplazamiento. La actividad de BlaBlaCar es la prestaci�n de servicios de intermediaci�n de informaci�n entre particulares en el sentido del  art�culo 1   de la  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci�n y de comercio electr�nico, no de transporte p�blico ni de intermediaci�n a tal efecto^[16] .

La Audiencia provincial de Madrid, en su sentencia, parte de lo establecido en la sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017^[17], en su argumentaci�n en primer lugar, aborda la actividad de los usuarios:

�Los usuarios que tienen inter�s en un determinado viaje ven facilitada su relaci�n y pueden ponerse en contacto eligiendo el perfil de la persona con la que van a compartir dicho viaje con la com�n intenci�n de reducir su coste. La plataforma no solo pretende generar confianza de los usuarios en su utilizaci�n, sino que tambi�n pretende generar confianza de los usuarios entre s�. Esta relaci�n tambi�n supone trato personal, si bien de forma distinta a la que entend�amos tradicionalmente�.

Al analizar la relaci�n de los usuarios, considera que el uso del veh�culo compartido debe considerarse como transporte privado, es decir aquella que se dedica a �satisfacer las necesidades de desplazamiento de car�cter personal o dom�stico del titular del veh�culo y sus allegados�^[18], para la Audiencia Provincial de Madrid el concepto de allegado no se limita a la relaci�n de parentesco o de amistad, sino que comprende la cercan�a entre personas por raz�n de trato o confianza^[19].

La Audiencia Provincial desestimar� la petici�n de la CONFEBUS y considera la actividad de COMUTO IBERIA, S.L. y COMUTO, S.A. como un servicio de la sociedad de la informaci�n, esto supone desde la perspectiva iuslaboralista que el v�nculo entre la plataforma digital y el prestador del servicio no es una relaci�n laboral, puesto que la aplicaci�n tiene como funci�n exclusiva poner en contacto al usuario y al prestador de servicio, sin influir en las condiciones de la relaci�n por lo que carece de las notas de subordinaci�n^[20].

 

B)    Naturaleza de las relaciones de trabajo subyacente en las plataformas digitales de prestaci�n de servicio de transporte.

La sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 comentada m�s arriba no resolvi� el conflicto entre los taxistas y UBER, que se radicaliz� en Espa�a desde que este �ltimo ha empezado a ofrecer servicios de arrendamiento de veh�culos con conductor a trav�s de la licencia de VCT, situaci�n que afecta a los taxistas en la medida que sus licencias podr�an perder valor, la presi�n ejercida por el sector del taxismo ha propiciado un marco normativo de arrendamiento de veh�culos con conductor restrictivo. Esta situaci�n se evidencia en la evoluci�n del r�gimen jur�dico del arrendamiento de veh�culo con conductor, ^[21] que a continuaci�n se describe:

Primero. El Reglamento de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres (en adelante ROTT) exig�a la consecuci�n de un t�tulo administrativo habilitante para prestar servicios de arrendamiento de veh�culo con conductor y permit�a limitar su n�mero.

 

Segundo. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, derog� los art�culos 49 y 50 de la LOTT, a partir de entonces, la prestaci�n de servicios de arrendamiento con conductor sigue precisando autorizaci�n, pero no existen l�mites cuantitativos. De ah� que empiecen a solicitarse licencias VTC^[22].

Tercero. El Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, da una nueva redacci�n al ROTT en cuanto al arrendamiento de veh�culo con conductor, establece las siguientes restricciones: a) exige una habilitaci�n administrativa, cuya obtenci�n precisa disponer de una flota m�nima de veh�culos; b) limita el n�mero de licencias: la llamada regla de la proporcionalidad (1/30); c) establece la obligatoriedad de no captar clientes en la calle o en las paradas; d) fija que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad en el que est� domiciliada la autorizaci�n; e) tengan cubierta su posible responsabilidad civil^[23]. �La Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia impugn� el Real Decreto 1057/2015, paro lo cual aleg� que el Real Decreto restring�a la competencia en el mercado, el Tribunal Supremo de Espa�a (en adelante TSE) en la sentencia de 4 de junio de 2018^[24] desestim� sus peticiones y consider� que �nicamente es ilegal la exigencia de poseer una flota m�nima de veh�culos.

Cuarto. El Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres, estipul�: a) la prohibici�n de transmitir las licencias VTC dentro de los dos a�os siguientes a su emisi�n; b) la obligaci�n de contratar el servicio antes de prestarlo^[25]. Estas medidas ser�n declaradas contrarias a derecho por su desproporcionalidad por la sentencia del TS en la sentencia de 10 de marzo de 2020^[26].

Se puede apreciar en la evoluci�n normativa, las reticencias del legislador espa�ol de liberar el mercado de las licencias VTC, sobre todo por la presi�n que ejercer los taxistas que ven peligrar su patrimonio ante una plataforma digital.

En cuanto a la naturaleza jur�dica de la relaci�n entre UBER y los trabajadores digitales, sus conductores son profesionales por cuenta propia que se dedican exclusivamente a transportar personas. No obstante, no se debe olvidar que esta plataforma no se limita a poner en contacto al prestador de servicio y cliente, sino que establece condiciones que influyen decisivamente en la relaci�n, en este sentido, parte de la doctrina espa�ola ha considerado que los conductores de UBER son trabajadores dependientes,^[27] esta postura se fundamenta en el hecho de que la plataforma elige a los trabajadores; establece las caracter�sticas de los veh�culos y de su titular; pueden desactivar a los conductores en caso de una evaluaci�n negativa; la relaci�n con los clientes es directamente con la plataforma; UBER es quien fija los itinerarios y qui�n cobra el importe al cliente. No obstante, la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de configurar esta relaci�n como trabajo dependiente, por lo que el v�nculo entre la plataforma digital y el conductor es de car�cter mercantil.

 

C)   Naturaleza de la relaci�n de trabajo subyacente en las plataformas digitales de prestaci�n de servicio de entrega a domicilio

Las plataformas digitales de entrega a domicilio han adquirido importancia en los �ltimos a�os por su utilidad para los consumidores. En Espa�a destacan plataforma como DELIVEROO y GLOVO. El modelo de negocio de estas plataformas digitales presenta las siguientes caracter�sticas en com�n: a) las partes suscriben un contrato con la empresa digital; b) el servicio de entrega se gestionaba a trav�s de la aplicaci�n de la empresa; c) el trabajador digital debe indicar la franja horaria en la que deseaba recibir los pedidos; d) el trabajador puede rechazar un pedido sin penalizaci�n alguna^[28]; e) las empresas digitales tienen establecido un sistema de puntuaci�n de los repartidores clasific�ndolos en tres categor�as: principiante, junior y senior; f) si un repartidor lleva m�s de tres meses sin aceptar ning�n servicio, la empresa puede decidir bajarle de categor�a^[29]; g) El prestador del servicio est� permanentemente localizado a trav�s de un geolocalizador GPS con el que se registraban los kil�metros que recorre en cada servicio^[30]; h) el repartido realizaba su actividad en la moto y el tel�fono m�vil de su propiedad, asumiendo sus gastos;^[31] i) el sistema de retribuci�n consist�a en el pago de una cantidad por pedido m�s otra cantidad por kilometraje y tiempo de espera^[32]; j) el repartidor asum�a frente al cliente final los da�os o p�rdidas que pudieran sufrir los productos o mercanc�as^[33].

Los conflictos entre las plataformas digitales y trabajadores digitales no tardar�n en aparecer. Uno de los primeros tribunales en pronunciarse fue Juzgado de lo Social n�mero 6 de Valencia en su sentencia de 1 de junio de 2018^[34]. El actor prest� sus servicios como repartidor de alimentos para DELIVEROO desde el 25 de octubre de 2016, v�nculo que inici� en virtud de un contrato de arrendamiento de servicios. La plataforma el 23 de mayo de 2017 de manera unilateral decidi� inactivar su cuenta tras haber comprobado que el actor rechaz� sus ofertas de manera reiterada, por tal raz�n el trabajador digital solicit� al Juzgado de Valencia que se declare la improcedencia del despido.

En su defensa, DELIVEROO argument� que el actor es un trabajador independiente, en cuanto no tiene un salario fijo, aporta los instrumentos necesarios para ejecutar su servicio, y no es un trabajo personal, puesto que la empresa puede hacer uso de un remplazo. El Juzgado Social de Valencia fundament� su sentencia a partir de la doctrina del STS, en este sentido, el hecho de que el trabajador digital no tenga un salario fijo �no es un elemento caracter�stico delimitador del contrato de trabajo� ^[35], es decir el hecho de que el repartido no reciba mensualmente una remuneraci�n fija no desvirt�a la existencia de un contrato de trabajo.

En cuanto al hecho de que el repartido aporte la moto y el m�vil para realizar su actividad el Juzgado de Valencia en atenci�n a la doctrina del TSE �se�al� que �la naturaleza laboral de la relaci�n no se desvirt�a ni desaparece por el hecho de que el trabajador aporte su veh�culo propio, siempre que (�) tal aportaci�n no tenga la relevancia econ�mica necesaria para convertir su explotaci�n en elemento fundamental de dicha relaci�n�^[36], en otras palabras la infraestructura tecnolog�a es la que organiza la actividad econ�mica incorporando la fuerza de trabajo, moto, m�vil como un todo a la dimensi�n empresarial.

Finalmente, el hecho de que la plataforma pueda remplazar al trabajador que por cualquier raz�n deja de prestar sus servicios (vacaciones, estudios) el Juzgado entiende que los �elementos introducidos en una relaci�n sustancialmente laboral para descalificarla no la desnaturalizan cuando carecen de una efectiva relevancia en la ejecuci�n del contrato�^[37]. Tras la argumentaci�n que aqu� se ha citado, el Juzgado de Valencia concluye que el v�nculo entre DELIVEROO y el trabajo digital es una relaci�n laboral y ordena la indemnizaci�n o readmisi�n del trabajador, de esta forma, se descarta que se est� ante un trabajador independiente. �

Poco despu�s, el Juzgado de lo Social de Madrid de 3 de septiembre de 2018, conoci� los siguientes hechos probados: el actor suscribi� inicialmente con la demandada GLOVO un contrato como trabajador aut�nomo, oblig�ndose a la ejecuci�n de solicitudes de reparto. El 20 de julio de 2016 las partes realizaron un nuevo contrato por el cual el actor realiz� adquiri� la condici�n de Trabajador Aut�nomo Econ�micamente Dependiente (en adelante TRADE). El trabajador pide al Tribunal, previo reconocimiento de la laboralidad de la relaci�n, la existencia de un despido t�cito alegando que la empresa tecnol�gica dej� de proporcionales solicitudes de reparto debido a la enfermedad que padecida^[38].

El juzgado de lo Social de Madrid, tras analizar los hechos y aplicar los indicios de laboralidad, concluy� que la prestaci�n de servicios desarrollada por el actor no puede calificarse como una relaci�n laboral por no concurrir las notas de ajenidad y dependencia, aporta las siguientes razones: a) los contratos suscritos poseen un contenido amplio y detallado y preciso sobre las obligaciones asumidas por cada una de las partes as� como sobre las formas de prestaci�n del servicio; b) el demandante no ten�a jornada ni horario; c) la demandada no tiene poder disciplinario sobre el actor m�s all� del desistimiento del propio contrato en el caso de que no se realizaran servicios; d) el repartidor asume el riesgo y ventura de cada pedido y responde del mismo frente al cliente; e) las principales herramientas de trabajo (moto y tel�fono m�vil) son propiedad del trabajador, y la retribuci�n que percibe depende directamente de la cantidad de recados que haga; f) el trabajador no ten�a que justificar sus ausencias; g) no existe pacto de exclusividad entre las partes, pudiendo el actor prestar servicios simult�neamente para otras empresas^[39].

En atenci�n a las caracter�sticas de la relaci�n entre la plataforma digital y el trabajador el Juzgado de Madrid resolver� que el contrato suscrito entre las partes presenta las notas caracter�sticas del TRADE^[40], puesto que el actor realiza una actividad econ�mica o profesional a t�tulo lucrativo y de forma habitual, personal, directa para una persona jur�dica, denominada cliente, del que dependen econ�micamente por percibir de �l, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos y adem�s este cumple con los requisitos para ser TRADE, que son: a) no tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar; b) no ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contrataci�n laboral por cuenta del cliente; c) disponer de infraestructura productiva y materiales propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes econ�micamente; d) desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones t�cnicas que pudiese recibir de su cliente; e) percibir una contraprestaci�n econ�mica en funci�n del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquella^[41].

La actora impugn� esta sentencia ante Tribunal Superior de Justicia de Madrid, misma que en su sentencia de 19 de septiembre de 2019, desestim� el recurso de suplicaci�n confirmando la sentencia de instancia^[42].

Del an�lisis de la sentencia del Juzgado de lo Social n�mero 6 de Valencia y del Juzgado de lo Social de Madrid se puede observar que la naturaleza de la relaci�n entre las plataformas digitales y el trabajador puede configurarse tanto como una relaci�n dependiente o como TRADE, sin que ning�n tribunal haya estimado la petici�n de definir esta relaci�n como un trabajo por cuenta propia. Las sentencias que se sucedieron hasta el 2020 distaron de uniformidad, por lo que, como �ltima instancia se interpondr�n ante el STS un recurso de casaci�n para la unificaci�n de doctrina, este en su sentencia de 25 de septiembre resolver� s� el v�nculo entre la plataforma digital y el repartido es una relaci�n de trabajo subordinado o un TRADE.

El TSE en su sentencia de 25 de septiembre de 2020^[43] resolver� la siguiente preguntas: �el trabajo digital es un trabajador dependiente o un TRADE?. El TSE en su fundamento jur�dico decimos�ptimo resuelve que la relaci�n entre las plataformas digitales y el trabajador digital no re�ne los requisitos para adquirir la condici�n de TRADE. El TS analiza dos requisitos del TRADE: Primero. el TRADE �desarrolla su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones t�cnicas que pudiese recibir de su cliente� ^[44], al respecto el TS se�ala que �el demandante no llevaba a cabo su actividad con sus propios criterios organizativos sino con sujeci�n estricta a los establecidos por Glovo�^[45]. Segundo. El TRADE �Dispone de infraestructura productiva y materiales propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes econ�micamente�^[46], TSE sostiene que �el actor �nicamente contaba con una moto y con un m�vil. Se trata de medios accesorios o complementarios. La infraestructura esencial para el ejercicio de esta actividad es el programa inform�tico desarrollado por Glovo [�] El actor carec�a de una infraestructura propia significativa que le permitiera operar por su cuenta�^[47].

Una vez que el TS desestima que trabajador digital es un TRADE al carecer de los requisitos necesario para adquirir tal condici�n, el TSE analizar� si en el trabajador digital se dan los requisitos esenciales de la relaci�n laboral que son: la subordinaci�n y ajenidad. Respecto a la subordinaci�n el TSE expresa que la te�rica libertad de elecci�n de la franja horaria est� condicionada por el sistema de puntuaci�n, esto supone que �si no est� disponible para prestar servicios en las franjas horarias con m�s demanda, su puntuaci�n disminuye y con ella la posibilidad de que en el futuro se le encarguen m�s servicios y conseguir la rentabilidad econ�mica�^[48], en otras palabras, a pesar de que el trabajador digital tenga la libertad de organizar su tiempo a su conveniencia esta se limita por el sistema de puntuaci�n, por lo tanto el trabajador digital de forma indirecta se subordina a los requerimientos de la plataforma digital.

Respecto a la ajenidad, el TSE analiza los elementos de este concepto que son: la ajenidad del mercado, del riesgo, frutos y de los medios:

En cuanto a la ajenidad en el mercado, GLOVO toma todas las decisiones comerciales: el precio de los servicios prestados; la forma de pago y la cuant�a de la remuneraci�n^[49]. �Respecto a la ajenidad en los riesgos, el TSE tiene presente que se declar� probado que el actor asum�a frente al usuario los da�os o p�rdidas que pudieran sufrir los productos o mercanc�as durante el transporte. Dice el TS que �Se trata de un indicio contrario a la existencia de una relaci�n laboral porque normalmente los trabajadores no responden frente al cliente de los da�os o p�rdidas de los productos transportados�^[50], a pesar de ello el tribunal no considera que concurre en el actor el binomio riesgo-lucro^[51]. A nuestro juicio, el hecho de que el usuario responda de los da�os o perdidas que pudiera sufrir el producto recuerda al desequilibrio que exist�a en la revoluci�n industrial entre el due�o del capital y el trabajado, ocupando el papel de due�o del capital las sociedades digitales^[52].

Sobre la ajenidad en los frutos, el TSE expresa que esta se produce, puesto que en el caso controvertido Glovo se apropia de manera directa del resultado de la prestaci�n de trabajo, el cual redunda en beneficio de dicha empresa^[53].

Finamente, al respeto de la ajenidad en los medios, para el TSE los medios de producci�n esenciales en esta actividad no son el tel�fono m�vil y la motocicleta del repartidor, sino la plataforma digital de Glovo, sin esta no es factible la prestaci�n del servicio^[54].

El TSE en su sentencia se�al� que la relaci�n entre la plataforma digital y el trabajador re�ne los requisitos propios de la relaci�n laboral. Esta sentencia, supondr� un pilar fundamental para que el legislador espa�ol defina la naturaleza de esta relaci�n. En este sentido, Espa�a, mediante la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, incorpor� una nueva disposici�n adicional vigesimotercera en el Estatuto de Trabajadores, con la siguiente redacci�n:

�Por aplicaci�n de lo establecido en el art�culo 8.1 se presume incluida en el �mbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribuci�n de cualquier producto de consumo o mercanc�a por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organizaci�n, direcci�n y control de forma directa, indirecta o impl�cita, mediante la gesti�n algor�tmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a trav�s de una plataforma digital. Esta presunci�n no afecta a lo previsto en el art�culo 1.3 de la presente norma�^[55].

Con esta norma, el Estado espa�ol deja sentado que la prestaci�n de servicios de reparto en el que la plataforma desempe�e un control significativo es una relaci�n de trabajo regulado por el Estatuto de Trabajadores, ahora bien, cabe criticar, la calificaci�n de trabajo dependiente para las plataformas digitales de prestaci�n de servicio de entrega a domicilio y la naturaleza de trabajo por cuenta propia de las plataformas de prestaci�n de servicio de trasportes, toda vez que cuando en ambos casos tanto Glovo como Uber intervienen de forma sustancias en las condiciones de trabajo.

 

LA NATURALEZA DE LA RELACI�N ENTRE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y LOS TRABAJADORES EN ECUADOR. LA PROHIBICI�N DE LA TERCERIZACI�N

Ecuador no es una excepci�n en el auge de las plataformas digitales, en el �mbito de trasporte de personas han aparecido plataformas como CABIFY, mientras que en los servicios de entrega despunta PEDIDOS YA.

Al estudiar los t�rminos de uso y condiciones generales de la p�gina web de PEDIDOS YA^[56] se puede observar que esta plataforma digital es cuidadosa de publicar las condiciones generales aplicables a sus repartidores, el potencial trabajador digital debe pasar por varios filtros para llegar a conocer en que consiste su actividad, por ello no ha sido posible conocer cu�les son las reglas de la prestaci�n de servicio, no obstante, es importante se�alar que Glovo, es una sociedad espa�ola que vendi� a Delivery Hero sus operaciones en Am�rica Latina, adquiriendo en Ecuador el nombre comercial de que PEDIDOS YA^[57]de ah� se pueda deducir que las plataformas digital y los repartidores suscribir�n un contrato mercantil de prestaci�n de servicios excluyendo la posibilidad de ser trabajadores dependientes de la plataforma.

En cuanto al modelo de negocio de �CABIFY en su web^[58] se puede observar los t�rminos de uso y condiciones generales de contrataci�n, en la primera cl�usula se establece de forma clara que el conductor digital se obliga a:

�La prestaci�n de servicios a trav�s de aplicativos m�viles para la conexi�n e intermediaci�n de distintos tipos de servicios entre usuarios (en adelante, los �Usuarios�) y prestadores de servicios (en adelante, el �Usuario Conductor�) a trav�s de dispositivos tecnol�gicos que permiten coordinar dicha interconexi�n tecnol�gica para apoyo log�stico� (clausula 1)^[59].

De la cl�usula trascrita se puede interpretar que CABIFY interviene en la relaci�n entre el usuario y usuario conductor en calidad de intermediario log�stico en la prestaci�n de servicio, en analog�a al derecho comparado esta presuntamente se configura como una plataforma de servicios de la sociedad de la informaci�n.

En cuanto a la naturaleza de la relaci�n entre las partes intervinientes, la cl�usula 12 estipula que: �no existe relaci�n de car�cter societario o laboral entre ellas, as� como tampoco entre CABIFY y el personal que el USUARIO CONDUCTOR haya contratado o llegar� a contratar para la ejecuci�n del presente Contrato�.^[60] Se puede deducir de esta cl�usula que la plataforma digital huye de calificar la naturaleza de la relaci�n entre el usuario; el usuario conductor y CAFIFY, siendo su objetivo principal desligarse de todo tipo de responsabilidad tanto frente a sus potenciales clientes como a los prestadores del servicio/ trabajadores digitales.

En cuanto a las Condiciones de pago y facturaci�n la cl�usula sexta se�ala que:

�las tarifas aplicables al Servicio ser�n establecidas por CABIFY, quien se reserva el derecho de reajustar las mismas y otorgar a su sola discreci�n tarifas promocionales a los usuarios conductores y descuentos que considere apropiados para mejorar el giro del negocio. CABIFY facturar� al Usuario Conductor el valor que le corresponda, una vez realizada la liquidaci�n de valores, la cual podr� ser semanal, quincenal o mensual, seg�n decisi�n de CABIFY. La liquidaci�n se realizar� sobre el importe recibido de los clientes registrados en la Aplicaci�n y/o Sitio Web (en adelante el �PAGO�) a los que el USUARIO CONDUCTOR haya prestado sus servicios a trav�s de la Aplicaci�n y/o Sitio Web� (Cl�usula 6)^[61].

La cl�usula sexta establece de forma clara que el papel de CABIFY no es la de ofrecer un mero servicios de la sociedad de informaci�n, sino ser la rectora de la relaci�n entre el usuario y la fuerza de trabajo, por lo cual se puede decir que las plataformas digitales son tercerizadoras digital de la fuerza de trabajo, puesto que su principal papel es intermediar entre el trabajador digital y cliente a trav�s de una aplicaci�n, en parecidos t�rminos se ha pronunciado la doctrina ecuatoriana al se�alar que:

�estas plataformas, bajo la cubierta de revolucionar la forma de hacer negocio, se comercializan como escenarios neutrales o c�scaras vac�as que ejercen de un servicio de la sociedad de la informaci�n. Empero, en la pr�ctica, se trata de compa��as tradicionales que se valen de la internet y sus recursos digitales para subcontratar la mayor cantidad de activos fijos que puedan tercerizar y, de ese modo, prestar un servicio u ofrecer bienes a los consumidores. Entonces, l�gicamente se puede deducir que las plataformas austeras son capaces de competir mucho m�s favorablemente en el mercado con otras empresas que deben asumir las cargas impositivas y laborales legislativas�^[62].

En Ecuador la tercerizaci�n de la fuerza de trabajo se regul� en la Ley reformatoria al c�digo de trabajo, mediante la cual se regula la actividad de intermediaci�n laboral y la de tercerizaci�n de servicios complementarios, esta ley estableci� que las sociedades de servicios temporales de tercerizaci�n son aquellas que �signan trabajadores a una empresa o persona natural usuaria para cumplir las labores de naturaleza eventual, ocasional, de temporada o por horas�,^[63] para la doctrina esta instituci�n permiti� flexibilizar el mercado de trabajo,^[64] ante el elevado �ndice de desempleo que exist�a en el pa�s.

No cabe duda de que las actividades de las plataformas digitales hubiesen tenido una perfecta cobertura legal en esta instituci�n, pero por mor de un nuevo marco Constitucional, la tercerizaci�n de la fuerza de trabajo se derog�. El pleno de la Asamblea Constituyente en su mandato constituyente N.� 8 orden� que: �Se elimina y proh�be la tercerizaci�n e intermediaci�n laboral y cualquier forma de precarizaci�n de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La relaci�n laboral ser� directa y bilateral entre trabajador y empleador�^[65]. Este mandato constitucional se reflejar� en la actual Constituci�n del 2008, que expresa:

�La relaci�n laboral entre personas trabajadoras y empleadoras ser� bilateral y directa. Se proh�be toda forma de precarizaci�n, como la intermediaci�n laboral y la tercerizaci�n en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contrataci�n laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulaci�n, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizar�n y sancionar�n de acuerdo con la ley�^[66].

Para la doctrina, la eliminaci�n de la tercerizaci�n es una �demanda largamente anhelado por los trabajadores, pues no solo que jam�s llegaba a establecerse la relaci�n laboral, sino que se incumpl�an todos los derechos laborales, vacaciones, seguridad social, etc�^[67]. La econom�a inmaterial^[68] es uno de los desaf�os que deben enfrentar los pa�ses en v�as de desarrollo, una globalizaci�n equitativa^[69] contin�a siendo una utop�a dif�cil de conseguir. Ante la complejidad del tema que aqu� se estudia, consideramos necesario proponer un nuevo esquema te�rico que permita regular de mejor forma este complejo fen�meno en Ecuador.

El pilar fundamental de este esquema ser�a el registro de las empresas digitales ante la Autoridad Laboral, tanto nacionales como internacionales. En esta fase, las empresas tendr�an la opci�n de calificarse como: a) Plataformas de Servicios de la Sociedad de la Informaci�n (en adelante PSSI); o b) Plataformas Digitales de Trabajo (en adelante PDT).

Utilizando el acervo de la UE, se define como PSSI aquellas personas f�sicas o jur�dicas que suministran un servicio a cambio de un precio, por v�a electr�nica, y a petici�n de personas f�sicas o jur�dicas que utilizan un servicio de la sociedad de la informaci�n por motivos profesionales o de otro tipo. La actividad de las PSSI deber� circunscribirse a ofrecer un servicio en l�nea, �meramente t�cnica, autom�tica y pasiva�,^[70]por lo que no influir� en el desarrollo y ejecuci�n de la actividad econ�mica del destinatario del servicio.

Por otra parte, las empresas tecnol�gicas se calificar�n como PDT cuando su objeto social presente los siguientes criterios: a) la actividad econ�mica est� asociada a la intermediaci�n de la fuerza de trabajo a trav�s de las nuevas tecnolog�as, b) se ejerza una influencia decisiva sobre el servicio, fijando los factores de organizaci�n y ejecuci�n del servicio,^[71] se definir�, desde una perspectiva contractual, como empleador digital.

CONCLUSI�N

Las plataformas digitales en los �ltimos a�os han adquirido en el mundo una notable importancia, es por ello que los estados han buscado adecuar su marco normativo a esta realidad. La UE y el Derecho espa�ol son una de las primeras en dar respuesta a un a esta realidad compleja.

La UE, a tenor de modelo de negocio de las plataformas digitales, estructur� la siguiente clasificaci�n: plataformas digitales en sentido propio o estricto, que act�an como meras intermediarias, y plataformas digitales en sentido amplio, que prestan un servicio subyacente, que requieren incorporar fuerza de trabajo a su actividad. El ordenamiento jur�dico de la UE busca impulsar la prestaci�n de servicios de las plataformas digitales en sentido propio, llamadas tambi�n plataformas de la sociedad de la informaci�n, excluy�ndose de regular las relaciones entre las plataformas digitales y aquellos que prestan un servicio subyacente que ser� competencia de los miembros de la UE.

Por otra parte, en Espa�a a la hora de determinar la naturaleza de la relaci�n de las plataformas y la fuerza de trabajo los tribunales de justicia han jugado un papel relevante, as� sobre la base del marco normativo espa�ol una parte de los tribunales de menor jerarqu�a se inclinaron por considerar la relaci�n como laboral mientras que otros tribunales la calificaron como un trabajo aut�nomo econ�micamente dependiente, ante la falta de uniformidad de los pronunciamientos judiciales el Tribunal Supremo espa�ol en su argumentaci�n jur�dica resolver� que el trabajo de reparto a domicilio circunscrito a la gesti�n algor�tmica de las plataformas digitales es un trabajador dependientes, no obstante los servicios de trasportes como los realizados por los conductores de Uber no ha recibido un tratamiento similar por lo que los conductores de UBER se someten al �mbito del contrato mercantil.

En sede nacional, para determinar la naturaleza de las relaciones entre las plataformas y el trabajador se debe abordar los elementos que incorporan esta relaci�n: el primero es la fuerza de trabajo y en segundo lugar el papel que desempe�a las plataformas que son meros intermediarios, es as� que este trabajo considera que las plataformas digitales son tercerizadoras digitales de la fuerza de trabajo prohibidos por el mandato constituyente 8 y por el art�culo 367 de la actual Constituci�n, ante su inconstitucionalidad y la necesidad de evitar una err�nea clasificaci�n del trabajador y preservar el auge de la econom�a inmaterial se considera conveniente agrupar las plataformas digitales en dos grandes bloques, por un lado, las plataformas digitales que no ejercen el control sobre las tareas ejecutadas por los destinatarios de sus servicios (PSSI) y por otro las plataformas que tiene como objeto intermediar de manera decisiva en la utilizaci�n de la fuerza de trabajo (PDT), cuya naturaleza ser� eminentemente laboralista.

 

Referencias

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� 2023 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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