El derecho a la identidad y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad

Resumen

La identidad es un derecho humano que está garantizado en el seno del Derecho internacional, así como también, por la normativa constitucional e infraconstitucional ecuatoriana. Los sujetos de este derecho a la identidad son todas las personas naturales, porque protege la dignidad humana. La tutela judicial efectiva se conceptualiza en aquel derecho que garantiza que las personas accedan a los órganos de justicia, obtengan una debida diligencia de los operadores, de manera óptima, imparcial y expedita tanto en la ejecución como en su efectividad. Por su parte, las personas con discapacidad, por su condición especial, se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria, por lo que sus derechos deben ser vigilados y garantizados con mayor énfasis, dada su vulnerabilidad.

El propósito del presente artículo es analizar el derecho a la identidad y la tutela judicial efectiva, con respecto a la protección a las personas con discapacidad, que no cuentan con legitimación activa y que no constan inscritos en una base de datos, a través del análisis de la procedibilidad de la facultad de representación de la Defensoría del Pueblo, en los procesos de inscripción extraordinaria de nacimiento, mediante la revisión del caso en concreto y casos conexos, para que se pueda establecer un criterio constitucional en el cual se sustente las debidas atribuciones y facultades de la defensoría del Pueblo en casos similares, conforme lo determina la Constitución de la República. Para ello, se utilizó la técnica documental, con la cual se pudo acceder a material y documentos físicos y digitales, así como extraer información que luego fue abordada con los métodos analítico, sintético, exegético, además de la revisión del caso puntual. Se concluye que la identidad es un derecho humano, que debe ser garantizado a todas las personas, y que las personas con discapacidad, por su condición especial, sus derechos deben ser vigilados y garantizados con mayor énfasis, debiendo garantizarse el acceso a través de la tutela judicial efectiva, tal como se garantizó en la sentencia constitucional favorable en el caso de estudio.